Los fenómenos meteorológicos extremos han impactado, directa o indirectamente, la vida de todas las personas en diversas partes del mundo. Inundaciones, sequías prolongadas, incendios forestales y el aumento del nivel del mar obligan a miles de personas a abandonar sus hogares, a menudo sin posibilidad de regresar, es decir, de forma permanente. Estos eventos agravan las desigualdades sociales, los conflictos y la vulnerabilidad, configurando un escenario de policrisis.

En países con escasa capacidad de respuesta e infraestructura limitada, los impactos ambientales se vuelven aún más severos. Las comunidades vulnerables enfrentan riesgos adicionales ante la intensificación de los eventos climáticos. En este contexto, la movilidad humana deja de ser una opción y se convierte en una necesidad urgente para la supervivencia. Sin embargo, también existen situaciones de inmovilidad: personas que, incluso ante riesgos inminentes, no pueden desplazarse por falta de recursos, apoyo o alternativas seguras. La crisis climática no sólo desplaza, sino que también aprisiona.

Los expertos advierten que la mayoría de los refugiados y desplazados internos viven en regiones altamente expuestas al cambio climático. Sin políticas públicas eficaces y cooperación internacional, estas poblaciones se enfrentan a obstáculos para reconstruir sus vidas y son vulnerables a nuevos ciclos de desplazamiento.

La movilidad humana en el siglo XXI está condicionada por factores ambientales que exigen respuestas urgentes, integrales y basadas en los derechos humanos. Reconocer esta realidad es el primer paso para garantizar la protección y la dignidad de las poblaciones afectadas. En las últimas décadas, el desplazamiento ambiental destaca entre los desplazamientos forzados a nivel mundial, con 264,8 millones de movimientos forzados de personas en 210 países y territorios entre 2015 y 2024 (IDMC, 2025).

Si bien los factores ambientales y climáticos que provocan el desplazamiento siguen aumentando —como se observa en las recientes inundaciones en Rio Grande do Sul en Brasil o las intensas sequías en la Amazonía—, la mayoría de las personas que ya se encuentran desplazadas por la fuerza debido a la persecución, los conflictos y la violencia viven en países altamente vulnerables con dificultades estructurales para adaptarse al cambio climático. El cambio climático se relaciona con los flujos migratorios de dos maneras: generando nuevas personas desplazadas por causas ambientales y afectando gravemente a quienes ya son refugiados por otros motivos.

Además, las poblaciones afectadas que ya viven en lugares con acceso limitado a servicios básicos o infraestructura están altamente expuestas y son vulnerables a los riesgos climáticos. Las inundaciones, las sequías, las tormentas y las olas de calor las exponen a un riesgo constante de desplazamiento o, en el extremo opuesto, a la inmovilidad forzada, cuando no pueden trasladarse a un lugar seguro. La crisis climática perturba los medios de subsistencia y dificulta que las personas desplazadas recuperen su autonomía, obstaculizando el acceso a los derechos fundamentales y las garantías para su supervivencia.

Con base en los datos anteriores, y con el objetivo de garantizar la protección y visibilizar a todas las personas afectadas por desastres ambientales y los efectos adversos del cambio climático, un grupo de mujeres —investigadoras y extensionistas que estudian, trabajan y operan en los territorios afectados— buscó contribuir en el marco de la COP-30 mediante la redacción y presentación de la Declaración de la Academia sobre la Protección Integral de las Personas Desplazadas por el Medio Ambiente y Refugiadas, Otras Migrantes o Personas Necesitadas de Protección Internacional Afectadas por Problemas Ambientales y Climáticos: la Declaración de la Academia en el marco de la COP-30

La Declaración es el resultado de un proceso colectivo y colaborativo. Inspirada en la experiencia de la Declaración de la Academia en el marco de Cartagena +40, fue elaborada por un Grupo de Trabajo (GT) integrado por profesoras, investigadoras y personal de investigación de UniSantos, RESAMA y la Cátedra Sérgio Vieira de Mello. El texto fue sometido a consulta pública y recibió aportaciones de expertas de más de 15 países, entre ellos Brasil, Colombia, India, Australia y Senegal.

El objetivo era ambicioso: elaborar de forma colaborativa una declaración que situara la protección de las personas desplazadas por causas climáticas y ambientales en el centro de los debates internacionales de la COP-30, que se celebrará en Belém do Pará en noviembre de 2025.

La Declaración se basa en el principio de que la academia no debe limitarse a observar las crisis, sino contribuir activamente a su transformación. Al unir teoría y práctica, reivindica el papel del conocimiento científico como herramienta para la justicia y la solidaridad. Esta visión cobra fuerza en un momento en que la movilidad humana por causas climáticas desafía los límites del derecho internacional. Si bien la legislación nacional es insuficiente, las respuestas globales aún avanzan lentamente. En este contexto, el documento se presenta como una propuesta concreta para subsanar las deficiencias en materia de protección, inspirar nuevas políticas públicas y complementar las existentes.

Esta diversidad de voces refleja el espíritu de la iniciativa: pensar globalmente, actuar regionalmente y escuchar localmente. Cada contribución se incorporó de forma crítica, dando como resultado un documento que plasma las experiencias reales de las personas y comunidades afectadas por el cambio climático.

¿Qué propone la Declaración?

La Declaración de la Academia, en el marco de la COP-30, contiene un preámbulo y 30 recomendaciones centrales. Pero más que recomendaciones, el texto es un llamado a la acción conjunta entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil para orientar y fortalecer la lucha por la justicia climática y la visibilidad de todas las personas afectadas y obligadas a reubicarse debido a desastres ambientales o los efectos adversos del cambio climático.

La Declaración de la Academia, aún abierta a nuevas adhesiones, se presenta como un manifiesto de esperanza y responsabilidad, que nos recuerda que los impactos del cambio climático son tanto sociales como ambientales. Con este documento, la Academia Brasileña y Latinoamericana envían un mensaje claro: es hora de actuar de forma coordinada, solidaria y comprometida para garantizar la dignidad de todas las personas, territorios y comunidades.

/Patrícia Grazziotin Noschang es profesora e investigadora en la Universidad de Passo Fundo (UPF), donde coordina el Proyecto de Extensión del Servicio de Asistencia a Migrantes y Refugiados y la Cátedra Sérgio Vieira de Mello.
Érika Pires Ramos es abogada e investigadora brasileña especializada en derecho público. Es doctora en Derecho Internacional por la Universidad de São Paulo (USP) y cofundadora de RESAMA, la Red Sudamericana para la Migración Ambiental.

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Cada año que llega este día encontramos menos motivos para celebrar. El Día Mundial del Refugiado se ha convertido en un eufemismo: no porque haya menos personas forzadas a huir, sino porque cada vez hay menos personas reconocidas como refugiadas.

Mientras que los factores que impulsan el desplazamiento forzado aumentan —conflictos, violencia generalizada, inestabilidad social y económica y los impactos del cambio climático— los instrumentos jurídicos creados para proteger a estas personas están siendo cuestionados, debilitados o, simplemente, ignorados. A finales de 2024, el número de personas desplazadas por la fuerza alcanzó los 123,2 millones, un aumento del 6% respecto a 2023. Sin embargo, solo 42,7 millones fueron reconocidas como refugiadas.

En América Latina y el Caribe se ha observado en el último año un incremento en las solicitudes de asilo de países como Colombia y Venezuela, pero también de Haití, México y Honduras y un aumento de las personas desplazadas internamente en Ecuador y Haití.
Peor aún, erosionar estos marcos normativos parece dar rédito electoral. La idea de un Estado-nación fuerte reaparece con fuerza como respuesta desesperada —y profundamente ineficaz— ante fenómenos que son transnacionales por naturaleza. Quienes trabajamos en el ámbito del desplazamiento y refugio sabemos que las soluciones no son unilaterales. Exigen acuerdos y multilaterales como el Pacto Mundial sobre los Refugiados, el Proceso de Quito y el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones Duraderas.

Afortunadamente, en América Latina y el Caribe contamos con un instrumento pionero: la Declaración de Cartagena, que hace 40 años amplió la definición del concepto de “refugiado” para incluir a personas afectadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que perturban gravemente el orden público. Esto permitió a los Estados proteger a un número más grande de personas desplazadas en la región. Aunque no es legalmente vinculante, está en vigor en 14 países. En diciembre del año pasado Chile adoptó el Plan de Acción 2024-2034, incorporando temas clave como el desplazamiento por desastres y los impactos del cambio climático. Próximamente se pondrá en marcha un mecanismo de seguimiento gracias al trabajo conjunto de sociedad civil.

Este 20 de junio el lema del Día Mundial del Refugiado es “solidaridad con las personas refugiadas”. Pero, seamos claros: la solidaridad no basta. El sistema humanitario atraviesa una crisis sin precedentes, con recortes de personal y recursos que ponen en riesgo la respuesta a necesidades urgentes. efectos devastadores en la atención de las necesidades más urgentes. La solidaridad con las personas refugiadas es necesaria, pero no suficiente. El universalismo que sustentó el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados está tambaleándose.

Los cambios recientes en la política migratoria de Estados Unidos -la suspensión de CBP One, el aumento de las deportaciones y restricciones al asilo- han llevado a muchas personas a emprender la ruta Norte-Sur dentro del continente. Las dinámicas migratorias y los perfiles de quienes se desplazan han cambiado, pero hay una constante cruel: la ausencia de mecanismos efectivos de protección.

La protección de las personas refugiadas no puede limitarse a respuestas reactivas. Debe ser entendida como un proceso transversal: empieza en las fronteras, se sostiene en las comunidades y se garantiza con voluntad colectiva y responsabilidad compartida. Nadie elije convertirse en una persona refugiada, pero sí está en nuestras manos que la solidaridad sea el punto de partida, no el premio de consuelo. Si queremos proteger los derechos de las personas desplazadas hoy debemos comprometernos política, jurídica y financieramente a garantizar su dignidad y su futuro.

Gerardo Carballo Barral es Trabajador Social. Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Especialista en desplazamiento y refugio, con más de una década de experiencia profesional en diferentes ONG´s, agencias del Sistema de Naciones Unidas y redes de la sociedad civil en América Latina y el Caribe.

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Las fuerzas israelíes abrieron, en la mañana de este lunes, los pasos del corredor que atraviesa la franja de este a oeste. Esto permitió que miles de personas, que habían estado esperando horas e incluso días, pudieran cruzar hacia sus ciudades tras más de 15 meses de desplazamiento forzado.

Según lo que atestiguó EFE, las familias comenzaron a cruzar por la calle Rachid, que va de norte a sur por el oeste de la franja, junto a la costa, desde las primeras horas de la mañana. En ese momento, no era evidente la presencia de tropas israelíes en la zona.

Regreso lleno de emociones

Las personas que cruzaban lo hacían con sonrisas, cantando y tocando instrumentos musicales. Muchos llevaban mochilas y maletas, mientras que otros arrastraban sus pertenencias con cuerdas atadas a sus cuerpos.

En su camino, se encontraban con el mar Mediterráneo a la izquierda y un campo arrasado a la derecha. Este último estaba lleno de montones de escombros, donde antes había calles y edificios, lo que hacía que la zona fuera difícilmente reconocible, incluso para aquellos que habían nacido allí.

Testimonios de esperanza

“Gaza es nuestro hogar, ha sido nuestra casa toda nuestra vida, donde nacimos, y seguirá siendo nuestra”, dijo a EFE Fares Oweida, un joven de Beit Lahia, en el extremo norte de la franja. Su casa está destruida, pero se siente agradecido de poder regresar a ella. Esta situación le provoca una felicidad que no puede describir.

Una señora mayor también camina por la calle Rachid, que ahora se ha convertido en una avenida de lodo, junto a su hija. Hace 6 años, le realizaron una operación a corazón abierto. “El médico me dijo que no debía caminar o subir escaleras, pero llevo caminando 2 horas y no estoy cansada; siento como si alguien me llevara a cada paso, cada vez más cerca de mi casa”, relató.

Fuente: EFE.

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Detalles de los bombardeos

El Centro de Operaciones de Emergencia del mencionado ministerio emitió un comunicado en el que se detalla que el balance inicial de víctimas asciende a 11 fallecidos y casi 50 heridos, producto de ambos ataques que se dirigieron a los barrios de Ras al Nabaa y Nuweiri.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), los bombardeos apuntaron a las cercanías del edificio Al Ameliya, ubicado en el barrio de Ras al Nabaa, así como a un inmueble cercano al complejo de Jatam al Anbiaa, en Nuweiri, que se encuentra en una parte más meridional de la capital libanesa. Equipos de ambulancias se trasladaron rápidamente a la zona afectada.

Campaña aérea israelí

Este ataque representa el tercero contra la ciudad desde que Israel inició una intensa campaña aérea hace más de 2 semanas. Esta ofensiva ha estado enfocada principalmente en el Sur y el Este del Líbano, además de los suburbios Sur de la capital, conocidos como el Dahye.

Las otras áreas de Beirut que han sido atacadas en las últimas semanas incluyen Cola y Bachura. En las zonas adyacentes al Dahye, los bombardeos se han llevado a cabo diariamente durante las últimas 2 semanas, lo que ha forzado a muchos residentes a buscar refugio en áreas más seguras, convirtiendo al populoso suburbio en un lugar desolado.

Desplazamiento forzado de personas

La ofensiva israelí ha provocado que más de 1,2 millones de personas se vean obligadas a abandonar sus hogares en diversas partes del país, según cifras proporcionadas por las autoridades del Líbano.

Este contexto de violencia y desplazamiento resalta la grave situación humanitaria que enfrenta el país, donde la población se encuentra en un estado de incertidumbre y temor ante la escalada del conflicto.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y brindando asistencia a los afectados por los ataques, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos en la región.

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Comunidades en peligro

Las comunidades indígenas que habitan en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, ubicados en el oriente y la Amazonía del país, están viviendo momentos críticos. Estas comunidades se encuentran bajo constante amenaza y presión por el fuego, según lo indicado por Vargas.

Entre los pueblos más afectados se encuentran el ayoreo, en Santa Cruz; Tsimane y Sirionó, en Beni; y el Ese Eja, en el departamento de Pando.

Territorios indígenas en riesgo

Vargas destacó que en los últimos 5 años, el fuego ha impactado directamente a 45 de los 58 territorios indígenas reconocidos por el Estado boliviano. De estos, 7 han sufrido una afectación significativa.

El director del Cejis también mencionó que desde 2019, cuando se quemaron más de 5,3 millones de hectáreas de bosques y pastizales, no se había presenciado una emergencia de tal magnitud como la que se está viviendo actualmente.

Incendios devastadores este año

Este año, la magnitud de los incendios ha sido alarmante. El Gobierno estima que han consumido 3,8 millones de hectáreas, lo que ha generado una situación crítica en las tierras afectadas. Esto ha llevado a un aumento de la contaminación del aire y ha dañado las fuentes de agua naturales debido a la ceniza, haciéndolas no aptas para el consumo humano.

Como resultado, muchas comunidades indígenas se han visto obligadas a abandonar sus tierras y trasladarse a ciudades intermedias, donde terminan quedándose. Esto provoca que “vayan perdiendo la posibilidad de reproducir sus sistemas de autoridades y sistemas productivos”, según Vargas.

Desplazamiento y pérdida cultural

Vargas también afirmó que los pueblos que se encuentran en una condición de minoría demográfica son los que están destinados a desaparecer. Una vez que son desplazados, es poco probable que regresen a sus tierras y mantengan su cultura.

Incendios en Suramérica

En Suramérica, se han acumulado más de 350.000 incendios forestales entre el 1 de enero y la segunda semana de septiembre de este año, lo que representa el mayor número para este período en los últimos 15 años, según datos del Instituto Brasileño de Investigación Espacial (INPE).

Ante esta crisis, Bolivia se declaró en “emergencia nacional” para recibir ayuda internacional y ordenó una “pausa ambiental indefinida” a las quemas autorizadas. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica.

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Según Naciones Unidas, a finales de 2020 había aproximadamente 281 millones de migrantes en el mundo, lo que equivale al 3,6% de la población global. El 26% de la población migrante mundial vivía en las Américas, lo que significa que los migrantes constituían el 7% de la población total de la región ese año. Al mismo tiempo, 117 millones de personas habían sido desplazadas por la fuerza en todo el mundo, lo que representa un aumento del 950% en los últimos 10 años. De estas personas, 9,2 millones fueron desplazadas en las Américas, es decir, el 28% de la población desplazada global se encuentra en América Latina y el Caribe.

¿Qué nos dicen estos datos?

Que somos la región que más migra. No sólo los datos lo confirman sino también la prioridad que se le está dando a este tema a nivel regional. En efecto, la migración y el desplazamiento forzado fueron los principales puntos discutidos en el marco de la III Reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2024 en la Ciudad de Guatemala con la participación de 20 de los 22 países que aprobó el documento en 2022 al margen de la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles.

Considerando la prioridad de esta agenda a nivel regional, es válido resaltar tres temas claves que surgieron de la discusión en Guatemala. Además de discutir el carácter verdaderamente hemisférico del fenómeno migratorio que está impactando a prácticamente todos los países de la región como países de origen, tránsito, destino e incluso retorno, y revisar los datos, desafíos y oportunidades, los países participantes en el encuentro también discutieron (a) los desafíos de financiar la recepción e integración de personas en situaciones de movilidad humana, (b) la necesidad urgente de garantizar una membresía más inclusiva en el proceso de seguimiento de la Declaración, y (c) la necesidad de vincular las cuestiones del cambio climático y migración. Un elemento adicional a destacar fue la “desvenezolización” de la discusión del tema, y ​​la mención de foros como los que ofrece la Declaración de Palenque como alternativas para discutir temas migratorios a nivel regional.

En cuanto a la cuestión del costo de la migración para los países de tránsito y de acogida, una cuestión que surgió con mucha fuerza fue la necesidad de una mayor financiación tanto de las instituciones financieras como del sector privado. En esencia, los países de origen deben resolver las causas estructurales de la migración y los países receptores deben invertir en la integración de migrantes y refugiados, pero esto tiene un costo financiero difícil de soportar para los países de América Latina y el Caribe que continúan enfrentando dificultades económicas, especialmente post-COVID, y con cada vez menos acceso a fondos internacionales que se están invirtiendo en otras crisis en el mundo.

A modo de ejemplo, en 2023, en el marco del Foro Mundial sobre los Refugiados, se hicieron más de 1.600 anuncios de cooperación financiera y técnica destinados a la atención de los refugiados y sus comunidades de acogida, incluidos 250 millones de dólares prometidos por el sector privado. Estas contribuciones del sector privado se centraron principalmente en apoyar iniciativas para la educación, la protección de las personas en movilidad humana, el empleo y los medios de vida de los refugiados.

Sin embargo, al observar la asignación de estos fondos por región, las Américas no fueron priorizadas como región por los donantes internacionales a pesar de que albergamos las mayores dinámicas de migración y desplazamiento forzado en la historia reciente de la región, incluida la situación en Centroamérica y México, donde más de 1,8 millones de personas han sido desplazadas y, desde octubre de 2022, el mayor éxodo del mundo, el de venezolanos.

Migración infantil

Un aspecto importante de por qué es estratégico invertir más en la gestión de la migración y el desplazamiento forzado tiene que ver con la migración infantil. Los niños y adolescentes representan menos del 15% de la población migrante a nivel global, sin embargo, en América Latina y el Caribe representan el 25% de las personas en situación de movilidad humana. Y por cierto, las niñas y adolescentes representan alrededor del 20% del flujo migratorio femenino en la región. De hecho, en 2022, 3,7 millones de niños, niñas y adolescentes de la región se encontraban en procesos de migración y desplazamiento, lo que representa un aumento del 47% respecto a 2021.

En segundo lugar, y con base en el espíritu interamericano de cooperación e inclusión, se enfatizó la importancia de garantizar una membresía más inclusiva en el proceso, incluyendo la participación de otros actores clave que contribuyan y participen activamente en el ecosistema de respuesta a la migración y desplazamientos forzados. Para 2024, sólo 22 de los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) participan en el proceso de seguimiento de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección con una notable ausencia, por ejemplo, de los países anglocaribeños. También se hizo evidente la necesidad de incluir a la sociedad civil y la academia, y aunque su participación no fue parte del foro como tal, sus aportes y propuestas fueron recibidos con la expectativa de poder generar procesos institucionalizados para su participación en el futuro.

Un tercer tema importante tratado fue la conexión entre la migración y el cambio climático de dos maneras. Por un lado, se hizo evidente que el cambio climático, combinado con otros factores, puede ser un factor que impulse la migración. Un ejemplo clave y cercano a la realidad guatemalteca es la realidad que se presenta en el Corredor Seco de Centroamérica, y el impacto que las sequías pueden tener en la seguridad alimentaria de estas poblaciones. De hecho, datos de Naciones Unidas estiman que 17 millones de personas serán desplazadas por el cambio climático y la degradación ambiental en los próximos años, y es una realidad que afecta también a América Latina y el Caribe, especialmente.

Por otro lado, y desde la perspectiva de lo que sucede actualmente en el Darién, también se discutió el impacto ambiental del paso de personas por esta ruta migratoria. Para ilustrar esto último, datos de la autoridad migratoria fronteriza de Panamá documentan que, en 2023, al menos 520.085 personas cruzaron el Darién, lo que representó un aumento del 109% respecto a lo registrado en 2022, que fue de alrededor de 248.000 personas, y 133.000 en 2021. Entre enero y abril de este año (2024), 139.000 personas ya cruzaron de Colombia a Panamá por el Darién, siendo el 20% del total menores de edad.

Al mismo tiempo, también se están produciendo importantes daños ambientales, como la pérdida de bosques primarios, pérdida de suelo por erosión, contaminación de ríos y playas por basura en el Parque Nacional, entre otros, por el paso constante de personas. Sin duda, este es un tema poco abordado y que debería incluirse cada vez más entre las prioridades de la discusión regional.

La migración venezolana

Finalmente, más de 7,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos han abandonado su país de origen desde 2018, de los cuales unos 6,5 millones (84%) están siendo recibidos en países de América Latina y el Caribe. Por otro lado, de las 139.000 personas que han cruzado el Darién entre enero y abril de 2024, el 63% eran venezolanos. Sin embargo, el éxodo venezolano no estuvo en el centro de la discusión como en reuniones anteriores, ni tampoco los desafíos que representa esta migración dado el volumen y velocidad de los movimientos del pueblo venezolano y dadas las precarias condiciones de su tránsito migratorio.

Al mismo tiempo, también entró en el radar de la discusión la posibilidad de abordar estos temas en el marco de otros foros, en particular, el que ha surgido del Encuentro de Palenque que tuvo lugar en México en 2023, y en el que Cuba y Venezuela participan.

Sin duda, los países de la región dieron un paso positivo al adoptar la Declaración de Los Ángeles sobre Protección y Migración al margen de la Cumbre de las Américas 2022 celebrada en Los Ángeles. Sin embargo, casi dos años después de su aprobación, persiste la expectativa de que este nuevo mecanismo de cooperación regional en materia migratoria pueda ofrecer nuevos y mejores resultados y agregar valor a lo logrado anteriormente. Esto es algo que podremos evaluar con el tiempo y a medida que el proceso se siga institucionalizando y que será una prioridad clave para los países de la región.

*Las opiniones son personales. No representan a los de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Director del Departamento de Inclusión Social, Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Co-Coordinadora de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Becario Draper Hills en Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho, Univ. de Stanford.

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La Secretaría General de la ONU ha señalado que llevará años eliminar los escombros y reconstruir lo que ha sido destruido. Además, se requiere una labor adicional para localizar y eliminar artefactos no explotados que podrían estar ocultos entre los escombros.

Posibles víctimas bajo los escombros

El Ministerio de Sanidad de Gaza estima que alrededor de 8.000 cadáveres podrían estar enterrados bajo los escombros, aún sin ser encontrados. Esta situación agrava aún más la tragedia humanitaria que enfrenta la población de Gaza.

Devastación y desplazamiento

Tras 160 días de guerra, el 85% de la población de Gaza ha sido desplazada y aproximadamente el 60% de la infraestructura ha sido dañada. Muchas familias se encuentran viviendo en tiendas de plástico sin acceso adecuado a alimentos y agua potable.

Un largo camino hacia la recuperación económica

Según la Unctad, si la guerra terminara de inmediato y se iniciara la reconstrucción, Gaza tardaría hasta el año 2092 solo para restablecer los niveles de producto interno bruto (PIB) de 2022. Esto muestra el impacto devastador que la guerra ha tenido en la economía de la región.

Fuente: EFE

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Funcionarios de las Naciones Unidas pronosticaron que el flujo aumentará, debido a la tendencia de las tropas rusas de concentrar sus ataques en las grandes ciudades ucranianas; la ONU espera el desplazamiento de al menos cuatro millones de personas.

“Más de 1,5 millones de refugiados de Ucrania han cruzado a los países vecinos en diez días. Esta es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, expresó el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, mediante su cuenta de Twitter.

Polonia es el país que más refugiados recibe, la mayoría mujeres y niños, ya que los hombres que estén en edad de combatir no pueden dejar el país. Según autoridades polacas al menos 885.303 personas entraron al país desde el 24 de febrero, el pasado sábado se alcanzó un cifra récord al registrar el ingreso de 129.000 personas en un solo día.

Hungría es otro país al que muchos ucranianos escaparon desde el inicio de los conflictos, ya se registró la entrada de 169.053 refugiados, según datos de Acnur; este país tiene cinco puntos fronterizos con Ucrania y varias ciudades limítrofes.

Eslovaquia es otro de los países que registró una cifra importante de refugiados, 12.450 cruzaron el pasado sábado la frontera con Ucrania, con este número se contabilizaron 113.967 refugiados en total.

El Acnur contabilizó 71.640 refugiados que cruzaron la frontera con Rumania, donde se instalaron dos capos, uno en Sighetul y otro en Siret. El organismo también informó que 53.300 ucranianos cruzaron la frontera con Rusia, la frontera más extensa que tiene Ucrania.

/ LMPT

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Tal es el caso de la adolescente marroquí que se pregunta si debería dejar la granja en las montañas, donde su familia cultiva aceitunas y frutas, para trabajar en la construcción en las afueras de Rabat y obtener un salario más estable, ya que la disminución del suministro de agua hace que la agricultura sea más incierta.

O la trabajadora de una fábrica en la periferia de la ciudad Ho Chi Minh que extraña su comunidad pesquera ubicada en el delta del Mekong en Vietnam, pero sabe que necesita el dinero para enviar a sus familiares y ayudarles a enfrentar las inundaciones repentinas, los períodos de sequía, las lluvias intensas y el aumento del nivel del mar.

Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de decisiones que las personas y las comunidades toman cuando deben contrarrestar las consecuencias del cambio climático.

Ninguna región es inmune a la posible migración como consecuencia de los impactos del cambio climático en los medios de subsistencia de las comunidades y la pérdida de habitabilidad en lugares altamente expuestos.

Más de 216 millones de personas podrían desplazarse dentro de sus países en seis regiones para el 2050, según la última edición de la serie de informes Groundswell del Banco Mundial.

La publicación incluye nuevas proyecciones de tres regiones: Asia Oriental y el Pacífico, Norte de África, y Europa oriental y Asia central. Se basa en el primer informe Groundswell, publicado en 2018, que abarcó África al Sur del Sahara, Asia meridional y América Latina.

En conjunto, las previsiones para todas las regiones señalan que de aquí a 2050 África, al Sur del Sahara, podría llegar a tener 86 millones de migrantes internos por razones climáticas, Asia Oriental y el Pacífico 49 millones, Asia meridional 40 millones, Norte de África 19 millones, América Latina 17 millones, y Europa Oriental y Asia Central cinco millones.

Se estima que la migración interna provocada por el impacto climático aumentará en las próximas décadas y luego se acelerará en la segunda mitad del siglo si los países no reducen las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y crean resiliencia frente a los actuales y futuros impactos del cambio climático.

Las llamadas “zonas críticas” de migración por cuestiones climáticas surgirán en los países en el 2030, produciéndose la emigración desde lugares donde los medios de subsistencia están amenazados por el cambio climático y la inmigración hacia sitios con mejores oportunidades de medios de subsistencia.

/AAC/

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