Beni aprueba ley para garantizar libre transitabilidad

La Asamblea Legislativa de Beni sancionó por unanimidad la Ley Departamental de Defensa y Garantía de la Libre Transitabilidad. Esta norma tiene como objetivo establecer mecanismos institucionales de prevención, monitoreo, mediación, conciliación, coordinación y protección para evitar los bloqueos en esa región.

Objetivos de la ley

La ley busca promover el respeto a los derechos de la ciudadanía y el normal desarrollo de las actividades económicas, sociales y productivas. Según la Asamblea, esta normativa constituye la primera ley departamental aprobada por el pleno y refleja “el compromiso de las y los asambleístas departamentales con el bienestar, la seguridad y el desarrollo de la población beniana”.

Derechos ciudadanos garantizados

El documento aclara que no se criminaliza la protesta pacífica ni se restringe ningún derecho constitucional. “El derecho a la movilización y manifestación pública sigue plenamente garantizado y reconocido en el marco de las leyes vigentes”, establece la ley.

Pilares fundamentales bajo protección

Además, declara bajo protección prioritaria y absoluta cinco pilares fundamentales para el funcionamiento diario del departamento:

• Salud pública y transporte sanitario.
• Ambulancias y emergencias.
• Abastecimiento alimentario.
• Combustibles.
• Servicios esenciales.

Facultades del Ejecutivo Departamental

Ante un riesgo inminente de desabastecimiento, afectación sanitaria o interrupción logística, la ley faculta al Ejecutivo Departamental a declarar «Alerta» o «Emergencia Departamental de Transitabilidad». Esto permitirá activar recursos inmediatos, logística especial y habilitar rutas alternativas (terrestres, fluviales o puentes aéreos).

Nueva norma en Rurrenabaque

El mes pasado, el municipio beniano de Rurrenabaque también aprobó una norma edil para garantizar la libre transitabilidad. Asimismo, aclara que cuando se identifique una interrupción vial o bloqueo que amenace los servicios esenciales, “el nuevo sistema tiene la obligación de coordinar de forma inmediata la apertura de vías prioritarias y seguras. Estos corredores servirán para que las ambulancias, los pacientes, los medicamentos y el personal médico no queden atrapados en las carreteras”.

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Protestas en Caranavi por bloqueos de carreteras

Este lunes 1 de junio, los vecinos del municipio de Caranavi tomaron las calles principales en una marcha contundente. Organizados a través de los cinco distritos urbanos, exigieron el respeto a su derecho a la libre transitabilidad en la carretera que conecta La Paz con Caranavi y las rutas circundantes. Los manifestantes, indignados por el impacto prolongado de las medidas de presión, lanzaron una advertencia directa a los grupos movilizados, demandando la liberación inmediata de los caminos y el restablecimiento del tránsito normal.

Intervención de autoridades locales

Esta acción no constituye un hecho aislado. Es la respuesta ciudadana ante una crisis que ya ha obligado a las autoridades locales a intervenir directamente. Durante el pasado fin de semana, los alcaldes de los municipios de Caranavi, Guanay, Teoponte, Tipuani y Mapiri se desplazaron hasta la ruta La Paz–Caranavi para dialogar con los bloqueadores y buscar una solución pacífica. A pesar de la tensa situación y la resistencia inicial, las autoridades ediles lograron el despeje de la vía con el respaldo de un contingente de aproximadamente 80 mineros.

Vigilia estratégica en el puente Armas

Posteriormente, se instaló una vigilia estratégica en el sector del puente Armas para evitar nuevos cierres. En una conferencia de prensa realizada en la plaza principal, los representantes municipales fueron enfáticos: “No queremos más atraso ni bloqueos”, sentenciaron. Reiteraron que el sector minero se mantiene en alerta, dispuesto a despejar la carretera nuevamente si las medidas de fuerza vuelven a instalarse.

Impacto del desabastecimiento en Tipuani

La desesperación también se ha trasladado a otras zonas como Tipuani. Allí, el desabastecimiento ha disparado los precios de productos básicos. El alcalde Francisco Pinto reportó que el litro de gasolina se comercializa hasta en 40 bolivianos y el precio de un solo huevo alcanza los 5 bolivianos. Estas cifras golpean gravemente el bolsillo de las familias.

Reunión con dirigentes mineros

Ante esta realidad, el pasado domingo 31 de mayo, la institucionalidad de la provincia Larecaja se reunió con dirigentes mineros. Estos advirtieron que, si persistían los bloqueos, procederían a desbloquear por la fuerza. Durante este encuentro, las autoridades locales lamentaron la inacción del presidente Rodrigo Paz y expresaron su cansancio ante las constantes afectaciones económicas y sociales.

Situación crítica en Bolivia

Si bien desde el sábado 30 de mayo el paso se mantiene expedito en el trayecto Caranavi–La Paz, la incertidumbre persiste. En los alrededores del puente Armas aún se reporta la presencia de algunos grupos interculturales afines al Movimiento Al Socialismo. Estos permanecen merodeando la zona y mantienen en alerta a los pobladores.

Puntos críticos de bloqueo

Según datos oficiales emitidos por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el panorama nacional sigue siendo crítico. A las 06:39 horas del lunes, el país amaneció con un total de 91 puntos de bloqueo. De esta cifra alarmante, el departamento de La Paz concentra 20 puntos críticos, consolidándose como la región más golpeada por esta ola de protestas que comenzó el 1 de mayo.

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La discusión sobre esta normativa ha cobrado relevancia tras las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), que se oponen al Decreto Supremo 5503. Estas movilizaciones han generado pérdidas económicas significativas en varios sectores productivos del país.

Postura del Gobierno

Lupo afirmó que “la postura del Ejecutivo siempre ha sido defender el derecho a la protesta dentro de un sistema democrático, pero sin vulnerar los derechos de los ciudadanos ni recurrir a la violencia”. En este contexto, el ministro enfatizó que no se puede estar en contra de una ley antibloqueo.

Además, el Gobierno ha manifestado su preferencia por el diálogo y la concertación como métodos para resolver los conflictos, más allá de la simple aprobación de una norma que regule los bloqueos.

Cambio necesario

“Desde el Ejecutivo creemos que estas prácticas deberían dejarse de lado”, reiteró Lupo. Consideró que este tipo de cambios son esenciales para fortalecer la convivencia democrática y mejorar la conducta ciudadana en general.

En la actualidad, la Asamblea Legislativa está analizando 4 proyectos de ley antibloqueo. Entre ellos, la propuesta presentada por la senadora Claudia Mallón ya ha sido derivada a una comisión para su evaluación.

Pérdidas económicas

Durante las movilizaciones lideradas por la COB, diversos sectores productivos han denunciado pérdidas económicas millonarias en un contexto que busca la reactivación económica. Esta situación ha llevado al Gobierno a buscar alternativas que logren equilibrar el derecho a protestar con el derecho a la libre circulación de los ciudadanos.

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En su declaración, Lara afirmó que la iniciativa no busca un propósito justo y que su implementación significaría gobernar mediante decretos, lo que va en contra de la Constitución Política del Estado. Según el vicepresidente, este proyecto tiene la intención de silenciar a sectores críticos y limitar el derecho a la protesta.

Impacto en defensores y ciudadanos

Lara advirtió que la norma podría ser utilizada en contra de defensores del medioambiente y de ciudadanos que se opongan a decisiones del gobierno, especialmente aquellas relacionadas con la explotación de recursos naturales. Enfatizó que la protesta social es un mecanismo legítimo para la defensa de derechos y de la Constitución.

Referencias históricas

El vicepresidente también hizo mención a antecedentes históricos, como las movilizaciones de octubre de 2019 y las protestas contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Estos ejemplos respaldan la protesta como una forma válida de expresión social y política en el país.

Detalles del proyecto de ley

El proyecto de ley antibloqueos fue presentado por el diputado Carlos Alarcón, quien pertenece a la Alianza Unidad, un grupo afín al oficialismo. La propuesta establece que los bloqueos se consideren un delito grave, con sanciones que van de 10 a 20 años de privación de libertad para quienes promuevan, organicen, instiguen o financien estas acciones.

Estado actual de la propuesta

En este momento, la iniciativa se encuentra en discusión en una comisión del Órgano Legislativo, donde se sigue debatiendo sobre su alcance y las posibles implicaciones legales que podría tener.

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Por: Azul Aguiar Aguilar/Latinoamérica21

En América Latina existe una paradoja inquietante: líderes electos democráticamente han concentrado poder, debilitado instituciones y restringido libertades mientras sostenían altos niveles de apoyo popular. De Bukele a Chávez, y de López Obrador a Bolsonaro. Al mismo tiempo, países con instituciones democráticas consolidadas, como Chile, atraviesan profundas crisis de insatisfacción con la democracia. ¿Cómo entender esta desconexión entre el andamiaje institucional y la satisfacción ciudadana?

Parte de la respuesta está en las expectativas que la ciudadanía tiene sobre la democracia, así como lo que entiende de esta. Una democracia puede cumplir con las reglas electorales y aun así generar desencanto si fracasa en producir justicia, inclusión o aspectos más sustantivos como la igualdad. Y al revés: un gobierno que viola límites constitucionales puede conservar apoyo si promete orden, protección o redistribución.

Esto revela una encuesta a 432 líderes sociales y comunitarios de diez países en América Latina y la región amazónica del Observatorio para la Democracia en América Latina, de la Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina (AUSJAL). En la encuesta se preguntó sobre sus ideas, valoraciones y expectativas de la democracia y sus instituciones a lideres sociales, por ser actores clave en la mediación entre ciudadanía e instituciones y también porque suelen percibir antes que nadie las fracturas y las posibilidades del sistema político.

Democracia: lo que se espera y lo que se tiene

Antes de evaluar el apoyo a la democracia surge una pregunta inevitable: ¿de qué democracia estamos hablando? El término admite múltiples definiciones, no siempre compatibles entre sí. Por ello es importante saber qué entienden las y los líderes cuando hablan de democracia para saber qué esperan de ella.

Para los líderes sociales, la primera palabra asociada con la democracia ofrece una radiografía elocuente. La participación aparece como el núcleo de la democracia. Pero también destacan la libertad, en especial la libertad de expresión, así como la igualdad, justicia, derechos, el bien común y el diálogo. Es decir, para estos liderazgos, la democracia es un arreglo sustantivo que debe garantizar derechos, generar inclusión y permitir que la ciudadanía influya de forma real en las decisiones públicas.

Este mapa conceptual revela un punto crucial: los liderazgos sociales latinoamericanos tienen una visión exigente y sustantiva de la democracia, que va más allá de sus dimensiones electorales y que mide su calidad por los resultados que produce para la sociedad. Entender esta mirada es clave para interpretar tanto el tipo de apoyo como las críticas que formulan hacia el funcionamiento de las democracias en la región. La ciudadanía no ha renunciado a la democracia. Ha renunciado a creer que basta con votar.

La dimensión más valorada es también la más incumplida

El énfasis en aspectos sustantivos como la participación, la justicia, las libertades o la igualdad contrastan con el enfoque dominante en buena parte de la literatura académica y del discurso político, que suele definir la democracia como competencia electoral. Entre los liderazgos sociales, en cambio, las nociones más institucionales tienen una presencia mínima. Por ejemplo, apenas el 13% de las y los encuestados mencionó las “elecciones libres y competidas” como la mejor descripción de una “verdadera democracia”. Sin embargo, cuando se les preguntó qué tipo de democracia existe en sus países, las respuestas son contrastantes: 63% considera que viven en una democracia principalmente electoral. Solo 16,5% cree que se trata de una democracia participativa. Un 8% es altamente crítico y afirma que su país ninguno de los dos tipos. Esto último se verificó sobre todo para el caso de Venezuela y El Salvador.

A partir de estos hallazgos, emerge una conclusión inquietante: en buena parte de la región hay democracias que cumplen los procedimientos electorales hasta cierto punto y fallan en sus promesas sustantivas. Son democracias que preservan elecciones, pero no garantizan derechos, que reconocen a los ciudadanos en la ley, pero no en la experiencia cotidiana. Así, la mayoría (63,7%) de los líderes sociales encuestados afirman que las democracias que existen en sus países son “democracias con grandes problemas”, mientras que casi un cuarto (23%) afirma que “no es realmente una democracia”.

Estas evaluaciones y expectativas “incumplidas” de la democracia se convierten en un  terreno fértil para la seducción autoritaria, que promete soluciones rápidas donde las instituciones democráticas parecen no haber respondido.

Cerrar la brecha: agenda desde la ciudadanía

Si se quiere revertir el actual proceso de erosión democrática en América Latina se debe tomar en serio las expectativas ciudadanas. La democracia electoral es indispensable, pero no es suficiente. Si la democracia no garantiza libertades, justicia, participación, igualdad, otros actores —a menudo autoritarios y populistas— ocuparán ese vacío prometiendo satisfacer esos reclamos. Los líderes sociales entrevistados no reclaman un retorno a modelos populistas ni una ruptura del orden constitucional. Reclaman una democracia más sustantiva, que no se agote en la competencia por el poder, sino que se exprese en el acceso real a derechos y libertades.

La defensa de la democracia no puede seguir descansando únicamente en el diseño institucional. Debe conectar con las expectativas y prácticas cotidianas de quienes sostienen la vida social. Reconstruir la confianza democrática exige fortalecer canales de participación real, garantizar justicia accesible y equitativa, proteger libertades en contextos de inseguridad y polarización y construir Estados capaces de responder efectivamente. Esa es la democracia que los líderes sociales defienden. Esa es la democracia que la región aún tiene pendiente.

Azul Aguiar Aguilar es la Presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Doctora en ciencia política por la Universidad de Florencia, Italia. Es profesora departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y profesora en la Universidad de Guadalajara, México.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

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A los pocos días de asumir el cargo y luego de recibir los primeros informes sobre el estado del Estado, el presidente Paz afirmó que encontraba “una cloaca de dimensiones extraordinarias” y denunció un robo al Estado de 15 mil millones de dólares en las gestiones del MAS.  El anuncio retrata de manera elocuente lo que se advertía desde hace años y que cualquier análisis podía confirmar.

Veinte años de hegemonía del MAS llevaron a Bolivia a ser uno de los países con mayor índice de corrupción en el mundo. El latrocinio, que superaba los 3.000 millones de dólares anuales, abarcó todas las instancias del Estado, degradó la función pública y produjo un daño reputacional incalculable.

La corrupción descomunal en esos gobiernos se sustentó en un sistema perverso con normativas hechas a la medida del partido, un poder judicial servil y obsecuente, un esquema de opacidad informativa y un modelo de protección mutua donde las unidades de transparencia, las instituciones de fiscalización y control, y las entidades de regulación servían como instrumentos para garantizar impunidad y acallar las denuncias.

Otro indicador del desastre fue la economía. Además de haber dilapidado más de 50 mil millones de dólares de renta petrolera, el MAS decidió desatender la exploración gasífera, disminuyendo la inversión en ese rubro en más del 75%. Tal nivel de irracionalidad explica la caída de la producción, la pérdida de mercados y la reducción de los ingresos, de 6.600 millones de dólares en 2014 a tan solo 1.600 millones en 2024. La consecuencia fue desastrosa: escasez de dólares, inflación, aumento del déficit fiscal y crisis de los carburantes.

El nuevo gobierno hereda una deuda pública superior a los 44 mil millones de dólares, un déficit superior al 10%, reservas de apenas 73 millones de dólares y una economía en recesión.  Según las nuevas autoridades, no hay recursos ni para cubrir las necesidades básicas de la gestión, e incluso el gobierno anterior habría desviado fondos de otras partidas para financiar su abultado gasto corriente.

La crisis económica tiene efectos sociales muy preocupantes. El CEDLA calcula que la pobreza multidimensional en Bolivia alcanza al 61%, mientras que la Fundación Jubileo estima que la pobreza extrema llega al 17,5%, la moderada al 44%, y la rural supera el 52%. Nuestro sistema de salud está colapsando y los indicadores en calidad educativa sitúan al país entre los peores de la región. La informalidad laboral alcanza al 85%, y el poder adquisitivo del salario se ha erosionado generando una pérdida significativa de capacidad de consumo.

En el ámbito internacional el escenario es alarmante. La llamada “diplomacia de los pueblos” del MAS alineó a nuestro país al eje del socialismo del siglo XXI, un experimento liderado por Venezuela y Cuba que nos subordinó ideológicamente a los intereses de China y Rusia, nos adscribió a iniciativas fracasadas como el ALBA, la UNASUR y los BRICs y nos alejó de los bloques de integración regional. Por 20 años nuestro país perdió toda capacidad de incidencia internacional, generó una profunda desconfianza y desanimó a la inversión extranjera.

En materia de derechos ciudadanos, la situación fue igualmente crítica. Según la Global Human Rights League, hasta 2024 había 278 presos políticos en el país. Y si a esto sumamos los miles de exiliados, los cientos de juicios políticos, la violencia contra la prensa, la inseguridad ciudadana, el creciente narcotráfico y un sistema judicial colapsado, tenemos un escenario pocas veces visto en nuestra historia reciente.

Esa es la herencia de un modelo político que nos gobernó por dos décadas, con un nivel de ineficiencia, corrupción e irresponsabilidad que rebasan los límites de la comprensión.  El discurso del “proceso de cambio” que colocó la ideología por encima de la ley y la ética, y el convencimiento de que el Estado les pertenecía explican la degradación de un régimen que se envileció hasta el extremo y que, en nombre de una nefasta “revolución democrática y cultural”, nos condujo a una crisis económica, política, social, institucional y sobre todo moral, sin precedentes en nuestra historia.

No podemos permitir que el olvido nuble nuestra memoria. Debemos mantener viva la conciencia de que el MAS fue responsable del descalabro económico, del crecimiento exponencial de la corrupción y del aislamiento internacional. Esa amarga experiencia no puede repetirse y los delitos cometidos tienen que pagarse. Debemos asegurar que nunca más un partido concentre tanto poder que lo coloque por encima de la ley, ni que impunemente genere tanto daño al país.

Tras dos décadas de retroceso, hoy los bolivianos tenemos la oportunidad histórica de reconstruir nuestras instituciones, de retomar un crecimiento económico sostenido y de renovar nuestros liderazgos con responsabilidad y ética. Somos capaces de recuperar el tiempo perdido, fortalecer la democracia y cimentar un futuro donde la corrupción no tenga lugar y el desarrollo sea para todos.

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“Recapacitamos y entendimos que mantenerlo es importante. (…) Aunque en su momento dije que debíamos eliminarlo, uno debe reflexionar y darse cuenta de que a veces se puede equivocar. Creo que nos equivocamos y consideramos que es importante mantener el Ministerio de Justicia”, afirmó Lara en una conferencia de prensa.

Propuestas de campaña

Durante la campaña electoral, el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que estaba formado por Rodrigo Paz y Edmand Lara, había planteado el cierre de esta institución. En ese entonces, Paz describió al Ministerio de Justicia como “un ministerio de la persecución, de coimas y sentencias”.

Reconocimiento del rol del ministerio

Lara explicó que, tras asumir la Vicepresidencia, llegó a comprender la relevancia del trabajo que realiza esta cartera de Estado. En particular, destacó su papel en la defensa de los derechos ciudadanos y en el fortalecimiento del sistema judicial.

Apoyo al actual ministro

El vicepresidente también confirmó que fue él quien propuso al actual ministro de Justicia, Freddy Vidovic, para ocupar el cargo. Además, expresó su apoyo a la gestión de Vidovic.

Es importante mencionar que Vidovic fue abogado de Lara en el pasado y estuvo involucrado hace una década en el caso de la fuga del empresario peruano Martín Belaunde. Por esta razón, el vicepresidente aseguró que confía plenamente en la integridad y desempeño actual de Vidovic.

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Durante el acto, el presidente del TED Oruro, Iver Pereira, resaltó que este reconocimiento es un ejercicio de un derecho constitucional que asegura la libertad de organización y participación ciudadana.

“Desde hace tiempo se va a entregar la personería a esta organización política Oruro Primero, que estuvo insistiendo y aguantando todavía. En realidad debe ser una de las últimas. Pero quiero recordar que el derecho a la organización de la ciudadanía es un derecho constitucional”, señaló Pereira.

Facilitación de nuevas fuerzas políticas

Pereira también mencionó que la función del órgano electoral es facilitar y acompañar la creación de nuevas fuerzas políticas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

“No está en manos del Estado limitar que las personas se organicen y presenten sus propuestas, en tanto y en cuanto cumplan con los requisitos. Los tribunales electorales departamentales debemos acercar la personería jurídica a los ciudadanos, porque uno de los pilares de los derechos humanos es la libertad de asociación”, subrayó.

Asistencia de diversos sectores

El evento contó con la presencia de representantes de diferentes sectores sociales, profesionales, mineros, campesinos y autoridades originarias, quienes acompañaron la entrega del documento legal.

“Al parecer están presentes todos nuestros compañeros, los mineros, campesinos, autoridades originarias, profesionales, enfermeros, médicos, ingenieros; todos en una delegación”, destacó Pereira.

Propuesta ciudadana para Oruro

El presidente de la agrupación, Fremioth Ayaviri, afirmó que “Oruro Primero” surge como una nueva propuesta ciudadana para las próximas elecciones subnacionales.

“Somos una alternativa que busca devolverle a Oruro el lugar que merece en el desarrollo del país. Queremos unir a los orureños en torno a una visión de progreso y reivindicación”, expresó.

Compromiso con la ciudadanía

Tras la entrega oficial, los miembros de la agrupación realizaron un recorrido por la plaza 10 de Febrero, donde compartieron con la ciudadanía y reafirmaron su compromiso de trabajar por el desarrollo y la unidad del departamento.

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¿Son “democracias fatigadas”, el término con el que se propone recientemente etiquetar a estos regímenes? Pero, un momento, ¿de perseguir qué empeños se fatigaron? La fatiga sobreviene luego de un esfuerzo que usualmente permite un logro determinado pero deja exhausto al esforzado. Llamar fatiga a lo que ocurre en nuestros regímenes políticos sugiere, aunque no se lo proponga, que en algún momento estas “democracias” —las comillas son intencionadas— fueron regímenes democráticos que ahora han perdido fuerza para seguir desarrollándose como tales. ¿Fue así?

Si sometemos a pruebas relativamente simples aquello que hemos padecido en la región, los resultados suscitan muy serias dudas. Tomemos el equilibrio de los poderes del Estado. ¿En qué países de la región el poder judicial ha servido como contrapeso al ejercicio del poder por parte del Parlamento y el ejecutivo? En la Costa Rica de otra época ocurría, pero ahora no es tan claro. Ni siquiera en Uruguay —país al que usualmente se adjudica una tradición democrática sin recordar el negro periodo dictatorial entre 1973 y 1985— los jueces han estado a la altura de su función.

Tomemos un caso de mayor rango: la igualdad de derechos, un componente indiscutible de la noción de democracia. ¿Qué grado de igualdad de derechos han alcanzado los ciudadanos en nuestros países? Si no nos basta la respuesta que surja de Constituciones y leyes mentirosas y vamos a la realidad, la igualdad de derechos es una meta muy lejana en todos o casi todos los países latinoamericanos. Pobreza, niveles rudimentarios de educación y otros obstáculos formidables impiden ejercer derechos en condiciones de igualdad.

Y en los países en los que sí se han dado pasos hacia esa meta, con frecuencia ese avance ha sido posible gracias a gobiernos a los que vacilaríamos antes de etiquetar como democráticos. Pongamos dos ejemplos. Juan Domingo Perón en Argentina abrió paso a ciertos niveles de igualdad social mediante el fortalecimiento del poder sindical —al que, desde luego, cooptó y mantuvo bajo control político—. Por otra parte, un gobierno nacido de un golpe militar y un fraude electoral subsiguiente, como el de Manuel Odría en el Perú, introdujo el derecho a voto de las mujeres y estableció la seguridad social pública.

Si lo que hemos tenido difícilmente han sido algo más que regímenes en los que, durante ciertos periodos, se ha podido votar, ¿por qué sostener, pues, que estamos ante “democracias fatigadas”? Más bien, la tendencia que comprueban reiteradamente las encuestas es el crecimiento de los ciudadanos fatigados: hombres y mujeres que se declaran insatisfechos con la “democracia” que tienen, una que simplemente les permite designar periódicamente a quién frustrará sus expectativas.

En ese cansancio han surgido y se extienden las democracias pervertidas, que son regímenes que mantienen el sufragio y responden a alguna demanda social extendida al tiempo que pretenden, con buenos o malos manejos, eliminar cualquier oposición. El crecimiento del delito y la inseguridad han dado oxígeno a propuestas como la de Bukele, que, a cambio de contrarrestar la delincuencia de las maras, está extinguiendo los derechos básicos de los salvadoreños.

El caso de Daniel Ortega, en Nicaragua, y el de Maduro son ejemplos de hasta dónde puede llegarse en formas de perversión a las que de buena fe nadie podría considerar democracias. Ortega y su mujer, Rosario Murillo, no conocen límites. Ni siquiera guardan las apariencias y encarcelan sin disimulo a quien ose oponérseles. Maduro se mantiene echando mano a cualquier recurso, a costa de millones de venezolanos que han dejado el país no solo por razones políticas sino, sobre todo, económicas. Y de Cuba no resulta necesario ocuparse en este triste repaso.

Así pues, incluso en los ejemplos degenerativos de perversión, el origen no ha estado en “democracias fatigadas” sino en democracias fracasadas que no ofrecen resultados positivos para la vida de sus ciudadanos. De ahí que, junto a la insatisfacción, las encuestas detecten la pérdida de fe democrática entre los ciudadanos. Ese es el panorama.

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Plan de trabajo del Ministerio Público

Las visitas forman parte del Plan de Trabajo y Acción del Ministerio Público, que incluye un despliegue institucional a nivel nacional. Este plan busca fortalecer la presencia del Ministerio Público durante la jornada electoral y resguardar los derechos de los ciudadanos. Las visitas tienen como finalidad supervisar directamente las condiciones operativas y mejorar la coordinación con el personal fiscal que se encuentra desplegado en los municipios.

Capacitación y coordinación

Para preparar este operativo, se llevaron a cabo cursos de especialización en delitos electorales. Además, se realizaron reuniones de coordinación interinstitucional entre fiscales departamentales, la Policía Boliviana y los Tribunales Electorales Departamentales. Estas acciones permiten al Ministerio Público actuar de manera oportuna ante cualquier vulneración de la normativa electoral o alteración del orden público.

Derecho al voto de fiscales

Durante sus visitas, las autoridades fiscales también ejercieron su derecho al voto en los recintos asignados. De esta manera, cumplieron con su deber cívico y reafirmaron el compromiso institucional con el proceso democrático que se está llevando a cabo.

Asignación de fiscales

A nivel nacional, se ha dispuesto la asignación de 425 fiscales de materia, quienes cumplirán turnos especiales durante la jornada electoral. La distribución de estos fiscales contempla 123 en La Paz, 83 en Santa Cruz, 43 en Tarija, 39 en Chuquisaca, 38 en Cochabamba, 36 en Beni, 30 en Oruro, 21 en Potosí y 12 en Pando. El operativo también incluye a 251 peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y personal técnico y administrativo.

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Desde el jueves, simpatizantes del expresidente Evo Morales comenzaron una marcha desde Cochabamba hacia La Paz. Su objetivo es llegar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inscribir la candidatura a la presidencia del exmandatario, a pesar de que está inhabilitado constitucionalmente. Este viernes, la marcha llegó a territorio paceño.

Derecho a la movilización

“Todos los bolivianos tenemos el derecho de caminar, tenemos derecho a la locomoción y también a marchar, pero de manera pacífica”, afirmó Delfort Burgos, parlamentario del MAS.

En este contexto, Burgos añadió que si la marcha es pacífica, podrá transitar sin problemas por las calles de La Paz. Sin embargo, advirtió que si se produce convulsión, la Policía debe encargarse de restablecer el orden.

Detenciones durante la marcha

Desde la Defensoría del Pueblo, se reportó que más de 20 “evistas” fueron capturados por la Policía en el marco de la marcha. El senador William Torres comentó que cualquier persona tiene derecho a movilizarse, incluido Morales. Según él, el Gobierno está actuando por motivaciones políticas al realizar estas detenciones.

“Nosotros somos respetuosos de las decisiones de cada persona, de las organizaciones o incluso de los mismos dirigentes; ellos tienen el derecho de movilizarse o marchar”, expresó el diputado Fredy López, quien también rechazó las detenciones de “evistas” por parte de la Policía.

Críticas a la marcha

Por otro lado, el diputado Andrés Flores criticó la marcha, afirmando que su propósito final es convulsionar La Paz. “Le pido a Evo Morales que explique esa marcha. Primero, que no tiene sigla; segundo, que está inhabilitado. No sé cuál es el objetivo final de esta marcha, parece que es para convulsionar como siempre”, declaró.

El senador Pedro Benjamín también comentó sobre el derecho a marchar, afirmando que todos los bolivianos tienen esa facultad, tal como lo establece la Constitución Política del Estado. Sin embargo, señaló que hay ciudadanos que no tienen derecho a hacerlo, ya que están objetados y prohibidos por la Constitución, como lo ha determinado el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra del expresidente Evo Morales.

Posible inscripción de candidatura

La diputada Deisy Choque indicó que, aunque los “evistas” logren inscribir la candidatura de Morales, esta será evaluada por el TSE y es probable que sea desestimada. “Ojalá no se genere convulsión. En realidad no hay manera, no hay por ninguna esquina que puedan dejar ingresar (la candidatura de Morales). Todo lo demás creo que es una necesidad de querer convulsión y esperemos que eso en un futuro no perjudique el cronograma de las elecciones generales del 17 de agosto”, subrayó Choque.

Aprehensión de Evo Morales

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que los efectivos policiales llevarán a cabo la orden de aprehensión contra Morales si lo encuentran en La Paz. Esta orden se debe a un caso de trata relacionado con una menor de edad.

Ante esto, los parlamentarios exigieron a las autoridades actuar conforme a la Constitución y proceder con la aprehensión de Morales.

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Las calles del centro de la ciudad fueron ocupadas por distintos grupos que se movilizaron en rechazo a la Ley Municipal de Patentes. La marcha se concentró en las afueras de los edificios municipales, donde representantes de profesionales, comerciantes y vecinos expresaron su desacuerdo con la norma.

Las organizaciones que se unieron presentaron al alcalde Adhemar Wilcarani una carta señalando que esta ley es “violentatoria a los derechos y garantías ciudadanas”. En la misiva, solicitaron que se devuelva la normativa para su reconsideración al Concejo Municipal de Oruro.

En la carta enviada al alcalde, se destacó que “la economía en nuestro municipio es dependiente de la actividad gremial”. Se hizo énfasis en la crisis económica que afecta a los ciudadanos orureños y se solicitó una socialización con todos los sectores involucrados para evitar transgredir derechos y asegurar el bienestar económico del municipio.

Defensa de la ley

Por su parte, los comerciantes de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales también salieron a las calles para exigir la promulgación de la Ley Municipal de Patentes.

Abdón Véliz, representante gremial, explicó que tras un ampliado departamental con más de 100 secretarios generales, decidieron marchar para defender sus intereses. Afirmó que “hay sectores sociales que respetamos lo que dicen, pero no lo compartimos”, refiriéndose a las críticas hacia la ley.

Véliz también mencionó una resolución concejal del año 2007 que otorga un 50% de descuento a los comerciantes. En este contexto, se consultó al Viceministerio de Política Tributaria sobre perdonazos y alivios tributarios, quienes indicaron que estos deben ser establecidos por ley. Esto impulsó el desarrollo de la Ley Municipal de Patentes.

Detalles de la ley

Gherson Pally, jefe de la Unidad de Mercados del GAMO, explicó que según esta ley no hay afectaciones para ningún sector. Detalló cómo se calcularían las tarifas según el espacio utilizado para brindar servicios.

Por ejemplo, una oficina pequeña podría pagar alrededor de 1,20 bolivianos diarios. Además, aclaró que los impuestos sobre casas y vehículos no serán remitidos a un régimen general nacional.

Pally subrayó que el objetivo es extender el beneficio del 50% de descuento a todos los comerciantes registrados legalmente en el sistema. La ley busca incluir tanto a comerciantes formales como eventuales, sin discriminar entre ellos.

Enfrentamiento de sectores

La situación actual refleja un claro enfrentamiento entre diferentes sectores económicos y profesionales en Oruro, donde cada grupo busca proteger sus intereses ante una normativa considerada crucial para el futuro económico local.

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La audiencia está programada para el 23 de abril de 2025 a las 16:00 horas. En esta ocasión, deberá comparecer el alcalde Iván Arias para abordar los temas planteados en la Acción Popular.

Objetivos de la Acción Popular

La Acción Popular fue interpuesta el 15 de abril y tiene como objetivo la elaboración de un estudio técnico que evalúe la situación actual del transporte público. La concejal exige que se garantice un servicio accesible para toda la ciudadanía. Esta acción busca proteger los intereses del pueblo y no está relacionada con favores de campaña ni intereses sectoriales, según se ha afirmado.

Pérez Del Castillo ha solicitado al Órgano Judicial que se ordene la realización de un nuevo estudio técnico. Este estudio debe contemplar estándares de calidad, el cumplimiento de rutas completas, el control del trameaje y la implementación de tarifas diferenciadas en todas las modalidades de transporte.

Críticas al servicio actual

“La ciudadanía está pagando más por un servicio que no mejora. Es inaceptable que se imponga un tarifazo mientras se incumple la ley y se desprotege a los más vulnerables”, afirmó la concejal durante una de sus declaraciones.

Además, denunció que el Ejecutivo Municipal no ha fiscalizado ni controlado adecuadamente al sector del transporte desde 2016. Según un estudio técnico elaborado por el propio Gobierno Municipal, los operadores no cumplen con los estándares mínimos requeridos.

Responsabilidades del Ejecutivo Municipal

“El deber del Ejecutivo Edil es ejercer control sobre las paradas, eliminar el trameaje, garantizar el mantenimiento de vías y una planificación eficiente en materia de movilidad. Esta Acción Popular exige precisamente que el alcalde cumpla con estas responsabilidades”, agregó Pérez Del Castillo.

Propuestas tecnológicas

La concejal también propuso el uso de tecnología como GPS en las unidades de transporte para frenar el trameaje. Sin embargo, aclaró que estos sistemas deben ser financiados por el Gobierno Municipal, sin trasladar el costo a los transportistas.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga vigilante y exija un servicio público de calidad. “Los paceños debemos ser escuchados. No permitiremos más indiferencia frente a nuestras necesidades. Es momento de exigir un cambio real”, concluyó.

Desde 2016, la falta de fiscalización ha generado preocupaciones sobre la calidad del servicio público. Los operadores han sido señalados por no cumplir con estándares mínimos en seguridad y comodidad, lo que afecta directamente a los usuarios del transporte público en La Paz.

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La directora de Género Generacional, Tatiana Herrera, afirmó que la agresión psicológica hacia los niños no puede ser tolerada. Además, recordó que la normativa local establece que la recolección de tunas es un derecho de los ciudadanos, especialmente para aquellos que más lo necesitan.

Detalles del incidente

El altercado se produjo cuando una mujer de pollera, que estaba acompañada de tres niños, fue confrontada por otra vecina. Esta última la acusó de recoger tunas con la intención de venderlas. A pesar de que la mujer de pollera intentó defenderse, la agresora continuó con sus acusaciones, lo que llevó a un intenso intercambio verbal.

Durante la discusión, una de las menores comenzó a llorar desconsoladamente. “Has sacado harta tuna y ahora nosotros ¿qué vamos a sacar? Ya ven, voy a sacar una manguera y ayúdame a regar (…) Ves, no quieres. Encima nos lo rompen y ensucian. Graba lo que m… quieras, ni siquiera ayudas a limpiar el lugar”, fueron las últimas palabras antes de que la grabación se detuviera.

Tensiones sociales en juego

Este incidente refleja las tensiones sociales que existen en relación con el acceso a recursos naturales en áreas públicas. La recolección de tunas ha sido un tema recurrente en comunidades donde este tipo de prácticas son comunes entre quienes buscan su sustento diario.

La intervención de la Defensoría tiene como objetivo abordar estas dinámicas y proteger los derechos tanto de los adultos como de los menores que están involucrados en situaciones similares.

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Diseñada en un contexto de escepticismo y tras experiencias represivas acompañadas por la Ley de Imprenta de 1918, que sometió a los periodistas a cárcel, destierro y otros vejámenes, la promulgación de la Ley de Imprenta de 1925 marcó un antes y un después en la historia del periodismo boliviano, se convirtió en una herramienta esencial para proteger los principios fundamentales de la libertad de prensa. Aunque imperfecta y criticada, su vigencia durante el último siglo ha demostrado su relevancia en la defensa de derechos ciudadanos, la independencia editorial y la fiscalización del poder, elementos sin los cuales la democracia sería impensable.

La Ley de 1918, “era capaz de atemorizar al más valiente periodista. La cárcel, el destierro con todos horrores de la proscripción eran poco comparables con los medios puestos en ejercicio por algunos gobiernos…” (Periódico LA PATRIA, 3 de febrero de 1925, Pág. 3).

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

A lo largo de su historia, la Ley de Imprenta ha incomodado profundamente a las autoridades de turno, y las razones detrás de este conflicto son claras. Tres aspectos esenciales contenidos en esta normativa son los que despiertan mayores tensiones:

1. La libertad de expresión sin censura previa: Desde su primer artículo, la ley establece con firmeza: “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura”. Esta declaración no solo marcó un hito, sino que también simboliza un compromiso inquebrantable con la libertad de expresión, posteriormente ratificada como derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y el Pacto de San José en 1969.

2. La protección de las fuentes periodísticas: Los artículos 8 y 9 consagran principios esenciales que resguardan el anonimato de los informantes. Según la normativa, el secreto en materia de imprenta es inviolable, y cualquier editor que revele una fuente anónima sin una orden judicial es considerado culpable de un delito contra la fe pública. Este resguardo legal no es una simple formalidad; ha sido clave para mitigar la persecución judicial de periodistas y, en muchos casos, para preservar la vida de informantes que han revelado casos de corrupción y delitos graves.

3. Las garantías contra la censura: En su artículo 64, la Ley establece que en ningún caso podrá decretarse el cierre de una imprenta. Este principio asegura la continuidad operativa de los medios de comunicación masiva, blindándolos contra intentos de silenciar sus voces a través de la fuerza o el aparato estatal.

ADAPTACIÓN Y RESISTENCIA EN EL TIEMPO

Aunque originalmente fue concebida para publicaciones impresas como periódicos y revistas, la Ley de Imprenta ha demostrado su capacidad de adaptación. Actualmente, su aplicación se realiza por interpretación extensiva y por analogía, abarcando medios digitales, portales web, blogs informativos, redes sociales y otros formatos de comunicación masiva. Esta versatilidad ha permitido que siga siendo un escudo frente a los intentos de censura, aunque también plantea retos adicionales ante las plataformas digitales y la desinformación.

A pesar de las críticas y los cientos de intentos por modificarla, actualizarla o eliminarla, siempre se llegó a la misma conclusión: “Es extremadamente peligroso tocarla”, debido a que siempre fue una piedra en el zapato para quienes legislan, promulgan las leyes y detentan poder.

CONFLICTOS Y CASOS EMBLEMÁTICOS

Si bien hubo pocos procesos en Tribunales de Imprenta bolivianos, la Ley ha servido de escudo contra los múltiples intentos por acallar a la prensa utilizando el rodillo judicial y la influencia de poderes. A lo largo de su historia, el periódico LA PATRIA ha sido testigo y protagonista de los ataques contra la libertad de prensa. Como ejemplo se muestran los casos más emblemáticos:

– Antes de la promulgación de la Ley de Imprenta de 1925.

A tan solo un año de su fundación, en 1920, su director Demetrio Canelas fue apresado, la imprenta asaltada y paralizada, logró dar continuidad a sus ediciones con una imprenta prestada por el vespertino “El Industrial”.

En 1924 la imprenta fue allanada nuevamente y su director Canelas desterrado a la Argentina, luego de dos meses de reorganización se reanudaron las ediciones bajo la dirección de Israel Becerra.

El 1 de julio de 1925 sufrió una nueva clausura y su director fue confinado a la provincia de Sajama, en la frontera con Chile.

En octubre de 1925 los periodistas Israel Becerra y Luis Guzmán, junto a su director Demetrio Canelas, fueron desterrados a Antofagasta, desde donde editaron el tabloide “LA PATRIA en el destierro”.

– Después de la promulgación.

Restricción del cupo de papel en 1947: Ante esta medida, el periódico se vio obligado a imprimir en papel de envoltura (papel madera) hasta superar las restricciones. Por el color oscuro de las hojas, anecdóticamente su director Enrique Miralles Bonnecarrere decía “LA PATRIA se viste de overol y continúa sirviendo a su pueblo”.

Destrucción total de las instalaciones en 1955: El ataque obligó al cese temporal de publicaciones durante un mes. La valentía de Antonio Miralles Bova, hijo del director, evitó una tragedia mayor al desactivar una carga de dinamita a sus 12 años.

Atentado con dinamita en 1980: La explosión de un artefacto atribuible al Sendero Luminoso voló la puerta principal del periódico y causó daños materiales considerables.

En las últimas décadas, los ataques han evolucionado hacia formas menos traumáticas, pero igualmente efectivas, como la asfixia económica, persecución tributaria, distribución selectiva de pauta publicitaria y el uso de leyes modernas, como la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, que fomenta la censura previa y la autocensura.

CONTRIBUCIÓN A LA DEMOCRACIA BOLIVIANA

La Ley de Imprenta no solo protege a los periodistas, sino que también garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información veraz y oportuna. Al permitir la fiscalización de los poderes públicos y asegurar un espacio para la pluralidad de opiniones, esta normativa ha sido fundamental en el fortalecimiento de la democracia boliviana. Además, el derecho a probar la verdad (art. 14), la protección contra represalias (art. 30), el sistema de jurados independiente (art. 26), y la prescripción favorable de delitos de imprenta a no más de cuatro meses, limitando la persecución prolongada (art. 20), son herramientas que facilitan la labor periodística y limitan los abusos de poder.

MÁS QUE UNA LEY, UN COMPROMISO CON LAS LIBERTADES

A pesar de los intentos recurrentes por modificarla o neutralizarla, la Ley de Imprenta de 1925 sigue siendo un bastión de la libertad de prensa y expresión en Bolivia. Su capacidad para resistir el paso del tiempo y adaptarse a nuevos contextos demuestra su relevancia como marco esencial para el funcionamiento de una prensa libre y responsable. Al garantizar la independencia editorial, la fiscalización de los poderes, la defensa de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia, La ley de Imprenta de 1925 establece un marco esencial para el funcionamiento de una prensa libre y responsable contribuyendo al desarrollo de una democracia más justa y transparente.

En palabras de Voltaire, que sintetizan el espíritu de esta normativa: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

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A través de sus redes sociales, Arce comunicó: “Hermanas y hermanos bolivianos, tengan la seguridad de que su gobierno nacional seguirá trabajando como si fuera el primer día que asumimos el mandato del pueblo, con la misma fuerza, convicción y compromiso para defender la democracia y servir a nuestra Patria en busca de mejores días para todos”.

Importancia del apoyo social

El mandatario subrayó la relevancia del apoyo constante de las organizaciones sociales en este proceso. Agradeció a estas entidades por su “permanente respaldo”, el cual considera esencial para avanzar hacia un futuro más prometedor para Bolivia.

Defensa de los derechos ciudadanos

La defensa de la democracia ha emergido como un tema crucial en el discurso político actual. En este contexto, Arce enfatizó que su administración seguirá trabajando sin descanso para garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos.

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Según Machado, la jornada electoral transcurrió de manera pacífica, aunque se reportaron algunas incidencias en mesas de votación. Inicialmente, se registraron problemas en 1.300 mesas de las 30.026 instaladas, pero la mayoría de ellos fueron solucionados y solo quedan 12 con algunos inconvenientes. La exdiputada también denunció la solicitud de escaneo de cédulas en algunos centros electorales, un requisito no contemplado legalmente, y pidió que se elimine para agilizar el proceso.

Confianza en el proceso electoral

Machado destacó que, a pesar de las excepciones reportadas, el proceso electoral se desarrolló de manera pacífica. Reconoció el comportamiento del Plan República y confió en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizará el respeto a los resultados electorales. Por su parte, Edmundo González Urrutia expresó confianza en la normalidad del proceso en más del 99% de los centros electorales.

Más de 21 millones de votantes

En estas elecciones, más de 21 millones de personas tuvieron la oportunidad de elegir entre 10 candidatos presidenciales, incluyendo a González Urrutia y al actual mandatario Nicolás Maduro.

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La Defensoría del Pueblo ha estado acompañando el proceso y ha realizado diferentes acciones para garantizar los derechos de los bolivianos de elegir a sus autoridades. Se ha exhortado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a los Órganos del Estado a garantizar estos derechos, incluso se ha aprobado una ley en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la presentación de recursos legales por parte de postulantes inhabilitados ha frenado el proceso de evaluaciones orales de los 405 postulantes y ha generado un riesgo de paralización. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo se compromete a agotar todas las oportunidades para convocar a las instancias correspondientes y garantizar a los ciudadanos el derecho a la elección democrática de sus autoridades judiciales.

Visita del relator de la CIDH para encontrar una solución

En mayo, está prevista la visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero. Esta visita tiene como objetivo brindar cooperación técnica en la preselección de candidatos para las elecciones judiciales. La Defensoría del Pueblo considera que esta visita debe ser una oportunidad para encontrar una solución y dar continuidad al proceso.

Receso en las evaluaciones orales

Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural habían programado las evaluaciones orales de los 405 postulantes a partir de esta semana. Sin embargo, debido a los recursos presentados, se ha decidido dar un receso para evaluar las acciones a seguir.

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Después de 13 días de medida de presión, Rodríguez destacó que las pérdidas diarias superan los 75 millones de dólares.

Efectos más allá del aspecto económico

Además, subrayó que las consecuencias no se limitan a las pérdidas económicas, afectando también a exportadores, importadores, transportistas, comerciantes, trabajadores y consumidores.

El ejecutivo del IBCE señaló que el bloqueo impacta negativamente en la imagen internacional del país y compromete el derecho a vivir en paz y circular libremente.

Persistencia del bloqueo genera preocupación

A pesar del anuncio de un acuerdo político para llevar a cabo elecciones judiciales, el bloqueo persiste en Cochabamba, generando preocupación en diversos sectores. Rodríguez hizo un llamado a cumplir con la Constitución y las leyes bolivianas, citando artículos que garantizan el derecho a la libre circulación y al trabajo.

Aplicación de sanciones para quienes obstaculicen el transporte

Asimismo, instó a aplicar sanciones previstas en el Código Penal para aquellos que obstaculicen los modos de transporte, con penas de 2 a 8 años de prisión. “Lo que tienen que hacer es lo que dice el artículo 213 del Código Penal, sancionar y meter a la cárcel de 2 a 8 años. Eso es lo que dice el Código Penal cuando haya perjuicios por obstaculizar los diferentes modos de transporte”, sostuvo la autoridad.

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“Por unanimidad este directorio ha decidido no participar de la Comisión Interinstitucional, seguir trabajando en torno a la institucionalidad que hace parte del Comité pro Santa Cruz, en la defensa de los derechos de los ciudadanos cruceños y bolivianos. Hemos entendido que cualquier otro ente o una comisión que se conforme pudiera generar paralelismo”, manifestó el presidente cívico, Fernando Larach.

El Comité Interinstitucional de Santa Cruz desarrolló un encuentro el martes, con la participación de actores sociales, políticos y cívicos; ahí se eligió como vocero de la organización al vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas y a Jorge Santisteban como coordinador.

El primer anuncio de Vargas como vocero, fue una movilización para este viernes y una reunión la siguiente semana, con instituciones cruceñas para analizar, entre varios temas, el paquetazo de leyes del Gobierno, la Gestora Pública y la reforma judicial, informó la ANF.

De acuerdo con Larach, la presencia de personajes políticos en el Comité Interinstitucional resultará en la politización de sus protestas, además, precisó que la institucionalidad cruceña debe trabajarse desde el Comité Cívico, porque es el ente matriz de las organizaciones de la sociedad, incluyendo la universidad autónoma.

“El Comité va a apoyar todas las iniciativas ciudadanas que se realicen, en protesta y en defensa de los derechos y los intereses del pueblo. No hay paralelismo, no hay división; simplemente el Comité se reúne en torno a su institucionalidad, se va a apegar a lo que determine esta y va a trabajar con esta institucionalidad”, explicó el cívico.

/ LMPT

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Pese al anuncio que realizó el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, de que el Carnaval Cruceño se desarrollaría durante los tres días y no se suspendería por ningún motivo, varios participantes decidieron no compartir este pensamiento, porque entienden que no tienen nada que festejar, y el bailar no ningún tipo de manifestación, como lo señaló otra autoridad.

El anuncio de la no participación de las comparsas se cumplió mediante las redes sociales, como la Comparsa Chabacos, que no pueden estar en medio de festejos cuando hay “presos políticos, la muerte de un cruceño por la represión policial y la inseguridad física y jurídica de los pobladores”.

Otras comparsas que renuncian a los festejos, son los Vagabundos Sumuqué, Pichiroses, Socios y Curumechaca, así como los Cunumis, Urupé Mequetrefes, Chabacanos y Cachivachis.

Una de las comparsas más antiguas, como son los Vagabundos Sumuqué, publicaron en sus cuentas de las redes sociales, que la decisión es en defensa del “estado de derecho, libertad y democracia como la base por la cual se construirá una sociedad más justa en beneficio de las futuras generaciones”.

Ante los anuncios, que debilita una posible realización del Carnaval de Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno Municipal de dicha ciudad no se ha manifestado hasta el momento. Pero aún se baraja la posibilidad de suspender todas las actividades anunciadas.

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/ LMPT

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Guzmán es abogado especializado en asesoramiento jurídico referido a la familia y la niñez, oriundo de Potosí. Actualmente, es asesor legal de una empresa de seguros.

El aspirante resaltó que de ser elegido buscará luchar siempre por los derechos de los ciudadanos, reportó la red Erbol.

“Me animé a esta convocatoria a postularme y cumplí con todos los requisitos que se han lanzado. Mi propósito al llegar a ser elegido como Defensor (del Pueblo) es luchar por todos los derechos del pueblo boliviano”, manifestó.

Proceso de selección del Defensor del Pueblo

A la fecha, la lista de postulantes incluye a: Iván Cuevas Paucara, Ramiro Rafael Sanjinés Rodríguez, Cyborg Kanashiro Bronnkss, Francisco Xavier Solares Marco y René Guzmán.

El 1 de abril a las 18:00, fenece el plazo para la recepción de documentación para quienes aspiren al cargo público y el 10 de abril se publicará la lista de aspirantes habilitados.

El Defensor del Pueblo ejerce funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad a una segunda designación, según la Constitución Política del Estado (CPE).

/JDLF/

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Ayer, un grupo de ciudadanos denominados “autoconvocados” y simpatizantes de “Acción Vida” participaron de “La Gran Movilización” en defensa de la vida rechazando la “imposición” de los decretos supremos 4640 y 4641.

En tal sentido, los simpatizantes llegaron marchando a la Plaza Principal y se constituyeron en una de las esquinas para manifestar su pedido de abrogación de ambos decretos.

“El Gobierno con sus decretos nos están obligando a vacunarnos cosa que no debe ser, pues nos dicen que si nos vacunamos no podemos ejercer nuestro derecho a la educación, al trabajo, al transporte libre, a la alimentación, a poder acceder a espacios públicos, uno se siente impotente, pero queremos hacer escuchar su voz”, manifestó el voluntario activista del movimiento, Dulfredo Mollo.

ANULACIÓN

El activista sostuvo que el movimiento busca la anulación de ambos decretos, ya que el anuncio de la suspensión de la presentación del carnet de vacunación no les otorga ninguna garantía, por lo que anticiparon que continuarán movilizados hasta lograr su objetivo.

“Vamos a venir todos los días hasta que se anulen estos decretos, es un movimiento nacional y entonces vamos a seguir hasta donde nos de las fuerzas, porque después de todo estamos luchando por nuestras vidas, estamos una buena cantidad de gente comprometida, la población se suma vamos a hacer una movilización grande y también vamos a emplear otras estrategias para poder ser escuchados”, mencionó Mollo.

VACUNAS

Asimismo, el grupo ratificó que no son “antivacunas”, sin embargo, afirman que las dosis ofertadas para combatir el virus no están funcionando y las personas vacunadas nuevamente se están enfermando.

En contrapartida, el movimiento no confía en el uso de barbijos, pero apuesta por la medicina tradicional para combatir el covid-19 asegurando que es más efectiva que la vacunación.

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Con petardos, perifoneo y carteles, un grupo de ciudadanos llegó hasta la Plaza Principal marchando para luego asentarse al frente de la Gobernación de Oruro y expresar su molestia ante ambos decretos publicados desde el nivel Central.

Al movimiento se sumaron más personas, quienes sostienen que la vacunación es voluntaria y obligar el uso del carnet de vacunación en espacios públicos y privados “viola sus derechos y es inconstitucional”.

“Los dos decretos emanados por el Gobierno son anticonstitucionales, están vulnerando las leyes y la Constitución Política del Estado (CPE) y eso no es correcto, el Gobierno está vulnerando nuestros derechos y nosotros estamos reclamando eso”, expresó el representante de participación y control social de la Asociación Departamental de la Tercera Edad, René Villarroel.

Asimismo, el ciudadano aclaró que el grupo no es “antivacunas”,, ya que no están en contra de que otras personas se inmunicen si así lo desean, sin embargo, exigen el respeto para aquellos que no quieren vacunarse, toda vez que esta acción es voluntaria.

“El que quiere hacerse vacunar que se vacune, son sus derechos, sus vidas y los que no queremos también que respeten, nosotros usamos el barbijo para protegernos porque ni los médicos pueden decir como entra el virus al organismo, lo único que los médicos saben hacer es ganar plata y olvidarse de la salud, su juramente hipocrático lo han tirado por los suelos”, reprochó.

Para el miércoles, el grupo convocó a otra marcha adelantando que no descansarán hasta lograr la abrogación de los decretos, instando a otras personas a sumarse a la protesta.

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En medio de un mitin y con carteles de: ¡No a la vacuna obligatoria! en la Plaza 10 de Febrero, unos cuantos ciudadanos exigieron al Gobierno Central la abrogación de ambos decretos y en contrapartida promovieron el uso del dióxido de cloro para combatir el Covid-19.

Asimismo, lamentaron que ante las disposiciones del nivel central, se ven imposibilitados de entrar a las entidades financieras, así como viajar a otra región, aspecto que afecta en gran medida su estilo de vida.

“No queremos que nos exijan el carnet de vacunación, no queremos que nos chantajeen justamente para entrar a los bancos, yo soy jubilado, yo voy a cobrar mi sueldo de 36 años de trabajo, es mi trabajo, es mi dinero, no pueden privarme de que yo cobre mi renta de jubilación”, sostuvo un miembro del control social de la Asociación Departamental de la Tercera Edad, René Villarroel.

Asimismo, el ciudadano reprochó que el Gobierno “metió mano” a los fondos de los jubilados y rechazó enérgicamente que se vulneren los derechos de la población con los decretos que según el sector movilizado, “vulnera la Constitución Política del Estado”.

“La persona que quiere vacunarse está en su derecho, nosotros también estamos en nuestro derecho, no queremos vacunarnos, que se respeten nuestros derechos, es lo que pedimos, por eso nos movilizamos para que realmente conozca el pueblo nuestras observaciones a estos decretos que están vulnerando la CPE y las leyes”, dijo.

PCR

En cuanto a la prueba PCR para la detección del Covid-19, los ciudadanos sostuvieron que la misma es falsa y al igual que las vacunas tiene óxido de grafeno, por lo que no existe confianza para su uso en la población.

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Asimismo, estos sectores consideraron que las normas son inconstitucionales y no se puede impedir el ejercicio de derechos por la vacunación.

Fueron el Comité Cívico de El Alto, la Federación de Padres de Familia y el magisterio rural departamental, organizaciones que se manifestaron en conjunto y dieron dicho plazo al Gobierno para abrogar los decretos.

El presidente cívico, Gregorio Gómez, advirtió que de no cumplirse su pedido las organizaciones irán a las calles a movilizarse y realizar bloqueos. De generarse enfrentamiento, manifestó que será culpa de las autoridades.

“Que se atengan a las consecuencias. Si quieren convulsión, la van a tener, si quieren arreglar, que arreglen de buena forma con las organizaciones, estamos molestos, no estamos bromeando”, manifestó Gómez.

Los representantes de estos sectores aclararon que no están en contra de la vacuna, pero sí rechazan que sea un requisito.

El dirigente del magisterio, Ruddy Callisaya manifestó que ven con preocupación que se pida el carnet de vacunación incluso para ir al banco. Alertó que personas de la tercera edad del área rural no podrán cobrar sus rentas, porque no tienen ese documento.

También rechazó que eventualmente se vaya a pedir el certificado para las clases y afirmó que los padres no permitirán que se imponga a sus hijos la vacunación. Sin embargo, el Ministerio de Educación ya aclaró que el carnet de vacunación no es requisito para la inscripción.

Asimismo, el dirigente del magisterio rural manifestó que su sector no garantiza el inicio de clases, en tanto no se abroguen los decretos y no se garanticen condiciones de bioseguridad para las labores estudiantiles, según reporte de la red Erbol.

Gregorio Gómez criticó también al Gobierno por insistir en que la vacunación es voluntaria, cuando en los hechos la alternativa es tener una prueba PCR que puede costar al menos 450 bolivianos. Señaló que ese costo afecta a la población.

De igual manera, se pronunciaron los gremiales de El Alto, a la cabeza de Toño Siñani. Este sector dio 72 horas al Gobierno para que anule los decretos.

El dirigente Siñani manifestó que él está vacunado, pero no puede obligar a sus bases a hacer lo mismo. Argumentó que la población, particularmente del área rural, tiene su propia forma de cuidarse en base a la medicina tradicional.

Finalmente advirtió que, de no abrogarse los decretos, los gremiales se movilizarán desde el lunes en El Alto. Asimismo, ya tiene planeadas reuniones con otros sectores para aunar esfuerzos.

/MDCB

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El abogado que patrocina este recurso, Gabriel Justiniano, indicó que tienen el apoyo también del Comité Cívico de El Alto, afirmando que los decretos vulneran derechos de la ciudadanía.

“Los decretos supremos 4640 y 4641 se constituyen decretos atentatorios y vulneratorios de derechos y garantías fundamentales”, señaló el abogado

El recurso fue presentado por el representante de la Iglesias Evangélicas, Luis Aruquipa, el exdirigente sindical, Jaime Solares, además de médicos promotores del uso del dióxido de cloro como Patricia Callisperis y Guery Cordero.

“Decretos atentan contra la libertad”

Según Justiniano, no se trata solamente del derecho a vacunarse, sino supuestamente defienden la libertad de las personas, el derecho a la libertad de expresión, libertad de culto y la libertad de disposición sobre su cuerpo.

Manifestó que si sólo una persona no quisiera vacunarse, se aplica el criterio de que el derecho de una colectividad está por encima del de un individuo, pero en este caso, supuestamente son miles que rechazan la vacunación, “por lo cual también es una colectividad”.

Acción Popular

El recurso presentado por este grupo debe ser resuelto por una Sala Constitucional.

“(Una Acción Popular procede contra) todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza”, establece la Constitución Política del Estado.

/JDLF/

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Mencionó en el documento que las movilizaciones son causadas por la serie de leyes “anticonstitucionales” que aprobó el Gobierno de Luis Arce. Estas despertaron la molestia de la ciudadanía e instituciones en todo el país pues, sienten que la democracia se encuentra en riesgo a causa de las malas políticas impuestas.

La institución recalcó que los efectivos policiales son los primeros que deberían resguardar el orden en nuestro departamento y no así cayendo en actos de violencia ante los ciudadanos. Presumió la entidad que algunas autoridades departamentales cometieron atropellos ante ciudadanos orureños en estado de ebriedad, abusando del poder que tienen, quebrantando el derecho de las personas a protestar y reprimiendo su derecho a la libre expresión.

Reprochó la agresión que sufrió el ejecutivo del STPO, Juan Carlos Yapari, por efectivos del “verde olivo”, quienes brindaron una serie de golpes y empujones, durante la protesta pacífica, cuando sus colegas y bases, intentaba ingresar a la Plaza 10 de Febrero, no satisfechos con dejarlo ensangrentado del rostro le rociaron gas en spray directamente a los ojos.

Mediante su escrito, los bloquistas exigieron a las autoridades policiales modificar las conductas agresivas de sus efectivos hacia la población orureña, respetando el principio democrático de los ciudadanos, reconocido por la Constitución Política del estado (CPE).

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Para hoy se anunciaron marchas no solo en Santa Cruz sino también en Potosí, Cochabamba y otras regiones del país.

En Santa Cruz, integrantes del transporte pesado, Cámara de Transporte del Oriente, Fedetrapesc, Asociatri, Astic, Sindicato de Transporte Pesado, Federación Departamental de Transportistas de Omnibuses y la Coordinadora de Transporte Pesado de Santa Cruz, realizarán una marcha por el cuarto anillo desde las 16:00 horas.

La movilización concluirá con una concentración en el monumento al Cristo Redentor, a las 19:00 horas, según reporte de El Deber.

POTOSÍ

Asimismo, esta jornada, en Potosí se realizará una marcha en rechazo a la mencionada ley y abusos cometidos por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en contra de la población potosina que bloqueaban pacíficamente.

A las 14:00 horas, los mineros se concentrarán en la Ckasa, el Calvario. El miércoles precedente, la Asamblea General de presidentes de Fedecomin (Federación Departamental de Cooperativas Mineras) Potosí) y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) dieron un plazo de 24 horas al Presidente Luis Arce, para que abrogue la Ley 1386 y todo el paquete de “leyes malditas, anticonstitucionales y antidemocráticas”. Dicho plazo vence este jueves.

COCHABAMBA

En Cochabamba, luego de un cabildo realizado el miércoles, se fortalecerán los puntos de bloqueo que existen en la ciudad. Además, anunciaron la rearticulación de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y “todas las resistencias juveniles”.

TARIJA

En Tarija, los cívicos anunciaron que no levantarán sus medidas de presión hasta que se abroguen esas normativas. En la capital anda luz se masifican los puntos de bloqueo.

LA PAZ

De esa manera, en la Sede de Gobierno, el miércoles se realizó una gran marcha contra la mencionada ley, que recorrió las calles del centro paceño y en un cabildo, realizado en la plaza Abaroa, se decidió continuar con este tipo de medidas de presión hasta lograr la abrogación de la denominada “ley madre”, la Ley 1386.

A FAVOR DEL GOBIERNO

Al igual que las marchas en contra del paquete de leyes, este jueves también se llevarán a cabo movilizaciones a favor del Gobierno.

En Santa Cruz, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz Bartolina Sisa, realizará a primeras horas de este jueves una marcha desde su sede hacia el Palacio de Justicia. Protestarán por la violación de sus derechos constitucionales.

El MAS llevará a cabo este jueves una concentración en Shinahota, en el Trópico de Cochabamba, para recordar el segundo año de la renuncia de Evo Morales y expresar su respaldo al Presidente Luis Arce.

De esa manera, el senador oficialista, Leonardo Loza anticipó que se trata de mostrar el poder del partido que ganó las elecciones en 2020. Las movilizaciones en favor del Gobierno central continuarán el domingo, en La Paz, con un cabildo de organizaciones afines al MAS.

Finalmente, el miércoles, desde La Paz, el Presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca convocaron a las organizaciones sociales a “defender la democracia” ante los supuestos intentos de desestabilización por sectores cívicos y gremialistas.

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“La Policía falta a su deber constitucional. Ha salido a provocar a quienes ejercían su derecho a la protesta”, manifestó el vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach.

El dirigente señaló que vivió en “carne propia” una de las represiones de la Policía. Contó que anoche la Policía utilizó uno de sus carros Neptuno para lanzar agua a personas que se encontraban protestando en la avenida Piraí, en el segundo anillo.

Larach manifestó también sobre las imágenes que se difunden en las redes sociales en las cuales se ve a policías junto a camionetas abarrotadas de gente, según reporte de Unitel.

“Custodian hordas delincuenciales que desbloquean los puntos de bloqueo. Es una vergüenza que el ministro Del Castillo falte a su deber y avale estas situaciones”, señaló el dirigente.

Criticó también que las acciones que realizaron desde la Policía este lunes contra quienes se oponen a la Ley 1386 no fue similar a lo ocurrido contra el grupo armado que tomo de rehenes a civiles, policías y periodistas y tampoco contra quienes iniciaron un bloqueo en San Julián la semana anterior.

“Atacan la protesta que está contra ellos, pero no han actuado con el bloqueo en Pailón, no hay detenidos por los baleados (en Las Londras), ni por los secuestros”, aseveró Larach.

El cívico invitó finalmente a la población a seguir con la protesta sin caer en provocaciones. “Es nuestro derecho y deber protestar en defensa de nuestras libertades y derechos”, indicó Larach.

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El asambleísta afirmó que la “alerta migratoria” está vigente por un acuerdo entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno durante el periodo transitorio.

“Es una herencia maldita que estamos teniendo los bolivianos que es el tema de las alertas migratorias. Es un convenio que se firmó entre el exministro Murillo y el Fiscal General siendo totalmente ilegal, no está contemplado en la Constitución Política del Estado. Las leyes solamente hablan de arraigo”, manifestó Morón.

La alerta migratoria se activa cuando una persona pretende salir del país teniendo una orden de aprehensión, arraigo o declaratoria de rebeldía. Esto se debe al acuerdo que existe entre la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, institución que fue liderada por el exministro Murillo en el periodo transitorio,

“Las alertas migratorias no están contempladas en la Constitución y en las leyes bolivianas, por lo tanto, es acuerdo interinstitucional que ha sido una herencia maldita que tenemos los bolivianos hasta el día de hoy debe ser abrogado, debe ser anulado”, añadió el senador Morón.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno actual aún siga manteniendo ese mecanismo, a pesar que fue introducido en el Gobierno transitorio, según reporte de la red Erbol.

“¿O es que ahora quieren heredar eso para instrumentalizar persecución política contra los ciudadanos bolivianos?”, cuestionó el representante de Creemos.

Finalmente, Morón anunció que solicitó un informe al Ministerio de Gobierno sobre esta situación y que se explique por qué se mantiene vigente el mecanismo de “alerta migratoria”.

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“Con el ánimo de recobrar la democracia, la justicia independiente y la dignidad de los bolivianos exigimos: 1. Abrogación de todas las normas arbitrarias y atentatorias contra las libertades individuales y colectiva, inconstitucionales y antidemocráticas: Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, Ley 1386, Ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo”, señaló en un comunicado.

Asimismo, exigieron la abrogación de la Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, y la Ley 1398 de Registro de Comercio.

Los cívicos, además, sostienen otros pedidos para defender la democracia.

Pidieron la inmediata restitución de los 2/3 del Reglamento de Debates Legislativos; además, exigen liberar a los presos políticos y cesar de la persecución política y judicial y procesos disciplinarios, bajas, cambios de destino y sanciones arbitrarias dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, reportó Los Tiempos.

Solicitan también que organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea y Naciones Unidas, formen una comisión internacional para acompañar el proceso de refundación de una justicia independiente e imparcial en Bolivia.

Además, solicitaron atender las demandas regionales en función a los principios de respeto por la identidad, la dignidad y su autonomía, en procura de la defensa de sus recursos naturales, la demanda indígena, respeto al medio ambiente, pacto fiscal, entre otros.

Convocaron a los líderes a nivel nacional, defender con integridad sus regiones, sus pueblos.

Advirtieron que la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo “aún sigue vigente” y ya fue implementada.

“Tiene esta norma (1386), aprobada o tácita, una razón de ser. La explicación por la que este Gobierno se aferra con uñas y dientes a aprobar una norma claramente inconstitucional, arbitraria, abusiva, perseguidora, policial; propia de un Estado totalitario”, indicaron los cívicos.

El Gobierno retiró el proyecto de ley “antilegitimación” después de las protestas de gremiales, transportistas y otros sectores, que rechazaron la misma porque consideran que vulnera los derechos ciudadanos.

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El encuentro se desarrolló en instalaciones del Comité Cívico pro Santa Cruz, ubicado en pleno centro cruceño, en la denominada “Cumbre Nacional por la Unidad y la Defensa de la Libertad y la Democracia”.

“Las organizaciones representadas en esta cumbre conforman el nuevo bloque de unidad y la democracia frente al intento de arrebatarnos nuestros derechos por lo que nos comprometemos, ante todo el pueblo boliviano, las acciones necesarias para impedir consolidar una dictadura o el retorno de dictadores”, leyó el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, según una de las conclusiones.

En el encuentro participaron el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho; Carolina Ribera, hija de la expresidente Jeanine Añez; legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, entre otros.

“Nos sumamos al paro nacional cívico ciudadano convocado para el 11 de octubre 2021 por la Confederación de Gremiales de Bolivia”, según otro de los puntos.

El denominado “bloque de unidad” decidió exigir al Gobierno que cese la persecución y la vulneración de derechos mediante el uso del Órgano Judicial y la Fiscalía en contra de políticos de oposición, además que se dé libertad a los presos políticos.

Se demandó frenar la presunta persecución contra el gobernador cruceño y los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y de “cualquier otra autoridad subnacional investida por voto popular”.

Se pidió lo mismo para el caso de los policías, militares, miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y se demandó la liberación “inmediata” de la expresidente Jeanine Añez, a quien dijo que se le “vulneraron los derechos” desde que fue detenida.

Calvo anunció que se buscará promover acciones ciudadanas para la elección de nuevas autoridades de la Fiscalía y del Órgano Judicial con la participación de la sociedad civil, reportó la red Erbol.

“Se apoyarán todas las acciones, huelgas, marchas y otras medidas que busquen la reivindicación de las libertades a los derechos de los bolivianos garantizando la unidad y los intereses nacionales y de todos los departamentos”, sostuvo el presidente del Comité Pro Santa Cruz.

Asimismo demandó que se pueda frenar el tratamiento del proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencional, en el Legislativo.

Además de la abrogación de la ley de Emergencia Sanitaria, de Registro de Comercio, Ascensos en la Policía, ya que consideró que son “inconstitucionales” y “vulneran” los derechos y garantías de toda la ciudadanía.

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Esta información fue solicitada desde fines de mayo, por la Agencia de Noticias Fides (ANF). En primer lugar se gestionaron entrevistas con las autoridades pertinentes mediante la Unidad de Comunicación, sin embargo no hubo respuesta.

El derecho de acceso a la información para cualquier persona, sin distinción, está garantizado en el Decreto Supremo 27329 de 2004 y el artículo 21, numeral 6 de la Constitución Política del Estado (CPE).

El Decreto Supremo 27329 de 2004 reconoce el respeto al acceso a la información a todas las personas, con el propósito de buscar, recibir, acceder y difundir información pública, como un derecho y un requisito indispensable para el funcionamiento y fortalecimiento de la democracia.

En el inciso “b” del mismo Decreto, indica que el acceso a la información debe ser asegurado a todas las personas sin distinción, porque provee el insumo básico para el ejercicio de su propia ciudadanía.

Asimismo, en el Artículo 21 y numeral seis de la CPE, da a conocer la posibilidad de acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.

Después de la insistencia, el 11 de junio se coordinó vía WhatsApp con el responsable de la agenda en medios de comunicación del Ministerio de Salud, Luis Navia, para la entrevista. No obstante, el 13 de junio se confirmó que la autoridad encargada de brindar la entrevista sería el viceministro de Sistemas Sanitarios, Álvaro Terrazas para el 14 de junio, Navia se comprometió en confirmar la hora.

Posteriormente, a las 15:17 horas del 14 de junio informaron que Terrazas estaba de viaje en Cochabamba y que no era posible llevar a cabo el encuentro, sino al día siguiente es decir el 15 de junio.

A requerimiento de la cartera de Salud, la agencia ANF llenó un formulario sobre el contenido que se abordaría en la entrevista, ahí se explicó que el tema de interés eran las vacunas, cantidad de dosis, datos sobre vacunados con primeras y segundas dosis, dosis disponibles a nivel nacional y distribución de los inoculantes a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes).

El 15 de junio, Navia se excusó y señaló que “para agencias de noticias estaba coordinando Iván Ayaviri”, el actual responsable de Comunicación del Ministerio de Salud. Pese a que el 10 de junio en el grupo oficial de Salud se informó que Navia ejercía ese cargo.
Ante la respuesta negativa de dicho ministerio y sus representantes, el 17 de junio desde la dirección del medio de comunicación se enviaron dos cartas dirigidas al viceministro de Sistemas Sanitarios, Álvaro Terrazas y a la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Reneé Castro, requiriendo la información sobre vacunas, la cual es de interés público.

El 29 de junio se volvió a insistir y enviar las cartas hasta el Ministerio de Salud, pero tampoco hubo respuesta de ninguna de las autoridades. Lamentablemente, hasta la fecha no existe ninguna contestación.

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“Se presentó un recurso de impugnación ante el sobreseimiento que han presentado los fiscales de materia respecto al caso “fraude electoral”, esta impugnación debe ser resuelta por el Fiscal Departamental de La Paz”, informó el abogado de los cívicos, Martín Camacho, en conferencia de prensa.

Los cívicos consideran que la prueba utilizada por el Ministerio Público para finalizar el caso “fraude” fue indebidamente recolectada, por lo cual el Comité Pro Santa Cruz presentará un incidente de actividad procesal defectuosa ante el juez cautelar que está a cargo del caso.

El 27 de julio, la Fiscalía presentó la resolución de sobreseimiento 06/2021, en la cual informó que no se encontró delito en los 12 acusados del caso “fraude electoral” y por eso se cancelaron todas las investigaciones.

Esa resolución abrió el periodo de impugnaciones en contra del sobreseimiento del caso, el Comité Pro Santa Cruz fue la primera entidad en dar a conocer su rechazo a la resolución Fiscal, reportó el diario El Deber.

“No se notificó a las partes con la pericia, no se les dio la oportunidad a los denunciantes de oponerse a esta pericia y tampoco de proponer un consultor técnico como está previsto en la Ley”, denunció Camacho.

Señaló que la Fiscalía procedió de manera unilateral “violentando” el debido proceso y el derecho a la igualdad de partes.

En esa línea, el asesor del Comité Pro Santa Cruz, el abogado Jorge Valda informó que los argumentos jurídicos que utilizaron demuestran claramente que el informe de un supuesto experto informático de una consultora española no es otra cosa que una opinión y no un estudio como el de los expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE).

“En ese sentido, nuestra impugnación demostrará que el informe pericial elaborado por el profesor (Juan Manuel) Corchado y sus dos estudiantes, al margen de ser una prueba obtenida ilegalmente, no tiene valor de carácter comparativo con documentos oficiales elaborados por organismos internacionales”, indicó Valda.

Los dirigentes y abogados del ente cívico cruceño lamentaron que la impugnación presentada sea valorada por el fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, ya que la resolución de sobreseimiento fue presentada por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reportó la red Erbol.

“En el entendido de que fue Juan Lanchipa quien presentó el comunicado de carácter general, señalando que se archivó el caso o no existiría delito, ¿cómo podemos garantizar que el Fiscal Departamental vaya a actuar con idoneidad u objetividad si su superior jerárquico ya avaló la inexistencia del delito?”, añadió el jurista.

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Entre otras de las resoluciones, dispusieron realizar una vigilia permanente en defensa a los dirigentes cívicos que fueron convocados por la justicia para declarar por los hechos de 2019.

“Potosí se declara en estado de emergencia por los atropellos que están sufriendo los potosinos y bolivianos de parte de los falsos socialistas que manifiestan que fue golpe la renuncia de Evo Morales ante el asqueroso fraude realizado por ellos en las elecciones de 2019”, manifestaron según Radio Fides.

La mañana de este lunes mediante un comunicado, el Departamento Nacional de Operaciones de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones de Comando General de la Policía Boliviana, solicitó a las fuerzas del orden a resguardar las fiscalías de todo el país a partir de las 00:00 horas de este lunes 15 de marzo.

La decisión de la institución policial se lleva adelante en medio de las advertencias de los comités cívicos del país de reorganizar las protestas por las recientes aprehensiones de exautoridades.

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“Todos los Comandos Departamentales deberán permanecer en ESTADO DE EMERGENCIA a partir de las 00:00 horas del día lunes 15 de marzo de 2021, asimismo instruir a todo el personal policial bajo su dependencia, tomar los recaudos necesarios y suficientes, reforzando los servicios policiales de seguridad (y de) control, mantenimiento y restablecimiento del orden público en las instalaciones de las Fiscalías Departamentales a nivel nacional y otras Instalaciones Públicas y/o Privadas que se considere necesarias: Cochabamba Fiscalía Departamental ubic. En la Calle Valdívieso esq. Salamanca inmediaciones Plaza Colón”, señala el documento emitido por la Policía.

La circular se conoce horas después que la expresidente Jeanine Áñez y dos de sus ministros fueron enviados a la cárcel con detención preventiva por el caso del supuesto golpe de Estado. Ante estos hechos, sectores ciudadanos y colectivos anunciaron que se rearticularán y promoverán movilizaciones.

El comunicado indica que “todo accionar de los funcionarios policiales deberá estar en estricto apego a la Normativa Legal Vigente, protegiendo los Derechos y Garantías Constitucionales de la ciudadanía en general” y también se enfatizó que está prohibido el uso de armas letales.

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“Hagamos que las elecciones se desarrollen con transparencia y en paz, como una verdadera fiesta democrática y que se abran horizontes de esperanza y bienestar para todos”, manifestó Gualberti.

El Arzobispo de Santa Cruz, animó a ejercer los derechos y deberes de ciudadanos mediante un voto responsable, y a elegir a los candidatos que a través de sus programas priorizan la salud, el bien común, la libertad y justicia social.

“Es un evento democrático muy importante, por eso les animo a todos a ejercer nuestros derechos y deberes de ciudadanos, a dar un voto responsable y a elegir a los candidatos que, en su programas, priorizan la salud, la vida y el bien común, que trabajan por la libertad, la justicia, la dignidad de las personas, y que luchan en contra de la corrupción y de toda discriminación, con miras a una convivencia pacífica y fraterna”, añadió la autoridad religiosa.

Asimismo, el obispo invitó a poner este acontecimiento en manos de Dios y seguir a Jesús en el camino a la Pascua.

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Pese a que la Central Obrera Boliviana (COB), determinó este viernes, un cuarto intermedio en el conflicto con bloqueos hasta el 18 de octubre, fecha de las Elecciones Generales, los movilizados consideraron una burla la espera que fijó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los comicios, por lo que en el cabildo, determinaron continuar con los bloqueos hasta conseguir la renuncia de la mandataria y su salida de Palacio de Gobierno.

Agregaron que entre los motivos de pedir la renuncia de Áñez, es que ha dejado a la población sin sus derechos a la salud, educación, economía y elecciones, además desconocieron a la COB y al Pacto de Unidad y las calificaron como traidoras.

“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. La COB y el Pacto de Unidad, a partir de hoy ya no nos representan. Exigimos que abandonen ahora mismo el Palacio (de gobierno), caso contrario, tomaremos el Palacio y todas las instituciones públicas”, se escuchó decir a los oradores”, señalaron durante el cabildo.

Asimismo, pidieron que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), haga cumplir la ley de arraigo, para que las actuales autoridades no salgan del país y enfrenten la justicia, además de exigir un juicio de responsabilidades al Gobierno por los muertos y heridos registrados durante la gestión del Gobierno.

También demandaron a la Asamblea una “ley de garantías” para los dirigentes de las organizaciones sociales, a fin de evitar cualquier tipo de persecución contra las dirigencias de diversos sectores, en un plazo de 72 horas.

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El proyecto de Ley, generó bastante polémica, yaque en un principio solo planteaba garantías para Evo Morales y Álvaro García,sin embargo fue modificada; pero  a pesarde que el MAS sostiene su intención es preservar los derechos de legisladores ydirigentes sociales, existe rechazo a la normativa, bajo el argumento de que nose puede dar inmunidad a nadie y que no es necesaria una ley para ratificargarantías que ya están consagradas en la Constitución.

La aprobación en grande del proyecto de Ley se dioa las 03:00 horas de la madrugada, tras haber terminado la votación nominal.Aproximadamente a las 05:30 de hoy se terminó la aprobación en detalle conalgunas modificaciones menores. En total la sesión duró aproximadamente unas 13horas, ya que se inició a las 16:00 horas del jueves.

Por su parte el Gobierno ya anunció que aplicaráel veto a la Ley propuesta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), pues aseguranque no había necesidad de esa norma, por haberse viabilizado aspectos delproyecto de Ley como la indemnización  alas familias de los fallecidos y la abrogación del Decreto 4078.

“No tiene ningún sentido poder aprobar estaley, la Constitución Política del Estado nos da garantías a todos losciudadanos”, dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez a ABI.

En una entrevista con la Red Uno, el ministro dela Presidencia, indicó  que ya seatendieron las demandas de las organizaciones sociales, y aun así la bancadadel MAS aprobó la ley que garantiza los derechos a las personas movilizadas duranteel conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 deoctubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.

“Todas las personas tenemos que someternos ala Justicia (…). Ya basta de utilizar rodillos, basta de utilizar los dostercios, basta de favorecer solamente a personas”, manifestó Núñez en RedUno.

Por su parte el diputado Gonzalo Barrientos, deUnidad Demócrata (UD), dijo que el MAS hizo valer sus dos tercios para aprobarel proyecto y pase a revisión del Senado

“Es una ley que lo que busca es proteger a quienes han cometido delitos de terrorismo, de organización criminal, de sedición o delitos de lesa humanidad (…). Está ley va a generar impunidad y con carácter retroactivo, porque dicen que es a partir del 21 de octubre hasta la fecha”, comentó en red ATB.

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