Por: María Villarreal/Latinoamérica21

América Latina y el Caribe es una región atravesada por múltiples transiciones. Aunque el término ha sido utilizado sobre todo para hablar de las transiciones hacia la democracia, hoy la noción va mucho más allá de lo político. Se habla de transiciones energéticas, ecosociales, urbanas y digitales, entre otras, para subrayar que el cambio no supone únicamente nuevos recursos o tecnologías, sino también la transformación de modelos productivos, patrones de consumo y visiones de mundo. En la región más desigual del planeta, una expresión que ha adquirido creciente notoriedad y urgencia es la de transición justa. Y es que el 10% más rico concentra el 77% de la riqueza regional, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En este contexto, cualquier proceso de cambio enfrenta un desafío central: que la transición no profundice las brechas históricas, sino que abra el camino hacia una transformación verdaderamente equitativa.

¿Por qué hablar de transiciones justas hoy?

La crisis climática que estamos enfrentando es también una crisis de desigualdad. Las personas superricas y las grandes corporaciones contribuyen de forma desproporcionada al calentamiento global debido a sus elevados niveles de emisiones y a su poder económico y político, según un informe de Oxfam (2025). De hecho, el 86% del 0,1% de las personas más ricas del planeta residen en el Norte Global. Mientras que el cambio climático afecta sobre todo a los países del Sur y a colectivos tradicionalmente vulnerabilizados como indígenas, afrodescendientes y mujeres. Por ello, la crisis climática actúa como multiplicador de desigualdades.

Frente a este escenario, es urgente articular saberes diversos y repensar la organización de nuestras sociedades dentro de los límites planetarios. Aunque muchos sectores sostienen que la transición energética y el llamado capitalismo verde ofrecerían una solución integral, lo cierto es que, bajo estas etiquetas, gobiernos y empresas, especialmente del Norte Global, impulsan una nueva carrera por tierras raras, minerales estratégicos y energías renovables para producir baterías, vehículos eléctricos y abastecer tecnologías como la inteligencia artificial.

No obstante, la paradoja es evidente: la fabricación de estas soluciones “verdes” exige enormes cantidades de energía y minerales extraídos en el Sur Global, lo que intensifica impactos y conflictos socioambientales, mientras reproduce dependencias históricas. Lejos de superar las asimetrías, las actuales propuestas de transición energética, tal como están siendo implementadas, tienden a profundizar desigualdades y a consolidar nuevas formas de colonialismo verde.

En un contexto de tensiones geopolíticas y competencia por recursos estratégicos, América Latina, rica en litio, petróleo, cobre y tierras raras, se convierte en territorio de disputa entre grandes potencias, además de reafirmar su inserción periférica como exportadora de recursos naturales hacia China y Estados Unidos. De forma premonitoria, la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela y el control de las reservas petroleras del país, en flagrante violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional, establece un precedente preocupante para la región.

Por otro lado, a pesar de los graves efectos de la crisis climática, persisten el negacionismo, la desinformación y diversos esfuerzos orientados a retrasar o impedir la adopción de medidas efectivas contra el calentamiento global. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y los procesos de desregulación ambiental y climática promovidos por países como India, Argentina o Ecuador ponen en riesgo los avances ecológicos alcanzados durante las últimas décadas. Para evitar una catástrofe mayor, es imprescindible impulsar una transición hacia un modelo económico, político y social verdaderamente sostenible.

Implicaciones de una transición justa en América Latina y el Caribe

El concepto de “transición justa” es deudor de las luchas del movimiento obrero y surgió en la década de 1980, cuando sindicatos estadounidenses de industrias dependientes de los combustibles fósiles lo emplearon para defender a trabajadores que estaban siendo afectados o que estaban perdiendo sus empleos debido a nuevas regulaciones ambientales. La noción hace hincapié en la necesidad de considerar quién gana y quién pierde en un proceso de transición, así como cuáles son los beneficios e impactos negativos generados por este proceso.

En los últimos años, el concepto ha adquirido centralidad en el debate climático global, destacando que el camino hacia la descarbonización debe situar en el centro a toda la sociedad: comunidades, trabajadores y grupos históricamente vulnerabilizados. Aunque su interpretación varía según el país o la región, el principio es claro: ningún proceso de transformación será legítimo si deja a sectores enteros atrás.

En América Latina y el Caribe, abordar la crisis climática y concretar la transición hacia una economía sostenible y baja en carbono requerirá inversiones anuales de entre US$ 470.000 millones y US$ 1,3 billones (equivalentes a entre el 7 % y 19 % del PIB regional) en infraestructura y gasto social, lo cual tendrá profundas implicaciones económicas y sociales. Entre otros efectos, implicará el cierre de empresas vinculadas a los combustibles fósiles, cambios geográficos en los patrones de producción y pérdidas de empleo en algunos sectores, al tiempo que generará nuevas oportunidades en áreas como las energías renovables. Asimismo, exigirá mayores niveles de capacitación y el desarrollo de nuevas competencias por parte de los trabajadores.

El abandono de los combustibles fósiles tendrá también efectos en la infraestructura regional y en los sistemas productivos, así como en el costo de vida, debido al posible aumento de los precios de los alimentos y del transporte. Al mismo tiempo, reducirá los ingresos fiscales disponibles para financiar inversiones sociales, lo que plantea desafíos adicionales para los Estados.

En este contexto, los países de la región deben garantizar que estos procesos sean planificados de manera adecuada, participativa y justa, y que sus beneficios se distribuyan equitativamente. Paralelamente, es clave prevenir sus impactos negativos y adoptar medidas para mitigarlos y compensarlos mediante políticas de protección social, redistribución y empleo, especialmente dirigidas a los hogares de menores ingresos y a los grupos históricamente marginados.

Lejos de ser solo un ideal, existen propuestas concretas surgidas en América Latina y el Caribe. Una de ellas es el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que sostiene que una verdadera transición no debe ser únicamente energética o tecnológica, sino una transformación integral del régimen socioecológico que busque garantizar condiciones de vida digna, poniendo en el centro la justicia social y el combate a las desigualdades. Sin ello, la transición no sólo será incompleta, sino también ineficaz.

* Cientista política. Profesora de Relaciones Internacionales y del Programa de Posgrado de Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad (CPDA) de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ). Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.

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Es sabido que en un determinado momento se estableció un consenso relativo a que el final del siglo XX se dio en torno a 1989. De esta manera, aparentemente un nuevo orden se erguía bajo el crisol de la consolidación de ideas que habían ido afianzándose poco a poco. La democracia, la compleja relación entre el mercado y la sociedad, el pluralismo, cierto esbozo de orden internacional. Es posible que las proclamas intelectuales que gozaban de mayor o menor profundidad, a veces labradas con ingeniosidad, otras con argumentos basados en evidencia empírica gestada con laboriosidad y rigor metodológico fueran demasiado urgentes. Ávidas de enmarcar el acontecer en un marco general omnicomprensivo sucumbieron a acontecimientos que se sucedieron en un escenario vertiginoso.

No se trataba de que los avatares supusieran eventos que antes no se hubieran dado, lo que sucedía es que su alcance consolidaba una dimensión planetaria con implicaciones generalizables a una población insólita que se acercaba a los ocho mil millones de personas y que se estructuraba en unidades políticas cuyo número se acercaba a las dos centenas de estados-nación labrados en los dos últimos siglos del devenir de la humanidad.

Sin embargo, en menos de dos décadas, el 11-S, la crisis económico-financiera de 2008 y la pandemia de la COVID-19 establecieron un triángulo particular. En su seno, los estados-nación se movían confrontando problemas particulares con distinto grado de afectación para sus habitantes en relación con sus definiciones identitarias y con los lazos de convivencia, así como con el nivel de satisfacción de necesidades mínimas. La gestión del conflicto en sociedades que empezaron a cambiar exponencialmente como consecuencia de la revolución digital agudizó el quehacer de la política falto de mecanismos con los que abordar el vertiginoso escenario establecido.

El fin de una época es el mantra que acompaña a prácticamente cada año del presente siglo con lo que uno no sabe a qué atenerse a la hora de definir ese instante. Stefan Zweig es quizá uno de los autores más citados cuando se trae a colación el mundo de ayer que en un determinado momento deja de ser para dar paso a un nuevo estadio. Pero 83 años después de su muerte el mundo que uno trae a colación y sobre el que evalúa su presente es muy diferente.

Pero la nueva época pareciera que no termina de emerger a pesar de que escribimos sobre ello con asiduidad y de que hay propuestas para todos los gustos que esbozan panoramas más o menos apocalípticos. Las señales que están a nuestro alcance, pero que ignoramos, son silenciosas. Poco a poco se han hecho extraordinariamente habituales ¿Se han tomado la molestia de buscar en las correspondientes etiquetas anexadas a sus regalos navideños el nombre del país de su procedencia? ¿Conocen el tiempo promedio que están diariamente conectados mediante su celular? ¿Son conscientes de la diversidad de datos que brindan de modo gratuito de sus decisiones, gustos, sinsabores, aficiones, penurias, satisfacciones, de sus hábitos? Simples gestos que pueden darles pistas acerca del presente y de la procelosa definición del espíritu del tiempo en que vivimos y que ahora precisamos definir cuándo comenzó.

La denominada disrupción trumpista puede ameritar una reflexión sobre el declive irrestricto del legado del sueño americano en un contexto en el que el propio actor supremacista ha pateado el tablero. Aboca asimismo a evaluar su proyección sobre la descomposición europea al quebrarse una alianza atlántica pergeñada durante tres cuartos de siglo. También anima a analizar el significado del regreso del amigo americano en buena parte del patio trasero continental donde Nayib Bukele, Rodrigo Chaves, Daniel Noboa, Javier Milei, Santiago Peña y ahora José Antonio Katz y Nasry Asfura son conmilitones de primer orden acompañando la timidez de José Raúl Mulino, Bernardo Arévalo y Luís Abinader. Ellos engrosan la nómina de adláteres ansiosos por compartir mantel. No es nada especialmente nuevo pues el esquema se retrotrae a otros momentos pretéritos.

Brasil y México tienen una población estimada en 2025 de 213 y 132 millones de habitantes respectivamente. Representan poco más de la mitad de la población considerada para América Latina de 668 millones. Como es bien sabido, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum no se alinean con la disrupción trumpista, aunque la padecen. Algo así sucede con Yamandú Orsi. Su escenario político es muy diferente, ciertas dosis de autonomía y de ejercicio de la dignidad asoman, si bien deben también convivir con asuntos lamentablemente añejos donde la violencia y la corrupción están presentes. No obstante, para su ciudadanía serían igualmente aplicables las preguntas formuladas más arriba, obteniendo sin duda respuestas no muy diferentes de las del resto de los países vecinos.

Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro son sátrapas que se aferran al poder con argucias diferentes que inhiben cualquier expresión libre y soberana de la voluntad popular. Su ejercicio brutal, a la vez que narcisista, del poder se inserta y hace el juego a los sectores más fanáticos proclives al trumpismo que ven en este una errática tabla de salvación. Solo para los millones de sus conciudadanos que dejaron sus países el trastoque de su ciclo vital ha tenido doloroso sentido.

Perú y Colombia cambiarán sus gobiernos en el primer semestre de 2026 con escasas perspectivas de consolidar el fin de una época como en tantas otras ocasiones se vaticinó con magros resultados. Gustavo Petro y los sucesivos presidentes peruanos caerán en el olvido dejando tras de sí confusión y desengaño.

Por doquier se extiende una especie de alienación militante que no parece certificar el nacimiento de ciclo nuevo alguno, o al menos en las claves que son de uso corriente. La desigualdad rampante, la certeza del mantenimiento de la vida, de la seguridad personal y de niveles mínimos de dignidad, así como las dificultades a la hora de institucionalizar prácticas asumidas con responsabilidad por parte de la gente se yerguen como los grandes ejes argumentales de una deseable nueva época siempre pendiente de abrir.

Director de CIEPS – Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP-Panama. Profesor Emerito en la Universidad de Salamanca y UPB (Medellín). Últimos libros: “El oficio de político” (Tecnos Madrid, 2020) y “Huellas de la democracia fatigada” (Océano Atlántico Editores, 2024).

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Polarización es un término muy vigente en la política mundial y su presencia se ha intensificado mucho en el último lustro. Es difícil encontrar un país donde la vida política no venga definida por esta suerte de confrontación en la que dos opciones tengan suficiente fuerza para aglutinar a amplios sectores sociales que concentren su identidad y su energía en dos polos radicalmente opuestos. El eje sobre el que gira la oposición puede venir definido por temáticas muy diversas que van desde lo cultural hasta lo económico pasando, obviamente, por lo político.
A lo largo de un siglo esta tensión se simplificó en torno a dos términos que poco a poco calaron en el inconsciente colectivo de izquierda y derecha. Su uso práctico permitió configurar una escala donde los matices consintieron establecer un continuo con graduales estadios. El pluralismo facilitó las cosas al incorporar distintas dimensiones en el debate político.
Sin embargo, este panorama de matices tuvo al menos tres enemigos de carácter variopinto. Los regímenes autoritarios quebraron la lógica de la diversidad ideológica al autodefinirse sin restricción alguna en un espacio concreto fijo. En los regímenes democráticos, el presidencialismo a doble vuelta obligó a la confrontación bipolar construyendo bloques de oportunidad de naturaleza excluyente a veces artificial. Finalmente, la expansión del populismo en sus variadas versiones supuso la exacerbación del antagonismo entre un “ellos” y un “nosotros” construido a través, tanto de liderazgos carismáticos, como de movilizaciones colectivas.
La polarización se yergue en escenarios que fueron catalogados de lucha de clases y que hoy amparan unas relaciones de desigualdad como nunca se dieron. Un informe dirigido por Josep Stiglitz muestra que el 1% más rico del planeta acaparó el 41% de la riqueza creada entre 2000 y 2024. Por el contrario, el 50% más pobre solo recibió el 1% de esta nueva riqueza: “estas concentraciones externas de riqueza se traducen en concentraciones antidemocráticas de poder, lo que socava la confianza en nuestras sociedades y polariza nuestras políticas”.
Pero también se alza por el exacerbado uso de las emociones, siempre presentes en la liza pública, pero hoy soliviantadas por un nuevo tipo de comunicación más directa, inmediata, masiva y universal. Los mensajes, a veces anónimos, seducen y contribuyen a crear relatos sobre los que construir una realidad que en tiempos pretéritos tardaba décadas en levantarse. Contenidos que pueden tener un origen malicioso en donde se manipule la realidad, pero también una variada gama de interpretaciones que puedan contribuir a esclarecer situaciones confusas.
La construcción de las naciones es el vivo ejemplo de la puesta en escena de una estrategia colectiva en la que, mediante la educación, el servicio militar obligatorio, la burocracia y prácticas de comunicación masiva de diversa índole, grupos de individuos y colectividades pueden llegar a tener un sentimiento común de comunidad. En ese proceso, el odio al invasor o a quien amenazara la supervivencia soberana es un factor de indudable éxito para facilitar la cohesión grupal. Los partidos políticos en su momento de máxima efervescencia no fueron ajenos a esas prácticas. Tampoco dejó de darse este fenómeno en las iglesias, aunque el odio al opuesto tuviera otros matices, pero la confrontación excluyente sigue viva hoy con expresiones diferenciadas.
Noviembre es el mes de la patria en Panamá. Como es bien sabido, la existencia de Panamá como estado soberano está estrechamente ligada a la construcción del canal interoceánico, así como al ascenso de Estados Unidos como potencia mundial destinada a ser hegemónica. Términos como “destino manifiesto”, “el palo y la zanahoria”, “la política de las cañoneras”, “buena vecindad” se urdirán en las primeras décadas del siglo XX en el entorno del Istmo configurando un imaginario que se extenderá a toda la región. Mientras que el dólar es la moneda de uso corriente de la sociedad y de la economía panameña, en noviembre la bandera panameña ondea por doquier y los desfiles festivos, no militarizados, están presentes en las calles.
Este escenario da lugar a un tipo de polarización cuyo sentido hoy no llega a tensionar los patrones de convivencia, aunque el amor y el odio se solapen como contrapuestos significantes. La encuesta de ciudadanía y derechos del CIEPS de este año dirigida por el sociólogo Jon Subinas, que se presenta en estas fechas, muestra que para el 83,4% de los encuestados el canal debe permanecer en manos panameñas, si bien el 70,2% está muy en desacuerdo o en desacuerdo con que sus beneficios estén llegando a la sociedad panameña a pesar de que el 70,4% se siente orgulloso de que el canal pertenezca a Panamá. Para el 46,2%, Estados Unidos debería ser el aliado por excelencia y hoy un 39,4% sigue pensando que los estadounidenses administraron mejor el Canal. El 69,5% mantiene que es real la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retomar el canal.
Amor y odio, en un país donde, a tenor de su tamaño, la diversidad cultural y ecológica es enorme y la desigualdad territorial y socioeconómica es la más marcada de la región, se conjugan con intensidad limitada a diferencia de la mucho más dramática polarización que se vive en el vecindario. Del lejano “patria o muerte” a las sofisticadas campañas actuales que cancelan al oponente, la polarización sigue incubándose sobre el lado emocional de la existencia. El discurso del odio deja de ser pura retórica. Aquel sueño de la razón que se decía producía monstruos queda hoy relegado frente a relatos digitales donde lo legal racional y la deliberación quedan marginados.

Manuel Alcántara es director de CIEPS – Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP-Panamá. Profesor Emerito en la Universidad de Salamanca y UPB (Medellín). Últimos libros: “El oficio de político” (Tecnos Madrid, 2020) y “Huellas de la democracia fatigada” (Océano Atlántico Editores, 2024).

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La destitución de Dina Boluarte no sorprendió a nadie que siguiera de cerca la lenta descomposición del régimen. Más que una crisis coyuntural, su caída sintetiza el agotamiento de un modelo político que perdió toda capacidad de representación. Perú vive desde hace años en una especie de limbo institucional: formalmente democrático, pero sin una democracia vivida, sin ciudadanía que se reconozca en sus autoridades ni en las reglas del juego. La vacancia del 10 de octubre fue solo el último gesto de un sistema que se consume en su propio descrédito.

Boluarte llegó al poder como resultado de un proceso anómalo. Heredó la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, el maestro rural que había irrumpido con la promesa de una política distinta y terminó devorado por un entramado institucional hostil y un Congreso decidido a impedir cualquier intento de redistribuir el poder o cuestionar los privilegios históricos. La caída de Castillo fue presentada como una defensa del orden constitucional, pero en realidad abrió la puerta a un gobierno sin legitimidad social, sostenido por las élites económicas y por una coalición parlamentaria que nunca escondió su desdén por el voto popular. Desde entonces, el país quedó en manos de un Ejecutivo sin respaldo y de un Congreso convertido en árbitro de la política.

Durante casi dos años, Boluarte gobernó con el discurso de la “mano firme”, prometiendo restablecer el orden y garantizar la estabilidad. Pero en la práctica, su administración profundizó la distancia entre el Estado y la sociedad. Las protestas sociales que sacudieron el sur andino tras la caída de Castillo fueron reprimidas con una violencia que dejó decenas de muertos. El mensaje fue claro: la estabilidad valía más que la vida. La respuesta autoritaria al conflicto marcó el quiebre definitivo de la legitimidad gubernamental. En el Perú profundo, el Estado volvió a ser percibido como un aparato ajeno, centralista y punitivo. Esa fractura social, que lleva décadas gestándose, terminó de romper cualquier posibilidad de consenso.

La inseguridad, la inflación y la corrupción completaron el cuadro. El llamado “Rolexgate” —la investigación por una colección de relojes de lujo no declarados— fue apenas la chispa que encendió la mecha. No fue el escándalo en sí lo que destruyó a Boluarte, sino lo que simbolizó: un poder desconectado, incapaz de comprender la indignación de una ciudadanía que sobrevive en la informalidad y la precariedad. En un país donde millones viven con salarios insuficientes, la ostentación del lujo en la cúpula política adquirió el carácter de afrenta moral. Cada reloj se volvió metáfora del divorcio entre el Estado y el pueblo.

El Congreso, por su parte, aprovechó el desgaste de la presidenta para consumar la vacancia. No lo hizo por convicción ética, sino por cálculo político. En el Parlamento peruano, los discursos sobre moral y legalidad suelen ser instrumentos de poder, no principios. Lo paradójico es que un Congreso con niveles de aprobación inferiores al 10 % se arrogue el derecho de destituir a una presidenta igualmente impopular en nombre de la “voluntad popular”. En esa dinámica circular, todos ganan poder mientras la ciudadanía lo pierde. Lo que en teoría debería ser un sistema de pesos y contrapesos se ha transformado en una guerra de desgaste mutuo donde la política se reduce a supervivencia.

La asunción del presidente interino José Jerí no representa una salida, sino la continuidad del vacío. Jerí, un político sin trayectoria nacional, asume un país exhausto, sin horizonte ni confianza. Hereda no solo una crisis institucional, sino una fractura social que atraviesa clases, territorios y generaciones. Su principal desafío no será mantener el orden, sino devolverle sentido a la palabra “democracia”. Porque en el Perú contemporáneo, la democracia se ha vuelto un ritual sin contenido: elecciones regulares, congresos volátiles y presidentes que duran lo que tarda en agotarse su crédito mediático.

La raíz del problema es estructural. El modelo político peruano, consolidado tras el fujimorismo, apostó por una democracia mínima: mercado sin Estado, crecimiento sin redistribución, formalidad constitucional sin inclusión social. Se privilegió la estabilidad macroeconómica sobre la cohesión social, y el resultado ha sido una ciudadanía cínica, descreída y frustrada. El desencanto no nace del exceso de democracia, sino de su ausencia sustantiva. Cuando las instituciones sirven más a los intereses de unos pocos que a las necesidades de las mayorías, la legitimidad se erosiona hasta desaparecer.

Desde una mirada regional, el caso peruano es un espejo que refleja una tendencia más amplia en América Latina: la fatiga democrática. Gobiernos que administran la desigualdad, élites que confunden estabilidad con inmovilidad, y sociedades que ya no creen que votar cambie algo. En este contexto, los populismos de distinto signo florecen no como causa, sino como síntoma del fracaso de la representación. Perú es quizás el laboratorio más extremo de esa patología: un país donde la política se ha vaciado de contenido y donde la palabra “reforma” se pronuncia con cinismo.

Boluarte fue, en ese sentido, una figura trágica: una presidenta sin partido, sin base social y sin relato. Gobernó de espaldas a la ciudadanía, apostando a la represión y al discurso tecnocrático, creyendo que la autoridad se sostiene con decretos y no con legitimidad. Pero su caída no debería interpretarse como una victoria de sus adversarios, sino como una advertencia. Cuando los gobiernos de la élite fracasan, no triunfa la democracia, sino el vacío. Y en ese vacío, el autoritarismo siempre acecha.

El reto, entonces, es reconstruir el pacto democrático desde abajo. Eso implica reconocer las demandas postergadas del sur andino, la desigualdad estructural que divide al país y la necesidad de un Estado que proteja, en lugar de castigar. La izquierda moderada —esa que cree en la justicia social sin renunciar a la institucionalidad— tiene la oportunidad de plantear una agenda renovadora: no populista, sino popular; no rupturista, sino incluyente. Un nuevo contrato social que devuelva sentido a la política y que haga de la igualdad una condición de la democracia, no su promesa incumplida.

La vacancia de Dina Boluarte cierra un ciclo, pero no inaugura otro. Es el último acto de una democracia fatigada que necesita reencontrarse con su propia sociedad. Si el Perú no asume la tarea de reconstruir el vínculo entre Estado y ciudadanía, seguirá atrapado en su bucle de crisis permanentes, entre la república formal y la nación ausente. Porque el problema del Perú no es la inestabilidad: es la indiferencia. Y cuando la gente deja de creer que el poder le pertenece, la democracia deja de existir, incluso antes de caer.

Luis Miguel Santibáñez Suárez es politólogo y administrador público por la Universidad Iberoamericana Puebla. Máster en Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica por la Universidad Rey Juan Carlos (España). Profesor universitario.

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Vivimos una época marcada por la tecnología y las redes sociales, que han modificado radicalmente la manera en que nos relacionamos, aprendemos y participamos en la vida pública. Esta hiperconexión nos abre puertas al acceso inmediato a la información, la comunicación constante y nuevas formas de ser parte de la vida ciudadana. Pero al mismo tiempo plantea riesgos que atraviesan la educación, la política y la economía. La paradoja es evidente: mientras la tecnología nos acerca, también nos distancia; mientras informa, también puede manipular.

Un estudio de Captura Consulting, realizado entre abril y mayo de 2023 en el eje troncal y El Alto, muestra que cerca del 70 % de los encuestados urbanos usa internet todos los días, con un promedio de 6,8 horas de conexión, una hora más que antes de la pandemia. La mayoría emplea este tiempo en mensajería instantánea, noticias digitales, redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram, además de compras mediante códigos QR. Sin embargo, estas cifras reflejan principalmente el mundo urbano; en las áreas rurales, la falta de conectividad y dispositivos sigue marcando una desigualdad profunda.

En la educación, los efectos son ambiguos. Tener acceso inmediato a información potencia el aprendizaje, pero también genera dependencia de dispositivos que reemplazan la memoria y reducen la capacidad de síntesis. Lo que algunos expertos llaman “externalización cognitiva” —es decir, delegar a la tecnología la tarea de almacenar y organizar información— plantea dudas sobre los métodos pedagógicos tradicionales. Muchos estudiantes buscan respuestas rápidas en Google, pero sin detenerse a comprender el contexto ni a desarrollar pensamiento crítico. Durante la pandemia, estas herramientas hicieron posible que las clases continuaran, aunque también dejaron en claro sus limitaciones.

En el ámbito político, el poder transformador de las redes sociales es innegable. Por un lado, democratizan el acceso a la información y fomentan nuevas formas de participación ciudadana. Sin embargo, también son espacios propicios para la manipulación y la polarización. La crisis política en Bolivia de 2019 ilustra claramente este fenómeno: las redes sociales permitieron denunciar irregularidades electorales y coordinar movilizaciones ciudadanas, pero, al mismo tiempo, exacerbaron las divisiones sociales y consolidaron narrativas confrontacionales. Un caso similar ocurrió en Nepal, donde jóvenes millennials compartieron información sobre la desigualdad en su país, se organizaron y lograron derrocar al gobierno.

Este patrón no es exclusivo de Bolivia. Javier Milei, en Argentina, construyó en 2023 gran parte de su base electoral a través de redes sociales, sobre todo entre jóvenes urbanos. Donald Trump, en Estados Unidos, consolidó su influencia política mediante comunicación directa en estas plataformas, evitando filtros tradicionales y generando agendas mediáticas propias. En Bolivia, figuras como Rodrigo Paz y Edman Lara evidencian cómo una estrategia digital efectiva puede modificar la percepción pública y los resultados electorales, especialmente en sectores jóvenes y urbanos.

La influencia digital se extiende también a la economía. La rapidez con que circula información, verdadera o falsa, impacta la confianza del mercado y puede generar volatilidad inmediata. Un caso concreto ocurrió con el Banco Fassil en 2023, cuando rumores difundidos por TikTok provocaron pánico financiero y afectaron la estabilidad de la institución, generando oscilaciones en el mercado cambiario. La narrativa digital, incluso sin fundamento, tiene consecuencias tangibles. Además, los influencers y creadores de contenido ejercen un poder económico creciente, moldeando patrones de consumo y percepción de marcas, lo que plantea interrogantes sobre transparencia, regulación y responsabilidad en la publicidad.

En Bolivia, el impacto de las redes sociales está condicionado por desigualdades estructurales. La brecha digital entre áreas urbanas y rurales reproduce inequidades históricas. Los jóvenes urbanos tienen acceso relativamente amplio a plataformas como WhatsApp, TikTok y Facebook, mientras las comunidades rurales enfrentan limitaciones de conectividad y acceso a dispositivos. Esta disparidad refuerza desigualdades sociales y económicas y limita la participación ciudadana en espacios digitales. La alfabetización digital insuficiente también dificulta que la población evalúe críticamente la información que circula en las plataformas.

El uso intensivo de redes sociales genera además efectos psicológicos y sociales significativos. La ansiedad, la dependencia de validación externa, la alteración de patrones de atención y conductas compulsivas son cada vez más frecuentes. La exposición constante a información fragmentada y polarizada reduce la capacidad de análisis crítico y profundiza la división social. Desde una perspectiva sociológica, estas plataformas modifican las formas tradicionales de socialización y participación cívica, creando nuevos espacios de interacción, pero también nuevas formas de exclusión, manipulación y fragmentación social.

En definitiva, las redes sociales son herramientas de doble filo. Pueden abrir oportunidades en educación, política y economía, pero sus riesgos parecen avanzar con mayor rapidez que sus beneficios. En Bolivia, la débil regulación, la escasa alfabetización digital y las brechas estructurales limitan su potencial positivo. Si estas carencias no se enfrentan, lo más probable es que las redes profundicen la fragmentación social, la desconfianza institucional y el deterioro de la salud mental colectiva.

Hoy, las redes ya no son solo un canal de comunicación: se han convertido en fuerzas que moldean la vida pública y privada. Sin embargo, en lugar de convertirse en motores de desarrollo equitativo, corren el riesgo de consolidar nuevas brechas y dependencias. Mientras no existan políticas públicas sólidas y una ciudadanía con pensamiento crítico, la digitalización boliviana seguirá reproduciendo desigualdades y vulnerabilidades, dejando más preguntas que respuestas sobre el verdadero costo de esta hiper conexión.

Miguel Angel Amonzabel Gonzales es investigador y analista socioeconómico.

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América Latina encarna una de las paradojas más profundas del mundo contemporáneo: una región prácticamente libre de guerras entre Estados, pero devastada por una violencia interna letal y persistente. A diferencia de Europa del Este, Medio Oriente o partes del sudeste asiático, aquí no caen bombas, no hay trincheras ni ejércitos enfrentados. Y, sin embargo, las cifras de muertes violentas en tiempos de “paz” superan con creces las de muchos escenarios de guerra abierta.

Desde 1990, menos de 1.000 personas han muerto en conflictos interestatales en América del Sur, en comparación con más de 330.000 a nivel mundial. Solo tres guerras interestatales han marcado el siglo pasado en la región: la Guerra del Chaco (1932–1935), la Guerra de las Malvinas (1982) y el Conflicto del Cenepa (1995). A diferencia de Asia, donde tensiones entre India y Pakistán, China y Taiwán, o las dos Coreas han mantenido vivo el riesgo de conflicto abierto, América Latina ha apostado por la resolución diplomática: el caso del Canal Beagle entre Argentina y Chile en 1978, o el litigio marítimo entre Perú y Chile resuelto en La Haya en 2014, son ejemplos emblemáticos.

Incluso en el terreno nuclear, América Latina ha demostrado una voluntad singular de desescalada. Argentina y Brasil, que en los años 70 y 80 desarrollaron programas nucleares con fines potencialmente bélicos, finalmente optaron por la cooperación en lugar de la carrera armamentista. En 1991 fundaron la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), una entidad binacional única en el mundo que supervisa el uso exclusivamente pacífico de sus programas nucleares. Este modelo contrasta fuertemente con las tensiones nucleares no resueltas en el sur de Asia (India, Pakistán, China), Medio Oriente (Israel-Irán), o incluso Europa del Este (Rusia-Ucrania). La firma del Tratado de Tlatelolco en 1967 —el primero en prohibir armas nucleares en una región entera— refuerza esta trayectoria pacifista.

Una región sin guerras… pero mortal

Pero si América Latina ha evitado la guerra tradicional, no ha escapado a otra forma de devastación: la violencia cotidiana, persistente e internalizada. En términos de homicidios intencionales, la región figura como una de las más peligrosas del planeta. Según la ONU, América Latina concentra el 29% de todos los homicidios del mundo, pese a representar solo el 8% de la población global.

Las cifras son alarmantes: Ecuador registra hoy 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda tasa más alta del mundo, solo detrás de Jamaica. México tiene aproximadamente 19, Colombia 25, Venezuela más de 40. En contraste, la guerra en Ucrania, en su momento más cruento (2022), produjo una tasa de entre 6 y 8 muertes por cada 100.000 personas. Es decir, un ciudadano de Guayaquil o Acapulco enfrenta un riesgo de muerte violenta significativamente mayor que un habitante promedio de Kiev.

¿Y la pobreza, la desigualdad, la urbanización?

Comúnmente se citan la pobreza, la desigualdad o la urbanización desordenada como causas estructurales. Pero esto no basta. India, por ejemplo, tiene un coeficiente de Gini (medida de desigualdad) similar al de muchos países latinoamericanos, y enfrenta profundas disparidades sociales y urbanas. Sin embargo, su tasa de homicidios es de apenas 2,8 por cada 100.000 habitantes. En Indonesia es de 0,6, en Filipinas entre 4 y 8, y en Tailandia alrededor de 3,2. ¿Por qué entonces América Latina es tan desproporcionadamente letal?

La descomposición institucional y la herencia posautoritara

Una diferencia clave está en la historia de construcción estatal. En buena parte de América Latina, la transición desde dictaduras militares coincidió con reformas neoliberales que debilitaron aún más la capacidad del Estado. En lugar de construir burocracias eficaces o fuerzas de seguridad profesionales, muchos países optaron por modelos de gobernabilidad personalista y fragmentada. En contraste, países asiáticos como India —con una democracia continua desde la independencia— o Indonesia —que mantuvo estructuras administrativas robustas tras la caída de Suharto— lograron conservar o reconstruir aparatos estatales funcionales. Esta divergencia histórica ayuda a explicar por qué en América Latina la democracia llegó muchas veces sin Estado.

Crimen como poder paralelo

Otra diferencia crucial es el rol del crimen organizado. En América Latina, no solo desafía al Estado: en muchos casos lo sustituye. En ciudades como Caracas, Rosario o Tegucigalpa, los grupos armados no solo delinquen, sino que ejercen funciones estatales: regulan mercados, imponen normas, cobran tributos y ejecutan justicia. Son “micro-Estados” ilegítimos, pero funcionales, que ocupan vacíos dejados por la retirada institucional.

Fragmentación urbana y cohesión social

La disolución del tejido comunitario en las periferias urbanas latinoamericanas —erosionado por décadas de desplazamientos forzados, urbanización caótica y abandono estatal— ha dejado espacios sociales sin contención. En cambio, en muchas ciudades asiáticas, subsisten redes tradicionales (castas, clanes, asociaciones religiosas o clientelares) que actúan como mecanismos informales de regulación y prevención del crimen.

La impunidad: oxígeno de la violencia

Además, la impunidad es el combustible. En México, el 90 % de los homicidios quedan sin resolver. En Brasil, apenas el 20 % termina en condena. En contraste, India investiga el 65 % de los casos, acusa formalmente al 72 %, y condena al 57 % de los acusados. La tasa específica de condenas por asesinato llega al 42,4 %. En países como Indonesia, con tasas de homicidio inferiores a 0,6 por 100.000, el crimen organizado enfrenta un mayor riesgo de castigo, lo que actúa como freno estructural.

Armas por doquier: la letalidad como norma

En América Latina, la omnipresencia de armas agrava el panorama. Brasil tiene 8,3 armas por cada 100 habitantes, México 12,9, Uruguay 34,7. India tiene solo 5,3; Indonesia, 0,6; Filipinas, 3,6. Además, el tráfico ilegal desde EE.UU. dota a los cárteles latinoamericanos de armamento de guerra, superior incluso al de muchas policías locales.

El factor externo: Estados Unidos como parte del problema

La influencia de Estados Unidos ha sido ambivalente: como principal consumidor de drogas, su demanda financia el crimen transnacional, mientras que sus políticas antidrogas —como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida— han contribuido a militarizar el enfoque sin resolver los problemas estructurales. En lugar de fortalecer al Estado, muchas de estas iniciativas lo han fragmentado aún más. En contraste, países asiáticos han aplicado lógicas más centralizadas y menos dependientes de agendas externas.

La ciudad como epicentro de la batalla

La violencia en América Latina es, sobre todo, urbana. Y las ciudades son el nuevo campo de disputa por el control territorial. Rosario, por ejemplo, registró en 2023 más de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, en gran parte vinculados a disputas entre bandas como “Los Monos” y grupos emergentes. En ciudades como Arica o Guayaquil, las alcaldías carecen de control sobre las policías, y enfrentan amenazas armadas sin herramientas institucionales suficientes. En cambio, en urbes como Mumbai (1,3 homicidios) o Manila (3,3), las autoridades locales mantienen redes de contención social y coordinación policial más efectivas.

Violencia sin destino… pero no irreversible

América Latina vive atrapada en un espejismo: paz sin guerra, pero con violencia sin tregua. Como advirtió Roque Dalton, “la violencia no es el problema, sino el estado natural del alma latinoamericana”. Pero esa supuesta “naturaleza” es, en realidad, una construcción. Superarla exige reconstruir instituciones, profesionalizar la justicia penal, recuperar la legitimidad estatal y reconstituir las redes sociales desde abajo. Compararse con Asia muestra que la violencia no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, sociales e históricas. Y por tanto, puede ser desarmada.

Sahasranshu Dash es socio de investigación del South Asia Institute of Research and Development, Katmandú, Nepal.

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Fernández muestra a EFE el interior de una bolsa de plástico donde guarda comida “para luego”. “Aquí estoy… viviendo con lo que se puede”, comenta.

Cerca de él, una mujer mayor pide dinero en la entrada de un restaurante cuyos platos son inalcanzables para ambos.

Después de 5 años de crisis profunda, la percepción social en Cuba es que la mendicidad ha aumentado, afectando a personas como José.

No es sorprendente: él recibe 1,674 pesos cubanos (13 dólares al cambio oficial) de pensión. Para comprar un cartón de 30 huevos, necesitaría casi el doble de esa cantidad.

La realidad de la pobreza

A unos kilómetros, en el barrio acomodado de Miramar, José Luis Balsinder, de 56 años, le cuenta a EFE que “nunca” había buscado en la basura. Sin embargo, su vida ha llegado a un punto crítico.

“En mi vida había hecho esto, pero si no lo hago, no como”, lamenta Balsinder.

Él recorre cada dos días los casi 50 kilómetros que separan La Habana de Guanajay en Artemisa, donde reside.

“Si aquí no hay, imagínate allá”, dice con resignación.

Antes, era guardia de seguridad y con un sueldo de 2,500 pesos (20 dólares al cambio oficial) no le alcanzaba para cubrir lo más básico. Ahora, debe buscar entre los desechos o esperar “suerte” de quienes le regalan algo para comer.

Reacciones oficiales

La exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, ha causado controversia al afirmar que ni Fernández ni Balsinder existen realmente.

La funcionaria generó polémica tras declarar en el Parlamento que en el país no hay mendigos, sino personas “disfrazadas” que buscan una vida “fácil” para evadir el fisco.

Los diputados, todos militantes del Partido Comunista (PCC, único legal) o miembros de organizaciones afines al Gobierno, aplaudieron sus palabras.

Un día después, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, criticó las declaraciones de Feitó, quien también es miembro del Comité Central del PCC. Al finalizar la jornada, presentó su renuncia al cargo.

Terminología oficial

El Gobierno cubano se refiere a los indigentes como “personas con conducta deambulante”. Según cifras oficiales, entre 2014 y septiembre de 2023 se identificaron 3,690 indigentes, en su mayoría hombres de edad avanzada.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, afirmó en el Parlamento que “más de 310,000 personas están en situación de vulnerabilidad”, lo que representa un 3% de la población.

Marrero también anunció que, a partir de septiembre, se duplicará la pensión mínima de los 1,528 pesos cubanos actuales (12.7 dólares al cambio oficial) a 3,056 pesos (25.4 dólares), que es el precio de un cartón de huevos.

Desigualdad económica

Tanto las pensiones como el sueldo medio estatal, que es de 5,839 pesos cubanos o aproximadamente 48.6 dólares al cambio oficial, están por debajo de las necesidades básicas de una familia, según cálculos independientes.

El costo de la canasta básica de alimentos aumentó un 18% en un año, pasando de 19,975 pesos mensuales (166 dólares) a 24,351 pesos (202 dólares) al cierre del año pasado, según el economista independiente Omar Everleny, basado en datos oficiales.

Este monto es lo que necesitaría una familia de dos personas para adquirir una canasta de 17 productos básicos, incluyendo los subvencionados por la cartilla de racionamiento. No se incluyen los costos de transporte, internet, ropa y productos de higiene personal.

Crítica al discurso oficial

La economista cubana Tamarys Bahamonde es clara en su análisis. Para ella, el oficialismo ha utilizado históricamente “eufemismos que esconden la realidad”, como el término “vulnerabilidad” o “conducta deambulante” para referirse a la pobreza en la isla.

“La vulnerabilidad indica el peligro de tener el problema mañana, no ahora. Si eres vulnerable, no eres pobre en el presente, lo serás en algún momento. Si el discurso oficial no menciona directamente a los pobres, asume que no los hay y eso es grave, porque si no identificas la pobreza como un problema, nunca lo vas a atender”, explica.

En su reprobación a la exministra del Trabajo, Díaz-Canel aseguró: “No se defiende a la revolución cuando ocultamos los problemas que tenemos”.

Sin embargo, Bahamonde va más allá. Ella señala que otro “gran problema del discurso” es el uso del término “conducta deambulante”, que sugiere que el problema no es del sistema político, sino de la conducta de las personas: “ellos quieren ser así y asumir eso es peligroso”.

Para la experta, “la pobreza en Cuba es sistémica porque el sistema no genera las suficientes condiciones socioeconómicas para que las personas puedan salir del ciclo de pobreza”.

EFE

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La investigación, que combina encuestas a más de 21,000 personas de 71 países de todos los continentes con datos de índices macroeconómicos como el Producto Interno Bruto (PIB) y los índices de desigualdad económica, concluye que percibir altos niveles de desigualdad económica “socava significativamente” el bienestar individual en diversas dimensiones del desarrollo humano.

Investigación liderada por expertos

El estudio fue realizado por un equipo internacional de científicos, encabezado por Ángel Sánchez-Rodríguez, profesor de Psicología Social y Antropología en la Universidad de Salamanca, España. Esta investigación ofrece información crucial sobre cómo la conciencia de la disparidad económica afecta no solo a la felicidad, sino también a la armonía, el sentido de la vida y la espiritualidad.

Los hallazgos demuestran que cuando las personas son conscientes de las disparidades económicas en su sociedad, esto se relaciona negativamente con su bienestar general. Además, amplía la brecha entre cómo se sienten actualmente y cómo aspiran a sentirse.

Impacto en el bienestar público

“Este estudio nos ayuda a comprender que los altos niveles de desigualdad económica que se observan en muchos países no son solo una cuestión de justicia social, sino también un problema acuciante de bienestar público”, explicó Sánchez-Rodríguez en declaraciones a EFE.

El investigador añadió que uno de los avances de este estudio, en comparación con la literatura anterior, es que al medir la desigualdad económica estructural basada en valores económicos y relacionarla con el bienestar, se observaba a veces una relación positiva, otras negativa, y en ocasiones no había relación. Sin embargo, al incorporar la percepción en su trabajo, se evidenció que percibir altos niveles de desigualdad económica se asocia con un menor bienestar.

Enfoque culturalmente sensible

Este estudio también destaca por su enfoque culturalmente sensible al medir el bienestar. Incluye nuevos parámetros como el sentido de la vida, la armonía y la espiritualidad, dimensiones que pueden ser especialmente relevantes en culturas no occidentales.

Este enfoque integral muestra que la desigualdad percibida afecta múltiples aspectos del desarrollo humano, no solo la satisfacción emocional. “Cuanto mayor es la desigualdad económica que perciben las personas a su alrededor, menor es su bienestar general”, resume el investigador.

Retos globales actuales

La investigación considera los retos globales actuales y cómo las personas reaccionan ante uno de los problemas más urgentes: la creciente brecha entre ricos y pobres. Esta cuestión ha sido reconocida por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, que identifican la reducción de la desigualdad como un objetivo clave para construir una sociedad más sostenible y justa.

Para los investigadores, reducir la conciencia de la desigualdad no es la solución. En cambio, abordan la desigualdad en sí misma como una estrategia viable para mejorar el bienestar. “Eso sí es una estrategia viable para mejorar el bienestar”, afirmó Sánchez-Rodríguez.

Desigualdad económica como problema

La desigualdad económica objetiva, que refleja las disparidades reales en las condiciones de vida, es el problema de fondo. El estudio concluye que la desigualdad económica no solo representa un reto político, sino que también es una amenaza fundamental para el bienestar humano.

La entrada Según estudio: Percibir la desigualdad económica impacta nuestra felicidad y bienestar espiritual se publicó primero en La Patria Bolivia.

Además, el informe señala que 239 millones de estas personas viven en condiciones de extrema pobreza, lo que significa que tienen “nulas o escasas posibilidades de superar su precaria situación socioeconómica” en un contexto de cambio climático cada vez más amenazante. Por lo tanto, será necesario implementar medidas para proteger a los más vulnerables.

Resultados del informe

Este análisis es parte del informe titulado `¿Quién asume el coste? Cómo abordar las desigualdades derivadas del cambio climático y la acción climática`, que fue presentado el miércoles 28 de mayo de 2025 en Barcelona, España.

El autor principal del informe, Rodolfo Lacy, explicó que la investigación incluye un conjunto de índices compuestos que evalúan cómo se verán afectados distintos sectores y poblaciones en los escenarios climáticos previstos para mediados de siglo.

Los resultados revelan “desigualdades significativas” en cuanto a la exposición a riesgos climáticos y la capacidad de adaptación, especialmente entre grupos marginados y de bajos ingresos. De hecho, el análisis indica que el sur global soporta una carga “desigual” frente al cambio climático.

Por ejemplo, 3.600 millones de personas viven en zonas muy vulnerables a los efectos del cambio climático. Además, 2.500 millones de personas podrían estar expuestas a temperaturas extremas, superiores a 35 grados, durante más de 12 semanas al año para 2050. De estas, 239 millones se encuentran en condiciones de “extrema pobreza”.

Grupos más afectados

El estudio también destaca que los pueblos indígenas, los niños, los trabajadores irregulares y las mujeres son los que enfrentan un riesgo “más elevado”. Se estima que 1.400 millones de personas de estos grupos se verán directamente afectadas entre 2040 y 2060.

Rodolfo Lacy advirtió que “si la equidad y la justicia no se sitúan en el centro de las agendas climáticas, se corre el grave riesgo de agudizar las desigualdades actuales”. Esto podría socavar la estabilidad global y dificultar el objetivo compartido del desarrollo sostenible. Por lo tanto, el imperativo de una acción climática inclusiva y equitativa es más urgente que nunca.

Transición justa e inclusiva

En este contexto, Gustavo Merino, director de Políticas Sociales de la Unesco, explicó que el estudio propone integrar la equidad, la justicia social y los derechos humanos en las políticas climáticas. Esto es fundamental para garantizar una transición “justa e inclusiva”.

Merino destacó que “los primeros efectos del cambio climático global afectan de una manera desproporcionada a países y comunidades que apenas han contribuido a la crisis, pero son extremadamente vulnerables a sus efectos”.

Según el informe, el 10 % de los países más ricos son responsables de casi el 50 % de las emisiones globales. Mientras tanto, los países más vulnerables, como Chad, Sudán del Sur, Níger, República Centroafricana y Somalia, enfrentan complejas crisis de pobreza, falta de infraestructuras y estrés climático.

Fuente: EFE.

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Natasha Morales, coordinadora de Investigación y Políticas de Oxfam en Bolivia, declaró a EFE que en los últimos años ha habido un “deterioro tremendo” de los bosques debido a la expansión de la agroindustria y la minería. Según Morales, Bolivia se encuentra casi en un “punto de no retorno”.

La experta también mencionó que parte del problema radica en las “brechas sociales” que se están ampliando, especialmente en los sectores de la agroindustria y la minería del oro. Esto tiene efectos negativos en las comunidades indígenas y en las poblaciones rurales.

Actores en conflicto

Morales sostuvo que hay dos actores operando en las mismas zonas que, durante 5 años, han intensificado su producción y han expandido sus tierras sin límites. Esto ha llevado a una situación crítica que requiere atención inmediata.

El estudio busca fomentar un “debate más crítico” sobre cómo Bolivia ha manejado su desarrollo, el cual ha estado impulsando el extractivismo sin diversificar su economía.

Deforestación y desigualdad

La investigación revela que existe una “brecha” entre los principios legales de protección al medio ambiente y su “implementación efectiva”. Oxfam exhorta a corregir las desigualdades sistémicas que contribuyen a la crisis climática.

Además, el estudio incluye testimonios de mujeres de los pueblos indígenas esse ejja, tacanas y chiquitanas, quienes relatan cómo las prácticas extractivas, la deforestación y los cambios climáticos afectan desproporcionadamente a sus comunidades.

Impacto en los ingresos

Los problemas ambientales han causado una disminución en los ingresos familiares en los últimos años, afectando al 45,5 % de las familias en áreas rurales y al 33 % en las ciudades, según las fuentes consultadas.

El informe sostiene que entre 2018 y 2022, la expansión agrícola y pecuaria fue responsable del 97 % de la deforestación en el país. Además, el Estado boliviano fomenta esta expansión a través de subsidios, créditos y privilegios.

Minería del oro

Otro aspecto destacado en el estudio es el impacto de la minería de oro. Aunque representa una “fuente significativa de ingresos”, también tiene consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las comunidades, especialmente por el uso de mercurio que contamina los ríos.

La producción de oro alcanzó 53,3 toneladas en 2022, lo que representa un incremento del 91 % en comparación con el promedio de producción entre 2014 y 2018. Los testimonios de las mujeres indígenas reflejan cómo las actividades mineras destruyen las plantaciones agrícolas, afectando el tiempo que los comunarios dedican a preparar el terreno para la siembra.

Moratoria necesaria

Morales, responsable del estudio, considera que Bolivia ha llegado a un punto crítico en el que debe establecer “una moratoria a la explotación del medio ambiente y a la explotación de nuestros recursos naturales”.

Actualmente, Bolivia enfrenta una de sus peores crisis medioambientales, provocada por incendios forestales que han devastado más de 7 millones de hectáreas de bosques solo en el departamento de Santa Cruz, según datos de la Gobernación.

Declaratoria de desastre nacional

El Gobierno boliviano ha emitido una declaratoria de “desastre nacional”, lo que permite al país recibir mayor ayuda internacional para combatir los incendios forestales. Una de las principales causas de esta calamidad son las quemas agrícolas o “chaqueos”, que se utilizan para habilitar terrenos para la siembra, el ganado o el desmonte.

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Monseñor Dowlaszewicz criticó los datos del Censo, argumentando que generan sospechas y reflejan una cultura de hacer las cosas a medias. Ejemplificó su preocupación con el caso de muchos jóvenes que, a pesar de esperar varios días y noches en largas filas para inscribirse en el padrón electoral, no lograron cumplir con su deber ciudadano debido a la falta de capacidad de empadronamiento.

Inicio del mes aniversario de Santa Cruz

En su homilía, el obispo recordó que este domingo inicia el mes aniversario de Santa Cruz, destacando el espíritu solidario, independiente y renovador del pueblo cruceño, que honra sus raíces mientras mira al futuro.

Este año se conmemoran 214 años del grito libertario, un motivo de orgullo y libertad que caracteriza a Santa Cruz, aunque ahora se ve afectado por los problemas derivados de los resultados del Censo.

Llamado a seguir las enseñanzas de Jesús

El obispo hizo un llamado a seguir las enseñanzas de Jesús basadas en el respeto, la tolerancia, la bondad, el perdón, la solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad y la honestidad.

Incoherencia entre palabras y acciones

Concluyó su mensaje advirtiendo sobre la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, citando las palabras del Señor: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí”. Cerró su homilía con un fervoroso: “¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Que viva siempre!”.

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Sin embargo, según una encuesta realizada por el Instituto Market Analysis Brasil, el 36% de la población nunca ha oído hablar de la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) más popular en la actualidad, ChatGPT. Además, el 40% de los brasileños no siente la necesidad de herramientas de IA en su vida diaria. Entre ellos, el 53% tiene poca o ninguna educación y el 36% pertenece a clases sociales de bajos ingresos. También según datos de la última Encuesta Nacional por Muestra de Hogares – PNAD Continua, 24 millones de brasileños nunca han accedido a Internet. La mayoría de ellos se encuentran en zonas rurales, en las regiones Norte y Nordeste del país. Estos grupos se identifican como “analfabetos digitales”, ya que no están familiarizados con las tecnologías de inteligencia artificial ni siquiera con Internet.

En un escenario tecnológico en el que se discute cada vez más la creación de datos sintéticos mediante Inteligencia Artificial Generativa y su uso en estudios de opinión pública, ¿cuál es el impacto de este importante sector de la población digitalmente excluida? ¿Lo digital sería capaz de predecir, simular o incluso influir en los comportamientos y opiniones de quienes sólo participan en el mundo analógico?

Un experimento reciente del estudio World Values Survey (WVS) realizado en Brasil por los profesores Henrique de Castro y Daniel Capistrano demostró la dificultad de los algoritmos de IA para crear datos sintéticos que representen a la población con menor educación y perteneciente a clases sociales más bajas. Así, vemos que es precisamente la población menos educada, con menores ingresos, la que más desafía las capacidades de predicción de la IA. Los llamados “analfabetos digitales” son también, por tanto, aquellos “indomables” por la tecnología, impredecibles a los datos sintéticos.

Las implicaciones de este fenómeno son profundas y, en cierto modo, paradójicas. En una sociedad cada vez más monitoreada y en la que se intenta controlar y moldear opiniones a través de preferencias anticipadas o construidas artificialmente mediante algoritmos de IA, es precisamente entre quienes tienen menos educación y menores ingresos donde la influencia de estas tecnologías encuentra mayor resistencia. Estos individuos, a menudo excluidos de las muestras de investigación y menos presentes en las plataformas digitales, siguen siendo más “invisibles” para los algoritmos y desafían la capacidad predictiva de la investigación.

A medida que la tecnología avanza y se vuelve más sofisticada, aquellos que se encuentran al margen de este avance pueden convertirse en verdaderos agentes invisibles del cambio, influyendo decisivamente en la dirección política y social del país, especialmente en una sociedad polarizada como la brasileña, en la que 2 millones de votos decidieron la última disputa presidencial.

Sin embargo, aunque están menos influenciados por la tecnología, estos grupos no son inmunes a la manipulación. Otros medios tradicionales de influencia, como la televisión, los líderes religiosos y los líderes locales, todavía ejercen una influencia significativa y pueden moldear opiniones de manera efectiva, a menudo compensando la falta de impacto directo de los medios digitales.

Uno de los vectores de influencia a considerar también hoy en día es Internet a través de la televisión. La televisión es actualmente el segundo medio de acceso a Internet para los brasileños (el 47,5% la utiliza), superando, por primera vez, al ordenador personal (el 35,5% la utiliza). Con el auge de los servicios de streaming, los canales de YouTube y los podcasts, cabe preguntarse: ¿son estos contenidos digitales, vistos por televisión, los formadores de opinión de una sociedad con una alfabetización digital parcial? Esta pregunta es fundamental para comprender la dinámica del consumo de información y la formación de opiniones en diferentes segmentos de la población.

Es necesario ampliar el debate sobre la vigilancia y el control social mediante la IA. La idea de que es posible un seguimiento completo de la sociedad puede resultar ilusoria si no consideramos las limitaciones inherentes al alcance de la tecnología. La resistencia natural de los segmentos menos conectados puede servir como recordatorio de que la diversidad y la complejidad humanas siempre encontrarán maneras de manifestarse, incluso en un mundo cada vez más digitalizado. Este aspecto debería ser central en cualquier debate sobre el futuro de la tecnología y la sociedad.

Esta situación abre espacio para cuestionar el papel de la tecnología en nuestra sociedad y la necesidad de políticas inclusivas. Es esencial que las políticas públicas y privadas sobre IA consideren a estos grupos marginados, no solo como un desafío a superar, sino como una oportunidad para un enfoque más equitativo e inclusivo. La inclusión digital debe verse como un derecho fundamental, necesario para la plena participación en la sociedad contemporánea.

Para que la inclusión digital se convierta en una realidad integral, se necesita un esfuerzo concentrado que vaya más allá de la mera disponibilidad de tecnología. Es imperativa una inversión significativa en infraestructura, educación y formación. Las zonas rurales y las regiones Norte y Nordeste de Brasil, que sufren el mayor déficit de conectividad, necesitan iniciativas específicas que fomenten la expansión de la red de Internet de alta velocidad.

Además, la educación digital debe integrarse en los planes de estudio escolares desde los primeros grados, asegurando que las nuevas generaciones desarrollen habilidades tecnológicas desde una edad temprana. Los programas de alfabetización digital para adultos también son esenciales para permitir que la población utilice las herramientas digitales de manera efectiva.

Además de promover una sociedad más igualitaria y participativa, es crucial que este acceso sea también crítico y reflexivo. La educación digital no debe centrarse sólo en las habilidades técnicas, sino también en desarrollar una comprensión crítica de la tecnología y sus impactos sociales, éticos y políticos. Esto incluye enseñar cómo identificar y combatir la información errónea, comprender las implicaciones de la privacidad y la seguridad en línea y reflexionar sobre el papel de las grandes corporaciones tecnológicas en nuestra vida cotidiana. Al fomentar un enfoque crítico, garantizamos que los ciudadanos no sean meros consumidores pasivos de tecnología, sino agentes activos que pueden cuestionar, influir y dar forma al desarrollo tecnológico de una manera consciente y ética.

Un enfoque crítico también implica crear conciencia sobre los sesgos inherentes a las tecnologías de inteligencia artificial y la importancia de una representación justa en los datos utilizados para entrenar estos sistemas. Por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial que utilizan como fuente textos que consagran prejuicios raciales o lógica sexista reproducirán estos sesgos como sabiduría convencional. Sin esta conciencia, se corre el riesgo de perpetuar las desigualdades existentes y crear nuevas formas de exclusión.

Por lo tanto, las políticas públicas y las iniciativas educativas deben incluir debates sobre la ética en la tecnología, promoviendo una cultura del cuestionamiento y la rendición de cuentas. Al empoderar a la población para que piense críticamente sobre la tecnología, no solo empoderamos a las personas, sino que también fortalecemos la democracia, garantizando que la evolución digital sea inclusiva, justa y se refleje críticamente en la sociedad.

Camila Cassis tiene graduación en Historia y Ciencias Sociales con posgraduación en Ciencia Política (Unicamp) y es analista de investigación de Market Analysis, consultora de opinión pública con sede en Brasil.
Teresa De Bastiani es licenciada en Ciencias Sociales por la UFSC (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil) y analista de investigación de Market Analysis, consultora de opinión pública con sede en Brasil.

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Las protestas provocaron el cierre de escuelas, bancos y mercados en ciudades como Abuya, Lagos, Enugu y Kano. Los jóvenes, impulsados por las redes sociales, expresaron su cansancio y hambre debido a las dificultades económicas que enfrentan.

Aumento de la inflación y precios de productos básicos

Desde la llegada al poder del presidente Bola Tinubu en mayo de 2023, el costo de la vida en Nigeria ha aumentado considerablemente. La inflación alcanzó un máximo histórico de un 33,95% en junio pasado, lo que ha disparado los precios de productos básicos como el arroz, el maíz y el ñame, volviéndolos inaccesibles para muchos nigerianos.

Medidas insuficientes para mitigar el impacto

A pesar de las medidas impulsadas por Tinubu, como la distribución gratuita de cereales y el aumento del salario mínimo, no se ha logrado mitigar el impacto de la crisis económica en la población. La retirada del subsidio sobre el combustible ha generado descontento y ha llevado a los manifestantes a exigir acciones por parte del Gobierno.

Acusaciones contra Tinubu y represión policial

Los manifestantes acusan a Tinubu de haber empobrecido a los nigerianos y de no tomar medidas efectivas para mejorar la situación económica del país. En algunas ciudades, la Policía reprimió las protestas con gases lacrimógenos y se registraron casos de bloqueo de carreteras, vandalismo y saqueos.

Desigualdad y crisis de desnutrición

Nigeria, siendo el país más poblado de África y uno de los principales productores de petróleo, enfrenta altos niveles de desigualdad. Según el Banco Mundial, cuatro de cada diez nigerianos viven por debajo del umbral de la pobreza. La inflación también ha contribuido a una grave crisis de desnutrición en los estados norteños del país, afectando especialmente a los niños.

Las protestas en Nigeria reflejan el descontento de la población ante el alto costo de la vida y la falta de medidas efectivas para mejorar la situación económica. Los jóvenes, impulsados por las redes sociales, exigen acciones concretas por parte del Gobierno para aliviar las dificultades que enfrentan en su día a día.

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El cambio climático es hoy un desafío urgente que impacta con más fuerza a los países del Sur Global. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las comunidades más afectadas son las que menos han contribuido históricamente a este fenómeno: entre 3.300 y 3.600 millones de personas del Sur Global son las más vulnerables al cambio climático en todo el mundo. América Latina, es responsable por apenas el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es una región altamente vulnerable a los desastres y a fenómenos como la inseguridad alimentaria y el desplazamiento forzado de población provocados por el cambio climático en combinación con otros factores, a la vez que posee medios limitados para adaptarse a los efectos del cambio climático. Por ello, hablar de cambio climático, implica reconocer que estamos ante un problema no solamente ambiental, sino político y ético en el que existen efectos y responsabilidades diferenciados. En este contexto, la justicia climática pone en el centro la equidad y los derechos humanos de las personas y busca abordar estos temas de forma interconectada, considerando diversas formas de desigualdad.

La noción de justicia climática pone sobre la mesa las desiguales responsabilidades históricas y presentes de los países, empresas y personas respecto a la crisis climática. Tales responsabilidades pueden ser medidas a través de las altas emisiones de los países del Norte Global y de las grandes empresas contaminantes, al igual que mediante los impactos desproporcionales de las personas ricas en la crisis climática. Estas tienen un impacto mayor por su estilo de vida, inversiones y acciones políticas que niegan muchas veces la gravedad de la crisis climática, además de bloquear procesos de transición justa y de silenciar las voces de quienes defienden el medio ambiente y la necesidad de sustituir los combustibles fósiles y el actual modelo económico.

De acuerdo con el Informe Global “Desigualdad S.A” de OXFAM, el poder empresarial está impulsando el colapso climático, exacerbando múltiples desigualdades y aumentando el sufrimiento de millones de personas. Desde 2020 los cinco hombres más ricos del mundo han duplicado con creces sus fortunas hasta alcanzar los US 869.000 millones en 2023, al mismo tiempo en que la riqueza de 5000 millones de personas a nivel global se ha reducido.

La gran responsabilidad de los milmillonarios

En consecuencia, el 1% más rico de la población mundial genera tantas emisiones de carbono como los dos tercios más pobres de la humanidad. Además, aunque sólo algo más de una de cada cinco personas viven en países del Norte Global, éstas concentran el 69% de la riqueza privada y casi tres cuartas partes de la riqueza del mundo. Las empresas multinacionales son las otras grandes beneficiarias de este escandaloso proceso de acumulación, acelerado tras la pandemia, ya que los beneficios de las mayores empresas experimentaron un aumento del 89% entre 2021 y 2022.

Más allá de exponer las desigualdades socioeconómicas históricas y presentes entre países y clases sociales, la justicia climática es heredera de los estudios sobre ecología política y de las luchas por la justicia ambiental que han denunciado históricamente el racismo ambiental y los efectos desproporcionales de la degradación del medio ambiente sobre las poblaciones negras, periféricas, indígenas y campesinas. En la misma medida, la noción de justicia climática se alimenta de las reivindicaciones del movimiento feminista que han expuesto los mayores efectos que la crisis ambiental y climática tiene sobre las mujeres. Así, la noción de justicia climática da cuenta de las desigualdades estructurales entre regiones, pero también dentro de un mismo país y de cómo poblaciones específicas como los indígenas, negros, mujeres o personas con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir los efectos adversos del cambio climático.

Por otro lado, la justica climática también analiza las desigualdades intergeneracionales que hacen que los niños y jóvenes de hoy, pese a no haber contribuido con la crisis climática de forma significativa, sufran sus impactos de manera más severa a medida que crecen y vean perjudicado su derecho a un futuro sostenible. De hecho, un estudio de la revista Science de 2021 evidenció que los niños nacidos en 2020 experimentarán entre dos y siete veces más los fenómenos climáticos extremos, especialmente olas de calor, en comparación con las personas nacidas en 1960.

El concepto de justicia climática

A nivel internacional, el concepto de justicia climática es una derivación del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas (CBDR, por sus siglas en inglés, Common But Differentiated Responsibilities) que constituye una norma clave de la política climática global. El principio fue establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reconoce que todos los Estados tienen la responsabilidad de proteger el clima como bien común de la humanidad y de abordar los desafíos impuestos por el cambio climático. Este acuerdo, defiende diversos niveles de protección y compromisos ambientales por parte de los países industrializados y de los países en desarrollo. El CBDR fue uno de los logros de la cooperación y articulación de los países en desarrollo durante la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.

El principio reconoce que los países desarrollados y en desarrollo han contribuido históricamente de forma desigual a la crisis climática: los niveles superiores de industrialización de los primeros dan cuenta, por ejemplo, de sus mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los países desarrollados tienen mayor capacidad financiera y tecnológica, y pueden abordar los efectos y retos impuestos por el clima de forma diferenciada. Estos pueden reducir mayormente la emisión de gases de efecto invernadero y financiar las pérdidas y daños que el cambio climático está generando en los países más vulnerables, por citar sólo dos ejemplos.

En la Conferencia de las Partes COP-28 celebrada en Dubái en 2023, se alcanzó la decisión histórica de aprobar un Fondo Climático de Daños y Pérdidas para países vulnerables. El Fondo recibió contribuciones de aproximadamente 400 millones de dólares. Pero investigadores y organizaciones que actúan en la lucha contra el cambio climático subrayan que los impactos devastadores y sin precedentes provocados por el calentamiento global demandan mayores recursos y compromisos integrales.

El Fondo Climático de Daños y Pérdidas para países vulnerables fue definido por el Secretario de la ONU, António Guterres, como «una herramienta esencial para lograr la justicia climática». Sin embargo, para obtener una justicia climática real es necesario hacer mucho más. De acuerdo con el Informe “Igualdad Climática: Un planeta para el 99%” de OXFAM, las crisis (climática y de desigualdad) están interconectadas, indisolublemente unidas, y se retroalimentan.

Por ello, el mejor antídoto para acabar con el colapso climático y la pobreza es promover la igualdad en todas las esferas. Si no abandonamos los combustibles fósiles, combatimos las desigualdades y ponemos en el centro de las decisiones sobre el clima los derechos de las personas, será imposible construir una verdadera transición justa hacia un futuro sostenible.

Cientista política. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ) y del Postgrado en Ciencia Política de la UNIRIO. Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.

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Usando la perspectiva del ciclo de la vida se puede ver con claridad qué inequidades, y cómo, afectan la salud de las personas en América Latina y el Caribe (ALC). Desde que estamos por ser concebidos, dónde y en qué condiciones lo seamos definen nuestro desarrollo en el vientre materno, nuestro nacimiento, nuestros primeros 1.000 días en el planeta y, sin exagerar, mucho de nuestro bienestar y nuestras dolencias en el futuro. Para empezar, dependemos de la salud de nuestras madres. La educación sexual y el acceso a contraceptivos son limitados en la región, mientras que la violencia de género está muy extendida (los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados afectan a 1 de cada 5 niñas). Como consecuencia, tenemos la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo. El 19% de todos los nacimientos corresponde a mujeres menores de 20 años de edad, con los problemas de salud que implica un embarazo precoz para la madre (depresión, anemia y complicaciones obstétricas) y el bebé (bajo peso al nacer y otras condiciones neonatales).

Los cuidados prenatales, que concentran una porción importante de la inversión pública, no llegan a todas las madres y sus hijos por igual en nuestra región. Las mujeres embarazadas con mayor nivel de educación acudirán más a estos controles que las mujeres con los niveles más bajos de educación (ninguna o solo la primaria). La cobertura más baja de controles prenatales se encuentra en los países de más bajos ingresos como Guatemala (alrededor de 60%). En ese mismo país, la razón de mortalidad materna es de 96 por 100.000 nacidos vivos cuando la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es de 70 por 100.000. El riesgo de muerte materna es tres veces más alto en las adolescentes menores de 15 años que en las mujeres de más de 20 años en ALC. Al menos el 10% de todas las muertes maternas en la región se deben a abortos inseguros. Esto se debe a que el aborto es ilegal con escasas excepciones (violación, anormalidad fetal grave) en algunos países. Aun así, más de la tercera parte de embarazos (solo en adolescentes de 15 a 19 años se estima que suman 670.000) terminan en aborto inducido anualmente.

La mortalidad infantil es otro claro indicador de las inequidades en salud en ALC. A partir de nuestro nacimiento, nuestra sobreviviencia estará definida por nuestras condiciones de vida. Si gateamos en pisos de tierra estaremos en contacto directo con parásitos -que provocan enfermeades diarreicas conducentes a la desnutrición crónica e incluso la muerte (0.51% del total de muertes en la región). Si crecemos cercade una mina ilegal, estaremos expuestos a metales pesados como el plomo -que conduce a anemia. Es así que los menores de cinco años sufren tasas de desnutrición persistenmente altas en países como Guatemala (43.5% en promedio) y Ecuador (27,4% en la Sierra Rural, donde hay una alto porcentaje de población indígena), así como tasas de anemia altas (36,9% en Bolivia y 38,2% en Ecuador, donde prolifera la minería ilegal. En consonancia, la tasa promedio de mortalidad infantil de 25 por 1.000 en la región es cinco veces la tasa del promedio de la OCDE. La diferencia en mortalidad infantil entre los hogares más ricos y más pobres en países como Paraguay es igual de alarmante: es 20 veces más alta en el primer y segundo quintil de la población que en el quintil más rico, donde es cercano a cero.

Una vez superadas las pruebas impuestas en las primeras etapas de nuestra vida, llegaremos a la adolescencia, donde el ciclo inicial se repetirá más rápidamente en los sectores más desfavorecidos. Al inicio de la edad adulta, los habitantes de ALC se verán enfrentados activamente a una alimentación deficiente y sus impactos. La inseguridad alimentaria es más frecuente en la región (14,2%) que en el mundo (11,7%). Esto implicó que 56,5 millones de personas padecieran de hambre en 2021. Concomitantemente, el 22.5% de la población no puede acceder a una dieta saludable, lo cual está influenciado por el nivel de ingresos del país, la incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad. En el Caribe, la proporción llega a 52%, en Mesoamérica, a 27,8% y en América del Sur, a 18,4%. La calidad de la dieta está vinculada con el sobrepeso y la obesidad, que a su vez están relacionados con el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (ENT). En la región, la obesidad afecta a 24,2% de adultos, muy por encima del promedio mundial estimado de 13,1%. En Bahamas, excede el 30% mientras que en Argentina, Chile, Costa Rica, Dominica, México, República Dominicana, Surinam y Uruguay afecta a una de cada cuatro personas.

Los entornos en los que se conciben y crían los niños son los mismos de los adultos, y en las zonas y hogares con menos recursos, estarán, por ejemplo, expuestos a mayor contaminación. En la región, la contaminación del aire en interiores de los hogares provoca la muerte de 15 personas por cada 100.000 anualmente. En países como Haití, Guatemala, Honduras, Paraguay, Nicaragua y Bolivia, las tasas de mortalidad por esta causa son de dos a cuatro veces más altas que el promedio debido a que todavía se usan estufas tradicionales y combustibles sólidos. Las poblaciones más vulnerables, como las mujeres, los indígenas y los más pobres, sufren la mayoría de impactos en la salud.

Hacia el final de la jornada, nuestra esperanza de vida dependerá igualmente de nuestras condiciones socioambientales. El nivel de educación, acceso a agua segura y saneamiento y el hacinamiento marcan una diferencia importante en las ciudades. En Panamá, Chile y Costa Rica se encuentran las ciudades con la mayor esperanza de vida (81-82 años en mujeres y 75-77 años en hombres). Mientras que México, Brasil y Perú tienen las ciudades con la menor esperanza de vida en mujeres (77-78 años en promedio). Junto con El Salvador, México y Brasil también tienen la menor esperanza de vida en hombres (71 años en promedio).

En resumen, las inequidades en salud en América Latina y el Caribe se evidencian desde la concepción, con factores como el acceso limitado a recursos de salud, que afecta desproporcionadamente a los países de menores ingresos que el promedio y a las poblaciones vulnerables. El limitado gasto público en salud (3% del PIB en promedio) exige a la población un alto gasto de bolsillo –el doble del público– para tener un mínimo acceso a los servicios. Los impactos se extienden a lo largo del ciclo de la vida. A medida que las personas crecen, y hacia sus últimos años de vida, se enfrentan a los límites de las condiciones económicas nacionales, los controles ambientales y su propio ingreso económico pero sobre todo a las inequidades extremas en cada país.

Irene Torres es asesora de ciencia y políticas en el IAI (Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global) y miembro del Consejo Internacional de la Sociedad Global de Migración, Etnicidad, Raza y Salud.

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Querido José María,

Vivimos momentos difíciles que nos hacen pensar y actuar con urgencia. Hoy me veo obligado a escribirte no solo como un compatriota preocupado por el bienestar de nuestra Bolivia, sino también como alguien que está muy preocupado por los problemas graves que enfrenta nuestro país. La situación actual es muy seria, enfrentamos una crisis de muchas caras que afecta todo lo que somos y cómo vivimos.

Estamos en un punto peligroso de nuestra historia, donde las pocas raíces de lo que fue nuestra república están muriendo. El gobierno actual, en lugar de unirnos, ha creado más divisiones entre nosotros y ha hecho que la discriminación sea peor, lo que podría terminar dividiéndonos aún más. Sus acciones autoritarias y opresivas nos han llevado a una situación donde vivir juntos en paz y mantener nuestra democracia están en riesgo.

La crisis económica que estamos sufriendo no es solo por malas decisiones de gente incompetente, sino también por seguir un modelo que concentra el poder y los recursos en manos del gobierno central. Esto ha hecho que el gasto público y el consumo sean lo más importante, beneficiando solo a los amigos del gobierno, dejando muy poco espacio para que las empresas y las personas emprendan y hagan sus propios negocios. Muchos han tenido que volverse informales, buscando la manera de llevar adelante sus proyectos en libertad.

La justicia en Bolivia, que es esencial para cualquier democracia, es controlada por el poder político. Esto ha hecho que la gente pierda confianza en nuestras instituciones y se meta a la cárcel a muchos inocentes. Algunos porque se atrevieron a no estar de acuerdo con el gobierno. La Constitución nacida en un cuartel no es respetada ni por sus propios padres. Este control sobre la justicia no solo daña nuestra sociedad, sino que también muestra un peligroso autoritarismo. Los magistrados hacen lo que quieren, el parlamento no puede controlar al gobierno. El Presidente ya actúa como un dictador.

El centralismo impuesto ha dejado a nuestras regiones en un segundo plano, sin poder desarrollarse y aportar al bien común del país. Casi toda la plata se la agarra el gobierno y sus amigos. Esto ha limitado enormemente nuestro potencial, en un momento en que necesitamos más que nunca trabajar juntos y empoderar a todas las regiones.

Nuestras relaciones con otros países, en vez de ayudarnos, nos han aislado de aliados importantes y han puesto en riesgo nuestra independencia, alineándonos con gobiernos y países que no comparten nuestros valores ni respetan la libertad de los pueblos. Esto nos aleja de oportunidades importantes para nuestro desarrollo.

Además, el descuido total de nuestro medio ambiente y el aumento del narcotráfico, junto con la explotación ilegal de recursos con el visto bueno del gobierno, son signos de un problema muy grande que daña las bases de nuestro país, poniendo en peligro no solo nuestro presente sino también el futuro de las próximas generaciones. Estamos asfixiados, cada día menos libres, en un país donde el futuro pende de un hilo.

José María, hay más problemas de los que te he contado, y hablaré de ellos luego de manera simple. Pero ya es hora de abrir los ojos. No podemos quedarnos de brazos cruzados, viendo cómo perdemos nuestra patria poco a poco.

Jaime Dunn es Analista Financiero 

Twitter: JaimeDunn_

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 América Latina afronta numerosos desafíos para alcanzar un desarrollo inclusivo, de largo plazo y con estabilidad política. Son desafíos institucionales, políticos, sociales, culturales y económicos. Todos interrelacionados, pero la clave del arco se encuentra en la economía.

El actual estancamiento económico de la región desde 2014, que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la CEPAL han definido como “segunda década perdida” (2014/2023), se ha convertido en el punto de inflexión para un modelo de desarrollo que ha tocado techo tras acabar el tiempo de bonanza (la Década Dorada, 2003-2013). América Latina vive desde hace diez años en medio del estancamiento o débil expansión económica (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2022 y 2023) y crisis (2016, 2017 y 2020) con la única excepción de 2021, año atípico por el efecto rebote tras la recesión pandémica del año anterior. Latinoamérica necesita crecer alrededor del 5% para absorber las demandas sociales y alcanzar un crecimiento con desarrollo y así eludir la trampa de los países de ingresos medios. Y ese objetivo está lejos actualmente: el FMI estima que el Producto Interno Bruto regional promedio para América Latina y el Caribe crezca 2% este año, tras hacerlo al 2,3% el año pasado y al 2,5% en 2025.

Como señala el economista colombiano José Antonio Ocampo: “El crecimiento anual promedio se mantuvo ligeramente por debajo del 0,9% durante el período 2014-23, peor que la tasa del 1,3% de los años 1980. Sin embargo, se prevé que el PIB per cápita sea ligeramente superior en 2023 que al de 2013, debido a un crecimiento demográfico más lento. Por el contrario, no fue sino hasta 1994 que el PIB per cápita de la región volvió a su nivel de 1980. América Latina tiene, por lo tanto, un serio problema de crecimiento”.

Un nueva década perdida

Esta segunda década perdida ha sacado a relucir  un conjunto de problemas estructurales que lastran a los países latinoamericanos desde 2013 e incluso antes: un modelo económico y político disfuncional que no garantiza un crecimiento económico a largo plazo, ni un desarrollo sostenible e inclusivo, ni ha ido acompañado por un estado eficaz y unas administraciones públicas eficientes a la hora de implementar políticas públicas favorables a los sectores vulnerables y capaz canalizar las demandas de las clases medias emergentes.

Entre los efectos de esta segunda década perdida se encuentra el incremento del malestar de las sociedades, vinculado a esa débil expansión económica y al deterioro social (incremento de la inseguridad, de la pobreza, de la desigualdad y, sobre todo, de la vulnerabilidad de las clases medias), lo cual ha dado lugar a un voto de castigo permanente a la gestión de los oficialismos —hacia quien detenta el poder— y, en algunos casos, se ha traducido en voto de respaldo a opciones antisistema.

En la última década diversos autores como el peruano Alberto Vergara han tratado de reflexionar sobre el qué y el porqué de lo que le ocurre a la ciudadanía: concuerdan en que el malestar latinoamericano, que tiene una larga tradición histórica, se ha exacerbado y ha aumentado y se hace más evidente el choque entre una ciudadanía con crecientes expectativas que acaba defraudada por unos estados que pretenden ser republicanos (institucionalizados) y eficientes pero que cotidianamente defraudan esa promesa, pues no solo son ineficaces sino que se sitúan lejos de los problemas de la ciudadanía. Se trata de democracias débiles con baja institucionalización, “repúblicas a medias”.

Las consecuencias del estancamiento

Se trata de una dinámica que se retroalimenta debido a que los nuevos gobiernos nacen con una debilidad que condiciona su capacidad de acción: su endeblez política es la nota dominante de los ejecutivos latinoamericanos desde 2015, lo que les ha impedido llevar a cabo reformas estructurales indispensables para vincular a los países de la región a la IV Revolución Industrial, hacer más competitivas a las economías regionales y canalizar la frustración de expectativas. Además, esa debilidad institucional se ha visto alimentada por una fuerte fragmentación y una elevada polarización que han incrementado los problemas para llegar a acuerdos de estado.

Esa situación provoca la incapacidad de los gobiernos para poner en marcha procesos de reforma y que se alargue la desafección de la ciudadanía, que acaba inclinándose en cada siguiente cita ante las urnas por voto de castigo o por elementos ajenos al sistema. Los partidos que ganan las elecciones lo suelen hacer tras formar coaliciones negativas. Reúnen más un voto coyuntural y prestado que verdaderas adhesiones, con escaso apoyo en Parlamentos fragmentados y polarizados, con capacidad reducida de alcanzar consensos. No cuentan con la paciencia, muy reducida, de unas sociedades golpeadas por una década de bajo o nulo crecimiento (incluso decrecimiento), aumento de la pobreza y deterioro de las oportunidades de mejora.

Perú, que ha pasado de crecer a ritmo chinos a coquetear con la crisis y el estancamiento, es un ejemplo de esa coyuntura. De hecho, la agencia calificadora S&P Global Ratings acaba de rebajar la calificación soberana de largo plazo de ‘BBB’ a ‘BBB-’ debido a la incertidumbre política que limita el crecimiento económico. Esta rebaja implica un riesgo para Perú debido a que, ante una siguiente rebaja, perdería el grado de inversión y pasaría a grado especulativo. S&P señala que “un Congreso fragmentado y el limitado capital político del Gobierno” pesan sobre la confianza de los inversionistas privados y suponen un costo de oportunidad para el crecimiento, lo que “limita la capacidad de Perú para reconstruir espacio fiscal”.

Los desafíos de la democracia

Las democracias tienen ante sí, para sobrevivir en esta tercera década del siglo XXI, numerosos desafíos: el primero de ellos es diseñar un nuevo contrato social. Un nuevo pacto que haga a los estados más eficaces a la hora de poner en marcha políticas públicas que resuelvan los problemas más acuciantes de la ciudadanía en materias sociales (educación, salud, seguridad y transporte), económicas (inversión en capital humano y físico) y políticas (reformas electorales y de los partidos, mayor representación y participación ciudadana, agilización de las políticas de las administraciones, etc.). La institucionalidad democrática ha perdido su atractivo porque no resuelve los problemas más cercanos de la ciudadanía, que se inclina por votar contra los gobiernos (“voto de castigo a los oficialismos”) o por alternativas alejadas del respeto a la institucionalidad democrática.

La actual crisis de las democracias se debe a un largo periodo de parálisis y bajo crecimiento. Mientras la región no encuentre el camino hacia una alta, sostenida e inclusiva expansión del PIB, la institucionalidad democrática se encontrará deslegitimada ante una ciudadanía que prefiere escuchar otros cantos de sirena. De hecho, el caldo de cultivo de esta situación es el aumento de la pobreza y, sobre todo, la desigualdad social, que genera frustración social, desafección hacia las instituciones y polarización política. Como muestra el Informe Latinobarómetro de 2023, desde 2010 ha aumentado levemente el apoyo a regímenes autoritarios, y en especial ha subido 12 puntos la indiferencia ante el tipo de régimen al hilo de ese empeoramiento de la economía regional y las expectativas de mejora personal e intergeneracional. El respaldo a la democracia, por el contrario, ha caído del 63% en 2010 al actual 48%.

Sin retomar ese crecimiento elevado, a largo plazo e inclusivo, el paraíso del desarrollo es inalcanzable para los países de Latinoamérica. Y aún peor: está en juego la pervivencia de la democracia.

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Las crisis climática y ambiental no son vivenciadas de una única forma. Para cada persona, la realidad es lo que resulta próximo y conocido, algo que se construye colectivamente a partir de las creencias, conocimientos cotidianos, normas sociales y rutinas establecidas localizadas en un lugar específico. Esto significa que las acciones y estrategias para enfrentar los retos que proponen el cambio climático y ambiental no tienen socialmente una única definición, por lo que las respuestas ante sus desafíos también son diversas.

Lejos de ser cierto que la heterogeneidad de percepciones en relación a los riesgos ambientales es consecuencia de la falta de disponibilidad o de capacidad de comprensión de la información, las ciencias sociales han mostrado que estas diferencias se deben principalmente a cuestiones vinculadas a las desigualdades materiales y socioculturales arraigadas estructuralmente. La evidencia nos dice que la cantidad de información sobre los riesgos ambientales en la salud no tiene relación con cómo se actúa en relación a los problemas que son identificados.

Desde los años ochenta, existe interés en comprender cómo se construye la percepción de los riesgos en diferentes públicos (académicos, técnicos, decisores de políticas, público en general) vinculada a los peligros ambientales generados por el desarrollo tecnológico e industrial y los patrones culturales de consumo. Diversos autores  han  mostrado que la percepción sobre los riesgos ambientales y de salud se construye en gran medida en base a definiciones de riesgos que se imponen sociopolíticamente, es decir, a partir de quienes tienen la potestad de definir los problemas en los ámbitos de decisiones políticos y técnicos.

Los “multiversos” que coexisten en torno a la definición de la crisis climática y ambiental se dan en los diferentes ámbitos. Científicos y decisores políticos perpetúan divergencias en los modos de definir el problema y plantear posibles soluciones. Como menciona la politóloga y activista ambiental argentina Flavia Broffoni, “quien define el concepto controla el debate”.

Por ejemplo, en Uruguay, a mediados del 2023 se decretó desde el gobierno una crisis hídrica definida desde movimientos sociales, ámbitos académicos y diversas manifestaciones autoconvocadas como consecuencia del “saqueo” de los modelos productivos hegemónicos del agua. Esta “crisis hídrica” salió a la luz a partir de la falta de agua potable sobre todo para pequeños productores de la zona metropolitana como nunca antes había sucedido en el país. No obstante, este problema se viene denunciando desde hace años.

Heterogeneidad de definiciones sobre riesgos ambientales

La realidad está cargada de significados a partir de los conocimientos socialmente validados y está construida bajo estructuras de poder. La definición de los riesgos ambientales y climáticos es un campo de disputas donde se entrecruzan saberes técnicos y populares con intereses, relaciones de poder y la legitimación del conocimiento por parte de las propias sociedades. Todo depende de cómo definimos progreso, desarrollo, tecnología, bienestar, naturaleza y participación, entre otras cuestiones.

La problematización de las crisis climática y ambiental implica definir socialmente los riesgos asociados a ellas en competencia con los riesgos vinculados al crecimiento económico  y el progreso científico-técnico. Cómo se decide atender las consecuencias de eventos climáticos cada vez más extremos, la  falta de acceso a servicios ambientales de calidad para la vida (agua,  aire) o la disponibilidad de espacios para el cultivo de alimentos, se enmarcan en procesos de selección de riesgos definidos por la ciencia o por la política. No solo importa qué sabemos, sino qué podemos hacer con lo que sabemos, individual y colectivamente.

Las respuestas a cuáles son los riesgos y problemas  y cómo se deben atender son diversas, y, muchas veces, contradictorias entre sí. Existen debates sobre cuáles deberían ser los criterios de valoración de los riesgos ambientales, según los grupos o referentes sociales que se analicen. La imposición narrativa en relación a estas definiciones de riesgos y sus consecuencias tiene impactos económicos, sociales y ambientales significativos. Estas imposiciones se dan tanto dentro de países entre grupos socioeconómicamente hegemónicos, como así también entre países o regiones “más desarrolladas” sobre otras que  reciben el peso del modelo de desarrollo también en sus consecuencias.

Las causas y consecuencias de las amenazas globales, como la proliferación de enfermedades y los eventos climáticos son distribuidas de forma desigual en el planeta, así como los recursos para afrontarlas.

Desigualdad y alternativas

Existe una deuda poco mencionada en ámbitos técnicos y políticos que tiene que ver con las responsabilidades y las causas vinculadas a las múltiples desigualdades que se generan y profundizan en este contexto de crisis climática. A pesar de la gravedad de la situación que atraviesa el planeta socio ambientalmente, muchos países aún no ratifican el Acuerdo de Escazú (que establece como norma internacional la participación social amplia, la justicia y el acceso a la información en materia ambiental) y son pocos los que consideran la deuda socioecológica. Muy por el contrario, el clima de violencia hacia activistas y movimientos ambientales se ha recrudecido en la región en los últimos años,  y las condiciones de las poblaciones más desfavorecidas socioeconómicamente se siguen deteriorando.

Algunos ámbitos académicos han salido del esquema netamente de generador de conocimienros científicos, para proponer y procurar transformaciones concretas que atiendan las multiples desigualdades. Quienes abogan por el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, por ejemplo, sostienen que la transición energética, social y digital debería diseñarse desde los territorios que cargan con el sacrificio material, cultural y ambiental de salvar al planeta.

En un contexto donde las definiciones de la crisis ambiental no son únicas, donde el exceso de información no soluciona problemas y donde existen diferentes responsabilidades geopolíticas en relación a los riesgos planetarios, es necesario discutir sobre los mecanismos que podrían revertir las desigualdades sociales que se reproducen y profundizan en el planeta. Lo anterior supone la aceptación de las múltiples realidades que coexisten en torno al tema, tomando las narrativas académicas y políticas como construcciones cargadas de sentido, visibilizando las estructuras que perpetúan los mecanismos de desigualdad y dando espacio a las soluciones alternativas con licencia social.

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La actividad económica de los países latinoamericanos y caribeños está estancada y con un importante deterioro, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo (CEPAL). Este debilitamiento evidencia no solo los efectos de la pandemia, sino que tres años después se continúa enfrentando las consecuencias de “una serie de crisis en cascada”, portadoras de un complejo escenario económico de bajo crecimiento y pronunciada crisis social.

A este panorama desalentador se suma un contexto global de gran incertidumbre financiera, altas tasas de interés y la ralentización tanto del crecimiento como del comercio mundial. En 2023 se espera que el PIB mundial cierre en 3%, cifra por debajo del 2022 e incluso en comparación del periodo 2010 al 2019, en el que se registró un crecimiento del 3,7% (CEPAL, 2023). La Comisión ha estimado que en 2024 el crecimiento mundial continuará en 3%, en tanto que en los países en desarrollo será de 4% y de una tasa de 1,4% en las economías centrales.

Las repercusiones de esta desaceleración económica tanto en 2023 como en 2024 tendrán un impacto negativo en el crecimiento del empleo, “que se estima en un 1,9% en 2023 y en el 1,1% en 2024”. La caída del empleo está generando trabajadores más vulnerables, con escasos niveles de protección social y empleos de mala calidad en sectores menos productivos, aunado a la disminución en la creación de nuevos espacios laborales. La baja del salario promedio lleva a una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales y mayores niveles de pobreza, así como la profundización en la brecha de la desigualdad del ingreso en la región.

Al respecto, el informe asegura que “la matriz de la desigualdad social de América Latina y el Caribe está conformada por un conjunto de ejes estructurantes que expresan desigualdades socioeconómicas, de género, etarias, étnicas y raciales, y territoriales, entre otras, arraigadas desde hace largo tiempo”, asociadas principalmente a una excesiva concentración de la riqueza. Por ejemplo, en 2022, las fortunas personales de siete latinoamericanos eran iguales o superiores a 10.000 millones de dólares, acumulando “el 41% del patrimonio total de los milmillonarios de la región. Sus fortunas representaban alrededor del 3,2% del PIB de toda América Latina”.

En su análisis, el documento afirma que, en 2022, un 29% de los habitantes de la región vivían en condiciones de pobreza y un 11,2% en situación de pobreza extrema. Si bien las cifras muestran una reducción con relación al 2021, los niveles actuales son similares a 2019, año previo del inicio de la pandemia. En tanto “más de 180 millones de personas no contaron con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones de personas no tuvieron ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos”.

Para la pobreza extrema, las condiciones son más complejas, ya que cerca de 20 millones de personas se incorporaron a esta categoría de los 70 millones existentes en el periodo anterior a la pandemia, dando cuenta del retroceso de más de una década en los avances registrados en esta materia.

En 2022, las estrategias encaminadas a la reducción de la pobreza continuaron siendo insuficientes y los efectos conformados por el bajo crecimiento económico, el dinamismo del mercado de trabajo y la inflación se constituyen en los principales obstáculos para avanzar en su erradicación. La CEPAL advierte que en 2023 no se vislumbran importantes mejoras en las condiciones de vida de las poblaciones de escasos recursos, por lo que las variaciones en la pobreza extrema estarán prácticamente estancadas, “aun cuando algunos países podrían presentar cambios mayores”.

Para la CEPAL, la región experimenta una crisis “en cámara lenta” desde el 2010, exacerbada por la crisis sanitaria del Covid-19 que “desencadenó la mayor crisis de los mercados laborales de América Latina y el Caribe desde 1950”. En tal sentido, el Panorama Social indica que la inclusión laboral a empleos de calidad se constituye en un componente central del desarrollo inclusivo y posibilita tanto la superación de la pobreza como el acceso a la protección social.

En conjunto, el desenvolvimiento negativo de la distribución del ingreso, de la pobreza y la pobreza extrema apuntan a escenarios preocupantes a nivel regional que pueden verse agravados si no se definen, según la CEPAL, estrategias que aborden la heterogeneidad estructural de las economías latinoamericanas y caribeñas para hacer frente a estos problemas estructurales que históricamente aquejan a la región.

Ximena Roncal Vattuone es Doctora en Economía Política del Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

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“Todos los días pueden mejorar, acrecentar nuestra fe, nuestra interrelación con los demás, mejorar para que nuestro país mejore. Un signo de mediocridad es que Bolivia, año tras año, generación tras generación, sigue en la pobreza, la desigualdad social, nos marca continuamente un sistema judicial que no funciona, estos son signos de mediocridad”, detalló Centellas desde la catedral Metropolitana de Sucre en la Eucaristía al iniciar la Cuaresma.

En su homilía instó a reflexionar para vencer esos signos de mediocridad como la pobreza, el desempleo y una justicia cada vez más injusta, además pidió superar la vanidad que acompaña la vida de cada uno y de la sociedad.

Pidió participar de una transformación real hacia la reflexión y el compromiso de cambio de los signos de mediocridad en los cuales estamos sumidos, a causa de un Gobierno que no logra atender las necesidades reales de la población.
“Cuaresma, tiempo de reflexión y superación, debemos salir de la mediocridad en la que estamos sumidos, debemos acrecentar la fe y la interrelación con los demás, todos los días debemos vencer esos signos de mediocridad, no quedarnos en esta vida de conformismo, debemos mejorar para que nuestro país mejore, un signo de mediocridad que año tras año nos persigue, nuestro país sigue en la pobreza, la desigualdad social, un sistema de justicia cada vez más injusta”, afirmó.

El arzobispo enseñó que Cuaresma, significa 40 días de preparación para la celebración de la Pascua, del misterio Pascual de Jesús, de ese paso que experimenta Jesús de la muerte a la vida, 40 días para intentar profundizar nuestra vida cristiana.

“Que seamos capaces de desprendernos de varios signos de mediocridad que acompañan nuestra vida y la vida de nuestra sociedad”, dijo a tiempo de pedir que dejemos el espíritu de mediocridad y de conformismo.

También, exhortó a no quedarse en la vanidad y apostar por la humildad, por un camino sencillo.

“Si nos creemos los mejores, únicos, imprescindibles, hemos perdido el Norte da la vida. Cada uno aporta algo para que la sociedad mejore, para que el mundo mejore, pero nadie es imprescindible”, señaló.

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El informe indica que hubo un crecimiento del 60 por ciento en agresiones físicas y sexuales contra las mujeres provocadas por sus parejas.

Bolivia pese a ser considerado como “país poco violento”, tiene la tasa más alta con relación a la media regional, reportó el diario Los Tiempos.

Hasta el 17 de junio, se perpetraron 57 feminicidios en Bolivia. Varias de las víctimas perdieron la vida en manos de sus parejas o exparejas.

Las percepciones de desigualdad y justicia también juegan un papel fundamental porque moldean las actitudes y preferencias de las personas hacia la redistribución.

Según el documento ocho de cada diez bolivianos subsisten de la economía informal, situación que compromete su acceso a sistemas de seguridad social, principalmente salud, educación y opciones laborales más competitivas y mejor remuneradas.

La investigación revela también que la pandemia del coronavirus puso en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad social, con mejores coberturas y calidad de servicio.

De acuerdo con datos mencionados en este informe regional, bolivianos de manera similar a otros países, perciben que América Latina se caracteriza por la desigualdad.

Al respecto, la representante residente de PNUD en Bolivia, Luciana Mermet, destacó la importancia del documento por presentar una radiografía concreta de las dificultades que atraviesan los países de la región por avanzar en sus propias agendas nacionales de desarrollo y reconociendo que las variables sociales o políticas afectan de forma directa los indicadores de crecimiento económico o desarrollo humano.

“Para la oficina del PNUD en Bolivia los aspectos descritos y los demás contenidos desarrollados en el Informe hacen de este una lectura ineludible para quienes están comprometidos en aportar a construir un mejor futuro para las bolivianas y bolivianos”, señaló Mermet.

/RXVCH/

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