La norma fue propuesta por la senadora Virginia Velasco y plantea modificar el Código de las Familias y del Proceso Familiar, conocido como Ley 603. Esta ley actualmente permite los matrimonios a partir de los 16 años, siempre que exista el consentimiento de quienes ejercen la autoridad parental.

Velasco explicó a EFE que su proyecto se fundamenta en las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Este comité sugiere que Bolivia eleve la edad mínima para el matrimonio sin excepciones.

Violaciones a los derechos humanos

La senadora también recordó que Naciones Unidas considera que el matrimonio infantil “es una violación a los derechos humanos”. Casarse a una edad temprana expone a los menores “a mayores riesgos de violencia, abuso, embarazos forzados y abandono de estudios”, lo que perpetúa “un ciclo de pobreza y desigualdad”.

Velasco enfatizó la importancia de aprobar este proyecto de ley. Mencionó que hay familias que casan a sus hijos debido a la pobreza, pensando que esto les brindará una mejor calidad de vida. Sin embargo, la realidad muestra que nuestras adolescentes y niñas sufren mucha violencia, feminicidios y violaciones.

Contenido de la norma

El proyecto de Velasco establece que “el matrimonio o la unión libre entre personas menores a la edad requerida es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia”.

La propuesta ha pasado el filtro de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado. Sin embargo, se ha estancado en el pleno de la Cámara Alta debido a polémicas declaraciones de algunos legisladores que se oponen a ella.

Argumentos en contra

Los detractores del proyecto argumentan que algunas familias casan a sus hijas menores con hombres mayores debido a la pobreza. Además, consideran que el matrimonio entre adolescentes es una supuesta conquista social, similar al trabajo a los 14 años o el voto a los 16. Una legisladora incluso defendió su propia experiencia, afirmando que se casó siendo adolescente y le fue “bien”.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2024, reveló que desde 2014, el Estado boliviano registró 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años, así como 4,804 enlaces de adolescentes de 16 a 17 años, todos con el consentimiento de los padres de las menores.

Impacto en los derechos de las niñas

La Defensoría identificó estos casos como matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF), basándose en estándares y recomendaciones internacionales. La especialista en derechos sexuales y reproductivos de la Coordinadora de la Mujer, Alejandra Franco, explicó a EFE que este asunto es una “problemática multicausal”.

Franco destacó que afecta y viola los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes en Bolivia, especialmente en las zonas rurales. Según ella, existen condiciones estructurales de desigualdad de género que han naturalizado prácticas nocivas y costumbres que violentan los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Desigualdad de género

La especialista lamentó que persista un sentido de “propiedad sobre los cuerpos y las vidas” de las niñas y adolescentes. Además, señaló que son muy pocos los casos en que las víctimas de MUTIF son hombres menores de edad, ya que se supone que ellos tienen “mayor valor”.

Las niñas y adolescentes, en cambio, son vistas como una “carga” o “moneda de cambio”. Este intercambio que realizan las familias, justificando su decisión por la pobreza, tiene un precio muy alto: las vidas de estas niñas y adolescentes.

Franco valoró el tratamiento de la norma y consideró que también es fundamental trabajar para “cambiar estas concepciones patriarcales, machistas, misóginas y adultocéntricas”. Estas creencias sostienen que la vida de las niñas y adolescentes no cuenta.

Próximos pasos

Ante un inminente rechazo en el Senado, Velasco solicitó aplazar el tratamiento de la norma. Desde esta semana, promoverá el trabajo en mesas técnicas para explicar a sus colegas los alcances de la ley, con el objetivo de asegurarse de que sea aprobada.

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La diputada de Comunidad Ciudadana, Toribia Lero, ha criticado la falta de operatividad del Ministerio de Gobierno y de la Policía para ejecutar la orden de aprehensión contra el exmandatario. Lero ha señalado que “el gobierno no tiene la intención de apresar a Evo Morales”.

Según su opinión, lo que se está haciendo es politizar la situación para victimizarse o victimizar al expresidente. Esta estrategia ha permitido al gobierno sostener su actuar en el escenario político, lo cual, según Lero, “les ha servido para hacer política”.

Derechos de las niñas involucradas

La diputada también ha expresado su preocupación por los derechos de las niñas involucradas en el caso. Afirmó que “están abusando de los derechos de las niñas” y que lo que realmente les interesa es mantenerse en el escenario político.

En este sentido, mencionó que Evo Morales ha recibido más apoyo político debido a esta situación. Lero advirtió sobre una posible impunidad para Morales, argumentando que “sabemos que para estas elecciones 2025 el Movimiento Al Socialismo ya no va a tener la misma cantidad de apoyo”.

Expectativas de justicia

La diputada añadió que con todas estas inseguridades y el actuar del gobierno en contra del pueblo boliviano, ya no recibirán el mismo respaldo. Lero concluyó afirmando que estarán atentos y exigirán justicia por las niñas involucradas en este caso.

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Informe del observatorio

Según un informe del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), 1,463 menores guatemaltecas, que tienen entre 10 y 14 años, han dado a luz este año. Esta situación es alarmante y refleja la problemática que enfrenta el país en términos de salud y derechos de las niñas.

En Ciudad de Guatemala, así como en las provincias del norte del país, como Huehuetenango y Alta Verapaz, se han registrado 94 casos de niñas de 12 y 13 años que han dado a luz en hospitales del sistema público. Estos datos son parte de un panorama preocupante que afecta a las menores en diversas regiones.

El informe también señala que al menos tres niñas de diez años se convirtieron en madres en las provincias de Quiché y Chiquimula. Estas áreas son conocidas por tener altos índices de desnutrición y pobreza, lo que agrava la situación de las menores.

Cifras del año anterior

En 2023, Guatemala cerró con un total de 62,606 partos en menores de edad. La mayoría de estos casos se registran en provincias donde la población es mayoritariamente indígena y enfrenta condiciones de pobreza. Esto pone de manifiesto la necesidad de abordar esta crisis desde múltiples frentes.

Alta Verapaz, un caso alarmante

El caso de Alta Verapaz es especialmente preocupante, ya que suma 4,815 casos de menores que han dado a luz. Esta provincia, ubicada a 217 kilómetros de la capital guatemalteca, tiene antecedentes de matrimonios forzados y violaciones contra menores en comunidades y escuelas.

De acuerdo con los datos de Osar, la mayoría de los casos de partos en menores son resultado de violaciones. En muchas ocasiones, estas agresiones son perpetradas por familiares, profesores o vecinos, lo que genera un ambiente de inseguridad para las niñas.

Violaciones en el ámbito educativo

En 2021, 22 profesores de educación primaria en Alta Verapaz fueron acusados de haber cometido más de 27 violaciones contra sus alumnas. Algunas de estas niñas resultaron embarazadas debido a estos crímenes. Hasta la fecha, solo uno de los acusados ha sido condenado, lo que refleja la impunidad en estos casos.

Procesamiento de agresores sexuales

En Guatemala, solo el 3% de los agresores sexuales son procesados, y no hay certeza de que se emita una sentencia condenatoria, según datos oficiales. Esta situación pone de relieve la falta de justicia y protección para las menores en el país.

Demandas en el Día Internacional de la Niña

Este viernes, en el marco del Día Internacional de la Niña, organizaciones que abogan por los derechos de este grupo poblacional se reunieron en el Congreso con el presidente de este órgano, Nery Ramos. El objetivo de la reunión fue solicitar que se legisle en favor de las menores, buscando mejorar su situación y garantizar sus derechos.

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El análisis de los datos proporcionados por el Servicio de Registro Cívico (Sereci) reveló que, a pesar de que la Ley 603 establece que la edad mínima para contraer matrimonio en Bolivia es a los 16 años, se han registrado 487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes de 13, 14 y 15 años. Esto representa una clara violación de los derechos de las niñas y adolescentes en el país.

Embarazos en niñas y adolescentes

En cuanto a los embarazos en niñas y adolescentes, los datos proporcionados por el Ministerio de Salud y Deportes son igualmente preocupantes. Desde la gestión 2015 hasta septiembre de 2023 se registraron 458.246 embarazos en niñas y adolescentes mujeres en Bolivia.

Municipios con altos índices de embarazos adolescentes

El informe también destaca que en 16 municipios a nivel nacional existe un alto porcentaje de embarazos en niñas y adolescentes de diez a 19 años, superando el 35% del total de embarazos registrados en cada municipio durante la gestión 2022.

Además, se identificaron diez municipios donde se habrían registrado más de 35 embarazos de niñas de 10 a 14 años en la gestión 2022, incluyendo cinco municipios del área rural: Riberalta, Montero, Guayaramerín, San Borja y San Ignacio de Velasco.

Embarazos producto de violación sexual

La Defensoría del Pueblo realizó un cruce de datos entre los registros de embarazos y los casos de violación de niñas y adolescentes reportados por el Ministerio Público. Los resultados revelaron que existen nueve municipios con más del 20% de probabilidad de que los embarazos en niñas y adolescentes sean producto de una violación sexual. Estos municipios son: Guanay (46,81%), Portachuelo (40,98%), Cuatro Cañadas (37,04%), Monteagudo (29,03%), Chimoré (27,78%), Caranavi (22,88%), Viacha (22,68%), Punata (22,33%) y Yapacaní (21,46%).

Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

Ante esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo ha realizado una serie de recomendaciones. En primer lugar, insta a los gobiernos autónomos municipales con un índice superior al 16,5% de embarazos en niñas y adolescentes a reasignar presupuestos para la disminución de estos índices, en cumplimiento del artículo 23.III del Código Niña, Niño y Adolescente.

Además, se solicita fortalecer la atención en los servicios de salud en los municipios con mayor cantidad de embarazos en niñas de diez a 14 años, así como brindar orientación sobre el acceso al aborto y derogar el artículo 139.II y III y artículo 170 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

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El portavoz de grupo rebelde, Suhail Shaheen publicó un video mostrando a varias niñas de la escuela Khan Abad retornando a sus clases, según la página de noticias El Comercio.

De acuerdo al material audiovisual del talibán, la mayoría de las niñas vestían el tradicional uniforme escolar que es una larga túnica negra y un pañuelo blanco, otras llevaban puesto el niqab negro que cubre todo el rostro, excepto los ojos.

“Las niñas van a la escuela secundaria en Khan Abad”, escribió Shaheen en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el funcionario del Ministerio de Educación, Mohamad Abid informó en una entrevista con la AFP, que en la ciudad de Kabul las reglas no cambiaron y continúan los colegios cerrados para las niñas.

Desde septiembre, las unidades educativas en Afganistán volvieron a retomar las clases para los niños, en el caso de las niñas estarían autorizadas a ir a la escuela primaria y universidades privadas, pero separadas de los varones.

El portavoz del Gobierno talibán, Zabihulá Mujahid indicó que las niñas regresarían a clases tan pronto como fuera posible.

De esta manera, explicó que el Gobierno Talibán quiere ofrecer a las niñas un ambiente educativo seguro, de acuerdo con la interpretación estricta de la sharia por los talibanes, que prevé la no mezcla de clases, explicó.

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Solo los estudiantes varones de secundaria pudieron volver al colegio esta jornada en Afganistán.

“Si se mantuviera esta prohibición (para ellas), constituiría una grave violación del derecho fundamental a la educación de las niñas y de las mujeres”, denunciaron desde la organización internacional mediante un comunicado.

La Unesco exige que las autoridades afganas aclaren la situación y reabran los colegios para todos los estudiantes, niños y niñas, reportó el portal Infobae.

La directora de dicha organización, Audrey Azoulay consideró que el futuro de Afganistán depende de la educación “de las niñas y de los niños”, además que es igualmente importante que todas las profesoras puedan regresar al colegio para enseñar, proporcionando así un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo.

Diez días después de la reapertura de las universidades privadas del país afgano, el ministerio de Educación anunció el viernes
que todos los profesores y estudiantes varones de secundaria podrían volver a clase, pero no mencionaron a las maestras ni a las niñas.

“Concretamente, si se retrasa la vuelta de las niñas en la educación secundaria se corre el riesgo de marginarlas en la educación y, con el tiempo, en la vida. Esto aumenta el riesgo de abandono total de su educación y las expone a mecanismos de adaptación negativos como el matrimonio precoz”, finalizó Azoulay.

/MDCB

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En Bolivia y en otros rincones del mundo lascifras de abusos, violaciones, violencia contra las niñas siguen subiendo,además de los feminicidios, por lo que ya no son sólo las mujeres que salen ala palestra para defender sus derechos, sino que son las propias niñas quienesreclaman el respeto a sus derechos.

Las niñas de hoy hacen escuchar su voz y desde pequeñas luchan por sus derechos, por mejores condiciones de vida, se están empoderando y desde ONU Mujeres, consideran que ellas ahora son “imparables”. Hoy, 11 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Niña.

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