El ministro Justiniano describió la situación como “una deuda monstruosa”, refiriéndose a lo que heredó del gobierno del expresidente Luis Arce Catacora. Según el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, al 31 de agosto de 2025, Emapa solo había ejecutado el 6,8% del presupuesto de 755,9 millones de bolivianos destinado al programa de trigo. Esto significa que de cada 100 bolivianos aprobados para el trigo nacional, solo se utilizaron efectivamente 7, dejando el resto como pasivo.

Si se incluyen otros proyectos relacionados, el daño económico podría ascender a un rango de entre 900 y 1.000 millones de bolivianos.

Contradicciones en la gestión

Una investigación realizada por el medio cruceño El Deber ha descubierto una contradicción evidente en la gestión de la seguridad alimentaria. Mientras que la ejecución del programa de apoyo al trigo local estaba paralizada (6,8%), la partida destinada a la compra de harina recibió un presupuesto de 451,3 millones de bolivianos y ejecutó el 98,5% de esos recursos hasta agosto. En otras palabras, la gestión anterior gastó la totalidad de los fondos en importar y comercializar harina, en lugar de fortalecer la producción interna.

Aumento en la importación de harina

Esta dependencia de la importación se evidencia en el volumen de compra de harina para la subvención. Entre 2023 y 2024, la adquisición de harina para panificadores se incrementó en un 729%, pasando de 117.551 a 974.778 quintales, según datos presentados en el Congreso. A nivel general, la ejecución presupuestaria total de Emapa hasta agosto solo alcanzó el 37,5% de su presupuesto de 4.531,7 millones de bolivianos, una cifra que supera el presupuesto de la Gobernación de Santa Cruz.

Investigación de corrupción

El ministro Justiniano ha informado que la comisión interventora y las auditorías buscarán identificar los “actos de corrupción” y las responsabilidades detrás de estos malos manejos. La intervención se produce en un contexto en el que el exgerente de Emapa, Franklin Flores, quien es un exdiputado del MAS, ya enfrenta tres procesos judiciales por presunta corrupción. Esto incluye incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito, con denuncias de malversación que superan los 934 millones de bolivianos.

Reacción del sector panificador

Ante esta situación, el Gobierno ha llamado a la calma al sector panificador. A través de su ejecutivo, Rubén Ríos, este sector exige una reunión urgente para definir el precio del pan de batalla, sugiriendo un posible incremento a 1 boliviano por unidad si no se normaliza la situación.

Mientras tanto, la entrega de pan marraqueta ha sido suspendida en puntos clave de La Paz. Justiniano ha pedido a la población que “no alarmen” con rumores de aumento de precio, comprometiéndose a buscar consenso para “proteger el bienestar de las familias bolivianas” y a tomar medidas responsables sobre la política de subsidios heredada.

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La diputada Alejandra Camargo, del partido Comunidad Ciudadana (CC), también ha expresado su preocupación por la situación económica de la aerolínea estatal. Camargo ha señalado que esta problemática afecta directamente a los usuarios y ha cuestionado la gestión de los recursos de BoA.

En una declaración reciente, el gerente general de BoA, Ronald Casso, reconoció que la aerolínea tiene una deuda de 38 millones de dólares. Sin embargo, Casso aseguró que la empresa cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a estas obligaciones.

Impacto en los usuarios

Camargo ha manifestado que la aerolínea estatal “nos tiene secuestrados a todos los bolivianos que no podemos ni siquiera acceder a un pasaje aéreo en estos días”. Además, ha cuestionado el destino de los fondos recaudados, afirmando: “Que tenga una deuda tan grande nos lleva a preguntarnos qué han hecho con toda la plata, con las recaudaciones, de un Estado deficiente y corrupto que, en lugar de aplicar efectivamente los recursos, encima los pierde”.

La diputada también ha indicado que “son empresas deficitarias, pero en esta situación es mucho más difícil porque es la única empresa que nos está conectando a nivel internacional”. En su opinión, “el problema con el masismo es la corrupción y es su marca registrada. Y eso lo hemos visto no solamente en BoA, sino en otras empresas que gastan más de lo que recaudan”.

Falta de experiencia en la gestión

Para Camargo, la raíz del problema radica en el manejo deficitario de estas empresas. Ella sostiene que “la mayoría de las cabezas de las empresas estatales son personas que no tienen experiencia en el área”. Se espera que la aerolínea estatal emita un pronunciamiento al respecto.

Quejas por retrasos en vuelos

Se han recibido numerosas quejas contra BoA debido a los retrasos en los vuelos, lo que ha perjudicado a muchos usuarios. La diputada Camargo ha indicado que se han realizado muchas peticiones de informes sobre las demoras y el manejo irregular relacionado con los pasajes.

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Los abogados de los albaceas del patrimonio de Jackson revelaron que las cuentas del cantante estaban desordenadas en 2009, llegando a acumular esa millonaria deuda. Esto se debió a los gastos considerables relacionados con los preparativos de su gira de conciertos “This Is It”.

Responsabilidad financiera tras su muerte

La muerte prematura de Jackson dejó su patrimonio con una importante responsabilidad financiera con el promotor de su gira. A pesar de esto, en los años siguientes, los abogados lograron eliminar la deuda patrimonial de Jackson y mejorar su imagen y legado en beneficio de los beneficiarios del “Michael`s Trust”, que incluye a sus hijos Prince Jackson, Paris Jackson y Bigi “Blanket” Jackson.

Cambios en su equipo de trabajo

Antes de su muerte, Jackson había cambiado de gerente comercial, abogados y gerente personal en varias ocasiones. Esto obligó a los abogados de los albaceas a rastrear documentos dispersos por todo el país.

El legado de Michael Jackson

Aunque han pasado más de una década desde su muerte, los albaceas aún deben lidiar con las consecuencias de las circunstancias que existían en el momento de su fallecimiento. Michael Jackson es recordado por sus éxitos musicales, como el icónico álbum “Thriller” y canciones como “Beat it”, “Bad” y “Smooth Criminal”.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air, en Los Ángeles.

Fuente: EFE

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El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, reconoció que la estatal tiene deudas pendientes con diferentes empresas de servicios y proveedoras de combustibles. Según Dorgathen, estas deudas se deben al plazo de pago establecido en los contratos de YPFB con sus acreedores.

Dorgathen señaló que el monto de la deuda fluctúa mensualmente a medida que se realizan los pagos. Sin embargo, puso en duda que esta llegue a los 330 millones de dólares hasta diciembre de 2023, como lo informó un diario cruceño.

Informe revela detalles de la deuda

Un informe presentado por el Ministerio de Hidrocarburos a solicitud del senador Fernando Alonso Vaca Suárez reveló que YPFB tiene una deuda de 248,8 millones de dólares con empresas operadoras de gas, 38,3 millones de dólares con proveedores de combustible y 42,7 millones de dólares con compañías de servicios.

YPFB reconoce la existencia de la deuda

El presidente de YPFB admitió la existencia de la deuda, pero no proporcionó una cifra exacta. Según él, el monto puede variar debido al sistema de pagos de la empresa, que establece plazos de 60 días para prepago y 90 días para postpago.

Deuda flotante y pagos pendientes

Dorgathen explicó que la deuda flotante se refiere a un período constante de tres meses de deuda por el combustible que ingresa al país y las facturas que se van venciendo. YPFB va pagando las facturas a medida que se vencen, lo que genera retrasos en los pagos y, por ende, una deuda. Sin embargo, esto está dentro del marco de los contratos firmados con las diferentes empresas.

En resumen, YPFB reconoce tener deudas con empresas proveedoras y de servicios. Aunque la cifra exacta de la deuda varía mensualmente, se estima que asciende a varios millones de dólares. Estos retrasos en los pagos son parte del sistema de pagos establecido por YPFB y están dentro de los contratos firmados con las empresas. La estatal continúa trabajando para cumplir con sus obligaciones financieras.

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Se declararon en estado de emergencia y anunciaron movilizaciones en la final donde jugará Gualberto Villarroel San José el domingo. El presidente de la Anapqui, Rodolfo Quispe Vargas, aseguró que la deuda data de años.

Proceso penal por estafa

“Es el dirigente del Club Gualberto Villarroel San José, Paulo Folster. Se ha hecho todos los mecanismos para cobrar de manera pacífica y legal como corresponde, pero el señor hizo caso omiso a nuestras intenciones de cobro. Se ha mandado notas, cartas notariadas y el señor no quiere cancelar, por ello, no tuvimos otra que iniciar el proceso penal”, ratificó Quispe.

Medidas cautelares incumplidas

Junto con otros productores, el representante de Anapqui hizo conocer el proceso penal que se hizo contra el empresario quinuero, por el presunto delito de estafa.

Pedido urgente del pago

“Ya se tuvo varias audiencias, precisamente hoy (ayer) se tuvo otra en la cual, en una fecha anterior le dictaminaron medidas cautelares que las incumplió, a ese incumplimiento hemos pedido la revocatoria de esas medidas cautelares, ahora el juez determinó otras medidas que son más fuertes, por ejemplo el pago de una fianza de 20.000 dólares, la detención domiciliaria en Santa Cruz y otras”, complementó.

Dificultades del sector y deuda acumulada

El productor alegó sequías y otras dificultades que atraviesa el sector, por lo que pidieron el pago urgente de la deuda acumulada con el empresario.

Cantidad adeudada y reclamo final

“El señor Folster alega incumplimiento de contrato, pero el caso está en la justicia, se está complicando la situación, pero lo único que queremos es recuperar los 9 millones de bolivianos que nos adeuda. Él es un empresario privado que nos compra quinua y exporta. Desde 2018 hasta 2021, hemos enviado 63 contenedores de quinua por un monto de 3.200.000 dólares, de los cuales nos ha cancelado 1.800.000 y nos adeuda 1.400.000 que corresponde a 29 contenedores, aproximadamente son como 15.000 quintales de quinua”, concluyó.

Movilización hasta cancelación

Argumentaron una movilización este domingo en el Estadio “Jesús Bermúdez” donde advirtieron permanecer hasta que se haga la cancelación de los Bs. 9 millones.

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Los empleados no recibieron sus salarios durante siete meses antes del cierre del medio de comunicación. La primera demanda fue presentada el 6 de julio, pero existen otros grupos de trabajadores que también han interpuesto denuncias, según informó el abogado Álvaro Vázquez.

Cheques en blanco arrebatados a los empleados

Según el abogado, algunos empleados habrían recibido cheques en blanco que fueron confiscados por los socios de la empresa al salir del Ministerio de Trabajo. Estos cheques se les entregaron bajo el pretexto de ser un aporte futuro para Página Siete.

Solicitud a los responsables y crítica hacia ellos

El abogado hizo un llamado enfático al señor Garafulic, al señor Saravia y a todos los socios involucrados en esta empresa para que respondan tanto a los trabajadores como a la sociedad. Además, expresó que estas personas han tenido grandes sumas monetarias bajo su control en el pasado.

Engaño a los trabajadores y desconocimiento del cierre

El representante de los trabajadores, Baldwin Montero, reveló que se mantuvieron en sus puestos laborales debido a la promesa de ingreso de capital para mantener el funcionamiento del periódico. Sin embargo, tanto Garafulic como Carlos Saravia no estaban en el país y desconocían la decisión de cerrar el medio.

Renuncia parcial sin respuestas positivas

Montero mencionó que, con el objetivo de avanzar en el pago de sus beneficios, decidieron renunciar a tres salarios correspondientes al despido y aceptar no recibir el 100% del finiquito que les corresponde. Lamentablemente, los socios solo prolongaron los argumentos sin ofrecer respuestas favorables.

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Deuda millonaria y plazo estimado

Según este acuerdo, “Mi teleférico” administraría las operaciones hasta que se devuelva el capital, que asciende a más de 64 millones de bolivianos, en un plazo estimado de 64 años.

Destino del presupuesto departamental

El asambleísta Edgar Huanca informó que la ALDO destina un millón de bolivianos anualmente para cubrir la deuda por la construcción del teleférico. En 2017, el entonces gobernador Victor Hugo Vásquez, el exalcalde Edgar Bazán y “Mi teleférico” firmaron este convenio.

Búsqueda de soluciones y reuniones

Con el fin de encontrar una solución para el departamento de Oruro, Huanca se reunió con Luis Gonzáles, actual gerente de “Mi teleférico”. Aunque reconoció que el convenio es legal, considera que no es justo y busca llegar a un entendimiento.

Necesidad de consenso y diálogo

En ese sentido, Gonzáles convocó a una reunión en La Paz para el 22 de agosto. Sin embargo, destacó que se necesita consenso y diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo, tanto de la Municipalidad como de la Gobernación, para abordar el tema y firmar un acta de entendimiento antes del aniversario del departamento.

Presión a las autoridades departamentales

Durante su intervención, el asambleísta Román Brito enfatizó en la necesidad de presionar a las autoridades departamentales y a las organizaciones sociales para lograr la modificación del convenio, aprovechando que la gerencia general está a cargo de un orureño.

Convocatoria oficial al diálogo

Por otro lado, Zulma Arellano, vicepresidenta de la ALDO, señaló que “Mi teleférico” debe ser quien convoque oficialmente al diálogo entre estas instancias del departamento. “Estamos buscando una solución más allá de buscar culpables. Lo importante es resolver esta situación económica que nos está afectando en el transporte por cable”, declaró Huanca.

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Al respecto el diputado de (CC) Marcelo Pedraza, a través de una entrevista con El Deber manifestó que la Constitución también señala; cuando se pierde o cuando hay resoluciones que disponen pagos patrimoniales por el Estado, se deben hacer acciones de repetición a quienes causaron el daño.

“Es un elemento que vamos a trabajar y es muy poco probable que la justicia genere espacios de repetición a Evo Morales y a quienes en su momento firmaron los decretos de nacionalización”, afirmó el Legislador.

Asimismo, indicó que los legisladores recabarán toda la información e iniciarán investigaciones antes de plantear el recurso debido a que están muy preocupados por el juicio contra la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), cuyo fallo podría ser desfavorable al Estado.

La acción de repetición enmarcada en la Constitución permite iniciar un proceso contra el expresidente, sus exministros y la Gestora Pública por daño económico.

El artículo 113 de la Carta Magna establece que “en caso que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño”.

Por otro lado, según especialistas, el Estado solo puede pedir una revisión y una anulación del fallo solo si existen nuevos elementos de prueba, en referencia a la presentación de una supuesta apelación hacia el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El país tiene 90 días para plantear una solicitud de revisión y se debe esperar su admisión, el cual se admitirá cuando se demuestre que no se valoraron las pruebas.

/ABH

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Después de más de tres décadas de servicio, el Hogar Teresa de Los Andes cierra sus puertas. El director, hermano Fausto Salamanca, manifestó que deben ser responsables, pues las deudas que tienen supera el 1 millón de dólares. Si el hogar continuara funcionando, las deudas seguirían creciendo y sería imposible de pagar, explicó. Por otro lado, aseguró que las 89 personas con discapacidad profunda serán reubicadas por la Gobernación en otras instituciones. El cierre está previsto para este 31 de marzo aseveró.

También el hermano, indicó que le apena profundamente tener que cerrar esta institución, sin embargo, los 35 mil dólares que se necesitan cada mes para funcionar adecuadamente ya no pueden conseguirse. La mayor parte de ese presupuesto se destina a la compra de medicamentos especializados, que no son cubiertos por el seguro de los niños; pañales y suplementos alimenticios, pues la mayoría de los pacientes deben ser alimentados por sonda; adicionalmente, la planilla de sueldos es otro de los ítems que más abulta el presupuesto.

El hogar continúa recibiendo algunos aportes, y a esos benefactores, el hermano Fausto les enviará cartas personales, en las que les comunicará oficialmente la situación que atraviesan, además del agradecimiento por su generosidad.

“Queremos hacer un buen cierre, un cierre legal. Tenemos que ser responsables”, manifestó el director del hogar, que expresó que no se trata de buscar culpables, y más bien recordó con alegría el cariño que recibieron no solo de los cruceños, sino también del resto del país.

/ SVL

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Gorayeb indicó que existe la posibilidad de un “colapso” sanitario en su región por la falta de recursos económicos. Asimismo, aseveró que el municipio de Guayaramerín atraviesa una situación crítica a causa de una deuda “millonaria” por la compra de oxígeno e insumos requeridos para la atención de pacientes.

“Existe falta de recursos económicos para nosotros poder cancelar a todos nuestros acreedores que ya no quieren proveernos ni de oxígeno, ni de medicamentos, ni de alimentación para poder seguir manteniendo la salud en nuestro municipio”, manifestó la autoridad en contacto con Radio Fides.

Goyareb afirmó que su región se declaró en “desastre sanitario” por la falta de recursos, con la imposibilidad de pagar diferentes deudas que se contrajo.

“Nos encontramos con la cruda realidad de solo contar con 78.000 bolivianos luego de haber pagado solo sueldos y salarios sin terminar de pagar a los que trabajan dentro de los hospitales”, añadió la alcaldesa.

/JDLF/

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