La Coalición Internacional para la Igualdad Salarial trabaja para avanzar en este objetivo mediante la colaboración entre gobiernos, empleadores y organizaciones de trabajadores.

Origen de la brecha salarial

La brecha salarial de género tiene sus raíces en desigualdades profundamente arraigadas. Las mujeres, especialmente las migrantes, están sobrerrepresentadas en el sector informal, lo que las mantiene en entornos laborales mal remunerados, inseguros y sin prestaciones sociales. Además, a nivel global, las mujeres dedican diariamente 3 horas más que los hombres a trabajos de cuidados.

Estas tareas incluyen actividades domésticas como cocinar, limpiar, recolectar leña y agua, así como cuidar de niños pequeños y personas mayores.

Impacto de la maternidad

La penalización de la maternidad agrava la desigualdad salarial. Las madres trabajadoras suelen recibir salarios más bajos, y esta disparidad se incrementa a medida que aumenta el número de hijos. Los estereotipos de género, las prácticas de contratación discriminatorias y las políticas de ascenso también contribuyen a estas desigualdades salariales.

En Estados Unidos, por cada dólar que ganan los hombres blancos, las mujeres negras reciben solamente 63,7 centavos; las indígenas, 59 centavos; y las latinas, 57 centavos.

Necesidad de abordar el sector de cuidados

Los gobiernos deben prestar atención a los trabajos mal remunerados e infravalorados en el sector de los cuidados, especialmente en áreas como educación, salud y servicios sociales. En un mundo que enfrenta un inminente déficit de cuidados, las mujeres representan el 67 % de las trabajadoras que ofrecen servicios esenciales de asistencia sanitaria y social a nivel global.

Convenio sobre igualdad de remuneración

El Convenio sobre Igualdad de Remuneración (C100) de la OIT es un acuerdo fundamental que aborda directamente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Las normas internacionales del trabajo subrayan el papel crucial que desempeñan las organizaciones de trabajadores y empleadores en la consecución de este objetivo a través del diálogo social.

La lucha por la igualdad salarial

La lucha por la igualdad salarial cobra un nuevo significado a medida que aumenta el número de mujeres que viven en la pobreza. Es necesario un esfuerzo conjunto para asegurar que nadie se quede atrás. La igualdad salarial es una cuestión fundamental en términos de derechos laborales y humanos, justicia social y resiliencia económica.

La Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC, por sus siglas en inglés) está liderada por la OIT, ONU Mujeres y la OCDE. Su objetivo es lograr la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres en todo el mundo. EPIC apoya a gobiernos, empleadores y trabajadores en la consecución de avances concretos hacia este objetivo.

Actualmente, es la única alianza que se esfuerza por reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel mundial, regional y nacional.

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La inflación alimentaria ha dejado de ser únicamente un fenómeno económico para convertirse en una preocupación urgente de salud pública. Desde la epidemiología nutricional, se reconoce como un determinante estructural de la malnutrición, con efectos visibles y alarmantes: millones de personas en el mundo comen peor, menos o, simplemente, no comen. Y eso enferma y mata.

Según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025, elaborado por FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 34 millones de personas en América Latina y el Caribe enfrentaron hambre en 2024. Esta cifra representa el 5,1 % de la población regional. Aunque el dato mejora respecto al 6,1 % registrado en 2020, la inseguridad alimentaria sigue presente tanto en zonas rurales como urbanas.

De igual forma, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la región afecta a una cuarta parte de la población, ligeramente por debajo del promedio mundial. Además, el número de personas que no podían costear una dieta saludable disminuyó levemente, al igual que el indicador de inasequibilidad de los alimentos saludables. Sin embargo, estos avances son frágiles frente a la presión inflacionaria, que amenaza con revertir los logros alcanzados en la región en los últimos años.

Inflación alimentaria: una presión persistente sobre la seguridad nutricional

La inflación alimentaria reciente ha agravado los riesgos para la salud nutricional, especialmente en los sectores más vulnerables. En 2024, América Latina y el Caribe registraron el costo más alto del mundo para una dieta saludable, siendo este de 5,16 dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA) por persona al día. Este dato refleja cómo el alza de precios ha restringido el acceso a alimentos frescos y nutritivos, incrementando el riesgo de emaciación infantil, retraso en el crecimiento y otras formas de malnutrición.

A medida que aumentan los costos en la cadena alimentaria de producción, transporte y almacenamiento, las dietas saludables basadas en frutas, hortalizas, legumbres y proteínas magras se vuelven inaccesibles para millones de personas. En su lugar, proliferan dietas monótonas y con alto consumo de productos procesados y ultraprocesados que son de bajo costo y escaso valor nutricional. Esta tendencia empeora los indicadores de salud pública y contribuye a la doble carga de la malnutrición: la coexistencia de desnutrición y obesidad en los mismos territorios, hogares o incluso individuos.

Malnutrición materna y desigualdad de género

La malnutrición no afecta a todas las personas por igual. Las mujeres en edad reproductiva enfrentan un mayor riesgo nutricional, y la inflación alimentaria profundiza esta desigualdad estructural. En contextos de crisis, los hogares tienden a priorizar la alimentación de los varones o los hijos, relegando a mujeres y niñas a dietas más pobres, perpetuando un ciclo de desigualdad, exclusión y malnutrición femenina.

El impacto es mayor en países con alta desigualdad de ingresos, protección social débil y escaso acceso a recursos. Las mujeres rurales son especialmente vulnerables por su limitada participación en el empleo formal, acceso insuficiente a servicios de salud, escasa educación nutricional y falta de redes de apoyo comunitario. Esta situación compromete no solo su salud individual, sino también el embarazo, el desarrollo fetal, el parto, la lactancia materna y la salud infantil durante los primeros mil días de vida.

Causas estructurales de la inseguridad alimentaria

Para abordar la inflación alimentaria de forma eficaz, es esencial comprender sus causas estructurales. Entre los principales factores destacan dos eventos recientes de impacto global: la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Ambos provocaron interrupciones en las cadenas de suministro, escasez de insumos, alza de precios de fertilizantes y combustibles, y aumento de costos logísticos. Estos efectos se sintieron de forma desigual en distintas regiones, agravando las inequidades preexistentes.

A esto se suman fenómenos climáticos extremos como sequías e inundaciones que afectan la producción agrícola y elevan los precios de alimentos básicos. En la región, estos factores se combinan con sistemas agroalimentarios frágiles, marcados por baja diversificación de cultivos, dependencia de importaciones, pérdida de variedades nativas y mercados altamente concentrados.

También influyen la falta de infraestructura, acceso limitado a agua potable, escasa educación alimentaria, poca inversión pública en nutrición y políticas agrícolas orientadas a la exportación más que al consumo local.

Estas condiciones encarecen los alimentos saludables y restringen las opciones dietéticas, favoreciendo patrones alimentarios poco saludables: dietas calóricas, basadas en productos industrializados y pobres en micronutrientes esenciales como hierro, vitamina A y zinc.

Es hora de actuar

La inflación alimentaria representa una amenaza creciente para la salud pública. No se trata solo de acceso a calorías, sino del derecho humano a una nutrición adecuada, equitativa y sostenible. Para millones de personas, cada comida implica elegir entre cantidad y calidad, alimentando un panorama preocupante de malnutrición: desnutrición, carencias de micronutrientes y enfermedades crónicas no transmisibles.

Para enfrentarla y poder prevenir futuras crisis, el informe recomienda aplicar políticas focalizadas y coordinadas. Es fundamental proteger a las poblaciones vulnerables mediante subsidios temporales o programas de protección social bien diseñados, con objetivos claros, estrategias de salida definidas y mecanismos de seguimiento que aseguren su efectividad

También es fundamental armonizar políticas fiscales y monetarias que generen un entorno económico estable. Una gestión coherente, con políticas monetarias creíbles y gasto público estratégico, puede estabilizar precios, reducir la volatilidad y fortalecer la seguridad alimentaria.

Además, se necesitan medidas estructurales y comerciales de largo plazo, con impactos sostenibles, como fortalecer reservas estratégicas de alimentos, mejorar la transparencia y competencia en los mercados, e invertir en infraestructura logística, agricultura climáticamente inteligente y sistemas de información agroalimentaria confiables.

Por último, es clave invertir en sistemas agroalimentarios resilientes, inclusivos y sostenibles. Esto incluye apoyar la producción local de alimentos nutritivos, promover la diversificación agrícola, recuperar cultivos tradicionales, mejorar el almacenamiento y transporte, fomentar mercados locales, y apostar por la innovación tecnológica para aumentar la productividad sin comprometer la sostenibilidad ambiental.

La inflación alimentaria es una señal de alerta que exige respuestas urgentes, políticas integradas y compromiso multisectorial. Garantizar el derecho a una alimentación digna, segura y saludable para todos no es solo un desafío técnico, sino un imperativo ético y político inaplazable.

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De acuerdo con el calendario electoral, el plazo para realizar sustituciones vence hoy, 13 de agosto de 2025. En total, 42 candidaturas registran únicamente titulares, de las cuales el 55% son mujeres y el 45% son hombres.

Desigualdad en suplentes

Por otro lado, 13 candidaturas cuentan solo con suplentes, donde solo el 8% son mujeres y un abrumador 92% son hombres. Este dato pone de manifiesto la notable ausencia de mujeres en las posiciones de titulares. Por ejemplo, el partido Fuerza del Pueblo (FP) tiene cinco candidatos suplentes hombres, pero no cuenta con candidatas mujeres titulares.

Riesgo de representación vacía

Las listas incompletas pueden llevar a que las candidaturas titulares queden “vacías”. Si estas no se completan y, en caso de ganar el escaño, existe el riesgo de que el suplente hombre asuma el cargo. Esto podría perjudicar la representación política de las mujeres en el ámbito legislativo.

Inhabilitaciones y su impacto

En términos generales, las inhabilitaciones afectan más a las mujeres. Según datos del TSE al 13 de julio de 2025, un total de 1,785 candidaturas estaban habilitadas, mientras que 838 estaban inhabilitadas en listas de ocho organizaciones políticas que están en carrera electoral. Para este análisis, no se consideraron al Movimiento de Renovación Nacional (Morena) ni a las circunscripciones especiales.

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Desafíos que enfrentan las viudas

Las experiencias históricas, ya sean por guerras o pandemias, demuestran que a menudo se les niega a las viudas el derecho a heredar. Muchas veces, sus propiedades son arrebatadas después del fallecimiento de su pareja. Además, estas mujeres pueden ser objeto de estigmas y discriminación. A nivel global, las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a pensiones de vejez en comparación con los hombres, lo que puede llevar a la indigencia entre las mujeres mayores. En la actualidad, muchas viudas carecen de acceso a cuentas bancarias y pensiones.

La importancia del Día Internacional

Las Naciones Unidas han señalado que este Día es una oportunidad para actuar y lograr el pleno reconocimiento y derechos para las viudas. Esto incluye proporcionarles información sobre cómo acceder a una parte justa de su herencia, tierras y recursos productivos. También se busca garantizar pensiones y protección social que no dependan únicamente del estado civil, así como promover trabajo decente, igualdad de remuneración y oportunidades de educación y formación.

Responsabilidad de los gobiernos

Los gobiernos deben tomar medidas para asegurar los derechos de las viudas, tal como lo establece el derecho internacional, incluyendo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, la debilidad de los sistemas judiciales en muchos países dificulta la defensa práctica de sus derechos. La falta de concienciación y la discriminación por parte de funcionarios judiciales pueden hacer que las viudas eviten acudir al sistema judicial en busca de justicia.

Iniciativas en el mundo

Desde la proclamación de este Día, han surgido diversas iniciativas para cambiar la realidad de las viudas, aunque los avances son desiguales según las regiones. En Ruanda, se han implementado reformas legales para garantizar el derecho de herencia a las mujeres viudas. En India, programas educativos permiten que muchas madres solas envíen a sus hijas a la escuela. En Estados Unidos, organizaciones civiles ofrecen apoyo emocional, asesoría legal y redes de cuidado para mujeres mayores.

La necesidad de visibilización

Cada 23 de junio, eventos en ciudades de todo el mundo reavivan esta conversación, recordando que las viudas no son cifras marginales. Reconocer la viudez como un problema social requiere un enfoque interseccional. Las viudas jóvenes enfrentan retos diferentes a los de las adultas mayores, y aquellas que pertenecen a minorías étnicas o que viven en situación de pobreza sufren una triple vulnerabilidad.

La falta de datos oficiales ha contribuido a la invisibilización de estas mujeres. Son mujeres que existen, pero que no cuentan. El Día Internacional de las Viudas busca devolverles nombre, espacio, voz y reconocimiento. Revisar estas condiciones no es solo un acto de justicia; es una deuda pendiente con millones de mujeres en todo el mundo.

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Cada 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, una fecha que recuerda el poder transformador de la actividad física como herramienta de cohesión social, inclusión y bienestar. Este año, el lema global “Igualando el terreno de juego” resuena con especial fuerza en América Latina, una región donde el acceso al deporte y al ejercicio regular sigue marcado por profundas desigualdades de género, edad y nivel educativo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo y que su aumento en muchos países ha influido considerablemente en la prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT) y en la salud general de la población mundial.

Un estudio global reciente realizado por la red WIN, basado en más de 34.000 entrevistas en 39 países, ofrece una radiografía precisa sobre los hábitos de actividad física en el mundo. Los resultados muestran que, si bien la práctica de ejercicio crece lentamente a nivel global (del 37% en 2018 al 43% en 2025), persisten importantes barreras para millones de personas.

En América Latina solo el 35% de la población declara hacer actividad física con frecuencia, muy por debajo del promedio global (43%), lo que la ubica como la región menos activa del estudio. El 65% de los latinoamericanos no hacen ejercicio de forma regular.

Las brechas son múltiples. Las mujeres y las personas mayores de 65 años son los grupos más inactivos. Pero el factor más determinante es la educación: solo un 18% de quienes tienen bajo nivel educativo ejercita con frecuencia, frente a un 53% entre quienes tienen formación superior.

Entender qué motiva a las personas a hacer ejercicio también ayuda a diseñar políticas más efectivas. Distintos estudios en la región revelan que la principal razón para ejercitar es la mejora de la salud, seguida por el bienestar emocional y el deseo de sentirse bien más que por razones estéticas. En Colombia, por ejemplo, investigaciones académicas han encontrado que hombres y mujeres comparten como primera motivación la diversión, pero divergen en otras: las mujeres priorizan sentirse bien consigo mismas y cuidar su figura, mientras que los hombres suelen enfocarse más en la competencia y el rendimiento físico. Además, la salud mental aparece cada vez con más fuerza como motor de la actividad física, especialmente en contextos urbanos donde el estrés cotidiano genera una necesidad de descarga y regulación emocional.

El mito de la falta de tiempo también se desmorona: según los datos, las personas que trabajan o estudian son las más propensas a ejercitarse, lo que sugiere que el deporte también es una cuestión de oportunidad, motivación y entorno.

Los promedios regionales esconden importantes diferencias. Paraguay (53%), México (50%) y Argentina (44%) lideran la región, seguidos de Perú (32%) mientras que Brasil, Chile y Ecuador tienen niveles cercanos al 25%. En todos los países los hombres ejercitan más que las mujeres, pero en Perú la brecha de género es especialmente marcada.

Esto puede responder a múltiples factores: desde roles tradicionales que dejan menos tiempo libre a las mujeres, hasta la inseguridad en el espacio público y estereotipos que aún asocian el deporte con lo masculino. También influye cómo se percibe y declara el ejercicio: muchas mujeres realizan actividad física vinculada a tareas domésticas o de cuidado, como caminar largas distancias, pero no la registran como tal.

Un dato llamativo es el vínculo con las mascotas. El estudio muestra que las personas que tienen animales, especialmente perros, son más propensas a ejercitar: los paseos se convierten en un hábito saludable que promueve la vida activa incluso entre quienes no van al gimnasio.

En Argentina los datos muestran una evolución positiva: la actividad física frecuente creció del 36% en 2021 al 44% en 2025. El aumento se explica sobre todo por los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, que lideran los niveles de ejercicio del país. Pero la brecha por nivel socioeconómico y educativo es notable.

En contraste, Brasil vive un retroceso alarmante. La tasa de actividad física bajó del 36% en 2021 al 27% en 2025. Según especialistas, esto se debe a una combinación de factores: el aumento del costo de vida, que limita el acceso a gimnasios y deportes pagos; la pérdida de hábitos adquiridos durante la pandemia, y la desigualdad estructural en el acceso a espacios y programas deportivos. Actualmente, el 72% de los brasileños no hace ejercicio regularmente.

La importancia del deporte no se limita a sus beneficios para la salud física o mental. Cuando es accesible, puede ser una herramienta poderosa de transformación social. La Fundación Espartanos, en Argentina, es ejemplo de ello: trabaja con personas privadas de libertad a través del rugby, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo y la superación personal. Su historia fue retratada recientemente en una serie documental de Disney+, lo que ayudó a visibilizar su impacto.

También son destacables las iniciativas estatales. El programa Deporte para la Inclusión Social del Ministerio de Turismo y Deporte de Argentina lleva actividades físicas a barrios vulnerables del país, generando espacios de contención, formación y derechos. En Brasil, el programa Segundo Tempo busca garantizar el acceso al deporte a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, reforzando la escuela pública como ámbito de inclusión.

Estas iniciativas muestran que, con decisión política, el deporte puede ser mucho más que recreación: puede ser un instrumento de ciudadanía, resiliencia y equidad.

Los datos son contundentes: el acceso al deporte sigue siendo profundamente desigual en América Latina. Aunque se han logrado avances, millones de personas —especialmente mujeres, personas mayores y con bajos recursos— siguen fuera de la cancha.

El estudio deja una conclusión clara: el deporte tiene el poder de unir, inspirar y transformar, pero eso solo será posible si nadie queda al margen. América Latina necesita políticas públicas sostenidas, espacios seguros, campañas culturales y programas comunitarios que igualen el terreno de juego. Porque cuando el deporte es para todos, gana la sociedad entera.

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Las recientes declaraciones del pastor y político Chi Hyun Chung sobre las mujeres y el rol de género revelan una herencia patriarcal profundamente arraigada en algunas interpretaciones religiosas. Aunque puede considerarse un pensamiento personal, lo cierto es que tiene raíces históricas sostenidas por siglos de teología masculina. A través de la Biblia, de voces creyentes y el legado de líderes religiosos se expone cómo el machismo en la fe no es un mandato divino, sino una construcción humana que aún moldea discursos y realidades.

Un discurso que no pasa desapercibido

“A la mujer se la tiene que educar para que se comporte como mujer”, afirmó en septiembre de 2019 el pastor evangélico y precandidato presidencial Chi Hyun Chung, durante una entrevista en la red ATB. No era la única declaración polémica de aquella jornada.

En ese mismo discurso, el político insinuó que, si una mujer utiliza malas palabras hacia un hombre, este podría responder con agresividad, sugiriendo que el comportamiento femenino podría justificar actos de violencia de género.

Las reacciones no tardaron. La Defensoría del Pueblo de Bolivia tildó sus afirmaciones de “machistas y discriminatorias”, asegurando que promovían estereotipos peligrosos que refuerzan la desigualdad entre hombres y mujeres. Incluso se solicitó al Tribunal Supremo Electoral que sancionara a Chi por vulnerar normativas como la Ley Electoral y la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

Cinco años más tarde, en plena campaña como precandidato presidencial, Chi Hyun Chung volvió a ser noticia. Esta vez, por unas declaraciones realizadas en el programa “Fama, Poder y Ganas”, donde se refirió a las madres solteras como “anormales”. Según explicó, la madre debe dedicarse exclusivamente a criar a sus hijos, mientras que el padre tiene la responsabilidad de trabajar y proveer. Cuando se le preguntó a qué se refería con “anormal”, respondió: “por ejemplo, madre que es papá y mamá a la vez”.

Además, expresó que considerar a la mujer superior al varón es “ilógico”, reconociendo la igualdad de género “ante la ley”, pero afirmando que existe un “orden social”.

Sus palabras generaron una nueva oleada de indignación. La Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (Camebol) respondió con dureza, acusándolo de ejercer violencia simbólica, mediática y psicológica contra las mujeres. La senadora del Movimiento Al Socialismo, Virginia Velasco, también se pronunció: “Esta es una postura retrógrada que busca relegar a la mujer únicamente al rol reproductivo. Es una falta de respeto a miles de bolivianas”.

Ante la presión pública, Chi ofreció disculpas. Aseguró que sus declaraciones habían sido malinterpretadas y que no tuvo intención de ofender a las madres solteras. “Si tengo que pedir miles de disculpas, lo haré”, dijo, intentando calmar los ánimos.

Cifras que hablan por sí solas

Lejos de las declaraciones, la realidad de las madres en Bolivia muestra un panorama diverso y complejo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el país hay cerca de 2.390.000 madres, y el 57,9% de ellas trabaja, ya sea por necesidad, por desarrollo personal o incluso por pasión. El dato desmitifica el estereotipo de la madre exclusivamente dedicada al hogar.

Además, el 23% de estas mujeres son madres solteras. Algunas lo son por elección, otras por circunstancias. Pero en todos los casos, son mujeres que crían, educan, trabajan y sostienen a sus familias en condiciones muchas veces adversas.

De cada 100 madres en Bolivia, 19 tienen educación superior, 28 llegaron a la secundaria, y 31 completaron la primaria. Las cifras muestran una realidad de esfuerzo constante por superarse, muchas veces sin apoyo institucional o social.

Sin embargo, las declaraciones de Chi Hyun Chung reabren una vieja pregunta en la sociedad: ¿esta opinión es solo de una persona o reflejan un pensamiento estructuralmente arraigado en algunas interpretaciones de la fe cristiana?

¿Religión o interpretación? Análisis de la biblia

Durante siglos, la Biblia fue uno de los textos más influyentes en la construcción de valores y roles sociales, incluyendo los relacionados con el género.

Según el libro Las mujeres de la Biblia, de Carlos Tromben y Paz Vargas, la manera en que se narran las historias de mujeres en distintos pasajes bíblicos evidencia una construcción patriarcal que consolidó su rol, especialmente en contextos religiosos y familiares.

Un ejemplo significativo es Génesis 3:16, donde tras la desobediencia en el Edén, Dios le dice a la mujer:

Este versículo puede ser interpretado como el inicio del sometimiento femenino como parte de la consecuencia del pecado original.

En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14:34-35 establece:

Un texto que fue utilizado históricamente para excluir a las mujeres de espacios de liderazgo o enseñanza dentro de la iglesia.

De forma similar, Efesios 5:22-24 presenta un modelo jerárquico en la relación conyugal:

Sin embargo, uno de los pasajes más controversiales es Deuteronomio 22:13-21, donde se describe el castigo a una mujer que no demuestra ser virgen en el matrimonio, llegando incluso a contemplar la pena de muerte en caso de no poder probar su inocencia.

Estos versículos, leídos de forma literal, pueden reforzar una visión de la mujer como subordinada al hombre, sin muchas posibilidades de expresar sus ideas o liderar dentro de la comunidad. No obstante, la Biblia también ofrece una visión de profunda igualdad y respeto entre los géneros, sobre todo en el contexto del mensaje cristiano y del amor de Dios por todos sus hijos.

Uno de los pasajes más relevantes en este sentido es Gálatas 3:28:

Este versículo elimina las distinciones humanas y sociales, proclamando la unidad de todos los creyentes, sin importar su género, raza o condición social.

De manera complementaria, en 1 Corintios 11:11-12 se lee:

Este texto destaca la interdependencia entre el hombre y la mujer, y subraya que ambos tienen el mismo origen y propósito divino.

Además, 1 Pedro 3:7 exhorta a los esposos a tratar a sus esposas con sabiduría y honor:

Aquí se resalta que las mujeres son coherederas de la gracia, es decir, comparten por igual el acceso a las bendiciones de Dios.

La tensión entre estos dos tipos de pasajes plantea una pregunta relevante: ¿la Biblia realmente promueve la desigualdad de género, o fueron sus intérpretes quienes moldearon lecturas machistas?

Opiniones

El presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, Henrry Nogales, enfatizó, en una entrevista con LA PATRIA, que el ideal bíblico sí plantea la familia de padre, madre e hijos, pero aclaró que: “Si una familia no está conformada como el ideal, sigue siendo familia y debe ser respetada”.

En ese marco, consideró que Chi Hyun Chung, con su mensaje, quería señalar ese pensamiento que, lo “ideal” seria que cada familia este compuesta por padre, madre e hijos, según la guía de Dios.

“Cuando yo escuche esa entrevista, sentí que él (Chi Hyun Chung) quería decir algo, pero dijo lo contrario, o sea, dijo algo que no era muy coherente. Pero sí, creemos que hay matrimonios que tenemos que respetarlos, hay familias que no son lo ideal, pero son familias”, dijo.

Sostuvo que muchas familias hoy no responden al modelo bíblico ideal debido a factores sociales recientes. Explicó que en los últimos años, muchas se fracturaron porque uno de los padres migró al extranjero en busca de trabajo, y al regresar, lo hizo con una nueva pareja, rompiendo así el compromiso de fidelidad. “No se cuidó ese vínculo especial que es la familia”, añadió.

Aclaró que la iglesia evangélica no promueve el autoritarismo en el hogar. Según explicó, la Biblia se refiere a la pareja como “maridos” o “esposos”, porque el responsable principal es el marido, y ser cabeza del hogar implica responsabilidad, amor y entrega, no imposición. A la par, la biblia insta a la mujer a amar a sus propios maridos, a sus propios esposos, haciendo alusión a la fidelidad y no a la sumisión.

Por su parte, la evangélica y pediatra Jenny Rivero, sostuvo que Dios no limita, sino inspira. Con más de tres décadas de fe activa y una carrera médica exitosa, Rivero aseguró que su espiritualidad fortaleció su vocación profesional, no la frenó. Señalo que la verdadera sujeción en el matrimonio es por amor, no por imposición.

Subrayó que muchas mujeres, especialmente madres solteras, enfrentan grandes sacrificios para criar a sus hijos, y que lejos de ser anormales, son valientes y dignas de admiración. En ese marco, rechazó las declaraciones de Chi Hyun Chung.

La Patria Bolivia · Entrevista a Jenny Rivero _01

En la misma línea, la abogada cristiana Gladys Salazar Ríos advirtió que el problema radica en “interpretaciones humanas fuera de contexto”. Para ella, la Biblia asigna roles complementarios, pero jamás excluye. “La palabra de Dios fue dada a ambos, varón y mujer, para fructificar y sojuzgar la tierra juntos”, afirmó.

También expresó que las mujeres solas, viudas o madres solteras no son rechazadas por Dios, sino acompañadas en su propósito. Consideró que muchas enseñanzas erradas fueron transmitidas por interpretaciones humanas fuera de contexto y llamó a buscar el verdadero sentido espiritual de la Biblia.

La Patria Bolivia · Entrevista a Gladys Salazar Rios _01

La clave, como explicaron los entrevistados, está en la interpretación. Según los creyentes, la Biblia no discrimina a la mujer o esposa; pueden ser interpretaciones humanas las que, de alguna manera, tergiversar el mensaje del Evangelio.

Patriarcado en la religión: un legado que pesa

Para entender el machismo dentro del cristianismo, es necesario revisar su historia. Según una publicación de BITE, Tertuliano (155-240), uno de los primeros teólogos cristianos, en su obra Sobre el vestido de la mujer (De cultu feminarum), decía a las mujeres:

¿Y no saben que cada una de ustedes es una Eva? La sentencia de Dios sobre este sexo de ustedes persiste en esta era: la culpa debe necesariamente permanecer también. Ustedes son la puerta del diablo: ustedes son quienes desataron ese árbol (prohibido); ustedes son las primeras desertoras de la ley divina: ustedes son quienes persuadieron a aquel a quien el diablo no fue lo suficientemente valiente como para atacar. Destruyeron tan fácilmente la imagen de Dios, el hombre. A causa de su desierto —es decir, la muerte— hasta el Hijo de Dios tuvo que morir. ¿Y piensan en adornarse más allá de sus “túnicas de pieles” (Gn 3:21)?

Por otra parte, Agustín de Hipona (354-430), uno de los teólogos más influyentes de la historia, afirmaba que el único valor de la mujer era la procreación. En su Comentario literario sobre Génesis (De Genesi ad Litteram), escribió:

Si no fuera el caso de que la mujer fue creada para ser la ayuda del hombre específicamente para la producción de hijos, ¿por qué habría sido creada como una “ayuda” (Génesis 2:18)? ¿Acaso fue para que trabajara la tierra con él? No, porque en ese momento no existía tal labor para la cual él necesitara una ayudante, e incluso si tal trabajo hubiera sido requerido, un hombre habría sido un mejor asistente. También se puede suponer que la razón de su creación como ayudante tenía que ver con la compañía que ella podía proporcionarle al hombre, si acaso él se aburría con su soledad. Sin embargo, para compañía y conversación, ¡cuánto más agradable es que dos amigos varones vivan juntos que un hombre y una mujer! (…) No puedo pensar en ninguna otra razón para que la mujer haya sido hecha como la ayudante del hombre, si descartamos la razón de la procreación.

Y, Tomás de Aquino (1225-1274) sostenía que “el padre debería ser amado más que la madre”, pues “el padre es un principio (de nuestro originen natural) de una manera más excelente que la mujer”. Además, compartía el pensamiento aristotélico de que la mujer era un hombre “mal formado”. Estos pensamientos no eran marginales: fundaron las bases de la teología occidental.

Aunque reformadores como Lutero o Calvino reconocieron cierta dignidad en la mujer, nunca cuestionaron profundamente el orden patriarcal. Lutero incluso afirmó que las mujeres deben “balbucear”, pues no es digno que hablen bien. No es de extrañar que, siglos después, muchas iglesias sigan relegando a la mujer a un segundo plano, y heredando este pensamiento a nuevas generaciones que influyen dentro de la religión.

Esta postura se puede observar en el pensamiento del reciente influyente líder evangélico estadounidense, Pat Robertson (1930- 2023), quien, en una ocasión afirmó que:

“Sé que a las damas les duele oír esto, pero si se casan, han aceptado el liderazgo de un hombre, su esposo. Cristo es la cabeza del hogar, y el esposo es la cabeza de la esposa, y así es como son las cosas, punto.”

Incluso, actualmente algunos líderes religiosos, incluidas mujeres, en las redes sociales fomentan, de alguna manera, un “pensamiento machista”, señalando que es una visión tradicionalista y jerárquica del matrimonio.

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Uno de los claros ejemplos de esta herencia es la experiencia de Miguel, un católico que asistió a cursos prematrimoniales como requisito para casarse por la Iglesia. En esas sesiones, impartidas por catequistas, recibió mensajes que le parecieron retrógrados y sexistas, como la idea de que si un hombre es infiel puede ser culpa de la mujer por no “cuidar” su apariencia física.

Miguel también recordó, en una entrevista con LA PATRIA, que se promovían roles tradicionales de género, como que el hombre no debía saber precios del mercado o que la esposa debía dejar la camisa del marido planchada cada día. Aunque reconoció que estas ideas no fueron impuestas por el sacerdote de la parroquia, sí identificó una fuerte influencia del pensamiento del catequista.

A su juicio, este tipo de discursos pueden influir negativamente en quienes no cuestionan o analizan el contenido recibido. Estas posturas contradicen el mensaje del Evangelio que señala que el amor en el matrimonio debe basarse en el respeto, la igualdad y el compromiso mutuo.

Estos pasajes evidencian que el machismo dentro del cristianismo no es un fenómeno moderno ni aislado, sino un legado teológico que fue heredado y reproducido a través de siglos.

La Patria Bolivia · Entrevista a Miguel

Cabe aclarar, que no se quiere desmerecer los aportes sociales importantes que los líderes religiosos citados anteriormente, hicieron a lo largo de sus vidas. Sin embargo, si bien sus afirmaciones tenían un fin diferente, la forma en la que se expresaron le da más valor al varón.

Aunque hay avances en la interpretación bíblica y en la lucha por la equidad de género dentro de algunas comunidades religiosas, aún persisten discursos arraigados que requieren una revisión crítica, para desmontar estructuras de desigualdad.

Distanciamiento femenino de las iglesias

Un fenómeno cada vez más visible está desafiando las estructuras tradicionales de las comunidades religiosas: las mujeres jóvenes están dejando las iglesias en mayor número que los hombres.

Según un estudio reciente del Pew Research Center, el 49% de las mujeres entre 18 y 25 años en Estados Unidos ya no se identifican con ninguna religión. Este dato no implica necesariamente una pérdida de fe, sino más bien una desconexión con las instituciones religiosas tradicionales, particularmente con aquellas que continúan reproduciendo estructuras patriarcales.

En Bolivia, aunque el dato exacto es menor, el fenómeno se repite: muchas mujeres buscan nuevas formas de espiritualidad, más libres e inclusivas, o desarrollan una fe personal alejada de instituciones patriarcales.

Para muchas de estas jóvenes, la raíz del problema es el machismo en la iglesia. A pesar de los avances en otras áreas de la sociedad, muchas comunidades religiosas siguen excluyendo a las mujeres de roles de liderazgo, decisión y visibilidad, un claro ejemplo de eso es que, en la Iglesia Católica, las mujeres no pueden ser sacerdotes, y el diaconado femenino fue descartado por el mismo Papa Francisco, a pesar de reconocer que “la presencia del machismo sigue siendo fuerte en la Iglesia”. Además, Las religiosas tienen una formación limitada en comparación con los sacerdotes y rara vez ocupan cargos de poder.

En el protestantismo, la situación varía según la denominación. Algunas iglesias permiten pastoras, pero muchas otras mantienen la prohibición basándose en pasajes como Timoteo 1 versiculo 2:12.

Rostros del abuso y el silencio

El legado patriarcal en las iglesias también facilitó el abuso de poder. Entre 1970 y 2000, el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas (Padre Pica) abusó de al menos 85 menores en Bolivia. Su diario reveló encubrimientos por parte de la Compañía de Jesús. En 2025, dos exlíderes de la orden fueron imputados por encubrir estos crímenes.

En 2021, 43 mujeres, incluidas bolivianas, acusaron a la Opus Dei (organización católica fundada en 1928 para promover la santidad en la vida cotidiana) de explotación laboral, abuso de poder y trata de personas. Las víctimas, algunas menores de edad, fueron reclutadas con promesas de educación, pero enfrentaron largas jornadas laborales sin pago y manipulación psicológica. En 2024, la justicia argentina imputó a cuatro exlíderes del Opus Dei por estos hechos.

Estos casos, lejos de ser aislados, reflejan cómo la concentración de poder masculino y la falta de transparencia siguen siendo problemas graves.

¿Un futuro diferente?

Las declaraciones de Chi Hyun Chung han desatado una fuerte controversia en Bolivia, dejando al descubierto las tensiones persistentes en torno al rol de la mujer en la sociedad y la manera en que se interpretan los textos religiosos. Estas expresiones no son aisladas, sino el reflejo de una herencia patriarcal aún presente en muchos espacios de poder, incluidas las iglesias.

Frente a este panorama, es fundamental promover una educación basada en la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos, que rechace cualquier discurso que perpetúe estereotipos o justifique la discriminación. Las instituciones gubernamentales, educativas y las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar de forma articulada para garantizar que tanto las políticas públicas como las prácticas culturales reconozcan y protejan la dignidad de todas las personas, sin importar su género.

En un contexto donde la religión aún tiene un fuerte impacto social, es urgente reflexionar sobre cómo las interpretaciones tradicionales de la Biblia afectan la vida de las mujeres, sus derechos y sus oportunidades. Las instituciones religiosas están llamadas a revisar críticamente estos enfoques y avanzar hacia lecturas más equitativas e inclusivas de su fe.

El papel de la educación es clave: formar a nuevas generaciones capaces de cuestionar normas patriarcales arraigadas y construir una sociedad más justa. Porque solo a través del conocimiento, el respeto y la reflexión conjunta será posible romper con los legados que perpetúan la desigualdad.

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Desde una escuela en Santiago, María Eugenia Riquelme, de 63 años, ha sido testigo de este notable cambio. “Cuando empecé a ejercer hace 40 años, cada niño tenía 2, 3 y hasta 4 hermanos. Hoy encuentras puros hijos únicos o con un hermanito”, comentó en una entrevista con EFE.

Un fenómeno global

La caída de la fecundidad en Chile es parte de un fenómeno global, pero en este país el descenso ha sido más pronunciado. La tasa se ha reducido en un 53,7 % en comparación con 1992, y actualmente es más baja que la de naciones que históricamente han enfrentado problemas de natalidad, como Japón.

Las proyecciones no son alentadoras, ya que se espera que la fecundidad en Chile continúe alejándose de la tasa de reemplazo, que es de 2,1 hijos por mujer. Esta cifra es necesaria para mantener la población sin depender de la inmigración.

Factores detrás de la baja natalidad

La disminución de la fecundidad es el resultado de varios factores. En parte, se considera una “historia de éxito”, ya que está impulsada por la reducción del embarazo adolescente, el aumento de la esperanza de vida, la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y el mejor acceso a anticonceptivos, según los especialistas.

Sin embargo, a estos cambios culturales se suman factores como el alto costo de la vida y la falta de servicios sociales. La socióloga Martina Yopo ha denominado este fenómeno como “infertilidad estructural”.

“Hoy no se dan las condiciones sociales para tener hijos. Cuando uno se lo plantea, le asalta la preocupación de si va a tener suficiente dinero para mandarlos a una buena escuela, pagar un doctor o tener una casa digna”, explicó Yopo, quien trabaja en la Universidad Católica.

Desigualdad de género y tiempo

La persistente desigualdad de género y las penalizaciones que enfrentan las mujeres en el mercado laboral son otros factores que contribuyen a la baja natalidad. Yopo también menciona la sensación generalizada de “pobreza del tiempo”.

“La baja natalidad no es un problema de las mujeres, tiene que ver con cómo nos organizamos como sociedad”, agregó.

Perspectivas de jóvenes profesionales

Marcela, una periodista de 35 años, ha decidido que no quiere ser madre e incluso ha considerado la posibilidad de esterilizarse. “Todo está demasiado caro y prefiero dedicarme a mí”, aseguró a EFE.

La preocupación por el dinero también afecta a Catalina del Campo, quien con 25 años acaba de graduarse en Ciencias Jurídicas y busca empleo. “El pensamiento extendido es que hay que llegar lo más alto posible antes de tener hijos para asegurarse un buen salario”, lamentó.

Mereia Bahamondes, una universitaria de 23 años, agregó que entre sus diez amigas, cinco desean ser mamás y cinco lo han descartado, tanto por razones económicas como por la situación actual del mundo. “Tienen que cambiar muchas cosas”, concluyó.

Consecuencias de la baja natalidad

Los expertos advierten que la baja natalidad agravará el problema del envejecimiento poblacional y aumentará la presión sobre los sistemas de salud y pensiones. Sostienen que existen políticas públicas efectivas, como garantizar una infraestructura gratuita de cuidado en la primera infancia o aumentar la cobertura de tratamientos de reproducción asistida.

La ministra chilena de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, explicó a EFE que el Gobierno está trabajando en la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados. También criticó a quienes piden recortes “radicales” en el gasto público.

“Si tenemos problemáticas que no son de un Gobierno, sino de la sociedad, no podemos debilitar la protección social”, subrayó.

Derechos y autonomía reproductiva

Yopo, por su parte, advierte sobre los discursos “pronatalistas” que están surgiendo en países gobernados por la ultraderecha, que buscan “devolver a las mujeres al hogar”.

“La promoción de la fecundidad -concluyó- no puede ser a costa de los derechos y la autonomía sexual reproductiva”.

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La norma fue propuesta por la senadora Virginia Velasco y plantea modificar el Código de las Familias y del Proceso Familiar, conocido como Ley 603. Esta ley actualmente permite los matrimonios a partir de los 16 años, siempre que exista el consentimiento de quienes ejercen la autoridad parental.

Velasco explicó a EFE que su proyecto se fundamenta en las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Este comité sugiere que Bolivia eleve la edad mínima para el matrimonio sin excepciones.

Violaciones a los derechos humanos

La senadora también recordó que Naciones Unidas considera que el matrimonio infantil “es una violación a los derechos humanos”. Casarse a una edad temprana expone a los menores “a mayores riesgos de violencia, abuso, embarazos forzados y abandono de estudios”, lo que perpetúa “un ciclo de pobreza y desigualdad”.

Velasco enfatizó la importancia de aprobar este proyecto de ley. Mencionó que hay familias que casan a sus hijos debido a la pobreza, pensando que esto les brindará una mejor calidad de vida. Sin embargo, la realidad muestra que nuestras adolescentes y niñas sufren mucha violencia, feminicidios y violaciones.

Contenido de la norma

El proyecto de Velasco establece que “el matrimonio o la unión libre entre personas menores a la edad requerida es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia”.

La propuesta ha pasado el filtro de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado. Sin embargo, se ha estancado en el pleno de la Cámara Alta debido a polémicas declaraciones de algunos legisladores que se oponen a ella.

Argumentos en contra

Los detractores del proyecto argumentan que algunas familias casan a sus hijas menores con hombres mayores debido a la pobreza. Además, consideran que el matrimonio entre adolescentes es una supuesta conquista social, similar al trabajo a los 14 años o el voto a los 16. Una legisladora incluso defendió su propia experiencia, afirmando que se casó siendo adolescente y le fue “bien”.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2024, reveló que desde 2014, el Estado boliviano registró 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años, así como 4,804 enlaces de adolescentes de 16 a 17 años, todos con el consentimiento de los padres de las menores.

Impacto en los derechos de las niñas

La Defensoría identificó estos casos como matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF), basándose en estándares y recomendaciones internacionales. La especialista en derechos sexuales y reproductivos de la Coordinadora de la Mujer, Alejandra Franco, explicó a EFE que este asunto es una “problemática multicausal”.

Franco destacó que afecta y viola los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes en Bolivia, especialmente en las zonas rurales. Según ella, existen condiciones estructurales de desigualdad de género que han naturalizado prácticas nocivas y costumbres que violentan los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Desigualdad de género

La especialista lamentó que persista un sentido de “propiedad sobre los cuerpos y las vidas” de las niñas y adolescentes. Además, señaló que son muy pocos los casos en que las víctimas de MUTIF son hombres menores de edad, ya que se supone que ellos tienen “mayor valor”.

Las niñas y adolescentes, en cambio, son vistas como una “carga” o “moneda de cambio”. Este intercambio que realizan las familias, justificando su decisión por la pobreza, tiene un precio muy alto: las vidas de estas niñas y adolescentes.

Franco valoró el tratamiento de la norma y consideró que también es fundamental trabajar para “cambiar estas concepciones patriarcales, machistas, misóginas y adultocéntricas”. Estas creencias sostienen que la vida de las niñas y adolescentes no cuenta.

Próximos pasos

Ante un inminente rechazo en el Senado, Velasco solicitó aplazar el tratamiento de la norma. Desde esta semana, promoverá el trabajo en mesas técnicas para explicar a sus colegas los alcances de la ley, con el objetivo de asegurarse de que sea aprobada.

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Historias de lucha continua

Añez subrayó que “cada una tiene su propia historia, un testimonio de lucha continua”. En este contexto, mencionó que “aproximadamente hay 70 mujeres asesinadas” en el país. Además, hizo hincapié en el acoso laboral, político y sexual que enfrentan las mujeres desde diversos frentes, lo que resalta la gravedad de la situación.

Rechazo a la victimización

La exmandataria también expresó su rechazo a la victimización y describió su situación actual. Afirmó que “fui detenida sin una citación fiscal previa y con un contingente policial sin precedentes”. Añez aseguró que recibe el escrutinio público por delitos cometidos por otros durante su gobierno, algo que no ocurre con sus colegas hombres.

Condiciones de encarcelamiento

Desde su encarcelamiento, Añez ha enfrentado lo que ella denomina “tortura blanca”. Esto se refiere a ser obligada a participar en audiencias ilegales que pueden durar entre diez y 12 horas. Resaltó que sus derechos han sido restringidos durante más de tres años y que las visitas son limitadas. “Hacer ingresar una visita que no lleve el apellido Añez es un trámite difícil y engorroso”, comentó.

Desigualdad en el sistema penitenciario

La expresidente cuestionó la disparidad en el tratamiento entre hombres y mujeres dentro del sistema penitenciario. “Resulta hipócrita que, a pesar del avance del feminismo, sigamos viendo un trato desigual”, afirmó. Sin embargo, enfatizó que, a pesar de esta desigualdad, las mujeres continúan demostrando valentía y resiliencia en sus luchas diarias.

Fortaleza femenina

Añez concluyó su mensaje reafirmando la fortaleza femenina. “Porque a las mujeres Dios nos dio la valentía necesaria para superar cualquier dificultad”. También celebró la capacidad única de las mujeres para crear vida, expresando: “somos afortunadas porque tenemos la bendición de llevar una vida en nuestro vientre”.

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A pesar de la existencia de leyes que promueven la igualdad de género en el país, las mujeres tienen menos probabilidades de ser contratadas en comparación con los hombres en estas áreas.

Baja participación femenina en STEM en Bolivia

A pesar de los esfuerzos por promover la igualdad de género en Bolivia, la participación de las mujeres en áreas STEM sigue siendo baja. Según estimaciones de la Agencia del Gobierno Electrónico, Tecnología de Información y Comunicación (Agetic) y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, solo el 20% de las mujeres bolivianas se involucran en estas áreas.

Desafíos persistentes para las mujeres en la búsqueda de empleo en STEM

El estudio realizado por el Ceres reveló que las candidatas femeninas en áreas STEM tienen una tasa de respuesta del 5%, mientras que los hombres tienen una tasa del 20%. Esta disparidad refleja los desafíos persistentes que enfrentan las mujeres en la búsqueda de empleo en sectores tecnológicos y científicos en Bolivia.

Baja participación global de mujeres en ciencia, tecnología y matemáticas

A nivel mundial, solo el 35% de las mujeres estudia ciencia, tecnología o matemáticas, según datos adicionales del estudio. Esta baja participación limita la innovación y las perspectivas futuras en estos campos.

Desafíos para abordar la desigualdad de género en STEM

La Dirección Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe destaca la complejidad de abordar las desigualdades de género en áreas STEM, desde edades tempranas hasta la vida profesional.

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La menstruación sigue siendo un tema tabú en muchas comunidades, lo que genera vergüenza y discriminación hacia las mujeres. Al momento de la menarca, o primera menstruación, la mayoría de las mujeres sostiene no haber tenido la información necesaria para transitar este cambio. Este estigma afecta negativamente a su autoestima y bienestar emocional, perpetuando la desigualdad de género y limitando su participación plena en la sociedad. A nivel global, los estudios muestran que el estigma relacionado con la menstruación está muy extendido, y especialmente las adolescentes a menudo se sienten avergonzadas o incapaces de hablar abiertamente sobre el tema.

Además, persisten numerosos mitos sobre la menstruación, como la idea de que las mujeres no deben realizar ciertas actividades durante su periodo. Estos mitos no solo limitan las oportunidades de las mujeres, sino que también refuerzan barreras que impiden su desarrollo y bienestar.

Este tema está estrechamente vinculado a la salud y la pobreza, especialmente en comunidades de bajos recursos, donde muchas mujeres enfrentan dificultades para acceder de manera segura y equitativa a los derechos de salud, como menciona el informe Econonuestra de Oxfam, y concretamente a productos de gestión menstrual. Las múltiples exclusiones que enfrentan estos grupos de la población históricamente vulnerados no se limitan a la generación de ingresos, sino también a la negación de los derechos a la salud

Esta realidad ha dado origen al concepto de pobreza menstrual, que refleja la falta de acceso a productos básicos de higiene menstrual, educación y saneamiento adecuados, lo cual impacta severamente en la calidad de vida de las mujeres económicamente vulnerables. Garantizar el acceso a una adecuada salud menstrual para todas las personas menstruantes es una responsabilidad social. Es por eso que el impacto en algunas de las condiciones necesarias (educación, infraestructura, salud, libertad, inclusión e higiene) atenta contra ella.

En Argentina, la crisis económica ha exacerbado los desafíos en la gestión menstrual. La falta de acceso a productos menstruales básicos, debido a su alto costo, obliga a muchas mujeres a priorizar su compra por encima de otras necesidades básicas, tales como alimentos, al mismo tiempo que amenaza la salud menstrual y profundiza las desigualdades sociales en el país.

Un estudio de alcance nacional, llevado a cabo por la consultora argentina Voices! junto a Supermercados Día, reveló que el 81% de las mujeres menstruantes considera que los productos menstruales son caros o muy caros y que a siete de cada diez les preocupa no poder pagarlos. De cada 10 argentinas, cinco señalan que han tenido que limitar la compra de estos productos debido a restricciones económicas y ocho de cada diez mujeres menstruantes han cambiado sus hábitos de gestión menstrual en los últimos 12 meses. El cambio más común ha sido optar por marcas más económicas, seguido por la elección de productos alternativos para reducir costos y el uso inadecuado de algunos productos, como el uso prolongado.

El estudio también mostró que hay mucho interés en probar productos más amigables como el medioambiente como la copa menstrual y las bombachas menstruales. Esto representa una enorme oportunidad para atender a la doble demanda por mayor equidad social de género y políticas privadas de igualación que contemplen la sostenibilidad ambiental. Resulta especialmente interesante en sectores vulnerables que no tienen sistemas adecuados para la eliminación de productos menstruales usados.

El problema trasciende las fronteras en nuestra región. Por ejemplo, en Brasil, la cuarta parte de las niñas ha faltado a la escuela por no tener un artículo tan básico como toallas menstruales, lo que motiva un reemplazo de productos de gestión menstrual tan improvisado como poco higiénico y efectivo, como migas de pan o periódicos viejos, práctica corriente en los sectores vulnerables.

Para aliviar esta carga económica, varias organizaciones en América Latina han implementado iniciativas de apoyo. En Argentina, por ejemplo, la campaña #El28EsParaVos de supermercados Día ofrece un 50% de descuento en productos menstruales el día 28 de cada mes. Además, existen propuestas de políticas públicas para garantizar la accesibilidad de los productos menstruales. EcoFeminita conduce una campaña llamada #MenstruAcción con el objetivo de visibilizar que la menstruación es un factor de desigualdad. También existen algunas iniciativas legislativas que buscan incluir productos menstruales en la canasta básica y eximirlos de impuestos, y algunos programas comunitarios y ONG locales que distribuyen productos menstruales gratuitos en áreas de alta vulnerabilidad.

En otros países de la región, como México y Uruguay, se han implementado medidas efectivas para mejorar el acceso a productos de gestión menstrual. Por ejemplo, en México el movimiento Menstruación Digna logró en el 2021 eliminar el 16% del IVA a los productos de gestión menstrual, siguiendo el ejemplo de Colombia, que, en 2018, eliminó el impuesto en toallas, mientras que Uruguay lanzó el programa Gestión Menstrual + Igualdad + Inclusión para distribuir kits gratuitos en Montevideo desde 2023. En Brasil, el gobierno ha anunciado la distribución gratuita de compresas o toallas higiénicas en farmacias de todo el país para mujeres de bajos recursos, lo que beneficia a millones de mujeres.

Todo esto subraya cómo la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres, siendo la menstruación un factor adicional de desigualdad. Los costos asociados con la gestión menstrual, una necesidad biológica, representan desafíos significativos para las mujeres, y existe una fuerte demanda por un acceso equitativo a una gestión menstrual saludable. En estudios cualitativos sobre el tema, las mujeres señalan que “la menstruación es algo que va a estar siempre, no es opcional”, y refuerzan la expectativa de que “tendría que haber algo más accesible” y de que “los productos deberían tener un precio accesible, o distribuirse de forma gratuita en todos los centros de salud por mes, ya que es algo propio del cuerpo humano y debe ser atendido sin ningún tipo de impedimento”. Enfatizando el carácter estructural y no volitivo o discrecional del condicionamiento menstrual, las mujeres cuestionan: “No es una enfermedad o algo con lo que nosotras decidimos nacer, y las personas en situaciones más vulnerables no pueden acceder a esos privilegios”.

Es esencial que la menstruación no sea un obstáculo para ninguna mujer y es responsabilidad de toda la sociedad garantizar condiciones equitativas para todas. El enfoque debe ser integral, combinando políticas legislativas, educación, sensibilización y colaboración para abordar efectivamente la pobreza menstrual.

Constanza Cilley es directora de la consultora argentina Voices!. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de WAPOR Latinoamérica, el capítulo regional de la asociación mundial de estudios de opinión pública: www.waporlatinoamerica.org

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La economía del cuidado comprende actividades esenciales para la vida. Los servicios de economía del cuidado son prestados en gran medida por mujeres que a menudo no reciben remuneración, no disfrutan de derechos y protecciones laborales y se encuentran en situaciones precarias y vulnerables. Sin embargo, la economía del cuidado es de vital importancia y puede ayudar a revertir las desigualdades sociales y de género en combinación con el desarrollo económico.

En este marco, la presencia del Estado, a través de acciones gubernamentales y políticas públicas, puede servir como base para mejorar las condiciones de los trabajadores de la economía del cuidado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han arrojado luz sobre la economía del cuidado como central para el diseño y conducción de políticas socioeconómicas en la agenda de recuperación pospandemia para América Latina y el Caribe .

La pandemia de COVID-19 puso de relieve la importancia vital de la economía del cuidado para el desarrollo económico y el bienestar de América Latina. La CEPAL define la economía del cuidado como “todas las actividades que aseguran la reproducción social y el mantenimiento de la vida humana en un ambiente adecuado, la economía del cuidado protege la dignidad de las personas y la integridad de sus cuerpos, Esta  promueve la educación y la formación, apoya el bienestar psicológico y emocional y mantiene los vínculos sociales”.

¿Qué es el trabajo de cuidado?

Además, como lo expresa la OIT, el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, implica actividades directas, incluida la alimentación de bebés o el cuidado de personas mayores, y actividades indirectas, como limpiar o cocinar. A pesar de su importancia vital, los trabajadores de la economía del cuidado sufren de invisibilidad social: el bajo valor social atribuido a su trabajo contradice su papel central en el sistema de desarrollo socioeconómico. Estas actividades, en general, se dan por sentado y no se incluyen de manera significativa en la discusión de las políticas públicas, especialmente las políticas económicas.

En 2015, alrededor de 2.100 millones de personas (1.900 millones de niños menores de 15 años y 200 millones de personas mayores) requirieron servicios de cuidados. La OIT estima que esta cifra aumentará a 2.300 millones de personas para 2030, debido al creciente número de niños, ancianos y personas con discapacidad que requieren servicios de cuidado. Como tal, es probable que la demanda de trabajadores y servicios de cuidados aumente drásticamente en el futuro. Por lo tanto, las políticas gubernamentales son vitales para garantizar que tanto los trabajadores de la economía del cuidado como aquellos que necesitan cuidados reciban la protección y el apoyo adecuados.

En Brasil y otros países de América Latina y el Caribe, el cuidado de bebés, niños, ancianos y personas con discapacidad lo realizan tradicionalmente las mujeres de la familia sin remuneración y dentro del hogar. Sin embargo, cuando la situación financiera de una familia lo permite, los servicios de cuidados remunerados casi siempre los prestan trabajadores domésticos contratados.

Las familias con menores ingresos suelen recurrir a organizaciones comunitarias y voluntarias en busca de servicios de atención para que la mujer, a menudo madre, pueda ir a trabajar. Sin embargo, Brasil y otros países de América Latina y el Caribe no son los únicos lugares donde las mujeres asumen gran parte de este trabajo de cuidados. Esta tendencia se observa a nivel mundial.

Aportes desiguales

Un informe global de la OIT encontró que hombres y mujeres no aportan los mismos esfuerzos al cuidado no remunerado en ningún país. La OIT también estima que, en promedio, las mujeres realizan el 76,2% de todo el trabajo de cuidados no remunerado. En todo el mundo, las mujeres están sobrecargadas con el trabajo de cuidados, debido a cuestiones culturales y de género y a muchos otros factores que pueden arraigar esta práctica.

Esta tendencia se observa no sólo en América Latina, sino a nivel mundial. Un informe global de la OIT encuentra una marcada desigualdad en los esfuerzos que hombres y mujeres contribuyen al cuidado no remunerado en varios países. En promedio, las mujeres realizan el 76,2 % de todo el trabajo de cuidados no remunerado. La carga del trabajo de cuidados global recae sobre las mujeres, un fenómeno debido a la discriminación de género, las condiciones culturales y muchos otros factores.

Los gobiernos latinoamericanos están actuando gradualmente de manera que demuestran la importancia de la economía del cuidado. Por ejemplo, el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva creó, por primera vez, una Secretaría de Atención y Familia, dirigida por el sociólogo brasileño Abramo dentro del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre (MDS). Una reciente publicación de Abramo destacó el estado actual de la economía del cuidado brasileña, diciendo que “la actual organización social del cuidado está marcada por las desigualdades estructurales que caracterizan a la sociedad brasileña: son las mujeres, especialmente las negras, las más pobres y con ingresos más bajos, que son principalmente, sino exclusivamente, responsables del trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado”.

Según datos de la Encuesta Nacional Continua por Muestra de Hogares del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en 2019, las mujeres dedicaban en promedio 21,7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres aportaban solo 11 horas en promedio. Para las mujeres blancas, esta cifra era de 21 horas semanales y para las mujeres negras, de 22,3 horas semanales. Esta realidad compromete la capacidad de las mujeres para generar ingresos y ejercer autonomía económica, lo que agrava la pobreza y la desigualdad.

En Brasil, la economía de cuidados remunerados no sólo es predominantemente femenina, sino que también es negra. En 2019, el 45% de todos los empleos en el sector del cuidado fueron ocupados por mujeres negras, el 31% por mujeres blancas y el 24% restante de los empleos en la economía del cuidado se dividieron entre hombres blancos y negros. La categoría ocupacional más grande de la economía del cuidado son los trabajadores domésticos. Los datos más recientes, de 2021, indican que el 93% de las trabajadoras domésticas son mujeres y el 61% de estas mujeres son negras.

Cambios a la vista

Están en marcha cambios estructurales para transformar el sector del cuidado en América Latina. Estos cambios son responsables de la disminución del número de mujeres disponibles para recibir cuidados, una disminución de la participación femenina en el mercado laboral y una reducción del tamaño de la familia. Al mismo tiempo, el número de personas que requieren cuidados ha crecido exponencialmente, impulsado por el envejecimiento de la población y un aumento de la informalidad laboral, definida como actividades económicas que –en la ley o en la práctica– no están cubiertas o están insuficientemente cubiertas por acuerdos formales.

Estas tendencias han llevado a que las personas mayores dependan más del apoyo familiar. Un estudio de la CEPAL de 2022 estima una tasa de informalidad del 54% en América Latina y el Caribe, lo que genera altas tasas de precariedad y baja cobertura de pensiones entre los trabajadores informales. En 2019, el 47,2% de los trabajadores ocupados estaban afiliados a algún sistema o plan de pensiones. Estas tendencias han impulsado una mayor dependencia del apoyo familiar entre las personas mayores.

Históricamente, la participación del Estado en la economía del cuidado en América Latina ha sido limitada. Sin embargo, las políticas existentes pueden servir de modelo para otros países. Dadas las transformaciones estructurales en curso que presionan el déficit de atención existente, implementar políticas para ayudar a satisfacer la demanda de atención y garantizar la calidad de la atención en América Latina y Brasil presenta un desafío para los formuladores de políticas. El sector público debe asumir un papel más fuerte y proactivo para desarrollar e implementar políticas públicas de economía del cuidado en un marco de cuidado más integrado y transformador.

Dado que la economía del cuidado tiene un alcance tan amplio, los gobiernos latinoamericanos deben implementar políticas de cuidado para superar la desigualdad, garantizar una alta calidad de vida y aliviar la pobreza a través del desarrollo.

Claudiana Guedes de Jesús tiene un Ph.D. en Política Científica y Tecnológica por la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) y es Profesor Asociado de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ), en el Programa de Posgrado en Gestión y Estrategia (PPGE-UFRRJ).

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Desde el año 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se duplicó, mientras que la riqueza de alrededor de 5000 millones de personas disminuyó. Según el informe anual sobre desigualdad global de OXFAM Internacional presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, la riqueza extrema se acumula geográficamente y está disponible sólo para una reducida minoría: casi 70% de la riqueza se concentra en el Norte global y es masculina. Y es que los hombres poseen 105 billones de dólares más de riqueza que las mujeres, lo que equivale a más de cuatro veces el tamaño de la economía de Estados Unidos.

La desigualdad de género, que crece de forma descontrolada cada año, se agrava en el contexto de la actual crisis ambiental. Hoy, el poder empresarial, mayoritariamente occidental, masculino y responsable por las emisiones de gases de efecto invernadero, aumenta el riesgo de colapso climático y profundiza las injusticias que caracterizan a nuestras sociedades.

Las mujeres son más pobres que los hombres

De acuerdo con las Naciones Unidas, a nivel global las mujeres enfrentan múltiples formas de desigualdad y discriminación: son más pobres que los hombres; tienen los empleos más precarios y peor remunerados; sufren explotación, abusos y violencia sistémica; realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados de forma no remunerada; tienen menos acceso a la educación y la salud; están subrepresentadas en todas las esferas de poder político y económico, y suelen verse excluidas de la toma de decisiones. En esta línea, el informe Desigualdades S.A. de OXFAM visibiliza un escenario desolador donde el hambre, las extremas desigualdades, la explotación laboral y diversas penurias caracterizan el día a día de gran parte de la población mundial y se agravan en base al género.

Pese a los avances en materia de igualdad de los últimos años, ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA estiman que, al ritmo actual 340 millones de niñas y mujeres vivirán en la pobreza extrema en 2030. Además, una de cada cuatro mujeres y niñas pasará hambre o deficiencia alimentaria.

Además, las mujeres y niñas sufren los impactos del cambio climático de forma desproporcionada, según la Secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como ejemplo, las mujeres constituyen el 80% de los desplazamientos forzados asociados con el cambio climático y experimentan con mayor agudez fenómenos como el hambre, la violencia, la exclusión y la explotación sexual en contextos de desastres.

Y si bien las mujeres son las principales responsables por la elaboración de los alimentos, el cuidado y las tareas agrícolas, las estructuras tradicionales de género obstaculizan su derecho a la propiedad de la tierra, limitan su acceso a los recursos naturales y las excluyen de la participación y de la toma de decisiones sobre cuestiones ambientales.

El destacado rol de las mujeres en la defensa del medioambiente

Las mujeres también tienen un rol fundamental en la sostenibilidad, el cuidado ambiental, en los procesos de resistencia y lucha ambiental contra el extractivismo y la deforestación. Como consecuencia, muchas mujeres son censuradas, sufren múltiples formas de violencia y criminalización, y llegan a pagar con su propia vida.

En este contexto, América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor número de activistas y defensores del medio ambiente asesinados; la mayor parte de las veces mujeres, sobre todo indígenas, negras y campesinas. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sólo entre 2015 y 2019 se reportaron 166 homicidios de activistas y defensoras de la tierra latinoamericanas, pero se trata de una realidad en gran parte infraestimada.

Aun en un contexto tan violento y desigual, mujeres políticas, investigadoras y activistas medioambientales están también detrás de la construcción de alternativas y han sido protagonistas de importantes avances en la agenda ambiental y climática como la firma del Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú o el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. En otros términos, dentro y fuera de las instituciones, las mujeres son agentes de cambio y trabajan globalmente a favor de la vida y por una transformación ecológica que permita construir un futuro sostenible y justo para todos.

La Agenda 2030 establece como su quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Por ello, en la lucha contra las desigualdades, la justicia social no puede estar disociada de la justicia de género y de la justicia ambiental. La desigualdad es un lastre para todos, pero no es una fatalidad y, como muestra la evidencia cientifica, puede y debe ser combatida con metas y políticas específicas en las que los países ricos tengan las principales responsabilidades.

En este proceso, las mujeres son parte de la solución y tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático y las inequidades exacerbadas por la crisis ambiental. De ahí que, para salvar el planeta, es prioritario visibilizar su papel, promover la igualdad de género en todas las dimensiones, y alcanzar su representación y participación plena en la toma de decisiones.

Cientista política. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ) y del Postgrado en Ciencia Política de la UNIRIO. Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.

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“No se trata de un día festivo o celebración. El 8 de marzo tiene un contexto histórico, ideológico y de lucha sindical marcada por profundas desigualdades de género en el campo laboral”, afirmó la ministra de Trabajo, Verónica Navia, citada en un boletín institucional.

Recordó de acuerdo a la historia suscitada en New York en 1857, que ellas demandaban una jornada laboral de diez horas y un salario igual al de los varones. Sin embargo, el dueño de la fábrica mandó a cerrar las puertas de modo que las mujeres no pudieron escapar del incendio originado dentro del almacén.

“Es un justo y merecido homenaje a las mujeres trabajadoras de Bolivia, que a lo largo de la historia también han puesto su fuerza y energía por el desarrollo del país, pero, además, ellas se constituyen en la vanguardia de la defensa de la democracia, los derechos laborales y sociales”, acotó Navia.

En el sector público, esta disposición debe ser coordinada por las oficinas de Recursos Humanos de cada institución, en tanto, en las empresas o establecimientos laborales del sector privado, deberán adecuar la determinación por acuerdo entre partes, considerando sus modalidades de trabajo, establece el comunicado 005/21 de esta Cartera de Estado.

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