Según información compartida por la Defensoría del Pueblo, las entidades señaladas incluyen al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.

Estas autoridades fueron señaladas por no implementar medidas efectivas de supervisión y control ambiental, lo que podría afectar tanto la salud de las comunidades como la integridad de los ecosistemas locales.

Fallo del Tribunal

El fallo obliga al Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con el Viceministerio de Recursos Hídricos, los gobiernos departamental y municipal de Viacha y el Ministerio de Salud y Deportes, a realizar estudios sobre la calidad del agua y el estado ambiental de las comunidades Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo.

Por su parte, el Ministerio de Minería y Metalurgia deberá asegurar que todas las empresas mineras operen con las licencias legales correspondientes, incluyendo las ambientales y de funcionamiento, evitando actividades irregulares que pongan en riesgo la seguridad ambiental.

Acciones inmediatas requeridas

La resolución también establece que las autoridades deben tomar acciones inmediatas para proteger los derechos colectivos relacionados con el agua, la madre tierra, el medio ambiente y la salud pública. Además, deberán entregar al Defensor del Pueblo toda la información sobre fiscalización y control ambiental que se requiera, garantizando así transparencia y una adecuada rendición de cuentas.

Declaraciones del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó la medida como un avance clave para la justicia ambiental y destacó la necesidad de que las instituciones actúen de manera coordinada y responsable.

“Esta decisión asegura la protección de los ecosistemas y de las comunidades, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú y de la Ley de Medio Ambiente (Ley 1333)”, indicó Callisaya.

Trabajo de la Defensoría

Desde 2024, la Defensoría del Pueblo ha trabajado en el Comité Interinstitucional para la Protección de los Recursos Hídricos de Viacha. En este marco, ha coordinado inspecciones a las empresas mineras y ha elaborado planes de acción a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de asegurar que las autoridades cumplan de manera efectiva sus responsabilidades de supervisión y control ambiental.

Finalmente, la Defensoría recordó que Bolivia, al ratificar el Acuerdo de Escazú mediante la Ley 1181, tiene la obligación de garantizar acceso a la información ambiental, participación ciudadana y justicia ambiental, protegiendo a quienes defienden el medio ambiente.

En este contexto, la institución reafirma su compromiso de cuidar el agua como bien común y derecho humano, velando por que las actividades productivas no vulneren los derechos fundamentales ni el equilibrio de la Madre Tierra.

LDVY

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Declaración ministerial destaca el derecho al agua potable y propone iniciativas

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