Detenido por abuso sexual en Oruro

El domingo 7 de junio, el Ministerio Público de Oruro formalizó la imputación por el presunto delito de abuso sexual contra un hombre de 27 años. Este individuo fue plenamente identificado como el responsable de agredir físicamente a una joven en la zona central de la ciudad.

Detalles del caso

La institución fiscal informó que el procesado se encuentra con detención preventiva en el penal de ‘San Pedro’. Los hechos ocurrieron cuando la víctima, una mujer de 19 años, transitaba por la intersección de la calle 6 de Agosto y la avenida Villarroel, cerca de la antigua terminal de buses.

Según el reporte oficial, el imputado abordó sorpresivamente a la víctima para realizarle tocamientos impúdicos y luego intentó darse a la fuga. Sin embargo, la oportuna reacción y los gritos de auxilio de la joven alertaron a los vecinos del área.

Intervención comunitaria

Los vecinos salieron en defensa de la joven y lograron retener al sospechoso en el lugar. Posteriormente, el sujeto fue entregado a efectivos de la Policía Boliviana y remitido inmediatamente ante el Ministerio Público para iniciar las acciones penales correspondientes.

El fiscal departamental Aldo Morales Alconini está encargado del caso, quien asegura que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar justicia para la víctima.

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Detención preventiva por feminicidio en Oruro

El martes 9 de junio de 2026, la Fiscalía de Oruro dictó la detención preventiva para Pedro R. Ll. Q., acusado de feminicidio contra su esposa. Este caso ha conmocionado a la comunidad, ya que el Ministerio Público anunció un segundo proceso penal por violencia familiar hacia su hija, una menor de solo 5 años.

Un historial alarmante de violencia

El fiscal Fernando Antezana informó que la decisión se tomó tras conocer el preocupante historial de violencia del imputado, quien ya contaba con una sentencia condenatoria por agredir a su hijastro. La investigación reveló que el sufrimiento de la pequeña salió a la luz durante las primeras indagaciones del feminicidio.

La menor fue sometida a una entrevista psicológica en la cámara Gesell, donde relató cómo su padre la golpeaba constantemente. “Esta menor de tan escasos 5 años lamentablemente relata cómo su padre también la golpeaba… la menor refiere que no quiere verlo a su papá, que le tiene miedo”, expresó el fiscal Antezana.

Condiciones alarmantes para la niña

La valoración médico-forense mostró que la niña presenta múltiples hematomas y cicatrices antiguas, otorgándole inicialmente 5 días de incapacidad médico-legal. Sin embargo, esta cifra podría ampliarse debido a la gravedad y antigüedad de las marcas en su cuerpo.

Los antecedentes del presunto feminicida demuestran un patrón violento contra los más vulnerables. Anteriormente, había sido procesado por violencia familiar tras agredir al hijo mayor de la víctima (su hijastro). En ese proceso, se acogió a un procedimiento abreviado y recibió una sentencia de 3 años de prisión, aunque estaba libre gracias a la suspensión condicional de la pena.

Medidas cautelares para proteger a la menor

Dada la alta peligrosidad del imputado y para resguardar la seguridad psicológica de la niña, la Fiscalía solicitó que cumpla su detención en el Penal de Máxima Seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Sin embargo, debido a problemas sociales y bloqueos de carreteras, se determinó provisionalmente que el acusado sea recluido en el Penal de San Pedro de Oruro.

El fiscal Antezana advirtió que el Ministerio Público no cesará en sus esfuerzos por reubicar al agresor: “Esta persona desde ya se constituye efectivamente en un peligro efectivo para el sector vulnerable: mujeres y niños”, afirmó. La Fiscalía reiteró que, una vez que se inicie formalmente el nuevo proceso por la agresión a la niña, solicitarán nuevamente el traslado inmediato del presunto feminicida al penal de máxima seguridad.

Protección para los menores

Actualmente, los menores se encuentran bajo la protección de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO). Se busca conseguirles un nuevo hogar a través de la familia ampliada; si esto no es posible, los menores tendrán que ser trasladados a un albergue.

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Detención preventiva indefinida por feminicidio en Oruro

La tarde del lunes 8 de junio de 2026, el Juzgado Cautelar de Oruro ordenó la detención preventiva por tiempo indefinido de un hombre acusado del feminicidio de su esposa. Este trágico suceso, que dejó a tres niños huérfanos, revela la alarmante situación de la violencia intrafamiliar en Bolivia.

Detalles del crimen

Los hechos ocurrieron entre el jueves 4 y el sábado 6 de junio en el sector Pumas Andinos. Según informes, el agresor actuó cegado por los celos y trató de encubrir su crimen con una estrategia macabra. La noche del jueves, golpeó fatalmente a su esposa, causándole fracturas en varias costillas, la nariz y severos traumas internos.

Estrategia macabra para encubrir el feminicidio

Tras confirmar el fallecimiento, el imputado intentó simular un accidente fortuito mediante:

• Incendio provocado: Prendió fuego a una habitación para hacer creer que la víctima murió por inhalación de humo.
• Compra de un ataúd: Adquirió un féretro rápidamente para velar y enterrar los restos sin demoras.

Intervención policial y judicial

La alerta se dio a través del personal de Bol 110. Al llegar al lugar, los policías encontraron evidencias visibles de violencia en el cuerpo de la mujer y procedieron a aprehender al sospechoso. Durante la audiencia del lunes 8 de junio, el Ministerio Público presentó suficientes elementos para demostrar la culpabilidad del acusado.

Pena máxima solicitada por el fiscal

El fiscal departamental, Aldo Morales Alconini, anunció que solicitarán la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto, argumentando que las agresiones eran recurrentes bajo pretextos como supuestas infidelidades. Además, Morales Alconini reveló que la autopsia mostró suturaciones recientes en el rostro de la víctima, indicando que recibió atención médica antes de su muerte.

Responsabilidad compartida y futuro incierto para los niños

Dado que ningún profesional reportó las lesiones ni activó protocolos por violencia intrafamiliar —lo cual podría haber salvado su vida—, la Fiscalía ampliará el caso contra terceros por homicidio culposo. Los hijos de la pareja, tres niños de 5, 4 y 1 año, enfrentan una situación crítica tras este trágico evento.

Cuidado temporal para los huérfanos

La directora de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), Ruth Colque, informó que ya asumieron la custodia temporal de los menores y están gestionando sus documentos de identidad. Se busca localizar a familiares idóneos para cuidar a los hermanos y evitar su separación durante este difícil proceso.

Asegurando un futuro juntos

Desde la Fiscalía se planea establecer convenios con entidades especializadas como Aldeas Infantiles SOS para asegurar que los tres hermanos permanezcan juntos. Este caso marca el quinto feminicidio registrado en Oruro en lo que va del año, subrayando la necesidad urgente de abordar la justicia en Bolivia.

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Detención de suboficial en Bolivia por movilizaciones

La justicia determinó la detención preventiva por seis meses del suboficial Roy R.R., quien es miembro activo de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Este militar está bajo investigación por su presunta participación en la organización y coordinación de movilizaciones y bloqueos que se registraron en diferentes regiones del país. La aprehensión ocurrió mientras participaba en una reunión con dirigentes del trópico de Cochabamba.

Investigaciones sobre la participación del suboficial

Según las investigaciones, el suboficial Roy R.R. habría promovido la articulación de movilizaciones con organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Tupac Katari. En este contexto, el Ministerio Público sostiene que utilizaba canales de comunicación encriptados para proveer a los manifestantes mapas detallados sobre los despliegues de las fuerzas del orden y horarios de operativos de desbloqueo. Esto permitió a los civiles evadir el control policial y reactivar las protestas estratégicamente.

Medidas cautelares y proceso judicial

La medida cautelar impuesta al suboficial tendrá una duración de seis meses, periodo durante el cual la Fiscalía deberá desarrollar las actuaciones correspondientes dentro del proceso. Este caso se desarrolla en medio de una crisis social marcada por bloqueos de carreteras, problemas de abastecimiento y crecientes tensiones entre el Gobierno y los sectores movilizados.

A antecedentes directos que llevaron a la detención

• Escalada de protestas: Las movilizaciones, impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales, se intensificaron debido al rechazo a medidas de austeridad y demandas políticas.
• Promulgación de leyes: El presidente promulgó una normativa especial para involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden público interno.
• Operativo sorpresa: Los servicios de inteligencia detectaron una reunión clandestina donde participaban Roy R.R. y dirigentes del Chapare, lo que llevó a su captura.

Implicaciones y controles dentro del Ejército

Las autoridades consideran que este nexo entre el suboficial y los grupos sociales constituye un acto de instigación y conspiración desde dentro de las fuerzas del orden. Además, tras la filtración de informes militares, se implementaron controles más estrictos dentro del Ejército para detectar posibles redes colaborativas con sectores civiles movilizados.

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Detención preventiva de Yesenia Vargas en La Paz

La justicia boliviana determinó enviar a la cárcel con detención preventiva a Yesenia V., exdirigente de la Federación Carrasco del trópico cochabambino, ligada al sector “evismo”. Esta decisión se tomó tras identificarla como una de las figuras clave que presuntamente coordinaba y vinculaba las protestas y movilizaciones en el departamento paceño.

Detalles de la medida cautelar

La medida cautelar establece que la implicada cumplirá un lapso de seis meses de reclusión en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, ubicado en la ciudad de La Paz. Durante este tiempo, el Ministerio Público llevará adelante las investigaciones correspondientes para esclarecer su grado de participación en los disturbios.

Aprehensión y contexto

La aprehensión de la dirigente se ejecutó el pasado miércoles en plena sede de Gobierno. Esto ocurrió días después de haber sido captada en la ciudad de El Alto, donde participó activamente en las movilizaciones y exigió públicamente la salida del actual Gobierno.

Otros implicados y proceso judicial

En la misma audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva de otros dos implicados: Carlos G. P. y Roy R.R. Ambos deberán cumplir el mismo periodo de seis meses en el penal de San Pedro, también ubicado en La Paz.

Implicaciones legales

Con esta determinación, el sistema judicial busca que la Fiscalía acumule los elementos probatorios necesarios durante esta etapa preliminar. Sin embargo, se aclaró que la resolución emitida no es definitiva y puede ser apelada por la defensa dentro del plazo establecido por la ley.

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Detención preventiva para Gumito tras asesinato de Aramayo

La Justicia determinó este viernes la detención preventiva en el penal de Morros Blancos, en Tarija, para José Antonio Gumucio Torrico, conocido como alias ‘Gumito’. Este individuo es el principal sospechoso del asesinato de Mauricio Aramayo, exdirector departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Captura y antecedentes del caso

El acusado fue capturado el pasado miércoles 3 de junio durante un operativo de allanamiento realizado en la localidad de San Ignacio de Moxos, en el departamento del Beni. De acuerdo con el reporte, Aramayo fue asesinado la noche del 8 de enero cerca de las 21:00 horas, cuando caminaba por una calle céntrica de la ciudad de Tarija.

Detalles del crimen y móvil

Según la investigación, la víctima fue abordada por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon directamente para acabar con su vida. El Ministerio Público sostiene que el móvil del crimen fue el rechazo de Aramayo a un intento de soborno por 3 millones de bolivianos, ofrecido por un ciudadano extranjero vinculado al contrabando en Bolivia, para mantener actividades ilegales.

Audiencia y medidas cautelares

Tras su aprehensión en Beni, Gumucio Torrico fue trasladado a Tarija para enfrentar su audiencia de medidas cautelares. Durante el proceso, la Fiscalía solicitó un plazo mayor de detención preventiva, considerando que el tiempo otorgado inicialmente solo alcanza para la etapa preparatoria de la investigación. Por lo cual se anunció que apelarán la resolución judicial.

Otros involucrados en el operativo

En el mismo operativo donde fue capturado ‘Gumito’, se encontró a Yelena Mardela Y.O., de 21 años. Esta persona recibió medidas sustitutivas a la detención preventiva debido a su condición de madre de un recién nacido, por lo que no fue enviada a prisión mientras continúa el proceso legal.

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Seis meses de detención preventiva para Justino Apaza

La Justicia boliviana dictó este viernes seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Justino Apaza. Este líder enfrenta acusaciones por ser uno de los principales responsables de organizar bloqueos de caminos en el país.

Detalles del proceso legal

La determinación fue comunicada por el abogado Curmi Rocha tras concluir la audiencia de medidas cautelares. La aprehensión del dirigente ocurrió el pasado miércoles por parte de la Policía, quien lo trasladó a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ubicadas en la calle Sucre de La Paz.

Este procedimiento responde a las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía a mediados de mayo contra diversos dirigentes señalados como líderes de las movilizaciones sociales.

Contexto social y bloqueos en Bolivia

Este hecho sucede en un contexto de conflictividad social que este viernes alcanzó los 36 días de bloqueos ininterrumpidos en Bolivia. De acuerdo con el reporte oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), existen al menos 86 puntos de corte instalados en seis departamentos del territorio nacional.

Las medidas de presión son sostenidas por sectores que demandan la renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Esto ha derivado en la obstaculización del transporte de productos esenciales como alimentos, medicamentos y combustible. En La Paz, la situación ha generado largas filas en las estaciones de servicio, donde los transportistas aguardan varios días por la llegada de cisternas con gasolina.

Reacciones y denuncias familiares

Los familiares de Apaza han expresado su rechazo a las acusaciones, calificando su aprehensión como un acto injusto. El jueves 4 de junio, sus allegados denunciaron ante los medios que el dirigente fue supuestamente interceptado por sujetos encapuchados que utilizaron fuerza excesiva durante el operativo, causándole lesiones físicas antes de su traslado a dependencias policiales.

Durante sus declaraciones, pidieron que se investiguen las circunstancias de la captura y que se respeten los derechos del dirigente, subrayando su preocupación por el estado de salud de Apaza.

Otros implicados y situación actual

Además de Justino Apaza, las autoridades también han señalado al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, como uno de los impulsores de los bloqueos y del cerco a La Paz. Mientras el Ministerio Público sostiene que existe participación activa de estos dirigentes en la organización de las protestas, la defensa y el círculo cercano a Apaza insisten en que se trata de una persecución injustificada.

A pesar de que este viernes es feriado nacional en Bolivia por la festividad de Corpus Christi, los puntos de bloqueo persisten en las carreteras interdepartamentales y provinciales.

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Zenón Mamani, exministro de Desarrollo Productivo, en prisión

El exministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, fue enviado a la cárcel de San Pedro en La Paz tras su imputación por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Esta decisión se tomó debido a un daño económico al Estado estimado en aproximadamente Bs 3,4 millones, relacionado con la administración irregular de harina subvencionada.

Vínculos con la corrupción en Emapa

Mamani ejerció como ministro durante el gobierno del expresidente Luis Arce. Su caso está vinculado a la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), donde se investiga no solo el mal manejo del subsidio a la harina, sino también la firma de tres contratos con Rubén Ríos, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), quien también se encuentra encarcelado.

Un historial de irregularidades y detenciones

Este es el segundo proceso penal abierto contra Mamani. Anteriormente, desde enero pasado, cumplía una medida sustitutiva de detención domiciliaria por otra causa relacionada. Además, Franklin Flores, exgerente de Emapa, también enfrenta detención preventiva en San Pedro por múltiples acusaciones que incluyen enriquecimiento ilícito y daños económicos.

Impacto en las familias bolivianas

Los efectos del desvío millonario de harina subvencionada han impactado directamente a las familias bolivianas más vulnerables. Este escándalo ha transformado recursos destinados al “pan de batalla” en un negocio clandestino que genera sobreprecios y pérdidas significativas para el Estado.

Cronología del Caso Harinas II

• Diciembre de 2025: Se inicia una ola de aprehensiones a exjerarcas del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
• 9 de enero de 2026: La Fiscalía amplía las investigaciones hacia los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani tras detectar irregularidades.
• 15 de enero de 2026: Mamani se presenta ante el Ministerio Público y es aprehendido inmediatamente.
• 18 de enero de 2026: Se le impone detención domiciliaria con condiciones específicas.
• Mayo de 2026: Se abre un segundo proceso penal debido a nuevas auditorías que revelan más irregularidades.

Cifras relevantes del proceso penal

• Bs 3,4 millones: Daño económico estimado para el segundo proceso penal (“Caso Harinas II”).
• Bs 6,6 millones: Pérdida total preliminar asignada tras auditar los casos “Harinas I” y “Harinas II”.
• Bs 6.650.670: Fondos desviados que beneficiaron al dirigente Rubén Ríos mediante reventa ilegal.
• Bs 1.000 millones: Proyección global del daño total estimado por el Ministerio actual en distintas áreas dentro de Emapa.

Medidas cautelares establecidas

• 6 meses: Periodo fijado para la detención preventiva.
• Bs 50.000: Fianza económica impuesta inicialmente para su arresto domiciliario.
• Presentaciones obligatorias dos veces al mes ante el registro biométrico antes del encarcelamiento.

Contexto del subsidio a la harina

• 974.778 quintales: Volumen físico adquirido por Emapa hacia 2024 para sostener la subvención del pan.
• Bs 270 a Bs 315: Rango inflado por quintal pagado durante la gestión investigada frente a los Bs 231,18 que costaba originalmente en 2023.

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Detención preventiva por robo agravado en Oruro

El lunes 1 de junio de 2026, el Juzgado Cautelar de Oruro dictó la detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro para tres individuos imputados por el delito de robo agravado. Estos sujetos pertenecen a una organización criminal dedicada a la sustracción de vehículos mediante tecnología de rastreo satelital.

Operativo y resolución judicial

La resolución judicial se produjo tras una audiencia donde el Ministerio Público demostró los riesgos de fuga y obstaculización. Además, presentó elementos de convicción acumulados durante un operativo conjunto realizado el domingo 31 de mayo, que culminó con la interceptación de la banda y el secuestro de evidencia en sus centros de operaciones.

Repercusiones a nivel nacional

El comandante departamental de la Policía, coronel Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez, destacó que este caso tiene repercusiones a nivel nacional. Según informes, la organización operaba bajo una estructura organizada que no solo robaba autos en Oruro, sino que también tenía conexiones con otros departamentos, especialmente Cochabamba.

Modus operandi del grupo delictivo

El modus operandi del grupo incluía:

• Recepción de vehículos en un taller mecánico.
• Realización de copias clonadas de llaves con chips incluidos.
• Instalación de dispositivos GPS en los automóviles.
• Monitoreo durante cuatro a cinco días antes del robo.
• Desmantelamiento y venta de piezas robadas.

Identificación y recuperación de vehículos

El fiscal departamental Aldo Morales Alconini confirmó que se logró desbaratar esta organización criminal y que los tres aprehendidos ya fueron imputados por robo agravado. Se recuperaron dos vehículos y se identificaron vínculos con Cochabamba, donde se trasladaban los repuestos robados para su venta.

Implicados en el caso

Los implicados en este caso son:

• Roberto Carlos M. F., 22 años, quien lideraba la operación.
• Un mecánico involucrado en la copia de llaves y colocación del GPS.
• Otro individuo encargado del desmantelamiento de los vehículos.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades recomiendan a quienes hayan llevado sus vehículos al taller mencionado, ubicado en la zona norte cerca de la avenida Circunvalación, que tomen las precauciones necesarias debido a las copias clonadas realizadas por estos delincuentes.

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Detención preventiva para acusados por asesinato a comerciante

Cinco personas acusadas de participar en un violento asalto a una tienda de celulares en Pando, que resultó en la muerte de su propietario, fueron enviadas con detención preventiva por 180 días al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Esta decisión fue tomada por la Justicia tras una audiencia de medidas cautelares realizada este fin de semana en la capital pandina.

Detalles del asalto en Cobija

El asalto ocurrió cuando un grupo de delincuentes ingresó a la tienda Mega Importaciones, ubicada sobre la calle 11 de Octubre, una de las principales vías comerciales de Cobija. Los asaltantes sustrajeron varios equipos móviles de alta gama, incluyendo teléfonos Android e iPhone.

Trágico desenlace para el propietario

La noche del 28 de mayo de 2026, un asalto culminó con la muerte de Víctor Bejarano Zárate, propietario del establecimiento ‘Mega Importaciones’. Durante el ataque, Bejarano sufrió una herida punzo-cortante a la altura del tórax. A pesar del traslado a un centro hospitalario cercano, ingresó sin signos vitales. Este crimen generó conmoción en Cobija y activó un amplio operativo policial y fiscal para identificar y capturar a los responsables.

Operativo policial y detenciones

Las investigaciones condujeron a un inmueble ubicado en el barrio San Juan, donde se aprehendieron varios sospechosos y se secuestraron elementos relevantes para el proceso. Según informó la Fiscalía:

• Durante los allanamientos se encontraron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el atraco.
• Se hallaron teléfonos celulares y motocicletas que habrían servido para la ejecución del hecho y la posterior fuga de los implicados.
• Entre los detenidos figuran tres ciudadanos brasileños que son miembros del Comando Vermelho.

Argumentos del Ministerio Público

Durante la audiencia cautelar, el Ministerio Público presentó indicios que sustentan la probabilidad de autoría de los imputados, además de riesgos procesales relacionados con la posibilidad de fuga y obstaculización de la investigación. Estos argumentos fueron valorados por la autoridad judicial al momento de ordenar la detención preventiva.

Declaraciones del Fiscal Departamental

El Fiscal Departamental de Pando, Freddy Duran Montero, declaró: “Como resultado del trabajo coordinado interinstitucional, en menos de 24 horas se pudo aprehender a los sujetos investigados dentro del presente caso y ponerlos ante el juez cautelar para que decida su situación jurídica”.

Continuación del proceso judicial

Con esta decisión judicial, los cinco acusados permanecerán recluidos en el penal mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso. El Ministerio Público señaló que seguirá recolectando pruebas periciales, testimoniales y documentales para fortalecer la acusación y llevar el caso a juicio. Mientras tanto, familiares y allegados de la víctima exigen justicia y que se aplique la máxima sanción prevista por ley contra los responsables.

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Operativo en Palmasola y hallazgo de marihuana

Un operativo de control rutinario y de inteligencia se realizó sorpresivamente el jueves, 28 de mayo de 2026, por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el centro penitenciario de Palmasola. Este operativo derivó en el hallazgo de presuntas sustancias controladas en la celda ocupada por Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente de Bolivia, Luis Arce.

Contexto del caso

Arce Mosqueira se encuentra cumpliendo una medida cautelar de detención preventiva en este establecimiento desde el pasado mes de marzo, tras ser imputado por la Fiscalía dentro de un proceso investigativo por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La intervención se registró formalmente poco antes de las 18:00 horas, según confirmó el gobernador del recinto carcelario, Marco Corrales, en declaraciones a Unitel.

Detalles del hallazgo

La autoridad penitenciaria precisó que los elementos detectados corresponden a sustancias controladas que presentan características de marihuana, las cuales están destinadas presuntamente al consumo.

Ante este hallazgo, los agentes especializados de la Felcn, apoyados por unidades caninas adiestradas, procedieron al secuestro formal de la sustancia con el fin de someterla a los análisis de laboratorio y peritajes científicos que estipula la norma, los cuales determinarán con exactitud el tipo y el peso neto del material incautado.

Investigaciones y antecedentes financieros

De acuerdo con los datos técnicos del informe policial al que accedió el diario El Deber, la acción directa se concentró específicamente en el pabellón PC-6 de Palmasola, un sector asignado a internos que enfrentan procesos por delitos económicos, financieros o de corrupción.

En dicho pabellón, Arce Mosqueira comparte los espacios de reclusión con otros investigados, entre los que se menciona al exjuez Hebert Zeballos, implicado formalmente en la causa judicial denominada “caso maletas”.

Como consecuencia inmediata del descubrimiento de la presunta droga, los mandos policiales y las autoridades administrativas del penal instalaron una reunión de emergencia para evaluar la situación y coordinar las acciones institucionales a seguir.

La detención preventiva se estableció por un periodo de 140 días, solicitado por el Ministerio Público debido a una investigación financiera que reveló un origen desproporcionado e injustificado de sus activos económicos.

Patrimonio y transacciones inusuales

La Fiscalía basa su imputación en informes técnicos elaborados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Estas auditorías identificaron que Arce Mosqueira acumuló un patrimonio compuesto por al menos 18 bienes inmuebles y un parque automotor con 20 vehículos registrados a su nombre. Además, entre 2022 y 2024, registró dos transacciones bancarias catalogadas como ‘inusuales’, superando Bs 300.000 y Bs 500.000 respectivamente.

Reacciones y próximos pasos

Hasta el momento, no se han registrado declaraciones ni posturas de los abogados defensores o familiares respecto a la presunta marihuana hallada.

Se espera que en las próximas horas la Dirección Departamental de la Policía de Santa Cruz brinde una conferencia de prensa con el informe técnico y el pesaje definitivo sobre la sustancia incautada.

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Tribunal de Oruro niega libertad a imputado por narcotráfico

En un giro impactante, el Tribunal de Sentencia N° 1 de Oruro rechazó la solicitud de libertad presentada por el imputado conocido como ‘El Químico’. Este individuo juega un papel crucial en el proceso penal relacionado con el narcotráfico, denominado Caso Baldosas. La decisión judicial obliga al acusado a continuar su detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro, según informó el fiscal Alexander Casanova.

Detalles del caso y condenas

Durante la audiencia para modificar las medidas cautelares, se reveló que ‘El Químico’ ya cuenta con una sentencia condenatoria de 23 años de prisión. A pesar de sus intentos por obtener medidas sustitutivas, la autoridad judicial mantuvo la decisión. El fiscal Casanova explicó: “El Tribunal de Sentencia Número 1 ha denegado esta solicitud y, en la actualidad, este ciudadano aún viene cumpliendo detención preventiva al interior del penal, ello hasta que la sentencia emitida en contra de aquel, de 23 años, adquiera la calidad de cosa juzgada”.

Estado actual de los procesados en el Caso Baldosas

El fiscal ofreció un balance sobre los procesados en este caso vinculado al narcotráfico internacional, que incluye:

• Con sentencia condenatoria: Un total de cinco personas ya fueron declaradas culpables y cuentan con condena firme.
• Con medidas sustitutivas incumplidas: Un procesado logró medidas sustitutivas pero continúa recluido debido al incumplimiento.
• Declarados rebeldes: Tres personas fueron declaradas en rebeldía por no comparecer ante la justicia.

  

Origen del Caso Baldosas

El “Caso Baldosas” se origina a partir de operativos previos coordinados por unidades especializadas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Según el reporte fiscal, se identificó un contenedor con tránsito sospechoso cuyo destino final era Alemania. Este cargamento transportaba pliegues y láminas de madera (baldosas). Durante una revisión minuciosa, se descubrió una sustancia negruzca adherida a la madera que resultó positiva para cocaína tras análisis químicos.

Papel estratégico de ‘El Químico’

‘El Químico’ desempeñaba un rol estratégico dentro del grupo criminal al manipular y enmascarar la sustancia ilícita mediante procesos químicos para evadir los controles fronterizos. Este mecanismo fue desarticulado en Oruro, marcando un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico.

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Detención preventiva de Henry Nina en caso El Sillar III

En una audiencia cautelar celebrada el 27 de mayo de 2026, las autoridades judiciales determinaron la aplicación de detención preventiva por un periodo de seis meses contra el expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina.

Causas de la detención

La medida se dictó en el marco de las investigaciones correspondientes al caso denominado “El Sillar III”, por la presunta comisión de delitos como incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. La información oficial provino del capitán Fabio Gonzales, representante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quien precisó que el dictamen judicial ordena el traslado y permanencia de Nina en el penal de San Pedro, ubicado en La Paz.

Implicados en el caso

En este mismo centro penitenciario se encuentra actualmente recluido el exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien también figura como implicado dentro del mismo proceso penal. De acuerdo con los elementos contenidos en la imputación formal, la base de la investigación gira en torno a las modificaciones estructurales realizadas en el trayecto de la carretera El Sillar por parte de la empresa constructora china Sinohydro.

Fallas técnicas y auditoría

Dichas alteraciones se habrían efectuado sin contar con el respaldo técnico suficiente. Ante esta situación, Henry Nina, en su condición de presidente de la institución estatal de caminos, omitió ejecutar las correspondientes labores de fiscalización y control del proyecto. La auditoría técnica incorporada a la causa penal detalla que la obra vial fue formalmente recibida por la administración de la ABC a pesar de que los registros e informes documentaban explícitamente un total de 719 fallas técnicas y estructurales en su ejecución.

Consecuencias legales

Este elemento constituye la principal prueba material que sustenta los cargos penales que atribuye el Ministerio Público por el presunto daño al patrimonio público. Los antecedentes institucionales de Henry Nina dan cuenta de una trayectoria vinculada a la dirigencia de organizaciones sociales y la administración pública.

Trayectoria política

Inicialmente, se desempeñó como ejecutivo de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia durante la gestión gubernamental de Evo Morales. Posteriormente, ejerció liderazgo en movilizaciones y bloqueos viales organizados contra la administración transitoria de Jeanine Áñez. En 2020, tras la asunción al mandato presidencial de Luis Arce, Nina fue posesionado oficialmente como presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras.

Renuncia y situación actual

Nina ejerció dichas funciones públicas hasta presentar su renuncia al cargo, efectiva durante 2023, periodo previo a las actuales determinaciones del Órgano Judicial boliviano.

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Detención preventiva en caso de trata de personas en Oruro

El viernes 22 de mayo, el Juzgado Cautelar Nº 2 de la ciudad de Oruro dictó una detención preventiva de cuatro meses para el administrador del lenocinio clandestino. Este establecimiento estuvo relacionado con un grave caso de trata de personas que involucra a una menor de 15 años desaparecida desde mediados de abril. La ropa de la menor fue hallada en este lugar, y posteriormente, ella fue encontrada en Cochabamba el pasado 18 de mayo.

Desaparición y hallazgo de Nicol

La secuencia del caso comenzó cuando la menor, identificada como Nicol, salió de su domicilio con una pariente lejana y desapareció cerca de un mes. Durante la investigación, se descubrió que existía una red organizada dedicada a la trata de personas que opera entre Oruro y Cochabamba. Las indagaciones continúan para identificar a otros implicados y no se descarta que haya conexiones con otras regiones.

Aprehensión del administrador del lenocinio

El jueves anterior, las autoridades aprehendieron al administrador del lenocinio clandestino. Los familiares de Nicol encontraron inicialmente sus prendas en este lugar, lo que llevó a allanamientos en otras casas de citas clandestinas. En la audiencia del viernes por la mañana, se cumplió con el proceso judicial donde se dictó la detención preventiva que deberá cumplirse en el penal de San Pedro.

Preocupación familiar y avances en la investigación

Los familiares han expresado su preocupación por el avance del caso. Ellos señalaron que es necesario profundizar las investigaciones debido a que consideran que hay muchos más implicados. El padre de la menor mencionó que también se debe aprehender al entorno familiar del acusado, quien supuestamente tiene más locales ilegales operando en la ciudad.

La situación crítica de Nicol

Además, el padre indicó que existen otros jóvenes que podrían haber sufrido un destino similar al de su hija. Nicol fue retenida durante una semana en el lenocinio antes de ser “vendida”, lo cual culminó en su situación actual en Cochabamba, donde sufrió múltiples vejaciones.

Compromiso del fiscal y futuro del caso

El fiscal Aldo Morales Alconini afirmó que las investigaciones continuarán para dar con todos los implicados y desbaratar esta red dedicada a la trata de personas. La comunidad espera justicia y medidas efectivas para proteger a los más vulnerables.

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Albañil aprehendido por violación en Oruro

El 21 de mayo de 2026, un albañil de 23 años fue aprehendido en la ciudad de Oruro, acusado de agredir sexualmente a una mujer de 27 años. Este grave hecho ocurrió el miércoles en horas de la tarde, cuando ambos consumieron bebidas alcohólicas en el domicilio de la víctima, donde el hombre realizaba trabajos de refacción.

Intervención de la FELCV

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) actuó rápidamente. A través de su personal del Departamento de Inteligencia Criminal (DIC), procedió con la aprehensión inmediata del sospechoso. Según el informe del fiscal departamental Aldo Morales Alconini, el albañil había entablado una relación de amistad con la víctima, lo que facilitó el consumo conjunto de alcohol.

Relato impactante de la víctima

La mujer, quien tiene 27 años, relató que perdió el conocimiento tras beber. Al despertar, se dio cuenta de que estaba siendo agredida sexualmente por el trabajador. Esta situación la llevó a presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

Proceso judicial en marcha

El sindicado llegó el 22 de mayo a celdas del Ministerio Público. Este viernes, se realizó la audiencia de medidas cautelares, donde se dictó detención preventiva en el Penal de San Pedro mientras continúan las investigaciones.

Este caso resalta la importancia de actuar contra la violencia y proteger a las víctimas. La Felcv continúa trabajando para garantizar justicia en situaciones tan delicadas como esta.

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Detención preventiva de seis acusados en La Paz

La justicia determinó la detención preventiva de seis personas acusadas de quemar un vehículo policial el pasado lunes, frente a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz. Los investigados fueron enviados al penal de San Pedro mientras continúan las indagaciones del caso.

Cargos por daños a bienes del Estado

Los imputados enfrentan cargos por daño y deterioro de bienes del Estado, ya que el vehículo dañado pertenece a la Policía, una institución pública. Durante las movilizaciones y saqueos ocurridos el lunes por la tarde en La Paz, los seis individuos fueron aprehendidos por su participación en estos hechos que afectaron bienes estatales. Tanto el vehículo policial como una motocicleta fueron incendiados en las inmediaciones de la Felcc.

Detalles sobre la detención

Las cifras indican que seis personas tienen detención preventiva. El jefe de Corrupción Pública de la Felcc, capitán Fabio Gonzales, explicó: “El juez ha determinado dar detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras duren las investigaciones correspondientes del presente caso”. Esta medida cautelar se establece por dos meses.

Identificación y pruebas

Gonzales enfatizó que los aprehendidos fueron identificados gracias a imágenes captadas del interior del lugar y por un dron de propiedad de la Policía. Este dron grabó el momento en que los detenidos sacaron todos los objetos que había en el interior y posteriormente colocaron cartones debajo del motorizado para luego prenderle fuego.

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Detención preventiva por tráfico de drogas en Oruro

El miércoles 20 de mayo de 2026, la justicia determinó la detención preventiva por 30 días en el penal de San Pedro para un sujeto de 27 años. Este individuo fue aprehendido en pleno centro de la ciudad de Oruro tras un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). El Ministerio Público ejecuta los actuados correspondientes por el delito de tráfico de sustancias controladas.

Incautación de laboratorio clandestino

Además, se ordenó la incautación del inmueble ubicado en las calles Caro y Linares, que servía como centro de acopio y laboratorio de drogas sintéticas. Este inmueble pasó a disposición de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

Operativo exitoso contra el microtráfico

El fiscal Alexander Casanova, asignado al caso, informó sobre este avance en el proceso. El sujeto fue hallado el pasado martes en posesión de una cantidad significativa de diferentes sustancias controladas tras un operativo efectuado en las calles Linares y Caro. Las sustancias estaban dispuestas para la fabricación de tusi, que se distribuía mediante microtráfico.

Resultados del operativo estratégico

La Felcn, a través del teniente coronel José Brian Zotes Gironas, brindó una conferencia el mismo miércoles para informar oficialmente sobre los resultados del operativo. La autoridad policial detalló el arsenal de estupefacientes que el ahora recluido dosificaba para su posterior venta al raleo, confirmando el secuestro de seis tipos de sustancias controladas:

• Clorhidrato de Cocaína
• Marihuana
• Tusi (conocida como cocaína rosada)
• Clonazepam
• Diazepam
• Éxtasis

Afectación económica al narcotráfico

Además, la afectación logística e investigativa incluyó el secuestro de un teléfono celular y sumas de dinero en efectivo que ascienden a 19.300 bolivianos, así como el inmueble donde operaba este laboratorio clandestino. Según el informe oficial presentado por el director de la Felcn Oruro, la valoración total de las sustancias, insumos para la fabricación y bienes inmuebles retenidos representa un duro golpe financiero para las redes delictivas.

Compromiso continuo contra el narcotráfico

La afectación económica total al narcotráfico se consolidó en 1.003.288 dólares americanos (un millón tres mil doscientos ochenta y ocho dólares), marcando un hito en los operativos urbanos en la región. Con este resultado, la Felcn reafirma su compromiso con continuar desarrollando operativos estratégicos en la lucha contra el narcotráfico y la proliferación de nuevas drogas que ponen en riesgo a la población orureña.

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Detención preventiva tras disturbios en La Paz

La justicia determinó este miércoles enviar a la cárcel de San Pedro con detención preventiva a dos jóvenes imputados por el intento de asesinato de dos policías. Este hecho ocurrió durante las movilizaciones del lunes en la estación de la Línea Celeste del Teleférico.

Aprehensión y sentencia

Los acusados fueron aprehendidos el día anterior y hoy se dictó su medida cautelar. Un juez estableció la detención preventiva por tres meses en la cárcel de San Pedro para los sujetos acusados de participar en la golpiza a policías durante los enfrentamientos del lunes pasado.

Disturbios y heridos

El lunes 18 de mayo de 2026, La Paz fue escenario de disturbios que dejaron al menos once efectivos policiales heridos. Entre los casos más preocupantes se encuentra el de un suboficial que sufrió una severa lesión ocular. El martes 19 de mayo, la Policía informó sobre la aprehensión de dos personas responsables por tentativa de asesinato.

Declaraciones y defensa

La Fiscalía indicó que ambos sindicados guardaron silencio durante su declaración. El jurista defensor Víctor Nina negó que sus defendidos fueran autores de la agresión y denunció que uno fue golpeado al momento de su detención, mientras que el otro fue amedrentado con un arma reglamentaria. Según explicó, se acusa a los jóvenes de tentativa de asesinato, robo agravado y estorbar el ejercicio de funciones, pero cuestionó dónde estarían las armas que se les acusa de haber sustraído.

Reacciones policiales

Al dictar la medida cautelar, la fiscalía afirmó que con esta determinación quedan legalmente notificadas las partes procesales. El comandante departamental de la Policía en La Paz, Juan Amílcar Sotopeña, informó el martes que un total de 11 funcionarios policiales resultaron heridos durante la jornada violenta ocurrida en la ciudad. Ante la magnitud de la violencia, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, expresó su enérgico rechazo y calificó como “cobarde” el ataque perpetrado contra los efectivos desplegados en la zona de conflicto.

Lamentaciones por agresiones

La autoridad policial lamentó la saña de los manifestantes al señalar que los dos servidores públicos gravemente heridos fueron emboscados y agredidos con total brutalidad mientras cumplían con su deber de resguardar los bienes del Estado.

Identificación de los acusados

Los acusados son identificados como Alex W. P. T. y Milton C. H.

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Detención preventiva de un argentino por robo en Oruro

El 18 de mayo de 2026, el Ministerio Público de Oruro logró la detención preventiva de un ciudadano argentino, quien pertenece a una banda de “cogoteros”. Este individuo se encuentra actualmente recluido en el penal de San Pedro, tras la revocación de un fallo judicial que le otorgaba arresto domiciliario.

Un robo violento que impactó a la comunidad

El caso cobró relevancia después de la viralización de un video que mostraba el violento modus operandi de los delincuentes. Según el reporte oficial, dos antisociales abordaron un taxi haciéndose pasar por pasajeros con el objetivo de victimar al conductor mediante la modalidad de estrangulamiento (cogoteo). Tras forcejear con la víctima, los agresores la arrojaron del vehículo en marcha y uno de ellos huyó al mando del motorizado.

Imputación y apelación judicial

Ante este hecho, el Ministerio Público imputó formalmente al ciudadano argentino por el delito de robo agravado. La Fiscalía solicitó su detención preventiva en un centro penitenciario debido a la gravedad del hecho y al evidente peligro de fuga. Sin embargo, en primera instancia, la autoridad jurisdiccional determinó otorgarle medidas sustitutivas y detención domiciliaria.

Reacción de la Fiscalía y revocación del fallo

Esta decisión fue calificada como “extraña” por la Fiscalía Departamental, ya que no se valoró el alto riesgo de que un ciudadano extranjero sin arraigo natural pudiera abandonar el país para evadir la justicia. Activando los mecanismos legales, la Fiscalía apeló la resolución del juzgador, logrando que el tribunal superior revocara el beneficio.

Captura y consecuencias legales

Tras emitirse el respectivo mandamiento de aprehensión, efectivos policiales y fiscales procedieron a capturar al imputado para trasladarlo al penal de San Pedro. Este caso no culminará únicamente con el procesamiento de los autores del robo. La Fiscalía confirmó que la polémica resolución dictada por el juez ya fue derivada al área de análisis técnico-jurídico.

Un precedente en la justicia boliviana

Las autoridades anticiparon que se recaban todos los elementos necesarios para iniciar un proceso penal formal contra el operador de justicia por el presunto delito de prevaricato. Esto sentará un precedente ante resoluciones que pongan en riesgo la seguridad ciudadana o faciliten la liberación de delincuentes peligrosos.

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Detención preventiva por homicidio en Oruro

La Justicia determinó la detención preventiva por cinco meses de un individuo imputado por homicidio en Oruro. Este hombre es el principal sospechoso del asesinato de un hombre, cuyo cadáver se encontró hace aproximadamente quince días en el patio de un inmueble.

Detalles del caso

El fiscal Luis Antezana confirmó que la medida cautelar permitirá avanzar en la investigación del caso. Los eventos se desarrollaron de la siguiente manera:

• Hace quince días se halló el cuerpo sin vida de una persona en el patio de un domicilio particular.
• El propietario del inmueble no se encontraba presente durante el hallazgo del cadáver.
• Inicialmente, no se encontraron indicios de muerte violenta.
• Sin embargo, la autopsia reveló que la causa de muerte fue estrangulamiento.
• El viernes 15 de mayo, las autoridades encontraron y aprehendieron al dueño del inmueble como presunto autor del homicidio.
• El sábado 16 de mayo, a las 14:30 horas, se llevó a cabo la audiencia donde se dictó su detención preventiva por cinco meses.

Causas y circunstancias del homicidio

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, explicó que el cuerpo fue hallado inicialmente tendido en el patio del inmueble. Aunque la primera verificación externa no mostró huellas evidentes de agresión física, los resultados de la autopsia fueron determinantes para establecer que la causa del deceso fue asfixia por estrangulamiento. Según el informe médico legal, el agresor habría sujetado a la víctima por la espalda y le colocó el brazo alrededor del cuello hasta privarla de la vida.

Investigaciones y testigos

Morales Alconini indicó: “Se han hecho las investigaciones pertinentes y en horas precedentes se ha procedido a la aprehensión del dueño de ese domicilio, quien no había sido encontrado en estas dos semanas. Se lo está imputando por el delito de homicidio”.

Además, según los avances de la investigación y las declaraciones recabadas de una tercera persona presente en el lugar, tres personas estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el inmueble el día del hecho. En ese contexto, se desencadenó una fuerte discusión entre el ahora imputado y la víctima, lo que derivó en este trágico desenlace.

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Avances en el caso Quirki Zone tras estafa en Oruro

El pasado martes 12 de mayo, los abogados de las víctimas del caso denominado Quirki Zone, ocurrido durante el Carnaval 2026 en la ciudad de Oruro, presentaron avances del proceso judicial. En esta ocasión, solicitaron que las dos principales sospechosas sean detenidas de forma preventiva para dar celeridad al caso.

Detalles del proceso judicial

En un avance crucial para el proceso penal por la estafa masiva, la defensa de las víctimas formalizó su postura ante la audiencia de medidas cautelares. Los abogados Lionel León Castillo y asociados presentaron elementos que desvirtúan la supuesta ‘buena fe’ de las adjudicatarias de graderías en la calle 6 de Agosto y León.

Estrategia de defensa

La estrategia de la defensa se centra en demostrar que las dos mujeres imputadas (madre e hija) no fueron víctimas de la empresa Quirki Zone, sino colaboradoras activas en el esquema de defraudación. Los puntos clave presentados son:

• Coacción Contractual: Según el abogado León, dos días antes del Carnaval, las imputadas alteraron lo pactado y obligaron a las víctimas a vender exclusivamente con la marca ‘Quirki Zone’. Entregaron manillas de Univida en bolsas de plástico de manera irregular.
• Evidencia Tecnológica: La defensa presentó un cuaderno de investigaciones donde constan capturas de pantalla y registros de llamadas que vinculan los números telefónicos de las denunciadas con la administración de la empresa cuestionada.
• Doble Comercialización: Se sostiene que, mientras las víctimas pagaban 115,000 bolivianos por el derecho a explotar 215 asientos, las imputadas ya habían sobrevendido esos mismos espacios por redes sociales a delegaciones del interior del país.

  

Impacto emocional y social

El impacto de esta supuesta estafa no solo se mide en cifras, sino también en la vulnerabilidad de los afectados. El abogado destacó que sus clientes son cuatro hermanas jóvenes provenientes de Cochabamba. En su desesperación, llegaron a rematar asientos en 20 bolivianos durante el sábado de peregrinación ante la llegada masiva de personas que ya tenían ‘comprobantes digitales’ emitidos por Quirki Zone.

“No estamos ante un simple incumplimiento de contrato. Es una afectación dolosa a personas que invirtieron sus ahorros y, peor aún, es un golpe directo a la imagen del Carnaval de Oruro como Patrimonio de la Humanidad”, enfatizó León.

Posible esquema familiar detrás del delito

El equipo jurídico advirtió sobre el posible esquema familiar detrás del delito. Han surgido reportes de nuevas víctimas en Cochabamba que señalan a otros parientes de las imputadas bajo el mismo modus operandi en otros sectores.

Solicitud de detención preventiva

Ante el riesgo de obstaculización y la magnitud del daño económico, la defensa apoya plenamente la solicitud del Ministerio Público para detención preventiva para ambas mujeres. El objetivo es garantizar que la investigación avance hacia la recuperación de los fondos y la identificación de todos los cabecillas involucrados.

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Detención preventiva de capitán policial por violación

La justicia en Oruro determinó la detención preventiva de un capitán policial, quien enfrenta acusaciones graves por el presunto delito de violación. Este funcionario, con un historial preocupante, tiene varios procesos penales pendientes en su contra.

Detalles del caso y antecedentes del imputado

La investigación comenzó tras una denuncia verbal presentada por la víctima ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). El fiscal Jhon Nery Montaño, encargado del caso, destacó que se recolectaron diversos elementos de convicción que sustentan la probabilidad de autoría del imputado. Entre estos elementos se encuentran:

• Pericia psicológica realizada a la víctima.
• Registro del lugar de los hechos y entrevistas a testigos.
• Análisis de imágenes de cámaras de seguridad del sitio donde ocurrió el incidente.

Montano afirmó: “Se ha podido establecer que esta víctima ha sido objeto de una agresión sexual por parte de este ciudadano, quien actualmente se encontraba en su condición de funcionario policial”.

Un historial alarmante

Durante la audiencia, se reveló que el ahora detenido cuenta con aproximadamente 14 procesos penales en su contra. De estos antecedentes, se registran:

• Una sentencia condenatoria (actualmente en etapa de apelación).
• Una salida alternativa por delitos conexos a la Ley 348, relacionados con violencia sexual y violencia familiar o doméstica.

El juez valoró la consistencia de las pruebas y los riesgos procesales existentes, lo que llevó a ordenar que el imputado cumpla la medida extrema en el Penal de San Pedro, ubicado en Oruro. El Ministerio Público prevé concluir esta etapa preparatoria de 30 días con una acusación formal, buscando una sanción ejemplar dada la gravedad del hecho y la reincidencia del sujeto.

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Capturan a hombre con 4 kilos de cocaína en Sevaruyo

Durante el fin de semana, un operativo policial en las cercanías de Sevaruyo llevó a la captura de un individuo que transportaba 4 kilos de cocaína ocultos en su equipaje. Este hombre, de 31 años y originario de La Paz, viajaba en un vehículo de servicio público con destino final a la República de Chile.

Detalles del operativo en Oruro

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, confirmó que el hallazgo ocurrió durante una revisión rutinaria. Al inspeccionar las pertenencias de los pasajeros, se encontraron cuatro paquetes sospechosos en el maletín del detenido. Tras realizar la prueba de campo (narcotest), la sustancia blanquecina resultó positiva para cocaína.

Datos del caso

• Implicado: Un hombre de 31 años, procedente de La Paz.
• Incautación: 4 paquetes de cocaína (aproximadamente 4 kilos).
• Ruta: El sujeto pretendía cruzar la frontera hacia Chile.

Acciones legales e investigación en curso

El Ministerio Público formalizó la imputación por el delito de tráfico de sustancias controladas, solicitando la detención preventiva del sospechoso mientras avanzan las investigaciones. “Estamos trabajando para determinar el origen de la sustancia y quiénes serían los receptores en la frontera o

Análisis del teléfono celular del aprehendido

Como parte esencial de la investigación, las autoridades han secuestrado el teléfono celular del detenido. Se espera que el análisis de las llamadas y mensajes permita identificar a los proveedores y otros nexos dentro de esta red de narcotráfico, lo que podría llevar a futuras aprehensiones.

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Detención preventiva por intento de feminicidio en Oruro

El lunes 4 de mayo de 2026, un juzgado de la ciudad de Oruro dictó una detención preventiva de seis meses para los padres de una menor de 15 años. Este caso impactante involucra a un padre de 42 años y una madre de 39 años, quienes enfrentan graves cargos por tentativa de feminicidio tras prender fuego a su hija como medida disciplinaria.

Un acto desgarrador y su justificación

Los progenitores rociaron a la menor con alcohol y luego le prendieron fuego debido a un supuesto robo de cosméticos. El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, comunicó que la autoridad jurisdiccional decidió imponer la detención preventiva. La madre fue enviada al Centro Penitenciario La Merced de Oruro, mientras que el padre fue trasladado al Penal de San Pedro en La Paz.

Investigación en curso

Morales afirmó: “Es un caso que todavía está siendo investigado por la gravedad del hecho; el Ministerio Público está realizando la colección de más elementos probatorios que nos permitan optar por una sentencia contundente en contra de los agresores de esta menor”. Este comentario resalta la seriedad del caso y la intención de las autoridades por buscar justicia.

Desmentido y testimonios

Inicialmente, el padre intentó justificar el incidente alegando que la menor se quemó al encender incienso. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el testimonio directo de la víctima. Durante el proceso investigativo, la menor relató haber sufrido quemaduras provocadas por sus propios padres, quienes reaccionaron violentamente tras encontrarla usando un maquillaje y un bloqueador solar perteneciente a su mercadería.

Continuidad del proceso judicial

Las autoridades continúan recopilando pruebas para fortalecer el caso contra los agresores. Este hecho no solo conmociona a la comunidad local, sino que también plantea serias preguntas sobre la violencia intrafamiliar y el tratamiento hacia los menores víctimas. La sociedad espera respuestas contundentes y justicia para esta joven afectada.

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Detención preventiva por asesinato en Montero

La Justicia determinó este jueves la detención preventiva por 180 días en el recinto penitenciario de Chonchocorito, ubicado en el penal de Palmasola. Esta medida se aplica al joven acusado de asesinar a su padre con múltiples puñaladas en el municipio de Montero. La decisión surgió durante la audiencia cautelar, tras la presentación de los primeros indicios recolectados por el Ministerio Público.

Detalles del crimen

Según el reporte preliminar, las circunstancias del hecho aún son analizadas por las autoridades. Se desconocen las causas precisas que llevaron a Diego Lola A., hijo del prestamista Juan Lola, a cometer el crimen. La víctima sufrió 17 puñaladas, lo que resultó en su muerte debido a las heridas provocadas con arma blanca.

Acciones legales y defensa

El fiscal Candia informó que la Fiscalía solicitó la detención preventiva debido a la gravedad del caso y al riesgo que representaría el imputado. Durante la audiencia, el acusado decidió acogerse a su derecho al silencio. Además, se le planteó la posibilidad de un procedimiento abreviado con una condena de 30 años, opción que no fue aceptada por la defensa.

Investigaciones en curso

Respecto al móvil del crimen, el fiscal señaló que aún no se tienen conclusiones definitivas. Sin embargo, existen elementos suficientes para sostener la presunta autoría del joven en la muerte de su progenitor. Las investigaciones continuarán en los próximos días con nuevas declaraciones, revisión de cámaras de seguridad y otros actos investigativos.

Contexto del suceso

Según la Fiscalía, se busca esclarecer completamente lo sucedido. Se estableció que el sindicado llegó al domicilio de su padre aproximadamente a las 02:30 horas en una motocicleta. El juez ha determinado 180 días de detención preventiva en la cárcel pública de Palmasola, específicamente en el pabellón cerrado de máxima seguridad conocido como Chonchocorito.

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Detención preventiva para adolescente tras apuñalamiento escolar

La noche del miércoles 22 de abril, un adolescente apuñaló a su maestro durante una reunión sobre bajas calificaciones en una unidad educativa del centro de la ciudad de Oruro. Este grave incidente llevó a que el viernes 24 de abril, se desarrollara una audiencia cautelar donde el juez dispuso la detención preventiva del menor por tiempo indefinido en el Centro Renacer.

Detalles del caso y decisiones judiciales

El fiscal asignado al caso, Luis Antezana, informó: “En la audiencia cautelar, donde el Ministerio Público, al tener abundante prueba, ha creado plena convicción ante el juez de la Niñez y Adolescencia, reiterando que efectivamente el hecho se habría suscitado y que el adolescente infractor sería el responsable del mismo”. Además, Antezana agregó que “el juez de la Niñez y Adolescencia, atendiendo la petición fiscal, ha dispuesto por la medida de extrema ratio en contra del adolescente infractor a cumplirse en el Centro de Reintegración y Renacer de esta ciudad de Oruro”.

Informe psicosocial y antecedentes del ataque

Durante la audiencia, se revisó un informe psicosocial realizado por el equipo de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), que señala que el joven estaba molesto por la convocatoria del maestro a su progenitor. Según los informes:

• El adolescente habría sacado un cuchillo de cocina sin conocimiento de sus padres.
• Durante la reunión con el maestro, cuando su padre firmaba un compromiso para mejorar sus estudios, el joven apuñaló al docente dos veces en el brazo izquierdo.

Consecuencias y estado del docente afectado

El Código de Justicia Penal Juvenil y el Código de la Niñez y Adolescencia no establecen plazos para su detención preventiva. Sin embargo, se deben cumplir plazos mínimos reducidos en comparación con procedimientos en la vía ordinaria. Por otro lado, el docente afectado recibió atención médica en un centro hospitalario. Según el reporte oficial, las heridas no comprometieron órganos vitales y su estado de salud es estable.

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Violación en Oruro: Detenido tras agresión a amiga

Un hombre fue detenido en Oruro tras una agresión sexual que dejó conmocionada a la comunidad. El hecho ocurrió la madrugada del sábado 18 de abril, cuando el agresor aprovechó que su amiga se encontraba en estado etílico para obligarla a tener relaciones sexuales.

Detalles del incidente

El fiscal departamental, Aldo Morales Alconini, informó sobre este caso. La víctima había asistido el viernes 17 de abril a una reunión con amigos, donde consumieron bebidas alcohólicas en un domicilio particular. Durante la velada, un compañero de curso ofreció más tragos, lo que llevó a la mujer a confiar en él.

Aproximadamente a las 04:00 horas del sábado, la mujer salió del domicilio para hacer sus necesidades fisiológicas. En ese momento, el autor del hecho la persiguió y la forzó a tener relaciones sexuales. Este acto de violencia dejó huellas profundas en la víctima.

Reacción y detención del agresor

Una vez dentro del domicilio, la víctima confrontó a la enamorada del agresor sobre lo sucedido. Esto provocó una discusión entre ellos, lo que llevó a que se llamara a la policía. Como resultado, las autoridades procedieron con la aprehensión del sujeto por el delito de violación.

Actualmente, se está imputando al agresor y se solicita su detención preventiva en el penal de San Pedro. Este caso resalta la importancia de abordar y prevenir la violencia sexual, así como de apoyar a las víctimas en su proceso de recuperación.

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Detención de Gonzalo M. G. por robo en Oruro

El miércoles 15 de abril, en la ciudad de Oruro, las autoridades aprehendieron a un sujeto acusado de robo en una vivienda. Este hecho ocurrió el 19 de marzo en la urbanización Santa Ana II, y la captura se realizó gracias a un operativo coordinado entre el Ministerio Público y la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

Detalles del robo y captura

Gonzalo M. G., de 32 años, fue señalado como uno de los autores del robo y tiene un amplio prontuario delictivo. El fiscal de materia, Adrian Pacheco, informó que el robo sucedió aproximadamente a las 03:00 horas del 19 de marzo. Los delincuentes aprovecharon que la propietaria se encontraba en el municipio de Huanuni para fracturar la puerta de ingreso.

Gracias al registro de cámaras de seguridad, se identificó un vehículo motorizado y la participación de más de tres personas. Entre las pertenencias sustraídas se encuentran electrodomésticos como un refrigerador, una cocina de cinco hornillas, un televisor, equipos de sonido, parlantes, prendas de vestir y calzado.

Identificación del sospechoso

La identificación del sospechoso fue posible gracias al reconocimiento directo realizado por un vecino durante un desfile identificativo. Gonzalo M. G. fue plenamente señalado por sus rasgos físicos, lo que llevó a su detención.

Reincidencia y medidas cautelares

Lo más alarmante del caso es la reincidencia del imputado. Con 11 casos registrados en los últimos 15 años, el sujeto ha mantenido una actividad delictiva constante, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar medidas más severas.

El Ministerio Público solicitó formalmente la detención preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro. Actualmente, el caso se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción Cuarto en lo Penal, donde se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares para definir si el procesado enfrentará el juicio tras las rejas.

Investigaciones en curso

La policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los otros cómplices captados por las cámaras de seguridad y recuperar los objetos sustraídos. Este caso resalta la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de tecnología para combatir el delito en Oruro.

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Imputación a Sandra Otazú por corrupción en YPFB

La Fiscalía formalizó la imputación contra la abogada paraguaya Sandra B.O., quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en irregularidades dentro de los contratos de suministro de combustibles entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la firma Botrading. Debido al riesgo de fuga y la complejidad del caso, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva por seis meses de la imputada, medida que deberá cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en La Paz.

Delitos tipificados contra Otazú

La resolución fiscal tipifica cinco delitos contra la implicada: uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, sociedades o asociaciones ficticias y obstrucción a la justicia. Según las investigaciones preliminares, el esquema de corrupción habría generado un daño económico al Estado boliviano estimado en $us 500 millones, según cita ABI.

Modus operandi de Botrading

El modus operandi consistía en que la empresa Botrading, donde la abogada habría fungido como intermediaria para su constitución en Asunción, adquiría combustible a precios bajos para luego revenderlo a YPFB con un sobreprecio considerable. Botrading S.A. fue constituida en Paraguay como una subsidiaria de YPFB Refinación.

Cuestionamientos sobre la empresa intermediaria

La investigación cuestiona por qué la estatal petrolera creó una empresa intermediaria “fantasma” para comprarse combustible a sí misma, pagando sobreprecios y comisiones en el extranjero. La abogada es señalada como la arquitecta legal de la firma.

Cronograma de actos investigativos

Para el periodo de detención solicitado, la Fiscalía tiene previsto un cronograma de actos investigativos que incluyen: toma de declaraciones a testigos clave, inspecciones técnicas oculares en las oficinas de YPFB Corporación, YPFB Logística y YPFB Refinación, así como auditorías sobre los contratos específicos firmados con la empresa paraguaya Botrading. El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, la Procuraduría General del Estado, YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos figuran como instituciones denunciantes y víctimas en el caso.

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Detención preventiva en Caranavi por agresión a menor

La Justicia dictó detención preventiva para un profesor acusado de graves agresiones contra una niña de 11 años en una unidad educativa del municipio de Caranavi, en el departamento de La Paz.

Detalles del caso

En una audiencia de medidas cautelares realizada el 15 de abril de 2026, se conoció que el padre denunció el hecho ante las autoridades policiales tras escuchar el testimonio de su hija, quien relató los abusos presuntamente cometidos por su docente.

Traslado al penal

El profesor será trasladado al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, donde cumplirá la detención preventiva mientras continúan las investigaciones.

Aprehensiones recientes

Ricardo Terrazas, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), informó a Unitel que en menos de dos semanas tres profesores fueron aprehendidos por delitos similares en unidades educativas de El Alto y La Paz.

Declaraciones del director de Felcv

Terrazas declaró: “En dependencias policiales se recibe la denuncia por parte de un padre de familia, quien hace conocer que en la unidad educativa de Zongo, el profesor habría realizado toques impúdicos a una menor de 11 años”.

Identificación del agresor

Asimismo, añadió: “La menor identifica plenamente al profesor que le habría realizado toques impúdicos, motivo por el cual el caso ha sido tipificado como violación a niño, niña y adolescente”.

Llamado a la acción

Finalmente, Terrazas enfatizó: “Los directores deben controlar a los docentes y las juntas escolares deben proteger a los niños”.

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Detención preventiva para mujer agresora en centro de acogida

La Justicia de La Paz determinó la detención preventiva por el lapso de dos meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes para una mujer acusada del delito de violencia familiar. Esta decisión se tomó tras identificarla como la presunta agresora de varios menores de edad en un centro de acogida infantil.

Decisión judicial y pruebas presentadas

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Ricardo Terrazas, informó que la autoridad jurisdiccional tomó esta decisión tras evaluar los riesgos procesales y los elementos de convicción presentados durante la audiencia de medidas cautelares. La investigación técnica y científica fue determinante para complicar la situación jurídica de la imputada, quien cumplía funciones como “nana” dentro de la institución.

Pruebas contundentes contra la acusada

Según el informe policial, una revisión minuciosa de las cámaras de vigilancia del centro permitió detectar pruebas directas de los abusos. Las grabaciones registraron que, en al menos dos fechas distintas, la mujer ejerció violencia física contra un infante. En uno de los episodios más graves, se evidencia cómo la acusada procedió a cortarle el cabello al menor de forma violenta.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público presentó pruebas complementarias basadas en estudios especializados realizados a las víctimas. El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, explicó que tras el cotejo de los exámenes practicados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se confirmó que varios niños presentaban lesiones físicas visibles en diferentes partes del cuerpo. Estos informes periciales establecieron diversos días de incapacidad médico-legal, lo que sustenta la gravedad de la agresión sistemática.

Vigilancia social y denuncia formal

El origen de la intervención policial se dio gracias a la vigilancia social de los residentes del barrio. Vecinos de la zona de Obrajes testificaron ante las autoridades que, recurrentemente, se escuchaban gritos y llantos desesperados provenientes del inmueble que funciona como centro de acogida. Estas señales de alerta motivaron a los ciudadanos a realizar una denuncia formal ante la Policía, permitiendo que las unidades especializadas rescataran a los menores y aprehendieran a la sospechosa.

Estado actual del caso

Actualmente, el caso se mantiene en etapa de investigación para determinar si existen más personas implicadas o si hubo negligencia por parte de los administradores del centro de acogida. Mientras tanto, la mujer permanecerá recluida en la cárcel de Obrajes durante los próximos 60 días. Durante este tiempo, la Fiscalía deberá concluir con la acumulación de pruebas para el juicio oral.

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Detención preventiva a exfuncionarios de Aduana

La Justicia determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para cuatro exfuncionarios de Aduana tras una audiencia de medidas cautelares realizada este fin de semana. Además, se impusieron medidas sustitutivas para otros dos involucrados en la compra con presunto sobreprecio de un escáner en Tambo Quemado.

Investigación por corrupción pública

Según reportes de El Deber y Unitel, el capitán Fabio Gonzales, jefe de la División de Corrupción Pública de la Felcc, confirmó que el grupo de seis personas enfrenta una investigación por presunta comisión de delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, falsedad material y falsedad ideológica.

Irregularidades en la compra del escáner

La investigación técnica, que data de la gestión 2025, señala irregularidades en la documentación que sustentó la adquisición del equipo tecnológico instalado en el sector fronterizo del departamento de Oruro. De acuerdo con información policial difundida por Unitel, el sobreprecio estimado en esta operación asciende a 25 millones de bolivianos, monto que habría sido desviado mediante maniobras administrativas durante el proceso de contratación.

Aprehensión de Karina Serrudo Miranda

En el marco de este proceso, el Ministerio Público ratificó una orden de aprehensión contra Karina Serrudo Miranda, expresidenta ejecutiva de la Aduana Nacional. Serrudo asumió el cargo el 24 de noviembre de 2020 bajo la gestión de Luis Arce Catacora. Inicialmente fue citada para prestar su declaración informativa en febrero de 2026; sin embargo, ante su inasistencia, la Fiscalía emitió el mandamiento bajo los cargos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Riesgos procesales y continuación de la investigación

El documento fiscal enfatiza que existen riesgos procesales como fuga y obstaculización de la justicia por parte de Serrudo. Antes de liderar la Aduana, se desempeñó como gerente de Impuestos Nacionales en Sucre y jefa jurídica de Cobranza Coactiva. Su comparecencia es considerada clave para esclarecer el proceso que permitió la compra del escáner bajo las condiciones que hoy se investigan.

En este contexto, el capitán Gonzales informó que la investigación continúa abierta y se prevé llamar a declarar a más personas involucradas en la cadena de contrataciones.

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Detención preventiva por robo de alas de avioneta

Un juez determinó enviar al penal de Palmasola a un efectivo de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) con detención preventiva por 60 días. Este militar enfrenta acusaciones por el robo de dos alas de avioneta, un hecho que ocurrió en el hangar número 4 del aeropuerto El Trompillo, donde el acusado tenía la responsabilidad directa del resguardo.

Detalles del caso y aprehensión

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que la audiencia para las medidas cautelares se llevó a cabo el sábado. Esto sucedió después de que el uniformado se presentara a declarar como denunciado el viernes. Se identificó al militar como el responsable del cuidado y custodia de las llaves del hangar, lo que lo convierte en el principal sospechoso en esta investigación por robo agravado.

Investigación y logística del robo

La sustracción de las alas, que son piezas de dimensiones considerables, ha generado dudas sobre la logística utilizada para retirarlas del aeropuerto sin activar las alarmas. Según reportes a los que tuvo acceso Unitel, los investigadores consideran que no se trata solo de una acción individual, sino que podría ser parte de una operación coordinada con la participación de múltiples sujetos.

Acceso y custodia en el hangar

El jefe policial reiteró que la detención se basa en el acceso irrestricto que tenía el sargento al lugar del robo. “Este caso aún se encuentra en proceso de investigación; la detención se realiza porque este efectivo era el encargado del custodio de ese hangar”, explicó Gómez.

Indagaciones en curso

Como parte de las indagaciones para esclarecer cómo se vulneraron los controles en un recinto militar, ya se han tomado declaraciones a 15 efectivos de la FAB. Las autoridades no descartan que existan más personas implicadas en este inusual delito cometido en una zona de alta seguridad. Además, continúan recabando información para determinar el destino de las piezas robadas y la identidad de los cómplices.

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Detención preventiva por golpiza a esposa en Oruro

Un nuevo hecho de violencia intrafamiliar sacudió la capital orureña, generando preocupación entre los ciudadanos. La fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó sobre la aprehensión de un hombre de 31 años, acusado de golpear severamente a su cónyuge, de 28 años, tras una discusión motivada por celos, el hecho ocurrió el pasado miércoles.

Los hechos ocurridos en el hogar

De acuerdo con el informe oficial, el incidente tuvo lugar en el domicilio de la pareja. Lo que comenzó como un altercado verbal escaló rápidamente. El agresor tomó a la víctima del cabello, la lanzó al suelo y comenzó a propinarle una serie de golpes de puño y patadas en diferentes partes del cuerpo.

Intervención crucial y atención médica

La oportuna intervención de la madre de la víctima resultó crucial. Al escuchar los gritos de auxilio de su hija, ingresó a la habitación y dio aviso inmediato a la Policía Boliviana. Gracias a su rápida acción, los efectivos lograron aprehender al sujeto en flagrancia.

Valoración médica y consecuencias legales

Tras la valoración médica inicial, se determinó que la mujer presenta siete días de impedimento. Sin embargo, esta cifra podría incrementarse ya que se están realizando placas radiográficas para establecer si existe fractura en la parte de la nariz, algo que será corroborado por el médico forense.

Imputación formal y medidas cautelares

Ante la gravedad de las lesiones y la naturaleza del ataque, el Ministerio Público procedió con la imputación formal por el delito de violencia familiar. Como medida cautelar, la Fiscalía solicitó la detención preventiva del agresor en el penal de San Pedro mientras continúan las investigaciones.

Este caso resalta la urgente necesidad de abordar los casos de violencia intrafamiliar, así como la importancia de una respuesta rápida por parte de las autoridades para proteger a las víctimas.

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Detención preventiva para 17 jucus en Huanuni

La justicia boliviana tomó una decisión contundente tras la audiencia de medidas cautelares del sábado 4 de abril. En este contexto, se determinó que 17 “jucus” enfrentan detención preventiva por 30 días en los penales de San Pedro y La Merced. Este grupo forma parte de los 20 sujetos aprehendidos durante un operativo en la Empresa Minera Huanuni (EMH).

Robo de mineral y medidas cautelares

El fiscal departamental, Aldo Morales Alconini, informó que los detenidos fueron sorprendidos cargando aproximadamente 1.400 kilogramos de mineral sustraído de la mina. Este volumen significativo llevó a las autoridades a calificar el delito como robo agravado, lo que representa un endurecimiento en la respuesta judicial ante este tipo de ilícitos.

Cambio en la tipificación penal

El juez del caso impuso la detención preventiva a los 17 imputados mayores de edad, quienes deberán cumplir su pena en el Penal de San Pedro. Por otro lado, una mujer también fue incluida en esta medida, siendo trasladada al penal de La Merced. Las investigaciones continúan por los delitos de robo agravado y avasallamiento de áreas mineras del Estado.

Menores involucrados y su restitución

En cuanto a los otros tres integrantes del grupo, que tienen edades de 15, 16 y 17 años, la resolución judicial fue diferente. Debido al marco legal vigente, no se aplicó la detención preventiva en centros penitenciarios comunes. Así, el juez del menor determinó que estos adolescentes sean restituidos a sus padres, quienes asumirán la custodia y supervisión.

Consecuencias legales para los menores

A pesar de su implicación en el robo de mineral, se aclaró que estos jóvenes no registrarán antecedentes penales al alcanzar la mayoría de edad. Esta disposición busca proteger su futuro y asegurar un manejo adecuado por parte de sus familias.

Este caso resalta la seriedad con la que las autoridades abordan el robo de mineral, marcando un precedente importante en la lucha contra este delito en Bolivia.

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Detención preventiva a sargentos por cocaína adulterada en Santa Cruz

La Justicia envió a la cárcel a dos sargentos con detención preventiva por 180 días tras ser imputados por adulterar casi 120 kilogramos de cocaína que debían ser incinerados en el departamento de Santa Cruz.

Operativo sorpresa y hallazgo

La irregularidad salió a la luz durante un operativo sorpresa de control interno realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el municipio de Cotoca. En este operativo, se evidenció que los paquetes destinados a la quema no coincidían con las sustancias originalmente secuestradas el pasado 24 de marzo.

Información del viceministro

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que el hallazgo se produjo en presencia de representantes del Ministerio Público y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Durante la prueba de campo y la verificación pericial, las autoridades confirmaron alteraciones en los 119,2 kilogramos de droga, activando de inmediato los protocolos de resguardo de evidencias.

Análisis técnico y recolección de muestras

Ante este escenario, se procedió a la recolección de muestras representativas para un análisis técnico que determine la naturaleza exacta y el alcance de la sustitución de la sustancia. Este proceso es crucial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Cargos enfrentados por los sargentos

Tras la audiencia cautelar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un juez determinó la reclusión de ambos uniformados mientras avanza la etapa investigativa. Los efectivos policiales enfrentan cargos por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación, asociación delictuosa y alteración del objeto del delito.

Compromiso del Gobierno

El Gobierno ha ratificado que estos controles internos continuarán de forma rigurosa para garantizar la transparencia en los procesos de custodia y destrucción de estupefacientes incautados al narcotráfico. La lucha contra el tráfico de sustancias controladas en Bolivia se mantiene firme, buscando erradicar estas prácticas ilegales.

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Controversia por video de Luis Arce en penal de San Pedro

La difusión de un video en redes sociales generó controversia este lunes. En él, se muestra al expresidente Luis Arce cumpliendo su detención preventiva en el penal de San Pedro bajo condiciones calificadas como “inusuales”. Las imágenes fueron registradas por el creador de contenido colombiano conocido como PlanetaJuan, durante un recorrido por el interior del recinto penitenciario.

Detalles del video y su impacto

El material audiovisual muestra al youtuber caminando por los pasillos del penal e interactuando con internos y efectivos policiales. Sin embargo, el momento de mayor impacto ocurre en el sector de “La Posta”, una sección exclusiva y separada de la población general, conocida históricamente por el alquiler y venta de celdas.

En el video se observa a Luis Arce sentado a una mesa, conversando con otras personas privadas de libertad. Según el relato de PlanetaJuan, el penal funciona como una “ciudad dentro de otra”, donde la organización interna recae en gran medida en los propios reclusos, según ANF.

Contexto legal y reclusión

Luis Arce se encuentra recluido desde el 10 de diciembre de 2025, cumpliendo una medida de detención preventiva de 180 días. Su reclusión fue ordenada por un juez en el marco de las investigaciones por el presunto desvío de recursos en el caso del extinto Fondo Indígena. Este proceso se inició tras su salida del poder el 8 de noviembre del año pasado.

Reacciones en redes sociales

La publicación ha despertado una ola de críticas en redes sociales, no solo por la presencia del exmandatario, sino también por la aparente facilidad con la que el creador de contenido accedió al penal. En las imágenes se percibe que el recorrido contó con el consentimiento policial y, llamativamente, el youtuber habría contado con una “guardia” de internos para su protección.

Visitas turísticas prohibidas

Este tipo de “visitas turísticas” no son nuevas en San Pedro, pero han sido prohibidas y sancionadas reiteradamente por las autoridades debido a la vulneración de la privacidad de los reos y las fallas de seguridad que representan para el régimen penitenciario.

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Detención preventiva por abuso sexual

El Juzgado de Instrucción Penal determinó la detención preventiva por 30 días de un hombre de 30 años, acusado de abuso sexual contra su prima de 13 años. Este hecho, que ocurrió de manera reiterada durante los últimos tres años, fue denunciado recientemente, lo que dio inicio a una investigación que busca establecer antecedentes y llegar a una sentencia ejemplar contra el agresor.

Denuncia y respuesta inmediata

La directora de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), Karina Gutiérrez, informó que la denuncia surgió a partir de una nota remitida por el director de una unidad educativa el pasado 5 de marzo. La menor comentó a su profesora que estaba siendo víctima de toques impúdicos. Alarmada por la situación, la docente puso el caso en conocimiento de la dirección del colegio, que a su vez lo derivó a la DIO.

Valoración psicológica y aprehensión del acusado

Tras la valoración psicológica realizada a la víctima, la denuncia fue presentada inmediatamente ante el Ministerio Público. Esto permitió la aprehensión del acusado y la posterior audiencia de medidas cautelares. Según las investigaciones preliminares, la menor vivía en la casa de su abuela y una tía. El primo aprovechaba momentos en que la abuela se ausentaba para cometer los abusos.

Entorno familiar vulnerable

La madre de la víctima no estaría presente en el entorno familiar, mientras que el padre trabaja en el campo. Esta situación habría facilitado la vulnerabilidad de la adolescente. El pasado jueves se cumplió con la audiencia de medidas cautelares donde se dictó al sujeto una detención de 30 días en el penal de San Pedro mientras prosiguen las investigaciones.

Apoyo psicológico y búsqueda de justicia

Las autoridades continúan con las tareas investigativas para esclarecer si el acusado cuenta con antecedentes y reforzar la denuncia formal. El objetivo es que el proceso judicial concluya en una sentencia que garantice justicia para la menor, además de brindar apoyo psicológico a la víctima y establecer cuál es la situación de su madre y por qué está ausente del entorno familiar.

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Marcelo Arce ante el juez en Santa Cruz

En una jornada marcada por la tensión y el resguardo policial, Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, se presentó la tarde de este viernes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz para su audiencia de medidas cautelares.

Solicitud de detención preventiva

El Ministerio Público solicitó formalmente una detención preventiva de 180 días en el centro penitenciario de Palmasola, bajo la imputación de legitimación de ganancias ilícitas. Arce Mosqueira arribó al edificio judicial aproximadamente a las 14:50 en un vehículo particular, vestido de manera informal y escoltado por efectivos policiales.

Declaraciones del acusado

Aunque inicialmente intentó evadir a los medios de comunicación, el acusado rompió el silencio antes de ingresar a la sala de audiencias del Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción. Al ser consultado sobre el proceso en su contra, Arce respondió: “Es por política”, asegurando además: “La justicia llega al final”.

Investigaciones sobre bienes inmuebles

El caso contra el hijo del exmandatario tomó un impulso definitivo tras un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Según las pesquisas, se identificaron al menos 18 bienes inmuebles y 20 vehículos vinculados directamente al acusado. Estos activos están actualmente bajo análisis pericial para determinar si fueron adquiridos con recursos de origen ilícito o mediante el uso de influencias durante la gestión de su padre.

Escándalo en YPFB

A esta investigación se suma un escándalo reciente en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se detectó un presunto daño económico de Bs 1.000 millones. El actual presidente de la estatal, Yussef Akly, denunció que durante la administración anterior se modificaron los reglamentos de garantías para entregar anticipos millonarios a la empresa Indoeste.

Aprehensión y contexto familiar

La aprehensión del imputado se produjo el pasado miércoles en la zona de Equipetrol, tras un operativo que incluyó una persecución policial ante un presunto intento de fuga.

Durante su ingreso al tribunal este viernes, Arce también se refirió a su padre, quien cumple detención preventiva en La Paz por cargos similares: “Lo amo, es un ejemplo y su fortaleza está en todos los bolivianos”, manifestó mientras ciudadanos presentes le increpaban a gritos exigiendo la devolución de fondos públicos.

Evaluación del juez cautelar

Actualmente, el juez cautelar evalúa los riesgos procesales de fuga y obstaculización presentados por la Fiscalía. Esto determinará si el investigado enfrentará el proceso en libertad o desde el recinto penitenciario de Palmasola.

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Detención preventiva de Elvira Parra por irregularidades

La exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, enfrentará una detención preventiva de cinco meses en el penal de Miraflores. Esta decisión judicial se relaciona con un proceso vinculado a un proyecto de producción de miel.

Decisión judicial y apelación

Una autoridad judicial determinó este jueves la medida, mientras las investigaciones avanzan en su contra por presuntas irregularidades. La defensa de Parra ya anunció que presentará un recurso de apelación para revertir esta decisión.

Justificación de la detención

El juez a cargo del caso justificó la detención preventiva, argumentando que el proceso se encuentra en etapa investigativa y aún restan declaraciones testificales por tomar. La Fiscalía argumentó que existe riesgo de fuga, apoyándose en antecedentes penales que figuran en los registros de Parra.

Condiciones de reclusión y salud

No obstante, su abogado, Vladimir Gonzales, aclaró que dicha pena ya fue cumplida en su totalidad. La decisión de enviarla al penal de Miraflores, y no al de Obrajes, responde a una estrategia procesal para evitar el contacto con la coacusada Lidia Patty, quien se encuentra recluida en este último recinto.

Durante la audiencia, la defensa destacó el delicado estado de salud de la exdirectora, el cual se habría agravado durante su permanencia en celdas policiales. A pesar de las advertencias sobre su condición física, el magistrado decidió mantener la medida extrema de privación de libertad.

Reacciones familiares y contexto legal

Esta situación ha generado alarma en su entorno familiar. Su esposo, Joaquín Chuquimia, expresó su temor de que Parra enfrente un desenlace similar al de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena que falleció tras años de reclusión y múltiples procesos.

Elvira Parra ya cumplió un periodo de detención preventiva de ocho años entre 2015 y 2023. Actualmente, enfrenta una carga procesal de 55 procesos judiciales vinculados al caso del Fondo Indígena, muchos activos después de más de una década.

Denuncia del Defensor del Pueblo

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó la situación jurídica de la exfuncionaria como una “persecución inhumana”. Denunció que la dispersión de los procesos en distintos departamentos del país obliga a Parra a constantes traslados, vulnerando sus garantías fundamentales.

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La complicada situación jurídica del alcalde de Desaguadero

La situación jurídica del alcalde de Desaguadero, René T., se complica tras su aprehensión el pasado miércoles. La Fiscalía presentó formalmente la imputación por el delito de violación en grado de tentativa. Además, solicita que la autoridad sea enviada con detención preventiva al penal de San Pedro por un lapso de cinco meses, según citó Erbol.

Detalles de la denuncia

Los hechos habrían ocurrido en dependencias municipales. Según la denuncia presentada por una trabajadora del lugar, el alcalde la agredió e intentó forzarla a mantener relaciones sexuales. Sin embargo, la víctima logró pedir auxilio, evitando que se consumara el acto.

Elementos de convicción en el caso

La fiscal asignada al caso, Julieta Segales, señaló que existen elementos de convicción suficientes para sostener la acusación. Entre los indicios clave se encuentra el certificado forense, que confirma que la mujer presenta signos físicos de violencia.

Próximos pasos judiciales

En las próximas horas, un juez cautelar definirá el futuro del burgomaestre. El Ministerio Público fundamentó el pedido de detención preventiva bajo el argumento de que existe riesgo de obstaculización en el proceso de investigación, el cual se prevé que dure al menos seis meses.

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Agresión a pareja en Oruro: Un detenido y siete más buscados

Un sujeto, identificado como Juan A.M., fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, tras ser acusado de agresión a una pareja. Este ataque dejó a una joven con 50 días de incapacidad. El violento incidente ocurrió en la madrugada del lunes 16 de febrero, aproximadamente a las 03:30 horas, en el centro de Oruro.

Detalles del ataque y detención

A dos semanas y media después del suceso, las autoridades lograron aprehender a Juan A.M., vinculado a una brutal agresión perpetrada por un grupo de ocho personas, tanto hombres como mujeres. La agresión se produjo en inmediaciones de Velasco Galvarro y Bolívar, donde la pareja fue atacada sin piedad.

Durante la audiencia de medidas cautelares celebrada el jueves, el fiscal Alex Vargas informó que se dispuso la detención preventiva del imputado por el delito de lesiones graves y leves. La pena estimada es de dos meses en el penal de San Pedro.

Familiares exigen justicia

Los familiares de las víctimas manifestaron su preocupación y descontento ante la situación. A través de su defensa legal, apelaron la resolución del juez para ampliar la medida cautelar. En cuanto a los otros siete implicados, el fiscal indicó que se deberá identificar y convocar a declarar durante el proceso penal.

Motivos detrás de la agresión

Desde el Ministerio Público se maneja la hipótesis de que el ahora detenido tuvo una relación con una de las víctimas hace años. Esto habría desencadenado insultos hacia la pareja antes de que se produjera la agresión física.

Según testimonios, el principal sindicado molestó a la pareja en las cercanías de la avenida Cívica y luego continuó con los insultos cerca de la plaza principal. Un joven que resultó con cinco días de incapacidad relató cómo el detenido ofendió a su novia. Al reclamarle, un total de ocho personas agredieron brutalmente a ambos.

Reacción ante la impunidad

Después del ataque, mientras trasladaba a su novia al hospital, lograron capturar a seis involucrados y llevarlos a la Policía; sin embargo, horas después fueron liberados. La madre de la víctima, quien tiene 23 años, expresó su indignación ante el poco tiempo de detención y exigió justicia. “Quiero justicia nada más”, enfatizó tras la audiencia cautelar frente al Tribunal Departamental de Justicia.

Las autoridades continúan buscando a los restantes siete implicados en esta agresión a la pareja, mientras que los familiares esperan respuestas concretas y acciones efectivas por parte del sistema judicial.

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Detención preventiva de concejales en Potosí

El juez Penal de Instrucción Nº 4, Américo Calderón, determinó el reciente jueves 5 de marzo, la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca para los concejales de Potosí Jhonny Churata, Alberto Pérez, Erick Soraide y Juan Carlos Nina. Estos legisladores son investigados por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Motivos de la detención

La causa principal radica en la anulación de la designación de Waldo Porcel como alcalde interino y la posterior viabilización de Lesly Flores como autoridad edil en una sesión realizada el 8 de noviembre de 2025. Los sindicados deberán cumplir esta medida cautelar en el Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca durante tres meses, mientras avanzan las pesquisas.

Ampliación de detención para otras autoridades

El anterior viernes, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí amplió a tres meses la detención preventiva de la alcaldesa Josefina Cruz y la concejal Lesly Flores. Inicialmente, enfrentaban una detención de siete días. La audiencia se centró en la participación de cada uno en una sesión anterior, el 6 de noviembre, donde se aprobó una resolución que anulaba la designación de Porcel como alcalde suplente debido a impedimentos legales del titular Jhonny Llaly, según reportó el diario El Potosí.

Decisiones judiciales recientes

En fecha 26 de enero, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia otorgó tutela a Waldo Porcel y dispuso su retorno como autoridad edil. Según la denuncia presentada, los concejales mencionados, junto a Josefina Cruz y Lesly Flores, participaron activamente en anular la resolución municipal 007/2025 que designaba a Porcel como alcalde interino.

Defensa legal y argumentos presentados

Asimismo, los abogados defensores plantearon un incidente sobre aprehensión ilegal y una excepción, argumentando que sus defendidos no votaron para elegir a Lesly Flores. Además, presentaron un recurso indicando que el caso no encaja en ninguna descripción delictiva establecida en el Código Penal. Sin embargo, el juez Calderón consideró infundadas estas acciones y continuó con la definición de medidas cautelares.

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La justicia boliviana determinó la detención preventiva por cuatro meses para 26 de las 49 personas aprehendidas tras el accidente de una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en El Alto. Estos procesados enfrentan acusaciones por sustraer dinero en efectivo del lugar del siniestro.

Destino de los imputados

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Marcelo Sánchez, detalló el destino de los imputados:

• 17 personas fueron enviadas al Centro Penitenciario de Patacamaya.
• 6 mujeres al Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
• 3 personas al centro de rehabilitación de Qalahuma.

Además, 18 personas recibieron detención domiciliaria, cuatro pasaron a la justicia juvenil y una persona obtuvo libertad pura y simple.

Detalles del accidente aéreo

El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando un avión de carga de la FAB, que transportaba billetes destinados al Banco Central de Bolivia (BCB), se salió de la pista tras aterrizar en el aeropuerto de El Alto. En medio del caos y la emergencia, civiles ingresaron al área para recoger los billetes esparcidos, lo que obligó a la Policía a utilizar agentes químicos para dispersar a la multitud.

Cargos y defensa

Virginia Ugarte, representante de Derechos Humanos de El Alto, informó que los cargos presentados por la Fiscalía incluyen robo agravado, destrucción de bienes del Estado y allanamiento. Aunque la defensa de los acusados sostiene que no se sustrajo dinero, el Ministerio Público afirma haber encontrado billetes entre las pertenencias de los sospechosos al momento de su captura.

La mayoría de los procesados reside en la zona Municipal Illimani, lugar del accidente, mientras que otros son trabajadores eventuales del área rural que se encontraban de paso por el sector, según informó ANF.

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Detención preventiva de 19 personas por robo en avión Hércules

La justicia boliviana tomó la decisión de ordenar la detención preventiva de 19 personas involucradas en el robo de billetes que iban a bordo del avión Hércules, que sufrió un accidente el viernes pasado en El Alto. En total, 35 individuos enfrentan cargos y participaron en una audiencia virtual que comenzó aproximadamente a las 19:30 horas del lunes y se extendió hasta poco antes de la medianoche.

Detalles de la detención

Según el informe de Unitel, al menos 20 de los detenidos se encontraban en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, mientras que el resto permanecía bajo vigilancia en sedes de la misma unidad en El Alto. Tras presentar los elementos de prueba, la autoridad judicial resolvió que 15 imputados cumplirán su detención preventiva en el penal de Patacamaya del departamento de La Paz.

Medidas para otros imputados

Tres mujeres fueron derivadas al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, y una persona más al Centro de Rehabilitación de Calahuma, en Viacha. Por otro lado, otras 15 personas obtuvieron detención domiciliaria con medidas alternativas. Estas incluyen el arraigo, la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público para firmar el expediente de investigación y la presentación de dos garantes económicamente solventes con una fianza de 25.000 bolivianos.

Libertad para un investigado

Además, uno de los investigados fue puesto en libertad pura y simple. Este caso resalta la importancia del trabajo judicial y policial para enfrentar delitos relacionados con robos y garantizar la seguridad pública.

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Corrupción en B-Agro: exgerente Ramiro Villarpando a prisión

La fiscal de materia Magaly Bustamante informó la mañana de este viernes que en audiencia, se determinó que el exgerente de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), Ramiro Villarpando, sea enviado a la cárcel con detención preventiva, por presuntos hechos de corrupción.

Decisión judicial y detención preventiva

La juez de instrucción en lo penal, Lorena Camacho, determinó la detención preventiva de Villarpando en el penal de San Pedro por un periodo de dos meses. Esta medida se tomó mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

Riesgos procesales y otros involucrados

La fiscal Bustamante explicó que se evidenciaron riesgos procesales, lo que llevó a la decisión de enviar al exfuncionario a prisión. Además, anunció que convocarán a declarar a otros investigados. Aproximadamente, se tienen siete personas involucradas en el caso, incluyendo tres exministros de Desarrollo Rural y Tierras:

• Remmy Gonzales (abril 2021 – marzo 2024)
• Santos Condori (marzo – agosto 2024)
• Yamil Flores (agosto 2024 – noviembre 2025)

Pérdidas económicas significativas

Se indicó que la pérdida económica asciende a más de 100 millones de bolivianos debido a las irregularidades en B-Agro. Este caso ha generado preocupación sobre la gestión y transparencia en las empresas estatales bolivianas.

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Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz, no será reemplazado

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra reafirmó su decisión de no designar un alcalde suplente, a pesar de la orden de detención preventiva contra Jhonny Fernández. Este pronunciamiento, realizado el jueves, se basa en “el principio de legalidad y el respeto al mandato democrático” que recibió el alcalde electo.

Detención preventiva y legalidad

La administración municipal aclaró que la detención preventiva es una medida cautelar. Esto no implica que Fernández haya sido destituido, suspendido o que haya perdido sus derechos políticos. Además, enfatizó que esta decisión judicial no constituye una sanción ni significa que el alcalde esté inhabilitado para ejercer su cargo.

Normativa vigente

Con este argumento, el Gobierno municipal sostiene que no corresponde designar automáticamente a un alcalde suplente. En su comunicado, citó la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, que no considera la detención preventiva como causa directa para nombrar a alguien en su lugar.

Continuidad administrativa

Asimismo, la Alcaldía aseguró que no existe un “vacío de poder” ni paralización en la administración. Recordó que el Órgano Ejecutivo no depende únicamente de una persona; está compuesto por secretarías y una estructura administrativa que garantiza el funcionamiento continuo de las operaciones, finanzas y gestión general.

Postura institucional

“La institucionalidad municipal sigue trabajando con total normalidad”, afirmó el comunicado. Finalmente, la Alcaldía subrayó que su postura no busca defender a una persona en particular, sino respetar la legalidad y el mandato otorgado al alcalde por el voto popular.

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Traslado de Jhonny Fernández a la Felcc

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue trasladado de una clínica privada hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Este traslado ocurrió la noche del martes, después de que recibió su alta médica.

Detalles del caso

Fernández espera su audiencia cautelar en el marco del caso pavimento, donde se investiga una presunta obra inconclusa. Ayer, el alcalde asistió a declarar y, horas después, quedó en calidad de aprehendido.

Sin embargo, su defensa alegó que sufrió una descompensación de salud, lo que motivó su traslado a una clínica privada.

Situación actual del alcalde

Actualmente, Jhonny Fernández se encuentra en calidad de aprehendido. El Ministerio Público anunció en conferencia de prensa el martes que solicitará su detención preventiva debido a los indicios de culpabilidad y los riesgos asociados con esta investigación, conocida como caso pavimento.

Investigación en curso

Fernández y el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, son los principales investigados en esta denuncia presentada ante la Fiscalía. La acusación se centra en un pavimento que fue pagado, pero que supuestamente no fue construido.

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Pastor Núñez enfrenta nueva detención por violencia y estupro

La tarde del 19 de febrero, el pastor peruano Marco Antonio Núñez del Arco se presentó ante la justicia. En una audiencia, su defensa solicitó la extinción del proceso en su contra, pero el juez denegó esta solicitud. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde se determinó su detención preventiva por 60 días debido a los delitos de estupro y violencia doméstica.

Reclusión en Palmasola y antecedentes judiciales

El juez ordenó la reclusión preventiva de Núñez en el penal de Palmasola. Esta decisión marca la segunda detención impuesta al sindicado, quien ya se encuentra cumpliendo una condena. A pesar de los esfuerzos de su defensa para que la acusación por estupro prescriba, no lograron su objetivo. Así, la detención se establece por los delitos mencionados.

Denuncias y testimonios de las víctimas

Este caso representa el segundo proceso judicial contra Núñez. La denuncia proviene de Vanessa H., una mujer de 29 años, quien ratificó ante la autoridad judicial que mantuvo una relación con el pastor cuando ella tenía 16 años y él 36. Además, Vanessa afirmó que miembros de la Iglesia Internacional de la Familia estaban al tanto de los hechos denunciados.

Nuevas revelaciones y un tercer caso

En paralelo, Núñez cumple actualmente 180 días de detención preventiva por otro expediente. Este fue denunciado por una prima hermana, quien lo acusó de presuntos delitos de estupro agravado y violencia familiar o doméstica. La medida fue dispuesta el pasado 13 de febrero, tras una audiencia celebrada en la Villa Primero de Mayo.

El caso que involucra a Vanessa H. había sido inicialmente archivado, pero fue reabierto tras una revisión jerárquica ordenada por el fiscal departamental Alberto Zeballos. Además, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos informó que se identificó a una tercera presunta víctima, quien evalúa presentar una denuncia ante la Felcv.

Ambos procesos continúan bajo control judicial y generan alta expectativa pública. La situación del pastor Núñez del Arco resalta la gravedad de los delitos de violencia y estupro en nuestra sociedad.

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Aprehensión de Nemesia Achacollo por el Fondo Indígena

La Fiscalía de La Paz emitió una orden de captura contra Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Productivo, en el marco del caso del Fondo Indígena. Esta decisión se tomó tras la inasistencia de Achacollo a dos citaciones para declarar, quien justificó su ausencia alegando problemas de salud.

Justificación y solicitud de declaración

El equipo legal de Achacollo solicitó que la declaración se realizara en Santa Cruz, donde reside, pero aún no recibieron respuesta del Ministerio Público. Esta situación plantea interrogantes sobre la gestión del caso y la atención a las solicitudes de los implicados.

Antecedentes y contexto del caso

Achacollo no es nueva en este escenario. Anteriormente, enfrentó detenciones por supuestas irregularidades relacionadas con el Fondo Indígena. En esta ocasión, la Fiscalía investiga nuevos casos de corrupción en esta institución estatal, donde Achacollo figura como sindicada.

Implicaciones políticas y sociales

Junto a ella, la exdiputada Lidia Patty y Luis Arce también se encuentran bajo detención preventiva. Esto refleja la gravedad del caso y las implicaciones que tiene en el ámbito político y social del país. La situación genera preocupación entre los ciudadanos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

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En una audiencia de medidas cautelares realizada el miércoles, la justicia determinó 90 días de detención preventiva para Gabriela Delgadillo, exgerente de Productos Industrializados y Derivados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Aunque el Ministerio Público solicitó inicialmente una reclusión de 150 días, la autoridad jurisdiccional fijó el plazo en tres meses mientras avanzan las investigaciones por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.

Detalles del caso

El núcleo de la acusación, presentada por el fiscal Daniel Ortuño, sostiene que Delgadillo utilizó atribuciones que no le correspondían. Según las pesquisas, mientras ejercía como gerente de Comercialización de Combustible, la exejecutiva habría suscrito documentos oficiales bajo el rótulo de “Vicepresidenta de YPFB”, cargo para el cual no contaba con un nombramiento formal.

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Argumentos del fiscal

“De acuerdo a los elementos recolectados, venía usurpando funciones en el sentido de que firmaba como vicepresidenta sin contar con esa designación”, explicó el fiscal Ortuño durante la etapa preliminar.

Desarrollo de la audiencia

La sesión judicial inició cerca de las 15:30 horas tras la resolución de dos incidentes procesales presentados por la defensa. Los abogados de la exgerente alegaron que la aprehensión ejecutada durante el feriado de Carnaval fue irregular y solicitaron que quedara sin efecto. Sin embargo, el juez rechazó estos reclamos y procedió con la aplicación de las medidas cautelares al encontrar indicios suficientes de responsabilidad.

Trayectoria en YPFB

Delgadillo ha desempeñado diversos roles jerárquicos dentro de la estatal petrolera, incluyendo la Gerencia de Productos Industrializados. El caso salió a la luz tras auditorías internas que detectaron firmas irregulares en documentos de alta relevancia para la empresa.

Con este fallo, la imputada deberá permanecer en el centro de rehabilitación de Palmasola hasta que se cumpla el plazo establecido para la recolección de pruebas adicionales o se dicte una nueva disposición judicial.

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Gabriela Delgadillo enfrenta juicio por incumplimiento en YPFB

La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, enfrenta este miércoles una audiencia cautelar por los delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. La Fiscalía solicita 150 días de detención preventiva mientras se desarrolla la audiencia, inicialmente programada para las 11:00 horas, que sufrió varios retrasos, siendo finalmente fijada para las 15:00 horas.

Detalles del juicio cautelar

Delgadillo llegó a las oficinas judiciales poco antes de las 11:00 horas y, en un breve contacto con los medios, afirmó que posee la documentación necesaria para respaldar su designación dentro de la estatal petrolera. “Que supuestamente no tengo una designación y vengo a demostrar que tengo una designación formal, tengo absolutamente toda la documentación, me tildan de incumplimiento de deberes porque según la demanda no presenté unos informes”, declaró la exejecutiva.

Acusaciones adicionales

Además, Delgadillo enfrenta acusaciones por conducta antieconómica, argumentando que su falta de presentación de informes no justifica su sueldo. “Por usurpación de funciones por haber firmado con un sello que supuestamente no tengo designación, por eso me están juzgando”, sostuvo.

Declaraciones del fiscal del caso

El fiscal del caso, Daniel Ortuño, explicó que el Ministerio Público pedirá al juez cautelar 150 días de detención preventiva. “La persona imputada ha pasado por diferentes cargos desde su ingreso a YPFB; hay aspectos que se pondrán ante la autoridad jurisdiccional”, añadió Ortuño.

Acciones paralelas en YPFB

En un movimiento paralelo, personal de la Unidad Anticorrupción en la Fiscalía de Santa Cruz ingresó a las oficinas de YPFB para secuestrar documentación que confirme si Delgadillo firmaba como vicepresidente sin tener el cargo correspondiente.

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La Justicia determinó este viernes enviar a la cárcel al pastor evangélico Marco Antonio Núñez del Arco con detención preventiva por el lapso de 180 días. El religioso enfrenta acusaciones por el delito de estupro agravado.

La investigación ha tomado fuerza en las últimas horas tras la aparición de una tercera presunta víctima, quien formaba parte de su congregación religiosa. Esta persona tiene previsto declarar ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

La medida cautelar, que deberá cumplirse en el centro de rehabilitación de Palmasola en Santa Cruz, responde a la denuncia presentada por su prima hermana. Sin embargo, el panorama legal del pastor se complica, ya que la Fiscalía Departamental decidió revocar el rechazo de un primer caso denunciado por Vanessa H. y ordenó la reapertura de las investigaciones.

Detalles sobre las denuncias

Las investigaciones revelan que las víctimas coinciden en señalar que sufrieron violencia sexual, psicológica y espiritual desde que tenían entre 14 y 16 años. Núñez del Arco, quien les aventaja con más de 20 años de edad, presuntamente utilizaba su posición de autoridad religiosa y familiar para obligarlas a mantener las relaciones en secreto bajo manipulación y promesas de amor.

Reacciones institucionales

Ante la gravedad del caso, instituciones como la Casa de la Mujer y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) han tomado parte en el proceso. Juan Vargas, representante de la APDH, recordó que bajo la normativa vigente los delitos de estupro y violencia familiar no prescriben, independientemente de si los hechos ocurrieron hace 10 o 20 años.

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Defensa del pastor y apelaciones

El abogado defensor del pastor, Víctor Cartagena, criticó duramente la resolución judicial y presentó un recurso de apelación. La defensa argumenta que se está aplicando la Ley 348 de manera retroactiva por hechos que presuntamente ocurrieron en 1999, algo que, según su interpretación, estaría prohibido por la Constitución Política del Estado.

El caso ha generado una fuerte indignación en la capital cruceña, lo que motivó que las autoridades fiscales rectificaran decisiones previas de archivo. Actualmente, existen tres víctimas identificadas: la prima hermana del agresor y dos integrantes de su iglesia. Las organizaciones sociales instan a otras posibles víctimas a romper el silencio, subrayando que la condición religiosa no exime a ninguna persona de responder ante la ley.

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El menor se encuentra en un estado crítico y su pronóstico es reservado, después de haber sufrido lesiones cerebrales severas durante el encuentro deportivo. La situación del joven ha generado gran preocupación entre sus familiares y la comunidad.

Imputación del entrenador

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, ha informado que el entrenador ha sido imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa. Las investigaciones han revelado que el instructor, quien ya tiene antecedentes por situaciones similares, trasladó al joven desde su gimnasio habitual en la zona de Los Lotes hasta otro centro en la zona Norte de Santa Cruz para participar en la pelea que terminó en tragedia.

Estado de salud del menor

El estado de salud del adolescente es alarmante. Según el informe médico, existe un alto riesgo de que sufra parálisis total o parcial (hemiplejia) debido a los daños en su cabeza y a un edema que no ha disminuido. Los especialistas están esperando reducir la sedación en las próximas horas para evaluar los reflejos del menor y determinar el alcance de las posibles secuelas neurológicas permanentes.

Investigación en curso

Además de la reclusión del instructor, la Fiscalía ha confirmado que hay una orden de aprehensión contra una segunda persona implicada en el caso. Esta persona fue identificada gracias a las declaraciones de los familiares del menor y a la documentación del caso. Los padres de la víctima han denunciado que nunca fueron consultados sobre la pelea y que solo fueron informados cuando su hijo ya estaba internado.

Responsabilidad en el deporte

El Ministerio Público ha enfatizado que, aunque se trate de una actividad deportiva, existen límites que fueron sobrepasados en este caso. Esto justifica una investigación penal objetiva. Mientras tanto, la familia del menor enfrenta la angustia por la salud de su hijo y el acumulamiento de deudas médicas en la clínica donde el paciente ha permanecido internado desde el 31 de enero de 2023.

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Según el informe emitido por la Fiscalía, el hombre agredió a su esposa, lo que provocó que Fabiola cayera violentamente al suelo, golpeándose la cabeza en el proceso.

La víctima contaba con 27 años, mientras que el agresor, identificado como Rubén A.S.P., tiene 31 años.

Declaraciones del fiscal

El fiscal de delitos contra la vida, Favio Maldonado, indicó que el informe revela que el agresor golpeó a la víctima en la cabeza y también le propinó patadas.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, la causa del fallecimiento fue una lesión en los centros nerviosos superiores, lo que resultó en una hemorragia cerebral.

Acciones del agresor

El informe de la Fiscalía también señala que, tras ver a su esposa inconsciente, el hombre la llevó a una clínica en su minibús. Sin embargo, Fabiola llegó sin vida al centro médico.

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Este trágico incidente ocurrió el pasado martes en la avenida Melchor Pinto, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Reacción del conductor

El conductor de micro, de 52 años, expresó su arrepentimiento y pidió perdón a la familia de la víctima. Sin embargo, la decisión de la justicia fue su reclusión en una cárcel pública.

Antecedentes del chofer

Según los informes policiales, Hugo Fernando J. M. tiene antecedentes de un hecho similar ocurrido en 2024, donde una mujer de 53 años resultó herida tras ser atropellada por el micro que él conducía.

Audiencia de medidas cautelares

La audiencia para determinar las medidas cautelares se llevó a cabo en el juzgado decimoquinto de Instrucción Penal, ubicado en la zona Sur de la capital cruceña. Durante la audiencia, Hugo Fernando J. M. pidió disculpas a la familia de Sebastián Vespa, el joven fallecido.

En un momento emotivo, el padre de Sebastián clamó por justicia, recordando que su hijo soñaba con convertirse en abogado. El joven salió de su hogar para rendir un examen cuando ocurrió el accidente.

Cambio en la solicitud del Ministerio Público

El accidente del martes reveló el historial del conductor, lo que llevó al Ministerio Público a modificar su solicitud inicial ante el juez. Primero, se había pedido que se le otorgara al acusado una detención domiciliaria. Sin embargo, al conocerse que era reincidente, se solicitó su encarcelamiento.

Imputación por homicidio

Hugo Fernando J. M. fue imputado por el delito de homicidio en accidente de tránsito. En las afueras del juzgado, familiares, amigos y compañeros de la carrera de Derecho se reunieron para exigir justicia para Sebastián Vespa, portando pancartas y gritando consignas.

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El fiscal Julio César Porras ha informado que el inmueble donde se encontró la sustancia controlada está registrado a nombre del juez. Este hecho se considera uno de los principales indicios en su contra dentro del proceso judicial.

“Él figura como propietario, eso ya está plenamente demostrado. Era el elemento que estábamos esperando. Contamos con información de que es dueño de la empresa donde se halló la droga, y ese es uno de los indicios relevantes”, afirmó Porras en declaraciones a Unitel.

Aprehensión del juez

Además, el fiscal explicó que una comisión de fiscales tomó la decisión de aprehender a Zeballos tras analizar los elementos recolectados durante la investigación. Inicialmente, el juez fue convocado a declarar en calidad de testigo, pero optó por acogerse a su derecho al silencio.

Sin embargo, ante la documentación y los indicios existentes, el Ministerio Público decidió ampliar la investigación y proceder a su aprehensión, aplicando el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

Solicitud de detención preventiva

Porras reiteró que la Fiscalía solicitará “con certeza” la detención preventiva del juez. Esta solicitud será formalizada con la presentación de la imputación prevista para el sábado 24 de enero de 2026.

El juez Zeballos está siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Próximas declaraciones

Finalmente, el fiscal adelantó que alrededor de 15 personas serán citadas a declarar el lunes 26 de enero de 2026 en el marco de este proceso investigativo.

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El primer caso se refiere a presuntas irregularidades relacionadas con el desayuno escolar. La audiencia correspondiente estaba programada para el miércoles, pero fue suspendida debido a la inasistencia del abogado del exalcalde, según indicaron fiscales.

El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, explicó que la audiencia se ha reprogramado y se llevará a cabo en dos semanas. En este caso, la Fiscalía ha solicitado la detención preventiva del imputado.

Sobreprecio en buses PumaKatari

El segundo caso involucra un presunto sobreprecio en la compra de buses PumaKatari. La audiencia estaba prevista para el jueves, pero también se postergó porque Revilla se presentó sin su abogado. Esta audiencia se reprogramó para el 10 de febrero de 2026.

En este proceso, la Fiscalía ha solicitado la detención preventiva por un plazo de 6 meses en el penal de San Pedro. El fiscal Johann Muñoz indicó que hay un total de 16 personas implicadas en el caso PumaKatari, que se investiga por presuntas irregularidades, incluyendo el sobreprecio en los buses.

Muñoz comentó que se ha detectado que el precio que tendrían los buses en China sería de 60,000 dólares, mientras que en el país se ha reportado que cada uno costaría más de 100,000 dólares.

Defensa de Luis Revilla

En relación a este segundo caso, Luis Revilla niega cualquier irregularidad en la adquisición de los buses. Para respaldar su afirmación, ha difundido un informe de la Contraloría.

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Según el Ministerio Público, la investigación se enfoca en la adquisición de un penthouse y dos vehículos de alta gama en la ciudad de La Paz. También se están analizando otros siete bienes inmuebles que se encuentran ubicados en el departamento de Santa Cruz.

Solicitud de detención preventiva

El fiscal Anticorrupción, Miguel Cardozo, ha indicado que se ha solicitado la detención preventiva del imputado por un periodo de 6 meses en el penal de San Pedro. Esta solicitud se basa en los indicios que se han reunido durante la etapa preliminar de la investigación.

“El Ministerio Público está pidiendo la detención preventiva en base a todos los elementos, por el lapso de 6 meses, en el penal de San Pedro”, afirmó Cardozo, según lo citado por Unitel.

Próximos pasos legales

Tras la formalización de la imputación, corresponde a un juez cautelar establecer la fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares. En esta instancia se definirá la situación jurídica de Arce.

Elementos de la acusación

La Fiscalía ha considerado varios elementos en su acusación. Entre ellos se encuentran las adquisiciones de bienes inmuebles y las transacciones bancarias que se realizaron desde la cuenta del imputado hacia empresas constructoras que comercializaron dichas propiedades.

Además, Cardozo ha anunciado que se procederá a la anotación preventiva de los bienes que están siendo investigados.

Continuación de las pesquisas

El fiscal también ha indicado que las investigaciones continuarán en el departamento de Santa Cruz. Allí se verificará la situación de los inmuebles que están registrados a nombre del imputado.

Por último, se ha confirmado que Rafael Arce cuenta con una alerta migratoria vigente.

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El fiscal del caso, Omar Yujra, informó que se han reunido más de 40 elementos de convicción que respaldan la imputación formal presentada contra el exjefe de la estatal petrolera. Según explicó, estos elementos han permitido avanzar en el proceso penal y fundamentar la solicitud de medidas cautelares de carácter personal.

Acciones para localizar a Dorgathen

Yujra señaló que, además de la imputación, se han activado distintos mecanismos de búsqueda para dar con el paradero de Dorgathen, luego de que se conociera que salió del país.

El fiscal indicó que se solicitó a Interpol la emisión del sello rojo para facilitar su captura, ante versiones que circulan en redes sociales que lo ubican en una localidad de Brasil.

Trámite ante Interpol

El representante del Ministerio Público precisó que el trámite ante Interpol continúa en curso y que se requiere la cooperación internacional para localizar al imputado. Asimismo, confirmó que en la audiencia se pedirá la detención preventiva, aunque no se detalló el tiempo que se solicitará para esta medida.

Investigación en curso

Dorgathen es investigado por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de YPFB, relacionadas con la importación de combustibles a través de la empresa Botrading. Este caso sigue en etapa investigativa bajo la dirección del Ministerio Público.

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Montaño está bajo investigación por un posible daño económico que se aproxima a 3 millones de dólares. Esta cifra deberá ser confirmada mediante una auditoría forense. El exministro ha sido formalmente imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Modificaciones en contratos

El fiscal Omar Yujra explicó que el caso se remonta al año 2015, cuando el contrato inicial experimentó múltiples modificaciones y ampliaciones. En relación con Montaño, la investigación se centra en los contratos modificatorios que fueron firmados durante las gestiones de 2020, 2021 y 2025, periodo en el que Montaño ocupaba el cargo de ministro de Obras Públicas.

Implicaciones de otras autoridades

Sobre la posible implicación de otras autoridades, Yujra mencionó que hay varias personas bajo investigación, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). “Estamos hablando de autoridades que tenían cargos de máxima responsabilidad dentro del Ministerio de Obras Públicas y de la ABC. Son más de 8 personas las que están siendo investigadas”, afirmó el fiscal.

Defensa del exministro

Por su parte, la defensa del exministro ha anunciado que solicitará su traslado a la ciudad de Santa Cruz. Argumentan que en esa ciudad se encuentra su domicilio, su familia y sus actividades laborales, por lo que consideran que debería cumplir la detención preventiva en ese distrito.

Investigaciones en contratos de infraestructura

Este proceso es parte de una serie de investigaciones que ha impulsado el Ministerio Público por presuntas irregularidades en contratos de infraestructura que se llevaron a cabo en gestiones anteriores.

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Durante la audiencia de medidas cautelares, el juez de turno determinó que el acusado deberá cumplir su prisión preventiva en el penal de San Pedro. Esta decisión se tomó tras evaluar los indicios presentados por el Ministerio Público.

Proceso penal abierto

La Fiscalía ha iniciado un proceso penal por el delito de violación a infante, niña, niño y adolescente, con la agravante correspondiente. Este caso ha generado gran preocupación en la comunidad debido a la vulnerabilidad de la víctima.

Según las investigaciones, los familiares de la joven, al enterarse de los mensajes de audio que el acusado le enviaba, decidieron presentar una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Detalles del caso

Patricia Landaeta, la fiscal encargada de la investigación, ha explicado que el sindicado intentaba enamorar a la víctima. De hecho, la citó en un mercado de la ciudad de Oruro, donde posteriormente la llevó a un alojamiento y la agredió sexualmente.

La fiscal destacó que la víctima tiene una discapacidad intelectual grave, lo que le impide diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esto ha llevado a que normalice la situación, ya que continuaba recibiendo los mensajes de audio, a pesar de no poder escribir ni leer mensajes.

Denuncia y captura

El cuñado de la víctima fue quien denunció el hecho el domingo 4 de enero. Horas después, los agentes del Departamento de Inteligencia Criminal (DIC) de la Felcv lograron aprehender al sospechoso en las calles Brasil y Bolívar.

Durante un desfile identificativo, la víctima pudo reconocer al acusado, quien no tiene antecedentes penales previos. Este caso resalta la necesidad de que los familiares mantengan un contacto constante con los menores de edad para prevenir situaciones de este tipo.

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El coronel José Alarcón, de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), informó que el incidente ocurrió el pasado sábado 3 de enero de 2026 en el macrodistrito San Antonio. Según las primeras indagaciones, el acusado es un hombre en situación de calle, conocido en la zona por su estilo de vida irregular.

Investigación en curso

Las autoridades llevaron a cabo una inspección en el lugar donde sucedió el hecho y confirmaron que no se hallaron evidencias de que otros animales hayan sido afectados de la misma manera. “Se está investigando minuciosamente para esclarecer todos los detalles del caso y evitar que se repitan situaciones similares”, afirmó el jefe policial.

Decisión judicial

El juez encargado del proceso ha determinado que el acusado permanezca cinco meses en detención preventiva mientras se continúa con la investigación y se recaban más pruebas. Las autoridades han reiterado su compromiso con la protección de los animales y han anunciado que seguirán realizando controles para prevenir este tipo de delitos en la ciudad.

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Detalles de la investigación

Según la investigación realizada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el imputado enfrenta cargos por el delito de asesinato en grado de complicidad.

Los documentos del caso indican que, aunque el acusado no participó directamente en la agresión que resultó en la muerte de la víctima, sí colaboró posteriormente al ocultar evidencias relacionadas con el crimen. Esto incluye prendas de vestir que pertenecerían a los autores del asesinato, con la intención de encubrir lo sucedido.

Reacciones del acusado

Durante su traslado tras la audiencia cautelar, el acusado negó de manera contundente las acusaciones en su contra. Ante los medios de comunicación locales, afirmó que se trata de una confusión y que no conoce a la víctima ni a las personas implicadas en el caso. Además, señaló que está siendo confundido con otra persona.

“¡No soy yo! Es un error (…) No conozco a la víctima, no conozco a nadie”, gritó el sujeto, según lo reportado por Red Uno, mientras era escoltado por agentes policiales.

Decisión judicial

A pesar de las declaraciones del acusado, la autoridad judicial evaluó los elementos presentados por la Fiscalía y decidió que debe permanecer en reclusión preventiva. Esta medida se toma mientras continúan las investigaciones, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal correspondiente.

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Detalles del incidente

El hecho ocurrió el 1 de enero de 2026 en la localidad de Entre Ríos. Según la información proporcionada por el fiscal departamental de Cochabamba, Oswaldo Tejerina, la pareja estaba consumiendo bebidas alcohólicas cuando el acusado intentó salir hacia la ciudad de Cochabamba en un automóvil.

La mujer se opuso a que él condujera debido a su estado de ebriedad, lo que provocó una situación violenta dentro del hogar. En un primer momento, el hombre intentó agredirla con un cuchillo, dirigiéndolo hacia su cuello, aunque la tensión se calmó temporalmente.

El ataque y la intervención familiar

Minutos después, mientras la mujer de 27 años se encontraba en la cocina lavando platos, el agresor la atacó nuevamente por la espalda. En esta ocasión, la apuñaló en dos ocasiones a la altura de los riñones.

Ante los gritos de auxilio de la víctima, familiares acudieron rápidamente en su ayuda. Lograron evitar que el acusado se diera a la fuga y posteriormente lo entregaron a efectivos de la policía.

Estado de la víctima

La mujer fue trasladada a un centro de salud, donde permanece internada con un pronóstico reservado, aunque se encuentra en proceso de recuperación.

Decisión judicial

Después de la audiencia cautelar, la autoridad judicial determinó que el imputado deberá permanecer en detención preventiva durante un periodo de 5 meses, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes del caso.

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El fiscal del caso, Johan Muñoz, comunicó que durante la audiencia para revocar las medidas cautelares, el juez optó por enviar a Flores a detención preventiva. Esto ocurre mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones y se define la situación legal de otros coimputados en el caso.

Delitos imputados

Según la información proporcionada por la autoridad, el juez ha considerado que hay suficientes indicios que apuntan a la presunta responsabilidad de Flores en delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. Estos delitos están relacionados con la construcción de una planta industrializadora de papa en la ciudad de El Alto.

Además, el Ministerio Público ha logrado demostrar que existen riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y la obstaculización de la investigación, lo que llevó a la decisión de imponer esta medida extrema de detención.

Antecedentes del caso

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, ha informado que Franklin Flores enfrenta al menos 7 procesos en curso por presuntos actos de corrupción. En estos procesos también estarían implicadas personas de su entorno familiar y laboral.

Uno de los casos más destacados está relacionado con la construcción de la planta procesadora de papa en El Alto. Esta obra requirió una inversión que supera los 162 millones de bolivianos, dentro del marco del caso Emapa.

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Después de haber estado prófugo de la justicia, las autoridades ahora exigen que el Órgano Judicial determine su detención preventiva inmediata en un centro penitenciario. Argumentan que el Estado no será cómplice de quienes intentan eludir la ley.

Detalles sobre Franklin Flores

Franklin Flores, quien fue una figura clave durante la gestión de Luis Arce, se encontraba en calidad de prófugo tras haber incumplido la detención domiciliaria que se le impuso a finales de noviembre de 2025.

El exfuncionario está siendo investigado por irregularidades en la construcción de la Planta de Transformación y Almacenamiento de Papa de 2022, así como por presuntos manejos ilícitos relacionados con la subvención de harina.

Acciones del Ministerio Público

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, ha adelantado que el Ministerio Público solicitará una detención preventiva de 4 meses mientras se llevan a cabo investigaciones más profundas. Por otro lado, la defensa de Flores, liderada por el abogado Marcelo Zurita, ha argumentado que su cliente decidió presentarse voluntariamente ante la Fiscalía para demostrar su inocencia frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.

Comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua se emitió un comunicado claro y contundente. En él se señala que los recursos destinados a garantizar la alimentación de las familias bolivianas son “sagrados”. La nota de prensa enfatiza que Flores debe rendir cuentas ante la sociedad por el presunto daño económico al Estado y el uso indebido de influencias durante su administración en Emapa.

Posición del viceministro de Comercio

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, ha aclarado que, aunque el Gobierno respeta la independencia del Órgano Judicial, el Ministerio se ha constituido como parte denunciante en el proceso. “No solamente seremos espectadores, sino también coadyuvaremos con la información que sea necesaria para que se esclarezcan todos estos aparentes actos e irregularidades”, sostuvo la autoridad.