El proceso legal se origina por el incumplimiento de una orden judicial que prohibía a Cuéllar divulgar información personal y familiar del exfiscal departamental Roger Mariaca Montenegro.

Detalles de la acusación

Según un reporte emitido el viernes 4 de abril de 2025, la acusación fue presentada por la fiscal Yolanda Aguilera ante el Juzgado de Instrucción Penal de Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres 12 de la Capital. Según el artículo 179 bis del Código Penal, el legislador podría enfrentar una pena de entre 2 y 6 años de prisión.

Conflictos previos entre Cuéllar y Mariaca

Hace más de 1 año, Cuéllar tuvo varias diferencias y conflictos con Mariaca, buscando su destitución por supuestas denuncias en su contra. En 2023, Cuéllar acusó a Mariaca de haber recibido dinero de la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa.

En agosto de 2024, el ahora Fiscal General denunció a Cuéllar por difundir información falsa, intentando involucrarlo en presuntos delitos. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia falló a favor de Mariaca, ordenando al parlamentario cesar con estas publicaciones, una disposición que no fue acatada por Cuéllar.

Aprehensión del diputado

El 13 de agosto de 2024, Cuéllar fue aprehendido en el garaje del Palacio de Justicia por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, después de que evitara comparecer ante la justicia. Posteriormente, fue trasladado al Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción en la zona del Plan Tres Mil, donde pasó la noche en celdas policiales, aunque luego fue liberado.

Justificación de Mariaca

Mariaca justificó su acción legal argumentando que su familia fue afectada por las publicaciones del parlamentario. Aseguró que continuará con el proceso legal respaldado por la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.

Declaraciones de Cuéllar

Cuéllar, por su parte, reiteró que no será silenciado y que seguirá denunciando presuntas irregularidades. Sin embargo, no ha presentado pruebas concretas que respalden sus afirmaciones.

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La aprehensión tuvo lugar pasadas las 14:00 horas y Cuéllar fue trasladado a las instalaciones del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) en el Plan 3.000 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se espera que declare en las próximas horas.

Investigación por incumplimiento a la acción de privacidad

La fiscal Yolanda Aguilera emitió una orden de apremio para la detención de Cuéllar, quien no compareció en tres ocasiones como imputado en relación a una acción de privacidad presentada por el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca.

El legislador está siendo investigado por divulgar información personal del fiscal Mariaca en sus redes sociales, a pesar de existir una acción de privacidad vigente en favor del fiscal.

Aprehensión en el estacionamiento subterráneo del Palacio de Justicia

Los agentes policiales detuvieron al diputado “arcista” en el estacionamiento subterráneo del Palacio de Justicia, luego de que el juzgado doceavo de instrucción penal rechazara dos excepciones presentadas por Cuéllar contra la acción de privacidad.

Según informes de medios locales, Cuéllar fue ingresado a un vehículo esposado. Se espera un informe más detallado por parte de las autoridades en las próximas horas.

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La audiencia cautelar virtual se desarrolló en el juzgado cuarto anticorrupción, donde la juez Melina Lima accedió a la reprogramación ante el pedido de la fiscal, que argumentó tener otra audiencia en curso.

Esta es la segunda vez que la audiencia del dirigente es postergada, tras una primera suspensión en agosto. La comparecencia de este lunes, sin embargo, se realiza en medio de una latente tensión en la asociación en la que tres facciones disputan la presidencia de Adepcoca.

El 20 de septiembre un grupo de cocaleros intervino la sede de Adepcoca en Villa Fátima, donde se encontraban los seguidores de Lluta. Desde entonces, tanto ellos como miembros que dicen no apoyar ninguna de las facciones, intentan recuperar el edificio que actualmente se encuentra en manos del grupo de Arnold Alanes, dirigente reconocido por el Gobierno, reportó el diario Página Siete.

Son tres los procesos en contra de Lluta, el primero por supuesta desobediencia a un amparo constitucional, en el que no figura como denunciado, pero cursa el caso a denuncia de Elena Flores, el segundo por la presunta muerte de un policía durante los enfrentamientos en el municipio yungueño de Coripata, el pasado 3 de julio; y el tercer proceso penal es por la supuesta falsificación de un documento.

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La citación fue emitida este sábado 3 de julio y está enmarcada en la investigación que sigue el Ministerio Público a Gutiérrez y el actual presidente de Adepcoca, Armin Lluta Chuquimia, por la presunta desobediencia a una resolución judicial que designó a Elena Flores como presidente de la asociación cocalera.

En diciembre de 2020, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz determinó dejar sin efecto el nombramiento de Lluta como presidente de Adepcoca y poner el frente de la asociación a Flores, dirigente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público (…) por la supuesta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad previsto en el artículo 179 del Código Penal“, señala la orden de citación que emitió la Fiscalía.

Gutiérrez debe asistir a declarar a las 10:00 horas del miércoles 7 de julio, a la Fiscalía departamental de La Paz con su abogado; caso contrario, se le asignará un abogado de oficio. Si no se presenta, la Fiscalía emitirá una orden de aprehensión.

El exdirigente cocalero estuvo detenido preventivamente entre agosto de 2018 y noviembre de 2019, debido a que fue acusado sin pruebas por el Gobierno de instigar a grupos armados para emboscar y atacar a policías en enfrentamientos registrados en la comunidad San Antonio, municipio de La Asunta en el departamento de La Paz.

Salió de la cárcel a partir de las medidas sustitutivas dictadas por un juez de La Paz, en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Jeanine Áñez, reportó el diario Correo del Sur.

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