Preocupaciones por el ajuste tarifario

Callisaya advirtió que una nivelación de tarifas que no considere criterios de equidad social impacta directamente a aquellos sectores de la población que dependen del transporte aéreo como su principal medio de conexión. Esto es especialmente relevante en áreas donde las vías terrestres presentan dificultades, sobre todo durante la temporada de lluvias.

Como ejemplo, el Defensor del Pueblo mencionó que en la ruta Cobija – La Paz, el costo del pasaje aéreo asciende a 1,552 bolivianos por tramo. Esta cifra es considerada elevada para una gran parte de la población, lo que genera preocupación sobre la accesibilidad al transporte aéreo.

Impacto en desigualdades sociales

Callisaya también señaló que este tipo de ajustes tarifarios puede profundizar las brechas existentes entre las áreas urbanas y rurales, así como entre departamentos que tienen diferentes niveles de desarrollo y acceso a servicios. “Consideramos que una nivelación tarifaria que no incorpora criterios de equidad social puede profundizar desigualdades ya existentes entre regiones, entre áreas urbanas y rurales, y entre personas con distintas capacidades económicas”, expresó Callisaya en un video.

Solicitud de informe a la ATT

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente a la ATT un informe escrito que detalle los fundamentos técnicos y económicos del ajuste tarifario aplicado al transporte aéreo. El objetivo de esta solicitud es obtener información clara que permita evaluar el alcance real de la medida y sus efectos sobre los derechos de los usuarios.

Monitoreo de servicios en aeropuertos

Paralelamente, la institución defensorial informó que está llevando a cabo un monitoreo en distintos aeropuertos del país. Esta acción tiene como finalidad verificar que los servicios se brinden en condiciones justas, con información transparente y un trato digno hacia los pasajeros, todo en el marco de las normas vigentes y el respeto a los derechos de la población.

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La economía de América Latina y el Caribe atraviesa una nueva etapa de desaceleración generalizada, síntoma de un decenio marcado por el bajo crecimiento. Entre 2016 y 2025, el producto interno bruto regional habrá aumentado en promedio apenas 1,2%, una cifra incluso menor a la de los años ochenta. Así lo señala el más reciente Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025 elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La CEPAL proyecta que América Latina y el Caribe crecerá un 2,2% en 2025 y un 2,3% en 2026. Esta senda de bajo crecimiento es el resultado de una combinación de factores internos y externos. Entre los internos destacan las desigualdades estructurales, el escaso crecimiento del empleo, la alta informalidad, el estancamiento de la inversión y la caída del consumo interno. Del lado externo, pesan la debilidad de la demanda mundial y las condiciones financieras restrictivas. A ello se suma la desaceleración del consumo privado, que ha tenido un impacto directo en la actividad económica. Finalmente, persisten las brechas de género, la baja participación laboral de las mujeres y la limitada cobertura de la protección social, factores que profundizan la fragilidad del crecimiento.

A nivel subregional, las proyecciones muestran dispersión en las tasas de crecimiento. América del Sur crecería 2,7% en 2025 y 2,4% en 2026, mientras que Centroamérica y México apenas alcanzarían 1,0% y 1,7%, afectados principalmente por la desaceleración de la economía estadounidense. En el caso del Caribe (sin incluir Guyana), las cifras serían de 1,8% en 2025 y 1,7% en 2026. Estas variaciones reflejan la diversidad de condiciones internas y externas que enfrentan los países de la región.

El documento destaca la elevada dependencia de la región respecto de la inversión extranjera directa y el endeudamiento externo, factores que obligan a corregir los desequilibrios externos mediante ajustes internos de alto costo. A ello se suma la complejidad del escenario global en 2025, marcado por un crecimiento moderado, la ralentización de las economías de Estados Unidos y Europa, el bajo dinamismo de China, así como por las tensiones geopolíticas, el aumento del proteccionismo y los posibles cambios profundos en las cadenas de suministro.

Ante este escenario desfavorable, la CEPAL advierte que los gobiernos deben necesariamente movilizar recursos financieros para el desarrollo y así evitar que la región experimente una nueva década perdida. De esta manera se podría estabilizar la macroeconomía y dar respuesta a los desafíos estructurales no resueltos. La movilización de recursos debe orientarse en tres áreas que la Comisión considera clave.

En primer lugar, los desafíos fiscales y estructurales exigen redefinir la estructura fiscal a través del fortalecimiento de políticas que tome en cuenta las presiones sobre el gasto público, los niveles de ingreso insuficientes y la débil capacidad institucional. La estrategia central está enfocada al papel del Estado como promotor del crecimiento y del cambio estructural con base en una política fiscal transformadora que asegure uno de los desafíos más apremiantes “la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social”.

Respecto a la movilización de recursos para la transformación productiva sostenible, se requiere acceder a financiamiento asequible y contracíclico tanto nacional como externo que permita hacer frente a los choques, sin poner en riesgo el financiamiento de los objetivos de desarrollo.

Finalmente, debido a que las instituciones financieras nacidas a finales de la Segunda Guerra mundial no han cumplido con los objetivos de su creación y han mostrado incapacidad para respaldar la movilización de financiamiento estable y de largo plazo, se hace necesario definir una reforma a la arquitectura financiera internacional, tanto con nuevas reglas de operación como de instituciones.

En este punto dos aspectos merecen atención: el primero hace referencia al incremento de los niveles de endeudamiento y al alto costo del financiamiento (el dispositivo de la deuda); y el segundo, al rol de la banca de desarrollo como instrumento fundamental en el desarrollo productivo y social.

Ante esta trampa de bajo crecimiento, América Latina y el Caribe se enfrenta a diversas encrucijadas: una población que envejece rápidamente, provocando mayores presiones en los sistemas de salud, pensiones y servicios de cuidado; la crisis climática que exige mayores inversiones y las grandes desigualdades sociales sin resolver. A este cuadro se añaden las medidas arancelarias anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos al resto de las naciones.

Este paquete arancelario transformará sin duda las condiciones del comercio internacional además de los impactos inmediatos en la región y en la propia economía norteamericana “claro está” de manera diferenciada. Sin embargo, para  América Latina, puede constituirse en la oportunidad para promover el escaso comercio intrarregional existente y la búsqueda de mercados distintos al norteamericano en el marco del fortalecimiento del  multilateralismo.

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El informe destaca que la subestimación del virus, la centralización de decisiones y la política de austeridad gubernamental fueron factores clave en la gestión deficiente. Casi el 40% de las más de 800.000 muertes en exceso podrían haberse evitado si se hubiera gestionado adecuadamente la crisis sanitaria. La falta de recursos en el sistema sanitario debido a la política de austeridad también contribuyó a la situación.

Negativa a realizar pruebas masivas y sobremedicación

El informe señala que la negativa del Gobierno mexicano a realizar pruebas masivas de la COVID-19 reflejó una subestimación del virus. Esto contrasta con la baja cantidad de pruebas realizadas en comparación con otros países, como Estados Unidos. Además, se destaca que muchos pacientes fueron sobremedicados debido a un sistema no regulado en México, donde el 60% de los enfermos acudió a farmacias privadas.

Desigualdades y impacto en los más pobres

Las desigualdades fueron un factor determinante en las muertes por COVID-19 en México, afectando principalmente a los más pobres. El informe resalta que 4.843 profesionales de la salud fallecieron durante la pandemia y que el país perdió 4,6 años de esperanza de vida entre 2019 y 2021.

Impacto en los menores de edad y aciertos en la gestión de vacunas

La pandemia dejó a 5,6 de cada 1.000 menores de edad huérfanos en México, situando al país como el noveno con mayor tasa en países con más de 5 millones de habitantes. Sin embargo, el informe destaca como un acierto la gestión de la llegada de vacunas contra el COVID-19 liderada por la Secretaría de Relaciones Exteriores durante la crisis sanitaria.

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