Oruro celebra la Semana Nacional de las Personas Ciegas

Con una caminata, un festival de música, actividades de sensibilización y un campeonato de goalball, las personas con discapacidad visual de Oruro conmemorarán la Semana Nacional de las Personas Ciegas. Este evento se desarrollará del 1 al 5 de julio con el objetivo de promover la inclusión, visibilizar sus capacidades y generar mayor respeto hacia sus derechos.

Actividades programadas

Mijael Sánchez, representante del Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) Oruro, explicó que las actividades conmemoran la fundación de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, creada el 4 de julio de 1954. La programación comenzó con una conferencia de prensa y continuará con entrevistas en medios de comunicación. Además, se realizará un taller de socialización y sensibilización dirigido al personal de la Secretaría Departamental de Desarrollo Social.

Caminata y festival musical

La actividad central será la gran caminata de las personas ciegas, prevista para el viernes 3 de julio. Esta partirá desde el Parque de la Unión con la participación de instituciones públicas. Ese mismo día, por la tarde, se desarrollará el IV Festival de Música y Canto en la Casa Municipal de Cultura “Javier Echenique Álvarez”. Allí, niños, jóvenes y adultos con discapacidad visual demostrarán su talento artístico.

Cierre del evento con campeonato

La programación concluirá el domingo con un campeonato relámpago de goalball en el coliseo Catco. Sánchez indicó que el propósito de la semana es mostrar a la población que las personas ciegas participan activamente en los ámbitos artístico, cultural, deportivo y social. Además, recordó que gozan de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.

Derechos y desafíos

“Queremos que la población nos conozca más y que vea nuestras capacidades”, sostuvo Sánchez. Sin embargo, también advirtió que persisten vulneraciones a los derechos de las personas con discapacidad visual. Esto ocurre principalmente por la falta de respeto al uso del bastón blanco, la ocupación de aceras por comerciantes y las dificultades para desplazarse con seguridad en la vía pública.

Promoviendo una sociedad inclusiva

Sánchez consideró necesario fortalecer la educación ciudadana y la empatía para garantizar una movilidad más segura e inclusiva para este sector de la población. La Semana Nacional de las Personas Ciegas no solo busca celebrar, sino también crear conciencia sobre los derechos y necesidades de las personas ciegas en Bolivia.

La entrada Oruro conmemorará la Semana Nacional de las Personas Ciegas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Pronunciamiento conjunto de naciones americanas

El 23 de junio, un bloque de dieciséis naciones americanas emitió un pronunciamiento conjunto de naciones americanas para respaldar la institucionalidad democrática en Bolivia. Esta declaración, coordinada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, calificó las movilizaciones de más de 50 días como un intento de desestabilización y una “grave amenaza” para la seguridad de la región.

Naciones firmantes del pronunciamiento

El documento oficial fue refrendado de manera unánime por los gobiernos de:

• Argentina
• Canadá
• Chile
• Costa Rica
• República Dominicana
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Guyana
• Honduras
• Jamaica
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• La administración de Bolivia
• El gobierno estadounidense

Postura severa frente al conflicto

El manifiesto internacional, difundido este 23 de junio, adopta una postura severa frente al trasfondo del conflicto. Las cancillerías firmantes sostienen que las medidas de presión no constituyeron una protesta social tradicional, sino la acción de una “minoría violenta” decidida a ignorar el resultado de los comicios presidenciales celebrados hace escasos meses, según citó Red Uno.

Consecuencias para la población civil boliviana

Las naciones de la región enfatizaron que las consecuencias de los 53 días de asedio afectaron directamente los derechos fundamentales de la población civil boliviana, señalando tres áreas críticas:

• Víctimas mortales en la población civil: Se reportaron fallecimientos de personas que no pudieron recibir asistencia hospitalaria, tratamientos médicos ni fármacos de urgencia debido a la inflexibilidad de las movilizaciones en los puntos de conflicto.
• Crisis de suministros: Millones de ciudadanos enfrentaron un desabastecimiento prolongado, sufriendo dificultades extremas para adquirir carburantes, productos de primera necesidad y alimentos básicos.
• Violencia contra la policía: El informe resalta los ataques sufridos por los efectivos de seguridad que resultaron heridos mientras cumplían tareas operativas para liberar las carreteras.

Cambio en el contexto político y social

Este pronunciamiento diplomático ocurre en paralelo al repliegue de las protestas, consolidado tras la aplicación del decreto de estado de excepción constitucional implementado el pasado sábado. Tras el despliegue de las fuerzas del orden, el presidente Rodrigo Paz ratificó que “el bloqueo ha sido derrotado”, dando paso a la reactivación paulatina de los servicios en las terminales de buses y a la regularización de las cadenas de suministro.

Afirmaciones del bloque hemisférico

El comunicado emitido por el bloque detalla: “Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”. Para la comunidad internacional, el rechazo a las vías de negociación y la imposición de cercos viales representaron un quebrantamiento directo a la convivencia democrática.

Situación actual en las vías bolivianas

Pese a que se levantaron los puntos de conflicto en la red vial fundamental, el tránsito entre Cochabamba y Santa Cruz continúa interrumpido. Las autoridades informaron que la carretera antigua sigue bloqueada por desprendimientos de tierra debido a factores climáticos, mientras que en la vía nueva las cuadrillas técnicas continúan con las tareas de limpieza para retirar las rocas y los troncos que fueron utilizados durante las protestas.

Llamado al diálogo y solución pacífica

El bloque hemisférico concluyó su exhortación exigiendo a los sectores movilizados canalizar cualquier diferencia mediante los mecanismos constitucionales de concertación, reafirmando al diálogo como la herramienta indispensable para la preservación de la paz social.

Te invitamos a leer:

• Estado de excepción recibe apoyo legislativo antes de la sesión
• La Paz recibe ayuda humanitaria de la Embajada de EE. UU
• Impulsan segunda campaña humanitaria en apoyo a transportistas

La entrada Bloque de 16 naciones respalda democracia en Bolivia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Bolivia recibe respaldo internacional en la OEA

Bolivia recibió un importante respaldo internacional durante la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El canciller Fernando Aramayo afirmó que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, propuso la creación de una misión de alto nivel para evaluar la situación del país tras más de 50 días de bloqueos.

Contexto político y social en Bolivia

En diálogo con los medios, Aramayo aseguró que este pronunciamiento se enmarca en un respaldo regional a la defensa de la democracia y del orden constitucional, en un contexto de tensión política y social en Bolivia. La propuesta impulsada por Panamá dentro de la OEA incluye:

• La solicitud de una misión de alto nivel conformada por cancilleres o representantes permanentes.
• El objetivo de verificar la situación en el país.
• Elaborar un informe sobre el contexto de conflictividad.

Interés regional por la institucionalidad democrática

Además, otros países como Ecuador, Chile y Argentina también habrían expresado interés en apoyar este tipo de iniciativas orientadas a respaldar la institucionalidad democrática y la vigencia del Estado de derecho en Bolivia. Aramayo destacó que el país anfitrión de la Asamblea General ha mostrado apertura para promover espacios de diálogo y mecanismos de solución pacífica de controversias en medio de un escenario de polarización.

Amenazas a la estabilidad democrática

El ministro de Relaciones Exteriores agregó que la iniciativa busca visibilizar lo que calificó como amenazas regionales que afectan la estabilidad democrática en distintos países. La expectativa del Gobierno es que la Asamblea General de la OEA emita una resolución que respalde la democracia, el orden constitucional y el respeto a los d derechos humanos en Bolivia, además de acompañar la eventual conformación de la misión internacional propuesta.

Citas del canciller Fernando Aramayo

El canciller Fernando Aramayo expresó: “Hemos recibido un respaldo manifiesto y abierto naturalmente del pueblo panameño; han dado un espaldarazo decidido a Bolivia desde el primer día. Esta es una muestra de la vocación que tiene Panamá para convertirse en un espacio de diálogo, de resolución pacífica de controversias”. Asimismo, sostuvo que “el escenario de polarización por acciones del crimen organizado internacional para interrumpir procesos democráticos no es exclusivo de Bolivia”.

La entrada Bolivia recibe respaldo en OEA para evaluar la situación del pais se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El diputado Ricardo Rada envió este martes 16 de junio una carta a la presidencia de la Cámara de Diputados. En esta misiva, solicitó una reunión urgente de jefes de bancada para analizar la posibilidad de quitar los curules a los diputados que invitaron a una delegación argentina, la cual no pudo ingresar al país. Rada calificó este hecho como una “traición a la patria”.

Acusaciones de traición y vergüenza

Rada describió esta acción como “vergonzosa” y reiteró que es una traición a la patria. En su carta, especificó que los involucrados son los legisladores: Patricia Patiño, Margarita Mendoza, Sonia Siñani, Rodolfo García y Ana María Crispín.

El legislador expresó: “Los conflictos de Bolivia los debemos resolver los bolivianos. No tenemos por qué exhibir nuestras vergüenzas y peor, invitar a un grupo de ‘marihuaneros’ de Argentina que se hace llamar Derechos Humanos, cuando son unos activistas que casi dejan en la quiebra a su país”.

Peticiones y apoyo político

Según su criterio, el episodio vivido es “imperdonable” y no puede quedar en la impunidad. Por ello, pidió que se realice cuanto antes la reunión de jefes de bancada para que estos legisladores pierdan su curul. Además, solicitó a Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y otros líderes políticos que apoyen este pedido por medio de sus bancadas.

Criticas a la delegación argentina

Rada enfatizó que esta delegación proveniente de Argentina solo venía a hacer injerencia. Criticó que llegaran con la misión de respaldar a los grupos que bloquean carreteras desde hace 47 días.

Reacción del diputado Rolando Pacheco

No obstante, el diputado Rolando Pacheco repudió la negativa del ingreso al país de la delegación. Aseguró que su tarea era observar lo que sucedía en Bolivia y que impedirles el acceso violó varios tratados internacionales, como el del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Pacheco declaró: “Nos disculpamos a nivel internacional por estos sucesos. En mi calidad de diputado, pido disculpas por estos hechos que nos hacen quedar mal. Era una promesa electoral abrirnos y mostrarnos al mundo ¿Así, de esta manera?”.

Detalles sobre la invitación y gastos

Pacheco confirmó que la delegación fue invitada por legisladores bolivianos. Sin embargo, aseguró que los gastos de pasajes y estadía fueron cubiertos por ellos mismos, no con recursos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El lunes 15 de junio, un grupo de ciudadanos llegó al aeropuerto de El Alto autoidentificándose como “misión de derechos humanos”. Sin embargo, se les negó el ingreso al territorio boliviano y fueron desviados a Santa Cruz. Desde migración explicaron que había irregularidades con sus visas, ya que figuraba que entrarían al país como turistas.

La entrada Rada critica a legisladores que invitaron a delegación argentina se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Conflicto entre Argentina y Bolivia por misión humanitaria

El lunes 15 de junio de 2026, el canciller argentino, Pablo Quirno, reconoció las facultades soberanas de todo Estado para regular el ingreso y permanencia de extranjeros. Esto ocurrió tras la decisión del gobierno de Bolivia de negar el ingreso de legisladores y activistas argentinos. La delegación pretendía fiscalizar supuestas violaciones de derechos humanos en Bolivia, que enfrenta el día 46 de conflictos y el 40 de bloqueos.

Detalles sobre la misión humanitaria

La misión llegó al aeropuerto de La Paz con “el autodeclarado propósito de realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”, según escribió Quirno. Entre sus integrantes se encontraban:

• Juan Marino, diputado nacional de Fuerza Patria (FP).
• Vanina Biasi, legisladora porteña del Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO).
• Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys.
• María José Cano, integrante de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A).
• Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Rechazo del ingreso y asistencia consular

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino confirmó que Bolivia rechazó el ingreso del grupo, que viajaba como parte de una “autodenominada Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”. En un comunicado oficial, Quirno detalló que las autoridades bolivianas detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, explicó.

Además, se precisó que los miembros del grupo retornaban a Argentina y que la Embajada argentina en Bolivia activó mecanismos de asistencia consular. Se mantuvo contacto permanente con las autoridades competentes durante este proceso.

Controles migratorios y postura boliviana

La comitiva arribó en la madrugada del lunes al aeropuerto El Alto y fue obligada a regresar en un avión hacia Santa Cruz antes de su retorno a Argentina. Durante los controles migratorios realizados, se verificaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación.

Desde Bolivia, la senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión inmediata de los activistas argentinos, argumentando que no respetaron la soberanía del país. Yarhui enfatizó que la Cancillería boliviana debía manejar cualquier injerencia extranjera en asuntos internos mientras mantenía buenas relaciones con otras naciones.

Declaraciones finales del canciller argentino

Finalmente, Quirno reiteró: “Las autoridades bolivianas han comunicado oficialmente que… decidieron no admitir el ingreso… En función de ello… regulan el ingreso…”, remarcando así la postura firme del gobierno boliviano ante esta situación.

La entrada Gobierno argentino reconoce facultades de Bolivia para denegar ingreso de activistas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Crisis social en Bolivia: Parlamentarios exigen soluciones

Parlamentarios orureños instaron este lunes 15 de junio de 2026 al gobierno boliviano a solucionar la crisis social que vive el país. Este conflicto ya lleva 46 días y afecta a la población, además de provocar daños significativos a la economía nacional.

Responsabilidad del gobierno

El senador José Sánchez y el diputado Macedonio Vargas, aunque tienen distintas visiones sobre el conflicto, coincidieron en que la responsabilidad de encontrar una solución recae en el gobierno. Sánchez manifestó: “Nosotros hemos trabajado en la Asamblea Legislativa para darle los mecanismos legales constitucionales al señor Presidente del Estado (Rodrigo Paz) para que pueda gobernar en beneficio de todos los bolivianos.”

Violaciones a derechos humanos

Sánchez también destacó que “lamentablemente, hasta este momento, La Paz, El Alto y Oruro están siendo secuestrados por estos bloqueos”. Además, enfatizó que se están violando derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la libre locomoción, a la alimentación y a la salud. Por lo tanto, exigió al presidente que tome las acciones necesarias dentro del marco del respeto a los derechos humanos y a la Constitución.

Cansancio y diálogo necesario

Por su parte, el diputado Vargas señaló: “Hay cansancio de muchos sectores; ya están abandonando los bloqueos por el cansancio, pues no ha habido acuerdos”. También mencionó que es necesario activar económicamente el departamento y llamó a la ciudadanía a sentarse en una mesa de diálogo para abordar las necesidades.

Descontento social y problemas económicos

“El gobierno dice que (la protesta) es financiada por Evo Morales; no, es el descontento. Durante seis meses ha habido muchas situaciones que hemos llegado a tener: la gasolina mala, el avión siniestrado y las 32 maletas. Ahora nos vienen los 108 toneladas de cocaína. Miren que tenemos una situación bien grande y no hay respuestas”, agregó Vargas.

Impacto del conflicto social

Desde el 1 de mayo de 2026, Bolivia enfrenta un conflicto social iniciado por la Central Obrera Boliviana (COB), que comenzó con un paro general. Aunque inicialmente tuvo poco impacto y se centró en La Paz, con el tiempo se radicalizó y otros sectores sociales se sumaron. Esto provocó bloqueos de caminos que generaron desabastecimiento de alimentos y medicamentos.

Consecuencias trágicas

Los bloqueos también causaron muertes entre transportistas varados y pacientes que necesitaban atención médica especializada. Vargas alertó sobre más de tres transportistas fallecidos debido a esta situación crítica.

Llamado al diálogo

Finalmente, ambos parlamentarios hicieron un llamado al poder ejecutivo para sentarse con propuestas claras que permitan desmovilizar los conflictos actuales. La situación sigue siendo tensa mientras las movilizaciones continúan afectando gravemente al país.

La entrada Conflicto social: Parlamentarios exigen soluciones al gobierno se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Evo Morales critica la Ley 1740 sobre Estados de Excepción

El expresidente y dirigente cocalero Evo Morales se pronunció este lunes 8 de junio tras la promulgación de la Ley 1740, norma que regula los Estados de Excepción en Bolivia. A través de sus redes sociales, Morales expresó su preocupación por el contenido de esta legislación y advirtió sobre posibles efectos en las garantías democráticas y los derechos humanos. Además, solicitó la atención de organismos internacionales para monitorear la situación del país.

Contexto de la promulgación

Las declaraciones de Morales surgieron minutos después de que el presidente Rodrigo Paz promulgara la Ley 1740 desde Palacio de Gobierno. Este acto se produjo en un contexto marcado por 39 días de conflictos y movilizaciones en distintas regiones del país.

Declaraciones de Evo Morales

En su publicación, Morales afirmó: “Alertamos a la comunidad internacional sobre la aprobación de una nueva Ley de Estados de Excepción que debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos. La norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios, y amplía la intervención militar en conflictos internos”.

Solicitudes a organismos internacionales

Además, solicitó: “Solicitamos el seguimiento y la vigilancia permanente de los organismos internacionales para resguardar el Estado de Derecho y las libertades fundamentales del pueblo boliviano”.

Defensa del presidente Paz

Durante el acto de promulgación, el presidente Paz defendió la nueva normativa y lanzó una advertencia a quienes promuevan hechos violentos. “A los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Sebastián Marset, sus días están contados”, afirmó. Esta situación genera preocupación entre sectores que defienden los derechos humanos en Bolivia.

La entrada Evo Morales se pronuncia sobre la Ley de Estados de Excepción se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Ante más de un mes de bloqueos en carreteras de Bolivia, la diputada Lissa Claros anunció la petición de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta solicitud busca garantizar el derecho a la circulación de la ciudadanía y asegurar el paso de alimentos y otros insumos esenciales.

Denuncia ante la Corte IDH

Claros recordó que, en días pasados, presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta denuncia, incluyó a actores políticos y dirigenciales como el expresidente Evo Morales, el dirigente Mario Argollo de la Central Obrera Boliviana (COB) y representantes de la Federación Departamental De Trabajadores Campesinos De La Paz “Tupac Katari”. Estos fueron señalados por “vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos”.

Inacción de autoridades locales

La diputada adelantó que no se descarta incluir en esta demanda al gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla; al alcalde paceño, César Dockweiler; y a las autoridades de Oruro, Potosí y Chuquisaca. Esto se debe a su “inacción” frente a los bloqueos que han dejado prácticamente incomunicadas a estas regiones del país.

Críticas a la falta de acción gubernamental

“Estamos a más de un mes del conflicto y lamentablemente ministros, viceministros, alcaldes, asambleístas y concejales de esos departamentos han desaparecido. No hacen absolutamente nada para solucionar el problema del país. Esperamos una respuesta de la Corte Interamericana”, declaró la legisladora.

Afectación en el abastecimiento

Claros precisó que la solicitud de medida cautelar busca también garantizar el abastecimiento de insumos de primera necesidad como alimentos, medicamentos y combustible. Este suministro se ha visto severamente afectado, ocasionando escasez, especialmente en La Paz.

Según su criterio, estos bloqueos se han convertido en un delito de lesa humanidad y un instrumento de extorsión a los ciudadanos. Además, criticó que se haya incumplido los corredores humanitarios anunciados por la COB durante su ampliado del fin de semana.

La entrada Bloqueos: Piden medidas cautelares a la Corte IDH se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Ley Brisa: El debate para castigar el abuso infantil en Bolivia

El proyecto de ley conocido como “Ley Brisa”, que propone endurecer la legislación sobre delitos sexuales contra menores en Bolivia, abrió un debate entre organizaciones de derechos humanos y sectores religiosos y civiles que cuestionan el alcance de las reformas y sus posibles efectos sobre garantías judiciales.

Detalles del proyecto de ley

La iniciativa corresponde al proyecto de ley 010, “de incorporación del tipo penal de violación incestuosa, eliminación del delito de estupro y reconocimiento de la falta de consentimiento como elemento constitutivo del delito de violación para garantizar el acceso a la justicia”.

Este proyecto fue presentado en 2023, aprobado un año después por el Senado boliviano y modificado en marzo pasado, cuando comenzó a ser conocido como “Ley Brisa”, en referencia a la sentencia emitida en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en favor de la activista boliviana-colombiana Brisa de Angulo Lozada.

Contexto del caso Brisa de Angulo

De Angulo denunció haber sufrido abusos sexuales entre 2001 y 2002, cuando tenía 16 años, presuntamente cometidos por un primo de 26 años.

Tras años de litigio en Bolivia y ante instancias internacionales, en 2023 la CorteIDH concluyó que el Estado boliviano incurrió en discriminación por razones de género y niñez, además de revictimizar a la denunciante durante el proceso judicial.

El tribunal ordenó al Estado adecuar su legislación respecto al estupro, la violación incestuosa y el consentimiento como elemento central del delito de violación, aspectos que busca incorporar el proyecto.

Opiniones sobre la Ley Brisa

La secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, dijo a EFE que el tratamiento de la norma ha tropezado con “una campaña de desinformación” que sostiene “inadecuadamente” que esta propuesta atenta contra la familia.

Bayá explicó que, a la luz de lo dispuesto por la CorteIDH, la ley busca que la violación incestuosa, considerada en la legislación boliviana únicamente como un agravante, pase a tener una tipificación específica con “un nombre jurídico propio”.

Estadísticas alarmantes

Con datos de 2025 del Observatorio de Seguridad Ciudadana, la experta mencionó que el 43 % de las violaciones contra menores de 18 años “ocurre dentro de sus hogares y es perpetrado por personas del entorno familiar”.

El proyecto también plantea la “reclasificación” del delito de estupro, sancionado actualmente con tres a seis años de prisión, para que sea considerado como “violación a infante, niño, niña y adolescente”, cuya sanción es de 10 a 20 años de reclusión y 20 a 25 años si hay violencia física.

Cambios propuestos por la Ley Brisa

Además, propone que se proteja no solamente a menores de 14 años, sino ampliar la cobertura a víctimas hasta los 18 años. Asimismo, el proyecto declara la “imprescriptibilidad” de los delitos de violación de menores y de la violación incestuosa.

Esto se alinea con una sentencia constitucional en 2019, ya que previamente existía un plazo de hasta cuatro años después de alcanzada la mayoría de edad para presentar una denuncia por este tipo de delitos.

Criticas a la Ley Brisa

Entre los sectores críticos figura la organización Iglesias Evangélicas Unidas. Su presidente, el pastor Luis Aruquipa, dijo a EFE que no respaldan la denominada ‘Ley Brisa’ porque consideran que podría afectar garantías como la presunción de inocencia y la imparcialidad en los procesos judiciales. Según Aruquipa, la propuesta permite que “con una sola denuncia” y “sin investigar” se pueda acusar a alguien de violación de menores.

Propuestas adicionales

Aruquipa también señaló que antes de aprobar una iniciativa así se debe primero “formar” a jueces, fiscales e investigadores para tratar este tipo de delitos. Además, sugirió que el proyecto “debe volver a foja cero”, ya que considera que en su formulación no se tomó en cuenta a operadores de justicia y otros especialistas.

Conclusiones

El debate sobre la Ley Brisa continúa siendo intenso. Mientras algunos apoyan su implementación para proteger mejor a los menores ante abusos sexuales, otros expresan preocupaciones sobre sus implicaciones legales.

La discusión refleja una lucha más amplia entre derechos humanos y consideraciones legales tradicionales en Bolivia.

/ Con información de EFE

La entrada Ley Brisa: El debate para castigar el abuso infantil en Bolivia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Matrimonio infantil en Afganistán: nueva ley talibán

El Gobierno de facto talibán en Afganistán emitió una nueva ley que autoriza el matrimonio infantil. Esta normativa describe las circunstancias bajo las cuales esos matrimonios pueden ser anulados tras la pubertad, según confirmó el Ejecutivo a EFE este lunes.

Detalles de la nueva ley sobre matrimonio

Según la copia de la ley facilitada por el Ministerio de Justicia, si “un pariente distinto del padre o del abuelo concertara el contrato matrimonial de un niño o una niña menores de edad (…) con una pareja compatible y con una dote adecuada”, el matrimonio “se considerará válido”. La condición de compatibilidad social se refiere a la “igualdad del marido con la mujer en términos de linaje, origen familiar, religión, edad y otras características”.

Derechos de anulación para menores

El reglamento, firmado el pasado viernes, establece que los menores tendrán derecho a solicitar la cancelación del matrimonio una vez lleguen a la pubertad. Sin embargo, esta anulación solo podrá tener lugar mediante resolución judicial.

Es importante destacar que el derecho a la anulación no es igual entre niños y niñas. La ley establece que el “silencio” de una niña al alcanzar la pubertad equivale a un consentimiento sobre la continuidad del matrimonio, lo cual no sucede para los niños o las mujeres que hayan estado casadas. “La opción de una joven virgen queda invalidada por el silencio”, indica el texto.

Abuso de autoridad y condiciones de validez

El artículo 8 aborda lo que describe como abuso de autoridad por parte de un padre o abuelo que actúa como tutor. Afirma que si un padre o abuelo casa a una hija o nieta menor de edad “sin actuar con compasión o de manera apropiada hacia ella”, la joven podrá solicitar la anulación del matrimonio ante los tribunales al alcanzar la pubertad.

Además, este artículo establece que si un padre o abuelo “es conocido por su conducta inmoral o abuso de autoridad” y casa a una niña con una “persona no compatible” o le impone una “dote manifiestamente injusta”, entonces el matrimonio no se considerará válido.

Impacto de las leyes talibanes sobre las mujeres

Desde la toma de Kabul en agosto de 2021, los talibanes han impuesto leyes y códigos que subyugan a las mujeres a sus esposos y familiares, confinándolas cada vez más a sus hogares. Esto representa una violación grave de los derechos humanos.

En enero, los gobernantes de facto en Afganistán aprobaron un código judicial que clasifica a la sociedad en cuatro categorías y establece castigos diferenciados según el estatus social del acusado. Este código reserva penas de prisión y latigazos para las clases bajas, mientras que impone simples “advertencias” para la élite y los clérigos.

/ Con información de EFE

La entrada Afganistán: Gobierno emite ley que autoriza matrimonio infantil se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Policía Boliviana desmiente desinformación en redes sociales

Este lunes 25 de mayo, el Comando General de la Policía Boliviana emitió un comunicado oficial en respuesta a la circulación de audios, imágenes y mensajes en redes sociales que generan desinformación, incertidumbre y malestar en la población. La institución exhorta a mantener la calma y a no difundir información no verificada, instando a acudir únicamente a canales oficiales para conocer la situación real de los hechos.

Compromiso con la seguridad ciudadana

El comunicado detalla que la Policía Boliviana cuenta con el equipamiento policial y medios antidisturbios necesarios conforme a los procedimientos establecidos. Esto permite actuar de manera profesional, preventiva y proporcional, siempre en estricto respeto a la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes, los d derechos humanos y los principios que regulan el uso legítimo de la fuerza.

Mantenimiento del orden público

En este contexto, el aviso señala: “La institución mantiene a sus servidoras y servidores policiales en alerta preventiva en sus diferentes unidades, con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana, preservar el orden público y responder oportunamente ante cualquier situación de contingencia”.

Compromiso institucional

Además, concluye con un compromiso claro: “Reafirmamos el compromiso institucional de actuar con legalidad, prudencia, proporcionalidad y respeto irrestricto a la vida, la integridad y los derechos fundamentales de todas las personas, en cumplimiento de su misión constitucional de defensa de la sociedad y conservación del orden público”.

La entrada Policía Boliviana desmiente desinformación en redes sociales se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Oruro promueve derechos humanos en Bolivia en feria contra el racismo

En conmemoración del Día Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que se recuerda cada 24 de mayo en Bolivia, instituciones y organizaciones participaron en una feria educativa e informativa en el hall de la Gobernación de Oruro. El objetivo fue promover la igualdad, el respeto y la convivencia entre la población.

Importancia de la Ley 045

La actividad reunió a entidades del Comité Departamental de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Sus representantes brindaron información y mensajes de sensibilización a la ciudadanía sobre la importancia de la Ley 045, herramienta clave para erradicar prácticas discriminatorias.

Reflexiones sobre la diversidad cultural

La secretaria departamental de Desarrollo Humano, Silvia Padilla, señaló que esta fecha no solo invita a recordar hechos dolorosos de la historia del país, sino también a reflexionar sobre actitudes que aún generan exclusión y vulneración de derechos. “La diversidad cultural, lingüística y social de Bolivia debe ser motivo de orgullo y no de división”, manifestó durante el acto.

Eventos conmemorativos y su significado

La feria se instaló en el marco de la conmemoración nacional que recuerda los hechos ocurridos en 2008 en Sucre, cuando campesinos fueron víctimas de agresiones y humillaciones en actos considerados racistas. Durante el evento, el gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, afirmó que el racismo y la discriminación responden a “barreras imaginarias” construidas durante años entre los propios bolivianos.

Acciones para combatir el racismo

Sostuvo que la mejor forma de combatirlas es mediante acciones y espacios de integración. “Lo más importante es mostrar señales de unidad y demostrar que esas diferencias no deben convertirse en barreras entre las personas”, expresó la autoridad. Remarcó que la socialización de mensajes de inclusión y respeto debe realizarse de manera permanente y no únicamente en fechas conmemorativas.

Actividades educativas durante todo el año

Asimismo, la autoridad departamental indicó que este tipo de actividades educativas deben replicarse durante el año para fortalecer una cultura de convivencia y tolerancia en la población. La jornada incluyó la instalación de stands informativos, material educativo y orientación sobre derechos, igualdad y mecanismos de denuncia ante casos de discriminación.

La entrada Oruro promueve derechos humanos en feria contra el racismo se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Acción popular: COD debe garantizar corredores humanitarios

En una audiencia que se extendió por casi seis horas, los jueces de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro otorgaron la tutela de manera preventiva a los accionantes. Esto implica que la Central Obrera Departamental (COD) y la Central Obrera Boliviana (COB) no podrán realizar bloqueos absolutos. Además, deberán garantizar corredores humanitarios.

Corredores humanitarios para grupos vulnerables

Esto quiere decir que, en caso de bloquear, deben permitir el paso de ambulancias, insumos médicos, alimentos y productos de primera necesidad para grupos vulnerables como mujeres embarazadas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

Resolución preventiva sin conminación al desbloqueo

La resolución es clara en que la tutela se otorga de manera preventiva. No obstante, no se conmina al desbloqueo de carreteras debido a que la parte accionante no presentó suficientes elementos probatorios para demostrar que la COD estaba realizando esta medida extrema.

Detalles de la audiencia

La audiencia comenzó a las 17:00 horas en el quinto piso del edificio del TDJ. Sin embargo, quince minutos después se declaró un cuarto intermedio para cambiar de ambiente debido a problemas técnicos. A las 17:40 horas se reinició la audiencia y cerca de las 20:25 se ingresó a una pausa para deliberar. Una hora después, se dio a conocer la resolución, lo que hizo que la audiencia se extendiera hasta las 23:00 horas.

Posición de la COD durante la audiencia

A pesar de haber anunciado en conferencia de prensa la COD en mayo que se sumaría a las protestas y bloqueos iniciados por la COB, durante la audiencia su dirigencia negó estar realizando bloqueos. Afirmaron que podrían ser otras organizaciones sociales las responsables.

Acción popular interpuesta por ciudadanos

El pasado 15 de mayo, un grupo de ciudadanos interpuso una acción popular pidiendo el cese de los bloqueos por vulnerar derechos fundamentales. La acción fue contra la COD, la COB y el senador suplente Nilton Condori. El martes 19 de mayo se notificó a los involucrados y se programó la audiencia para este miércoles.

Declaraciones tras la audiencia

Harold Torrez, uno de los accionantes, expresó al finalizar la audiencia: “Lo que se ha determinado en la audiencia ha sido un carácter preventivo… esto qué quiere decir… si bien tienen derecho a protestar, esta no debe ser desproporcionada y excesiva.”

Said Guzmán, abogado del dirigente Pedro Challapa, indicó: “La resolución demuestra… una tutela constitucional prospectiva… ha garantizado el derecho a la protesta… pero ha exhortado a respetar estos derechos.”

Derechos garantizados para ciudadanos afectados

La resolución establece que deben permitirse el paso de insumos médicos y alimentos para ciudadanos vulnerables. Los afectados pueden apersonarse al proceso si consideran que sus derechos han sido vulnerados por la COB o la COD.

La entrada Accion popular: COD debe garantizar corredores humanitarios se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La Paz vivió una nueva jornada de violencia protagonizada por manifestantes que exigen la renuncia del Presidente Rodrigo Paz. En este contexto, el diputado Rudy Pantaleón consideró necesario que la Policía reciba autorización para manejar armamento letal con el fin de detener a los movilizados, quienes portan fusiles y explosivos.

Críticas a la situación actual

Pantaleón cuestionó que mientras los Ponchos Rojos se presentaron con armas, piedras y explosivos, los efectivos de la Policía Boliviana solo cuenten con gases lacrimógenos. No obstante, expresó su preocupación sobre las posibles reacciones de las organizaciones de derechos humanos si se permite a la Policía utilizar sus armas reglamentarias.

“Nuestra Policía también tiene que estar resguardada con armas para defenderse. Son seres humanos, son ciudadanos que buscan el orden. Los otros sí, pero los nuestros no”, reclamó el legislador. Afirmó que los efectivos policiales están respaldados por la Constitución Política del Estado en cuanto al manejo de armas de fuego.

La postura de otros legisladores

La diputada Catherine Pinto coincidió con Pantaleón y aseguró que algunos dirigentes buscan causar muertes mediante las movilizaciones. Recordó un incidente reciente donde un menor perdió parte de la mano debido a explosivos utilizados por los manifestantes, lo que evidenció, según ella, que la Policía no ejerce una fuerza proporcional.

Pinto declaró: “La Policía con gases o con otro tipo de instrumentos no letales no puede defenderse de estas dinamitas que son letales y pueden dañarlos físicamente o incluso quitarles la vida”.

En las últimas horas, circularon videos en redes sociales mostrando a los Ponchos Rojos dirigiéndose a La Paz mientras portaban y disparaban fusiles, además de llevar explosivos y palos.

Deterioro del orden público

Al llegar a la sede de Gobierno, junto a otros sectores movilizados, los manifestantes protagonizaron destrozos en el centro de la ciudad y un enfrentamiento prolongado con la Policía.

La entrada Diputado pide que Policía maneje armamento ante protestas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Movilizaciones sociales en Bolivia afectan derechos humanos

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro, Jorge Castillo, expresó su preocupación por la coyuntura que atraviesa el país, marcada por bloqueos y protestas. Castillo afirmó que las movilizaciones dejaron de responder a demandas legítimas para convertirse en “consignas políticas y desestabilizadoras”.

Crisis económica en Bolivia 2026

Castillo señaló que Bolivia enfrenta una profunda crisis económica en Bolivia 2026 que afecta a toda la población. Sostuvo que “todos los bolivianos están comprometidos” en enfrentarla. Sin embargo, cuestionó que algunos sectores actúen de manera “irresponsable”, promoviendo medidas de presión que, a su criterio, agravan la situación económica y social.

Protestas y bloqueos en Oruro

El representante de derechos humanos indicó que el conflicto inicialmente estuvo relacionado con la demanda sobre la Ley 1720. Aseguró que, tras haberse solucionado ese tema, ya no existirían motivos para mantener las movilizaciones. En ese sentido, afirmó que actualmente las protestas buscan generar inestabilidad política y atentar contra la democracia.

Demandas políticas y estabilidad democrática

Asimismo, observó que, tras el proceso electoral realizado hace seis meses, algunos sectores ahora exigen nuevas elecciones y la renuncia del presidente. Castillo calificó esto como un “capricho de carácter personal”. También cuestionó si un cambio de Gobierno resolvería la crisis económica que atraviesa el país.

Evo Morales y las movilizaciones sociales

Castillo aseguró que detrás de las movilizaciones se encuentra el expresidente del Estado Evo Morales, a quien acusó de promover un cambio de autoridades y de actuar contra la voluntad popular expresada en las urnas. “El Gobierno no puede seguir soportando este tipo de actitudes que están en contra de la democracia”, manifestó.

Impacto de los bloqueos en la población

Además, señaló que existen sectores gravemente perjudicados por los bloqueos y el incremento de precios de los productos de la canasta familiar. También alertó sobre el desabastecimiento de alimentos, medicamentos e incluso oxígeno medicinal en algunas regiones del país, particularmente en La Paz. Pidió al Ejecutivo aplicar los mecanismos constitucionales necesarios para restablecer el orden y garantizar el libre tránsito.

Llamado a soluciones democráticas

En ese sentido, desde la APDHO hicieron un llamado a los sectores movilizados a deponer las medidas de presión y buscar soluciones dentro del marco democrático y constitucional.

La entrada Movilizaciones sociales en Bolivia afectan derechos humanos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Unicef denuncia el sufrimiento de los niños palestinos

Este martes 12 de mayo de 2026, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reportó que setenta niños palestinos han muerto en este periodo. El 93 % de ellos fueron asesinados por fuerzas israelíes, mientras que otros 850 niños resultaron heridos, afirmó el portavoz de Unicef, James Elder, en Ginebra. En la mayoría de los casos, se utilizó munición real contra ellos.

Aumento de la violencia en Cisjordania

Esta denuncia se registra en momentos en que los ataques de colonos judíos contra la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este han alcanzado niveles nunca vistos. La Oficina de Asuntos Humanitarios indicó que en marzo se registró el mayor número de palestinos heridos por ataques de colonos en los últimos 20 años, y que estos son cada vez más coordinados.

Incidentes reportados por Unicef

• Niños tiroteados
• Niños apuñalados
• Niños golpeados
• Niños rociados con gas pimienta

Elder explicó que “lo que se está desarrollando no es solo una escalada de la violencia contra los niños palestinos, sino que es el desmantelamiento progresivo de las condiciones que los niños necesitan para sobrevivir y desarrollarse”. Unicef sostiene que todo esto ocurre en un contexto que busca privar a los palestinos, incluidos a los niños, de sus derechos más elementales.

Barreras y restricciones en Cisjordania

Para ejemplificar esta situación, se menciona que durante los últimos 30 meses se han impuesto más de 900 barreras y restricciones adicionales en Cisjordania. Esto ha resultado en que los niños queden regularmente aislados de sus escuelas, hospitales y otros servicios esenciales.

Aumento en la detención de menores

Aumenta la detención de menores. Según datos independientes recientes, 347 niños palestinos de Cisjordania se encuentran en detención militar israelí por presuntos delitos relacionados con la seguridad; esta cifra representa la más alta en ocho años. Más de la mitad de estos niños (180) están bajo detención administrativa y carecen de garantías procesales mínimas, como contar con asesoramiento jurídico o tener derecho a impugnar su detención.

Sufrimiento infantil normalizado

El organismo de Naciones Unidas que vela por los derechos del niño afirmó que al menos un niño palestino ha sido asesinado, en promedio, cada semana desde principios de 2025 hasta la actualidad. Además, pidió no caer en la trampa de “normalizar” su sufrimiento.

*Con información de EFE

La entrada Unicef alerta sobre el sufrimiento de los niños palestinos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Defensor del Pueblo lanza herramienta digital en La Paz

La Defensoría del Pueblo presentó oficialmente este lunes 4 de mayo de 2026 la herramienta digital Defensor del Pueblo en Línea. Esta plataforma permite que cualquier persona, sin importar su ubicación, registre denuncias por vulneración de derechos humanos de manera inmediata, segura y gratuita.

Objetivo de la plataforma

Durante la presentación, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, subrayó que esta plataforma busca “dignificar” la atención al ciudadano, según citó ABI. En un contexto donde la burocracia suele ser una barrera para la justicia, esta aplicación pretende actuar como un canal directo y transparente.

Iniciativa del Sistema de Servicio al Pueblo

La iniciativa forma parte del Sistema de Servicio al Pueblo, un plan de modernización que busca atender especialmente a sectores que enfrentan barreras estructurales. La plataforma permite no solo la denuncia, sino también la gestión para la restitución efectiva de derechos, ofreciendo asesoramiento legal preventivo.

Funciones críticas para la protección del denunciante

• Seguimiento en tiempo real: El usuario puede monitorear el estado de su caso desde su dispositivo móvil.
• Seguridad Blindada: El sistema utiliza códigos QR para el acceso a la información y cumple con protocolos de confidencialidad para proteger los datos personales.
• Soberanía Tecnológica: Fue desarrollada con software libre, bajo los lineamientos de la Agetic, asegurando eficiencia en el gasto público y sostenibilidad técnica.

Declaraciones de Pedro Callisaya

Callisaya afirmó: “La tecnología debe ser un puente, no un obstáculo. Con esta herramienta eliminamos la necesidad de acudir físicamente a las oficinas para iniciar un proceso o realizar el seguimiento, eliminando intermediarios”.

Acceso a la aplicación

La ciudadanía ya puede descargar la aplicación de forma gratuita desde Google Play bajo el nombre de Defensor del Pueblo en Línea. Con este despliegue, la Defensoría apuesta por una gestión pública que se adapte a los tiempos digitales sin perder de vista su misión fundamental: la defensa de la gente.

La entrada La Defensoría presenta “Defensor del Pueblo en Línea” se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El Gobierno de Bolivia inicia el Informe País

El Gobierno comenzó la elaboración del Informe País, que se presentará ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Este proceso, liderado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización (VIODyD), busca evaluar y fortalecer las políticas públicas en favor de los derechos humanos de las mujeres.

Proceso interinstitucional y coordinación

Este proceso se activó el lunes 27 de abril de 2026, cuando el Viceministerio, como ente rector, inició la articulación con diversas carteras de Estado. El objetivo es recopilar información y definir lineamientos técnicos para construir el documento oficial que Bolivia presentará ante este organismo internacional.

La entidad destacó en sus redes sociales: “Este proceso también permite identificar y reconocer buenas prácticas desarrolladas por las diferentes carteras de Estado, fortaleciendo su alcance a través del trabajo articulado”.

Socialización y coordinación inicial

En una primera etapa, se realizó la socialización del proceso con los ministerios involucrados. Esto permitió coordinar acciones y establecer una base común de trabajo. Posteriormente, se inició la solicitud de datos institucionales y se planificaron reuniones y talleres técnicos, fundamentales para garantizar una elaboración participativa del informe.

Participación interministerial

Según la VIODyD, al menos diez ministerios participan en este espacio. Entre ellos se encuentran:

• Defensa
• Planificación del Desarrollo
• Minería y Metalurgia
• Salud y Deportes
• Hidrocarburos y Energía
• Relaciones Exteriores
• Gobierno
• Trabajo
• Economía
• Obras Públicas

Esto refleja un enfoque integral en la construcción del documento.

Cumplimiento normativo y buenas prácticas

El Viceministerio subrayó que este trabajo se enmarca en la Ley 348 y el Decreto Supremo 5493. Estas normas orientan la lucha contra la violencia hacia las mujeres y promueven la incorporación del enfoque de género y generacional en las políticas públicas. Además, se prevé identificar buenas prácticas en la implementación de programas y acciones estatales vinculadas a estos derechos.

Compromisos internacionales de Bolivia

Este informe forma parte de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia como Estado miembro de la CEDAW. Esta instancia supervisa el cumplimiento de medidas orientadas a eliminar la discriminación contra las mujeres. A través del documento, el país deberá exponer avances, desafíos y resultados en esta materia ante la comunidad internacional.

Próximos pasos en el proceso

Hasta ahora, no se han dado a conocer posturas de organizaciones sociales u otros actores independientes. Por lo tanto, la información disponible proviene únicamente de fuentes oficiales. El proceso continuará en las próximas semanas con el desarrollo de mesas técnicas y la consolidación del documento final.

La entrada Gobierno elabora Informe País sobre derechos de mujeres en Bolivia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Defensoría del Pueblo rechaza discurso discriminatorio

La Defensoría del Pueblo de Bolivia expresó su profunda preocupación y rechazo ante las declaraciones emitidas por el senador Branko Marinkovic. Durante una intervención en un medio de comunicación radial, el legislador incurrió en expresiones misóginas y discriminatorias dirigidas contra mujeres y pueblos campesinos e indígenas, en el contexto del debate legislativo sobre el proyecto de Ley N° 157.

Denuncia de estereotipos nocivos

La entidad defensora de los derechos humanos denunció que las afirmaciones de Marinkovic no son hechos aislados. Por el contrario, estas reproducen estereotipos nocivos que asocian a las comunidades indígenas con prácticas destructivas como el alcoholismo. Este tipo de discurso constituye una forma de “discriminación múltiple” que atenta contra la dignidad y la identidad cultural de poblaciones históricamente vulneradas, contribuyendo a la normalización del racismo en la sociedad boliviana.

Gravedad institucional del discurso

Para la Defensoría, el hecho adquiere mayor gravedad institucional al provenir de un representante de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La entidad recordó que la investidura de una autoridad del Estado exige un alto compromiso con los principios de igualdad y respeto a la diversidad. Este tipo de retórica no solo sienta un precedente negativo para el ejercicio legislativo, sino que debilita los esfuerzos por construir un marco normativo inclusivo y respetuoso de los tratados internacionales de derechos humanos.

Compromiso con la normativa vigente

En el ámbito jurídico, el pronunciamiento enfatiza la plena vigencia de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 045 Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. La Defensoría recordó al legislador que tanto la normativa nacional como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU prohíben estos discursos. En consecuencia, se instó al senador Marinkovic a asumir un compromiso público para rectificar sus palabras y trabajar en la erradicación de prejuicios en el ámbito político.

Papel autónomo de la Defensoría

La institución reafirmó su rol como organismo autónomo e independiente con estatus “A”, subrayando que su mandato irrenunciable es velar por la protección de los sectores más vulnerables. Al cerrar su comunicado, la Defensoría recalcó que, en el ejercicio de sus funciones para garantizar los derechos individuales y colectivos, no recibe instrucciones de ningún órgano del Estado. Mantiene así su postura firme ante cualquier vulneración a la ética democrática y constitucional.

La entrada Defensoría del Pueblo defiende derechos humanos ante Marinkovic se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

56 organizaciones civiles piden la observación de la Ley 157

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), en representación de una coalición de 56 organizaciones civiles, solicitó formalmente al Presidente Rodrigo Paz que observe la Ley N° 157 y la devuelva a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Este bloque advierte que la norma, bajo el argumento de facilitar el acceso al crédito, representa una amenaza estructural al régimen agrario boliviano y a la seguridad alimentaria nacional.

Implicaciones de la Ley 157

El eje central de la denuncia radica en que la ley impulsa la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana mediante procedimientos simplificados y expeditos. Según las organizaciones, esta medida “abre la puerta a procesos de reconcentración de la tierra” al introducirla en lógicas de mercado, endeudamiento y eventual pérdida. Las instituciones subrayan que esto incrementa los riesgos de despojo en contextos caracterizados por profundas desigualdades en el acceso y control de los recursos rurales, alejándose del principio de protección de la tierra como sustento de vida.

Afectaciones a la Constitución Política del Estado

Desde una perspectiva jurídica, el pronunciamiento sostiene que la Ley 157 vulnera disposiciones fundamentales de la Constitución Política del Estado (CPE). Específicamente, señalan la afectación al Artículo 394, que protege la pequeña propiedad como patrimonio familiar inembargable; al Artículo 398, que prohíbe el latifundio; y al Artículo 401, referido al rol del Estado en la verificación de la Función Económica Social (FES). Las entidades alertan que la suspensión de esta verificación por periodos prolongados debilita sustantivamente los mecanismos de control público sobre la tierra.

Falta de legitimidad democrática

Asimismo, las instituciones denuncian una grave falta de legitimidad democrática, ya que la ley no fue precedida por procesos de consulta previa, deliberación pública ni socialización amplia. El documento enfatiza que esta omisión afecta directamente a los pueblos indígena originario campesinos vinculados a la pequeña propiedad, vulnerando sus principios de participación ciudadana.

Propuestas alternativas

Frente a la intención gubernamental de facilitar financiamiento, las 56 organizaciones plantean alternativas técnicas que no arriesguen la tenencia de la tierra. Proponen priorizar el uso de garantías no convencionales dentro del sistema financiero y fortalecer el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), entidad creada específicamente para impulsar el desarrollo sostenible. En este sentido, instan al Ejecutivo a que cualquier modificación del régimen agrario sea concebida como una política pública integral y no a través de ajustes aislados que prioricen lógicas de acumulación.

Respaldo amplio a la causa

El pronunciamiento cuenta con el respaldo de una amplia lista de instituciones comprometidas con el desarrollo rural y los derechos humanos. Entre ellas se encuentran: Unitas, Kurmi–ADSI, Aprosar, Casa de la Mujer, Cenda, Cejis, CIAC, Cipca, Ciudadanía, Indicep, Iicca, IPTK, Isalp, Lider, Mujeres en Acción, Proceso Servicios Educativos, Red Pío XII y Semta. Además se suman Amigos del Árbol Santa Cruz, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), entre otros.

Finalmente, el bloque civil aclaró que su objetivo no es “agitar al país”, sino promover diálogos plurales y equitativos para garantizar la sostenibilidad ambiental y la justicia social en el campo boliviano.

La entrada 56 organizaciones civiles exigen al Presidente observar Ley 157 se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Denuncia de Luis Arce sobre derechos humanos

El expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, envió una carta pública desde el Penal de San Pedro, donde se encuentra detenido. En esta misiva, denunció vulneraciones a sus derechos humanos y una persecución política en su contra. Además, expresó su preocupación por el riesgo a su salud al no permitírsele realizarse exámenes médicos.

Contenido de la carta

La carta, fechada el 31 de marzo de 2026, manifiesta la profunda preocupación de Arce por las acciones que “lesionan principios fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”. En este contexto, denunció que fue privado de su libertad el 10 de diciembre de 2025 sin orden judicial de aprehensión, lo que calificó como un secuestro al margen de la ley.

Tortura psicológica y falta de respeto a la legalidad

Asimismo, Arce considera haber sido objeto de tortura psicológica. Aseguró que se han tomado fotografías y filmaciones en el patio del penal sin su consentimiento. El expresidente exigió el respeto a las leyes y la objetividad de jueces y fiscalía, sin presiones políticas ni institucionales por parte del Gobierno.

Alegaciones de venganza política

En su carta, Arce agregó que lo que supuestamente se está haciendo en su contra “es una venganza y una excusa para ocultar la incapacidad y la corrupción del gobierno actual”. Entre las citas destacadas se encuentra: “Dentro del proceso que me inició el gobierno de Rodrigo Paz, todas las solicitudes presentadas por mi defensa han sido realizadas, incluso la petición reciente para realizarme exámenes médicos requeridos por un cardiólogo, poniendo en riesgo mi salud y mi integridad física, además de violar mis derechos”, se lee en una parte de la carta publicada en las cuentas de redes sociales del expresidente.

Llamado a las autoridades competentes

Finalmente, Arce hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen “en estricto apego a la CPE a la legalidad y a los principios de justicia”. También solicitó que cese el mecanismo de persecución política, mediática e institucional orientados a desacreditar, restringir y menoscabar derechos fundamentales.

La entrada Desde la cárcel Arce denuncia secuestro y persecución política se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Senador Wilder Veliz denuncia ante la CIDH

El senador del PDC, Wilder Veliz, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la “vulneración de derechos” tras la suspensión de la segunda vuelta por la Gobernación de La Paz. Esta decisión, según su criterio, priva a la población de elegir a su autoridad.

Controversia por la decisión del TSE

La controversia surge luego de que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptara la declinatoria de Nueva Generación Patriótica (NGP) para participar en el balotaje, amparándose en el artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral. Esta determinación dejó sin efecto la segunda vuelta y abrió paso a la proclamación directa del candidato Luis Revilla, quien había obtenido el primer lugar en la primera ronda. De esta manera, se dejó de lado la aspiración de René Yahuasi, promocionado por NGP, de buscar la Gobernación.

Solicitud de medidas cautelares

“Hemos acudido a la CIDH para solicitar la adopción de una medida cautelar frente a la flagrante vulneración de derechos políticos, tanto individuales como colectivos en nuestro país”, señaló el senador Veliz en sus redes sociales.

Implicaciones democráticas y legales

El senador remarcó que esta situación no solo tiene implicaciones legales, sino también democráticas. Impide que más de dos millones de electores participen en la definición de su gobernador. “Esta situación afecta de manera directa al pueblo paceño, al vulnerar su derecho fundamental a elegir libremente a su gobernador. No se trata de un hecho menor: estamos hablando de más de 2 millones de votantes cuyos derechos están siendo desconocidos”, enfatizó.

Posición del TSE

Desde el TSE, se sostiene que la decisión se basa en que la ley permite a una organización política declinar su participación en segunda vuelta mediante una solicitud formal, como ocurrió con NGP. El Órgano Electoral indicó que no acatar este marco legal implicaría incurrir en responsabilidades, como el incumplimiento de deberes o emitir resoluciones contrarias a la Constitución.

Defensa de los derechos políticos

“No podemos permitir que se atente contra la democracia ni contra la voluntad soberana del pueblo. Defenderemos, por todas las vías legales e internacionales, el respeto a los derechos políticos y a la institucionalidad democrática de nuestro país”, concluyó el senador Wilder Veliz.

La entrada Senador denuncia ante la CIDH la cancelación del balotaje en La Paz se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Más de 130.000 personas desaparecidas en México

El Gobierno de México confirmó este viernes que existen más de 130.000 personas desaparecidas en el país. Esta información surge del informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, donde se presentaron los avances derivados de la revisión y depuración del sistema.

Detalles del informe

Durante la conferencia diaria del Gobierno, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisó: “De 2006 a la fecha hay 130.178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas”. Además, detalló que desde 1952 hasta 2026, se registraron 394.645 personas desaparecidas, de las cuales 262.111 se localizaron, lo que representa el 66% del total, y el 92% de ellas aparecieron con vida.

Clasificación de los casos

Figueroa explicó que los registros desde 2006 se dividen en tres grupos según la información disponible:

• Primer grupo: 46.742 casos (36%) sin datos completos, lo que dificulta su búsqueda.
• Segundo grupo: 40.308 casos (31%) con datos suficientes y actividades posteriores a la desaparición, como matrimonios y trámites civiles. Gracias a nuevos mecanismos, se ubicaron 5.269 personas.
• Tercer grupo: 43.128 casos (33%) con datos completos pero sin actividad reciente identificada; solo 3.869 cuentan con carpeta de investigación.

Nuevas localizaciones y contexto histórico

Desde octubre de 2024 hasta marzo de 2026, se localizaron 31.946 personas con reporte de desaparición. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, recordó que este delito tiene dos etapas históricas: la “guerra sucia” entre los años 1950 y 1990 y la ola iniciada en 2006 con la “irresponsable guerra contra el narco”.

Cambios legislativos y alertas nacionales

En julio de 2025, tras hallazgos en el Rancho Izaguirre utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ordenó fortalecer las capacidades de búsqueda y reformar las leyes en coordinación con colectivos. Las reformas publicadas establecen la alerta nacional de búsqueda y la apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que al recibir un reporte se establece una alerta con todos los datos de la persona, distribuida instantáneamente a más de 500 instituciones. Además, enfatizó que es obligatorio incluir la apertura de una carpeta de investigación en los reportes de desaparición.

Asegurando certeza para las familias

El gobierno federal subrayó que las nuevas reformas legales obligan a contar con datos mínimos desde el primer reporte y a abrir inmediatamente carpetas de investigación para dar mayor certeza a las familias afectadas por estas desapariciones.

*Con información de EFE

La entrada México confirma más de 130.000 personas desaparecidas en el país se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Mensaje de la Secretaría General
de las Naciones Unidas

Este año, el Día Internacional de la Mujer se centra en los derechos, las acciones y la justicia para todas las mujeres y las niñas.

A nivel mundial, las mujeres tienen apenas el 64 % de los derechos de que disfrutan los hombres.

La discriminación jurídica puede influir en todos los aspectos de la vida de una mujer. Es posible que no pueda poseer propiedades, solicitar el divorcio o aceptar un empleo sin el permiso de su esposo. En más de 40 países, la violación conyugal no está reconocida como delito. Hay leyes que restringen el acceso de las mujeres a la educación, su capacidad para transmitir la ciudadanía a sus hijos e incluso su libertad de circulación fuera del hogar.

Cuando existen protecciones jurídicas, la discriminación y la escasa aplicación de la ley hacen que las mujeres sigan teniendo dificultades para acceder a los tribunales y al apoyo jurídico.

Muchas de estas leyes injustas llevan siglos en vigor. Pero, hoy en día, también estamos presenciando una nueva y peligrosa tendencia. En medio del auge del autoritarismo, la creciente inestabilidad política y un renovado impulso para afianzar el patriarcado, vemos retrocesos en algunos avances que tanto costó lograr, desde protecciones laborales más justas hasta derechos sexuales y reproductivos.

Debemos unirnos para cumplir la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Programa de Acción Beijing+30. Si luchamos contra las leyes y prácticas discriminatorias, y defendemos los progresos ya alcanzados, podemos asegurar la dignidad, las oportunidades y la libertad que merecen todas las mujeres.

Cuando no somos iguales ante la ley, no somos iguales. Es hora de hacer realidad la justicia para las mujeres y las niñas en todo el mundo.

La entrada Mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

ONU propone medidas para mejorar sistema de justicia en Bolivia

En un pronunciamiento oficial emitido desde La Paz, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia reafirmó la urgencia de fortalecer los sistemas de justicia nacionales. Este fortalecimiento busca asegurar que mujeres, adolescentes y niñas accedan a procesos transparentes, oportunos y libres de estereotipos de género.

Enfoque interseccional para desarticular la discriminación

El organismo subrayó que adoptar un enfoque interseccional es el punto de partida indispensable para desarticular la discriminación estructural y las normas sociales que actualmente frenan el ejercicio pleno de los derechos humanos en el país, especialmente en sectores vulnerables.

Compromisos regionales y acceso a la justicia

Esta demanda se sustenta en los acuerdos alcanzados durante la septuagésima sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. En este foro, los Estados de América Latina y el Caribe establecieron que el acceso a la justicia es la llave maestra para el ejercicio de todos los demás derechos.

Respuestas institucionales ante desigualdades

El organismo internacional señaló que el esfuerzo del Estado boliviano debe orientarse a ampliar la capacidad de respuesta frente a desigualdades agravadas por factores externos como la pobreza extrema, los impactos del cambio climático, las crisis humanitarias y la movilidad humana.

Estrategias para superar barreras al acceso a la ley

En este escenario, resulta crítico fortalecer las respuestas institucionales especializadas para niñas y adolescentes. Esto incluye garantizar procedimientos adaptados a su edad, acompañamiento psicosocial permanente y mecanismos técnicos que eviten estrictamente la revictimización durante los procesos judiciales.

Medidas concretas propuestas por la ONU

• Creación de servicios de justicia móviles y mancomunados.
• Reconocimiento formal de los trabajadores comunitarios de justicia.
• Garantizar asistencia legal gratuita y especializada en violencia de género.
• Asegurar financiamiento sostenible para refugios y servicios de salud.
• Creamos fondos específicos destinados a la reparación integral de las víctimas.

Modernización del sistema judicial

En cuanto a la modernización del sistema, se alentó a Bolivia a aprovechar la innovación tecnológica para prestar servicios de justicia digital que protejan la privacidad de los datos. No obstante, se advirtió que estas herramientas deben coexistir con alternativas presenciales para no profundizar la brecha digital que afecta a las poblaciones rurales.

Reconocimiento a movimientos feministas

Finalmente, la ONU reconoció a los movimientos feministas y organizaciones de mujeres como aliados esenciales. Se pidió al Estado proteger el espacio cívico para que las defensoras de derechos humanos operen en un entorno seguro y libre de represalias.

Compromisos internacionales y Agenda 2030

Para concluir, el comunicado recuerda que fortalecer la justicia no es una simple tarea administrativa, sino un mandato derivado de los compromisos internacionales de Bolivia y la Agenda 2030.

Bajo la premisa de “no dejar a nadie atrás”, la organización asegura que consolidar servicios centrados en las víctimas y eliminar las desigualdades estructurales son pasos decisivos para construir una sociedad boliviana más igualitaria, justa y libre de toda forma de violencia y discriminación.

La entrada ONU propone medidas para mejorar sistema de justicia en Bolivia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El abogado, exfiscal y político Jaime Soliz denunció el 20 de febrero que el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, intenta coartar su libertad de expresión a través de un recurso de protección a la privacidad interpuesto ante un Tribunal Constitucional de la ciudad de La Paz.

Soliz alertó que si el Tribunal fallara en su contra, cualquier persona que se anime a criticar a Lara será censurada. “Es un juicio político y un mecanismo de amedrentamiento… para acallarme y acallar a los ciudadanos. Voy a defender vehementemente la libertad de expresión…”, expresó durante una conferencia de prensa este sábado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Colaboración y críticas hacia Lara

El abogado fue colaborador del vicepresidente Lara durante 14 días en diciembre del año pasado, donde ejerció las funciones de director general de la Vicepresidencia, cargo al que accedió por invitación del segundo mandatario. Sin embargo, tras presentar su renuncia, Soliz cuestionó al vicepresidente y llegó a pedir públicamente una “valoración psicológica” debido a las permanentes y polémicas declaraciones publicadas a través de las redes sociales.

Esto demuestra, según Soliz, “ciertas sombras de dictadura en su persona”. En su cuenta de Facebook, expresó: “Yo me alejé de usted porque no hacía caso. Primero habla y después piensa”, además de llamar al vicepresidente a “recapacitar” sobre sus acciones.

Vulneración de derechos humanos

La demanda presentada por Lara vulnera el Pacto Interamericano de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado (CPE), comentó el jurista demandado. La condición de Vicepresidente del Estado coloca a la autoridad en una posición de mayor escrutinio público y entre sus funciones está cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Audiencia programada

La audiencia virtual fue programada para el día martes 24 de febrero a las 14:30 horas en La Paz. Lara reclama ante el Tribunal Constitucional la protección a la privacidad, a la intimidad, la imagen y la dignidad, según la notificación entregada a Soliz.

La entrada Jaime Soliz denuncia intento de censura por Edmand Lara se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Singapur acelera ejecuciones por tráfico de drogas

Singapur sigue ahorcando a personas condenadas por tráfico de drogas a un ritmo acelerado, lo que podría llevar al país a batir su propio récord de 2025, cuando ejecutó a 17 personas. Esta situación ocurre a pesar de las críticas de la comunidad internacional y en contraposición con la tendencia de otros países vecinos.

Estadísticas alarmantes

Hasta ahora, las autoridades han ejecutado a cinco personas en 2026, incluyendo a un ciudadano malasio. En total, hay 3.200 reos encarcelados por infringir las estrictas leyes contra el narcotráfico. Este ritmo se asemeja al del año anterior, donde se registraron 17 ejecuciones según ONG, aunque las autoridades solo reconocen 15.

Defensa de la pena capital

La isla, gobernada por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, defiende las ejecuciones. Kirsten Han, activista contra la pena de muerte, expresó que no hay una explicación oficial sobre la aceleración de estas prácticas. La Unión Europea (UE) ha pedido detener las ejecuciones, respaldando alertas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Un contexto regional complejo

A nivel regional, varios países han tomado medidas hacia la abolición de la pena capital. Por ejemplo, Malasia abolió la pena de muerte obligatoria en 2023 y se dirige hacia su eliminación total. Indonesia lleva una década sin ejecuciones y Tailandia no ha realizado ninguna desde 2018.

La situación en Birmania

En contraste, Birmania ha reactivado las ejecuciones bajo el control de una junta militar desde 2021. Singapur mantiene la horca como único método para ejecutar sentencias, lo que ocurre generalmente al alba en la prisión de Changi.

Críticas y propuestas alternativas

Activistas y familiares denuncian la falta de transparencia en el proceso de ejecución. La ONG Transformative Justice Collective argumenta que Singapur necesita replantear su enfoque sobre las drogas y adoptar uno basado en la atención sanitaria.

Conclusiones

A pesar del creciente clamor internacional por la abolición de la pena capital y los estudios que cuestionan su efectividad como disuasivo del crimen, Singapur continúa con su política draconiana. La presión internacional podría influir en futuras decisiones del gobierno sobre este controvertido tema.

La entrada Singapur ignora críticas y acelera ejecuciones por drogas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Pastor Núñez enfrenta nueva detención por violencia y estupro

La tarde del 19 de febrero, el pastor peruano Marco Antonio Núñez del Arco se presentó ante la justicia. En una audiencia, su defensa solicitó la extinción del proceso en su contra, pero el juez denegó esta solicitud. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde se determinó su detención preventiva por 60 días debido a los delitos de estupro y violencia doméstica.

Reclusión en Palmasola y antecedentes judiciales

El juez ordenó la reclusión preventiva de Núñez en el penal de Palmasola. Esta decisión marca la segunda detención impuesta al sindicado, quien ya se encuentra cumpliendo una condena. A pesar de los esfuerzos de su defensa para que la acusación por estupro prescriba, no lograron su objetivo. Así, la detención se establece por los delitos mencionados.

Denuncias y testimonios de las víctimas

Este caso representa el segundo proceso judicial contra Núñez. La denuncia proviene de Vanessa H., una mujer de 29 años, quien ratificó ante la autoridad judicial que mantuvo una relación con el pastor cuando ella tenía 16 años y él 36. Además, Vanessa afirmó que miembros de la Iglesia Internacional de la Familia estaban al tanto de los hechos denunciados.

Nuevas revelaciones y un tercer caso

En paralelo, Núñez cumple actualmente 180 días de detención preventiva por otro expediente. Este fue denunciado por una prima hermana, quien lo acusó de presuntos delitos de estupro agravado y violencia familiar o doméstica. La medida fue dispuesta el pasado 13 de febrero, tras una audiencia celebrada en la Villa Primero de Mayo.

El caso que involucra a Vanessa H. había sido inicialmente archivado, pero fue reabierto tras una revisión jerárquica ordenada por el fiscal departamental Alberto Zeballos. Además, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos informó que se identificó a una tercera presunta víctima, quien evalúa presentar una denuncia ante la Felcv.

Ambos procesos continúan bajo control judicial y generan alta expectativa pública. La situación del pastor Núñez del Arco resalta la gravedad de los delitos de violencia y estupro en nuestra sociedad.

La entrada Pastor Núñez enfrenta nueva detención por violencia y estupro se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Hoy, viernes 13 de febrero de 2026, el Estado boliviano llega al límite del tiempo otorgado para cumplir con el resarcimiento a los sobrevivientes y familiares de las víctimas del operativo policial de 2009. El incumplimiento de estas medidas económicas y jurídicas derivará en la apertura de un juicio formal contra el país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Responsabilidad del Estado y violaciones a derechos humanos

El panorama jurídico para Bolivia es crítico. Tras años de investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y tortura. Juan Carlos Guedes, una de las víctimas que permaneció recluido por más de una década, confirmó que este viernes se agota la última prórroga solicitada por la gestión actual.

Si el Estado no llega a un acuerdo de compensación o no demuestra avances reales en la reparación, el caso 13.546 dejará de ser una recomendación para convertirse en un proceso judicial internacional obligatorio.

Demandas económicas y negociaciones fallidas

El principal punto de fricción entre el Gobierno y las víctimas radica en las elevadas sumas de compensación económica solicitadas. La familia de Michael Dwyer, ciudadano irlandés que perdió la vida en el asalto policial, ha solicitado una reparación de 3,7 millones de dólares. Por su parte, sobrevivientes como Mario Tadic exigen montos cercanos a los 900.000 dólares.

El Estado, a través de la Procuraduría, calificó inicialmente estas demandas como “no razonables”, intentando negociar cifras menores para evitar un impacto severo en las arcas públicas. Sin embargo, las víctimas sostienen que el daño físico, emocional y civil de tantos años en prisión justifica dichas sumas.

Investigación penal y justicia efectiva

Más allá del dinero, el fallo de la CIDH exige que Bolivia realice una investigación penal “diligente y efectiva”. Esto implica que el sistema judicial boliviano debe identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del operativo ejecutado en 2009.

El informe de fondo concluyó que los actos cometidos contra los detenidos constituyeron tortura y que las detenciones fueron ilegales y arbitrarias. Tadic y Tóásó estuvieron casi seis años bajo detención preventiva, mientras que Guedes y Mendoza superaron los diez años. Esta situación es considerada por el organismo internacional como una violación flagrante a las garantías judiciales.

Contexto histórico del caso

El trasfondo del caso se remonta al gobierno de Evo Morales, cuando el 16 de abril de 2009 la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) asaltó el Hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra bajo una supuesta amenaza de célula terrorista. El operativo resultó en la muerte de tres personas y la detención de otras cuatro.

Según Guedes, durante la gestión del expresidente Luis Arce, el Gobierno solicitó una ampliación de plazo para cumplir con esas disposiciones y evitar un juicio internacional, cuyo inicio dependerá de la decisión que asuma el Estado tras el vencimiento del término, reportó Correo del Sur.

Recomendaciones finales y futuro del caso

Finalmente, las recomendaciones de la CIDH incluyen un componente de no repetición: el Estado debe implementar programas permanentes de formación en derechos humanos y el uso de la fuerza para la Policía y el Ministerio Público. La decisión que tome el Gobierno hoy no solo definirá el futuro financiero de las víctimas, sino también la posición de Bolivia ante la comunidad internacional respecto al respeto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La entrada Bolivia enfrenta juicio en Corte IDH por caso Hotel Las Américas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

A lo largo de 2025, la copresidencia de Nicaragua bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo ha acelerado la consolidación de un Estado autoritario de familia. Las reformas constitucionales de enero eliminaron la separación de poderes, subordinando los poderes judicial, legislativo y electoral al ejecutivo, mientras que la legislación posterior extendió los mandatos políticos y permitió al régimen utilizar las instituciones electorales como arma contra la oposición política.

Desde 2018, el gobierno de Ortega y Murillo ha encarcelado, exiliado o despojado de la ciudadanía a cientos de críticos y desmantelado miles de organizaciones de la sociedad civil, socavando los controles independientes del poder. Estos cambios legales e institucionales han transformado a Nicaragua de una democracia debilitada a un sistema autoritario cerrado, aumentando el riesgo de abusos sistemáticos de los derechos humanos y creando condiciones permisivas para la opacidad de la participación económica extranjera —en particular China— en sectores comerciales y mineros estratégicos.

A partir de diciembre de 2021, el presidente Ortega rompió relaciones con Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con Pekín, marcando la “nueva era” con la apertura de una embajada china en Managua ese mismo mes. Esta decisión se produjo tras semanas de que la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea (UE) condenaran las elecciones de 2021 como ilegítimas debido a la represión y encarcelamiento de 39 personas, incluyendo líderes de la sociedad civil y candidatos presidenciales. Pekín aprovechó la oportunidad para entrar en Managua buscando aliviar el creciente aislamiento internacional del régimen de Ortega.

En 2023, las exportaciones totales de Managua a Pekín se estimaron en 27,3 millones de dólares, pero aumentaron casi un 300 % en 2024, alcanzando los 82,1 millones de dólares. También en 2024, Pekín fue el segundo mayor exportador a Nicaragua, representando el 14 % de las importaciones totales, con un valor de 1650 millones de dólares. Recientemente, Pekín y Nicaragua han mantenido un déficit comercial de más de 1000 millones de dólares, lo que ha servido como un salvavidas para la desesperada estrategia de supervivencia del régimen, con China como principal benefactor. A medida que aumenta la presión occidental, Pekín proporciona capital, infraestructura, comercio y oportunidades al régimen de Ortega-Murillo a través del sector comercial y minero.
Nicaragua ha contribuido directamente a la expansión del desarrollo económico de China en la región y ha aprobado múltiples leyes para facilitar el camino a Pekín. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad una Zona Económica Especial (ZEE) que se vincula directamente con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, impulsando eficazmente su influencia a través de la infraestructura y el comercio.

Las ZEE incluyen numerosas ventajas para las operaciones de Pekín en Nicaragua, como exenciones totales del impuesto sobre la renta, dividendos y aranceles de importación por hasta una década, y sectores industriales específicos para la manufactura, la agroindustria, la tecnología y las exportaciones. Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega, dirigirá las ZEE, con una renovada promesa de empleo, alivio de la pobreza y transferencia de tecnología. La presencia del hijo del presidente al frente de las ZEE refleja el enfoque de la política exterior de Nicaragua en convertirse en un puente comercial entre el Pacífico y el Caribe.

Además, desde 2021, el régimen de Ortega-Murillo ha otorgado discretamente aproximadamente 300.000 hectáreas de tierra, o casi el 2,36 % del territorio nacional de Nicaragua, a cuatro empresas mineras afiliadas a China: Zhon Fu Development, Nicaragua XinXin Linze Mineria Group, Thomas Metal y Brother Metal. Estas empresas no tienen historial en Nicaragua, no están vinculadas a ninguna entidad china conocida ni siquiera cuentan con sitio web. Sin embargo, el régimen de Ortega-Murillo las ha adaptado convenientemente, ya que Nicaragua permite que empresas fantasma opacas sin historial operen en sectores de infraestructura crítica.

Para apoyar la campaña minera de Pekín, el régimen de Ortega-Murillo ha revocado derechos de concesión y otorgado esas mismas concesiones mineras a estas opacas entidades fantasma. En 2022, la Asamblea Nacional Sandinista reformó la Ley 387 para permitir la transferencia de concesiones sin licitación pública, debilitar los mecanismos de control social y concentrar la toma de decisiones en el Ministerio de Energía y Minas. Esta “reforma” otorga a Nicaragua el control exclusivo sobre la transferencia de propiedad de concesiones mineras sin previo aviso.

Además de la minería, Pekín ha manipulado el sector comercial nicaragüense que depende de las exportaciones de China a Nicaragua. Actualmente, los comerciantes nicaragüenses afirman enfrentarse a una “competencia desleal” a medida que sus ventas disminuyen debido a la explosión de ciudadanos chinos que operan en la región. Las empresas chinas han congelado el mercado nicaragüense mediante la venta de productos baratos a los que los ciudadanos chinos pueden acceder fácilmente gracias a los acuerdos. Los informes indican que la estrategia de China consiste en aprovechar los beneficios de importación que ofrece el gobierno nicaragüense, lo que permite a los ciudadanos chinos vender productos a precios bajísimos.

Esta estrategia ha permitido a Pekín debilitar por completo a las empresas nicaragüenses y apoderarse del mercado. En mayo de 2024, The Confidential informó que las empresas chinas redujeron drásticamente el 70 % de las ventas de los comercios locales. Además, este aumento de empresas chinas se traduce directamente en el crecimiento de las importaciones desde China, lo que contribuye a una mayor expansión del ya considerable déficit comercial.

Esta incapacidad para producir bienes atractivos para los mercados de Pekín perpetuará las tendencias de altas importaciones y mínimas exportaciones por parte de Nicaragua, lo que le brinda a Pekín la oportunidad de influir plenamente en la capacidad exportadora bajo el régimen de Ortega y Murillo.

Nicaragua ha tomado medidas para prohibir la entrada al país de medios de comunicación, prohibiendo la entrada de Biblias, periódicos, revistas, libros, drones y cámaras. Esto se produjo sin un decreto oficial del gobierno, pero aún así ha sido aplicado por inmigración y aduanas en los cruces fronterizos. La prohibición permite al régimen controlar el desarrollo de los medios de comunicación internos, disuadiendo cualquier interferencia extranjera y manipulando eficazmente las noticias y los medios de comunicación. Desde 2018, 61 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados, con más de 2300 violaciones registradas por periodistas, lo que ha obligado a 300 periodistas a exiliarse de Nicaragua.

El mundo debe continuar investigando y denunciando las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por esta dictadura familiar. Su objetivo de alienar a la población civil para generar riqueza para sí mismos y para Pekín mediante actividades económicas ilícitas y oscuras debe enfrentar audiencias legales en beneficio del pueblo nicaragüense. El gobierno corrupto de Nicaragua, que continúa debilitando los cimientos de sus instituciones democráticas para favorecer la propiedad china de zonas comerciales e industriales, congelará las exportaciones nicaragüenses y favorecerá la dependencia de las importaciones chinas.

Martin Brown es estudiante de posgrado del programa de Asuntos Globales de la Universidad Internacional de Florida, donde completó una licenciatura en Relaciones Internacionales y Políticas.

La entrada Un Estado familiar al servicio de Pekín se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Declaraciones del concejal Flores

Durante una conferencia de prensa, el concejal Flores destacó que el tema es sensible y que hay grupos económicos que intentan desprestigiar al Concejo Municipal. “Es un tema delicado, la población en su conjunto está pidiendo el traslado, pero hay grupos que vienen a acusarnos, a insultarnos y a denigrar al Concejo. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde, lo que la mayoría de la población dice”, afirmó.

Flores también reconoció que el traslado de las casas de tolerancia debe ser un proceso consensuado. Sostuvo que el Ejecutivo municipal debió haber iniciado un diálogo previo con las personas involucradas. “Hemos ido a visitar el lugar y lo que observamos es que el Ejecutivo tendría que haber consensuado con las personas. El traslado implica consenso y nosotros estamos exigiendo que el Ejecutivo cumpla con su deber”, agregó. Además, indicó que será el Pleno del Concejo quien defina la situación del proyecto.

Reacción de las trabajadoras sexuales

En medio de las declaraciones del concejal, un grupo de trabajadoras sexuales lo increpó públicamente. Lo acusaron de impulsar el traslado hacia un sector que, según denunciaron, no reúne las condiciones básicas y estaría vinculado a intereses particulares. “No vamos a ir donde él quiere, donde él tiene sus lotes. No vamos a permitir que nos lleven a un lugar sin alcantarillado, sin luz, a un lugar infrahumano. Somos humanas”, expresó una de las representantes del sector.

Las trabajadoras sexuales afirmaron que no están en contra del traslado, pero exigieron que este se realice hacia otro sector que cuente con condiciones adecuadas y que se lleve a cabo una socialización previa. Aseguraron que el proyecto de ley no fue socializado con su población y afirmaron tener documentos del Defensor del Pueblo que respaldan esta denuncia.

Proyectos alternativos y falta de respuesta

Asimismo, señalaron que han presentado proyectos de ley alternativos y múltiples notas, incluso ante instancias nacionales, sin recibir respuesta del Gobierno Municipal. Por su parte, Daniela Mendo, representante de la organización Otra Sex, denunció discriminación por parte de las autoridades municipales. Cuestionó la falta de condiciones laborales tras más de 20 años de permanencia en el sector.

“Hace 20 años somos inquilinas y en todo ese tiempo no nos han dado condiciones de trabajo. Ahora que algunos van a ser dueños, ¿creen que sí lo van a hacer?”, reclamó Mendo, reflejando la frustración del sector ante la situación actual.

La entrada Persiste la controversia por proyecto de ley sobre casas de tolerancia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Derechos fundamentales en la Constitución

Castillo recordó que la Constitución Política del Estado reconoce derechos esenciales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la protesta. Sin embargo, aclaró que el debate actual se centra en el uso de medidas extremas, como los bloqueos de caminos y las huelgas de hambre, que han sido empleadas en los últimos años de manera discrecional y arbitraria.

Historia de las medidas extremas

El representante explicó que, históricamente, estas medidas extremas han jugado un papel fundamental en la recuperación de la democracia y en la consolidación de derechos constitucionalizados, siempre que respondan a causas legítimas y situaciones justificadas.

Lamentó que en la actualidad estas acciones se estén utilizando sin una causa proporcional, lo que genera perjuicios directos a amplios sectores de la población.

Cuestionamientos a las huelgas de hambre

Castillo cuestionó especialmente el uso indiscriminado de las huelgas de hambre. Señaló que en varios casos se ha evidenciado un desprestigio de esta medida, ya que no se cumple con su carácter extremo.

Asimismo, hizo referencia a los daños ocasionados por bloqueos en carreteras estratégicas, como la ruta Oruro–Cochabamba, donde se han registrado destrozos a casetas de cobro y afectaciones a la infraestructura vial.

Impacto económico de los bloqueos

Se mencionó incluso el uso de explosivos, lo que genera pérdidas económicas que deben ser asumidas por el Estado y, en consecuencia, por toda la población boliviana.

Reflexión sobre la crisis actual

Castillo enfatizó que el país atraviesa una situación económica y social delicada. Consideró inapropiado recurrir a medidas de presión que profundicen la crisis. En ese sentido, instó a los sectores movilizados a reflexionar sobre el impacto de sus acciones y a priorizar el diálogo y la búsqueda de soluciones que no vulneren los derechos de terceros.

La entrada Propuestas antibloqueos deben respetar derechos fundamentales, según APDH se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Según información del Ministerio Público, durante el año 2025 se registraron 10,816 denuncias por diversos delitos de violencia sexual que afectan a niños, adolescentes y mujeres. De estas denuncias, 2,313 corresponden a casos de violación de infantes, niños, niñas o adolescentes. Estas cifras han sido calificadas como alarmantes por colectivos feministas y de defensa de la niñez.

El caso de Yuvinka

La activista Miriam Suárez, quien forma parte de la Casa de la Mujer, ha afirmado que el caso de Yuvinka no es un hecho aislado, sino que refleja una problemática estructural en la sociedad. Esta información fue reportada por EFE.

Suárez indicó que la menor fue buscada intensamente durante los días de su desaparición y cuestionó las circunstancias en las que su cuerpo fue encontrado, cerca de su domicilio.

Detalles de la investigación

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía y la Policía, Yuvinka fue reportada como desaparecida el 6 de enero de 2026. Su cuerpo fue hallado 4 días después, a aproximadamente 500 metros de su vivienda, y presentaba signos de violencia.

Las investigaciones han confirmado que la menor fue víctima de abuso sexual antes de su muerte. Además, se ha determinado que su agresor la golpeó y asfixió con un cinturón. Este caso está siendo investigado como infanticidio y, hasta el momento, hay una persona aprehendida.

Violencia persistente en la sociedad

Organizaciones de la sociedad civil han manifestado que este crimen pone de manifiesto la persistencia de altos niveles de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. También recordaron que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece penas severas para delitos como la violación de menores y el feminicidio.

En este contexto, han reiterado el llamado a que el caso sea esclarecido y que se imponga una sanción conforme a la ley.

La entrada Bolivia registra alarmantes cifras sobre violencia sexual contra niños se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Fuentes de seguridad, citadas por la agencia de noticias Tasnim, que está vinculada a la Guardia Revolucionaria, afirmaron que “los funcionarios de seguridad han anunciado que 3.000 miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora”.

Esta cifra es considerablemente menor a la que reportan organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan fuera de Irán. Por ejemplo, la organización HRANA ha confirmado el arresto de más de 19.000 personas hasta la fecha.

Falta de información sobre detenidos

Las autoridades iraníes no han proporcionado más detalles sobre las detenciones, incluyendo la identidad o la situación de los detenidos. Desde HRANA, se advierte que, a pesar de los cortes de Internet y el acceso limitado a datos de campo, han logrado confirmar el arresto de más de 19.000 personas.

Inicio de las protestas

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios debido a la caída del rial. Sin embargo, pronto se extendieron por todo el país, con consignas como “Muerte a la República Islámica” y “Muerte a Jameneí”.

El momento más intenso de las protestas se vivió el pasado jueves, con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán. Estas protestas derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, así como en el saqueo de bancos y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

Víctimas de las protestas

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, el número de muertos en las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre y se intensificaron a partir del 8 de enero, se cuenta por centenares. La organización Irán Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, reporta 3.428 muertos en su último balance del jueves. Por su parte, HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva la cifra de fallecidos a más de 2.600.

Situación actual en Irán

A pesar de que en los últimos días ha regresado la calma al país, se mantiene una fuerte presencia policial en las calles y el acceso a Internet sigue restringido.

La entrada Las autoridades iraníes arrestaron a 3.000 personas en protestas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La Red Voces del Sur, integrada por 17 organizaciones latinoamericanas, entre ellas la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), emitió un comunicado en el que aboga por “una solución civil, democrática y pacífica que incluya la restauración de garantías a las libertades y los derechos humanos”.

Voces del Sur fue creada en el año 2017, con el propósito de agrupar a organizaciones que promueven y defienden las libertades de prensa y de expresión. La ANP, que representa a los principales diarios bolivianos, es una de las entidades fundadoras.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el aumento de las restricciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información registradas en Venezuela, tras los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026”, señala el mensaje.

El pronunciamiento hace referencia a la detención de 14 periodistas, trabajadores de la prensa y la deportación de reporteros extranjeros, bloqueos de medios y limitaciones de acceso a la información pública, hechos registrados tras la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Información de interés público

Voces del Sur alerta que el trabajo de los periodistas y medios es necesario para ofrecer información de interés público a la población venezolana.

“Partiendo de nuestra misión de defender y promover la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información en América Latina, desde Voces del Sur abogamos por una solución civil, democrática y pacífica que incluya la restauración de garantías a las libertades y los derechos humanos, así como del espacio cívico”, señala el comunicado.

Voces del Sur recuerda que “organizaciones de la sociedad civil han documentado durante décadas violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos en Venezuela, cometidas por quienes ejercen el poder político y han cooptado las instituciones y vulnerado el Estado de derecho”.

Libertad para periodistas

“Si existe una voluntad a favor de construir una sociedad libre, desde la Red Voces del Sur exigimos la liberación plena de los 20 periodistas que continúan encarcelados, que son parte de los más de 900 presos políticos”, exige la organización latinoamericana.

Las 17 organizaciones de Voces del Sur señalan que “la obligación del Estado venezolano, como integrante de las Naciones Unidas y que ha ratificado los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, es garantizar el trabajo de la prensa local e internacional que permita a la población acceder a información de interés público”.

La Red Voces del Sur exhorta al Estado venezolano a cesar las prácticas de criminalización del ejercicio periodístico, a restituir el acceso a la información que ha sido impedido por la censura y el bloqueo sistemático de los medios de comunicación, y a cumplir los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

La entrada La Red Voces del Sur aboga por la restauración de libertades para el periodismo en Venezuela se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La ONG Iran Human Rights ha reportado que la mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 18 y 22 años. Un testimonio de familiares de las víctimas, publicado por la misma ONG, indica que los cuerpos en las morgues podrían llegar a “cientos”, siendo la mayoría jóvenes que recibieron disparos a corta distancia. Los padres de Rubina Aminian, una estudiante kurdoiraní de 23 años asesinada el 8 de enero, viajaron a Teherán para identificar los restos de su hija.

Datos sobre las víctimas

La Human Rights Activists News Agency (Hrana), que opera desde Estados Unidos, ha confirmado que el número de muertos asciende a 116, a pesar de la interrupción del flujo de información debido a los cortes de internet. Hrana también reportó que el punto más álgido de las protestas se alcanzó el pasado jueves, con al menos 96 manifestaciones en 27 de las 31 provincias del país.

Protestas en varias ciudades

La organización Hengaw Organization for Human Rights ha difundido videos que muestran marchas nocturnas masivas en diferentes puntos de Irán, incluyendo una verificada en Teherán. Por otro lado, la agencia iraní Tasnim informó sobre la muerte de 8 miembros de las fuerzas de seguridad entre el miércoles y el jueves pasados, a causa de “ataques con armas de fuego” y otros objetos.

Detenciones y acusaciones

Varias fuentes del Gobierno han confirmado la detención de cerca de 200 líderes de “grupos terroristas”. Además, se han confiscado “una cantidad considerable de municiones, armas, granadas y cócteles Molotov en los escondites de los alborotadores”. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, acusó a Estados Unidos e Israel durante una reunión con el ministro de Exteriores de Omán, afirmando que estos países buscan atacar la unidad entre los países islámicos.

Crisis económica en Irán

La República Islámica de Irán enfrenta una crisis económica caracterizada por la caída del precio del rial y una elevada inflación. A medida que las manifestaciones han avanzado, han tomado un tono político crítico hacia el régimen. Ante esta situación, el presidente norteamericano Donald Trump ha amenazado con intervenir en apoyo a los manifestantes si la represión continúa.</p> <p>El Ejército iraní ha declarado estar preparado para enfrentar cualquier “complot” auspiciado por Estados Unidos, lo que añade más tensión a la ya complicada situación en el país.

La entrada ONG denuncian cientos de muertos en protestas iraníes se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Fuera de la prisión Rodeo I, ubicada en el municipio Zamora del estado Miranda, que se encuentra al norte y cerca de Caracas, alrededor de 50 personas pasaron la noche a la espera de noticias sobre sus familiares. EFE constató que algunos de ellos durmieron en el piso o en automóviles, mientras que otros permanecieron despiertos.

Algunos familiares mencionaron que llegaron el jueves al mediodía, cuando Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidente encargada de Venezuela, anunció la liberación de detenidos. Sin embargo, no precisó el número ni las condiciones de estas liberaciones, aunque sí indicó que ya se estaban produciendo.

Incertidumbre y esperanza

«Pasamos toda la noche a la expectativa», declaró a EFE Miliany Castillo, hermana de Oswaldo Castillo, quien lleva más de 7 años «detenido injustamente». Castillo expresó su preocupación, ya que «hasta el momento» no ha habido «ninguna liberación» en el Rodeo I y aseguró que las autoridades niegan tener información al respecto.

Además, indicó que los familiares se están anotando para visitar a sus parientes detenidos y entregarles medicinas, comida u otros insumos, como es habitual en estas situaciones. «Pasamos aquí una noche bastante difícil. Nos mantuvimos con la fe y la esperanza de abrazar a nuestros familiares», afirmó.

Buscando información sobre detenidos

Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, también acudió al Rodeo I para obtener información sobre su esposo, Rafael Tudares, quien se presume se encuentra recluido en ese penal tras su detención en enero de 2025. Mariana González se retiró alrededor de la medianoche del penal y comentó que sigue «sin tener información concreta» sobre su esposo, condenado a 30 años de prisión en diciembre pasado.

«Las autoridades no nos han informado nada oficialmente hasta los momentos», señaló la hija de González Urrutia en su cuenta de X.

Excarcelaciones confirmadas

Hasta las 8:00 horas de este viernes, la ONG Foro Penal informó que solo ha confirmado la excarcelación de 8 personas, entre ellas el excandidato presidencial Enrique Márquez, el político Biagio Pilieri y 5 ciudadanos españoles. «Se han producido otras pocas excarcelaciones adicionales, pero no de personas calificadas como tales (presos políticos)», precisó el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en X.

Demandas de las ONG

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió «información inmediata y verificable, respeto a las familias y el cese del uso del silencio como mecanismo de tortura psicológica».

La entrada Familiares de presos políticos esperan liberaciones en Venezuela se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela socava un principio fundamental del derecho internacional, acordado tras los horrores de dos guerras mundiales y el Holocausto: los Estados no deben usar la fuerza para perseguir sus pretensiones territoriales o demandas políticas.

Estoy profundamente perturbado por estos acontecimientos y por algunas de las reacciones que he visto. Está surgiendo una narrativa que busca justificar la intervención militar estadounidense como respuesta al atroz historial de derechos humanos del gobierno de Maduro.

Mi Oficina lleva mucho tiempo condenando graves violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas. Hemos informado, monitorizado y advertido sobre la situación dentro de Venezuela, más recientemente, justo antes de Navidad. Hemos pedido de forma constante el fin de los juicios injustos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución de opositores políticos y las restricciones a la libertad de expresión y de reunión. Hemos instado a que se lleven a cabo investigaciones independientes y se garantice la rendición de cuentas. Durante muchos años, mi equipo en Venezuela abogó por la liberación de los defensores de derechos humanos, supervisó juicios y mantuvo un diálogo con la sociedad civil y la oposición, así como con las instituciones del Estado.

Nuestro seguimiento y los informes detallados buscaban impulsar la acción. Cuando un Estado viola los derechos humanos de su población, mi Oficina está entre las entidades encargadas de alertar sobre lo ocurrido. Corresponde a la comunidad internacional utilizar las herramientas y mecanismos legales a su disposición para que los Estados respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estos podrían incluir instrumentos diplomáticos y esfuerzos en favor de la rendición de cuentas. Pero estas herramientas y mecanismos no se emplearon eficazmente para influir en el Gobierno de Venezuela.

Lejos de ser una victoria para los derechos humanos, esta intervención militar, en contravención de la soberanía venezolana y la Carta de la ONU, daña la arquitectura de la seguridad internacional, haciendo que cada país sea menos seguro. Envía una señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran y debilita el único mecanismo que tenemos para evitar una Tercera Guerra Mundial, es decir, las Naciones Unidas. Ningún engaño ni distracción puede cambiar estos hechos.

Más allá de los argumentos legales, la historia nos enseña que, aunque los intentos de cambio de régimen puedan ser recibidos inicialmente con alivio, a menudo conducen a violaciones masivas de los derechos humanos, un caos peligroso y conflictos violentos prolongados.

Los derechos humanos de los venezolanos no son una moneda de cambio ni algo que deba ganarse. He visitado Venezuela y hablado con su gente, y siento mucho por ellos en este momento. Siento empatía por quienes esperan desesperadamente noticias sobre sus seres queridos, por las familias separadas y por todos aquellos cuyas mesas estuvieron vacías durante estas fiestas. Los derechos humanos deben ocupar un lugar central en el futuro de Venezuela, no ser una idea secundaria en las negociaciones sobre la explotación de combustibles fósiles. El futuro del país debe ser decidido por su gente.

En términos generales, los derechos humanos no pueden tratarse como una pelota de ping-pong ideológica. No podemos permitirnos que nuestros derechos sean instrumentalizados: invocados cuando les convenga y vilipendiados cuando no lo son. Temo por las personas de la región y de todo el mundo que están profundamente alarmadas por lo que esta violación del derecho internacional significa para su propia seguridad y protección. No se trata de elegir entre una intervención unilateral que vulnera el derecho internacional o ignorar años de violaciones de derechos humanos. Necesitamos más respeto y fidelidad al derecho internacional de los derechos humanos en todo el mundo, no menos.

La sociedad venezolana necesita sanación. Necesita justicia para superar la polarización y reparar su tejido social y económico. No necesita militarización, violencia ni más incertidumbre e inestabilidad.

Por encima de todo, Venezuela necesita que la comunidad internacional deje de limitarse a palabras vacías con respecto a los derechos humanos y defienda la Carta de la ONU y el derecho internacional. De lo contrario, las consecuencias serán terribles en todo el mundo.

La entrada La operación militar de Estados Unidos en Venezuela socava el derecho internacional haciendo que cada país sea menos seguro se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Ingreso de convoy policial

El lunes 5 de enero de 2026, un convoy compuesto por aproximadamente 13 vehículos, acompañado por 40 policías, ingresó al cantón Chiquiacá. Este ingreso tenía como objetivo avanzar con el proyecto exploratorio Domo Oso-X3 de Petrobras. La entrada se realizó ignorando los puntos de vigilia que los comuneros habían establecido desde mediados de diciembre de 2025.

Procesos penales contra defensores

Al menos 17 defensores ambientales y comunarios de la región han sido notificados sobre procesos penales iniciados por YPFB y Petrobras. Se les acusa de delitos como “asociación delictuosa” y “atentado contra la libertad de trabajo” por intentar impedir la entrada de la maquinaria.

En este contexto, el Defensor del Pueblo recordó que su institución ha estado siguiendo esta situación desde la gestión anterior, incluyendo su tratamiento ante organismos internacionales.

Falta de información a las comunidades

Callisaya también mencionó que hay cuestionamientos sobre la falta de información adecuada proporcionada a las comunidades sobre el plan de trabajo y el estudio de impacto ambiental del proyecto Domo Oso-X3. Esta falta de información ha limitado la capacidad de la población para tomar decisiones informadas.

El Defensor del Pueblo recordó que Bolivia es parte del Acuerdo de Escazú, que establece obligaciones en relación con el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental.

Rechazo social a la intervención

El rechazo social hacia la intervención petrolera en Tariquía ha aumentado. El Comité Cívico de Tarija convocó a una marcha de emergencia bajo la consigna “Tariquía no se toca”. Diversas organizaciones sociales, activistas ambientales y sectores políticos han expresado su preocupación por la llegada de un contingente policial y la empresa petrolera a las cercanías de la reserva.

Defensa de derechos humanos

Por su parte, Petrobras Bolivia emitió un comunicado en el que asegura que cuenta con los permisos legales y la licencia ambiental necesaria para llevar a cabo el desarrollo del proyecto del pozo exploratorio DMO X3, afirmando que este se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

El Defensor del Pueblo reiteró que la solución al conflicto debe basarse en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente y en un proceso de consulta pública que cumpla con los estándares internacionales. Además, enfatizó que la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos no debe ser considerada un delito.

La entrada Defensor del Pueblo advierte criminalización de defensores ambientales en Tariquía se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Durante estas protestas, los trabajadores de la prensa de diferentes medios, tanto televisivos como escritos, fueron objeto de insultos, amenazas e intentos de expulsión de espacios públicos. Además, enfrentaron agresiones físicas mientras realizaban su labor informativa.

Hechos graves durante las protestas

Entre los incidentes más preocupantes se destaca el ataque con latigazos a un camarógrafo de Red Uno. También se registraron hostigamientos a reporteros de Unitel y a una fotógrafa de APG, así como a otros medios en la plaza San Francisco. Las agresiones directas también se dieron contra periodistas que estaban cubriendo los bloqueos en la avenida Mariscal Santa Cruz.

Falta de protección policial

La ANPB ha manifestado su preocupación porque estos hechos ocurrieron en un contexto donde la intervención policial buscaba dispersar a los manifestantes. La Policía Boliviana no cumplió con su deber de proteger a los periodistas y trabajadores de la prensa, quienes estaban debidamente identificados.

Esta omisión por parte de las autoridades expuso a los equipos periodísticos a situaciones de riesgo y representa un incumplimiento del Estado en garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo.

Violencia contra ciudadanos

Además de las agresiones a los periodistas, también se registraron actos de violencia contra ciudadanos que expresaron opiniones contrarias a las medidas de presión. Esto incluyó ataques a personas adultas mayores, lo que refleja un deterioro en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos fundamentales.

Demandas de la ANPB

La ANPB ha exigido a las autoridades del gobierno que se activen de inmediato medidas efectivas para proteger a los periodistas y trabajadores de la prensa. También ha solicitado la implementación de protocolos claros para la actuación policial durante las protestas sociales.

Asimismo, la ANPB demanda una investigación pronta, imparcial y transparente sobre las agresiones registradas, con la identificación y sanción de los responsables de estos actos violentos.

Exhortación a organizaciones sindicales

Finalmente, la ANPB ha exhortado a las organizaciones sindicales a respetar el trabajo de los medios de comunicación. Se les ha pedido canalizar sus demandas sin recurrir a la violencia ni a la estigmatización.

La ANPB reafirma que una sociedad democrática se fortalece con más información, diálogo y pleno respeto a los derechos humanos.

La entrada La ANPB condena agresiones a periodistas en protestas de la COB se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

En un mensaje que fue difundido a través de redes sociales y acompañado de un video, Lara afirmó que los regímenes autoritarios suelen caer por sus propias acciones. Expresó su esperanza en que Venezuela pueda recuperar la democracia en un futuro cercano.

Los tiranos siempre caen

Lara aseguró que “los tiranos siempre terminan cayendo” y subrayó que ningún gobernante debe dejarse dominar por el poder. A través de sus redes sociales, sostuvo que el poder debe ejercerse en beneficio del pueblo y no en su contra.

Además, enfatizó que ningún cargo habilita a vulnerar la Constitución ni a desconocer la voluntad popular. “La libertad de un país es sagrada y su defensa es una obligación moral”, escribió el vicepresidente en un mensaje dirigido a quienes tienen responsabilidades de gobierno.

La realidad de Venezuela

Posteriormente, en un video que fue difundido públicamente, Lara afirmó que los regímenes autoritarios terminan derrumbándose por sus propias acciones. Sostuvo que Maduro ha perseguido y reprimido a la población venezolana, se ha aferrado al poder y ha recurrido de manera reiterada al fraude electoral.

Asimismo, recordó que, a su juicio, en Venezuela se ha perdido la democracia, se han vulnerado derechos fundamentales y millones de ciudadanos se han visto forzados a abandonar el país. Lara añadió que, más allá de las controversias sobre los caminos de la justicia, “a todo tirano le llega su hora”.

Esperanza por un cambio

El vicepresidente expresó su esperanza de que Venezuela logre recuperar la democracia, la libertad y la paz. Finalmente, aclaró que no celebra la desgracia de nadie, pero reafirmó su compromiso con los valores democráticos.

Al concluir, señaló: “Que viva la libertad, que viva la democracia y que caigan los corruptos y los tiranos”.

La entrada Lara confía en que Venezuela recuperará la democracia y libertad se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Las movilizaciones, que han tenido lugar durante siete días consecutivos, se han producido en ciudades como Teherán, Shiraz, Mashad, Isfahán, Karaj y Malekshahi, entre otras. Los participantes han expresado consignas en contra de la República Islámica.

Activistas han difundido imágenes en redes sociales que muestran un fuerte despliegue de fuerzas policiales y de seguridad. También se reporta el uso de gas lacrimógeno, disparos y detenciones en diversas ciudades.

Enfrentamientos en Malekshahi

En Malekshahi, ubicada en el oeste del país, se han registrado intensos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas antidisturbios. Según la agencia Fars, estos enfrentamientos han resultado en la muerte de 3 personas.

El medio, que está vinculado a la Guardia Revolucionaria, ha calificado lo sucedido como “disturbios cuasi terroristas” en Malekshahi, afirmando que manifestantes armados se enfrentaron a los agentes de seguridad.

Datos de las protestas

De acuerdo con la ONG opositora iraní Hrana, que tiene su sede en Estados Unidos, aproximadamente 60 ciudades de 25 provincias de Irán han sido escenario de protestas desde el domingo pasado. En estos disturbios, al menos 16 personas han perdido la vida, incluyendo un agente de policía, y al menos 582 han sido detenidas

Reacción del gobierno iraní

Los medios oficiales han descrito la situación en el país como un ambiente de disturbios, atribuyendo la culpa a manifestantes armados o a actores extranjeros. El líder supremo iraní, Ali Jameneí, acusó el sábado 3 de enero de 2026 a estos actores de abusar de las protestas económicas de los comerciantes y llamó a “ponerlos en su sitio”.

Inicio de las protestas

Las protestas comenzaron el domingo 28 de diciembre de 2025 en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos que se ven afectados por la crisis económica, el desplome del rial y la alta inflación.

Sin embargo, a medida que han pasado los días, las movilizaciones han adquirido un carácter político más marcado, con consignas directas contra el liderazgo del país y el sistema de la República Islámica.

Crisis económica en Irán

Irán está atravesando una profunda crisis económica, con una inflación anual que supera el 42%. En diciembre de 2025, la inflación interanual superó el 52% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este contexto se agrava por las severas sanciones impuestas por Estados Unidos y la ONU debido al programa nuclear del país.

La entrada Protestas en Irán dejan varios muertos y cientos de detenidos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Reacciones políticas

Jeanine Áñez afirmó que “el fin de la tiranía narcoterrorista continúa su camino imparable”. Además, destacó que el proceso de liberación de Venezuela comenzó el 28 de julio del año pasado, cuando se llevó a cabo la elección por voto popular del opositor Edmundo González Urrutia y la conducción de María Corina Machado. Según Áñez, ambos líderes lograron vencer en las urnas a Nicolás Maduro, aunque el régimen chavista desconoció los resultados.

Áñez también mencionó: “El fin de la tiranía narcoterrorista y el inicio de la restitución del Estado de Derecho continúa su camino imparable hasta que asuma el verdadero presidente electo”. Por otro lado, Luis Fernando Camacho comentó que la captura de Maduro “demuestra que las dictaduras no son eternas”. Además, afirmó que Maduro impuso una dictadura a través del fraude electoral.

Violaciones a derechos humanos

Camacho subrayó que bajo esta dictadura se han llevado a cabo graves violaciones a los derechos humanos y se ha brindado protección a mafias internacionales dedicadas al narcotráfico. Tanto Áñez como Camacho fueron encarcelados durante el Gobierno de Luis Arce debido a su papel en la crisis que se produjo en 2019 en Bolivia. Ambos recuperaron su libertad en noviembre y agosto, respectivamente.

La entrada Captura de Maduro marca el inicio del regreso a la democracia en Venezuela, afirma Áñez se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El nuevo código fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2022. Según este, cualquier persona que mantenga relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge será castigada por adulterio con hasta 1 año de prisión. Además, quienes vivan juntos como si fueran un matrimonio sin estar casados enfrentarán una pena de 6 meses de encarcelamiento.

Para estos delitos, la Policía no podrá actuar a menos que los presuntos infractores sean denunciados por sus padres, hijos o parejas legales. Esto significa que los turistas extranjeros no estarán sujetos a esta normativa en Indonesia, que es la nación con más musulmanes del mundo y la tercera mayor democracia del planeta.

Bali, el destino turístico más popular del archipiélago indonesio, recibió en 2025 a 7 millones de visitantes internacionales.

Penas por noticias falsas

El nuevo marco legal también establece penas de hasta 6 años de prisión para quienes difundan noticias falsas, sabiendo que son falsas, si estas causan disturbios o desorden en la sociedad. Este apartado permite a la Policía detener a personas que el Gobierno considere desestabilizadoras en áreas como la política o la economía.

Asimismo, la incitación pública al ateísmo o al abandono de la religión puede conllevar castigos de hasta 4 años de encarcelamiento. Para determinar la gravedad de este delito, se considerará si el promotor de la apostasía utilizó amenazas de violencia o cualquier tipo de fuerza.

Atacar el honor del presidente

El sistema también contempla una pena máxima de 3 años por “atacar el honor” del presidente o vicepresidente. Sin embargo, estos funcionarios tendrían que presentar una denuncia para que la Policía pueda actuar.

Aunque el artículo menciona que la crítica por motivos de interés público no es un delito, el texto genera preocupación entre los defensores de la libertad de expresión, quienes temen posibles acciones contra la prensa independiente.

Críticas a la reforma

El nuevo código fue duramente criticado tras su aprobación en 2022 por organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW). La entrada en vigor de esta normativa ha desatado un nuevo escrutinio por parte de la sociedad.

El experto en Derecho Penal Abdul Fikar Hadjar, profesor de la Universidad de Trisakti, enfatizó a EFE la importancia de que la sociedad actúe con valentía para luchar contra las fuerzas del orden cuando consideren que los representantes del Estado están abusando de sus poderes.

En este sentido, recordó que los ciudadanos pueden presentar demandas ante el Tribunal Constitucional para solicitar la anulación de ciertas normas, siempre que estas contradigan principios fundamentales o derechos humanos.

Contexto social y político

Indonesia, un país con tradición secular y pluralista, enfrenta un auge de la religiosidad y de los movimientos islamistas. Numerosas organizaciones de derechos humanos condenan lo que consideran una “islamización” del país, que había superado el periodo oscuro de la dictadura de Suharto (1967-1998).

Frente a las críticas, el Ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, destacó en un comunicado que este nuevo enfoque también amplía las penas alternativas, como el servicio comunitario. Esto incluye un énfasis en la rehabilitación médica y social para consumidores de drogas, con el fin de reducir el hacinamiento en las instituciones penitenciarias.

Sobre el castigo al sexo extramarital, el ministro subrayó que se ha establecido la necesidad de la denuncia de un familiar para procesar este tipo de delito. Con esto, dijo, se busca “evitar la excesiva intervención estatal en el ámbito privado”.

La entrada Nuevo código penal en Indonesia castiga el sexo extramarital y la difusión de noticias falsas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El fiscal general, Roger Mariaca, indicó que en el 98.76% de los casos de feminicidios y el 85.18% de infanticidios se han logrado avances significativos, con los agresores ya identificados.

La autoridad hizo un llamado a la población en este nuevo año, instando a todas las personas que sean testigos de algún acto de violencia a que lo denuncien, con el fin de salvar vidas. Mariaca enfatizó que la vida de las mujeres y de los niños es un derecho fundamental que debe ser respetado.

Comparativa con el año anterior

El cierre de la gestión 2025 mostró una ligera disminución en comparación con los 84 casos reportados en 2024, según lo señalado por Mariaca.

Incidencia por departamentos

El departamento de La Paz se mantiene como la región con mayor incidencia, acumulando 31 casos. Le siguen Santa Cruz con 17, Cochabamba con 13, Potosí con 8, Oruro con 6, Tarija con 3, Chuquisaca con 2 y Beni con 1. Pando, por su parte, no registró ningún caso.

El análisis mensual revela que junio fue un mes crítico, con un total de 11 víctimas reportadas.

Casos de infanticidio

En cuanto a los infanticidios, Bolivia cerró el 2025 con 29 víctimas en 27 casos penales, lo que representa una disminución respecto a los 38 casos registrados en 2024.

Cochabamba es el departamento con más víctimas, contabilizando 9, seguido por La Paz y Santa Cruz, que reportaron 7 casos cada uno. Potosí tuvo 3, Oruro 2 y Chuquisaca 1, mientras que Beni, Pando y Tarija no registraron casos.

El análisis temporal indica que agosto fue el mes más violento para la niñez, con un total de 6 víctimas, según el reporte oficial.

La entrada Bolivia reporta 81 feminicidios y 29 infanticidios en 2025 se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Estamos en proceso de planificar y organizar todo este tema de la demanda internacional. Aunque el contexto electoral ha dificultado esta organización, vamos a acelerar el proceso para iniciar las demandas internacionales por todas las vulneraciones a nuestros derechos fundamentales que hemos sufrido durante este tiempo”, afirmó Pumari.

Detalles del secuestro

De acuerdo con el exlíder cívico de Potosí, el 9 de diciembre de 2021, fue aprehendido cuando lo sacaron de su vehículo y lo “introdujeron a un motorizado particular”.

“Eran 3 personas encapuchadas, 3 personas con máscaras. No se identificaron ni dieron referencia alguna. Me introducen a un vehículo particular, me ponen una bolsa negra en la cabeza y me llevan a un rumbo desconocido, sin dar referencias de mi paradero por más de 48 horas”, relató Pumari.

Acusaciones de tortura

Este suceso fue calificado como “secuestro” por Pumari, quien señala que después de este episodio, la Policía le mostró una orden de aprehensión. Esto fue reflejado por el medio El Deber.

“Las personas no se identificaron como oficiales policiales ni nada por el estilo. Hemos sido acosados, violentados y torturados psicológicamente durante todo este tiempo. Nos han trasladado de cárcel en cárcel, nos han amedrentado y amenazado para que aceptemos un juicio abreviado”, indicó.

Contexto político actual

La declaración de Pumari se produjo tras la aprehensión del exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien fue detenido en la madrugada del martes en el aeropuerto de Viru Viru, pero recuperó su libertad horas más tarde y podrá viajar al exterior.

Según el exlíder potosinista, en su “secuestro” participaron varias autoridades de ese entonces y también efectivos policiales. Por ello, planea presentar la denuncia tanto en la justicia boliviana como en la internacional.

Demandas a exautoridades

“He estado casi 4 años en la cárcel, y durante ese tiempo han sido violentados mis derechos fundamentales. También vamos a iniciar un proceso contra exautoridades aquí en Bolivia. No solo contra exautoridades y exministros, incluido el expresidente Luis Arce Catacora, sino que también vamos a incluir en esa demanda a exjueces y exfiscales que participaron en mi secuestro y en todos estos actos irregulares”, acusó Pumari.

La entrada Exlíder cívico iniciará acciones legales por violaciones a derechos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Aramayo presentó una denuncia verbal por amenazas de muerte recurrentes y formalizó su adhesión a la querella criminal contra la exautoridad. La familia sostiene que Del Castillo tiene una responsabilidad directa, tanto política como administrativa, en el trato inhumano que derivó en la muerte de su padre, quien fue el principal denunciante de la corrupción en el Fondo Indígena.

Denuncia de amenazas

El abogado de la familia, Joel Lara, explicó que la decisión de sumarse a la causa responde a la necesidad de que se investigue el encubrimiento de vejámenes y torturas ocurridas bajo la tutela del Estado. Según la defensa, el exministro habría permitido o ignorado los abusos sistemáticos cometidos en los centros penitenciarios.

Esta acción legal coincide con la petición de aprehensión inmediata solicitada por la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, basándose en un riesgo de fuga tras el reciente intento de Del Castillo de abandonar el país con destino a China.

Informe sobre torturas

La base probatoria de esta nueva etapa procesal descansa en un crítico informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI). El documento, presentado por la especialista Lourdes Andrade, certifica que Marco Antonio Aramayo Caballero fue sometido a actos de tortura física, psicológica y sexual.

El informe detalla que el exfuncionario era trasladado hasta 2 veces por mes a diferentes departamentos (Oruro, Pando, Tarija, entre otros) en condiciones degradantes: encapuchado, maniatado y privado de sueño y alimento, sin considerar su deteriorado estado de salud.

Desorden institucional

En el ámbito administrativo, la familia denunció un “desorden institucional” que roza el hostigamiento póstumo. Fernando Aramayo, otro de los hijos de la víctima, reveló que el Órgano Judicial continúa emitiendo citaciones dirigidas a su padre, a pesar de que este falleció hace casi 3 años, el 19 de abril de 2022.

Esta situación, afirman, es la prueba de una maquinaria de persecución judicial que no se detuvo ni con el deceso del procesado, quien murió a los 54 años debido a una falla multiorgánica tras 7 años de encierro.

Cifras de procesos judiciales

Finalmente, la nota recuerda que Aramayo Caballero enfrentó una cifra inédita de más de 200 procesos judiciales simultáneos, una estrategia que el ITEI califica como parte de la tortura sistemática.

Con la adhesión de la familia a la denuncia contra Del Castillo, el caso busca ahora determinar las responsabilidades de alto nivel dentro del Ejecutivo, exigiendo que la justicia actúe con imparcialidad para reparar una deuda histórica de verdad y justicia en uno de los casos de vulneración de derechos humanos más documentados de la última década en Bolivia.

La entrada Familia Aramayo formaliza denuncia contra Eduardo del Castillo por tortura y amenazas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Yassir Molina, exdirigente de la Resistencia Juvenil Cochala, afirmó que la exautoridad debe rendir cuentas por las represalias y torturas infligidas a presos políticos durante su gestión en el Gobierno. Molina sostiene que Del Castillo ordenó represalias y malos tratos contra personas a las que calificó como presos políticos.

A través de un video que se difundió en redes sociales, Molina aseguró que durante su reclusión se habrían dado órdenes para restringir el acceso a alimentos y agua. Además, denunció que los presos fueron sometidos a tratos inhumanos en el bloque C del penal de El Abra.

Denuncias de atentados

Molina también acusó a Del Castillo de haber atentado contra su vida cuando se encontraba recluido en el centro penitenciario de Cantumarca, en Potosí. “Todo lo que se hace, se paga”, expresó Molina, aunque aclaró que no se alegra por la situación que atraviesa la familia de Del Castillo y les envió fuerzas en este momento difícil.

Recordó que fue aprehendido cuando Del Castillo ejercía como ministro, acusado de vandalizar la sede de la Fiscalía General y por los hechos ocurridos en 2019, durante el conflicto poselectoral.

Impacto en otros presos

Asimismo, Molina indicó que las supuestas torturas no solo lo habrían afectado a él, sino también a su compañero Fabio Bascopé, cuya salud se encuentra seriamente deteriorada. Relató que ambos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad, con decenas de custodios, sin permitirles contacto con sus familias ni el ingreso de alimentos o agua.

Molina también denunció que se le impidió salir de su celda y que fue sometido a tratos degradantes durante su reclusión en Oruro. Además, indicó que se le negó el derecho a contraer matrimonio bajo amenazas al funcionario encargado de ejecutar la orden judicial correspondiente.

Vulneración de derechos

“Hoy se habla de vulneración de derechos, cuando antes se ordenaban abusos en nombre de una supuesta justicia”, sostuvo Molina. Finalmente, acusó a Del Castillo de haberse beneficiado de presuntos “negocios irregulares” para financiar una campaña política y proteger a narcotraficantes.

Eduardo Del Castillo fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La entrada Yassir Molina denuncia torturas a presos políticos durante gestión de Del Castillo se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Desde sus inicios en el órgano judicial, donde comenzó como supernumeraria en un contexto marcado por la inestabilidad política, Edda ha demostrado una tenacidad admirable. “Siempre he tenido ganas de apoyar el bien”, afirma con convicción. Su carrera la llevó a ser juez de trabajo y, posteriormente, a renunciar para participar en elecciones judiciales, un paso que refleja su deseo de contribuir al cambio desde una posición activa.

A lo largo de su vida profesional, ha sido testigo y partícipe de numerosas luchas sociales. Edda recuerda con orgullo su participación en marchas y movimientos por la justicia laboral. “He sido defensora de las desigualdades y luchadora por una sociedad justa en Bolivia”, expresa con determinación. Su compromiso va más allá del ámbito legal; también se involucra en acciones sociales que benefician a su comunidad.

La familia ocupa un lugar central en su vida. Edda habla con cariño sobre sus tres hijas, sus cinco nietos, sus hermanos y sus yernos que son sus hijos también, quienes son su mayor fuente de inspiración. “La familia es lo más importante”, asegura, resaltando cómo este núcleo vital le brinda fuerza y motivación para seguir adelante. Su hija mayor es médico en Suecia, mientras que la otra sigue sus pasos como abogada, aunque no ejerce su profesión. La menor de sus hijas es fisioterapeuta y ejerce su profesión en Oruro.

Edda también reflexiona sobre el futuro de Oruro y Bolivia. “Necesitamos empuje y desarrollo”, enfatiza, al tiempo que critica la falta de meritocracia en la política actual. Para ella, es fundamental que los ciudadanos trabajen junto a las autoridades para construir un país mejor. “Bolivia necesita que todos sus hijos trabajemos por ella”, sostiene con firmeza.

A pesar de los desafíos que enfrenta la juventud actual, Edda mantiene la esperanza: “Necesitamos una juventud dinámica y ágil en pensamiento”, dice al referirse a la importancia de replantear valores en un mundo cada vez más individualista. Su mensaje es claro: hay que dejar huella, no cicatriz. La doctora Edda Fiorilo es un ejemplo vivo de dedicación y amor por su tierra. Con cada acción y decisión, busca inspirar a otros a seguir sus pasos y contribuir al bienestar colectivo. En sus palabras resuena un llamado a la acción: “El día que ya no estemos, ese día podrán decir: ya no lo hice”.

Binder1Descarga

La entrada Edda Sarah Fiorilo Barrios: Huellas de justicia y compromiso en Oruro se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La propuesta tiene como objetivo habilitar mecanismos de revisión judicial para estos casos, excluyendo aquellos que están relacionados con violaciones a los derechos humanos. La ley abarca la revisión de todos los procesos penales donde existan detenidos o presos políticos, así como perseguidos y refugiados políticos.

Se establecen dos mecanismos para la revisión: una excepción extraordinaria que permite a los interesados solicitar un pronunciamiento previo y especial ante cualquier juez o tribunal que esté conociendo de esos procesos. En caso de que la resolución sea negativa, se podrá apelar a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Condiciones de la ley

En el caso de condenas que ya han sido ejecutoriadas, se añade al actual recurso de revisión la causal de persecución política. Sin embargo, es importante destacar que esta ley no se aplica a los procesos penales que involucren violaciones a los derechos humanos. Todos los procesos documentados por violaciones a derechos humanos en informes nacionales o internacionales quedan fuera de esta ley.

El Tribunal Supremo de Justicia ha indicado que, en el caso de la expresidente Jeanine Áñez Chávez, su juicio deberá realizarse mediante un juicio de responsabilidades.

Impacto en la sociedad

Alarcón ha señalado que “son centenares” las personas que se verían afectadas por esta situación, y que esto se determinará en función de las peticiones específicas que cada interesado pueda presentar. El diputado enfatizó que no se puede permitir que la sociedad se quede de brazos cruzados ante “procesos ínicos”, fraudulentos y utilizados como herramientas de terrorismo judicial por parte de gobiernos autoritarios.

Es importante aclarar que esta ley no anula los procesos, sino que habilita mecanismos para su revisión. Si se aprueba esta ley, será el Tribunal Supremo de Justicia el encargado de determinar en qué casos corresponde la anulación y extinción por vicio de persecución política.

Compromisos electorales

Alarcón también mencionó que esta iniciativa forma parte del cumplimiento de compromisos adquiridos durante la campaña electoral. Además, el diputado abordó otros temas relacionados con la situación económica del país y criticó al vicepresidente por su postura frente a las medidas necesarias para salir del estado crítico heredado por gestiones anteriores.

Según Alarcón, “si no le damos al actual gobierno estas medidas de emergencia para que pueda salir inmediatamente y sacar al país del pozo en el que está”, se estaría justificando el desastre económico dejado por administraciones pasadas.

/LA PATRIA

La entrada Diputado Alarcón presenta proyecto de ley para revisar procesos penales “políticos” se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Cada 10 de diciembre, la comunidad internacional conmemora el Día de los Derechos Humanos, fecha en la que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde entonces, el sistema universal ha construido una sólida arquitectura normativa, que incluye nueve tratados vinculantes que obligan a los Estados a garantizar derechos en ámbitos específicos.

Este día nos recuerda que los principios que celebramos no son simples abstracciones jurídicas: son herramientas concretas para enfrentar los desafíos más complejos de nuestras sociedades. Allí donde existen tensiones políticas, crisis de confianza institucional o heridas abiertas por episodios de violencia, los derechos humanos ofrecen un camino basado en la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Sin estos pilares, ninguna democracia puede renovar su legitimidad ni reconstruir la cohesión social.

En América Latina, la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia sigue siendo una constante. En muchos países, los procesos por graves violaciones de derechos humanos permanecen frágiles o interrumpidos, enviando un mensaje equivocado a las víctimas y a la sociedad. Apostar por instituciones judiciales independientes, capaces de actuar sin presiones y con total transparencia, es indispensable para cerrar ciclos de impunidad que erosionan la confianza pública.

Otro desafío común en la región es la situación de las personas privadas de libertad. El hacinamiento estructural, el uso excesivo de la prisión preventiva y los servicios penitenciarios desbordados generan vulneraciones profundas. Humanizar las políticas penitenciarias no es un acto de benevolencia: es una obligación jurídica y una condición básica para fortalecer el Estado de derecho. Las tendencias hiper-punitivas perpetúan la crueldad y, además, no funcionan. Las cárceles con condiciones inhumanas no cumplen su rol de rehabilitación ni reducen la reincidencia. Quien pierde es la sociedad en su conjunto.

En toda América Latina, la igualdad y la no discriminación exigen políticas que respondan a las necesidades y aspiraciones de los Pueblos Indígenas. La protección de sus territorios, culturas y formas de vida es inherente al bienestar colectivo. Estas obligaciones se vuelven más urgentes ante retos ambientales graves, como la contaminación por sustancias peligrosas o la explotación de recursos estratégicos sin procesos adecuados de consulta. En este sentido, la defensa del medio ambiente debe asumirse como requisito para garantizar derechos hoy y para las generaciones futuras, apostando por un desarrollo más democrático, inclusivo y sostenible.

Bolivia no está ajena a estos desafíos. La respuesta a todos ellos no está en restringir derechos, sino en avanzar hacia más democracia y un mayor respeto por los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación. Las normas internacionales -y su matriz, la Declaración Universal- son un faro que puede guiarnos hacia sociedades más justas, cohesionadas y en paz. Este 10 de diciembre, renovemos nuestro compromiso con los derechos humanos.

Anna Marttinen-Pont, es Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Bolivia.

Jan Jarab, es Representante Regional del ONU Derechos Humanos para América del Sur.

La entrada Derechos humanos para afrontar nuestros mayores desafíos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

¿Cómo llegó El Salvador a precipitarse por las simas del autoritarismo y la erosión del estado de derecho actuales? ¿Justifica el feudo de la violencia y la behetría política tal resultado? En honor a la verdad, el país nunca fue un remanso de paz. Desde su independencia de España (mediados del siglo XIX), la violencia endémica es parte de su ADN: golpes de estado, represiones militares, levantamientos campesinos y masacres a cargo del Estado.

Los ingredientes, pues, ya flotaban en la sopa primigenia que nos lleva al turbulento siglo XX y al XXI: la desigualdad social y la debilidad de los organismos del Estado coadyuvaron en el ensamblaje de las bases que sintetizaron el gen de la ubicua violencia, siendo la conflagración civil iniciada en 1980 una de las consecuencias.

Tras los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador entró en una posguerra que debía materializarlos. El país fue gobernado por ARENA (1989–2009) y el FMLN (2009–2019). Las metas —desmilitarización, elecciones libres y libertad de expresión— fracasaron: persistieron la impunidad, la desigualdad y la debilidad del poder. No es de extrañar, por consiguiente, que la violencia de las maras, la inseguridad y la desconfianza en las instituciones minaran la fe en la democracia. En este sumidero de credibilidad y justicia emergió el ahora presidente Nayib Bukele, símbolo del agotamiento del sistema de posguerra.

Bukele: ‘outsider, ma non troppo’

Aunque Bukele se presenta como un recién llegado ajeno a la casta política, un hombre moderno, del pueblo, hiperactivo en redes —troll humano a ratos—, lo cierto es que navegó cómodamente en la política tradicional: fue alcalde por el FMLN (nada menos que de la capital) gracias a los vínculos y recursos de su acomodada familia. Su expulsión del partido fue una huida hacia adelante para reinventarse como antisistema, pero en realidad es un hombre del sistema. Bukele ha sabido usar de forma magistral la fachada de independiente para consolidar su poder, con sus propias redes de privilegio, corrupción y clientelismo que han hecho enriquecerse a su familia desde que maneja las riendas del país. Hoy ejerce ese control mediante el sometimiento del poder judicial y la opacidad en el uso de fondos públicos y/o del bitcoin, motivo por el cual ha sido sancionado por Estados Unidos. Después llegó Donald Trump.

El bukelismo, a la búsqueda de etiquetas

Su modelo tiene componentes de lo que llamo el orbanismo (en su vertiente tropical), en referencia a Viktor Orbán, presidente de Hungría, que usa su victoria electoral como una especie de revolución querida por el pueblo, que le da carta blanca para la concentración del poder y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, aunque sin tocar el sistema en sí mismo, mediante el control del poder judicial y legislativo. A esto se suma el punitivismo, basado en la represión y la mano dura contra las pandillas para ganar popularidad, aparentando eficacia en seguridad mientras se mantienen redes de privilegio y se erosionan las libertades civiles. La victoria del bukelismo reside en imponer la dicotomía derechos humanos contra seguridad, presentándola como un hecho consumado, fuera de toda discusión.

La fórmula contiene, del mismo modo, un autoritarismo consistente en regímenes de excepción permanente que justifican masivas y/o arbitrarias detenciones y violaciones sistemáticas de derechos humanos. También se ha dado al bukelismo el apelativo de autoritarismo popular, que enlaza con una tradición de caudillismo que echó raíces y prosperó en la región: votar por él no es algo nuevo.

Unos “logros” con trampa

Bukele presume de haber reducido la violencia con su “mano dura”. Con todo, no es ni original: ya existieron los planes Mano Dura y Súper Mano Dura a principios de siglo. Pero, en realidad, se trata de una mano bajo cuerda, izquierda y blanda: la simple negociación con las maras MS-13 y Barrio 18 (las más importantes, si bien no las únicas). Dos de sus líderes afirmaron que, desde 2014, Bukele pactó con ellos ofreciendo beneficios penitenciarios y dinero a cambio de apoyo electoral, que se materializó mediante el control territorial de las pandillas para coaccionar el voto y reducir temporalmente homicidios, mejorando así la imagen del entonces candidato.

De agentes y Constituciones: la profundización de Bukele en el autoritarismo

Dos hitos han marcado el 2025, un año fecundo en el capítulo del desguace paulatino de las instituciones democráticas: la reforma de la Constitución y la Ley de Agentes Extranjeros.

En cuanto a la reforma constitucional, ya ha sido un recurso habitual en Perú, Colombia, Nicaragua, Venezuela o Hungría, que suponen una tendencia a confundir Constitución con programa electoral.

El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma exprés de la Constitución con tintes muy orbanianos; a saber: uso la de amplia mayoría de Nuevas Ideas ―el partido de Bukele― en el Parlamento como apisonadora, sustrayendo todo debate a la oposición (con eximios plazos) y, por último, confundiendo intencionadamente una carta magna con un programa electoral.

La “Constitución de Bukele” despliega los siguientes jalones: 1) permite la reelección presidencial indefinida; 2) amplía el período presidencial de cinco a seis años; 3) elimina la segunda vuelta electoral, lo que en un sistema presidencialista reduce las garantías de representatividad y legitimidad del presidente electo; 3) se adelanta en dos años el inicio del próximo mandato, al objeto de sincronizar las elecciones generales con las legislativas y municipales de 2027: todo al servicio de Bukele. La reforma supone la virtual fundación de un sistema político nuevo, un golpismo callado que pone en solfa los principios de alternancia y limitación del poder fijados en la Constitución de 1983, refuerza la concentración del poder y mengua la alternancia y los mecanismos de control y equilibrio entre poderes de todo estándar democrático.

El otro acontecimiento jurídico decisivo de 2025 es la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada vía decreto nº 308. La huella de Vladimir Putin es tenaz, con sus leyes de 2012 (modificaciones en 2022 y 2025). La ley georgiana de 2023 prácticamente calca a la rusa y a buen seguro inspiró a Trump a golpe de órdenes ejecutivas.

La ley salvadoreña se llama igual que la rusa y los conspicuos conspiracionistas deben de estar encantados, pues la norma salvadoreña se aprobó el 30 de mayo de 2025 y la modificación rusa, en junio. En cualquier paso, es palmario que las dos coinciden en los mismos objetivos, controlar y estigmatizar a organizaciones que reciben financiamiento extranjero, con una diferencia: que la ley salvadoreña es más agresiva aún que la rusa en el ámbito de sanciones económicas.

La Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador (2025) establece varias medidas que arrasan todo patrón democrático: 1) obliga a las personas y organizaciones que reciban financiación de fuera del país a registrarse como “agentes extranjeros”; 2) grava con un impuesto del 30%  dichos fondos; 3) estipula fuertes sanciones económicas para quienes no cumplan; 4) usa una redacción ambigua que podría dar lugar a aún mayores restricciones de la libertad de asociación y expresión; 5) estigmatiza a las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil (lo que se traduce en persecución y detención de activistas), forzándolas a interrumpir sus actividades. La consecuencia inmediata es que importantes ONG como Cristosal ya no operan desde El Salvador, y lo hacen desde Honduras y Guatemala. Los otros grandes perjudicados son los medios de información. Así, la vieja APES (Asociación de Periodistas de El Salvador), fundada en 1936, o diarios como El Faro han adoptado similares medidas.

La Ley de Agentes Extranjeros ha suscitado una honda preocupación internacional, con la ONU instando a garantizar un entorno seguro para la sociedad civil y el respeto de los derechos humanos. De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Unión Europea (UE) criticaron la ley salvadoreña, lo que provocó la ira de Buekele. En su línea a golpe de (antiguo) tweet, el líder salvadoreño reprocha a la UE ser un bloque envejecido, burocrático, dependiente de la energía y tecnológicamente rezagado que se permite aún dar lecciones al mundo. Es un buen final para este artículo: resume perfectamente el modus operandi discursivo de Bukele, enumerando los defectos de la UE que comparten sus contrapartes de extrema derecha del continente europeo.

La entrada El Salvador: un sistema de posguerra colapsado se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

En lo que va del año, 114 mineros han fallecido en las bocaminas de Potosí, superando la cifra del año anterior. Este alarmante dato refleja un aumento en los accidentes y un entorno de mayor inseguridad laboral, especialmente en las minas cooperativistas.

Prácticas peligrosas en las minas

La improvisación en el manejo de carga, la falta de señalización, la iluminación deficiente y el consumo de alcohol durante las labores son prácticas comunes en estos lugares. A pesar de los llamados de atención de las instituciones de control, estas situaciones persisten, según un reporte de Correo del Sur.

Datos preocupantes sobre víctimas

El balance anual indica que de los 114 mineros fallecidos este año en las bocaminas de Potosí, 108 eran varones y 6 eran mujeres. Además, entre todas las víctimas se contabilizan 6 menores de edad, lo que genera una gran preocupación entre las entidades defensoras de derechos humanos y la Defensoría de la Niñez.

Ingreso de adolescentes a actividades de riesgo

Las organizaciones mencionadas advierten sobre el ingreso temprano de adolescentes a actividades de alto riesgo, lo que agrava aún más la situación. Este año, la cifra de fallecidos ya ha superado la gestión pasada, que registró 106 muertes, lo que evidencia un escenario alarmante en la seguridad laboral.

Detalles del accidente reciente

El primer accidente mortal ocurrió en una mina de la Cooperativa Ollerías Tres Amigos. El joven minero Juan Carlos Temprano, de 21 años, cayó alrededor de 40 metros mientras trabajaba en el acarreo de mineral, lo que resalta la gravedad de las condiciones laborales en el sector.

La entrada Inseguridad laboral en las minas de Potosí deja luto y dolor se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Reacción de Evo Morales

Morales afirmó que la intervención de la Fiscalía y la Policía atenta contra los derechos humanos de Patty y es una manifestación de revanchismo político. Recordó que la exlegisladora fue una de las principales impulsoras del proceso y juicio contra Añez y otros involucrados en los hechos de noviembre de 2019.

“La aprehensión de nuestra hermana Lidia Patty por parte de la Fiscalía y la Policía es una violación a los derechos humanos, un abuso y un revanchismo de un gobierno y una justicia que se acomoda al poder porque fue una de las más importantes impulsoras del proceso y juicio contra Jeanine Añez y sus cómplices”, expresó Morales.

Condiciones de la aprehensión

Patty pasó la noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras los investigadores intentaban notificarla sobre la imputación del Ministerio Público. Su abogado, Jorge Nina, anunció que asumirán su defensa ante la supuesta probabilidad de autoría y los riesgos procesales. Sin embargo, también denunció que hubo una vulneración al debido proceso en la manera en que se llevó a cabo la aprehensión.

“Es decir, se le cita y se le aprehende. El día de ayer, la autoridad decidió rechazar esta acción de libertad porque supuestamente el juez de la causa aún estaba en el plazo para pronunciarse”, indicó Nina. Añadió que están presentando otra acción de libertad para que Patty asista a esta audiencia, conforme a las nuevas sentencias constitucionales emitidas por los nuevos tribunales del Tribunal Constitucional.

Denuncias de hostigamiento

Nina cuestionó a la Policía por el presunto hostigamiento hacia su defendida, al fijar vigilancia en su domicilio particular sin una orden judicial. “¿Dónde está la orden del juez que ha ordenado la vigilancia? No existe, eso es una persecución indebida”, manifestó.

La entrada Aprehensión de Lidia Patty: Morales califica acto como revancha política se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, también se han reportado 1,137 casos de acoso y/o violencia política contra mujeres. Cada uno de estos actos de violencia representa un fracaso colectivo y una deuda que el Estado tiene en la prevención, atención, protección y sanción efectiva de estos delitos.

La lucha no se limita a un día

La Defensoría del Pueblo subraya que la lucha contra la violencia no debe restringirse a un solo día ni a meras declaraciones o discursos conmemorativos. En un contexto donde el Estado está impulsando una reorganización institucional del sector justicia, se solicita que este proceso cuente con garantías claras de continuidad, recursos adecuados y políticas públicas sostenidas.

Participación activa de las mujeres

Además, se enfatiza que ninguna transformación será posible sin la participación activa de las mujeres y sus organizaciones. La Defensoría reitera su rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres, recordando que estas acciones constituyen una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser prevenido y sancionado.

Fortalecimiento de mecanismos de atención

Se exhorta a las autoridades competentes a fortalecer los mecanismos de atención, protección y acceso a la justicia, garantizando que las víctimas reciban apoyo oportuno e integral. También se hace un llamado a la sociedad boliviana para erradicar estereotipos y prácticas discriminatorias relacionadas con la violencia.

Compromiso institucional renovado

Finalmente, como instancia defensorial, se renueva el compromiso institucional para continuar monitoreando el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos de las mujeres. Se reafirma que la erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea urgente y colectiva.

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”. Su función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales. En el ejercicio de sus funciones, actúa con independencia y autonomía plena.

La entrada La Defensoría del Pueblo condena la violencia de género en Bolivia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no son una novedad. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Caracas inició un proceso de distanciamiento entre los países que se consolidó tras el fallido golpe de Estado del año 2002. En aquel momento, el gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de haber apoyado la asonada, y Washington fue uno de los pocos países que reconoció brevemente al empresario Pedro Carmona como jefe de Estado.

Un constante deterioro de las relaciones

De ahí en adelante, la relación bilateral se ha deteriorado de manera constante. En los últimos 25 años ha habido expulsiones de embajadores, cierre de sedes diplomáticas y una retórica cada vez más hostil. A este deterioro contribuye tanto el historial intervencionista de Estados Unidos en América Latina como la importancia que el antiimperialismo tiene en la identidad de la izquierda regional, de la cual el movimiento chavista forma parte.

Es decir, el rechazo a Washington no es solo una reacción histórica, sino que también funciona como elemento movilizador para los proyectos políticos a los que les es útil crear un enemigo externo al que responsabilizar por sus problemas y con el que cohesionar a su base política.

En este contexto, durante las últimas dos décadas y media, los anuncios sobre una inminente intervención estadounidense en Venezuela se han vuelto recurrentes. Como en la fábula de Pedro y el lobo, la repetición ha generado escepticismo en la población: muchos dudan que el “lobo” vaya a llegar. Pero esta semana, una publicación del New York Times sobre la autorización del presidente Donald Trump a la CIA para actuar en territorio venezolano volvió a encender las alarmas en la región.

Hace apenas unos meses, algunos periodistas creían que un periodo de distensión se estaba instalando en la relación bilateral (marcado por el alivio parcial de las sanciones petroleras y la repatriación de migrantes venezolanos), pero tan impredecible como son las decisiones de Trump, la situación ha escalado peligrosamente. La Casa Blanca ha endurecido su discurso, ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de narcotráfico y ha bombardeado embarcaciones de presuntos traficantes venezolanos.

¿Podría producirse una intervención militar real?

No está claro. Más allá de la retórica, resulta difícil identificar un beneficio político para Trump en una operación de este tipo: tanto la opinión pública estadounidense como algunos de sus aliados son reacios a nuevas guerras y al gasto en el exterior. De hecho, la filtración al New York Times podría ser una maniobra calculada para aumentar la presión psicológica sobre la coalición de Maduro, similar a la famosa nota de John Bolton en 2019  (“5,000 troops to Colombia”) durante el anterior ciclo de tensiones.

Una acción armada estadounidense tendría consecuencias profundas: desataría el rechazo regional y vulneraría el derecho internacional. Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿cómo podría la región condenar una intervención extranjera, y a la vez seguir siendo pasiva ante el colapso democrático en Venezuela?

Sobran evidencias sobre la ruptura del orden constitucional venezolano. Las violaciones a derechos humanos (que incluyen la desaparición, las torturas y la violencia sexual) han sido extensamente documentas por ONG de reconocida trayectoria y por la propia ONU. Además, Venezuela es el primer país de la región con una investigación abierta por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.

Si Estados Unidos ejecutara una acción armada unilateral, los representantes regionales alzarían la voz legitimamente por las presiones que esa acción podría causar en sus fronteras. Sin embargo, muchos de esos actores han sido mucho menos vigorosos a la hora de criticar la política económica depredadora que Maduro instaló para mantenerse en el poder y que ha causado la extensa migración de venezolanos que continúa hasta el día de hoy.

Muchos líderes criticarán con razón la violación de la soberanía de los países. Pero han dicho muy poco sobre acciones violatorias de la soberanía cometidas por el gobierno venezolano, como el asesinato del Teniente Ojeda en Chile, o el secuestro de opositores en territorio colombiano. Hace tan solo unos días, dos activistas venezolanos exiliados en Bogotá fueron baleados. Estos hechos apenas han tenido repercusión mediática y el propio presidente de Colombia ha sido más discreto ante ellos que ante otros asuntos de carácter internacional.

La paradoja es evidente: América Latina rechaza la injerencia, pero rara vez actúa frente a los autoritarismos que nacen dentro de sus propias fronteras y contra los que se han comprometido actuar en documentos como la Carta Democrática de la OEA donde se “reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.

La mejor vía para evitar la violencia interna y externa sobre la región es retomar una agenda fuerte y efectiva en defensa de la democracia. Parafraseando una frase célebre del ex presidente venezolano Rafael Caldera: “es difícil pedirle a un pueblo que se inmole por la soberanía cuando siente que esa soberanía no le da de comer ni le garantiza el respeto a su vida”.

Guillermo Pérez es sociólogo por la Universidad Central de Venezuela. Especializado en Políticas Públicas para la Igualdad por CLACSO. Magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Santa Maria (Brasil).

La entrada Entre la soberanía y el silencio: las contradicciones de América Latina ante la crisis venezolana se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Carvajal recuperó formalmente el inmueble tras una vigilia que comenzó cuando grupos liderados por Édgar Salazar tomaron las instalaciones en junio de 2023. Estos grupos afirmaban tener derechos legales sobre el inmueble y la representación de la institución, aunque Carvajal seguía siendo reconocida como presidenta.

Un mes después de la toma, Carvajal intentó recuperar las instalaciones trepando por una escalera y permaneció varios días en la terraza. Allí recibió al cónsul español en Bolivia, Guillermo Gil. Sin embargo, la Policía logró desalojarla y ella instaló en el exterior una mesa, una silla y una sombrilla, iniciando así una vigilia que duró casi 3 años.

Declaraciones del presidente

Durante el acto, el presidente boliviano declaró: “Muchas mujeres como Amparo, como muchos hombres y mujeres de la patria, hacen que estos momentos se pueda volver a sentir libertad, la libertad que nos hace falta entenderla bien, defenderla (…) y ahora poder llevar adelante un trabajo desde la institucionalidad”.

Paz recordó que durante 20 años bajo las administraciones del MAS “fueron 7,300 días de abuso, de persecución”. Añadió: “Nosotros llevamos recién 12 días y en 12 días estamos recuperando la institucionalidad, que tenga valor el mérito, de estabilizar una economía, que llegue la gasolina, que llegue el diésel”.

Compromiso con la democracia

Carvajal también destacó su relación con la familia de Paz y los vínculos compartidos en defensa de la democracia en Bolivia. Al dirigirse a los presentes, subrayó: “Sufrieron familias, exilios, muerte, desaparición y ahora tenemos una democracia que la estamos recuperando, defendamos esa democracia cuidando la libertad, nuestros derechos, pero también sirviendo a la patria”.

Trayectoria de Amparo Carvajal

Amparo Carvajal tiene 86 años y nació en Riaño, León. Es reconocida por su trayectoria de más de 50 años en defensa de los derechos humanos en Bolivia. Co-fundó la Apdhb en 1974 durante la dictadura de Hugo Banzer y debió exiliarse ante presiones del régimen militar de Luis García Meza.

Un momento histórico

En el retorno a la sede, Carvajal izó la bandera de Bolivia antes de que el cantautor Luis Rico interpretara “Viva mi patria Bolivia”. Según Carvajal, “la recuperación de la sede de la asamblea de derechos humanos es un momento histórico para Bolivia”, sosteniendo que “la riqueza del país debe compartirse con la verdad, con la justicia”.

La entrada La Asamblea Permanente de Derechos Humanos retorna a su presidente Amparo Carvajal se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Según los datos proporcionados a EFE por el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, actualmente hay un francés detenido en Venezuela. Además, se encuentran en prisión 10 colombianos, 4 españoles, 3 holandeses, 3 hondureños, 2 ucranianos, 2 alemanes, 2 argentinos, 2 ecuatorianos y 2 peruanos.

Asimismo, siguen encarcelados un ciudadano checo, un cubano, un guyanés, un húngaro, un iraní, un iraní-irlandés, un italiano, un libanés, un pakistaní, un panameño, un polaco-ucraniano y un rumano, según lo indicado por Foro Penal.

El abogado Himiob también mencionó que hay 41 presos políticos venezolanos que tienen otra nacionalidad. De estos, 15 son españoles y 11 son colombianos.

La liberación de Camilo Castro

Este domingo, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la liberación de Camilo Castro. En un mensaje publicado en X, destacó que su país “avanza a veces sin hacer ruido, pero siempre con determinación y sangre fría”.

Castro, de nacionalidad franco-chilena, desapareció el 26 de junio de 2025. Viajó desde su hogar en Colombia hacia la frontera venezolana con la intención de tramitar su visado en el paso fronterizo de Paraguachón.

Amnistía Internacional, que siguió de cerca su caso, informó que sus familiares perdieron contacto con él durante ese viaje por motivos administrativos. Solo supieron de su situación cuando la Policía colombiana anunció que estaba detenido en Venezuela.

Intercambio de prisioneros

El 19 de julio de 2025, durante un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, los estadounidenses mencionaron que habían estado detenidos junto a Castro. Amnistía Internacional logró localizarlo en la cárcel de El Rodeo, ubicada en las afueras de Caracas, donde se encontraba con otros extranjeros.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que “no ha habido ninguna contrapartida” por la liberación de Castro. También rechazó las alegaciones que circulaban sobre que se le acusaba de terrorismo.

Reacciones a la liberación

A su llegada este domingo por la tarde al aeropuerto de París Orly, donde lo esperaban su madre y su padrastro, Castro hizo una breve declaración, visiblemente emocionado: “¡Viva la libertad, viva la igualdad, viva la fraternidad! Que todos los seres de esta tierra puedan vivir libres de todo sufrimiento, vivir con paz, con armonía y con amor”.

Por su parte, el padrastro de Castro agradeció el trabajo de “la diplomacia francesa” y denunció que su detención fue “sin motivos, porque era francés”. Además, aseguró que fue “acusado injustamente de ser un agente de la CIA” cuando “no tenía nada que ver con eso”.

Comentarios del presidente colombiano

En X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró la liberación de Castro y expresó su esperanza de que se logre la liberación del resto de colombianos detenidos. También calificó de “esencial” la libertad de “todos los presos políticos en Venezuela y en el continente”.

Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro niega que haya personas detenidas en Venezuela por motivos políticos.

Fuente: EFE

La entrada ONG registra 43 presos políticos extranjeros en Venezuela tras la liberación de un francés se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El organismo defensorial señala que hay “omisiones, dilaciones e inacciones institucionales” que están generando un grave “riesgo de impunidad” en estos procesos. Esto podría llevar a que Bolivia enfrente responsabilidades internacionales por violaciones a la Carta Americana de Derechos Humanos.

Los procesos ordinarios relacionados con las muertes en estas localidades, donde se registraron 37 fallecidos en total, fueron anulados por la Justicia. Esta determinó que la expresidente Jeanine Áñez debe ser procesada a través del juicio de responsabilidades, lo que ha causado un estancamiento en la vía penal ordinaria.

Muertes en Montero sin sanción

El informe también destaca que las muertes ocurridas en Montero siguen sin recibir sanción. En el caso de la quema de los domicilios de Waldo Albarracín Sánchez y Casimira Lema, la Defensoría ha registrado que el primer caso avanzaba en juicio oral sin una sentencia firme hasta septiembre. Por otro lado, el caso de Lema fue cerrado con una resolución de rechazo.

Este proceso ha sido identificado como el “con mayor retraso en el cumplimiento de los plazos procesales”, y todavía se encuentra en etapa preliminar.

Recomendaciones para combatir la impunidad

Para ayudar a destrabar los procesos y combatir la impunidad, la Defensoría ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a las altas instancias judiciales y ejecutivas. Sugirió que el Fiscal General inicie de manera inmediata la presentación formal de la proposición acusatoria ante la Asamblea Legislativa Plurinacional por los casos de Senkata y Sacaba.

Además, recomendó iniciar acciones disciplinarias contra fiscales y jueces involucrados en los casos de Senkata y Sacaba por presunto incumplimiento de deberes y falta de control jurisdiccional efectivo.

Acciones de satisfacción simbólica

Asimismo, la Defensoría instó al Estado a cumplir con las acciones de satisfacción simbólica y las garantías de no repetición. Esto incluye la construcción de las Casas de la Memoria comprometidas y la realización de disculpas públicas institucionales a todas las víctimas.

El informe, que da seguimiento a las recomendaciones previas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Mesa de Seguimiento, reitera la necesidad de garantizar los pilares de verdad, reparación y justicia para las víctimas de 2019.

La entrada Defensoría denuncia falta de acción estatal tras crisis poselectoral de 2019 se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El 15 de octubre Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina con una ley de eutanasia aprobada por vía parlamentaria. Aunque Ecuador y Colombia ya cuentan con despenalizaciones judiciales, el caso uruguayo fue presentado como un símbolo de progreso. Los titulares hablaron de “muerte digna”, de un país moderno y liberal que amplía derechos. Pero la letra de la ley y su alcance real cuentan otra historia por fuera del relato oficial.

Mientras se celebra en los medios un nuevo derecho, el texto legal introduce serios retrocesos en materia de protección a la vida. Lo que se ha instalado como un “avance” podría ser, en realidad, un recorte de derechos básicos. No es necesario acudir a interpretaciones filosóficas para verlo: basta leer dos artículos centrales de la ley.

Un “derecho” que alcanza a la discapacidad y la vejez

El artículo 2 establece que toda persona “mayor de edad, psíquicamente apta” que curse una enfermedad terminal o una “condición de salud incurable e irreversible” con sufrimientos considerados insoportables tiene derecho a que se le practique la eutanasia. Esa redacción —aparentemente compasiva— abre una puerta enorme: no se limita a pacientes terminales, sino que incluye a personas con enfermedades crónicas, discapacidades o incluso el envejecimiento, que, según la OMS, también puede considerarse una condición irreversible.

Así, alguien con una discapacidad o una enfermedad degenerativa, que sienta su vida como un “deterioro progresivo de su calidad de vida”, podría solicitar que se le provoque la muerte. En lugar de reforzar la atención y el acompañamiento, el Estado le ofrece una vía para dejar de existir. Se crea una distinción jurídica inédita: a unos se les previene el suicidio, a otros se los asiste para concretarlo. No hay forma más clara de discriminación. Y si dicen que “no es lo mismo”, ¿cuál es la diferencia? ¿El tipo de enfermedad o de sufrimiento?, ¿la edad o la discapacidad?

El artículo 4, que regula el procedimiento, también revela vacíos preocupantes. Establece que quien solicite asistencia para morir debe hacerlo por escrito ante un médico. Y, si no puede firmar, puede hacerlo “a su ruego otra persona mayor de edad” en su presencia. Es decir: alguien puede pedir la eutanasia a través de otro, sin control psiquiátrico ni intervención de un trabajador social. Para decisiones menos graves, el Estado exige escribano o juez. Para solicitar que te provoquen la muerte, basta una firma.

Una supuesta libertad sin garantías reales

Según el procedimiento, luego el médico “dialogará con el paciente” y verificará que la voluntad sea “libre, seria y firme”. Pero, ¿qué libertad hay cuando alguien sufre intensamente y no recibe cuidados paliativos adecuados? Informar no es acompañar, y ofrecer la muerte como única salida no es garantizar libertad, sino desamparo. Una persona abandonada al dolor no elige: se rinde. En ese escenario, la eutanasia se convierte en una respuesta institucional al fracaso de un sistema de cuidados.

La ley uruguaya, lejos de ser garantista, convierte el sufrimiento en criterio jurídico para poner fin a la vida, sin ofrecer apoyo ni alternativas reales. El relato mediático —que repite que la ley es para “enfermos terminales” y está llena de controles— oculta esa contradicción fundamental. Y además, la comisión que evalúa la eutanasia es después del fallecimiento, no antes. Si se hacen mal las cosas, no se puede devolver la vida.

Durante los años de discusión parlamentaria, ninguna de las objeciones técnicas, éticas o jurídicas fueron atendidas. Las advertencias de especialistas en Derecho, Bioética, Psiquiatría o Medicina Paliativa fueron ignoradas. No hubo un debate real, sino una puesta en escena: se fabricó un relato y se desoyó toda crítica. En nombre de la “autonomía personal” se aprobó un texto lleno de ambigüedades, que deja sin protección a quienes más apoyo necesitan.

Falsos supuestos en los legisladores

Al escuchar a varios legisladores argumentar o periodistas opinar en estos días, se vuelven a repetir frases como: “Es entendible que alguien en su agonía quiera adelantar la muerte”; “Que no nos alarguen la vida ni el sufrimiento con soportes artificiales”. Es como si no supieran que ya existe una ley de voluntades anticipadas desde el 2009 y en que todos estamos de acuerdo en que es un derecho que no nos alarguen la vida ni el sufrimiento solo por obstinarse con mantenernos vivos. La ética médica prohíbe tanto la obstinación terapéutica como la eutanasia. O no se logra comprender el texto o no se logra imaginar el tipo de paciente que está incluido en el proyecto. La legislación uruguaya ya prevé una muerte digna, sin sufrimiento, sin prolongar la vida inútilmente, ni provocar la muerte (eutanasia).

Durante cinco años varios profesionales de los cuidados paliativos han explicado hasta el cansancio en los medios que la sedación paliativa no es una forma de eutanasia encubierta, no provoca la muerte. Esto no es una opinión, es un dato científico. La sedación es una práctica ética y legal, que no mata al paciente, sino que le desciende su nivel de conciencia para evitarle síntomas de difícil manejo. Hubo senadores que volvieron a repetir este mito como argumento: “La eutanasia ya se practica”. Esto es empíricamente falso y demostrable. Pero la creencia popular ha sido más fuerte.

El nuevo hiperindividualismo moral y político

Se suele afirmar que oponerse a la eutanasia es “imponer una moral”. Pero, ¿no es también una imposición considerar que una vida enferma o dependiente vale menos? Se repite que “nadie estará obligado», «el que no la quiera que no la pida” y que “cada uno puede elegir”. Pero, al mismo tiempo, se crea una categoría de personas cuya vida deja de estar igualmente protegida por la ley. Esa desigualdad jurídica es una grieta ética, que ya se ha naturalizado socialmente: hay vidas que no valen la pena.

Paradójicamente, en nombre de la libertad se instala una nueva presión social: en los países donde la eutanasia se ha naturalizado (Canadá, Bélgica y Holanda por ejemplo), quien decide seguir viviendo puede ser visto como un egoísta o una carga para la sociedad. La supuesta libertad se transforma en deber de morir.

Lo más sorprendente es que esta lógica haya sido promovida y votada por toda la izquierda uruguaya y algunos legisladores de derecha (si es que todavía podemos usar esos términos). Extrañamente la izquierda apela en este asunto tan delicado a un discurso libertario —“mi cuerpo, mi decisión”— olvidando que el respeto por la dignidad humana exige cuidar, no eliminar al que sufre. No se tienen en cuenta las injusticias sociales que empujan a alguien a decisiones que no elegiría si tuviera otras opciones. Así, se ha reconfigurado una izquierda que habla de libertad, pero sin pensar en las injusticias. Y aunque, más divididos en este tema, los pocos legisladores que votaron desde los partidos tradicionales, al invocar la libertad individual como argumento, traicionan el humanismo liberal que defendía la igual dignidad de todas las personas, consagrado en la Constitución. En ambos casos, la tradición humanista uruguaya de respeto y solidaridad se diluye en un emotivismo superficial que llama “derecho” a lo que en realidad es una grave discriminación social y jurídica.

Crisis del diálogo democrático

A pesar de lo que muchos suponen, las objeciones más fuertes a la ley no provinieron de argumentos religiosos. Las personas creyentes no apelaron a su fe para intervenir en el debate, sino a las mismas razones bioéticas y jurídicas que cualquier ciudadano —creyente o no— puede compartir. Sin embargo, buena parte del discurso político y mediático necesitó crear un enemigo cómodo y fácil de derrotar simbólicamente: el “dogmatismo religioso”, que no es otra cosa que una falacia de hombre de paja. Como si defender la laicidad fuera promover la eutanasia. Pero así se evita discutir el fondo del asunto y se instala un conflicto imaginario entre libertad y religión, cuando lo que está en juego no es la fe, sino la dignidad y la igualdad ante la ley.

El resultado de cinco años de discusión sin cambios en el texto de la ley demuestra algo más profundo: hemos perdido la capacidad de escuchar razones. Hoy no importa qué se dice, sino quién lo dice. En el debate público, las etiquetas pesan más que los argumentos, y la descalificación reemplaza al pensamiento. No se dialoga: se compite por imponer relatos.

Resulta más cómodo para quien no quiere pensar ni escuchar ideas que lo cuestionen, descalificar previamente al adversario, antes que tomarse el tiempo de discutir sus razones.

La ley de eutanasia no solo pone a prueba nuestra concepción de la vida y de la libertad. También revela una crisis cultural y política más amplia. Cuando la sociedad deja de debatir racionalmente y se deja llevar por emociones y prejuicios identitarios, la democracia se vacía de contenido. Y si pensar distinto se convierte en motivo de sospecha, ya no estamos ampliando derechos: estamos reduciendo el espacio de la razón compartida.

Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Miguel Pastorino es profesor del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina y Magíster en Dirección de Comunicación por la Universidad de Montevideo.

La entrada Eutanasia en Uruguay: ¿más o menos derechos? se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Promulgamos la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos cometidas en rupturas del orden constitucional, reafirmando nuestro compromiso con la justicia y la dignidad de quienes han sufrido estas injusticias”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Beneficiarios de la ley

La ley está diseñada para beneficiar a las personas que fueron víctimas directas o indirectas de violaciones a sus derechos humanos entre el 1 de septiembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020. Este periodo corresponde a la administración transitoria de Jeanine Áñez.

Mecanismos de reparación

Con la promulgación de esta ley, se establece que el Estado deberá implementar mecanismos de reparación integral para las víctimas de los hechos de violencia que se registraron en diversas partes del país. Entre los lugares más destacados se encuentran Sacaba y Senkata, donde organismos tanto nacionales como internacionales han catalogado los eventos como graves violaciones a los derechos humanos.

Medidas de reparación

La normativa incluye varias medidas de reparación que abarcan compensaciones económicas, atención médica y psicológica, acceso a la educación, reconocimiento público y programas de reintegración social. Además, se establecen garantías de no repetición, con el objetivo de prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.

Compromiso del Estado

El Presidente Arce ha afirmado que la promulgación de esta ley simboliza un compromiso del Estado con los valores democráticos y la protección de los derechos fundamentales. Destacó que su aplicación busca cerrar una etapa de dolor y avanzar hacia la reconciliación nacional.

La entrada Arce promulga ley de reparación “para víctimas de hechos del 2019 y 2020” se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

David Inca, activista del Caso Senkata, anunció que la defensa de las víctimas acudirá a organismos internacionales para “exigir justicia” por los hechos ocurridos en 2019, según informó Unitel.

Inca confirmó que la anulación de la sentencia y la liberación de Áñez serán un punto central en su agenda ante la comunidad internacional.

Reunión en Miami

“Tenemos una reunión los días 17, 18 y 19 de noviembre en Miami, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y uno de los temas específicos será el caso Senkata y Sacaba. Nosotros vamos a exigir justicia”, declaró Inca a los medios.

Responsabilidad del gobierno

El activista responsabilizó directamente al gobierno de Áñez por los decesos ocurridos durante el conflicto social de 2019 en El Alto. “Cuando ella era presidenta, no le tembló la mano para firmar el Decreto Supremo 4078, y debido a ese decreto hubo 22 muertos durante su gobierno”, afirmó.

Vía internacional

Ante la determinación del TSJ, que según Inca representa la “liberación de graves violaciones de derechos humanos” en Bolivia, la única vía que les resta es la internacional.

“Aquí en Bolivia están liberando las graves violaciones de derechos humanos, entonces nos corresponde ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, manifestó.

Confirmación del TSJ

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, confirmó la decisión, explicando que se dispuso la nulidad de la sentencia de 10 años que pesaba sobre Áñez.

“Inicialmente se hizo la admisión y posteriormente la revisión de fondo. Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía”, indicó Saucedo.

La entrada Activistas anuncian que acudirán a CIDH ante liberación de Añez se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

De acuerdo con el último informe de la Plataforma de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, presentado en octubre de 2025, de las 36 recomendaciones del GIEI, solo 4 han sido efectivizadas en casi 5 años del mandato del gobierno saliente.

La CIDH ya había señalado en su primer informe de diciembre de 2023 que el avance en este tema era escaso. Esta preocupación fue reiterada por el relator para Bolivia de la CIDH, José Luis Caballero, quien en 2023 recomendó la creación de una ley para resarcir daños a las víctimas.

Falta de avances en la ley

El proyecto de Ley de Reparación Integral no ha tenido avances “plausibles” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Además, los actos de reconocimiento público se han centrado únicamente en los hechos de Sacaba y Senkata, dejando de lado otras graves vulneraciones que han ocurrido en el país.

El Ministerio Público no ha progresado lo suficiente en la formación de grupos de trabajo especializados con fiscales dedicados exclusivamente a estos casos, tal como recomendaba el GIEI. También ha sido difícil medir el avance en la revisión de casos que ya han sido cerrados o que están en curso.

Normativa sin aplicación práctica

A pesar de que se han aprobado guías y protocolos, no se puede identificar una aplicación práctica de este marco normativo en los casos de violencia sexual y de género que se cometieron en 2019.

Las Fuerzas Armadas (FFAA) y otras instituciones no han brindado la colaboración necesaria para esclarecer la verdad, especialmente en lo que respecta a la remisión de documentación sobre la planificación y ejecución de operativos.

Control judicial ausente

No hay información que demuestre que el Órgano Judicial esté realizando un control permanente sobre la celeridad de las investigaciones, lo que es fundamental para garantizar el debido proceso. Esta es otra recomendación central que no se ha cumplido.

El incumplimiento de las recomendaciones se ve agravado por recientes decisiones judiciales. El procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió que las últimas resoluciones que favorecieron a exlíderes cívicos como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, así como a la expresidente Jeanine Áñez, podrían generar responsabilidad internacional para el Estado por no cumplir con el informe del GIEI.

Avances limitados

De las 36 tareas recomendadas, solo 4 han tenido avances significativos. Estas incluyen la creación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg), la presentación de un plan de reparaciones a las víctimas, la realización de un foro sobre racismo y perspectiva de género, y la derogación del Decreto de Amnistía e Indulto N° 4461, que dejó sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

El informe de la Plataforma, ante la falta de información pública oficial, destaca que el nuevo gobierno que asuma la próxima semana, liderado por Rodrigo Paz, y los nuevos legisladores, deberán definir una postura y acciones urgentes para avanzar en la justicia y reparación a las víctimas de la crisis de 2019.

La entrada Informe afirma que Bolivia Incumple 88% de Recomendaciones del GIEI sobre crisis de 2019 se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El funcionario calificó los ataques como “inaceptables” y exigió a la Administración de Donald Trump detenerlos de inmediato, además de prevenir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de las narcolanchas. Subrayó que las sospechas de delitos no pueden justificar la aplicación de fuerza letal sin que exista un peligro inmediato para la vida.

Turk recordó que la lucha contra el narcotráfico también tiene límites y que el uso de fuerza letal solo está permitido como último recurso, frente a individuos que representen una amenaza inmediata. Señaló que el Derecho Internacional permite interceptar y detener sospechosos, pero no avala ataques mortales contra quienes no representan un riesgo inminente.

A partir de la información limitada proporcionada por Estados Unidos, el Alto Comisionado concluyó que ninguno de los individuos en los barcos atacados representaba una amenaza inminente. Por esa razón, pidió que se realicen investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre cada ataque, con el objetivo de sancionar a quienes hayan infringido la ley.

La entrada ONU advierte que ataques de EE. UU. contra embarcaciones en el Caribe y Pacífico violan Derechos Humanos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El senador Félix Ajpi, quien formó parte de la investigación, explicó este jueves 30 de octubre que se consideraron tres hipótesis: un golpe de Estado, un autogolpe o una desobediencia militar. Sin embargo, ninguna de estas opciones se confirmó como un intento real de quebrantar la Constitución.

Ajpi destacó que la creación de la comisión fue necesaria para esclarecer la verdad, ya que consideró que el Gobierno había manejado políticamente la situación. “El órgano Ejecutivo, particularmente Luis Arce y sus ministros, trataron de convencer al pueblo boliviano de que el 26 de junio había un golpe de Estado. Se pusieron a llorar, a bailar, que habían derrotado al golpe”, afirmó el senador.

Un show montado

El senador también mencionó que los hechos podrían haber sido “un show montado para levantar la imagen del Gobierno”. Esto motivó a la comisión a profundizar en el análisis de cada unidad y cada responsable dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Durante el proceso de investigación, se entrevistó a 18 militares que estaban privados de libertad. Sin embargo, no se pudo acceder al general Juan José Zúñiga, quien es considerado un actor clave en los eventos. El informe señala que las unidades militares acantonadas en La Paz fueron convocadas para ejercicios de defensa de la Plaza Murillo y no para un levantamiento.

Equipos y armamentos utilizados

Ajpi explicó que los equipos y armamentos que se utilizaron eran de carácter ceremonial. Estos no tenían capacidad de combate real y tampoco contaban con municiones disponibles. El senador subrayó que los fusiles y armas llevados por los efectivos eran antiguos y se usaban únicamente para actos protocolares.

Además, los blindados que estaban presentes no contaban con torretas funcionales, lo que significa que no podían ser utilizados en un enfrentamiento. Por lo tanto, se concluyó que los hechos no constituyen un golpe ni un autogolpe, sino que fueron acciones aisladas dirigidas por un pequeño grupo dentro de las FFAA.

Violaciones de derechos

La comisión también advirtió que varios militares fueron dados de baja sin el debido proceso, lo que vulnera sus derechos fundamentales. Por esta razón, se recomendó al Comando en Jefe revisar estos casos para evitar que los afectados tengan que acudir a instancias internacionales.

Además, se solicitó al Ministerio Público que investigue al exministro Eduardo Del Castillo, quien presentó públicamente a los detenidos como “criminales” sin respetar la presunción de inocencia, lo que constituye una clara violación de sus derechos básicos.

Movilización limitada

Ajpi remarcó que la movilización fue limitada y que solo fue dirigida por Zúñiga y un grupo reducido de oficiales de inteligencia. “Solo sabían Luis Arce Catacora y Juan José Zúñiga junto a algunos mayores de inteligencia militar”, indicó el senador, asegurando que las FFAA en su conjunto no participaron en ninguna acción destinada a quebrantar el orden constitucional.

El informe final de la comisión será enviado al pleno de la Cámara de Senadores y al Ministerio Público para su consideración y seguimiento. Esto se hace con el fin de garantizar que se cumplan las recomendaciones y se reparen los derechos de los militares afectados.

LDVY

La entrada Informe del Senado descarta golpe de Estado en Bolivia el 26 de junio de 2024 se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Ríos detalló que el combate a las organizaciones ilícitas es una prioridad nacional. En este contexto, subrayó que las acciones deben ejecutarse conforme a la ley, con la coordinación entre instituciones y el principio de responsabilidad compartida. Además, destacó que la preservación de la vida debe ser un eje central en cualquier estrategia de seguridad, ya que ningún operativo debe poner en riesgo a la población civil.

El narcotráfico y su impacto

El ministro recordó que el narcotráfico es una amenaza que trasciende fronteras y afecta a múltiples países. Por esta razón, insistió en que las respuestas deben ser conjuntas y equilibradas, de modo que se fortalezcan los mecanismos de cooperación entre los Estados. También resaltó que este trabajo no debe generar estigmatización ni persecución injusta hacia la ciudadanía, sino que debe garantizar su protección.

Solidaridad con Brasil

Ríos también expresó su solidaridad con la población brasileña tras los recientes eventos ocurridos en Río de Janeiro, donde un operativo policial contra la banda Comando Vermelho dejó más de 100 fallecidos. Consideró que situaciones como esta evidencian la urgencia de actuar con prudencia, ya que “las organizaciones criminales ponen en riesgo a la sociedad, pero su combate no puede poner en riesgo la vida de la población”.

Cooperación internacional

Finalmente, el ministro sostuvo que el crimen organizado y el tráfico de drogas no deben ser utilizados como justificación para intervenciones militares o para vulnerar la soberanía de otros países. Aclaró que la cooperación internacional debe ser el camino para enfrentar los desafíos comunes, siempre bajo el respeto mutuo y la defensa de los derechos humanos.

LDVY

La entrada Gobierno reafirma la política de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Los titulares de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, y de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, han calificado esta idea como un “grave error” y un “error tremendo” que podría poner en riesgo pilares esenciales del Estado.

El ministro Yamil Flores, de Desarrollo Rural y Tierras, fue claro al referirse a la posible eliminación de su cartera, calificándola de “error tremendo”. Argumentó que esta decisión impactaría directamente en la producción y el abastecimiento nacional, según reportó Correo Del Sur.

Impacto en la producción nacional

Flores enfatizó que la eliminación de su ministerio dejaría sin apoyo técnico ni financiero a cerca de 1 millón de familias que, a través de 19 programas productivos, “garantizan el alimento y la canasta familiar de las áreas urbanas”.

Además, recordó que su cartera tiene comprometidos aproximadamente Bs 650 millones en programas destinados a fortalecer la producción de arroz, maíz y soya, así como a impulsar la industrialización agrícola.

El ministro también destacó que el trabajo de su ministerio ha permitido que Bolivia “deje de depender de importaciones para la canasta básica”, logrando no importar más arroz, maíz ni verduras.

Silencio de organizaciones campesinas

Flores lamentó el “silencio” de las organizaciones campesinas y de los más de 320 alcaldes con los que colabora, instándolos a pronunciarse, ya que serían los más afectados por esta decisión.

Defensa del agua y derechos humanos

Por su parte, el ministro Álvaro Ruiz, de Medio Ambiente y Agua, advirtió que eliminar su cartera equivaldría a “retroceder en derechos fundamentales” y debilitar la soberanía nacional, según reportó la agencia ABI.

Ruiz recordó que su ministerio fue creado para “defender el agua como derecho humano y bien común” ante los intentos de privatización. En el contexto de la crisis climática global, su existencia es más necesaria que nunca.

El ministro subrayó que su institución es clave para la economía, ya que gestiona recursos internacionales y tiene la capacidad de captar fondos externos para proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Advertencias sobre la soberanía

La advertencia final de Ruiz fue contundente: suprimir estas instituciones significaría “debilitar la soberanía sobre el agua, la tierra y la vida misma”.

Tanto Ruiz como Flores coincidieron en que es posible discutir reestructuraciones o ajustes administrativos dentro de sus carteras, siempre y cuando no se contemple la eliminación total. “Mínimamente se pueden hacer ajustes, pero eliminarlo sería un gran error”, concluyó Flores.

La entrada Actuales autoridades consideran que sería un error reducir ministerios se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Las cárceles bolivianas guardan historias de encierro más allá de los barrotes. A la falta de espacio, higiene y seguridad se suma un problema que pasa inadvertido: la ausencia casi total de atención psicológica para las personas privadas de libertad.

Mientras el Estado mantiene a más de 33.000 personas privadas de libertad, apenas tres psiquiatras y 22 psicólogos intentan cubrir una demanda que supera cualquier límite posible. La consecuencia es un sistema colapsado, donde el encierro agrava enfermedades mentales, multiplica los riesgos de suicidio y reduce las posibilidades de volver a la sociedad con dignidad.

UNA CRISIS QUE ASFIXIA AL SISTEMA PENITENCIARIO

De acuerdo con el informe “Alerta temprana sobre la situación penitenciaria en Bolivia”, elaborado por la Defensoría del Pueblo a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2025), el país enfrenta un hacinamiento superior al 105 por ciento (%). A julio de 2025, la población penitenciaria alcanzaba las 33.058 personas, de las cuales el 55,9% se encontraba en detención preventiva. Este uso excesivo de la prisión preventiva, advierte la Defensoría, es una de las principales causas de la sobrepoblación y refleja fallas estructurales en el sistema judicial.

El mismo informe revela un panorama crítico: existen apenas 45 médicos, 16 odontólogos, tres psiquiatras y 22 psicólogos para toda la población penitenciaria. Esta escasez de personal especializado impide brindar atención adecuada a los internos, que viven en condiciones precarias de salud física y mental. Las cifras son alarmantes: el 90,64% de las muertes en custodia son por enfermedad, muchas de ellas prevenibles si se contara con atención oportuna.

La situación en Oruro ejemplifica la magnitud del problema. La directora Departamental de Régimen Penitenciario, Benigna Paredes, informó a LA PATRIA que el penal de San Pedro alberga 1.712 personas privadas de libertad, de las cuales unas 600 permanecen con detención preventiva, mientras que en el centro penitenciario femenino de La Merced hay 260 mujeres, el 10% también sin sentencia.

“Tenemos un médico, un odontólogo y una psicóloga del régimen penitenciario que atienden ambos centros. Además, alrededor de 20 personas entre pasantes, voluntarios y personal de apoyo colaboran en las áreas de salud, trabajo social y educación”, explicó.

La funcionaria admitió que los recursos son insuficientes. “No contamos con psiquiatra ni con psicólogos forenses. Tampoco existen lugares de rehabilitación para personas con drogodependencia o problemas psiquiátricos”, señaló. El trabajo psicológico se enfoca en terapias grupales y talleres ocupacionales, pero no logra abarcar a todos. “Sería bueno clasificar a los internos según su estado psicológico o tipo de trastorno, pero el hacinamiento no lo permite. En el futuro, con más infraestructura, esto debería considerarse”, añadió.

VOCES DESDE DENTRO: LA MIRADA DE LOS VOLUNTARIOS

Para Elina Carretero, voluntaria de la Pastoral Carcelaria del Obispado de Oruro, la situación que describe Paredes tiene un rostro humano visible todos los días. Ella lleva más de tres décadas acompañando a los internos de San Pedro y La Merced, brindando apoyo educativo y espiritual. “Desde que empezamos, hemos visto cómo los talleres de trabajo se han convertido en celdas. El espacio se redujo a tal punto que ya no hay lugar para respirar”, relató.

Carretero, abogada y educadora, considera que el problema va más allá del encierro físico. “Muchos de los privados de libertad son víctimas de la mala administración de la justicia. En Bolivia, la justicia no castiga la culpa, castiga la pobreza”, afirmó en una entrevista con LA PATRIA.

Según su testimonio, la falta de clasificación de delitos y el ingreso de jóvenes sin condena agravan el trauma psicológico. “Los que entran por primera vez, especialmente los jóvenes, sufren un impacto profundo. Son mezclados con reos peligrosos y salen peor de lo que entraron”, indicó.

La voluntaria también denunció las carencias estructurales en los penales: “Hay un psicólogo, una trabajadora social y un médico para cientos de personas. Es imposible que todos sean atendidos adecuadamente”.

A través de la pastoral, Carretero y un equipo de 18 voluntarios impulsaron espacios que hoy son fundamentales para la rehabilitación: la carpintería, la serigrafía y la biblioteca nacieron como proyectos voluntarios. “Ofrecemos cursos cortos, enseñanza de lengua quechua y talleres jurídicos. También acompañamos a las familias, aunque no logramos abarcar a todos. Nos preocupa mucho la salud mental de los jóvenes, muchos de los cuales, al salir, caen en adicciones o terminan en la calle”, contó.

Uno de esos casos la marcó profundamente. “Un muchacho entró a los 20 años por una acusación injusta. Salió a los 27, con un trauma tan fuerte que hoy vive alcoholizado, tirado en la calle Bolívar. Es el reflejo del daño psicológico que causa el sistema”, relató.

EL DETERIORO INVISIBLE

La psicóloga Yoselin Ponce, quien trabajó en el penal de San Pedro de La Paz, explicó que el encierro constante genera “hipervigilancia y tensión permanente”. Los internos desarrollan ansiedad, depresión severa, ataques de pánico e incluso conductas autolesivas. “La invasión del espacio personal y la falta de intimidad incrementan la irritabilidad y la violencia. En un ambiente donde nadie confía en nadie, la mente colapsa”, señaló.

Ponce advirtió que sin intervención psicológica el daño es irreversible. “Muchos internos desarrollan lo que se llama dependencia institucional. Al salir, no logran adaptarse a la libertad, necesitan que alguien los supervise o decida por ellos”. Si bien en Bolivia existen programas estatales de acompañamiento psicológico postpenitenciario, su implementación depende en gran medida del apoyo de organizaciones no gubernamentales y aún enfrenta limitaciones estructurales.

El informe de la Defensoría del Pueblo confirma que la sobrepoblación impide garantizar condiciones mínimas de dignidad y atención. La escasez de personal especializado, sumada a la falta de protocolos de evaluación psicológica, ha derivado en una desatención generalizada.

ENTRE LA REHABILITACIÓN Y EL ABANDONO

A pesar de las carencias, algunos centros penitenciarios intentan mantener programas educativos. Paredes explicó que “cada año entre 15 y 20 internos logran titularse como bachilleres con apoyo de la ONG Nueva Esperanza. Actualmente 11 estudian Derecho de forma virtual con la Universidad Autónoma del Beni”. En La Merced se reactivó un invernadero con apoyo de la Universidad Técnica de Oruro, lo que permite capacitar a las internas en producción agrícola.

Estos avances, sin embargo, no alcanzan. “El Estado debería garantizar más espacio, personal y programas de rehabilitación”, sostuvo Paredes. Las cárceles bolivianas siguen siendo más punitivas que preventivas, y los programas de reinserción apenas logran sostenerse con recursos limitados.

La voluntaria Carretero reconoció que existen esfuerzos institucionales, pero insuficientes: “Hay buena voluntad, pero el penal tenía capacidad para 300 personas y hoy sobrepasa las mil. Aunque hay talleres de carpintería o marroquinería, son pocos los que pueden acceder. Dentro del penal, el dinero sigue marcando diferencias: quien puede pagar obtiene una mejor celda o atención, y quien no, queda relegado”.

CORRUPCIÓN Y DESIGUALDAD TRAS LOS MUROS

Carretero también denunció irregularidades que, según ella, son parte del sistema. “Los internos deben pagar para salir a una audiencia o incluso para acceder a una celda. Nosotros sabemos que muchas familias pagan sumas extraoficiales por mejores condiciones. Quien tiene dinero vive mejor dentro del penal”, afirmó.

Esta afirmación refleja un patrón que la Defensoría ha documentado en años anteriores: la desigualdad económica dentro de las cárceles genera jerarquías informales y refuerza la exclusión social. Los más pobres, que no pueden pagar por espacio o defensa legal, son quienes permanecen más tiempo tras las rejas.

Sin embargo, el problema no es solo numérico. Según la psicóloga Ponce, los profesionales en salud mental carecen de reconocimiento legal dentro del sistema estatal. Aclaró que trabajó en el penal de San Pedro de La Paz debido a un convenio entre el centro penitencio y el Colegio Nacional de Psicólogos.

“Los psicólogos no cuentan con ítems propios y muchas veces figuran como personal administrativo”, señaló. El Colegio Nacional de Psicólogos de Bolivia impulsa desde 2020 un proyecto de ley sobre el ejercicio profesional de la Psicología, aprobada por el Senado, pero rechazada recientemente por la Cámara de Diputados, lo que retrasa su aplicación.

MEDIDAS PALIATIVAS: EL INDULTO PRESIDENCIAL

En un intento por aliviar la sobrepoblación, el Gobierno promulgó recientemente un decreto presidencial de indulto. El director nacional de Régimen Penitencia, Juan Carlos Limpias, considero que el indito beneficiara a aproximadamente 5.000 privados de libertad.

Paredes informó que en Oruro beneficiará a entre 400 y 500 internos del penal de San Pedro y a cerca del 50% de las mujeres en La Merced. “El indulto va a descongestionar los penales, pero no resuelve las causas del hacinamiento”, aclaró.

La funcionaria propuso aprobar proyectos de ley complementarios, como el uso de manillas electrónicas, la ampliación de la libertad condicional y la modificación de la Ley 2298, que regula la ejecución penal. Estas medidas, junto con una mejor infraestructura y más personal especializado, podrían reducir la presión sobre el sistema penitenciario.

LECCIONES DEL EXTERIOR

El problema de salud mental en cárceles no es exclusivo de Bolivia, pero las diferencias en la respuesta estatal son evidentes. Un estudio publicado en 2024 en la revista The Lancet, titulado “Incidencia mundial de suicidios en prisión: una revisión sistemática con análisis de meta-regresión”, realizado por investigadores de Chile, Reino Unido y la Universidad de Oxford, reveló que Bolivia posee una de las tasas de suicidio más altas de Latinoamérica: 442 casos por cada 100.000 internos, muy por encima del promedio regional.

El psiquiatra chileno Adrián Mundt, coautor del estudio, explicó que el riesgo de suicidio aumenta cuando no existe intervención psicológica ni clasificación adecuada de los internos. Según explicó la psicóloga Ponce, en países como Estados Unidos, los acusados son sometidos a evaluaciones psicológicas antes de recibir sentencia, lo que permite distinguir a quienes padecen trastornos mentales graves y derivarlos a instituciones especializadas.

Para Ponce, Bolivia debería adoptar políticas similares. “Si se demuestra clínicamente que una persona tiene un trastorno mental, debe ser enviada a otro sistema. En nuestro país eso no ocurre, y se mezclan entre personas con problemas psicológicos con reos comunes, lo que representa un gran riesgo como generar violencia”, advirtió.

En América Latina existen ejemplos alentadores. En Chile y Uruguay, la implementación de programas de tamizaje psicológico, control de medicación y seguimiento terapéutico postliberación ha reducido los índices de violencia y reincidencia, según reportes de las dependencias gubernamentales de estos países.

Los programas en estos países, según indican la administración de los mismos, incluyen entrevistas clínicas obligatorias y la derivación de casos críticos a hospitales psiquiátricos. En Bolivia, estos procesos aún dependen de convenios universitarios y de esfuerzos voluntarios, sin respaldo sostenido del Estado.

HACIA UNA POLÍTICA PENITENCIARIA HUMANIZADA

Los informes coinciden en que las cárceles bolivianas carecen de un enfoque integral de salud mental. La Defensoría del Pueblo propone medidas concretas: aplicar alternativas a la detención preventiva, aumentar los programas de reinserción social y garantizar mayor personal médico, incluyendo especialistas en salud mental.

Ponce sostiene que la clave está en incorporar evaluaciones psicológicas antes, durante y después del proceso judicial. Por su parte, Carretero, desde su experiencia pastoral, cree que la rehabilitación solo será posible cuando se recupere la dimensión humana del sistema penitenciario. “No todo en la cárcel es malo. Existe mucha solidaridad entre los privados de libertad, pero esa humanidad se pierde cuando las instituciones los abandonan”, reflexionó.

UNA DEUDA PENDIENTE CON LA SALUD MENTAL

Las conclusiones de los informes y testimonios son claras: el hacinamiento y la falta de atención psicológica no solo vulneran derechos humanos, sino que perpetúan un ciclo de exclusión. Sin atención integral, los internos salen de las cárceles con heridas invisibles que la sociedad no sabe curar.

A medida que el país intenta aliviar la sobrepoblación mediante indultos o convenios temporales, la verdadera tarea pendiente sigue siendo la más profunda: sanar las mentes que el encierro enferma.

Porque una justicia que encierra sin curar no rehabilita; solo repite el castigo una y otra vez.

/LA PATRIA intentó ingresar a los penales de San Pedro y La Merced; sin embargo, las autoridades competentes denegaron el permiso argumentando que el acceso resultaba complejo por la resistencia de algunos internos a ser grabados y por la falta de garantías de seguridad para el personal periodístico dentro de los recintos.

La entrada Entre muros y silencios: la salud mental olvidada en las cárceles de Bolivia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El informe fue presentado en Londres, donde estuvieron presentes líderes indígenas y el actor estadounidense Richard Gere. Durante el evento, se subrayó la urgencia de proteger a estos pueblos frente a diversas amenazas, como la tala de árboles, la minería, la expansión de la agroindustria y la construcción de infraestructura. Gere expresó su indignación por la historia de abusos cometidos contra estas comunidades, calificando esos hechos como “erróneos, crueles e innecesarios”.

Sobrevivencia de los pueblos indígenas

Según la investigación, los pueblos en aislamiento sobreviven gracias a sus conocimientos del entorno. Prosperan únicamente cuando se respetan sus derechos y se protegen sus territorios. Aunque estos grupos son conscientes de la existencia de otras comunidades, prefieren evitar el contacto con el mundo exterior.

Concentración geográfica

La mayor concentración de estas comunidades se localiza en la Amazonía, especialmente en Brasil, que alberga 124 grupos. Le siguen Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Otros pueblos viven en áreas remotas del Chaco, Indonesia, Papúa Occidental y las islas de Andaman y Nicobar.

Riesgos identificados

Entre los riesgos que enfrentan estos pueblos, la tala de árboles amenaza al 65 % de los grupos. La minería afecta al 40 %, mientras que la ganadería y otros proyectos agroindustriales también representan un peligro. Además, la construcción de carreteras, puertos y ferrocarriles pone en riesgo a 38 comunidades. Las bandas criminales, misioneros e influencers que buscan el primer contacto son amenazas crecientes para estos pueblos.

Recomendaciones de Survival International

Survival International instó a los gobiernos a garantizar la protección legal de estas comunidades y a sancionar a quienes violen sus derechos. También recomendó que las empresas reconozcan sus territorios y aseguren que sus cadenas de suministro no involucren materiales provenientes de estas tierras.

LDVY

La entrada Indígenas en aislamiento: 196 grupos podrían desaparecer en la próxima década se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Se ha informado que los pagos ilícitos estarían relacionados con trámites internos importantes, como los cambios de destino y la autorización de vacaciones. Esta información fue proporcionada por el medio Correo Del Sur.

Reinaldo Valdez, quien es representante de la Asamblea, indicó que los denunciantes afirman que “al interior del Comando departamental estaría habiendo algunos cobros irregulares por el tema de cambio de destino, es decir, de una unidad a otra unidad”.

Autorización de vacaciones

Además, según un reporte de radio Frontera de la red Erbol, se han reportado cobros ilegales para la autorización de vacaciones. Este derecho fundamental está reconocido tanto por la Constitución Política del Estado como por las leyes laborales vigentes.

Seguimiento a las denuncias

Valdez anunció que la institución de Derechos Humanos comenzará un seguimiento a estas denuncias. El objetivo es verificar si el comandante departamental de la Policía tenía conocimiento de estos hechos.

“Como institución de derechos humanos haremos el seguimiento correspondiente, porque se trata de derechos fundamentales que deben ser respetados”, afirmó Valdez. También exigió una investigación sobre estos presuntos actos de corrupción en la entidad del orden.

La entrada Denuncian cobros irregulares en Comando Policial de Pando por cambios de destino y vacaciones se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Agustín fue absuelto de un crimen que no cometió gracias a una prueba de ADN que demostró su inocencia, y ahora su única meta es volver a su natal Achacachi para recuperar su vida en el agro.

“Me han acusado con mentiras. Yo soy inocente. No cometí ningún delito”, afirmó Agustín en aymara tras recuperar su libertad este viernes. Fue recibido por activistas y abogados que lucharon incansablemente por su caso, según reporte de Unitel.

Agustín fue aprehendido en marzo de 2024 por una supuesta violación que, según la denuncia, ocurrió en 2022. La persona que lo acusó aseguró que Agustín embarazó a la presunta víctima, cuyo bebé falleció seis meses después.

El abogado de Agustín, Rodolfo Riveros, explicó que una prueba de ADN fue la clave que probó la inocencia del adulto mayor. “La justicia ha determinado libertad pura y simple, inocencia y acusación de denuncia falsa”, afirmó Riveros.

Un factor agravante en el proceso fue la barrera idiomática: Agustín habla aymara y no castellano. Esta situación impidió su participación adecuada en muchos actos investigativos, obligándolo a firmar documentos sin plena comprensión.

El abogado Riveros anunció que buscarán que se resarza el daño sufrido, tanto por parte de la persona que impulsó la falsa denuncia, como de los funcionarios que no cumplieron con su deber en la investigación.

Además, se descubrió graves antecedentes de la denunciante: La mujer que inició la falsa acusación está supuestamente vinculada a otros dos casos de violación en Achacachi, utilizando a la misma víctima.

También existen datos de que esta persona tiene vínculos con un caso de trata y tráfico en El Alto, además de tener familiares acusados de presuntos delitos de falsificación de documentos.

Virginia Ugarte, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, aseguró que brindarán ayuda temporal a Agustín, ya que no tiene dónde quedarse ni dormir.

Por otro lado, la APDH también pedirá la sanción de todos los fiscales, funcionarios y trabajadores que no atendieron al acusado en su idioma nativo, vulnerando sus derechos.

La entrada Hombre de 73 años sale de la cárcel después de 19 meses tras comprobarse falsa denuncia de violación se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Este pedido se formalizó a través de una carta que destaca la extrema vulnerabilidad de estos menores. En la misiva, se solicita que la norma sea tratada el martes 14 de octubre.

La carta, firmada por Mercedes Cortez, quien es parte de la comisión legal de la alianza, recuerda que el proyecto de ley ya fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos el pasado 6 de octubre.

La situación de los huérfanos

La Alianza señala que la ola de feminicidios que se desató tras la aprobación de la Ley 348 ha dejado al menos 1.600 niños y adolescentes huérfanos. Esta alarmante cifra lleva a la organización a afirmar que el Estado, el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tienen “una deuda histórica con ellos”.

En la carta se enfatiza que “los derechos de estos niños tan vulnerables no pueden esperar”. Se menciona que el hambre, la sed y el dolor que sufren estos menores no serán atendidos adecuadamente si la normativa boliviana no crea las condiciones y mecanismos necesarios para reparar el daño que ya han padecido.

Objetivos del proyecto de ley

El proyecto de ley integral tiene como objetivo principal establecer las condiciones y mecanismos para reparar el daño causado a los huérfanos. Si se aprueba, esta normativa permitirá gestionar terapias psicológicas y apoyo emocional, así como garantizar alimentación y sustento.

Además, se busca asegurar el acceso a la educación y realizar diversas gestiones en favor de los derechos de estos niños y adolescentes. La aprobación de esta ley es crucial para brindarles el apoyo que tanto necesitan.

La entrada Urgen a diputados tratar Ley Integral para 1.600 huérfanos de feminicidio se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La propuesta incluye mecanismos de compensación que no solo son de carácter económico, sino que también abarcan aspectos médicos y sociales. Esto está dirigido a quienes han sufrido vulneraciones a sus derechos humanos.

Burgos destacó que la norma tiene como objetivo atender a las víctimas, tanto directas como indirectas. Esto incluye a los familiares de personas fallecidas, aquellos que han sufrido secuelas físicas y psicológicas, así como a quienes han perdido movilidad debido a los eventos ocurridos en ese periodo. Sin embargo, el legislador aclaró que el contenido de la ley es general y no especifica un número concreto de beneficiarios ni montos económicos definidos.

Detalles sobre la implementación

“No es un tema netamente económico que les va a llegar. En muchos casos será a través de los centros de salud, y en otros, de forma directa. La reglamentación que se elaborará junto a la comisión biministerial y los afectados definirá los procedimientos”, explicó el legislador.

En relación al bono que se entregó en 2020 a algunas familias, Burgos aclaró que ese beneficio estaba dirigido únicamente a casos con hechos directos comprobados. La nueva ley, en cambio, contempla una evaluación más amplia, con equipos de profesionales que identificarán todos los casos registrados en el país.

Vigencia de la normativa

Cuando se le preguntó sobre la vigencia de esta normativa ante un posible cambio de gobierno, Burgos indicó que su responsabilidad es legislar de acuerdo a la realidad actual. Agregó que los próximos gobiernos deberán actuar en consecuencia. “Nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde. Luego, cada administración tendrá que dar cumplimiento a las leyes vigentes”, afirmó.

Tratamiento de otras leyes

En la misma jornada legislativa, se tenía previsto discutir la ley para la elección de vocales del Órgano Electoral Plurinacional. Burgos reconoció que existen observaciones sobre el procedimiento en el Senado y que se están analizando mecanismos legales para corregir posibles irregularidades.

Asistencia parlamentaria

Respecto a la asistencia parlamentaria, el legislador admitió que el reglamento actual permite licencias amplias por invitación de organizaciones sociales o autoridades locales. Sin embargo, aseguró que el quórum se mantiene en todas las sesiones. “Siempre cuidamos el margen del quórum respectivo. En unas sesiones hay 120, en otras 100, pero el quórum está garantizado”, afirmó.

Situación de Franklin Flores

Consultado sobre la situación del exgerente de Emapa, Franklin Flores, quien recibió detención domiciliaria por un caso de presunta corrupción, Burgos sostuvo que se debe respetar la independencia del Órgano Judicial. Agregó que, a excepción de delitos graves como narcotráfico, violencia sexual o familiar, las detenciones preventivas deben aplicarse solo cuando estén justificadas por la norma.

La entrada Diputado Burgos defiende ley de resarcimiento para víctimas de la crisis de 2019 se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Galindo expresó sus opiniones durante su participación en el programa No Mentirás, que se transmite por la red RTP. La fundadora del colectivo Mujeres Creando subrayó que la propuesta del frente de Quiroga y Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre, de restablecer relaciones diplomáticas con Israel debe ser parte del debate electoral en Bolivia.

Según Galindo, esta postura no es un tema externo o lejano, sino que está íntimamente relacionada con decisiones clave que el país debe enfrentar. “El frente de Tuto Quiroga ha manifestado de forma explícita su deseo de reanudar relaciones con Israel, mientras en el mundo entero se condena a Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estamos presenciando un genocidio”, afirmó Galindo en el programa televisivo.

Flotilla humanitaria bloqueada

La activista también mencionó el caso de la flotilla humanitaria Global Sumud, que está compuesta por más de 200 activistas de 40 países. Esta flotilla fue bloqueada por fuerzas israelíes cuando intentaba entregar alimentos y medicinas a la población de Gaza. Galindo consideró que este incidente agrava la crisis humanitaria y obliga a los políticos a tomar una postura clara frente a estos acontecimientos.

“Israel ha impedido que llegue ayuda humanitaria. Y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con las elecciones en Bolivia? Tiene todo que ver. Porque mientras países democráticos están cuestionando a Netanyahu, aquí tenemos a un candidato que respalda sin cuestionar este accionar”, sostuvo Galindo.

Postura de Quiroga criticada

En sus declaraciones, Galindo calificó la postura de Quiroga como “servil” y “beligerante”. También señaló que su alineación con gobiernos como el de Estados Unidos o el de Javier Milei en Argentina contradice los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, que define a Bolivia como un país pacifista.

“Nuestra Constitución condena toda acción bélica y toda violación a los derechos humanos. ¿Cómo puede un candidato justificar las acciones del gobierno israelí mientras critica con dureza a Venezuela? Esa doble moral es inadmisible”, indicó Galindo.

Impacto del conflicto en Gaza

De acuerdo con informes de la ONU y organizaciones de derechos humanos, más de 61,000 personas han muerto en Gaza desde que el conflicto se intensificó en octubre de 2023. La mayoría de las víctimas son civiles, incluidos niños, mujeres y personas mayores. Además, se han reportado severas restricciones al ingreso de ayuda humanitaria, lo que ha sido denunciado como una violación del derecho internacional.

En octubre de 2023, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel. Posteriormente, durante la Asamblea General de la ONU, el presidente Luis Arce calificó los hechos ocurridos en Gaza como un genocidio. Reiteró el compromiso de su gobierno con una política exterior que defiende los derechos humanos y muestra solidaridad con los pueblos que han sido históricamente afectados por conflictos armados.

La entrada María Galindo cuestiona postura de Jorge Quiroga sobre Israel se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El Presidente Luis Arce se pronunció tras la interceptación, en aguas internacionales del Mediterráneo oriental, de varias de las 45 embarcaciones que conformaban la flotilla.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario boliviano calificó la acción como un “acto de violencia inaceptable” ejecutado bajo la responsabilidad del primer ministro Benjamín Netanyahu, lo que a su juicio “constituye una flagrante violación del Derecho Internacional y un atropello a la dignidad humana”.

Arce no dudó en denunciar “ante el mundo la política de terrorismo de Estado que Netanyahu impulsa contra un pueblo que sufre el asedio, el hambre, la ocupación y el exterminio”.

La Flotilla Sumud, integrada por civiles de distintas nacionalidades, fue asaltada mientras se dirigía a Gaza con alimentos y medicinas. La Comisión Colombia en el Movimiento Global a Palestina, por su parte, denunció a través de Telesur la interceptación del barco HIO en aguas internacionales.

Testimonios en vivo, como el transmitido por Telesur con Néstor Prieto, un integrante de la expedición, se cortaron abruptamente tras confirmarse la detención y el asalto a la nave “Alba”.

Bolivia argumentó que ninguna excusa puede justificar el ataque contra personas desarmadas cuya única misión era llevar ayuda esencial. Arce cuestionó la “absoluta indiferencia e impunidad del régimen israelí hacia la vida de inocentes y la legalidad internacional”.

Por ello, el jefe de Estado hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los “pueblos libres del mundo” a levantar una voz firme de condena y movilización contra “esta nueva barbarie”.

Bolivia ratificó su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la autodeterminación de los pueblos, concluyendo con una firme advertencia: “El silencio es complicidad: hoy más que nunca la humanidad debe estar del lado de la justicia y la vida”.

La entrada Bolivia condena agresión israelí contra flotilla humanitaria en Gaza se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

De acuerdo con la convocatoria publicada el martes 30 de septiembre, la sesión plenaria comenzará a las 09:00 horas. Uno de los temas principales será el análisis de dos proyectos de ley que buscan declarar como prioridad nacional la incorporación de nuevos tramos carreteros a la Red Vial Fundamental.

Proyectos de infraestructura vial

El primer proyecto propone la inclusión del tramo Cruce Padcoyo–San Lucas, que conecta los departamentos de Chuquisaca y Potosí. Además, se considerarán los trayectos Qhalapaya–Suchina–Cruce Turuchipa. El segundo proyecto tiene como objetivo priorizar la vinculación vial entre La Palca, Lintaca, Cotagaita, Atocha, Cruce Julaca y Colcha “K”, uniendo nuevamente los departamentos mencionados.

Iniciativas culturales y patrimoniales

Además de los proyectos relacionados con la infraestructura vial, el pleno también analizará iniciativas que buscan proteger y promover el patrimonio cultural. Entre estas se encuentra la propuesta para declarar el “Día Nacional de la Danza La Kullawada”. También se discutirá la declaratoria como patrimonio cultural material e histórico de las locomotoras y vagones del Cementerio de Trenes de Uyuni, ubicado en el departamento de Potosí.

Otro tema que se evaluará es el proyecto que reconoce a la música y danza del “Huayño Salineño”, del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas, en Oruro, como patrimonio inmaterial del Estado.

Derechos humanos y protección tecnológica

En el orden del día también se incluye el análisis del proyecto de ley de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, cometidos durante rupturas del orden constitucional. Además, se presentará una propuesta para otorgar protección estatal a las edificaciones tecnológicas y a la investigación nuclear desarrollada por la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, considerándolas patrimonio científico-tecnológico del Estado.

La sesión concluirá con la revisión de asuntos en mesa. Sandro Ramírez, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), confirmó la convocatoria. “Tenemos para mañana una sesión y esperemos que, como las semanas pasadas, hemos tenido sesiones de dos días, concluyan. Hay varios proyectos de ley que se deben concluir y se debe dar la satisfacción a la población boliviana”, expresó Ramírez.

La entrada Diputados tratarán este miércoles proyectos de ley carreteros y declaratorias patrimoniales se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Además, Lero criticó los pactos políticos actuales y alertó sobre un supuesto encubrimiento de hechos de corrupción que involucran a autoridades desde 2019.

La diputada Toribia Lero señaló al expresidente Evo Morales y su Ministerio de Gobierno como los responsables de la represión violenta ocurrida en 2011 contra indígenas del Tipnis, en lo que se conoce como la masacre de Chaparina. “Algún día se tiene que hacer justicia. Son cientos de víctimas, mujeres, hombres, niñas y niños. Les trataron peor que animales”, expresó.

Denuncias ante organismos internacionales

Lero recordó que se han presentado denuncias ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que hasta la fecha se obtenga una respuesta concreta. “Más de 36 mujeres perdieron a sus bebés. Sin embargo, a diferencia de otros casos como los de 2019, aquí no hay avances. Los pueblos indígenas seguimos siendo maltratados”, afirmó.

La diputada denunció además que el proyecto político del Estado Plurinacional fue usurpado por quienes ahora, según dijo, “descaradamente se presentan como defensores del mismo Estado que han vaciado”. Señaló que el país se encuentra en una crisis profunda: “Nos han dejado sin dólares, sin diésel, sin gasolina, sin medicamentos”.

Corrupción en el deporte indígena

En otro punto, se refirió a los presuntos actos de corrupción relacionados con el caso del deporte indígena, acusando al viceministro Gustavo Torrico de minimizar el daño económico. “Se ha constituido una comisión mixta en el Parlamento que está revelando toda esa información. Esto no es nuevo, viene desde 2019 y están implicados desde Evo Morales hasta Luis Arce Catacora”, indicó.

Lero denunció un supuesto esquema de corrupción mediante una empresa fantasma vinculada al sector de hidrocarburos. “Han puenteado recursos de YPFB para vender combustible al mismo YPFB. Fue un negocio redondo. ¿Cómo no van a encubrir eso?”, cuestionó.

Falta de justicia y detenciones

En ese sentido, criticó la falta de detención de personas presuntamente implicadas, como Armin Dorgathen, expresando que “no lo van a aprehender porque seguimos con una justicia corrupta que sirve al régimen masista”. Añadió que se está pidiendo arraigo y más investigaciones.

Respecto al funcionamiento del Legislativo, la diputada lamentó la falta de voluntad política en la Cámara de Diputados para sesionar con regularidad. “La anterior semana se aprobaron 17 proyectos en dos días. Cuando les conviene, los masistas se unen. Pero ahora hay trabas para avanzar leyes que no les benefician directamente”, señaló.

Responsabilidad en el cronograma legislativo

Finalmente, responsabilizó a la presidencia de la Cámara de Diputados por la inestabilidad en el cronograma legislativo. “La convocatoria a sesiones depende de la Presidencia. Esperemos que la próxima semana se pueda sesionar con normalidad”, concluyó.

La entrada Diputada Toribia Lero exige justicia por Chaparina a 14 años del hecho se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Un portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos declaró a la cadena británica BBC que su país trabajará para “frenar completamente cualquier intento de prohibir al equipo de fútbol de Israel participar en la Copa del Mundo”.

En este momento, Israel ocupa el tercer lugar en su grupo, empatado en puntos con Italia y con 6 puntos menos que Noruega, que lidera la tabla.

Reunión de la UEFA

El comunicado de Estados Unidos se produce pocas horas después de que el diario británico The Times informara que la UEFA planea reunirse la próxima semana para decidir si suspender o no a Israel de las competiciones internacionales. Según el informe, “la mayor parte de los miembros del comité ejecutivo está a favor de la suspensión”.

Esta misma semana, 8 expertos de la ONU, incluyendo a la relatora para Palestina, Francesca Albanese, solicitaron a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales “como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

Comparación con Rusia

Los defensores de la suspensión de Israel citan como ejemplo lo que ocurrió con Rusia, que ha sido excluida de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.

En agosto, la UEFA se pronunció en contra de la muerte de civiles, mostrando una pancarta durante la Supercopa de Europa entre Paris Saint Germain y Tottenham Hotspur, aunque no mencionó a Israel.

Reacción de Mohamed Salah

Cuando la UEFA anunció el fallecimiento del futbolista Suleiman al-Obeid, conocido como el “Pelé palestino”, Mohamed Salah criticó a la organización en redes sociales por su falta de información. “¿Podéis decirnos cómo, dónde y por qué murió?”, escribió el jugador egipcio.

Al Obeid falleció mientras se encontraba en Gaza esperando ayuda humanitaria.

Posición de los expertos de la ONU

Los expertos de la ONU aclararon que el boicot “debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales”, ya que estos no deben cargar con las consecuencias de las decisiones de su gobierno. Por lo tanto, no debe haber discriminación ni sanciones contra deportistas por su origen o nacionalidad.

Además, afirmaron que “las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado”.

EFE

La entrada Estados Unidos se opone a la expulsión de Israel del Mundial 2026 se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Arce mencionó que la comunidad internacional ya ha condenado estos hechos y recordó que Bolivia fue uno de los primeros países en romper relaciones diplomáticas con Israel tras el aumento del conflicto en Gaza. Con esta decisión, el presidente explicó que su Gobierno buscó enviar un mensaje claro de rechazo ante los crímenes de guerra que afectan a la población civil palestina.

“Bolivia no va a permitir ese tipo de situaciones”, afirmó Arce. Además, agregó que esta postura no depende únicamente de su mandato, sino que debe consolidarse como una política de Estado. En este sentido, reiteró: “Esperamos que la posición de Bolivia sobre el enclave palestino se mantenga incluso con el cambio de Gobierno”, subrayando que se trata de una decisión basada en la defensa de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos.

Contexto del conflicto

La decisión de cortar relaciones con Israel se tomó en octubre de 2023, en medio de una ofensiva militar que dejó miles de víctimas civiles, incluidas mujeres y niños. Esta acción generó críticas de organismos internacionales y de gobiernos del Sur Global, que denunciaron el impacto humanitario de los ataques.

Exigencias del Gobierno boliviano

Arce añadió que su país se unió a la condena internacional y que su Gobierno exige el cese de los bombardeos, el respeto al derecho internacional humanitario y el reconocimiento del Estado palestino. Además, recordó que la política exterior boliviana ha mantenido desde hace años un enfoque solidario con el pueblo palestino, en línea con una visión multipolar y con la defensa de los pueblos históricamente oprimidos.

LDVY

La entrada Arce califica como “genocidio” los ataques en Gaza y reafirma la postura de Bolivia ante Israel se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El lema para el año 2025 es: “Sin lenguas de signos no hay derechos humanos”. Desde su nacimiento, todas las personas tienen un derecho inherente a los derechos humanos. Para las personas sordas, el derecho a utilizar lenguas de señas es fundamental para disfrutar plenamente de sus derechos humanos, tal como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Convención de la ONU

A medida que se acerca el vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en diciembre de 2006, se hace un llamado a mejorar la aplicación de esta Convención a nivel nacional. Esto se debe a la necesidad de asegurar los derechos humanos lingüísticos de las personas sordas. Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 70 millones de personas sordas en el mundo, y más del 80 por ciento de ellas vive en países en desarrollo, utilizando más de 300 lenguas de señas diferentes.

Reconocimiento de las lenguas de señas

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas. Establece que estas lenguas tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los estados partes a facilitar el aprendizaje y promover la identidad lingüística dentro de la comunidad sorda. La Asamblea General proclamó, mediante la resolución A/72/439, el 23 de septiembre como el Día Internacional de las Lenguas de Señas para concienciar sobre su importancia en la realización de los derechos humanos.

Importancia del acceso a la lengua

La Asamblea también establece que el acceso temprano a la lengua de señas y a servicios en este lenguaje es vital para el crecimiento y desarrollo personal de las personas sordas. Además, resalta la importancia de preservar las lenguas como parte esencial del patrimonio cultural y lingüístico global. Asimismo, enfatiza que al trabajar con comunidades sordas debe aplicarse el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”.

Historia del Día Internacional

La propuesta para celebrar este Día se originó en 1951 con la creación de la Federación Mundial de Sordos, que agrupa a 135 asociaciones nacionales que representan a aproximadamente 70 millones de personas. La resolución A/RES/72/161 fue patrocinada por Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas, copatrocinada por 97 Estados miembros y aprobada por consenso el 19 de diciembre de 2017.

Se eligió el 23 de septiembre como la fecha conmemorativa porque marca el establecimiento histórico del movimiento sordo organizado. El primer Día Internacional se celebró en 2018 como parte de la Semana Internacional del Sordo, que comenzó en septiembre de 1958 y ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento global que crea conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas sordas.

La entrada Día Internacional de las Lenguas de Señas: un derecho humano se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Esta solicitud surge como respuesta a los ataques que los expertos califican de genocidio por parte de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Los especialistas advierten que el deporte no puede permanecer indiferente ante violaciones masivas de derechos humanos, ya que hacerlo implicaría normalizar injusticias.

El papel del deporte

En un comunicado conjunto, los relatores enfatizaron que ignorar estos abusos equivaldría a colaborar indirectamente con las violaciones. “El deporte debe rechazar la idea de que todo puede seguir igual”, afirmaron e instaron a las federaciones internacionales a asumir un rol activo frente a la crisis humanitaria y a tomar medidas contundentes.

Imperativo legal y moral

Francesca Albanese, relatora para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, destacó que existe un imperativo legal y moral para adoptar todas las medidas necesarias que permitan detener el genocidio en Gaza de manera inmediata. No actuar sería una falta grave frente a la comunidad internacional.

Los expertos recordaron que una investigación de la ONU ya catalogó los abusos cometidos en Gaza como genocidio. Además, advirtieron que ni las organizaciones deportivas ni los países que organizan competiciones pueden permanecer neutrales. La indiferencia frente a estos hechos sería una forma de avalar la violencia y socavar la justicia.

Boicot al Estado de Israel

Asimismo, indicaron que el boicot debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores, quienes “no pueden soportar las consecuencias de las decisiones que toman sus gobiernos”. Agregaron que las selecciones nacionales de Estados responsables de violaciones graves de derechos humanos pueden y deben ser suspendidas, tal como ha ocurrido en situaciones similares en el pasado.

La entrada Expertos de la ONU piden excluir a Israel del fútbol internacional se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La apertura del foro, como es tradición, comenzó con el discurso de Brasil, seguido por el del país anfitrión, Estados Unidos. A partir de ahí, los oradores se suceden según el rango jerárquico de sus cargos: presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, cancilleres y delegados.

Tema central del evento

Bajo el lema “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, los líderes mundiales hacen referencia al tema propuesto antes de centrarse en los asuntos más urgentes de sus regiones. Este año, los temas predominantes incluyen el conflicto en Gaza, la guerra en Ucrania, la crisis humanitaria en Sudán, la situación nuclear de Irán y el impacto global del cambio climático.

Conflicto en Gaza

Gaza ocupa un lugar prioritario en la agenda. El prolongado enfrentamiento entre Israel y Hamas, que está a punto de cumplir 2 años, ha derivado en un colapso de los servicios básicos y un riesgo creciente de hambruna. Se espera en los próximos días la intervención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, participará por videoconferencia, ya que no obtuvo el visado de ingreso a Estados Unidos.

Apoyo a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, también estará presente en busca de apoyo internacional frente a la ofensiva rusa. Por parte de Rusia, será el canciller Serguéi Lavrov quien hable el sábado, con un mensaje centrado en el impacto de las sanciones internacionales y las implicancias del conflicto a escala global.

Situación de Irán

La situación con Irán será otro punto sensible. El presidente Masoud Pezeshkian y el canciller Abbas Araqchi intentarán evitar la restauración de sanciones integrales, cuya fecha límite es el próximo 28 de septiembre de 2025. Se prevén encuentros bilaterales de último momento con potencias occidentales interesadas en mantener restricciones sobre el programa nuclear iraní.

Nueva representación de Siria

Una novedad destacada es la presencia de Ahmed al-Sharaa como nuevo representante de Siria ante la ONU. Esto ocurre tras el derrocamiento de Bashar al-Assad y la instalación de un nuevo gobierno, después de 13 años de guerra civil. Aunque Hay’at Tahrir al-Sham, el grupo encabezado por Sharaa, continúa sancionado, recibió un permiso especial para asistir por su rol en la transición siria.

Crisis en Sudán

Sudán permanece bajo la mirada internacional. Tras más de 2 años de guerra interna entre fuerzas regulares y grupos paramilitares, el país atraviesa una de las crisis de desplazamiento más graves de África. Regiones como Darfur y la ciudad de Al-Fashir son algunas de las más golpeadas.

Impacto del cambio climático

Los efectos del cambio climático serán expuestos por representantes de Estados insulares. Ellos insisten en la urgencia de reforzar los compromisos globales de reducción de emisiones y en la necesidad de financiamiento internacional para su adaptación frente al aumento del nivel del mar y fenómenos extremos.

Igualdad de género

La igualdad de género tendrá un espacio central en el marco del 30º aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. En este evento se consolidó la consigna “los derechos de las mujeres son derechos humanos”. Se anticipan mensajes que apuntan a reforzar la participación política, económica y social de las mujeres a nivel global.

Intervención de Venezuela

En cuanto a Venezuela, el canciller Yván Gil abordará la preocupación del gobierno de Nicolás Maduro por el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe. También se mencionarán las recientes incursiones contra embarcaciones vinculadas a redes criminales. Caracas considera estos hechos una amenaza directa a la estabilidad de la región.

Entidades observadoras

También está prevista la intervención de entidades con estatus de observador, como la Santa Sede, Palestina y la Unión Europea. Aunque no son miembros plenos, disponen de espacio para expresar sus posiciones ante el pleno.

Sucesión del secretario general

Al margen de los discursos, comienzan las especulaciones sobre la futura sucesión del secretario general António Guterres. Su mandato expira el 31 de diciembre de 2026. El proceso requerirá consenso entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y una votación posterior en la Asamblea General.

La entrada La ONU inicia su 80ª sesión con desafíos globales urgentes se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“No existe argumento político, religioso ni de ninguna índole que justifique la desaparición de un pueblo, tienen que parar”, exigió Sosa, según un reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Defensa de la paz y derechos humanos

La canciller hizo un llamado a sus colegas de la Celac para que asuman un papel protagónico en la defensa de la paz y los derechos humanos, desde una perspectiva humanitaria y pacifista.

Desde que comenzó la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza en octubre de 2023, más de 65,000 palestinos han perdido la vida, la mayoría de ellos mujeres y niños. Además, más de 166.000 personas han resultado heridas, según un informe de Prensa Latina.

Asamblea General de la ONU

La situación en Palestina será uno de los temas centrales en el 80° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Presidente Luis Arce intervendrá en este foro global el jueves 25 de septiembre de 2025.

Este evento es especialmente significativo, ya que también se conmemoran 80 años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Promesas de la ONU

La canciller Sosa recordó que la ONU surgió de los escombros de la Segunda Guerra Mundial con la promesa de que la humanidad no volvería a experimentar el horror de la guerra. Sin embargo, advirtió que esta promesa parece haberse desvanecido ante los conflictos actuales, la expansión de la industria militar y el aumento de la pobreza y la desigualdad.

En este contexto, Sosa subrayó que la Celac sigue siendo un espacio relevante de unidad regional, que no compite por hegemonías, sino que defiende el derecho de los pueblos a vivir en paz.

Denuncias contra Venezuela

En su intervención, Sosa también denunció las medidas de hostigamiento contra Venezuela. Indicó que la “descertificación” utilizada por Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un mecanismo de dominación e injerencia.

“Poner precio a la captura de un presidente constitucional es una afrenta a la democracia y a la soberanía. Llenar nuestros mares de buques de guerra es una acción colonialista que no podemos aceptar”, afirmó Sosa, advirtiendo que tales prácticas son intentos de recuperar influencia hegemónica en la región.

Preparación para la cumbre

Además, destacó que estos intercambios fortalecen la preparación de la región para la próxima Cumbre Celac-Unión Europea en Santa Marta. En este evento, Bolivia proyectará una voz cohesionada en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales y a toda forma de colonialismo e injerencia.

/KMMN

La entrada Canciller Sosa exige fin del conflicto en Palestina y denuncia intervención de EE. UU. se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Arce intervendrá en el 79° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. El debate general comenzará el 23 de septiembre y se extenderá hasta el 29 de septiembre. Su participación se enmarca dentro de una agenda internacional que incluye reuniones bilaterales el 24 de septiembre con líderes de Brasil, India, China, Rusia y representantes de organismos multilaterales, según lo confirmado por el vicecanciller boliviano, Elmer Catarina.

Lema del debate

Este año, el lema del debate es “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”. Esta será la última vez que Arce participe como presidente antes de concluir su mandato el 8 de noviembre de 2025.

Intervenciones anteriores

Desde que asumió la presidencia en 2020, Arce ha intervenido cada año en este foro. En 2021, su discurso se centró en la desigual distribución de vacunas durante la pandemia y abogó por el multilateralismo para enfrentar la crisis sanitaria y económica. En 2022, advirtió sobre los efectos del cambio climático y la necesidad de proteger la Amazonía.

En 2023, su intervención se enfocó en la urgencia de una reforma estructural del sistema financiero internacional y en la defensa de la soberanía de los pueblos. En 2024, abordó temas relacionados con los derechos humanos, el respeto al derecho internacional y la integración regional desde la perspectiva del sur global.

Temas del discurso 2025

Según información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el discurso de este año incluirá los avances del Proceso de Cambio. También se abordará la postura de Bolivia frente a la crisis climática, la lucha contra los incendios forestales, la promoción de los derechos humanos y la vigencia del derecho internacional.

La entrada Luis Arce se prepara para su último discurso en la ONU en representación de Bolivia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Detalles de la ley inconstitucional

Los parágrafos I y II de la Ley del PGE contenían disposiciones que otorgaban al Estado la facultad de activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos dentro de la cadena de comercialización de alimentos. El parágrafo I tenía como objetivo actuar contra aquellos que almacenaran o retuvieran productos esenciales con la intención de encarecer sus precios. Por otro lado, el parágrafo II obligaba a los actores de la cadena productiva a declarar información sobre su producción, transformación y comercialización, todo bajo el principio de confidencialidad.

Argumentos en contra de la ley

Varios argumentos llevaron a la decisión de rechazar estos parágrafos. Se alegó que existía una violación del principio de propiedad privada y seguridad jurídica. Permitir que el Estado decomisara productos sin un debido proceso podría dar lugar a abusos e inseguridad jurídica. Además, se argumentó que estas disposiciones excedían el objeto propio de una ley presupuestaria, lo que contraviene el principio de unidad de materia.

También había un temor generalizado sobre la discrecionalidad y el posible abuso en la aplicación de las normas. El parágrafo I permitía la “confiscación y/o decomiso” según el juicio estatal sobre quién “pretenda encarecer” o “retener” productos. Esto generó preocupaciones sobre su uso arbitrario como herramienta de presión. Finalmente, se argumentó que estas normas podrían infringir garantías constitucionales, como el derecho al debido proceso, y estar en contradicción con normas internacionales sobre derechos humanos respecto al derecho de propiedad.

Reacciones de los sectores productivos

Diversos sectores productivos, incluyendo empresarios, gremiales e industriales, manifestaron su preocupación por las implicaciones legales y económicas que podrían derivarse de estas disposiciones. La presión ejercida por estos grupos culminó en 9 ampliados nacionales que lograron frenar lo que consideraron un atropello contra la seguridad jurídica y la libertad económica.

La entrada TCP declara inconstitucional disposición para decomiso de mercaderia del PGE 2025 se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

En su discurso, el Papa destacó que “donde no hay justicia no puede haber tampoco un Derecho. Lo que se hace según Derecho se hace con justicia”. También afirmó: “Pero lo que se hace injustamente es imposible que sea según Derecho. Donde no hay justicia no hay Estado”, haciendo referencia a las reflexiones de San Agustín.

La justicia concreta

León XIV subrayó que “la justicia se hace concreta cuando se orienta hacia los demás, cuando a cada uno se le da lo que le corresponde, hasta alcanzar la igualdad en la dignidad y en las oportunidades entre los seres humanos”. Lamentó que existen crecientes discriminaciones cuyo primer efecto es precisamente la falta de acceso a la justicia.

Valores olvidados

El Papa instó a las personas implicadas en la Justicia a “la búsqueda o la recuperación de los valores olvidados en la convivencia, su cuidado y su respeto”. Citó “la expansión de conductas y estrategias que muestran desprecio por la vida humana desde su inicio, que niegan derechos fundamentales para la existencia personal y no respetan la conciencia de la que nacen las libertades”.

Reflexión sobre la justicia

Finalmente, pidió reflexionar sobre “tantos países y pueblos que tienen hambre y sed de justicia, porque sus condiciones de vida son tan injustas e inhumanas que resultan inaceptables”. En este contexto, enfatizó la importancia del respeto pleno por la justicia, el derecho y la dignidad de las personas.

La entrada El Papa León XIV llama a reflexionar en el Jubileo de la Justicia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Saravia explicó que en Montero también se presentaron denuncias. Recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) incluye recomendaciones dirigidas a todas las instituciones, no solo a un único órgano. “Se presentaron las denuncias y estas fueron rechazadas”, destacó, subrayando que los procesos se han tramitado dentro del marco legal vigente.

Respecto a los casos de Sacaba y Senkata, la ministra indicó que la prioridad se debió al mayor número de víctimas y al hecho de que estos casos ya estaban en etapa de juicio. Por esta razón, se concentraron los esfuerzos en avanzar con las investigaciones, lo que permitió ofrecer una respuesta más efectiva y significativa a las víctimas y sus familias.

Preocupación internacional

El pasado 12 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por las recientes decisiones judiciales que anularon los procesos contra policías y militares implicados en “graves violaciones a los derechos humanos en Sacaba y Senkata”.

En su pronunciamiento, la CIDH y ONU Derechos Humanos señalaron que “la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”. Esta situación podría comprometer el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas.

Acceso a la justicia

La ministra Saravia consideró que el comunicado busca garantizar que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz, sin hacer diferenciación entre los casos. Además, afirmó que, respetando las decisiones judiciales, se espera que los procesos no queden en la impunidad.

Crisis postelectoral de 2019

La crisis postelectoral de 2019 culminó con la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez como presidenta. Este periodo dejó decenas de muertos en distintas regiones del país. En Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) fallecieron al menos 20 personas, mientras que en Montero (Santa Cruz), en el barrio Cofadena, murieron 2, lo que evidencia el alcance de la violencia en diferentes localidades.

Archivos de casos en Montero

En septiembre de 2023, los fiscales decidieron archivar el caso que involucraba a la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, y a Sergio Veizaga Arteaga. Esta decisión se relaciona con las muertes de Marcelo Ricardo Terrazas Seleme y Mario Salvatierra Herrera en Montero.

LDVY

La entrada Ministra justifica que se priorizó casos de Senkata y Sacaba sobre hechos de Montero porque hubo más muertes se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Se sospecha que Cindy, quien ha recibido protección desde el 22 de agosto de 2025 junto a su hija y su madre, teme por su vida. Debido a las amenazas que ha recibido, ha decidido no colaborar con las autoridades bolivianas.

Yolanda Herrera, quien es vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), ha señalado que el estatus de Cindy Sarai implica que las autoridades del Ministerio Público ya no tienen acceso directo a su testimonio. Esto complica la obtención de pruebas y la continuidad del proceso judicial.

Opiniones de expertos

El abogado Alexander Kennedy también coincide con Herrera, indicando que en Argentina se le brindó protección a la joven. Ella acudió a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) debido a su temor por su vida, ya que recibió amenazas si “abría la boca”.

Hasta el momento, la Fiscalía Departamental de Tarija no se ha pronunciado sobre este caso. Un equipo de fiscales está investigando la situación tras el refugio diplomático concedido a Cindy, quien es una pieza fundamental para la investigación y el posterior proceso judicial en contra del expresidente Morales.

Derechos de la víctima

Herrera también comentó que no se puede obligar a una persona refugiada a colaborar con la justicia de su país de origen si siente que su vida o integridad están en riesgo. La decisión de colaborar dependerá de su voluntad y de las garantías que se le ofrezcan.

Además, agregó que la investigación fiscal en este tipo de delitos se basa en gran medida en la declaración de la víctima y en la recolección de indicios y pruebas que ella pueda aportar.

Antecedentes de la investigación

La Fiscalía Departamental de Tarija ha estado indagando desde octubre de 2024 sobre una denuncia contra Evo Morales. Esta denuncia alega que el expresidente mantuvo una relación presunta con Cindy cuando ella era menor de edad en 2015, de la cual nació una niña en 2016.

La entrada Refugio diplomático complica testimonio de víctima contra Evo Morales se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

David Inca, quien es el coordinador de las víctimas de octubre, hizo un llamado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSE) para que emita una nueva resolución que garantice justicia a las víctimas de estos casos. Inca subrayó que “hay este informe, existe, y si no lo cumplen, el próximo gobierno va a ser llevado ante la Comisión Interamericana, ante el Alto Comisionado como violadores de Derechos Humanos por las víctimas”.

El activista enfatizó que es esencial cumplir con el informe mencionado para asegurar que se haga justicia.

Decisiones judiciales recientes

El 25 de agosto de 2025, el Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto declaró su incompetencia para continuar con el juicio ordinario contra la expresidente Jeanine Áñez y otros jefes militares en el caso de Senkata. Solo cinco días después, el Tribunal de Sentencia de Sacaba tomó una decisión similar respecto al caso correspondiente.

Requerimientos al TSE

Inca también expresó: “Le vamos a pedir al señor Romer Saucedo y le estamos pidiendo ahorita en amparo del artículo 24 de la Constitución que de la misma manera proceda a que en 24 horas también él instruya justicia para las víctimas, porque si no lo hace significa que su circular es apócrifa”.

Responsabilidad del Gobierno

El Gobierno, a través del ministerio de Justicia, ha responsabilizado al mismo Órgano Judicial por esta situación que afecta la fe del Estado. Se indicó que fueron las entidades del Órgano del Estado las que inicialmente emitieron resoluciones constitucionales para llevar a juicio ordinario a Áñez y los acusados. Posteriormente, los tribunales decidieron que debían ser juicios de responsabilidades.

La entrada Víctimas de octubre advierten que Estado tendrá que responder ante la CIDH por juicios anulados se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Reacción de la procuraduría

En una publicación realizada la noche del 12 de septiembre de 2025 en el portal oficial de la Procuraduría General del Estado, se destacó el pronunciamiento de la CIDH y de ONU DD.HH. respecto a estas decisiones judiciales. Los organismos internacionales han alertado sobre un posible retroceso en la justicia en Bolivia.

Condori expresó que “ambas instituciones internacionales ven con mucha preocupación que el Estado boliviano no dé cumplimiento a sus recomendaciones emitidas a través del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI). Este informe concluyó que es fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz”.

Preocupación por la justicia

El procurador subrayó que “el pronunciamiento de la CIDH y ONU Derechos Humanos considera que esta anulación podría representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”. Además, mencionó que esta situación representa un obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

La declaración se centra en el respeto a las recomendaciones del GIEI, que apuntan a “la voluntad del Estado boliviano de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad”.

Declaraciones de Jeanine Áñez

En semanas recientes, la expresidente Jeanine Áñez aseguró que fue su gobierno el que solicitó la llegada del GIEI y afirmó que su informe no es vinculante. Áñez acusó a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Luis Arce de haber instruido su encarcelamiento “sin debido proceso” por motivaciones políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En sus redes sociales, Áñez escribió el 1 de septiembre de 2025 que “la Fiscalía General del Estado debía investigar a fondo los hechos de violencia de 2019 en el país, investigación que no hizo porque prefirió cumplir las instrucciones políticas de Evo Morales y de Iván Lima”.

Imparcialidad en la justicia

Por otro lado, Áñez sostuvo que “no puede haber justicia sin debido proceso”, recordando que la imparcialidad y el respeto a la jurisdicción son esenciales para que las víctimas accedan a la verdad. “No puede haber justicia sin una investigación imparcial; no puede haber justicia si no se respeta la jurisdicción y competencia; no puede pedir justicia con jueces y fiscales sometidos a un gobierno que impunemente ha sometido hasta hace poco al Órgano Judicial”, escribió en sus redes sociales.

La entrada Procuraduría expresa su preocupación por la nulidad de los procesos en casos de Sacaba y Senkata se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Preocupación por la anulación

Ambas organizaciones han expresado su inquietud respecto a la anulación de estos procesos judiciales. Advirtieron que las decisiones tomadas por los tribunales en Bolivia podrían dificultar la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Este pronunciamiento surge tras la confirmación de la Resolución Nº 211/2025, que ratificó la nulidad de los procesos relacionados con el caso de Senkata.

A finales de agosto, los jueces de El Alto y Sacaba decidieron anular los expedientes alegando supuesta incompetencia. Esta situación ha generado alarma en entidades como la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que advierte sobre el riesgo de impunidad y la posible vulneración del derecho de las víctimas a acceder rápidamente a la justicia.

Advertencias de la CIDH y ONU

La CIDH y la ONU Derechos Humanos han señalado que la anulación de los procedimientos judiciales podría representar un retroceso en la búsqueda de una justicia que sea oportuna y adecuada. Este tipo de decisiones pueden tener un impacto negativo en el proceso de justicia para las víctimas.

Los organismos internacionales recordaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia) y la propia ONU han recomendado que se realicen investigaciones que sean prontas, independientes, imparciales y efectivas. Esto es fundamental para esclarecer los hechos que resultaron en al menos 20 muertes y decenas de heridos debido al uso excesivo de la fuerza en 2019.

Instan a evitar la impunidad

Finalmente, la CIDH y la ONU instaron a las instituciones bolivianas a prevenir demoras que puedan favorecer la impunidad. También hicieron un llamado a adoptar medidas que aseguren verdad, justicia y reparación para las víctimas de estos trágicos eventos.

La entrada La CIDH y la ONU expresan preocupación por nulidad de casos Senkata y Sacaba se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El oficial de policía Shekhar Khanal fue quien anunció el número de muertos e indicó que entre los heridos había 28 policías. Las manifestaciones continuaron hasta la noche del lunes, y los manifestantes lograron atravesar el alambre de púas, obligando a la policía antidisturbios a replegarse al interior del complejo del Parlamento. La situación se mantuvo tensa, lo que llevó al gobierno a declarar un toque de queda en las áreas cercanas al Parlamento, la secretaría de gobierno, la casa presidencial y otras partes clave de la ciudad.

Heridos graves en el hospital

Siete de los muertos y decenas de heridos fueron llevados al Centro Nacional de Trauma, que es el principal hospital del país. “Muchos de ellos se encuentran en estado grave y parecen haber recibido disparos en la cabeza y el pecho”, declaró el Dr. Badri Risal. Mientras tanto, las familias esperaban afuera del hospital noticias sobre sus seres queridos, y la gente hacía fila para donar sangre. “¡Alto a la prohibición de las redes sociales, alto a la corrupción, no a las redes sociales!”, coreaba la multitud frente al Parlamento.

Bloqueo de redes sociales

Unas 20 plataformas de redes sociales ampliamente utilizadas en Nepal recibieron reiteradas notificaciones para que registraran oficialmente sus empresas en el país. Las que no se registraron han sido bloqueadas desde la semana pasada. TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y están funcionando sin interrupciones.

Esta medida se tomó después de que el gobierno enviara a debate en el Parlamento un proyecto de ley que busca garantizar que las plataformas sociales estén bien gestionadas, sean responsables y rindan cuentas. Este proyecto incluye la solicitud a las empresas para que designen una oficina o punto de enlace en el país. Sin embargo, ha sido criticado por ser una herramienta de censura dirigida a los opositores al gobierno que expresan sus protestas en línea.

Críticas de derechos humanos

Organizaciones de derechos humanos han calificado esta acción como un intento del gobierno de restringir la libertad de expresión y violar los derechos fundamentales. En 2023, Nepal prohibió TikTok por perturbar la armonía social y difundir material indecente. Esta prohibición fue levantada el año pasado tras compromisos por parte de TikTok para cumplir con las leyes locales, incluida una prohibición aprobada en 2018 sobre sitios pornográficos.

Tensión social en aumento

La situación actual refleja un contexto más amplio sobre las restricciones impuestas por el gobierno nepalí respecto a las redes sociales. Esto ha generado un clima creciente de tensión social y política en el país.

La entrada Protestas contra prohibición a redes sociales dejan 17 muertos y 145 heridos en Nepal se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La celebración del Día Internacional del Periodista ocurre en un contexto donde la represión y el riesgo son una constante para los reporteros. En diversas partes del mundo, estos profesionales enfrentan asesinatos y detenciones por el simple hecho de ejercer su labor.

La labor del periodista

El trabajo de un periodista implica investigar temas de interés. Su objetivo es contrastar y sintetizar la información para elaborar un texto que luego se hará público. Este día internacional está relacionado con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece la libertad de expresión como un derecho fundamental.

El artículo menciona: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este derecho es fundamental y el Día Internacional del Periodista sirve como un recordatorio para que los Estados respeten la libertad de expresión.

Conciencia sobre la libertad de prensa

Además, este día busca concienciar sobre los problemas relacionados con la libertad de prensa y la ética profesional. Es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar su situación en el mundo y defender a los medios ante cualquier atentado contra su independencia. También se rinde homenaje a los periodistas que han perdido la vida mientras cumplían con su deber.

Importancia de la información objetiva

El papel de los periodistas en la producción y el intercambio de información objetiva es esencial para todos los miembros de la sociedad. La información que proporcionan debe ser reconocida como un bien público. Sin embargo, informes recientes indican que la gravedad del contexto que enfrentan los reporteros ha aumentado debido a amenazas constantes.

Legado de Julius Fucik

El “Reportaje al pie de la horca”, escrito por el periodista checo Julius Fucik, fue sacado hoja por hoja de la cárcel y publicado en 1945. Este texto adquirió gran difusión internacional y ha sido traducido a más de 80 idiomas. A título póstumo, Fucik recibió el Premio Internacional de la Paz en 1950.

La entrada El Día Internacional del Periodista: recordando la importancia de la libertad de expresión se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Elizabeth Morató, quien es la Delegada Adjunta para el Análisis y Defensa de Derechos Humanos, explicó que el propósito de esta capacitación es proporcionar herramientas conceptuales, normativas y procedimentales a quienes trabajan con personas en situación de movilidad humana.

“Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, iniciamos este importante curso para fortalecer la atención a la población migrante. Tenemos una gran expectativa: se inscribieron 434 personas de 79 municipios del país”, informó Morató.

Temas abordados

El programa de formación incluye una variedad de temas relacionados con migración, refugio y la protección de poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se pone especial énfasis en la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes.

Las clases virtuales se están llevando a cabo a través de la plataforma digital de la Defensoría del Pueblo, lo que permite un acceso más amplio a la capacitación.

Canales de atención

La institución también ha recordado que tiene habilitados sus canales de atención para recibir denuncias sobre la vulneración de derechos humanos. Los ciudadanos pueden comunicarse a través de la Línea Gratuita 800-10-8004 y el WhatsApp 72006607.

/KMMN

La entrada Defensoría busca mejorar el trato a migrantes con curso sobre normativa y procedimientos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, al menos 814 personas murieron y otras 449 resultaron heridas durante las operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas. De estas, el 36% de las muertes se atribuyen a los drones explosivos entre abril y junio de 2025.

El primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, anunció a principios de marzo de 2025 la formación de un grupo de trabajo por parte de la Presidencia y el Consejo Presidencial de Transición (CPT). Este grupo tiene como objetivo llevar a cabo operaciones a gran escala contra las pandillas, iniciando el uso de drones kamikazes. Un contingente de aproximadamente 360 agentes de unidades especializadas ha recibido formación sobre el uso de drones por parte del cuerpo francés RAID.

Resultados cuestionables

A pesar de la introducción de esta tecnología, los resultados han sido decepcionantes. “Los resultados hasta ahora no nos parecen concluyentes. En cualquier caso, no lo suficiente”, declaró Marie Rosy Auguste Ducéna, responsable de programas en la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

Se sospecha que los líderes de las pandillas reciben información previa que les permite escapar de las operaciones. “Para nosotros, hasta ahora, no tiene sentido que se realicen intervenciones a ciegas. Incluso de la forma más aleatoria, los jefes de las bandas logran escapar. Esperamos que solo sea una cuestión de precisión”, señaló Ducéna.

Operaciones en Delmas 6

Las primeras operaciones se llevaron a cabo en Delmas 6, un bastión del ex policía Jimmy Cherizier, conocido como “Barbecue”. Aunque varios hombres murieron en estas acciones, Cherizier logró escapar ileso, lo que ha alimentado la percepción sobre la efectividad de la estrategia empleada.

El uso de drones kamikazes ha generado un saldo preocupante tanto en las filas policiales como en la población civil. Uno de los episodios más graves ocurrió en agosto, cuando un dron explotó accidentalmente en Kenscoff, causando la muerte de 2 agentes del cuerpo especial SWAT. Este incidente ha encendido alarmas sobre los riesgos y daños colaterales asociados con esta tecnología.

Investigación sobre el incidente

Los informes preliminares indican que el dron explotó mientras era transportado por vecinos “en un gesto de buena fe”. Esto ha llevado a abrir una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente. Sin embargo, el Sindicato ha cuestionado la versión oficial, asegurando que “la situación es más preocupante”.

“Aunque se trate de drones pilotados a distancia, la persona que los pilota debe buscar un nivel para evitar daños colaterales”, advirtió Auguste Ducéna. La ONU ha confirmado que en barrios como Gran Ravine, Martissant y Village-de-Dieu se ha intensificado el uso de drones en operaciones.

Críticas a la falta de transparencia

A pesar de que esta táctica ha logrado frenar la expansión territorial de las pandillas, no ha impedido los abusos contra los residentes en las zonas controladas. El organismo internacional también ha criticado la falta de transparencia en torno al grupo que coordina el programa, destacando que aún no se ha hecho pública información sobre su composición ni los protocolos bajo los que opera.

La entrada Fuerzas haitianas enfrentan críticas tras uso de drones kamikazes se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Evo Morales, desde su ubicación en Venezuela, ha reconocido que él dio la orden para realizar el operativo. “Vamos a hacer las cosas bien: por Hotel Las Américas, Evo juicio de responsabilidades. Vas a tener derecho a defenderte”, declaró Quiroga en su anuncio.

Informe de la CIDH

Un proceso que fue iniciado por algunas víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que los sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas sufrieron torturas y violaciones a sus derechos judiciales.

Además, se ha señalado que el irlandés Michael Martin Dwyer, quien formaba parte de un grupo terrorista, falleció debido al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante el operativo.

Justicia internacional y nacional

Quiroga ha afirmado que la justicia internacional ya ha establecido que hubo ejecuciones extrajudiciales en el caso del Hotel Las Américas. Por lo tanto, considera que es necesario que se lleve a cabo un proceso judicial en Bolivia, de lo contrario, sería una vergüenza. “Conmigo, aquí va a responder”, enfatizó Quiroga.

Juicio constitucional para víctimas

El candidato también mencionó que las víctimas de Senkata y Sacaba tendrán la oportunidad de un “juicio constitucional”. En esos casos, diferentes jueces han decidido redireccionar los procesos contra Jeanine Añez hacia un juicio de responsabilidades, considerando que ella estaba en la presidencia durante los sucesos de noviembre de 2019.

Revictimización y venganza

Tuto Quiroga ha señalado que las víctimas de los eventos de 2019 están siendo revictimizadas por la “angurria de venganza de Evo Morales”. Esto se debe a que Morales ha consentido llevar adelante un juicio ordinario como un “atajo”, cuando en realidad debería corresponder un juicio de responsabilidades.

Es importante destacar que un juicio de responsabilidades requiere la aprobación de dos tercios de la Asamblea para poder llevarse a cabo. Quiroga ha invitado a la futura bancada del Partido Democrático Cristiano (PDC) a que firme el juicio por el caso Hotel Las Américas, ya que existe un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que respalda esta acción.

/KMMN

La entrada Tuto Quiroga exige juicio de responsabilidades a Evo por caso Hotel Las Américas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Condori señaló que las recientes decisiones judiciales que han beneficiado a Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Pumari, quienes están procesados por los hechos de Senkata y Sacaba, ponen en riesgo el cumplimiento de estas recomendaciones. Esta situación ya ha sido observada por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Estamos en un apronte de incumplir dichas situaciones y, al incumplirlas, el Estado va a ser responsable”, afirmó Condori en una entrevista con Bolivia TV. Aclaró que la responsabilidad recae sobre el Estado en su conjunto, lo que incluye al Ministerio Público, al Órgano Judicial y a todas las instituciones que forman parte del aparato estatal.

Informe del GIEI y sus hallazgos

El procurador recordó que el informe del GIEI estableció que hubo violaciones a los derechos humanos en hechos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, que resultaron en 36 personas fallecidas. Este informe formuló recomendaciones orientadas a garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas.

“Ya estamos ante un incumplimiento, porque han pasado 5 años desde los hechos y 4 años desde el inicio de las investigaciones”, indicó Condori, quien reiteró que las consecuencias de esta situación pueden derivar en sanciones para el país.

Recomendaciones del GIEI

Entre las recomendaciones del GIEI se incluyen la realización de investigaciones serias, diligentes y exhaustivas; la promoción de actos públicos de reconocimiento a las víctimas; el apoyo institucional a sus familias; y la aplicación de sanciones a los responsables. Además, se hizo un llamado expreso al Ministerio Público y al Órgano Judicial para que realicen un control efectivo y garanticen el respeto al debido proceso.

Consecuencias de las decisiones judiciales

Las advertencias de Condori surgen tras las decisiones judiciales tomadas en los últimos días, como la liberación plena de Pumari, la detención domiciliaria con derecho al trabajo para Camacho, y la resolución que indica que Áñez debe ser procesada mediante juicio de responsabilidades por la masacre de Senkata. En Cochabamba, otro tribunal también dispuso que el caso Sacaba se tramite por la misma vía.

Ante estas decisiones, Condori explicó que la cesación de la detención preventiva no implica el cierre de los procesos, que continuarán conforme a las etapas legales correspondientes. Añadió que la Procuraduría agotará todos los recursos legales necesarios para dar cumplimiento al mandato del GIEI.

Control del Órgano Judicial

“El Órgano Judicial debe realizar un control permanente de las investigaciones para garantizar su celeridad y el respeto al debido proceso legal de todas las partes”, concluyó Condori.

La entrada Crisis de 2019: Procurador afirma que Bolivia podría recibir sanciones por incumplir recomendaciones de la GIEI se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El informe, titulado “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad”, revela que el 61,3% de los jóvenes internos encuestados admitió haber pagado “derecho de piso” al ingresar al penal. Estos montos varían entre 700 y 2.000 bolivianos, y son exigidos por otros reclusos como una forma de “garantizar seguridad”. Aquellos que no pueden cubrir esta cuota son relegados a zonas conocidas como “gallineros”, donde deben dormir de pie y en condiciones degradantes.

Extorsiones y violencia

El diagnóstico defensorial indica que casi la mitad (49,3%) de los jóvenes privados de libertad debe pagar periódicamente por el acceso a espacios de descanso, protección o servicios mínimos. Los testimonios recopilados relatan pagos mensuales de hasta 150 bolivianos para mantener una celda; de lo contrario, corren el riesgo de ser expulsados a patios o pasillos, incluso bajo la intemperie.

Además de los cobros, los internos denuncian que muchas de estas extorsiones se imponen mediante violencia física. A través de relatos recopilados por la Agencia de Noticias Fides (ANF), se documentaron casos de castigos, ahogos y otros tratos crueles hasta lograr que las víctimas paguen lo exigido.

Estructuras de poder informales

La Defensoría alerta sobre la existencia de estructuras de poder informales que han tomado control del interior de los recintos penitenciarios, debilitando por completo el rol del Estado. En lugar de fomentar la rehabilitación, los penales se han convertido, según el informe, en espacios donde se profundiza la exclusión social y se refuerzan las redes de abuso y corrupción.

Condiciones económicas precarias

La situación se agrava con la precariedad económica. Más del 50% de los jóvenes reclusos no cuenta con ningún ingreso, y el prediario, cuando es entregado, no cubre ni siquiera necesidades básicas. Esto obliga a los internos a depender aún más de sistemas ilegales de cobro para sobrevivir.

Postura de las autoridades

A pesar de que las autoridades penitenciarias han negado reiteradamente la existencia de estos cobros, la Dirección General de Régimen Penitenciario admitió que no son legales, pero minimizó el problema alegando que los montos “son bajos”. El informe defensorial contradice esta postura, al demostrar que se trata de un mecanismo generalizado que vulnera de forma estructural los derechos humanos.

Conclusiones del informe

El documento concluye que la permanencia de estas prácticas revela una profunda fragilidad institucional y cuestiona la capacidad del sistema penitenciario boliviano para cumplir su mandato de garantizar dignidad, rehabilitación y reinserción social.

La entrada Cobros indebidos y extorsiones, un diagnóstico de las cárceles bolivianas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Durante la jornada, los privados de libertad en San Pedro solicitaron un indulto al Gobierno, citando casos recientes de figuras políticas que han sido objeto de atención mediática.

Implementación de la Ley 1173

En el contexto de la implementación de la Ley de Abreviación Procesal Penal 1173, el Ministerio Público envió fiscales para llevar a cabo esta actividad. Esta acción se realizó en coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia y la Delegación Defensorial del Pueblo.

Declaraciones del fiscal departamental

El fiscal departamental en suplencia legal de Oruro, Zulmer Villegas, comentó: “La presencia de nuestros fiscales en los centros penitenciarios responde al deber institucional de velar por el respeto de las garantías constitucionales y procesales de los privados de libertad”.

Entrevistas individualizadas

Durante la jornada, el equipo fiscal llevó a cabo entrevistas individualizadas con los internos e internas. El objetivo era conocer el estado actual de sus procesos, identificar posibles vulneraciones a sus derechos y coordinar acciones inmediatas para agilizar los procedimientos judiciales.

Estas visitas carcelarias son parte de una política institucional impulsada por el Ministerio Público, que busca garantizar el acceso efectivo a la justicia.

Fortalecimiento de la transparencia

El enfoque de estas visitas busca fortalecer la transparencia en la actuación fiscal y consolidar la coordinación interinstitucional con el Órgano Judicial. Todo esto se realiza en beneficio de la población privada de libertad y de la sociedad en general.

Reclamos de los internos

Ayer por la tarde, alrededor de las 15:00 horas, los privados de libertad en San Pedro exigieron un indulto al Gobierno. Justificaron su pedido al mencionar los casos del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Camacho, y el excívico potosino Marco Pumari.

La entrada Oruro: Fiscalía y Tribunal de Justicia realizan visita carcelaria; reos piden indulto se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

En un comunicado, la Defensoría destacó que ha informado a la CIDH sobre la situación actual de estos procesos. Expresó su alta preocupación por el riesgo de que estas decisiones generen espacios de impunidad y vulneren los derechos de las víctimas a acceder a la justicia de manera pronta y efectiva.

Anulación del juicio ordinario

El pronunciamiento de la Defensoría se produce después de que un tribunal de El Alto decidiera anular el juicio ordinario en el caso Senkata. Esta anulación se basa en que a Jeanine Añez le corresponde un juicio de responsabilidades debido a su calidad de exmandataria.

Recomendaciones del GIEI

La entidad defensorial también recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó investigar de manera seria, efectiva, exhaustiva y diligente. Esto debe hacerse con pleno respeto del debido proceso, tanto de los derechos de las víctimas como de las personas imputadas y procesadas.

Medidas de protección solicitadas

Además, la Defensoría ha solicitado a diferentes entidades que informen sobre las medidas de protección adoptadas. Estas medidas son necesarias para mantener bajo reserva la identidad, individualización o localización de las personas denunciantes, víctimas y testigos dentro del proceso de Senkata.

La entrada La Defensoría del Pueblo denuncia riesgo de impunidad en el caso Senkata se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.