El abogado, también perseguido por defender la vigencia plena de la justicia y la democracia, presentó ayer, martes 13 de mayo, un estudio titulado Informe de la investigación y monitoreo sobre las detenciones y persecuciones políticas en Bolivia, con datos que corresponden al periodo 2008–2024.

Después de varios años de ausencia de la vida pública, Albarracín entregó el informe que también da inicio a las actividades de la organización orientada a la defensa de los derechos humanos.

La justicia es una razón de vida y el espíritu de esta investigación hace énfasis en la reflexión sobre las causas de la persecución política cuando la política debería ser altruista y los líderes deberían ser los mejores elementos humanos, los más solidarios, que deberían indignarse ante la injusticia, comentó.

Los datos obtenidos por AJDH concluyen que en el gobierno de Luis Arce se persigue y detiene a 267 personas, mientras en el gobierno de Evo Morales (2006-2019) los casos alcanzaron a 64, y en el gobierno de Jeanine Añez (2019-2020) se registraron 16 casos.

La falta de independencia judicial es una de las causas de injusticia, señaló al citar ejemplos en que los gobiernos escribían los fallos que luego eran presentados por los jueces como propios.

Un debilitamiento de la institucionalidad democrática, una cooptación político-partidaria del órgano judicial y del Ministerio Público han contribuido a la pérdida de credibilidad de esta institución ante la población, según Albarracín.

Hay ciudadanos inocentes en la cárcel y ciudadanos ostensiblemente culpables están libres, advirtió el abogado. Los datos de la investigación señalan que el mayor número de víctimas son civiles, con 82 casos; del gobierno central, con 79 casos que corresponden a funcionarios públicos y militantes del partido en función de gobierno. 

Luego figuran personas de organizaciones sociales con 46 casos; y organizaciones cívicas con 45. Otros casos suman seis. Las figuras delictivas más empleadas para la acusación a las víctimas de persecución son la asociación delictuosa y organización criminal con 78 casos, el daño y destrucción de bienes del Estado con 68 casos, destrucción y daño al patrimonio del Estado con 59 casos; y terrorismo con 51 casos.

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Foro Penal, a través de su cuenta en X, especificó que de los detenidos, 1.637 son hombres y 230 son mujeres. Entre ellos, hay 1.799 adultos y 68 adolescentes que tienen entre 14 y 17 años.

Crisis tras las elecciones

La ONG también informó que, de todas las detenciones, 1.723 ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este evento provocó una crisis debido a las denuncias de “fraude” por parte de la mayor coalición opositora, conocida como Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Esta coalición sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el presidente electo, en contraste con el resultado oficial que otorgó la reelección a Nicolás Maduro.

La crisis que siguió a las elecciones generó protestas que, según el gobierno, resultaron en 25 muertes y más de 2.400 detenciones. Esta cifra es considerablemente mayor que la reportada por Foro Penal.

Distinción en las cifras

Foro Penal explicó recientemente a EFE que sus cifras difieren de las anunciadas por las autoridades porque solo contabilizan detenciones que consideran “arbitrarias”. Según la ONG, estas son aquellas en las que “no hay elementos de culpabilidad” sobre la persona arrestada.

Responsabilidades en la crisis

El gobierno ha responsabilizado a los manifestantes, a quienes vincula con la PUD, por generar “violencia” y “vandalismo” en varias sedes públicas. Por otro lado, el bloque antichavista acusa a los agentes de seguridad del Estado de ejercer “represión” durante las protestas.

Historial de detenciones políticas

Desde el año 2014, Foro Penal ha documentado un total de 17.577 “detenciones políticas”. De estas, 14.000 personas, que ahora están excarceladas, recibieron asistencia “gratuita” por parte de la organización.

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Recientemente se reportaron marchas y protestas en La Paz y Santa Cruz protagonizadas por simpatizantes de la alianza política Creemos, así como diferentes sectores sociales y opositores. Exigían la liberación de los denominados presos políticos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Políticos detenidos por contravenir la ley

Ríos reafirmó que no existen presos políticos en Bolivia. Aclaró que aquellos políticos que están privados de libertad lo están porque han contravenido el ordenamiento jurídico vigente del país.

Aniversario de la captura del gobernador Camacho

Este 28 de diciembre marca un año desde la captura del gobernador Luis Fernando Camacho. Durante la crisis política ocurrida en noviembre de 2019, Camacho desempeñó un papel destacado que condujo a la renuncia del expresidente Evo Morales.

Detenención siguiendo órdenes legales

A pesar de las afirmaciones sobre secuestro provenientes del entorno cercano a Camacho, el viceministro enfatizó que su detención se llevó a cabo siguiendo órdenes de las instancias correspondientes. Ríos resaltó la importancia de que aquellos que cometieron delitos sean presentados ante la justicia para determinar las sanciones o responsabilidades por los cargos imputados.

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Patty mencionó como involucrados a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga; y al empresario Samuel Doria Medina, afirmando que en estos momentos supuestamente deben estar correteando. 

“Tiene que ir la justicia detrás de esas personas que han desestabilizado el Gobierno, que han financiado para desestabilizar”, manifestó en contacto con LA PATRIA en La Paz. 

Asimismo, uso como ejemplo el caso del alcalde paceño, Iván Arias, indicando que supuestamente saqueó el yacimiento de los bolivianos y ahora es autoridad. 

“Todos los que han hecho daño económicamente al país tienen que pagar”, subrayó. 

En lo que respecta al gobernador cruceño afirmó que enviaron un memorial pidiendo su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, argumentando que tienen miedo a que se escape.

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