Choquehuanca afirmó: “Los Pueblos originarios del Abya Yala hacemos historia apegados a la vida misma; somos Jenecheru, somos Mayas, Guaraníes, Mapuches, Aymaras, Quechuas, somos Jaguar, somos Montaña que camina, somos Pueblos del Culto a la Vida donde los hijos recuerdan la sabiduría de la Madre”.

El mandatario subrayó que la humanidad se encuentra en un momento crucial, donde puede elegir entre dos caminos. Uno de estos caminos es el culto a la muerte, mientras que el otro es el culto a la vida. Este último, según Choquehuanca, no es un camino nuevo, sino el más antiguo de la humanidad, protegido por los Pueblos Originarios en lo que él llama la Gran Biblioteca de la Naturaleza, la cual está disponible para toda la humanidad en la actualidad.

Un llamado a la UNESCO

Choquehuanca hizo un llamado a la UNESCO para que reconozca los Códigos del Vivir Bien como Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad y de la Madre Tierra. Este reconocimiento es fundamental para los pueblos originarios de las Américas.

Además, el vicepresidente denunció que algunas potencias occidentales intentan imponer patrones culturales únicos, lo que atenta contra la riqueza y complejidad de las civilizaciones milenarias de América Latina y el Caribe. Según él, esta imposición elimina la complementariedad entre diferentes entidades culturales.

El diálogo como herramienta

El Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa, que significa la obligación de dialogar en aimara, es considerado por Choquehuanca como el mejor instrumento para defender la complementariedad en la diversidad biocultural. “Aprendimos de nuestros ancestros que los daños causados a la complementariedad en la diversidad biocultural desaparecen cuando a través del diálogo se disuelven las contradicciones y se restablece el equilibrio y armonía”, afirmó.

Respeto por la pluralidad cultural

Finalmente, Choquehuanca hizo un llamado al respeto de la pluralidad cultural. Indicó que el futuro exige el reconocimiento de los saberes ancestrales, el fortalecimiento de las identidades propias y la defensa de la espiritualidad de los pueblos indígenas.

Semana de América Latina y el Caribe

La Semana de América Latina y el Caribe 2025 reúne a representantes de gobiernos, académicos, líderes indígenas, artistas y miembros de la sociedad civil. Este evento celebra la riqueza biocultural de la región y busca reflexionar colectivamente sobre los desafíos comunes. La Semana se lleva a cabo del 2 al 6 de junio de 2025 en París.

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La Defensoría recordó que la protección de los glaciares está vinculada a los derechos de la Madre Tierra, reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE).

Valor ancestral de los glaciares

En ese marco, resaltó que estos cuerpos de hielo tienen un valor ancestral y sagrado para los pueblos indígenas originarios campesinos, por lo cual necesitan protección.

La dependencia también enfatizó que la desaparición progresiva de los glaciares impacta directamente en la Cuenca Endorreica y la Cuenca Amazónica, afectando el equilibrio ecológico y el acceso al agua.

Acciones necesarias para la conservación

En este contexto, la institución hizo un llamado a las autoridades para reforzar esfuerzos en la reducción de la contaminación, la conservación de bosques primarios y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, factores clave para frenar el retroceso glaciar.

Declaración del Día Mundial de los Glaciares

El Día Mundial de los Glaciares fue declarado en diciembre de 2023 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a propuesta de Tayikistán, con el objetivo de mejorar la comprensión del impacto del cambio climático en estas reservas de agua y promover su preservación.

La fecha de conmemoración quedó establecida para el 21 de marzo de cada año, en el marco del Decenio de Acción para las Ciencias de la Criosfera (2025-2034).

Impacto en la cobertura glaciar

Datos de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) indican que Bolivia perdió entre el 37% y el 42% de su cobertura glaciar en las últimas 3 décadas.

Esta situación representa una amenaza para ciudades como La Paz y El Alto, donde más de 1,6 millones de personas dependen del agua proveniente de los nevados.

Importancia de los ecosistemas glaciales

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo destacó la importancia de estos ecosistemas para la regulación hídrica y la vida de las comunidades que dependen del agua glaciar.

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Claudia Flores, responsable de la unidad de Debida Diligencia y Derechos de la Madre Tierra, informó que se presentó en las oficinas del Sernap para entregar la solicitud de Requerimiento de Informe Escrito (RIE). Además, se solicitó una entrevista con las autoridades de esa institución. Sin embargo, a pesar de la espera, no se obtuvo una respuesta positiva, según un comunicado emitido por la Defensoría.

Detalles de los despidos

El Sernap desvinculó a Marcos Uzquiano Howard, Guido García Carballo, Gonzalo Gutiérrez Quispe y Aníbal Alfredo Alfaro Vega. Marcos Uzquiano es un guardaparques boliviano que ha recibido galardones internacionales por su trabajo en la protección de reservas naturales y áreas protegidas del país. Desde 2018, ha enfrentado ataques por parte de sectores cooperativistas mineros que buscan silenciar su voz y facilitar la depredación de la naturaleza, según la diputada María René Alvárez.

Activismo y reacciones

Uzquiano también es presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación. En sus redes sociales, ha denunciado la minería ilegal en áreas protegidas. Tras el anuncio de los despidos, activistas, autoridades y ciudadanos han expresado su descontento y preocupación hacia el Sernap.

Los despidos han generado inquietud entre diversos sectores que defienden el medioambiente. La falta de respuesta del Sernap ante las solicitudes realizadas ha intensificado las críticas hacia esta entidad gubernamental. Se anticipa que este caso tendrá repercusiones en la gestión ambiental del país y podría afectar a quienes trabajan en la conservación de áreas protegidas.

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La denuncia destaca la falta de medidas tanto preventivas como reactivas ante la creciente crisis ambiental que ha afectado a diversas regiones desde 2019. La acción popular presentada por Callisaya incluye una serie de datos sobre incendios forestales, con información recopilada desde 2019, que demuestra cómo los focos de calor han ido aumentando a lo largo de los años.

Falta de Responsabilidad

Callisaya afirmó que las autoridades no han tomado las medidas preventivas necesarias para evitar el desastre ambiental que estamos enfrentando actualmente. “En este momento no basta con apagar y sofocar los incendios, sino que hay que tomar las medidas con seriedad”, enfatizó. El documento presentado resalta cinco aspectos relevantes sobre los que se exigen acciones concretas.

Derecho al Medioambiente

El primer aspecto se refiere al derecho al medioambiente en relación con la salubridad pública. En este sentido, se señala que ninguno de los niveles estatales ha actuado de acuerdo con lo que establece la norma. Si las autoridades hubieran cumplido con sus deberes en cuanto a la prevención de alertas tempranas, el escenario actual no sería tan desfavorable.

Derechos de la Madre Tierra

Los otros aspectos mencionados en la acción popular se relacionan con los derechos de la Madre Tierra, que están vinculados con la biodiversidad y las áreas protegidas. También se hace referencia a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOC) en relación con la tierra, el territorio y la territorialidad. Además, se aborda la situación del pueblo indígena Ayoreo en aislamiento voluntario y la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales.

Omisión de Autoridades

La acción popular identifica una omisión por parte de las autoridades demandadas, lo que vulnera los derechos humanos de la Madre Tierra y sus habitantes. “Han omitido cumplir eficientemente sus responsabilidades” en diferentes aspectos, como las competencias de los gobiernos autónomos municipales y departamentales, así como la omisión del nivel central del Estado en la protección de la naturaleza y el medio ambiente.

Irresponsabilidad en la Crisis

En este contexto, el Defensor del Pueblo cuestionó que “nadie se hace responsable. Estamos quemando nuestra casa por la irresponsabilidad de aquellos que debieron tomar las medidas necesarias en su momento para mitigar este desastre natural”.

Las autoridades mencionadas en la acción popular incluyen a los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; y Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro. También se citan a los gobernadores Mario Aguilera (Santa Cruz), José Alejandro Unzueta (Beni) y Regis Germán Richter (Pando), así como a los alcaldes de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos y Puerto Quijarro.

/AA

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La Pbfcc argumenta que esta decisión viola la Constitución Política del Estado y vulnera los derechos de la Madre Tierra, generando preocupación entre diversas organizaciones ambientales y sociales en el país.

La sentencia 0040/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional una frase de la Ley Marco de la Madre Tierra, lo que ha generado controversia en Bolivia. Esta medida busca orientar los planes de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero hacia la no mercantilización de las funciones ambientales y ha sido rechazada por la Pbfcc. Según Juan Carlos Alarcón, miembro de la plataforma, esta sentencia abre paso a la privatización de funciones ambientales esenciales.

En este contexto, diversas organizaciones como el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (Bocinab), Cáritas Bolivia y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) respaldan el pronunciamiento de la Pbfcc.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo también se ha manifestado exhortando al Tribunal Constitucional Plurinacional a revisar las observaciones a dicha sentencia para evitar posibles efectos negativos sobre los derechos humanos y ambientales.

La introducción de transgénicos como los eventos HB4 en soya y trigo ha generado preocupación en distintos sectores. Estos eventos son vistos como una amenaza para la soberanía alimentaria y la salud ambiental.

Freddy Villarroel, del Cipca Altiplano, advierte sobre los impactos devastadores que podrían tener estos cultivos modificados genéticamente en los ecosistemas naturales y las comunidades locales.

Los movimientos agroecológicos bolivianos también han expresado su oposición a la legalización de nuevos transgénicos debido a sus posibles efectos negativos en términos económicos, productivos y medioambientales.

Exigen una suspensión inmediata de cualquier evaluación o aprobación relacionada con estos cultivos transgénicos para proteger tanto la salud humana como el equilibrio ecológico.

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