Denuncia del diputado Manolo Rojas

En el Trópico de Cochabamba, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, impulsó una denuncia penal contra el senador Nilton Condori. Rojas expresó su agradecimiento al Fiscal General, al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno tras la aprehensión del legislador. Sin embargo, el parlamentario oficialista lanzó una categórica advertencia a otros actores políticos y dirigenciales, a quienes acusa de incitar a la violencia y amenazar de manera recurrente a la ciudadanía.

Fundamentos de la denuncia

Rojas explicó que las acciones legales emprendidas contra Condori se fundamentan en la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo. Según el denunciante, el senador pretendía intimidar a la población boliviana mediante la organización de reuniones estratégicas con diversos sectores sociales, tomando como antecedente el encuentro desarrollado en el Trópico de Cochabamba.

Aviso a los responsables

“Mucha gente se decía: por qué esta gente sale a amenazar al pueblo boliviano, por qué están intimidando al pueblo boliviano y salen impunes. Esos deben empezar a temblar quienes se creían intocables”, aseveró Rojas al momento de arribar a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, donde acudió para constatar personalmente la situación del aprehendido.

Intentos de desestabilización

El diputado alertó que este domingo Condori continuaba con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno nacional. Citó como prueba la convocatoria a un ampliado en la urbe alteña. “El día de hoy cabalmente, antes de su aprehensión, tenía que reunirse con la finalidad de desestabilizar el Gobierno”, puntualizó el parlamentario al detallar las actividades que el senador tenía previstas.

Alcance de la demanda penal

Manolo Rojas manifestó que la demanda penal no se limita únicamente a Condori, sino que también alcanza de manera directa a Evo Morales, Rosario Vargas y Román Gutiérrez. A todos ellos les exigió dar la cara ante la justicia con la misma soltura con la que acostumbran lanzar amenazas durante sus concentraciones y reuniones políticas.

Confianza en las autoridades

Finalmente, el legislador confía en que las autoridades correspondientes emitan con prontitud la imputación formal. Argumentó que la evidencia de los hechos es sumamente clara y contundente. “Se ha utilizado de manera violenta los medios de comunicación, en esta reunión en Lauca Ñ el 26 de septiembre para querer intimidar a los paceños”, concluyó el diputado, enfatizando el impacto que tuvieron esas declaraciones en la estabilidad ciudadana.

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Gustavo Ávila denuncia amenazas políticas

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, denunció públicamente que ha recibido serias amenazas de procesos judiciales y falsas acusaciones. Diversos actores políticos, incluidos senadores y diputados, intentan paralizar el proceso de reforma electoral en marcha. Estas contundentes declaraciones fueron vertidas durante el Encuentro Departamental Rumbo a la Reforma Electoral, celebrado en la ciudad de Cochabamba.

Compromiso con la reforma electoral

Ávila garantizó la continuidad del diálogo nacional y afirmó que no cederán ante las presiones. Además, anunció que revelará ante todo el país la identidad de quienes pretenden frenar las transformaciones: “A esas personas que en las últimas horas nos han amenazado con procesos, con denuncias falsas, etc., para que paremos este diálogo, la respuesta es clara: no lo vamos a hacer. (…) Nos sorprende que actores políticos, senadores, diputados, pretendan paralizar este proceso electoral. Los vamos a denunciar. Bolivia tiene que conocerlos. No vamos a parar este proceso”.

Motivos de la reforma electoral

Esta iniciativa de reforma responde a que las actuales Leyes 018 (del Órgano Electoral Plurinacional), 026 (del Régimen Electoral) y 1096 (de Organizaciones Políticas) presentan serios vacíos legales y contradicciones normativas. Según advirtió el presidente del TSE, estas deficiencias permitieron irregularidades en la inscripción de candidaturas, así como la polémica declinación de una organización política durante la segunda vuelta electoral en el departamento de La Paz, indicó Correo del Sur.

Propuestas para mejorar el sistema electoral

Para resolver estas falencias, el Órgano Electoral plantea incorporar:

• Una regulación clara sobre debates obligatorios.
• Difusión de encuestas de opinión.
• Funcionamiento del Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cumplimiento de Normas (Sirepre).
• Un riguroso examen sobre el rol y la operatividad de los denominados “taxipartidos”.

Próximos pasos en la reforma electoral

Para asegurar el éxito de la reforma de manera participativa e inclusiva, el TSE concluirá en los próximos días los encuentros departamentales en las tres regiones que aún quedan pendientes. De forma paralela, coordinará mesas de trabajo específicas con sectores vulnerables, jóvenes y miembros de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Transparencia en el proceso

Con el propósito de garantizar la máxima transparencia en cada etapa, Ávila informó que se pondrán a disposición del público tanto el paquete de propuestas recolectadas como las listas completas de los asistentes a los nueve encuentros departamentales. Finalmente, la autoridad confirmó que el cronograma institucional se mantiene inalterable y que los proyectos de ley formalmente concluidos se presentarán de manera oficial ante la Asamblea Legislativa Plurinacional entre el 20 y el 25 de noviembre.

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Denuncia de Trans Copacabana sobre emboscada

La empresa Trans Copacabana S.A. emitió una denuncia pública tras un ataque a uno de sus ómnibus que transportaba 35 pasajeros de Cochabamba a Uyuni. El incidente ocurrió el domingo 13 de septiembre de 2026, cerca de Río Salado, antes de llegar a la ciudad de Uyuni, Potosí. Una turba de personas emboscó y apedreó el vehículo aproximadamente a las 07:00 horas. Los ocupantes fueron obligados a descender del autobús y sufrieron amenazas directas. La tripulación quedó incomunicada mientras los pasajeros eran trasladados contra su voluntad a otro bus. El ómnibus sufrió daños significativos, incluyendo destrozos en las ventanas por las piedras lanzadas durante el ataque.

Detalles del ataque al ómnibus

En una transmisión de Radio Felicidad Uyuni, se escuchó al relator indicar que el grupo que atacó no dejó avanzar al bus, obligándolo a detenerse en medio de la carretera, lejos de una zona poblada. Un testigo expresó: “Este es el mal trato que nosotros recibimos de esta gente, que están haciendo sus movimientos y no dejan entrar otros buses; sin embargo, ellos hacen un servicio privado…”.

Confirmación del ataque por parte de la empresa

Una funcionaria de la empresa operadora del ómnibus afectado confirmó que los choferes reportaron el hecho y aseguraron que les quitaron los celulares. “Han ido a apedrear el bus, le quitaron sus celulares, los persiguieron, ni siquiera los dejaron parquear”, afirmó. Una pasajera relató a los medios: “Todos los pasajeros que venimos desde Cochabamba a Uyuni nos sentimos seguros hasta que el bus retrocede y de una camioneta un hombre nos tiró piedras…”. Otro pasajero declaró: “Fuimos emboscados por las líneas de transporte 25 de Diciembre, Trans Omar, Panasur y Emperador y fuimos obligados a tomar otro bus…”.

Reacción de Trans Copacabana y autoridades

Ante esta situación, Trans Copacabana acusó formalmente a los dirigentes involucrados por defender intereses particulares mediante actos de intimidación y violencia en las rutas. La empresa solicitó la rápida intervención del Ministerio Público, la Policía Boliviana y las autoridades de transporte para identificar a los responsables, garantizar la seguridad de los usuarios y emprender las acciones legales correspondientes.

Incidentes previos relacionados con Trans Copacabana

Eventos previos indican que Trans Copacabana denunció daños en la puerta y ventanas de sus oficinas en la Terminal de Buses de Uyuni, en medio de la controversia generada por su ingreso a operar en este municipio el pasado 28 de agosto, informó Once TV Uyuni.

Desmentido por parte del sindicato local

Kurt Martinez, secretario general del Sindicato de Chóferes 11 de Julio de Uyuni, desmintió en conferencia de prensa que existieran agresiones contra los choferes o daños materiales al ómnibus. Según él, solo había 7 pasajeros entre adultos y niños y no 35 como indicó la funcionaria de Trans Copacabana S.A.. Además, confirmó que sí existió un bloqueo en la zona del incidente y acusó a empresas como Trans Copacabana de querer avasallar áreas de trabajo. “A nadie se le quitó los celulares, a nadie se le ha agredido”, aseveró Martinez.

Necesidad de diálogo en el sector transporte

Más allá del conflicto entre operadores, este hecho vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de resolver las diferencias mediante el diálogo, el respeto a las normas y sin poner en riesgo la seguridad de pasajeros y trabajadores.

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Alerta del vocal del TSE sobre ataques a autoridades electorales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, encendió las alarmas desde Cochabamba al denunciar la existencia de un presunto esquema de ‘sicariato político’ dirigido a socavar y hostigar a las autoridades electorales del país. Durante un encuentro estratégico con delegados electorales, enfocado en proyectar una nueva ley para regir el sistema de votación nacional, Goitia advirtió que se busca debilitar al Órgano Electoral mediante el uso sistemático de amparos, procesos judiciales y acciones populares basados en denuncias carentes de sustento.

Demandas orientadas a anulación de partidos políticos

Goitia explicó que estos operadores jurídicos impulsan demandas orientadas a lograr la anulación de partidos políticos, respondiendo principalmente a intereses económicos particulares. En este contexto, lamentó profundamente que diversas salas y jueces constitucionales en Bolivia acojan este tipo de recursos y se presten a lo que calificó como prácticas malsanas, indicó Erbol.

Necesidad de afianzar la independencia del Órgano Electoral

Ante esta situación, Goitia hizo un firme llamado a poner freno a estas actuaciones y enfatizó la necesidad urgente de afianzar la plena independencia del Órgano Electoral. Además, delimitó con claridad las competencias de la jurisdicción constitucional para evitar que fallos externos sigan interfiriendo en decisiones fundamentales como la legalidad de las organizaciones partidarias o la continuidad de los procesos de votación.

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Jhonny Fernández citado a declarar por manipulación de impuestos

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue citado a declarar este viernes 21 de agosto ante el Ministerio Público a las 14:00 horas. Esta citación se origina por una denuncia relacionada con la presunta manipulación del sistema informático municipal, que permitió aplicar rebajas irregulares en impuestos durante su gestión.

Denuncia interpuesta por la administración actual

La actual administración municipal, liderada por Manuel Saavedra, detectó, mediante una auditoría, alrededor de 22 mil rebajas en impuestos a bienes inmuebles entre 2021 y abril de 2026. Según la Alcaldía, estas operaciones habrían generado una pérdida superior a Bs 570 millones. Ante esta situación, el equipo jurídico de la Alcaldía presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

Reacciones y consecuencias

Marco Cadena, concejal de Santa Cruz, reiteró esta información a la Revista de Unitel. En sus declaraciones, expresó: “Son más de 570 millones de bolivianos que nuestra ciudad habría dejado de recaudar porque tenían el sistema perforado. Este tipo de casos no tienen que quedar en la impunidad y quien le hace daño a Santa Cruz tiene que pagar las consecuencias.”

Implicaciones legales y financieras

Los involucrados en este caso son Jhonny Fernández y su administración. La situación plantea serias implicaciones legales y financieras para los responsables de estas irregularidades en la gestión municipal.

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Acusación formal contra Rafael Arce Mosqueira

La Fiscalía de La Paz presentó una acusación formal contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Además, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial la incautación de los bienes y cuentas del acusado.

Detalles de la acusación

La Resolución de Acusación Formal N.º 10/2026, emitida el 29 de julio por el fiscal Miguel A. Cardozo Ramírez, sostiene que durante la investigación se reunieron 30 elementos de convicción que demuestran la existencia del hecho y la presunta participación del acusado. Este documento oficial indica al juez: “Ya terminamos de investigar, tenemos pruebas suficientes de un delito y exigimos que esta persona vaya a juicio para ser condenada”.

Denuncias y movimientos sospechosos

Rafael Arce fue denunciado por la adquisición irregular de un penthouse y bauleras en la zona Sur de La Paz, así como vehículos de alta gama. Durante la investigación, se detectaron movimientos económicos sospechosos del imputado y se reveló que había tramitado el anticipo de herencia en favor de su hijo. La denuncia fue presentada por el exdiputado Héctor Arce informó Erbol.

Estado actual del caso

Actualmente, Arce Mosqueira se encuentra declarado en rebeldía, ya que no ha sido hallado por las autoridades, según detalló Erbol. En la acusación, la Fiscalía pide una sentencia condenatoria dosificada de acuerdo a la justificación que dará en el juicio. Según la norma, el delito acusado tiene una pena de tres a ocho años de cárcel.

Incautación de bienes

Además, se solicita al tribunal que “disponga la incautación de la totalidad de los bienes inmuebles y vehículos, así como los fondos de las cuentas bancarias congeladas y no congeladas” de propiedad del acusado Rafael Ernesto Arce. La Fiscalía declaró que Rafael Arce Mosqueira fue declarado en rebeldía debido a su incomparecencia ante las autoridades judiciales. Existe una orden de aprehensión vigente que permanece pendiente de ejecución.

Implicaciones familiares

La acusación presentada por el Ministerio Público representa un avance dentro de la investigación. Mientras tanto, Rafael Arce ya enfrenta etapa de juicio en este caso. Su padre, Luis Arce, se encuentra en la cárcel de San Pedro con detención preventiva por el caso Fondo Indígena, y su hermano Marcelo está en Palmasola por legitimación de ganancias ilícitas.

Otros casos pendientes

En otro caso, Rafael Arce está procesado por la presunta compra irregular de un predio productivo en Santa Cruz. Para esta transacción, habría recibido un crédito bancario multimillonario a sus 25 años. En la imputación, la Fiscalía pidió seis meses de detención preventiva y la activación del sello rojo.

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Detención de policías por extorsión en Santa Cruz

En Santa Cruz, dos efectivos policiales fueron aprehendidos la madrugada de este viernes en la comisaría del Parque El Arenal. Esta detención ocurrió tras ser denunciados por la presunta extorsión de Bs 7.000 a un ciudadano involucrado en un caso de estafa.

Difusión del video de extorsión policial

El escándalo estalló tras la difusión de un video de extorsión publicado por el portal En La Mira del Poder. En las imágenes, el periodista Javier Lazarte confronta directamente a uno de los uniformados, señalándolo de haber recibido el dinero. Mientras el comunicador exigía a gritos la devolución del monto, el efectivo intentaba retirarse del lugar. En la misma grabación, Lazarte increpa a un segundo policía, a quien el primer implicado había señalado previamente como el custodio de los recursos. Ambos uniformados negaron en todo momento conocer el paradero del dinero.

Detalles del caso y pronunciamiento oficial

De acuerdo con el informe oficial brindado por el coronel Gómez, el caso inicial atendido por los policías era una denuncia menor de estafa por Bs 1.000. Aunque las partes involucradas habían llegado a una conciliación, uno de los ciudadanos denunció que los uniformados le exigieron Bs 7.000, presuntamente a cambio de favorecer el procedimiento legal.

El comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, se pronunció con firmeza ante el hecho, asegurando que la institución no tolerará irregularidades: “No vamos a permitir ningún acto de corrupción”, manifestó la autoridad. Subrayó que la instrucción del Comando General es esclarecer el caso con total transparencia y determinar las responsabilidades conforme a la ley, citó Red Uno.

Intervención y situación actual de los aprehendidos

Tras la viralización del video y la denuncia formal, el Comando Departamental dispuso la intervención inmediata del personal de Transparencia y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Actualmente, ambos policías se encuentran aprehendidos en dependencias policiales, donde prestan sus declaraciones informativas. El caso ya está siendo coordinado para ser puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definiría su situación jurídica en las próximas horas.

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Denuncia formalizada por bloqueos en Bolivia

El Comité pro Santa Cruz formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental contra el expresidente Evo Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’, Vicente Salazar. Este ente cívico los señala como los principales ‘cabecillas’ e impulsores de los bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante 53 días entre mayo y junio, cuya demanda central era la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Detalles de la acción legal

La acción legal fue presentada formalmente por el presidente del Comité, Stello Cochamanidis, junto a los vicepresidentes Agustín Zambrana y Dino Franco. Según las autoridades cívicas, la demanda penal identifica la presunta comisión de al menos nueve delitos, sustentados en un dossier que contiene más de 100 elementos de prueba.

Argumentos del Comité pro Santa Cruz

La dirigencia cívica argumentó que las movilizaciones no constituyeron una protesta social legítima, sino un intento deliberado de gestar un golpe de Estado mediante métodos coercitivos. Entre los nueve tipos penales denunciados, Cochamanidis destacó tres de extrema gravedad:

• Terrorismo
• Alzamiento armado contra la seguridad del Estado
• Financiamiento al terrorismo

Vulneración de derechos fundamentales

Asimismo, la denuncia incluye acusaciones por la vulneración sistemática de derechos fundamentales de la población, tales como el derecho a la vida, la integridad física, la libre locomoción, el trabajo, la industria y la producción.

Citas del presidente del Comité pro Santa Cruz

Stello Cochamanidis expresó: “Aquí tienen que haber responsables por las muertes (causadas por los bloqueos), con los más de $us 3.000 millones que se ha perdido, con las carreteras bloqueadas y destruidas, pero, sobre todo, con el daño que han hecho a todo un país durante 53 días”. Además, agregó: “Son nueve delitos que hemos identificado con nuestros abogados. Los más importantes: alzamiento armado, terrorismo y financiamiento al terrorismo; estos tres son los primeros que hemos denunciado”.

Impacto de las protestas

Las protestas iniciadas en mayo por organizaciones sindicales y campesinas como la COB y los Tupac Katari exigían la renuncia del presidente. Estas manifestaciones dejaron al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna, y pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares. Los puntos de corte llegaron al centenar, concentrados principalmente en la zona andina y el centro del país.

Seguimiento del proceso judicial

Durante la presentación en el Ministerio Público, Cochamanidis cuestionó públicamente las demoras administrativas iniciales por parte de los funcionarios judiciales para la asignación del código del caso. Señaló que el trámite solo fue agilizado tras la presión y cobertura de los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar.

Expectativas del Comité pro Santa Cruz

El Comité pro Santa Cruz manifestó que realizará un riguroso seguimiento al proceso judicial, bajo la expectativa de que la Fiscalía admita formalmente la denuncia en las próximas horas e inicie las investigaciones penales correspondientes para sentar un precedente histórico contra el cierre de vías internacionales y de la red vial fundamental.

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Investigación por direccionamiento de compras en EBA

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, lleva a cabo una investigación sobre el presunto direccionamiento de compras en la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA). Se estima que se habrían desviado 1,2 millones de bolivianos mediante prácticas irregulares. Un grupo de funcionarios fue destituido y se realiza una auditoría, según lo anunciado por el Gobierno.

Detalles del fraude

El ministro Oscar Mario Justiniano informó que en meses anteriores se detectaron graves anomalías en la adquisición de bobinas para leche, las cuales estaban destinadas a plantas procesadoras ubicadas en Achacachi (La Paz), San Andrés (Beni) y Challapata (Oruro).

• 1.225.100 bolivianos: Monto total desviado mediante compras irregulares.
• 5 Fondos en Avance: Mecanismos utilizados para fragmentar el control estatal.
• 3 Plantas Lácteas: Infraestructuras afectadas por los insumos dirigidos.

Acciones tomadas por el Gobierno

El informe del ministerio señala que el personal de EBA omitió procedimientos obligatorios establecidos en el Decreto Supremo 181, gestionando de forma dirigida la compra de insumos. Los recursos desviados se distribuyeron en cuentas del Sistema de Gestión Pública de Bolivia (Sigep) pertenecientes a cinco funcionarios. Ante la falta de sustento normativo, se destituyó a los responsables de mayor rango, incluyendo al gerente ejecutivo de EBA y varios jefes de área.

Para reconducir la institución, Mónica Roca fue nombrada nueva gerente ejecutiva de EBA y ha designado un nuevo equipo gerencial. El caso está bajo auditoría e investigación profunda. Justiniano enfatizó que ‘no se puede estafar al pueblo boliviano’ con este tipo de acciones. La política del Gobierno es clara: aplicar ‘cero tolerancia’ frente a cobros irregulares y desvíos de recursos.

Consecuencias del escándalo

• Más de 12 involucrados: Servidores públicos destituidos en la purga anticorrupción.
• 2 Meses: Periodo en el que se operó el fraude (marzo y abril).

Este escándalo ha provocado la destitución inmediata de toda la cúpula de EBA y ha encendido las alarmas del Gobierno, generando una fiscalización masiva ante la sospecha de que este modus operandi se replica en otras empresas estatales como EMAPA y Cartonbol.

Auditorías masivas y presión social

Los eventos previos que llevaron a esta intervención incluyen auditorías masivas en EMAPA, donde se descubrió un daño inicial de 95,5 millones de bolivianos, cifra que luego aumentó a más de 1.000 millones de bolivianos. Esto culminó en la aprehensión del exgerente Franklin Flores y un cambio en las políticas gubernamentales.

En el contexto actual, el presidente Rodrigo Paz denunció un desfalco histórico en las arcas del Estado, instruyendo una política estricta de ‘cero tolerancia’ y auditorías inmediatas a todas las empresas estatales deficitarias. Este contexto ha llevado a una presión social significativa sobre las autoridades para cruzar información sobre desembolsos económicos.

Declaraciones finales del ministro

Justiniano concluyó: “Nadie va a lucrar acá un peso tratando de generar actos de corrupción”. Este compromiso refleja la determinación del Gobierno para erradicar prácticas corruptas y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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Guardaparques denuncian minería ilegal en el Parque Nacional Madidi

Guardaparques del Parque Nacional Madidi denunciaron el día de ayer jueves la instalación de un campamento para la explotación de minería ilegal en el parque forestal río Tuichi, ubicado a unos 80 kilómetros de Apolo, en la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz. Ante esta situación, Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), indicó que han observado el movimiento o traslado de pertrechos mineros, conocidos como “chutes” o lavaderos.

Movilización de equipos mineros

Uzquiano reveló: “Esto habrían sido movilizados desde el sector denominado Resina, que está en el río Tuichi, arriba de la comunidad Asayamas. Entonces estos equipos habrían sido transportados en embarcaciones en pequeños botes a través del mismo río, aguas abajo hasta el sector denominado Matapipillo”. Además, lamentó que no se haya realizado ninguna intervención hasta la fecha y recordó que esta no es la primera vez que los guardaparques denuncian esta situación.

Protección del Parque Nacional Madidi

El Tribunal Agroambiental ha reconocido al parque del río Tuichi como sujeto de derechos. Sin embargo, Uzquiano destacó: “Hay disposiciones que protegen y resguardan el parque Madidi; pero, sin embargo, la minería ilegal sigue campante, sigue realmente sin ningún tipo de control y no es este el único punto; son varios puntos que están siendo básicamente destruidos, depredados por la minería ilegal”.

Situaciones similares en otros sectores

Asimismo, mencionó que existe una situación similar en los sectores de Sillacunca y Yanaquisca sobre el mismo río Tuichi. También denunció aperturas de caminos sin autorización en las comunidades Puina y Queara hacia Mojos. Por lo tanto, solicitó a las autoridades correspondientes que acudan a estos lugares para hacer la verificación pertinente.

Solicitud a las autoridades

Uzquiano pidió: “Pedimos a Policía y Fuerzas Armadas que se constituya una comisión para verificar Sillacunca, Llanaquisca, Suyo Suyo y este nuevo sector en Azariama. Amerita que las autoridades puedan instruir a la brevedad posible un operativo y verificar lo que está ocurriendo dentro del Parque Nacional Madidi”.

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Conflicto en el Concejo Municipal de La Paz

El martes 5 de mayo, en medio de reclamos del frente oficialista Innovación Humana (IH), la concejala Waldy Caballero, del partido Jallalla, fue elegida como presidenta del Concejo Municipal La Paz. Esta elección se produjo durante una polémica sesión donde Carola Antezana, de ASP, ocupó el cargo de secretaria.

Denuncias del alcalde César Dockweiler

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, denunció irregularidades en la sesión del Concejo Municipal. Los tres concejales de Innovación Humana no lograron ocupar la presidencia del Legislativo municipal. El oficialismo argumentó que la norma establece que la presidencia y la secretaría deben ser ocupadas por el partido del alcalde. Sin embargo, los ocho concejales opositores formaron un bloque para elegir a Caballero.

Violaciones a derechos políticos

Dockweiler afirmó que la elección de la directiva no se realizó dentro del marco legal ni con consenso. Además, denunció vulneraciones a los derechos políticos y violencia política contra la mujer. En este contexto, anunció un recurso constitucional para que se respete la mayoría en el Concejo paceño.

Irregularidades previas a la sesión

El alcalde también mencionó que antes de la sesión, algunos actores políticos realizaron solicitudes irregulares relacionadas con cuotas de poder, cargos y dinero. Frente a esta situación, Dockweiler expresó su intención de romper con las prácticas de la “vieja política”.

Reacciones desde Innovación Humana

Por su parte, la concejala Miriam Aguilar denunció un supuesto “contubernio” entre fuerzas minoritarias para definir la presidencia. Asimismo, el concejal Juan Carlos Machicado calificó lo sucedido como un intento de “golpe a la democracia”, denunciando también interrupciones durante la sesión.

Convocatoria a consensos

El alcalde Dockweiler reiteró su llamado a construir consensos mediante el “Pacto Concordia por La Paz”. Además, anunció que su equipo legal activará las acciones necesarias para abordar esta situación. Exhortó a reencaminar la gobernabilidad en el Concejo Municipal, subrayando que La Paz enfrenta una emergencia que requiere coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Declaraciones destacadas

• Waldy Caballero: “Agradecerles y decirles que el compromiso de todos los concejales es trabajar por la ciudad de La Paz”.
• César Dockweiler: “Esperamos que se respeten nuestras normas, que se respete la Constitución y las leyes”.
• César Dockweiler: “Algunos nos han pedido dinero… hemos invertido en campaña 40.000 dólares y queremos recuperarlos”.

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El diputado Rolando Pacheco denunció este martes 28 de abril que el gobierno boliviano supuestamente ofrece precios preferenciales para la urea que produce el país, beneficiando a empresas brasileras. Según Pacheco, esto forma parte de un plan para debilitar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Detalles del contrato de exportación

Pacheco afirmó que el gobierno firmó un contrato para vender la urea durante dos años con una subvención que establece un precio de 550 dólares por tonelada. En contraste, en Bolivia, la estatal petrolera vende la urea a 920 dólares la tonelada.

Impacto en el mercado local

El diputado destacó que Brasil compra al menos 50.000 toneladas de urea al mes, siendo las empresas Dreimor / Nitron, White Horizon y Hinove las principales compradoras.

Acciones legales y advertencias

Pacheco anunció su intención de solicitar un informe al Departamento de Comercialización de YPFB y plantear una demanda penal para esclarecer esta situación. Afirmó: “Se están llenando los bolsillos con la exportación de la urea” y advirtió sobre las posibles consecuencias para las empresas estatales.

Preocupaciones sobre el futuro de YPFB

“Le quitan la subvención a los bolivianos, pero continúa la subvención para exportar, para regalar nuestra urea. Mañana dirán que la empresa no está produciendo, que está en quiebra, y hay que rematarla. Estamos seguros que la va a comprar un brasilero”, declaró el diputado.

Según su criterio, la intención es hacer quebrar a las empresas estatales para venderlas al mejor postor; no obstante, aseguró que no permitirá que eso suceda porque sería un atentado flagrante contra la Constitución Política del Estado (CPE).

Respuesta del gobierno

Esta denuncia se suma a la de otros diputados, quienes sospechan que la problemática por la gasolina desestabilizada se está extendiendo para debilitar YPFB y poder venderla a un precio mucho más bajo. Desde el gobierno aseguraron en días recientes que no existe ninguna intención de vender o privatizar la estatal petrolera.

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El abogado Hugo René Iriarte pidió este lunes 20 de abril una respuesta a la Comisión de Ética por una denuncia interpuesta contra el senador Wilder Veliz. Esta acción se debe a que Veliz actuó como apoderado y abogado en un litigio de terreno en Cochabamba, lo cual contraviene la normativa que prohíbe a los parlamentarios desempeñar estas funciones.

Detalles de la denuncia

Iriarte recordó que ya había informado sobre este hecho el 25 de febrero. En esa ocasión, solicitó a la Cámara de Senadores que se le retire el curul a Veliz, argumentando un agravante: el senador forma parte de la Comisión de Justicia y del Concejo de la Magistratura.

“La Constitución Política del Estado y el artículo 3 del reglamento de la Cámara de Senadores ratifican que este señor ha incumplido al fungir como senador y como abogado particular en un proceso”, afirmó Iriarte.

Pruebas presentadas

El abogado presentó como prueba un acta de conciliación que incluye el nombre y la firma del senador. Además, informó que también se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. En este contexto, Iriarte solicitó al Senado que proceda con la denuncia presentada en esa instancia y que se sancione a Veliz por esta aparente irregularidad.

Alegaciones sobre el caso

Iriarte explicó que Veliz supuestamente se presentó como abogado en un caso para recuperar un lote mediante usucapión. El jurista aseguró que el senador utilizó su autoridad para intimidar a la juez, quien declaró que Veliz se presentó como senador, abogado y apoderado durante el proceso.

Normativa aplicable

La Constitución Política del Estado establece que los servidores públicos no pueden desempeñar otras funciones, salvo en docencia universitaria; cualquier otra actividad está fuera de norma. Por ello, Iriarte reiteró su solicitud para el retiro del curul de Veliz.

Hasta el momento, el senador Wilder Veliz no ha respondido a las acusaciones formuladas por el abogado Hugo René Iriarte.

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Vicepresidente Edmand Lara actúa contra YPFB

En una jornada marcada por la presión institucional, el vicepresidente Edmand Lara formalizó este martes una ofensiva legal contra la administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La autoridad exige respuestas claras ante la creciente crisis de carburantes de baja calidad que, según denuncias, comprometen el parque automotor del país.

Solicitud de informe y querella penal

Tras presentarse personalmente en las oficinas centrales de la estatal petrolera, Lara entregó una solicitud de informe pormenorizado sobre los procesos de importación y comercialización de hidrocarburos. Esta movida no es solo administrativa; el vicepresidente fue enfático al señalar que estos documentos serán el cimiento de una querella penal.

Presunto daño económico al Estado

Lara sostiene que se ha incurrido en un presunto daño económico al Estado al adquirir combustibles a precios internacionales que no cumplen con los estándares mínimos. Esto ha resultado en daños mecánicos severos para miles de usuarios que ahora enfrentan costosas reparaciones en sus vehículos.

Cuestionamientos a la fiscalización

Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el proceso de fiscalización. Lara cuestionó duramente la contratación de una empresa de origen argentino, cuya función principal era certificar la calidad del combustible antes de su ingreso a territorio boliviano.

Incumplimiento y rescisión del contrato

Según la autoridad, existen indicios de que dicha empresa incumplió sus funciones de manera flagrante. Sin embargo, el aspecto más sospechoso señalado por Lara es que el contrato con la firma extranjera fue rescindido antes de que el Estado pudiera ejecutar la boleta de garantía. Esta acción dejó a YPFB sin un respaldo financiero para cubrir las pérdidas, un hecho que la auditoría solicitada deberá esclarecer a la brevedad.

Compromiso con la transparencia

“Enemigos de la corrupción, no de las personas”, afirmó Lara en un intento por desmarcar su denuncia de cualquier tinte político o confrontación interna. Aclaró que su objetivo es la transparencia y no el ataque personal. “No somos enemigos del presidente de Yacimientos, no somos enemigos de nadie; de lo que somos enemigos es de la corrupción y de este daño económico”, sentenció ante los medios de comunicación.

Responsabilidad y resarcimiento

Para el vicepresidente, la impunidad no es una opción. Su postura es firme: los responsables de permitir el ingreso de combustible defectuoso no solo deben enfrentar a la justicia, sino garantizar el resarcimiento de los daños tanto al erario público como a los ciudadanos particulares que se vieron afectados por el uso de estos carburantes en mal estado.

Afectados por gasolina desestabilizada

Yussef Akly, presidente de YPFB, informó que aproximadamente 2 mil vehículos en tres departamentos podrían haber sufrido daños por la gasolina considerada “desestabilizada”, que se mezcló con goma y manganeso. En Bolivia hay 3 millones de vehículos, y el problema no se presentó en todo el país, sino en “dos o tres plantas específicas”. Fuente: Opinión

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Arce recordó que hace 6 meses se presentó una denuncia contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira por la adquisición de un penthouse en la zona sur de La Paz. Este inmueble tiene un valor superior a 500 mil dólares. Además, se mencionó la compra de vehículos de alta gama que superarían los 200 mil dólares. Sin embargo, el exdiputado señaló que el allanamiento al inmueble y la formalización de la imputación solo se llevaron a cabo la semana pasada.

Denuncia por el predio Adán y Eva

El exdiputado también hizo referencia a un caso relacionado con el predio Adán y Eva, cuyo valor supera los 5 millones de dólares. Sin embargo, la documentación de la transacción indicaba un monto de solo 3,3 millones, lo que podría constituir un presunto fraude fiscal. Arce subrayó que la imputación formal en este caso también se realizó de manera tardía.

Falta de avances en contrabando

Además, Arce cuestionó la falta de progreso en la denuncia sobre la venta de maíz y trigo de contrabando a Emapa por parte de Rafael Arce Mosqueira. Esta operación alcanzaría un total de 24 millones de bolivianos.

El exdiputado dirigió críticas directas al fiscal Roger Mariaca, acusándolo de “negligencia” y sugiriendo la posibilidad de que existan acuerdos de complicidad con el entorno del presidente. “No quisiera pensar que usted está actuando en complicidad o bajo acuerdos con Lucho Arce”, afirmó Arce.

Solicitudes de agilización de investigaciones

Arce solicitó que se aceleren las investigaciones y que se amplíen las denuncias a otros involucrados, incluyendo a la hermana de Rafael, Daniela Camila, y al vendedor del predio Adán y Eva. Según el exdiputado, Rafael Ernesto Arce Mosqueira posee más de 12 cuentas bancarias, más de 10 inmuebles en diferentes ciudades y terrenos agrícolas en el oriente boliviano.

Además, se indicó que cuenta con créditos millonarios y ha realizado cerca de 30 viajes al exterior durante la presidencia de su padre. Arce advirtió que si las denuncias no se amplían ni se avanza en las investigaciones, podrían iniciarse acciones legales contra el fiscal Mariaca y otros fiscales responsables por “incumplimiento de deberes y negligencia”.

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La denuncia fue interpuesta por el activista Peter Berkhauser, quien acusa a Lara de uso indebido de influencias y concusión. Estas acusaciones están relacionadas con la solicitud de “pegas” al Gobierno y la recepción de 10,000 juguetes para una campaña navideña. Según Berkhauser, estos juguetes fueron entregados por supuestos traficantes chinos de oro.

Defensa del vicepresidente

Lara afirmó que tiene la conciencia tranquila y se comprometió a responder ante la proposición acusatoria, tal como lo indicó el medio Erbol. En sus declaraciones, expresó que “esa proposición acusatoria, esa denuncia, llamémoslo así, no tiene ni pies ni cabeza”.

El vicepresidente argumentó que la denuncia se basa en supuestos y no aporta pruebas concretas, describiéndola como chismes de personas resentidas. Lara defendió su campaña navideña, afirmando que se realizó con mucha transparencia y amor hacia los niños de escasos recursos.

Advertencia al denunciante

Lara también aseguró que se presentará ante la proposición acusatoria. Sin embargo, advirtió al denunciante que debe comprobar sus afirmaciones, de lo contrario, podría incurrir en calumnia. Reiteró: “Tengo la conciencia tranquila, no he matado, no he robado y no tengo nada de qué arrepentir. Me mantendré firme, me mantendré tranquilo”.

Proceso de la denuncia

La proposición acusatoria será analizada por la Fiscalía General. Si se decide continuar con el proceso, deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa para que se autorice el juicio de responsabilidades, lo cual requiere el voto de dos tercios.

La denuncia incluye alegaciones sobre la recepción de juguetes que, según se afirma, fueron entregados por supuestos traficantes chinos de oro.

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La denuncia fue formalizada el 8 de diciembre de 2025 y señala un presunto sobreprecio de 5.000.000 bolivianos en la obra. El objetivo de este proyecto era habilitar el estadio para certámenes internacionales.

Detalles de la denuncia

La denuncia, liderada por el dirigente Gregorio Gómez, incluye serias acusaciones como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

El abogado Curmi Rocha, quien patrocina la denuncia, explicó que el costo total del proyecto ascendió a 12.000.000 bolivianos. Detalló que el sobreprecio se habría concentrado en cinco ítems específicos del contrato.

Irregularidades en la contratación

Rocha también enfatizó que una de las irregularidades más notables es la contratación de una empresa constructora que “no cumplía los requisitos de registro” exigidos por la normativa vigente.

Como prueba documental, el Control Social presentó un informe de la Controlaría General del Estado, que fue enviado previamente a una concejal. Este informe respalda la necesidad de investigar las transacciones relacionadas con el proyecto.

Informe de la Controlaría

El informe señala que “se advierten posibles indicios de responsabilidad por la función pública: por lo que se ha establecido la pertinencia de ejecutar la auditoría sobre el Proceso de Contratación del Proyecto: Mejoramiento Estadio de Fútbol Municipal de El Alto (Segunda Convocatoria).”

Con la formalización de la denuncia penal, la Fiscalía ahora deberá iniciar las investigaciones correspondientes para determinar si existió el presunto desvío de fondos y las responsabilidades en el proceso de contratación.

Expectativas de la comunidad

La presentación formal ante las autoridades judiciales representa un paso significativo en el control social sobre la gestión pública. La comunidad alteña espera resultados claros que puedan esclarecer las denuncias y asegurar un manejo adecuado y transparente en proyectos futuros.

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Según la denunciante, el envío fue contratado el lunes 11 de noviembre de 2025 a través de una empresa de transporte. El acuerdo estipulaba que el cargamento debía ser entregado directamente en la capital cruceña. Sin embargo, al llegar a Santa Cruz, el camión que transportaba la mercadería aparentemente cambió de ruta y realizó un transbordo no autorizado.

Relato de la denunciante

La mujer expresó: “El camión desvía y hace la entrega a otra persona detrás del matadero, y se pierde mi mercadería”, según lo reportado por Red Uno. Inicialmente, mantuvo contacto con el chófer, quien le indicó que el vehículo había sufrido un desperfecto mecánico grave y que se encontraba en reparación.

No obstante, desde el jueves, el chófer dejó de responder sus llamadas, lo que generó preocupación en la denunciante. El viernes, al intentar localizar su cargamento, se dio cuenta de que había sido víctima de lo que comúnmente se conoce como un “volteo de mercadería”.

Alertas de los vecinos

Vecinos del Barrio Lindo alertaron sobre la descarga nocturna de cajas sospechosas, algunas de las cuales llevaban el logo de la empresa de la denunciante. Al presentarse en el lugar, la mujer encontró a personas ofreciendo parte de sus productos, lo que confirmó sus sospechas sobre el robo.

Operativo policial

Durante el operativo policial inicial, se lograron recuperar 170 de las 560 cajas importadas. Sin embargo, el resto del cargamento continúa desaparecido. Las investigaciones están en curso para identificar a los responsables del robo y determinar si hubo complicidad dentro de la empresa transportadora.

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A través de su cuenta de X, Lara reiteró su intención de “luchar contra la corrupción” y “romper con ese sistema corrupto”. Defendió su papel y las atribuciones que le confiere la Constitución, destacando que tiene responsabilidades claras, a pesar del escepticismo de “algunos” sectores.

Tolerancia cero a irregularidades

Lara subrayó que su gestión se caracterizará por una tolerancia cero hacia las irregularidades. El excapitán de la Policía elevó el tono de su advertencia a los funcionarios públicos, prometiendo una respuesta drástica ante el desvío de recursos.

“Aquel que le meta la mano al dinero del pueblo, le pico las manos. No voy a permitir corrupción de ningún lado, de ningún tipo”, sentenció Lara, enfatizando que el dinero del pueblo es “sagrado”.

Convocatoria a la ciudadanía

El vicepresidente electo hizo un llamado a la ciudadanía para que no lo deje solo en esta lucha, apelando a la responsabilidad de “denunciar y combatir la corrupción” que recae sobre cada boliviano. Además, se comprometió a ser transparente y a mantener informada a la población.

“Les voy a tener al tanto de todo y les voy a informar públicamente cuando alguien quiera hacer las cosas mal, porque primero está la patria”, insistió.

Denuncia de uso indebido del poder

Lara también aprovechó la oportunidad para aplaudir la denuncia realizada por el presidente electo Rodrigo Paz. Esta denuncia fue contra una persona que utilizó su nombre para obtener beneficios económicos durante la campaña, subrayando su postura en contra del uso indebido del poder.

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Mara Jiménez, la hija del propietario, confirmó a El Deber la identidad del sindicado. Esto ocurrió después de que Ovidio ofreciera declaraciones en un medio digital local.

Declaraciones del dirigente

Ovidio admitió que ingresó al predio junto a un grupo de personas, pero aseguró que no se trata de un avasallamiento a una propiedad privada. Según él, lo que están realizando es un asentamiento en lo que considera recortes de tierras fiscales, según reportó Unitel.

El dirigente afirmó que la asociación que lidera, llamada Asociación de Productores Agricultores San Juan I, está compuesta por 50 personas. Además, declaró que sus acciones son legales. “Estamos actuando legalmente, bajo un proyecto aprobado por las instituciones y el objetivo es producir alimentos”, expresó al medio digital.

Denuncia por desmonte

Respecto a la denuncia por desmonte en el área, Ovidio admitió que efectivamente se realizó. Este desmonte fue llevado a cabo para construir la sede de su asociación.

Por su parte, Mara Jiménez rechazó de manera categórica la versión del dirigente. Aseguró que su propiedad está legalmente saneada y que no existe ningún recorte de tierras fiscales dentro de la hacienda Los Ángeles.

Acciones legales en curso

La hija del propietario indicó que ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Ovidio y otros involucrados. Los delitos que se les imputan son ingreso y destrucción a propiedad privada, así como daño al medioambiente.

Además, Jiménez informó que ha entregado a la Policía fotografías de las placas de vehículos de alta gama. Según ella, estos vehículos fueron utilizados para trasladar a los avasalladores, y espera que se inicie la investigación correspondiente.

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La denuncia fue presentada por Gregorio Gómez, presidente de Control Social del Comité Cívico de El Alto, junto con el abogado Kurmi Rocha. Este último también representa a la parte denunciante en el caso Botrading.

Los acusados enfrentan graves acusaciones, incluyendo delitos como conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Fundamentos de la acusación

Según el abogado Rocha, la denuncia se basa en que el BCB debería mantener al menos 22 toneladas de oro en sus bóvedas, tal como lo establece la Ley 1503. Sin embargo, se alega que una parte de estas reservas ha sido pignorada en seis bancos internacionales.

“Es de conocimiento que a la fecha no existe esa cantidad (de oro), porque las mismas han sido pignoradas en seis bancos internacionales, de los cuales el ministro de Economía no supo explicar en conferencia de prensa”, afirmó Rocha este jueves 16 de octubre.

Proceso legal en curso

El documento de denuncia fue presentado el miércoles y actualmente está siendo revisado por un fiscal analista. Este fiscal deberá determinar si el caso será admitido o rechazado. “Si el fiscal analista no admite o sigue con observaciones, vamos a sospechar que es cómplice de las movidas del Banco Central de Bolivia”, advirtió Gómez.

Respuesta del ministro

En respuesta a las acusaciones, el ministro Montenegro afirmó que tanto él como el BCB han actuado dentro del marco legal. Aseguró que las operaciones financieras de la entidad están debidamente justificadas.

“Nosotros nos vamos a defender porque como gobierno nacional, como ministerio de Economía, siempre vamos a velar porque se cumplan las normas. El BCB tiene sus reglamentos, su normativa, por el cual tiene cómo justificar todas las operaciones que realiza”, declaró Montenegro en conferencia de prensa.

Contexto de la denuncia

La denuncia se produce en un momento de críticas hacia la gestión de las reservas internacionales del país. Esto ocurre después de que el Gobierno autorizara, a través de la Ley 1503, la comercialización de una parte del oro monetario para fortalecer las finanzas estatales.

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Denuncia del concejal

Quispe afirmó que presentó la denuncia el 15 de agosto de 2025, tras conocer la irregularidad. Aseguró que el alcalde fue informado sobre el asunto el 23 de julio de 2025, pero no tomó medidas efectivas para abordar el daño económico que esto podría causar.

Auditoría técnica

El concejal destacó que la memoria del resonador magnético no puede ser borrada. Por lo tanto, es posible realizar una auditoría técnica con peritos especializados que puedan determinar el uso y la cantidad de placas que se han tomado.

“Lo primero que hice al tener conocimiento del caso fue ingresar al resonador y preguntar dónde estaba la prueba y cómo se podía resguardar esa prueba, junto a personas que conocen sobre este tema”, explicó Quispe.

Cuestionamiento al alcalde

Quispe también cuestionó la falta de acción del alcalde, así como su intento de culparlo por intervenir en la investigación. “¿Qué investigación? Hasta el momento, ¿qué ha hecho el alcalde sobre la denuncia del resonador magnético? ¿Siquiera ha enviado una nota al ministerio, al Servicio Departamental de Salud (Sedes), al gobernador, algo? No hay nada”, expresó.

Responsabilidad del alcalde

En este contexto, Quispe sostuvo que el alcalde está intentando evadir su responsabilidad y que no desea que se investigue el caso. “La única manera de zafarse de esa responsabilidad es culpar a este concejal”, afirmó.

Esperando acciones legales

Durante la conversación, Quispe mencionó que algunos funcionarios de la Alcaldía le informaron que planeaban denunciarlo ante el Ministerio Público. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia, por lo que se encuentra a la espera de esa acción.

Defensa del concejal

Finalmente, Quispe defendió su papel en la investigación del uso irregular del resonador magnético. Nuevamente cuestionó la falta de acción del alcalde y afirmó que continuará con la investigación y la denuncia hasta que se determine la verdad y se sancione a los responsables.

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La denuncia fue presentada por Brenda Lafuente, quien fue exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Lafuente sostiene que Arce la abandonó durante su embarazo y que no asumió responsabilidades sobre su hijo, que nació en 2024. Por esta razón, decidió acudir a las autoridades para aclarar la situación mediante pruebas genéticas.

Razones de la suspensión

Patricio Vargas, abogado de la denunciante, explicó que la suspensión fue solicitada porque la prueba de ADN requiere la presencia de las tres partes involucradas: la madre, el hijo y el denunciado. Inicialmente, solo se había previsto tomar muestras de la madre y del menor, pero esto no se ajusta a los protocolos establecidos para la comparación de ADN.

Además, Vargas indicó que el análisis debe realizarse en un solo procedimiento y es esencial contar con un consultor técnico que garantice la cadena de custodia de las muestras.

Próximos pasos

El abogado también mencionó que aún no se ha definido una nueva fecha para la toma de muestras, ya que primero es necesario completar los trámites de notificación correspondientes a las partes involucradas.

Reacción del presidente Arce

Por su parte, el presidente Luis Arce afirmó que se enteró del caso a través de los medios de comunicación. Además, confirmó que se defenderá con la ayuda de abogados particulares, asegurando que tomará las medidas necesarias para abordar esta situación.

/LDVY

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La semana pasada, la abogada Paola Angulo se presentó ante los medios de comunicación para informar que 11 profesionales del área de salud han interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de estafa agravada con víctimas múltiples. Estos profesionales alegan que fueron engañados en la compra de ítems.

Según la abogada, los 11 profesionales involucrados, que incluyen médicos generales, licenciadas en enfermería, bioquímicos, farmacéuticos y estadistas de salud, fueron estafados por un individuo que se presentó ofreciendo ítems a la venta en el Hospital Walter Khon.

Angulo indicó que los profesionales entregaron sumas de dinero que oscilan entre 15.000 y 21.000 bolivianos para obtener los ítems, pero no han recibido nada a cambio, y el individuo se dio a la fuga.

Respuesta del Sedes

Por su parte, Juan Rasguido Mejía, director del Sedes, desmintió las declaraciones de Angulo. Aseguró que la institución ha tomado medidas administrativas y legales contra el personal involucrado en este caso.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, Rasguido afirmó que se ha procedido a la destitución del personal implicado y que el proceso ya está siguiendo su curso en la instancia correspondiente.

Desde el Sedes se informó que han recibido 2 denuncias por este caso de estafa agravada múltiple y que están trabajando como coadyuvantes en el proceso. Además, están realizando el seguimiento a otro caso relacionado con la presentación de títulos falsos y han destituido al personal involucrado.

Invitación a denunciar

Asimismo, Rasguido invitó a la población a realizar denuncias si conocen de algún cobro o acto indebido que esté llevando a cabo el personal del Sedes. La Unidad Jurídica del Sedes también aclaró que el personal involucrado en el proceso penal es a contrato del municipio.

Los abogados del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) estarán llevando a cabo las acciones administrativas correspondientes en este caso.

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“Si bien fue arrestado por la Policía, el fiscal no valoró correctamente y lo soltó, y emitió una nueva citación para el 4 de agosto”, informó Cabrera.

El funcionario aclaró que se presentó una denuncia contra el agresor por lesiones graves y leves hacia el padre de la familia, pero no por la afectación a los niños. A pesar de que existe un video que muestra la violenta reacción del hombre, el fiscal consideró el caso como una agresión entre pares.

La evidencia ignorada

“Se ve en el video que intentó dañarlo físicamente incluso con el ladrillo, por lo que tuvo que escapar prácticamente el progenitor. Lamentablemente, el Ministerio Público no tomó en cuenta esas evidencias”, lamentó Cabrera.

Además, destacó que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) cumplió con su deber al aprehender al agresor. Sin embargo, el Ministerio Público “no valoró y solo le dio una citación para que vuelva el 4 de agosto”.

Acciones futuras

Cabrera indicó que están analizando la posibilidad de cambiar la tipología de la denuncia y solicitar nuevamente la aprehensión de esta persona.

La tarde del 22 de julio, en la zona Huayna Potosí de El Alto, un hombre reaccionó de manera violenta porque un vehículo estaba estacionado frente a su tienda. El agresor golpeó con un ladrillo el parabrisas del coche, que había sufrido un desperfecto.

Agresión a la familia

A pesar de los gritos de la esposa del conductor y madre de los 2 niños, quien le advirtió al agresor que los menores estaban dentro del vehículo, este no entendió y continuó con el ataque.

Además, intentó agredir al padre de familia con un fierro. El agresor fue identificado como Erik V. A. C.

Como resultado de estos eventos, la tienda del sujeto quedó clausurada.

/KMMN

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Allanamiento erróneo

Una vez que concluyeron los operativos, una familia expresó su descontento con el accionar de la Policía al allanar su vivienda en la urbanización Cancañiri. En su declaración, enfatizaron que no tienen ninguna relación con Raúl Achacata Choquetupa y David Achacata Choquetupa, quienes son considerados como los supuestos implicados en el crimen. Don Armando H. aseguró que no tiene ningún grado de parentesco con ellos y negó cualquier tipo de vínculo con los sospechosos de los hechos ocurridos entre el 11 y 12 de junio de 2025.

Daños y pérdidas

El afectado indicó que los agentes destrozaron varias puertas, chapas y roperos, dejando su casa en un estado lamentable. Además, mencionó que le fueron sustraídos sus ahorros, que ascienden a cerca de 10.000 bolivianos. Armando pidió a las autoridades que le “respondan” y le devuelvan todos los objetos que fueron dañados. “Mira lo que me han hecho, me lo tienen que responder”, exigió.

Exigencias de restitución

Emilia N. también se unió a la demanda de devolución de sus ahorros, ya que su familia vive día a día de su trabajo. Ella se dedica a la venta de ropa, mientras que Armando trabaja como contratista y albañil. Emilia indicó que incluso su mercancía fue removida durante el allanamiento y no descartó la posibilidad de que parte de ella haya sido robada.

Motivo de los operativos

Los operativos realizados por la Policía y la Fiscalía tenían como objetivo la aprehensión de los sospechosos relacionados con el asesinato de tres policías, ocurrido entre el 11 y 12 de junio de 2025. Esta situación ha generado una gran preocupación en la comunidad y ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión de los procedimientos de allanamiento.

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Detalles del incidente

El trágico suceso ocurrió el domingo 11 de mayo de 2025, cuando el menor fue llevado al centro médico debido a una fractura en el codo. Sin embargo, su condición se agravó y terminó internado en terapia intensiva con daño cerebral irreversible.

Héctor Quisbert, el padre del menor, relató a los medios que su hijo ingresó al hospital por una lesión leve en el brazo y que no se le realizó ninguna operación. Afirmó que el anestesiólogo, identificado como S. L. C., supuestamente le administró una dosis alta de anestesia de manera abrupta, lo que provocó convulsiones y un paro cardiorrespiratorio.

Traslado a otra clínica

Ante la grave situación, el niño fue trasladado de emergencia a la Clínica Natividad. Según los informes médicos, el menor actualmente se encuentra con muerte cerebral.

La madre del niño, visiblemente afectada, contó que el pequeño fue inyectado mientras aún estaba en sus brazos. Describió que el bebé tuvo una reacción violenta, con los ojos en blanco, y minutos después fue llevado a cirugía.

Información médica y gastos

La madre agregó que a las 22:30 horas, los médicos le informaron que su hijo había sufrido un paro de 5 minutos y que la operación del brazo había pasado a un segundo plano.

El abogado de la familia, Erick Castro Estrada, confirmó que la denuncia fue presentada formalmente ante la Fiscalía por el delito de lesiones gravísimas. Explicó que no existe en el Código Penal un tipo penal específico que sancione la negligencia médica, lo que ha llevado a encuadrar el caso bajo esa figura.

Acciones legales en curso

El abogado también mencionó que han solicitado el secuestro de las cámaras de seguridad del hospital para verificar que la anestesia fue administrada fuera del quirófano, tal como afirman los padres.

Según el jurista, el niño permanece en terapia intensiva con signos de daño neurológico avanzado. Los padres han indicado que los responsables de la clínica inicialmente se comprometieron a cubrir los gastos médicos en la Clínica Natividad, donde fue trasladado el menor, pero hasta la fecha no han realizado ningún pago.

Deudas acumuladas

El padre del menor detalló que hasta ahora han gastado más de 30.000 bolivianos solo en medicamentos, y la deuda con la clínica supera los 70,000 bolivianos, sin contar los honorarios médicos.

El caso ha sido asignado a la Fiscalía de Personas, bajo la dirección del fiscal Alex Vargas Villegas. La defensa de la familia ha adelantado que continuará con todas las acciones legales necesarias para que el responsable enfrente la justicia.

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La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, informó el viernes sobre el incidente que ocurrió la tarde anterior. Según la declaración de la víctima, ella subió a un micro en el barrio Las Pascuas en Tarija con la intención de regresar a su hogar. Sin embargo, después de varias horas de estudio, se quedó dormida durante unos minutos en el bus. Al despertar, se dio cuenta de que un extraño estaba tocando sus partes íntimas.

En ese momento, la joven se apartó del agresor y, al llegar a su casa, se bajó rápidamente. “Al bajar, esta persona la siguió y ella se asustó. Llegó a su casa y le contó a su madre lo que había ocurrido. Entonces, sus familiares salieron a buscarlo, llamaron a la Policía y procedieron a aprehenderlo”, explicó Gutiérrez.

Imputación y antecedentes

El Ministerio Público ya ha formalizado la imputación por abuso sexual contra el sospechoso, quien actualmente espera su audiencia de medidas cautelares. Gutiérrez también destacó que este no es el primer caso penal en contra del hombre. Tras su captura, se descubrió que ya tenía antecedentes por otros hechos de agresiones sexuales a mujeres.

Se ha solicitado un informe sobre el estado de cada una de las causas que pesan en su contra. “Tiene casos en los que se le declaró en rebeldía, y en algunos ya está para ir a juicio. Estamos investigando el motivo por el cual no estaba detenido anteriormente. Ahora está aprehendido y el Ministerio Público solicitará su detención preventiva”, concluyó Gutiérrez.

Preocupación ciudadana

Este caso ha generado una gran preocupación entre los ciudadanos sobre la seguridad en el transporte público. La situación resalta la necesidad de implementar medidas más efectivas para prevenir este tipo de delitos. Además, pone de relieve la importancia de actuar rápidamente ante denuncias de abuso sexual para garantizar justicia y protección a las víctimas.

/KMMN

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La fiscal Gutiérrez fundamentó que Ebin es con probabilidad autor del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente. El Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Séptimo de la Capital determinó su detención preventiva.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Héctor Acuña, informó que las agresiones se registraron desde el año 2018 al 2021, en reiteradas ocasiones, cuando la víctima visitaba a su bisabuela, el sujeto aprovechaba que se encontraba a solas con la menor para realizar toques impúdicos y después violarla.

El hecho se conoció el 17 de abril de la presente gestión, cuando la víctima contó a su madre lo que su tío le hacía, posteriormente, la progenitora acudió a la Estación Policial Integral (EPI) Lourdes para que se promueva la denuncia ante la Fiscalía Departamental de Tarija para su investigación correspondiente.

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Morales expuso su versión sobre el confuso incidente registrado el domingo 27 de octubre, y presentó un recuento de imágenes en video captadas por cámaras localizadas en la carretera principal en el Chapare, el centro de Bolivia, y expresó sospechas de la participación de la estadounidense Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) en la operación.

“¿Por qué hemos invitado a la prensa internacional? Aquí la prensa nacional, (es) enemigo número uno de Evo Morales”, aseguró desde sus redes sociales que amplificaron su denuncia.

“Yo les pregunto a los periodistas: digan la verdad. ¿Qué me responden los periodistas sanos y honestos?: Si decimos la verdad, no vamos a recibir publicidad (estatal)”, afirmó.

“Entiendo perfectamente cómo es la sobrevivencia de los medios de comunicación”, dijo al sugerir una influencia gubernamental sobre las noticias difundidas por los medios respecto al supuesto atentado.

“Antes era (la) derecha y el imperio (EE.UU.); ahora es (el) imperio, el gobierno, (la) derecha y los medios de comunicación…”, acusó.

Los participantes de la conferencia de prensa fueron invitados para estar presentes en el Chapare o seguir la transmisión por redes sociales, pero a condición de enviar un correo electrónico e identificar al periodista con su cédula y al medio; adjuntar una foto de la credencial y una dirección electrónica.

Desde el inicio de las acciones de protesta por obtener reconocimiento como candidato a las elecciones generales de 2025, Evo Morales y sus seguidores protagonizaron agresiones verbales y físicas contra reporteros de medios independientes.

El 28 de octubre, Morales calificó de “inmoral y repugnante” al trabajo de los medios de comunicación, mientras el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que los medios “han pasado del cártel de la mentira al cártel del magnicidio”.

El martes 17 de septiembre, una periodista fue golpeada por seguidores del expresidente, sufrió lesiones en la espalda, además de agresiones verbales, mientras cubría el inicio de una marcha de protesta encabezada por el propio Morales.

El fotoperiodista de la agencia española de noticias Efe, Jorge Ábrego, estuvo a punto de perder la vida como efecto de la onda expansiva de una dinamita lanzada por un manifestante que apoyaba a Morales, en la región de Parotani, Cochabamba, el 1 de noviembre pasado.

Morales admitió públicamente que su gobierno aplicó una política de premios y castigos en la asignación de la publicidad estatal, de la cual quedaron excluidos los diarios independientes, mientras era muy generoso con los medios que no cuestionaban sus acciones.

El 24 de agosto de 2018, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) reprobó el respaldo del entonces presidente Morales a una ley contra la mentira, y advirtió que el propósito de tal norma era “silenciar y censurar la crítica”.

La SIP también recordó que Morales declaró a la prensa como su “enemigo número uno”

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La denuncia detalla que el docente solicitaba dinero y otros beneficios para promocionar a los alumnos en la materia, y que la coordinadora de la institución tenía conocimiento de estas prácticas. Según el escrito presentado a la fiscalía, “una de las principales y más graves situaciones está relacionadas con el intercambio de notas de parciales con dinero, regalos e incluso favores sexuales”.

Investigación y pruebas

Este caso ha sido investigado de forma anónima y fue divulgado por el medio TN, que incluye múltiples pruebas que comprometen al profesor de la Escuela de Enfermería de Aguilares, que depende de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

La investigación ha revelado audios de conversaciones entre estudiantes y una supuesta intermediaria del docente. En uno de estos audios, una alumna menciona que ya le ha pagado al profesor, pero él solicita más dinero para subirle la nota: “Si quiere más plata que me suba. Cuando me suba la nota, recién obtendrá más dinero, si ya cobró de mi parte”.

En otro audio, una alumna confiesa a otra estudiante la exorbitante cantidad de dinero que el docente solicitaba por un examen. “Vos sabés que está desatado R. Está pidiendo 40.000 Bs. por un examen… Me mandó un mensaje una ex compañera y me preguntó si R. había cambiado el número”.

Preocupaciones de los estudiantes

Otro audio muestra la preocupación de una estudiante porque los exámenes eran aprobados sin un estudio real, lo cual podría afectar su desempeño en futuras evaluaciones clínicas. Al enterarse de la denuncia y el escándalo que rodeaba a la carrera, el profesor Luis Solorzano decidió aportar evidencia sobre el caso.

Entre las pruebas entregadas se encuentran chats, documentación y transferencias de dinero realizadas por los alumnos, todo lo cual fue remitido al área de asuntos jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán para su revisión y toma de acciones.

Consecuencias del escándalo

El escándalo ha generado una gran conmoción en la institución y podría tener serias consecuencias judiciales para los implicados. La carrera de enfermería se encuentra en un ambiente de hermetismo mientras avanzan las investigaciones y se evalúan los posibles efectos legales y académicos derivados de estas graves acusaciones.

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Fernández ha expresado su preocupación por su familia al denunciar este presunto ilícito y ha dejado claro que no será cómplice de esta ilegalidad. Durante sus funciones como chofer para un trabajo de cartografía en la región potosina, pudo constatar la existencia de narcocarpas.

Vigilancia y riesgos en las áreas de producción de droga

El asambleísta no ha precisado si los vigilantes de estas áreas están armados, pero ha confirmado que se agrupan sistemáticamente para defenderse ante cualquier intento que vaya en contra de sus intereses. Además, ha destacado que el ingreso de extraños está prohibido y que los comunarios arriesgan su vida al incursionar en estas zonas de producción de droga.

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La concejal ha enviado una minuta directamente al alcalde, Jhonny Fernández, expresando su indignación por la falta de acción. Ávalos ha destacado que es inaceptable que, mientras se anuncian grandes obras para construir bulevares, los estudiantes de esta unidad educativa tengan que pasar clases en un “pahuichi” improvisado por ellos mismos.

Falta de respuesta por parte de la Alcaldía

A pesar de las repetidas denuncias, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra no ha tomado medidas para mejorar las condiciones de la unidad educativa. Ávalos ha cuestionado el destino de los recursos públicos, señalando que el dinero de los impuestos no se refleja en las obras necesarias para la ciudadanía cruceña.

La concejal ha resaltado el impacto negativo de esta situación, ya que debido a la falta de espacio adecuado en el colegio, los estudiantes buscan cupos en otras unidades educativas del Distrito 12. Sin embargo, muchos son rechazados por no residir en esa zona, lo que genera riesgos y gastos adicionales para los padres, agravando aún más el problema.

Mobiliario en mal estado

Según la directora de la unidad educativa, el mobiliario no se ha repuesto en años. Esto ha llevado a que los niños tengan que estudiar en un ambiente inadecuado, lo que dificulta su aprendizaje y desarrollo.

Ávalos ha concluido advirtiendo que esta situación vulnera gravemente los derechos de los estudiantes. A pesar de los esfuerzos de las profesoras, es imposible que los alumnos puedan recibir una educación de calidad en estas circunstancias.

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El martes pasado, Cuéllar fue aprehendido por la policía y llevado al Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), acusado de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad. En su defensa, el diputado afirmó que la Fiscalía es una institución pública encargada de fiscalizar y que no puede permitir que se viole la Constitución. El proceso penal se remonta a principios de año, cuando el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz falló a favor de Mariaca en una acción de protección de privacidad.

Acción de privacidad y orden de aprehensión

En aquel entonces, Cuéllar acusó a Mariaca de corrupción y lo vinculó con miembros de su familia. Como respuesta, Mariaca presentó una acción de libertad contra el diputado, quien no se presentó a declarar a pesar de haber sido citado en tres ocasiones. Esto llevó a la emisión de una orden de aprehensión en su contra. El Juzgado Doceavo de Instrucción Penal rechazó las excepciones presentadas por Cuéllar contra la acción de privacidad iniciada por el fiscal cruceño en una audiencia realizada en el Palacio de Justicia.

Continuación del proceso penal

Mariaca afirmó que continuará con el proceso penal basado en el derecho amparado en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal. Aclaró que se presentó a la audiencia en calidad de persona natural y víctima, no como autoridad departamental de la Fiscalía. Por su parte, Cuéllar anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de los derechos de un parlamentario.

Declaraciones finales

El diputado “arcista” sostuvo que la Fiscalía no es la casa privada de Mariaca y que no corresponde ir a la cárcel. El proceso legal entre Cuéllar y Mariaca continúa, y se espera que se resuelva en los próximos meses.

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Según Ana Tacaraya, una de las afectadas, la situación se volvió aún más peligrosa cuando fueron a reclamar por la presencia de las abejas. Según su denuncia, el esposo de la vecina intentó atropellar a la madre de Tacaraya y destrozaron por completo el vehículo familiar.

Denuncia y dificultades

Ante este hecho, la familia se dirigió a la Estación Policial Integral (EPI) 3 para presentar una denuncia, pero no les aceptaron el reporte y fueron redirigidos a la central. Finalmente, lograron formalizarla tras amenazar con acudir a los medios de comunicación.

Testimonios de las víctimas

Según la denunciante, los vecinos tienen un criadero de abejas en un lote cercano a su casa, donde las abejas se escaparon y representan un peligro. El cuñado de Tacaraya, quien sufrió las agresiones más severas, declaró que un grupo de personas llegó a su casa para exigir que retiren las abejas, ya que las consideraban peligrosas. Sin embargo, en lugar de dialogar, lo agredieron físicamente junto con otras mujeres y su hijo de 16 años.

Exigencia de justicia y reparación

Aunque aún no se ha realizado una valoración médica forense, el afectado resaltó la evidente violencia sufrida y exigió justicia, incluyendo la reparación de los daños materiales y la retirada del criadero de abejas.

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Según explicó Jhoana Quiroz, el pasado lunes se detectaron intentos de violación de las cercas perimetrales del Aeropuerto Internacional de Viru Viru. Estas acciones tienen como objetivo confundir a las personas que desconocen el derecho propietario del aeropuerto. Quiroz también señaló que se ha identificado la participación de personas y algunas inmobiliarias que estarían ofreciendo terrenos a través de las redes sociales, pretendiendo adjudicarse alrededor de 400 hectáreas.

En un operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Policía, se logró arrestar a cinco personas implicadas en estos intentos de avasallamiento de terrenos.

Naabol: Derecho propietario y posesión del aeropuerto

Jhoana Quiroz destacó que Naabol cuenta tanto con el derecho propietario como con la posesión del Aeropuerto Internacional de Viru Viru. Ante los intentos de confundir a la población, Quiroz enfatizó que estas personas están tratando de engañar a la población y que Naabol está tomando las medidas necesarias para proteger la propiedad y la integridad del aeropuerto.

Proceso de cambio de nombre de estructuras expropiadas

Actualmente, Naabol se encuentra en el proceso de cambio de nombre de todas las estructuras expropiadas a Aasana. Este cambio forma parte de las acciones que se están llevando a cabo para garantizar la correcta administración y gestión del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

/ APC

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Ante la negativa de la adolescente de convivir con su madre, se ha iniciado un proceso para notificar a los abuelos y realizar una evaluación de la menor. Durante la evaluación, la adolescente expresó su deseo de mantener contacto con su madre, pero considera que vivir con ella sería inestable. La situación se ha vuelto delicada y preocupante para las autoridades involucradas.

Denuncias cruzadas entre madre e hija

El caso fue transferido al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) después de que Gabriela Zapata denunciara a su madre por violencia al negarle la devolución de su hija. Paralelamente, la madre de Zapata también ha presentado una denuncia. La falta de información completa por parte de ambas partes complica aún más la situación.

Declaraciones en curso y expectativas

Actualmente, tanto Zapata como su madre están prestando declaración en la Estación Policial Integral (EPI) Norte. Se espera obtener más detalles sobre esta demanda en las próximas horas, a medida que avance el proceso legal y se recopile más información relevante.

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En la nota, el padre de la bebé explicaba su difícil situación como padre soltero: “Mi pareja me abandonó por mi hija y yo solo no puedo, por eso tomé la decisión. Espero que comprendan. Mi hija tiene 5 días de nacida y se llama Antonella. Adiós, hijita”.

Denuncia y acción policial

El comandante departamental de Policía de La Paz, Édgar Cortez, informó que se presentó la denuncia correspondiente ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto. La Policía de la División Menores también intervino en el caso. Cortez relató: “Una persona denunció que le habían dejado un menor abandonado de 5 días de nacido”.

Encuentran una nota y una bolsa de nylon

Además, cerca de la vivienda de la mujer se encontró una bolsa de nylon que contenía la mencionada nota, en la cual el padre explicaba que, debido a problemas sentimentales y al abandono de su pareja, había tomado la dolorosa decisión de dejar a su hija.

Garantizando seguridad y bienestar

Las autoridades están trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de Antonella mientras se investiga el caso y se buscan soluciones para su situación.

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El hijo mayor, proveniente de Santa Cruz, llegó a la casa de su madre exigiéndole dinero y causando destrozos en su propiedad. La abuelita expresó su temor a que su hijo la mate y afirmó que constantemente le pide dinero. Sin embargo, ella no cuenta con recursos económicos y ha estado enfrentando dificultades para alimentarse desde enero.

Vecinos solidarios con la anciana

Ante esta situación, vecinos de la zona que presenciaron la agresión brindaron ayuda a la anciana. Uno de ellos manifestó que, sin importar de dónde provenga el hijo, una madre siempre debe ser respetada y cuidada.

Intervención de la Unidad del Adulto Mayor

La Unidad del Adulto Mayor de la ciudad se hizo cargo del caso, aunque el presunto agresor no se encontraba en el lugar. El responsable de la unidad mencionó que se tomarán todas las medidas correspondientes, incluyendo una valoración psicológica, para realizar una denuncia pertinente.

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“¿Qué está pasando en este país? Nosotras, las esposas, tenemos que estar firmes al lado de nuestros esposos. No sabemos nosotros. No somos quienes para juzgar”, expresó la esposa del general.

La mujer también reprochó a los medios de comunicación por especular sobre su paradero y el de su hijo, afirmando que ambos siguen en Bolivia y que ha decidido no enviar a su hijo a la escuela por motivos de seguridad.

Asimismo, pidió respeto para su familia y para todas las esposas de los militares que, según ella, están siendo afectadas por esta situación.

Esposas de militares sufren hostigamiento

“Nosotras somos aquel referente que va a educar a los hijos y no es posible que nos estén hostigando con cartelitos, llamándonos e indicando que nos van a matar, porque eso es lo que están haciendo”, denunció.

La esposa del general hizo un llamado a las autoridades para que se realice una investigación respetando el uniforme y la labor de años de su esposo, y solicitó a la población boliviana que se apiade de las esposas de los militares ante el dolor que están viviendo.

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Ante este hecho, cuatro sujetos fueron aprehendidos y acusados por el delito de violación grupal. Los acusados están identificados y detenidos. La víctima presentó una denuncia y señaló que el crimen sexual ocurrió en pleno centro de la ciudad de Cochabamba.

El fiscal departamental, Oscar Tejerina, informó que la mujer fue sometida a vejámenes en diferentes ocasiones por los detenidos mientras consumían bebidas alcohólicas.

El Ministerio Público realizará la imputación formal y solicitará la detención preventiva debido a la gravedad del hecho. Las edades de los acusados oscilan entre los 21 y 30 años.

La directora de Género y Generacional, Tatiana Herrera, indicó que este es un caso preocupante, donde estos individuos agredieron sexualmente a la víctima más de una vez. Ante esto, se brindará acompañamiento psicológico, ya que este tipo de hechos afecta profundamente la dignidad de la mujer. Además, se sospecha que estos individuos serían conocidos de la víctima.

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La nota, que no fue leída en el pleno de la asamblea, señalaba que un asesor de la ALDO, en nombre del presidente, solicitó 50.000 dólares al representante de la empresa Gold Metal para retirar una denuncia presentada ante la Fiscalía en marzo pasado por el titular del ente legislativo, José Luis Araníbar.

Denuncia contra la empresa Gold Metal

El 24 de enero de este año, la empresa Gold Metal, con un año de existencia y ubicada en la zona de tranca de Vichuloma, fue denunciada ante la ALDO por un supuesto miembro de la comunidad llamado Jhonny R.C. Los delitos que se le adjudicaban fueron “contaminación, comercialización ilegal de minerales y uso de sustancias controladas”.

La denuncia fue aprobada por el presidente de la asamblea legislativa y formalizada ante la Fiscalía el 27 de marzo. Araníbar también recomendó tomar medidas para detener la contaminación y el comercio ilegal de minerales, así como implementar acciones correctivas para reparar los daños ambientales y aplicar sanciones a los responsables. Como consecuencia de esta situación, la empresa tuvo que suspender sus actividades durante aproximadamente 35 días.

Presunta extorsión y reunión con el asesor

El 1 de abril de este año, J.L.G., presunto asesor del presidente de la ALDO, se reunió con el gerente de la empresa, Franz N. O., según la denuncia presentada por este último. Durante la reunión, se habría negociado una solución al caso, solicitando dinero a cambio de retirar la denuncia.

Según la declaración informativa del empresario ante el Ministerio Público, el asesor le habría pedido de manera verbal y escrita $50.000 para solucionar el problema y desistir del caso. Además, le habría advertido que sufriría consecuencias si no accedía a sus demandas.

Actualmente, el caso se encuentra en investigación y no se ha presentado una imputación formal contra el empresario.

Reclamos en la sesión de la Asamblea Legislativa

Debido a la gravedad del caso, el pleno de la asamblea exigió la lectura de la denuncia durante la sesión de ayer y propuso un cuarto intermedio para analizar los hechos. Los legisladores acusaron al presidente de ocultar información crucial a las autoridades. A pesar de las solicitudes de los asambleístas y en contra del artículo 55, que establece la divulgación de documentos en sesiones si es sugerido por los legisladores, el presidente se negó a cumplir con la solicitud. Esto generó la desaprobación del directorio y la vicepresidente de la asamblea, quienes también criticaron la retención de documentos por parte del presidente y del acusado J.L.G.

Irregularidades en la denuncia

Además, el representante legal de la empresa señaló que los documentos presentados en la denuncia muestran el nombre de un individuo llamado J.R.C., quien aparentemente presentó la denuncia inicial. Sin embargo, el número de carnet no coincide con su nombre, lo que sugiere que podría tratarse de una persona ficticia. Además, se observó que tanto la firma del denunciante como la del presunto extorsionador son prácticamente idénticas en los documentos presentados a la fiscalía.

El informe indica que se desconoce la cantidad exacta de personas implicadas en las irregularidades y que el proceso aún no ha llegado a ninguna conclusión. El pleno de la Asamblea Legislativa continúa reclamando una investigación por parte de las autoridades pertinentes y los denunciantes aseguran que llevarán la denuncia contra el supuesto asesor J.L.G. hasta las últimas consecuencias.

/AGE

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Un juzgado de Madrid ha abierto una investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia fue presentada por el sindicato Manos Limpias. Sánchez ha lamentado el ataque “sin precedentes” contra su esposa y se pregunta si vale la pena seguir soportando esta situación.

Reflexión sobre continuar al frente del Gobierno o renunciar

En una carta dirigida a la ciudadanía y publicada en la red social X, Pedro Sánchez responde a la pregunta de si vale la pena continuar al frente del Gobierno. Ante la campaña difamatoria de la derecha, el presidente señala que necesita “detenerse y reflexionar” junto a su esposa para tomar una decisión sobre su continuidad en el cargo.

Acusaciones contra Begoña Gómez por recomendaciones a empresarios en licitaciones públicas

La denuncia contra Begoña Gómez se basa en noticias de prensa que indican que, aprovechándose de su posición, habría recomendado o avalado con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas. Además, se menciona que uno de los empresarios adjudicatarios de licitaciones por valor de 10 millones de euros organizó un máster dirigido por Gómez en el Africa Center, perteneciente al Instituto de Empresa.

Acuerdo entre Air Europa y el Instituto de Empresa

Según la denuncia de Manos Limpias, la compañía aérea española Air Europa acordó pagar 40.000 euros al año al Africa Center, dirigido por Begoña Gómez. Además, el acuerdo entre Globalia, propietaria de la aerolínea, y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Gómez y su equipo.

Fuente: EFE

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En la denuncia, la demandante relató que en redes sociales vio una oferta para inversionistas en una empresa llamada Cenfi, con el objetivo de obtener contratos estatales. Sin embargo, al llamar al número indicado, la denunciante señaló que la persona encargada era una funcionaria del Ministerio de Educación y que la empresa mencionada pertenecía al ministro Édgar Pary. Además, esta persona habría sido designada como apoderada por la autoridad.

Empresa vinculada al ministro constituida en notaría local

El nombre oficial de la empresa es Centro Multidisciplinario de Formación, Investigación y Servicios Generales, y se constituyó en una notaría en la provincia Loayza del departamento de La Paz. Según los datos recopilados en la denuncia, dicha empresa es propiedad del ministro Édgar Pary en sociedad con sus hijos. El documento notarial con fecha del 4 de noviembre de 2022 indica que el ministro aportó el 32% del capital.

Objetivo de la empresa: obtener contratos estatales

La mujer también mencionó que volvió a contactar a la persona que ofrecía inversiones en la empresa y esta le precisó que el objetivo era obtener contratos estatales, especialmente del Ministerio de Educación. Con estos elementos, la denuncia concluyó que el ministro Pary formó una Sociedad de Responsabilidad Limitada dedicada principalmente al rubro de educación, con domicilio legal en su propia residencia en Potosí.

Denuncia por uso indebido de influencias y negocios incompatibles

Además, la denuncia sostiene que la funcionaria habría sido nombrada como apoderada para captar el dinero de los inversionistas y así obtener contratos estatales. En ese sentido, la denuncia se presentó por los delitos de uso indebido de influencias, negocios incompatibles y sociedades o asociaciones ficticias o simuladas, según publicó Erbol.

Potencial acto corrupto según dirigente del magisterio paceño

Por su parte, el dirigente del magisterio paceño, José Luis Álvarez, señaló que si se comprueba este caso, el ministro habría incurrido en actos de corrupción. En ese sentido, espera que no ocurra lo mismo que en otros casos que involucran a autoridades donde se exonera o no se investiga a los denunciados.

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El comandante departamental de la Policía, coronel Erick Holguín, informó que el detenido fue identificado como Roger L. D. P. y está acusado del delito de estafa agravada.

Prometía tramitar licencias por 1.600 bolivianos

Según el jefe policial, Roger L. D. P. ofrecía tramitar licencias de conducir por un costo de 1.600 bolivianos y capturaba a sus víctimas para luego desaparecer una vez que recibía el dinero, sin cumplir con lo prometido.

Allanamiento revela evidencia incriminatoria en su domicilio

Después de la captura del hombre, las autoridades allanaron su domicilio donde encontraron folders y varios archivos con información personal de personas a quienes les había prometido conseguir empleo en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Sin explicaciones ni cumplimiento hacia las víctimas

Holguín explicó que una vez que el acusado recibía el dinero y los poderes necesarios, desaparecía sin dar explicaciones a sus víctimas. El 6 de diciembre se presentó una denuncia y se inició una investigación que llevó hasta su ubicación en un hotel.

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Denuncia por presunto abuso sexual

Durante una conferencia de prensa, el abogado defensor Gustavo Ribera informó que el médico, quien ha trabajado casi tres décadas en el hospital de Niños de Santa Cruz, fue denunciado por una mujer de 32 años por presunto abuso sexual. Según la denuncia, la mujer habría sido víctima del galeno cuando tenía 17 años.

Imputación y detención preventiva

La Fiscalía, a cargo del fiscal Daniel Herrera, admitió la denuncia e imputó al médico por supuesto abuso sexual. El juez cautelar Rodrigo Bohezo ordenó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola durante 30 días.

Relato de la denunciante y posibles víctimas

La denunciante relató que fue abusada a los 17 años en el hospital San Juan de Dios y también mencionó que llegó al centro de salud conduciendo un vehículo. Además, afirmó tener conocimiento sobre otras posibles víctimas.

Defensa del médico y respaldos del Colegio Médico

La defensa del médico asegura que él nunca trabajó en el hospital San Juan de Dios, sino exclusivamente en el hospital de Niños donde se aplican estrictos controles. Gustavo Ribera afirmó que a lo largo de toda su carrera como pediatra, Bernachi nunca recibió llamadas de atención del Colegio Médico debido a su intachable conducta. Calificó la denuncia como contradictoria y señaló como extraño que después de 14 años la denunciante formule la acusación, sugiriendo que busca denigrar y afectar la dignidad y el honor del médico Luis Carlos Bernachi.

Esperanza de recuperar libertad

El jurista adjuntó respaldos del Colegio Médico ante el juez, los cuales establecen que su defendido nunca recibió llamadas de atención. Además, expresó la esperanza de que una vez cumplido el plazo de detención, el médico recupere su libertad. “El médico Bernachi es inocente, jamás conoció a la denunciante y sospechamos que hay algo oscuro detrás de todo esto que busca dañar al profesional y a su familia”, sostuvo el abogado.

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El arresto tuvo lugar en las inmediaciones del Plan 3.000 y el concejal fue trasladado a la Estación Policial Integral N° 3. Enfrenta acusaciones por el delito de violación contra su hijastra, una adolescente de 13 años.

Denuncia realizada por tío paterno

La denuncia fue realizada por el tío paterno de la víctima, quien aseguró que el concejal utilizaba su posición para evadir la justicia. El caso se reportó en octubre y cobró notoriedad en noviembre cuando un familiar confrontó al concejal durante una sesión.

Audiencia cautelar para determinar situación legal

En las próximas horas se llevará a cabo una audiencia cautelar para determinar la situación legal del concejal, donde se espera que responda a las acusaciones de violación.

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La denuncia presentada el 3 de marzo acusaba al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por el supuesto delito de conducta antieconómica en perjuicio del Estado Boliviano. La investigación duró un año y contó con la participación de expertos bolivianos y extranjeros.

Falta de auditoría y elementos probatorios

A pesar de contar con evidencia recolectada durante las investigaciones, el Ministerio Público argumentó su rechazo basándose en la falta de una auditoría a la gestión de YPFB. El exministro considera vergonzoso que no se hayan tomado en cuenta al menos tres elementos probatorios válidos.

Falta de control y responsabilidad

Carlos Romero también señaló que las auditorías no son responsabilidad de los denunciantes, sino que deberían ser realizadas por empresas externas para fiscalizar el trabajo de la petrolera estatal. La falta de auditorías demuestra que YPFB se maneja sin ningún tipo de control según sus declaraciones.

Registro impreciso de vehículos

Otro argumento presentado es la falta de un registro preciso sobre la cantidad de vehículos en el país. Los números proporcionados por el Instituto Nacional Estadísticas (INE) son probabilísticos y no exactos, lo que genera dudas sobre la veracidad de los datos.

Conclusión de la investigación

El fiscal Cristian Copa aseguró que durante la investigación realizada por la Fiscalía se llegó a la conclusión de que no existieron irregularidades. Según él, el rechazo se basa en que no se ha elaborado una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado y no se establece un daño económico según lo denunciado.

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Denuncia recibida por LA PATRIA

En días pasados, LA PATRIA recibió una denuncia indicando que una ambulancia del Hospital Barrios Mineros estaba siendo utilizada como vehículo de carga para tiendas particulares y fue vista descargando productos como papel higiénico, aceites, refrescos y otros en la distribuidora Maguis ubicada en las calles Beni, Pagador y Potosí. La denuncia señalaba que la ambulancia estaba siendo utilizada con fines particulares y no para el traslado de pacientes, por lo cual se solicitó realizar una investigación al respecto.

Aclaración del director del nosocomio

Frente a esta denuncia, el director del nosocomio explicó que debido a que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), a través de la Secretaría Municipal de Salud y Deportes, administra los recursos de cada establecimiento de salud y realiza las compras de insumos y medicamentos; los centros deben recoger dichos insumos desde las dependencias correspondientes. En este caso particular, el personal del Servicio de Hemodiálisis dependiente del Hospital Barrios Mineros fue notificado por la Secretaría de Salud para recoger los insumos, pero al no contar con otro medio de transporte, se utilizó una de las tres ambulancias del nosocomio.

Falta de espacio en el almacén

Sin embargo, debido a la cantidad de insumos recogidos, no fue posible descargar todos los productos de limpieza, lavandina y otros debido a que el Servicio de Hemodiálisis es muy pequeño y no cuenta con un almacén específico para guardarlos. Por esta razón, como la empresa Maguis se adjudicó la entrega de los insumos al GAMO para los centros de salud, el Servicio de Hemodiálisis dejó en custodia a la distribuidora aquellos insumos que ya no pudieron ser descargados en el servicio, con el fin de descongestionar las áreas donde no hay un almacén disponible.

Insumos dejados en custodia

Según Tapia, lo que se dejó en custodia a esta distribuidora son 70 paquetes de rollo de papel higiénico, diez cajas con dos unidades cada una de lavandina, 12 botellones de cinco litros de jabón líquido, 28 paquetes grandes bolsas negras y 28 paquetes grandes con 25 unidades cada uno bolsas rojas.

Explicación sobre falta espacio y transporte

“Como hicimos anteriormente con el Servicio de Hemodiálisis cuando no teníamos espacio suficiente, nosotros dejamos parte en custodia y poco a poco lo traemos. Esto es debido a la falta del espacio adecuado en nuestro pequeño Servicio”, explicó Tapia. Además desmintió que los insumos descargados fueran aceites y refrescos como señalaba la denuncia; ratificando que se trataba realmente de cajas con lavandina y bidones de jabón líquido, considerando que la confusión se originó a partir de ahí.

Uso de ambulancia por falta de transporte

“Por instrucciones de la Secretaría de Salud, nosotros debemos recoger todos los insumos, medicamentos y reactivos desde dicha Secretaría. Debido a la falta de otro medio de transporte distinto a la ambulancia, nos vemos obligados a utilizarla”, indicó el director del nosocomio. Según él, anteriormente las distribuidoras llevaban directamente los insumos al hospital cuando los establecimientos realizaban las compras, sin necesidad del uso de ambulancias; pero ahora es necesario utilizar este vehículo para recoger los insumos.

Falta espacio para almacenar todo

El hospital realiza trimestralmente un pedido a la Secretaría de Salud según el consumo estimado para el siguiente trimestre; sin embargo, debido a la cantidad solicitada no se cuenta con suficiente espacio para almacenar todo.

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Sin embargo, lo que siguió a la valiente denuncia ha sido igualmente impactante: la adolescente fue expulsada de su hogar y abandonada por su madre como represalia por haber denunciado al compañero sentimental de esta última. Las autoridades del Ministerio Público de Oruro tomaron conocimiento de la situación y confirmaron que la menor está ahora bajo el cuidado de personas ajenas a su entorno familiar.

Falta intervención y acción legal

Este acto de abandono y expulsión hacia una menor víctima de agresión sexual ha suscitado preocupación, especialmente porque en este caso estaba involucrada la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), pero no se encontraron registros sobre su intervención. Además, no se ha iniciado ninguna investigación contra la progenitora por sus actos en contra de la menor, informó el Fiscal Departamental Aldo Morales.

Dudas sobre influencia indebida

Una revisión del archivo del caso también reveló que previamente la menor había denunciado el abuso en otras dos ocasiones, pero las denuncias aparentemente fueron rechazadas por un fiscal. Cabe destacar que el acusado es abogado y su pareja, madre víctima, ocupaba un cargo como diputada en ese momento, lo que ha llevado a sospechas de posible influencia indebida.

Investigación exhaustiva y justicia

El fiscal a cargo del caso ha ordenado una exhaustiva investigación que incluye la revisión de todos los archivos relacionados con este incidente. También se investigarán posibles intervenciones de funcionarios, exfuncionarios y exfiscales que pudieron haber favorecido al acusado. “La ley se cumple y no se discute”, enfatizó el fiscal.

Batalla legal por liberación

Mientras tanto, la madre de la menor víctima está involucrada en una batalla legal junto con su familia para tratar de obtener la liberación de su pareja. El caso resalta la importancia de proteger a las víctimas de agresión sexual y garantizar que se haga justicia, independientemente de la influencia o el estatus de los involucrados.

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“Los delitos que pudieran haber cometido algunos jesuitas son responsabilidad exclusiva de ellos mismos y la Compañía de Jesús en Bolivia será la primera en aplicar las sanciones correspondientes (…) y no ve ningún sentido a la demanda presentada”, señaló la orden en un comunicado.

Denuncia contra el superior provincial

Los exalumnos del colegio Juan XXIII, ubicado en la ciudad de Cochabamba, presentaron una denuncia contra el superior provincial de los jesuitas, Bernardo Mercado, al considerar que la congregación católica tuvo una responsabilidad “institucional” en los casos donde se acusa a nueve jesuitas por pederastia.

Además, se mencionan ocho exprovinciales quienes, según los denunciantes, tenían conocimiento de los abusos cometidos por los jesuitas y deben responder como “cómplices y encubridores”.

Denuncia basada en violaciones sistemáticas

La denuncia se basa en el “bloque de constitucionalidad” que establece que los miembros de la organización religiosa cometieron “violaciones sistemáticas” hacia una población específica y se consideran actos contra la humanidad ya que no prescriben.

La justicia debe determinar responsabilidades individuales

En relación a esto, la Compañía de Jesús enfatizó que los delitos denunciados son asuntos personales y que esas responsabilidades individuales deben ser castigadas, determinadas y sancionadas por la justicia.

Compromiso con la búsqueda de justicia para las víctimas

“La Compañía de Jesús reafirma que está cumpliendo y garantizando su deber institucional, con la prioridad de que las víctimas encuentren justicia”, agregó.

Casos de pederastia salen a la luz

Los casos de pederastia en la Compañía de Jesús salieron a la luz en mayo pasado cuando el medio español El País publicó una investigación sobre el contenido del diario del jesuita español Alfonso Pedrajas, donde relata los presuntos abusos cometidos contra menores en Bolivia.

Fiscalía boliviana investiga denuncias de pederastia

En 2019, EFE dio a conocer el caso del sacerdote Luis Roma, ya fallecido, a través de la denuncia de un exmiembro de la Compañía de Jesús quien pidió permanecer anónimo y basó las acusaciones en una treintena de fotografías explícitas donde dijo reconocer al agresor de varios menores entre 6 y 12 años.

Proyecto de ley rechazado

A raíz de estos hechos, la Fiscalía boliviana inició una investigación en varios departamentos del país por las denuncias de pederastia que involucran principalmente a sacerdotes católicos.

En mayo pasado, el Gobierno de Luis Arce presentó un proyecto de ley para eliminar la prescripción en los delitos sexuales contra menores, sin embargo fue rechazado por el Parlamento hace unos días lo cual generó protestas por parte diversos sectores defensores de la infancia y adolescencia.

Fuente: EFE.

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“Tenemos la denuncia de YPFB, pero se está realizando un trabajo pericial, no declaraciones de ninguna persona”, declaró William Alave, fiscal departamental de La Paz. “En todo caso, las declaraciones tienen menos importancia que una situación pericial. Nos estamos enfocando en ese tipo de pericias”, agregó.

Exministros presentaron denuncia contra director ejecutivo

En mayo, los exministros Carlos Romero y Teresa Morales presentaron una denuncia contra Armin Dorgathen, director ejecutivo de la estatal petrolera, por la supuesta compra irregular de carburantes. Sin embargo, días después el acusado aseguró su inocencia.

Falta claridad sobre acciones concretas en la investigación

Alave manifestó que debido a que se trata de una denuncia sobre importación de carburantes, es necesario llevar a cabo las pericias correspondientes. No obstante, no precisó las acciones concretas que se están realizando para verificar las acusaciones de los exministros.

Los denunciantes reclamaron por la supuesta falta de transparencia en las investigaciones ya que Alave se contradijo al afirmar que Dorgathen declaró ante la Fiscalía a finales de mayo cuando lo hizo el 1ro de junio; además proporcionó datos imprecisos sobre la fecha en que se presentó la denuncia.

Director ejecutivo declaró acompañado por su abogado

Según el acta de declaración, el director ejecutivo declaró el jueves 1ro de junio a las 16:15 horas, en el cuarto piso del Colegio de Abogados de La Paz y estaba acompañado por su abogado Fernando Valdés, informó la ANF.

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La casa en cuestión fue intervenida el 10 de noviembre de 2022 por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía, luego del hallazgo de 28 gramos de cocaína sólida en su interior.

Según el abogado Carlos Dante Reyes Torrico, quien representa a los propietarios, la vivienda no fue incautada mediante una orden judicial y actualmente está secuestrada mientras se realiza un proceso legal relacionado con la pérdida del dominio.

El pasado viernes, aproximadamente a las 23:00 horas, los dueños acudieron al inmueble junto con su abogado tras recibir quejas de vecinos molestos, debido al alto volumen musical y a una situación descontrolada. Al llegar al lugar encontraron varones y mujeres consumiendo alcohol acompañados por música, asando carne en una parrillada y rodeados por gran cantidad de cervezas.

Cuando intentaron ingresar a la propiedad, el abogado denunció haber sido agredido junto con su esposa, mientras que también se reportaron golpes hacia la dueña del inmueble.

Finalmente, lograron entrar y descubrieron las habitaciones completamente desordenadas. En medio del ruido ensordecedor de la música, se encontraban colchones en el suelo, restos de comida provenientes de la parrillada y neveras llenas de bebidas alcohólicas. Además, había vehículos incautados por narcotráfico estacionados en el lugar.

“Mi clienta, la dueña de la casa, fue golpeada. A mí y a mi esposa también nos agredieron. Todos los presentes eran policías de la Felcn y Dircabi. En ese momento les pedí que se calmaran ya que solo queríamos inspeccionar el inmueble junto con los propietarios. Yo tengo una discapacidad en mi ojo derecho, pero aun así fuimos maltratados”, declaró el abogado.

Toda la situación fue capturada en un video donde se puede observar cómo algunos participantes intentaron escapar, otros trataron de dar explicaciones mientras que algunos dormían aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Antecedentes

Según las investigaciones realizadas por la Felcn y la Fiscalía, los propietarios alquilaron su vivienda a una pareja que posteriormente permitió el ingreso de otros familiares.

Algunos de estos familiares comenzaron a almacenar cocaína para su venta al menudeo. Fue así como la Felcn logró capturar a uno de los responsables del delito de suministro, quien actualmente está detenido en la cárcel de Palmasola.

Los dueños del inmueble aseguraron que hasta el momento, no recibieron ninguna orden judicial para su incautación y que solo fue secuestrado y ocupado por Dircabi.

/NVY

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La joven denunciante afirmó haber sido violada en una fiesta organizada en la madrugada del 1° de enero de 2019 en la casa familiar de Montiel, ubicada en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. El jugador fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

Declaración testimonial del jugador no altera el caso

Durante su declaración y representado por los abogados Nicolás Payarola y Matías Aquino, Montiel reveló que conocía a la denunciante “desde hace algunos meses” y que tuvo un único encuentro consensuado con ella en su apartamento en la ciudad de Buenos Aires.

Según relató, volvió a su casa entre las 7 y las 8 de la mañana después de dejar a un amigo allí, y se encontró con los invitados fuera del hogar.

El Sevilla mantiene tranquilidad al respecto

La declaración testimonial del jugador no altera el caso reabierto tras la denuncia realizada por la abogada de la víctima. El Sevilla se mostró tranquilo al respecto.

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En marzo, la Fiscalía de Puno citó a Morales para que declare dentro del proceso que investiga el delito de atentado contra la integridad nacional de Perú por promover la anexión de territorios peruanos a la Runasur.

Sin embargo, Morales no asistió a la cita virtual y las autoridades reprogramaron la declaración para el 10 de mayo, pero tampoco asistió.

El abogado reveló que la decisión de no comparecer ante las autoridades peruanas fue acordada con el jefe del MAS por la situación política que existe en ese país y dijo que pedirá el archivo del caso cuando se cumplan los plazos porque, según él, no existe delito alguno.

“El día 10 (de mayo) estaba señalada la fecha para la declaración indagatoria al expresidente Evo Morales, citación por la cual se conversó. En mi caso, me corresponde la responsabilidad en la misma y lógicamente con el expresidente Evo Morales se determinó no asistir por la razón que hemos venido declarando, estamos en una dictadura en el Perú”, dijo el abogado.

La prueba que sostiene el proceso es un video del 17 de noviembre de 2022, en el que Morales sugiere la creación de la Runasur con la “Nación Aimara” y el entonces gobernador regional de Puno, Germán Alejo, se compromete a unir a la región al proyecto geopolítico del líder del MAS.

En ese marco, Noblecilla minimizó el caso y dijo que no existe ninguna posibilidad de que se emita una orden de aprehensión en contra de su cliente.

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La resolución fiscal de observación indica que los hechos denunciados no cuentan con una relación fáctica clara y son ambiguos e imprecisos.

La denuncia se dio en el marco de la investigación que hicieron los asambleístas por presuntas irregularidades en el viaje que Vedia realizó a Tenerife – España, en el marco de una feria internacional.

FISCALÍA

En el documento la Fiscalía solicitó a los denunciantes que establezcan las acciones en concreto y se refieran a los tipos penales atribuidos.

Además, se señala que la documentación presentada en fotocopias es inconsistente porque no acredita los hechos denunciados ni explica cómo se causó el daño económico al patrimonio del Estado.

La Fiscalía aclara que solo se acude a esta instancia cuando han fallado todas las demás instancias de control y que el derecho penal solo puede aplicarse a los ataques más graves frente a los bienes jurídicos.

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El pronunciamiento de la Andecop, surge luego de que el Gobierno oficialice el incremento del 3% para el salario básico y del 5% para el salario mínimo nacional.

Se habilitó los números telefónicos para recibir denuncias, debido al rechazo de los padres de familia y de las autoridades de Gobierno, quienes resaltaron que a inicios de año se definió que no puede existir un aumento de pensiones este año, sin la autorización del Ministerio de Educación.

“Si algún administrador, algún director o algún propietario de un colegio privado está queriendo incrementar las pensiones, queremos dar dos números telefónicos, 715-50970 y 715-30671, para que el padre de familia, que vea que están queriendo cobrar con incremento, nos comunique para actuar inmediatamente”, señaló el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma.

Por otra parte, los representantes de Andecop indicaron que los padres de familia, a principios de año, firmaron un contrato con los colegios donde aceptan un incremento de pensiones, ahora piden cumplir el compromiso.

“Como Ministerio de Educación hemos sacado a inicios de gestión una resolución ministerial donde indica que no hay incremento en las pensiones en las unidades educativas privadas, eso ratificamos”, resaltó Puma.

/NVY

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Dicha resolución fue aprobada por los dos tercios de la ALDO, en ese entendido, una delegación de la comisión mixta de fiscalización del caso, solicitó autorización para realizar la respectiva diligencia a la ciudad de La Paz.

En la Sede de Gobierno, con todo su legajo llegaron al Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en ventanilla, explicaron a la comitiva que la nota debía ser recibida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para que esta a su vez sea derivada a dicha instancia.

La comisión siguió las indicaciones y dejó en recepción del Ministerio de Justicia, a las 09:45 horas la documentación de 169 hojas, resultado del seguimiento realizado por la comisión mixta de la Asamblea Legislativa, que pone en juicio el procedimiento de la autoridad ejecutiva de la Gobernación sobre su viaje a España.

Un dato adjuntado recientemente a este legajo, es el informe de gastos realizados por parte del gobernador, quien hubiera adquirido pasajes de ida y vuelta a un costo de 2.480 dólares y en tema de viáticos, obtuvo unos 10 mil bolivianos; asimismo la asambleísta Carolina Lino, señaló que este dato lo pone a consideración de las autoridades para que realicen su propio análisis.

De la comitiva participaron siete asambleístas, y todos ellos realizarán el seguimiento del caso planteado ante Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia, asimismo anunciaron que éste jueves efectuarán la respectiva denuncia ante el Ministerio Público en Oruro.

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El caso habría sido denunciado por las hijas adoptivas del adulto mayor, en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Oruro.

El director de la DIO, Boris Delgado, explicó que serían los progenitores quienes presuntamente indujeron a la menor para que contrajera matrimonio con este hombre; estos buscaban beneficios patrimoniales y económicos.

Tras investigaciones sobre el caso, se conoció que los padres serían autoridades originarias de una provincia orureña.

“Como Defensoría de la Niñez y Adolescencia hicimos conocer ya a las autoridades competentes, (…) más el Ministerio Público (quienes) valorarán (…) y determinarán la tipología del delito”, manifestó Delgado.

Expresó que, dentro de las investigaciones, respecto a este caso, se busca si el adulto mayor sufre de algún deterioro cognitivo o demencia. Reflexionó que más del 80% de adultos mayores, a esa edad, ya cuentan con deterioro cognitivo.

Indicó que actualmente la menor está bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

/WBMC

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La semana pasada, María René Álvarez, diputada de Creemos, denunció la adquisición de “una mini cámara de vigilancia” por parte del Ministerio de Gobierno que presuntamente se usó para espiar al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho; se adjudicó de manera irregular a una empresa que ofrecía servicios de mates y cafés.

El Ministerio de Gobierno asegura que la información difundida es falsa y que la documentación presentada es falsificada. Así también niega el proceso con esa denominación, ni tampoco una descripción de ítems. Adjunta consigo documentos.

“El Proceso de Contratación con Cuce N° 22-0015-00-12342565-1-1 supuestamente denominado “Adquisición de Mini Cámara de Seguridad para Stock de Almacén Central Ministerio de Gobierno” al cual hace referencia el señor Carlos Valverde, no existe, es decir, que la documentación (…) es falsa y adulterada, asimismo, tampoco existe un nombre de proceso con esa denominación, ni una descripción de ítems. Todo esto puede ser confirmado ingresando a la página del Sicoes”, certifica  el Ministerio de Gobierno en sus escritos.

Por el contario afirma la existencia del proceso, al que se hacen referencia, con Cuce N° 22-0015-00-1269496-1-1 (diferente numeración) denominado “Adquisición de Material de Consumo para Stock de Almacén Central Ministerio de Gobierno (2do. Semestre -2022)”; mencionan que correspondiese a un proceso de “contratación menor” realizada por el Ministerio de Gobierno para la adquisición de café instantáneo, té, azúcar, productos endulzantes y otros.

Al final del comunicado afirman que el documento publicado por el periodista Carlos Valverde fue adulterado y falsificado pero el Ministerio de Gobierno se reserva el derecho a  realizar acciones penales.

“Como Ministerio de Gobierno, nos reservamos el derecho a iniciar acciones penales por los delitos de Falsedad Material (Atr. 198), Uso Instrumento Falsificado (Atr 203), Difamación (Art. 282) y Calumnias (Art 283) del Código Penal”, afirmó en su comunicado.

/WBMB

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En días precedentes, el diputado “renovador” Rolando Cuellar, calificó a Arce como un “mafiosos”, corrupto y que no tiene moral ni ética, asegurando que iniciará un trabajo de fiscalización, pidiendo un informe a la Fiscalía General de Estado con el fin de reabrir casos de irregularidades que pesan en su contra, cuando era alcalde de Omereque.

Para el diputado “evista”, las acusaciones que realiza Cuellar, es una manera de llamar la atención, o protagonismo, queriendo tapar la poca gestión que realiza como legislador.

“Es normal verlo (a Rolando Cuellar) al estilo de Cantinflas o actuar al estilo de uno de los tres chiflados, como un cirquero, para buscar protagonismo (…) Le estamos enviando, a través de una nota, al señor Rolando Cuellar dos cajas de tabletas: uno de ellos se denomina destontín, para que después de cada desayuno se sirva una vez al día; también le estamos enviando otra tableta que se llama ubicatex”, refirió Arce, según refleja Pagina Siete.

Según el diputado Arce, todos los procesos que le seguían cuando era autoridad de Omereque, fueron rechazadas y cerradas por la Fiscalía, por lo que pidió al diputado Cuellar a que se retracte de sus declaraciones, dándole un plazo hasta el lunes 6 de febrero, caso contrario iniciaría una denuncia penal en las instancias correspondientes, además que también lo denunciaría ante la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

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El legislador manifestó que recibió imágenes de dos departamentos, que estarían a nombre de la estatal de caminos, en el que se estaban consumiendo bebidas alcohólicas y realizando otras actividades de ese tipo.

“Cumpliendo nuestro rol fiscalizador, hoy estuvimos con el administrador de la ABC en los dos departamentos. Según su explicación, (los ambientes) son usados para misiones de altas autoridades, para trabajo y hospedaje, lo cual es falso”, afirmó el diputado.

Según Arce, esos departamentos se usan para beber y festejar cumpleaños, por lo que aseveró que son prácticamente como un boliche o una discoteca. Además, aseguró que también se los utiliza como motel, pues durante la inspección de hoy encontró un preservativo.

De igual forma mostró un cuaderno, con el logo de la ABC, en el que se registraron ingresos y salidas del personal, entre quienes figura el presidente de esa entidad, Henry Nina; según Arce, funcionarios aseguraron que lo vieron al menos cuatro veces consumiendo bebidas en ese lugar.

“Estos dos departamentos no tienen las condiciones para que sean un salón de reuniones o de trabajo. Se ha hecho un mal uso de bienes del Estado para chupar y hacer otras actividades que no están relacionadas con esta institución”, concluyó Arce.

/ LMPT

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El director de la Felcc El Alto, coronel Limbert Coca, detalló que la mujer fue quien hizo la denuncia al ser explotada sexualmente desde el 2020. Según se conoce el sujeto la obligaba a captar clientes a través de las redes sociales.

“(La pareja) captaban clientes a través de las redes sociales y cobraban por tener intimidad con otras personas la suma de Bs. 500”, añadió.

Coca resaltó que la víctima cobraba por el servicio sexual y el dinero le entregaba a su pareja, reportó la red Erbol.

El sujeto tiene 34 años y fue remitido al Ministerio Público; además tiene antecedentes desde el 2020 por los delitos de corrupción de menores, trata y tráfico de personas y proxenetismo.

/JDLF/

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Por tal motivo, el abogado de los legisladores de Creemos, Juan Carlos Camacho, observó que el fiscal asignado actuó sin respetar la jurisprudencia y cumplió el rol de peón del Gobierno.

“Nos sorprende que luego de presentar la denuncia contra dirigentes afines al MAS por el cerco a Santa Cruz y que ha sido flagrantemente un delito de terrorismo, de atentados contra la salud, pero haya sido desestimada en cinco días. Hay una clara selectividad que tiene el Ministerio Público para no admitir esta denuncia”, manifestó el jurista.

El 25 de octubre, el dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Indígena Originarios de Santa Cruz, Edwin Arce, informó que a la medianoche de ese miércoles empezaba el cerco a la ciudad cruceña, como respuesta al paro iniciado por los cívicos a favor de la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.

Los transportistas intermunicipales bloquearon la vía entre los municipios de Paila y Santa Cruz. Otro sector del transporte tomó la vía La Guardia donde sucedió mayor violencia y luego cercaron la refinería de Palmasola.

Camacho señaló que el fiscal de la Unidad de Análisis, Osmar Pereira, fue quien rechazó la denuncia, pero adelantó que presentarán otra demanda.

“El fiscal dice que no se adjuntaron elementos de pruebas, pero según la jurisprudencia eso se va a obtener en el transcurso de la investigación. Lo que hace Osmar Pereira es cumplir su rol de peón del Gobierno y de fiscal de parte del oficialismo”, añadió el abogado, según reporte de El Deber.

Al contrario, la denuncia presentada por ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, contra el gobernador Luis Fernando Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, fue admitida al día siguiente de ser presentada.

Acusan a las tres autoridades cruceñas de cometer delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, atentados contra mandatarios y otros. Asimismo, se conoce que ya se emitieron alertas migratorias contra los tres denunciados.

Al respecto, el abogado del gobernador, Martín Camacho, aseveró que el caso fue admitido en La Paz, lo que no procede ya que los supuestos hechos ocurrieron en Santa Cruz.

El rector Vicente Cuellar informó que aún no fue notificado y aseguró que la denuncia busca amedrentarlos.

La autoridad universitaria recordó que el origen del conflicto fue la ineficiencia del Gobierno y del Instituto Nacional de Estadística (INE) que postergaron el Censo hasta 2024.

/MDCB

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“Hay personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por mi persona, para solicitar a cambio de cargos, dinero en efectivo”, denunció la autoridad en una rueda de prensa en La Paz.

Con la fotografía de Saucedo y haciéndose pasar como autoridad, una persona inescrupulosa le solicitó a un profesional de Guarayos Bs. 3.500 y le pidió que le deposite ese monto a un número de cuenta a cambio de un cargo laboral en el Viceministerio en La Paz.

“Queremos alertar a la población de que no se dejen engañar por estas personas, todo proceso de contratación en el Ministerio de Obras Públicas se hace bajo norma, no por una llamada telefónica, ni por un WhatsApp, alerten y nos avisen”, manifestó el Viceministro.

Indicó que el hecho fue denunciado ante el Ministerio Público para que investigue y tome cartas en el asunto y pidió actuar de la misma manera e informar a la Unidad de Transparencia de esta cartera.

Asimismo, el viceministro de Transportes, Israel Ticona, advirtió que personas malintencionadas ofrecían cargos laborales en esta cartera a cambio de dinero y por ello el Ministerio de Obras Públicas formalizó la denuncia ante el Ministerio Público.

/NVY

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El dirigente cocalero incluso dio nombres de las personas que supuestamente están involucradas en el hecho.

“Queremos denunciar a las autoridades que ayer en la madrugada, en mi Federación Chamaca, han asesinado a una persona a golpes. Presuntamente, tenemos información extraoficial, que serían familiares de Viviana Cota, quien me ha buscado casa por casa, cuarto por cuarto para descuartizarme”, denunció.

Sin dar mayores detalles al respecto, Alanez pidió que se investigue el deceso y presumió que los responsables del hecho fueron afiliados de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).

De acuerdo con el dirigente cocalero, la persona asesinada participó en todas las marchas que fueron convocadas y aseguró que las represalias son peores en Villa Fátima, debido a la detención de Freddy Machicado y César Apaza.

Con relación a la acción de libertad en favor de César Apaza, Alanez manifestó su rechazo y anunció que su sector asumirá todas las medidas de presión que sean necesarias, como la huelga de hambre indefinida.

/ LMPT

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Ante esa situación, enviaron solicitudes de informe escrito al gobernador Fernando Camacho que hasta el momento no han sido respondidas.

“Hemos visto que ese dinero ha empezado a ejecutarlo en (abrir) ventanillas únicas en las subgobernaciones, en comprar computadoras y vehículos, lastimosamente mal utilizando”, denunció la legisladora en una entrevista con Bolivia Tv.

Como parte de su oferta electoral, Camacho de Creemos ofreció a Santa Cruz la compra de un lote de vacunas contra el Covid-19. Una vez posesionado en el cargo, gestionó la aprobación de una ley departamental que viabilizó 50 millones de bolivianos para ese fin.

Por su parte, el ministro de Salud y Deportes, Jesyon Auza, instó en días precedentes a las autoridades competentes a investigar el destino que dio Camacho a los 54 millones que se erogaron para la compra de vacunas anti Covid-19, pero que no llegaron a adquirirse.

“No estamos haciendo una acusación, pero las investigaciones también deberán ir en ese sentido para aclarar la utilización de esos recursos que no son únicamente de Santa Cruz, corresponde al Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó el ministro, según reportó Erbol.

Según Valencia, la bancada del MAS es la única que fiscaliza la gestión de Camacho, porque la alianza Creemos solo actúa como “brazo operativo” de la gobernación.

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La polémica surgió después que Morales reveló que el 2021 alertó al Presidente del Estado Luis Arce sobre hechos de corrupción en la ABC, además que Henry Nina lo habría buscado con una tercera persona para reunirse con él, de manera privada.

Sin embargo, el lunes precedente, Nina negó que haya pedido una reunión privada con Morales, pero el exmandatario señaló este miércoles el nombre de una funcionaria que le habría pedido la reunión a nombre del Presidente de la ABC.

De acuerdo con el relato de Morales, se le acercó una mujer identificada como Janeth Loza, cuando se hacían reuniones para tratar un conflicto por falta de atención a una carretera del Trópico de Cochabamba.

“Se me acerca, y me dice: Evo, Henry Nina quiere hablar reservadamente contigo. La respuesta: yo no hablo con corruptos”, manifestó Morales en conferencia de prensa.

Morales, también señaló que el año anterior fue contactado por fiscales, ingenieros y abogados, quienes le informaron que estaban renunciando a la ABC, porque no podían ser cómplices de la corrupción.

El exmandatario, también acusó a Henry Nina de haber instruido no recibirlo en sus visitas que recién realizó en el Norte paceño.

Según Morales, incluso Nina había advertido que no habría obras para la región, en caso de que se le haga un recibimiento.

/ABH

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“Nosotros creemos que todas las pruebas hasta el momento apuntan a los dos, lo único que estoy esperando es que esto termine como tiene que terminar”, manifestó el padre del joven que en 2021 fue descuartizado supuestamente por su exenamorada y la pareja de ella.

Recordó el estado en que vio el cuerpo de su hijo. “No es nada fácil, ni sencillo estar recordando los momentos atroces que ha vivido mi hijo hasta su último instante de vida”, manifestó.

El viernes reciente se estableció un cuarto intermedio para la reanudación del juicio oral.

Asimismo, indicó que el martes 30 de agosto se cumple un año de la muerte de su hijo.

Antecedentes

El joven tenía 24 años cuando su vida fue cegada. Cursaba el tercer año de la carrera de Derecho en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), y vivía con su padre y su hermano, pues su madre los abandonó.

Su cuerpo fue hallado desmembrado en plena vía pública en Bella Vista de una zona de la urbe alteña; fue mutilado aún con vida. Los sindicados son su exenamorada, Luz Maya P., y su actual pareja, Álvaro S.

En el domicilio de la mujer se encontraron varias pruebas, muestras de sangre en la alfombra, un arma blanca y un serrucho que fue utilizado para mutilar el cuerpo; además, el teléfono celular, las botas y el tórax de la víctima.

/SVL

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La denuncia fue presentada en días precedentes con el argumento de que Machicado realizó convocatorias para las movilizaciones que derivaron en actos de violencia.

De acuerdo con la red Erbol, la resolución de desestimación fue emitida este 26 de agosto por parte del fiscal Carlos Cortez.

El Ministerio Público emitió observaciones a la denuncia el 25 de agosto, tras analizar la respuesta de parte querellante, determinó la desestimación.

Análisis del fiscal

De acuerdo con el escrito, el fiscal consideró que el denunciante no proporcionó elementos facticos suficientes para verificar que Machicado haya incurrido en el delito del que se lo acusa.

“Al haber identificado en el relato del hecho expuesto por el denunciante, la ausencia fáctica de datos de comportamiento que permitan configurar la instigación a la comisión de un delito que requiere el tipo penal en cuestión no queda otra alternativa que desestimar la denuncia”, se lee en el escrito.

Pese a la determinación de la Fiscalía, Alanez tiene cinco días hábiles para presentar una objeción a partir del momento en que sea notificado.

/JDLF/

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La citación para la declaración informativa de Copa fue programada para las 08:00 horas de esta jornada en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en El Alto.

Al finalizar dicha declaración, Copa declaró que hace cumplir las normativas y espera que ninguna mujer viva lo que ella.

“Yo lo único que tengo que hacer es cumplir y respetar la ley, nosotros estamos cumpliendo la normativa como corresponde, a ratificar nuestra denuncia (contra Torrico) en temas de violencia política y esperar que ninguna mujer pase lo que estoy pasando”, declaró la autoridad edil a los medios locales.

Además señaló que la disculpa del viceministro no fue sincera y debe disculparse con el pueblo alteño.

“Lamentablemente existen compañeros del señor (Gustavo Torrico) que continúan con las agresiones. Yo creo que si hay una disculpa, tiene que ser sincera, no a mí, sino a mi ciudad porque hemos sido elegidos democráticamente por el pueblo alteño, así que vamos a continuar con este proceso”, añadió la alcaldesa.

A finales de julio de este año, Torrico se refirió a Copa como “loca” en la inauguración de la Escuela de Formación Política Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto.

“Si fuéramos tan comprometidos con el MAS esa loca no sería alcaldesa de El Alto”, expresó Torrico. Un día después intentó justificarse indicando que utilizó ese adjetivo para referirse a sus amigos.

En este proceso el abogado de Copa solicitó como testigos a la concejal y exministra de Cultura en la gestión de Evo Morales, Wilma Alanoca y al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

Luego de aceptarse la denuncia, el caso fue declarado en reserva.

/MDCB

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La progenitora señaló que Víctor es el mayor de tres hermanos y trabaja como costurero en Chile y llegó a Bolivia para participar de una fiesta de Villa Victoria.

“Él está traumado. En la noche mi hijo llora, grita y habla como loquito, todo el rato duerme. Me dijo que parece que estaba en Achachicala, en una pampa nomás y que se levantó”, manifestó.

La presunta víctima declaró ante la Policía y la Fiscalía que después de consumir bebidas alcohólicas en una fiesta apareció dentro de un ataúd, enterrado en un lote donde aparentemente realizaban una construcción. Afirmó que apareció en Achacachi, sin embargo, la madre dice que fue en Achachicala.

Según la versión del hombre de 30 años, logró salir con vida de un ataúd en el que ya estaba enterrado en una fosa de una construcción y que procedió a romper el vidrio y algunas partes del cajón para salir de la fosa donde estaba.

“Está en shock mi hijo, no sé qué clase de gente lo ha llevado a mi hijo, le han dado una sustancia a mi hijo”, lamentó la mujer.

Asimismo declaró que debido a una decepción amorosa, su hijo comenzó a consumir bebidas alcohólicas.

El subdirector de la Fuerza de Lucha Contra El Crimen (Felcc) de La Paz, Juan José Donaire, advirtió con un proceso en contra de la presunta víctima en caso de que se constate que la denuncia es falsa, debido a que el hombre se encontraba en estado de ebriedad cuando relató los hechos.

“La denuncia de mi hijo la vamos a dejar ahí nomás, porque hay que pagar a policías, fiscales y no tengo plata”, añadió la madre de familia.

/NVY

La entrada Madre del hombre que denunció haber sido enterrado como “sullu” cuenta que su hijo está con traumas se publicó primero en La Patria Bolivia.

“De no ser evidente el hecho, probablemente puede suceder algún ámbito de responsabilidad, porque está consignado un proceso penal por el tema de la simulación de delitos. Nos encontramos en una situación de controversia, porque en todo caso se habilitará, posibilitará o rechazará el caso a partir del pronunciamiento de la Fiscalía”, manifestó el jefe policial a los medios de comunicación.

La mañana del lunes, un joven en aparente estado de ebriedad denunció que el fin de semana bailó tobas en la entrada de Villa Victoria y un sujeto, quien dijo ser su camarada del cuartel, le hizo beber cerveza al punto de perder la memoria.

La víctima además, relató que recobró su conciencia cuando supuestamente ya estaba en un ataúd sin poder moverse.

“Pensé que estaba durmiendo en mi casa me he levantado, ya había estado en el ataúd. No podía moverme luego he roto la ventana. Lo he roto el ataúd. Y tierra más había encima del ataúd”, manifestó.

El joven, cuando realizó la denuncia ante los medios de comunicación, tenía restos de lo que parece ser cemento y tenía heridas en el lado derecho del rostro.

Según aseveró, tras lograr salir del féretro, tomó un taxi que lo llevó hasta la Ceja de la ciudad de El Alto.

Donaire señaló que el caso ya está siendo investigado por el Ministerio Publico y la Policía tomó las declaraciones de la presunta víctima. El sujeto, según el oficial, abundó en el consumo de bebidas alcohólicas.

/HNF/

La entrada Policía advierte con proceso a joven ofrendado como “sullu”, si su denuncia resulta ser falsa se publicó primero en La Patria Bolivia.

El sujeto habría sustraído más de mil prendas femeninas de diferentes tamaños y colores las cuales fueron halladas junto a un cuaderno en el que anotaba a detalle lo robado para no perder la cuenta.

“Mi persona y mis niñas estamos muy asustadas por esta situación (…). No hemos podido verlo en persona, solamente de noche, en lo oscuro”, expresó una de las vecinas, que se mostraba consternada mientras brindaba su declaración a Red Uno.

Otro de los vecinos indicó que temen por la seguridad de las mujeres y niñas que viven por el lugar, además aseguró que se mantendrán en vigilia ya que muchas están amedrentadas.

“Hay muchas niñas que están amedrentadas le han visto a este antisocial y lastimosamente nosotros como vecinos hacemos vigilia, responsabilizamos al dueño de este (terreno) de cualquier violación que pueda suceder”, manifestó un padre de familia del lugar.

Asimismo, los que viven en el barrio pidieron a las autoridades patrullajes constantes y la limpieza del predio, sitio propicio de la concreción de los crímenes.

/ABH

La entrada Santa cruz: Hallan más de 1.000 prendas interiores de mujeres y niñas que eran coleccionadas por un sujeto en un terreno baldío se publicó primero en La Patria Bolivia.

El domingo 7 de agosto, Víctor Hugo Mita salió a participar en la preentrada de Villa Victoria en La Paz con la danza de los tobas, posteriormente consumió bebidas alcohólicas y, aparentemente, su bebida fue adulterada por otro hombre quien le aseguró que era su camarada del cuartel.

De acuerdo con su relato ante las cámaras con una herida en la cabeza que aún sangraba, el afectado perdió el conocimiento después de consumir esa bebida y despertó dentro de un ataúd en la infraestructura en construcción.

“Estaba compartiendo en la Villa Victoria, yo bailo tobas y después de eso me encontré con un camarada que me invitó una cerveza, (después de eso) ya no me acuerdo nada y he aparecido enterrado con ataúd todo, en una construcción me enterraron”, relató Víctor Hugo.

El joven, notablemente afectado por lo sucedido, estaba deambulando por la Ceja de El Alto cuando fue encontrado por un hombre, quien lo ayudó y lo llevó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde no aceptaron su denuncia porque aún estaba en estado de ebriedad, según informó el portal de noticias Ugente.bo

Según la persona que lo encontró, Alex Magne, Víctor Hugo tenía el rostro y la cabeza cubiertos de cemento; al momento de dar sus declaraciones a la prensa, el afectado aún tenía la mezcla gris en todo su cuerpo.

“Esta mañana me levanté para ir a orinar y ya no podía salir, he roto el vidrio, toda mi mano me he lastimado, apenas he salido. Desperté en Achacachi, pero fui a la Policía y me dijeron que estoy en estado de ebriedad, vas a venir sano, me dijeron”, manifestó.

/ LMPT

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De acuerdo con el relato de Flores, ella y su familia partieron desde Santiago; en el lado chileno de la frontera presentaron toda su documentación en orden y no tuvieron ningún problema para cruzar. Sin embargo, en el lado migratorio boliviano les dijeron que había un problema con su esposo, quien es de nacionalidad chilena.

En horas de la tarde, funcionarios de Migración le explicaron que la irregularidad con su esposo era que ingresó al país el 2016, pero que no registró su salida, pese a que ese viaje lo realizó junto con su familia, y ni ella ni su hija tuvieron el mismo problema.

Pese a que la mujer trató de explicar la irregularidad y enfatizó en que seguramente era un error del sistema, los funcionarios le dijeron que la multa por quedarse ilegalmente en el país es de 16 dólares por día, y que debido al transcurrir de los años su esposo debía mucho dinero.

Según Flores, después de hacerlos entrar en un ambiente los funcionarios se dirigieron a ella de la siguiente manera:

“La vamos a ayudar, estamos arriesgando nuestras cabezas por esto, páguenos 6.000 bolivianos y nosotros le timbramos a su esposo para que pase, incluso tal vez puede alcanzar a su bus”.

Después de muchos reclamos por parte de la mujer, los funcionarios le dijeron que al menos pagara 1.000 bolivianos, a lo que también se negó rotundamente.

“Ellos sabían lo que tenían que hacer, porque las personas que nos quisieron sacar la plata se pusieron un chaleco para cubrir sus identificaciones. No nos dejaron usar teléfonos y a mi hija la echaron afuera cuando ya era de noche”, declaró a LA PATRIA Radio, al mismo tiempo de precisar que tampoco quisieron timbrar su pase ni el de la menor de nueve años.

Después de recibir la ayuda de algunas personas para cruzar la frontera llegó a Oruro pasada la media noche, donde también tuvo problemas para conseguir un alojamiento debido a que su esposo y su hija son extranjeros.

“Cómo pueden estar trabajando así, qué clase de gente tienen en la frontera. No era poca la suma que nos querían sacar, a mí que soy boliviana me negaron el derecho de visarme. Mi propio país me dio la espalda”, lamentó flores muy acongojada. Tras la denuncia hecha en este medio, se realizaron las gestiones para que la familia presente su denuncia ante la Defensoría del Pueblo; la pareja también advirtió que se dirigirían a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por el trato inadecuado que sufrió su hija en la frontera.     

/ LMPT

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Además, detalló que la denuncia interpuesta en horarios de oficina por Rolando Cruz Pemintel, uno de los miembros del Comité Impulsor de Juicio (CIJ), es personero de la Procuraduría en Chuquisaca.

“Wilfredo Chávez usa a funcionarios de la Procuraduría para perseguir a opositores. La nueva denuncia presentada contra líderes de la oposición por delito de genocidio y otros fue presentada por un funcionario de la Procuraduría de Chuquisaca en horarios de oficina”, manifestó el diputado mediante un video publicado en Twitter.

Asimismo, se refirió a Chávez como abogado de Evo, y recordó que la Procuraduría no es una institución para defender los intereses de su cliente, menos para construir esa falsa narrativa de “golpe de Estado”.

El jueves anterior, Cruz presentó ante la Fiscalía General una denuncia penal contra más de 20 opositores por la crisis política y social de 2019, en la cual incluyó, al exministro Carlos Sánchez Berzaín.

“(Carlos Sánchez y Erick Foronda) son los que han instigado desde los Estados Unidos a la toma de instituciones. Son los que han instigado a mucha gente a que depongan de su condición de presidente a Evo Morales y Álvaro García Linera”, argumentó.

El denunciante figura registrado como trabajador de la Procuraduría, según registro de la Contraloría General del Estado.

/MDCB

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Janeth se pronunció luego de que la Fiscalía determinó sobreseimiento en el caso contra Albarracín, debido a que dos pruebas de ADN resultaron negativas; el exrector afirmó que espera disculpas de quienes lo dañaron.

“Disculpas de qué. Él sabe perfectamente que hubo una relación sentimental y que producto de ello nació nuestra hija. Por favor, todavía tiene la cara de pedir que yo pida disculpas. ¡Jamás! Jamás lo voy a hacer porque estoy totalmente segura de lo que pasó”, sostuvo la mujer en contacto con la red Erbol.

En cuanto a las pruebas de ADN, una fue realizada por el Ministerio Público y otra por la Policía, descartando que Albarracín sea el padre de la menor; pese a ello la denunciante mantuvo su postura en que el exrector está involucrado.

“Pudo ahora por manipulación demostrar que no es el padre, pero no va a poder él negar que hubo una relación sentimental”, añadió.

Asimismo, acusó a Albarracín de supuestamente mentir por haber afirmado, que el Ministerio de Justicia le habría pagado la publicación de edictos, resaltando que ella lo hizo.

Denuncias en su contra

Respecto al anuncio de denuncias en su contra, la mujer indicó que su prioridad es su hija, por lo que no tiene dinero para abogados, así que no se defendería.

Por otro lado, negó que se haya cometido extorsión, como le acusó el abogado del exrector, Franco Albarracín, mostrando capturas de pantalla.

“¿En qué momento yo le he pedido dinero? Ahora sí yo me comunicaba en algún momento con él, que habrán sido dos veces, ni siquiera lo he llamado, he enviado un mensaje para decirle por favor comunica a Waldo que su hija está en terapia intensiva”, concluyó.

/JDLF/

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La primera denuncia en contra de Mesa, es conocida como “golpe de Estado I” e impulsada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty contra la expresidente Jeanine Áñez y que pidió su ampliación a otros líderes políticos. La segunda denuncia se presentó en la Fiscalía General de Sucre por el denominado Comité de Sacaba y Senkata por los delitos de atentado contra altas autoridades, conspiración, asociación delictuosa, terrorismo y genocidio.

El secretario General de la Fiscalía, Edwin Quispe, informó que se remitió la denuncia a la Unidad de Análisis de La Paz para determinar si se abre un proceso penal en la vía ordinaria e indicó que la denuncia es contra Mesa, Quiroga, Doria Medina y exministros.

A su vez, descartó un juicio de responsabilidades o de privilegio en contra del exmandatario porque solo se aplica en hechos cometidos por el Presidente del Estado, vicepresidente o magistrados.

“La Unidad de Análisis está realizando la revisión correspondiente de los hechos que se han argumentado y las pruebas que acompañaron y, en virtud de aquello, en función de lo que establece el Código de Procedimiento Penal, dispondrá la apertura del caso o realizar las observaciones para que sean subsanadas”, manifestó.

Quispe,estimó que hasta el viernes se podría tener una respuesta de la Unidad de Análisis para abrir o no un nuevo proceso o, en su defecto, “sumar a los casos que ya se encuentran abiertos”. Además aclaró que esta nueva denuncia no tiene ninguna relación con el caso “golpe I” ni “golpe II”, este último ya tiene sentencia.

ALERTA

Mesa advirtió que se intenta reabrir una nueva persecusión para llevar presos a los líderes de la oposición y anunció de igual manera la presentación de una denuncia en contra del expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por incumplimiento de deberes en 2019 tras su renuncia, en medio de los conflictos.

Según el líder de Comunidad Ciudadana (CC) el caso “golpe I” es un proceso “falso” con un equipo de juristas que solo responde al mandato de Morales, quien es el “verdadero responsable” de la crisis de 2019. Aseguró que “siempre” estará presente cuando sea convocado.

“Nosotros no nos defendemos, nosotros acusamos a Evo Morales y a Álvaro García Linera de ser los responsables de un fraude, lo hemos hecho ya y se ha desechado como no era de otra manera por el Gobierno de Luis Arce, y acusaremos al expresidente Evo Morales en función de algo fundamental: incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo no cumpliendo su responsabilidad básica y escapar del país. El culpable es él (Morales), es un tema que lo llevaremos adelante”, aclaró.

Respecto al caso denominado “golpe I”, el miércoles precedente se presentó a declarar Ricardo Paz, asesor político del expresidente, Carlos Mesa, quien acudió a la Fiscalía para responder como testigo y, en su declaración, señaló que el proceso “no tiene razón de ser” debido a que no hubo golpe de Estado.

Sobre los hechos de 2019, Paz, según Brújula Digital, reiteró que hubo una sucesión constitucional, por parte de Áñez, tras la renuncia de Morales a la Presidencia del país, después que fue acusado de cometer un fraude electoral en los comicios generales de octubre de ese año.

/ABH

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“Qué más tengo que hacer para que me ayuden a encontrar a mi hija”, exclamó.

La señora detalló que el presunto secuestrador pidió al menos tres mil dólares para devolver a la menor con vida.

Captación de la menor

La madre explicó en contacto con el matutino LA PATRIA, que el presunto raptor se interesó en su hija desde noviembre del 2021, pues en la computadora de la menor, la señora encontró conversaciones con el sujeto.

Según su relato, el hombre pedía fotos íntimas a la menor con amenazas y extorciones, motivo por el cual efectuó una denuncia a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Si no enviaba fotos mi hija le decía que le iba a matar, esos son los mensajes que vi”, añadió.

Medrano presume que el raptor es el mismo, pues afirma que tiene fotografías en las que se lo ve, además de relatos de testigos que observaron como “jaloneaba” a la menor desde su colegio por las calles.

“También tengo pruebas de lo que le obligó a faltar a las clases de confirmación que tenía y en la plaza le estaba jaloneando a mi hija”, aseguró.

Rapto

Un día antes del secuestro el sujeto aparentemente apareció en el colegio de la niña, pero la misma no avisó nada de lo sucedido.

“Ya el martes mi hija estaba yendo a la tienda y no volvió más. El sujeto le ha lavado la cabeza a mi hija”, añadió.

Sostuvo que pese a sus esfuerzos, las instancias pertinentes no hicieron mucho para trabajar en su caso.

“Ellos me decían (antes del secuestro), acaso se lo ha llevado, fotos nomás le han pedido, así me dijeron el año pasado; por eso investigué por mi parte”, recalcó.

Resaltó que desde el 14 de junio presentó la denuncia, pero no la ayudaron y recién en horas precedentes tras sus súplicas en medios masivos de comunicación su caso fue atendido.

Finalmente, reveló que su pequeña le llamó en días precedentes, llorando, pero no dio indicios de su paradero.

“Mi hija me ha llamado el día miércoles (22 de junio), ese número se sabe que es de Entel, pero dice que tarda ocho días en dar un informe. Mi hija estaba llorando, le pregunté dónde estaba, que le iré a recoger; (ella le contestaba) no puedo, llorando me decía y se cortó la llamada”, concluyó.

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La vicepresidente del Concejo Municipal, Lola Terrazas, llegó este jueves a las instalaciones de Medio Ambiente y corroboró que ese almuerzo se llevó a cabo, reportó el diario El Deber.

“El delito es mucho más grave que solo hacer un churrasco en horario de oficina, aquí hay una violación al artículo 302 de la Constitución que manda a los órganos municipales a preservar la vida de la fauna silvestre. Tratándose de la Dirección de Medio Ambiente, es una falta gravísima porque incentiva a la comercialización de animales silvestres que están protegidos por norma”, sostuvo.

Medio Ambiente niega lo sucedido

Por su parte, el director de Medio Ambiente, Ruddy Valverde, negó la veracidad de la denuncia de los concejales y sostuvo que la fotografía es un montaje; sin embargo, indicó que los albañiles que trabajan en remodelaciones de las oficinas utilizaron la parrilla, pero solo cocinaron pollo.

“Es totalmente falso. No hay tal situación. El concejal ha venido con una foto montada de una parrilla. (…) Él (Manuel Saavedra) hizo el montaje porque en edición todo se puede hacer”, manifestó.

Asimismo, señaló que es imposible que sus funcionarios hayan preparado el churrasco porque supuestamente todos estaban fuera atendiendo distintos operativos.

“Nosotros hemos atendido denuncias de avasallamientos y estábamos en operativos, ni siquiera había funcionarios aquí. No hay tal suceso y en el tema del animal silvestre, es totalmente falso, nosotros somos encargados de Medio Ambiente, no tiene lógica”, añadió.

Video de denuncia

Mediante un video de Tiktok, el titular de Demócratas, Manuel Saavedra, aseveró que los funcionarios de Medio Ambiente, son los que deben proteger la fauna y flora cruceña, “cocinaron un churrasco con carne de tatú”, cuya comercialización está prohibida por ley.

Saavedra mostró su visita donde increpó a los funcionarios por realizar una parrillada en horario de trabajo y consultó a la cocinera qué hizo para el almuerzo y ella le responde que cocinó pollo, tallarín y sopa de trigo y que no hizo uso de la parrilla.

“Nos mandaron una fotografía donde inclusive se ve un tatú. Llegamos al lugar y evidenciamos que hubo un churrasco, ahora estamos exigiendo un informe de lo que pasó y las grabaciones de las cámaras de seguridad”, subrayó.

/JDLF/

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La niña confesó que su padre aprovechaba para acostarse con ella, momentos en los que le hacía toques en sus zonas íntimas, incluso aseguró a los sicólogos que fue violada muchas veces, reportó el diario El Deber.

A la madre le “llamó la atención” el cambio en su comportamiento y físico de la niña y junto al hallazgo de varios dibujos de tristeza, lágrimas, rabia e indignación, la llevaron a indagar más.

El hecho fue denunciado

Lo sucedido con la menor fue denunciado y agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) capturaron al agresor, identificado como Pablo V. L., de 52 años.

Al respecto, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, detalló que la niña actualmente tiene ocho años, sufrió los abusos desde sus cuatro.

“El autor del hecho es el padre de la víctima, hecho que se suscitaba en el barrio Norte. La menor, en su entrevista, señala que su padre en reiteradas ocasiones la abusó sexualmente”, subrayó.

El sujeto fue puesto ante un juez cautelar, quien determinó su detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola, mientras se desarrollan las investigaciones.

/JDLF

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El aprehendido fue identificado como Luis G., quien afirmó que trabajaba en un estudio jurídico que se estaba situado al frente del Servicio General de Identificación Personal (Segip) en la capital cruceña.

Luego que una persona realizó la denuncia la Policía se dirigió al lugar y arrestó al sujeto en flagrancia.

“Solo hacía la reserva por internet, por ganarme 50 bolivianos, ahora en lo que me estoy metiendo”, afirmó el acusado cuando era aprehendido por los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El caso surgió por una denuncia de una persona que no pudo conseguir un cupo para la tramitación de su pasaporte a un programa de redes sociales.

Al respecto una de las periodistas del programa “De Mañanita” se comunicó con el sujeto y le consultó cómo puede acceder a un espacio para obtener el documento.

En la llamada telefónica, Luis le indicó que le cobraría Bs. 350 por el turno para obtener el pasaporte y explicó el procedimiento que debe seguir para completar con el trámite dentro de la dirección de migración.

“Le cobro el espacio 350 bolivianos. Usted adentro va a pagar 563 bolivianos, lleva sus documentos originales y ellos le van a decir”, explicó, mientras garantizaba su trabajo porque atendió a otras personas bajo la misma modalidad.

A la vez, el sindicado le pidió que el pago es por adelantado porque debe cancelar al funcionario de migración que realiza las reservas para la diligencia del documento.

”El pago se hace antes porque le envío el comprobante un día antes de la fecha, porque el funcionario que trabaja dentro me la pasa a mí y yo tengo que cancelarle a él, y eso es todo por debajo”, manifestó.

Por otro lado, tras la aprehensión del hombre, el director de Migración de Santa Cruz, Ramber Gómez, señaló que se constituirán en parte querellante contra el sujeto, dejó el caso “en manos” del Ministerio Público para determinar si existen funcionarios de esa repartición que están implicados en el hecho.

“Corresponderá a la Policía y al Ministerio Público definir si existen funcionarios involucrados en este hecho. Nosotros no vamos a permitir que existan este tipo de irregularidades en la institución”, afirmó a los medios de comunicación.

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El ejecutivo de esa organización, Wilfredo Cruz, lamentó que sus colegas reclamaron desde hace meses que fueron desalojados de las calles de forma abrupta por los funcionarios ediles, juntamente a efectivos a la Policía.

Durante una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv realizada la jornada precedente, Cruz expuso los reclamos e inquietudes del sector al que representa:

“Venimos preocupados porque la familia gremial ya no vamos soportar más los atropellos que se están dando a partir de la Dirección de Ferias y Mercados, hace más de un mes nos han sometido con gendarmes y policías para levantarnos”, manifestó.

El dirigente dijo que los afiliados están indignados por los atropellos de los funcionarios de la Alcaldía, y anunció que acudirán por todos los medios posibles para solicitarle a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que escuche sus reclamos, pues el reclamo de este sector se arrastra desde las gestiones de Edgar Patana y Soledad Chapetón.

Los gremiales descartaron la posibilidad de dialogar con Martin Aliaga, quien es el director de la Dirección de Ferias y Mercados de la Alcaldía Municipal de El Alto, y afirmaron que se dirigirán directamente hasta la mayor autoridad de la urbe alteña, según informó la Agencia Boliviana de información.

De igual forma, Cruz denunció que los funcionarios ediles pretenden discriminar algunos sectores de gremiales al obligarlos a firmar documentos irregulares respecto a su asentamiento; también reclamó por la demora del trámite de sus patentes y su vigencia, además de lo que consideran los gremiales como una pésima atención al momento de realizar sus trámites.

/ LMPT

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Asimismo, indicó que Terán no se declaró en la clandestinidad, sin embargo, mantiene en “reserva” su situación y la de su familia, debido a que se desveló una denuncia de presuntas irregularidades en la lucha contra el narcotráfico.

“La denuncia ha sido clara y contundente, existen ciertos grupos que protegen al narcotráfico, quienes fomentan al narcotráfico y los mismos son autoridades reconocidas, autoridades nacionales”, resaltó en contacto con la red Erbol.

Por otro lado, Cayoja descartó que los audios que presentó Evo Morales como pruebas de las irregularidades en la lucha contra el narcotráfico fueran facilitados por Terán.

Denuncia contra el actual comandante Nacional de Umopar

Terán formalizó el 5 de abril una denuncia en la Fiscalía en contra del actual comandante Nacional de Umopar, coronel Franco Jaime Arancibia, por ordenarle a que abandone el operativo antidroga efectuado el 25 de marzo en el Valle Sacta del Chapare.

En la denuncia, se acusa a Arancibia por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias, concusión, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

También resaltó que en el caso del operativo en el Valle Sacta era de conocimiento del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

La denuncia fue acompañada con pruebas fotográficas, videos, audios y el memorándum de repliegue de Terán, del 25 de marzo, cuando se decide el cambio de comandante de Umopar Chapare y se lo pone a disposición del Comando General de la Policía.

/JDLF/

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Las diputadas oficilalistas, Estefanía Morales, Faustina Coa y Daniela Arispe, presentaron la jornada precedente en el Ministerio Público su denuncia por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución; también ampliaron la querella contra el exasesor del Gobernador, Federico Martínez, por supuesta usurpación de funciones.

La anterior semana, el Gobernador de Santa Cruz participó en la doceava Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima en Brasil, esto causó molestia en parlamentarios cruceños del MAS, quienes cuestionaron a las personas que acompañaron a Camacho a esta actividad.

“Ahora la Fiscalía podrá solicitar los oficios porque no puede ser que el señor gobernador de Santa Cruz lleve a su asesor privado (Martínez) a una reunión interinstitucional en vez de llevar al secretario de Medio Ambiente”, cuestionó la parlamentaria Morales.

Dentro de las investigaciones por este caso, la jornada anterior declararon en calidad de testigos el secretario de Justicia de la Gobernación, Efraín Suárez, y el vicegobernador Mario Aguilera; el primero reiteró que el decreto sí fue publicado por un error involuntario del funcionario, y que el documento fue eliminado de Gaceta oficial de la Gobernación cuando se percataron del error.

La segunda querella fue iniciada por el asambleísta del MAS, Clemente Ramos, quien denunció a un familiar de Camacho por supuestamente utilizar bienes de la Gobernación sin ser funcionario público.

“Anda manejando documentos de la Gobernación y membretes de la institución como si fuera funcionaria”, indicó el denunciante.

Para responder a las acusaciones la asambleísta departamental por Creemos, Paola Aguirre, indicó que “los que menos moral tienen” para criticar asesoramientos externos sin estar en planillas son los del Movimiento al Socialismo.

“Tienen un Presidente títere, Luis Arce, y al verdadero gobernante allá en el Chapare, que es Evo Morales. En la Gobernación, cada uno de los puestos directivos ha sido seleccionado en base a méritos y eso es lo que le tiene que importar al ciudadano y al MAS”, concluyó Aguirre.

/ LMPT

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“Yo voy a defender a todas las mujeres que presenten denuncias en el Ministerio. Si viene una mujer a pedir el patrocinio del mismo, no le puedo pedir el examen de ADN y no puedo pensar que me está mintiendo. (…) Esta señora que ha presentado denuncia contra Waldo Albarracín, como cualquier ciudadana, yo le voy a creer y voy a mantener la credibilidad de ella mientras un juez dicte sentencia”, afirmó Lima.

La autoridad indicó que este proceso está en curso y pidió al Órgano Judicial tomar una decisión con base en la prueba que presentó la denunciante ante el Ministerio de Justicia, según reportó el diario Página Siete.

“La víctima tiene que ser escuchada por un juez, ese juez debe decidir y él es el que va a ser responsable de la decisión. (…) Hasta que se dicte la sentencia, vamos a continuar el patrocinio”, agregó.

El viernes precedente se dio a conocer un estudio científico realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en el que “se excluye” a Albarracín “como padre biológico de la menor”.

Pese a ello, la denunciante afirmó que está segura de que el exrector es el padre, por lo que no retirará la denuncia penal e incluso señaló que recurrirá a instancias internacionales.

/RXVCH/

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“Estoy citado por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, porque dicen que he perjudicado el avance del Tren Metropolitano. Lo que hemos hecho es impulsar, corregir muchas cosas, incluso dejar una propuesta más sostenible”, manifestó el alcalde paceño en un contacto con La Razón Radio.

“En la planilla 25, de pagos de servicios, se estaba incluyendo dos (tipos distintos de) pagos, el pago de salarios y el pago de bienes y servicios, lo cual era una irregularidad, porque el contrato establece que cuando usted va a comprar bienes y servicios, en este caso vagones, lo que tiene que dejar es una boleta de garantía. Se estaba queriendo pagar una planilla donde no se pedía aquel requisito”, explicó.

Arias incluso añadió que la empresa Joca Molinari, que es la encarga de la construcción del Tren Metropolitano, aprobó la corrección de esa planilla e incluso fue cancelada posteriormente.

Iván Arias fue citado por el Ministerio Público a declarar este lunes por su condición de exministro durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez entre noviembre de 2019 y 2020; sin embargo, el alcalde paceño pidió la suspensión de esta fecha debido a que su abogada se está recuperando después de dar a luz.

El mismo día en que el exministro de Obras Públicas salía del Ministerio Público, fue notificado para declarar en otro caso que investiga un presunto uso indebido de aviones del Estado para fines personales.

La autoridad edil reclamó mediante su cuenta de Twitter que tiene 18 procesos en su contra desde que asumió el cargo de alcalde paceño, “me tienen entre la Alcaldía y Fiscalía”, manifestó.

/ LMPT

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La denunciante también manifestó su desconfianza en los resultados de la prueba de ADN que realizó el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), por lo que no descarta recurrir a instancias internacionales.

“No voy a retirar la demanda, no tengo por qué retirar ni por qué pedir disculpas. Estoy segura de que Waldo es el padre de mi hija, voy a impugnar, estoy en mi derecho, si es posible llegaremos a instancias internacionales”, advirtió la mujer en contacto con radio Compañera.

Cuando se le consultó sí mintió al señalar que tuvo una hija con Waldo Albarracín, la demandante contestó que la existencia de esa prueba científica (haciendo referencia a la prueba de ADN) es solo una prueba más en el proceso, y que no concluye “absolutamente nada”.

“Hay contrapericias para poder ver si este resultado es real, ver sino ha sido viciado por la otra parte o por una cuestión de responsabilidad y ética. También se pueden hacer verificaciones si es que hubo errores en los procedimientos de esta pericia”, explicó.

Agregó que no cree en la pericia realizada por el IDIF debido a los antecedentes de tres demandas por violencia familiar, violencia psicológica y el de abandono de mujer, de las cuales dos fallaron a favor del exdefensor del Pueblo

El estudio científico realizado por el IDIF determinó que Waldo Albarracín no es el padre de la niña, caso por el que la denunciante inició el proceso en su contra por “abandono de mujer embarazada”; el documento publicado el 11 de marzo también lo excluye “como padre biológico de la menor de edad”.

/ LMPT

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La denuncia es resultado de las investigaciones que surgió a raíz, de una demanda de su clienta de quien solo proporcionó las iniciales del nombre C.A.D para mantener en secreto profesional y no tener represarías en contra de su defendida. Indicó el abogado, producto de un dinero que le habría sonsacado Ana Gloria S., exfuncionaria municipal vinculada al alcalde.
El abogado señaló que mediante un requerimiento fiscal se identificó a la concuñada del alcalde, quien sería propietaria de la cuenta en la entidad financiera donde se realizaban los depósitos.

“Les desafío a las autoridades, al Ministerio Público y al Órgano Judicial que investiguen este caso, porque esta señora Ana Gloria, tiene dos procesos y no conoce una medida cautelar y pido que actúen de la misma forma en la que actuaron contra otras personas, donde a simple indicación de un testigo, como si fuera palabra santa se han aprehendido a mucha gente”, dijo Bravo a los medios.

RESPUESTA

Desde Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido de Fernández, el concejal Maikol Negrete respondió que estas denuncias son “cortinas de humo”, pues Bravo es también abogado defensor de Angélica Sosa, exalcaldesa procesada dentro del caso ítems fantasmas y detenida preventivamente en Palmasola.
“Nosotros no nos vamos a prestar a estos juegos políticos”, señaló a tiempo de invitar para que Bravo realice la denuncia de manera formal ante el Ministerio Público y así se pueda esclarecer este tema.

/SVL

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En septiembre del 2020, el entonces procurador Cabrera junto a personeros del Gobierno transitorio presentaron la denuncia por delitos de lesa humanidad contra Loza, Evo Morales y Juan Carlos Huarachi.

Aquello bajo el argumento de que el bloqueo en demanda de la realización de las elecciones habría causado la muerte de al menos 40 personas por la falta de oxígeno medicinal en medio de la pandemia.

La Fiscalía de la CPI, mediante su examen preliminar, determinó que los hechos denunciados no constituyen delitos de lesa humanidad. Por lo cual, para Loza, la decisión de la Fiscalía de la CPI es un “rotundo fracaso de la derecha boliviana”.

“Como víctimas, vamos a presentar una demanda penal en contra principalmente del señor José María Cabrera, procurador en ese tiempo, por injuria y calumnia, porque no puede mentir a la comunidad internacional”, anunció Loza.

Asimismo, aclaró que la demanda no sólo será contra Cabrera, sino contra otras exautoridades, como ministros y la Presidente de ese entonces, Jeanine Añez.

“Querido pueblo boliviano, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos brazos cruzados, así que como personas interesadas en este tema vamos a iniciar inmediatamente un proceso penal en contra de estas personas”, concluyó el senador oficialista.

/MDCB

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Los uniformados sacan a las recluidas del sector de mujeres y son llevadas al de varones para que presten el servicio.

“En Palmasola, cuando ingresa una presa, los policías que entran a la cárcel las obligan a ofrecer a los presos servicios de trabajo sexual. Esto no es prostitución o trabajo sexual, sino una prostitución coercitiva”, aseveró Galindo.

De esa manera, declaró que a las privadas de libertad, las prostituyen, van del PS2, al PS4. El PS2 es de mujeres, el PS4 es de varones.

“Como es grande Palmasola, de esa sección las sacan los policías y las llevan al PS4 para prostituirlas”, es el relato del exempleado.

Asimismo, mencionó que los policías reciben parte del dinero que las internas perciben tras el trabajo sexual. Ejemplificó que si a la mujer le pagan 100 bolivianos, al menos 70 irían para el efectivo policial.

Las mujeres que serían prostituidas son las nuevas y las que ya “se acostumbraron”, contó el denunciante, y mencionó que el tema también implicaría al asesor del actual director de Régimen Penitenciario.

/MDCB

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En el primer caso, el agresor es el propio padre de 36 años de la adolescente de 14 años. El hecho sucedió en la localidad de Buena Vista, al sur del departamento de Santa Cruz, y fue la madre de la menor la que denunció el hecho a la Estación Policial Integral (EPI) del Sur.

La adolescente le comentó a su madre que fue violada en reiteradas ocasiones, hasta que no pudo más y se lo confesó todo. El hombre está aprehendido en la EPI Sur, mientras aguarda su audiencia de medidas cautelares.

El otro caso sucedió en el municipio de Shinahota del departamento de Cochabamba. La víctima tiene 13 años de edad y seis meses de embarazo. El que abusó de ella es su padrastro, de 28 años. También fue la madre de la menor la que denunció el hecho.

El aprehendido estará preventivamente en la cárcel de San Sebastián, informó el jefe de la Felcv, Brayan Castro, en contacto con la Red Uno.

/RXVCH/

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“La marcha de Evo Morales de hoy es una pantomima. Están llenando la marcha de funcionarios públicos, están obligando a algunos a tomarse vacaciones bajo pena de ser despedidos si no lo hacen. Están vaciando las instituciones del Estado, amenazando a los funcionarios con ser despedidos si no se presentan”, denunció el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Ormachea.

El legislador divulgó su denuncia por las redes sociales, en las que puso a circular un video con imágenes de esta jornada, en las que se ven las oficinas cerradas y poco o ningún personal en atención a sus labores.

“Nos lo han dicho a nosotros, tienen miedo de que se revelen sus nombres. Es una pena que el aparato del Estado en la ciudad de La Paz no trabaje sólo por capricho del algunos, por capricho de Evo Morales”, declaró Ormachea.

Desde temprano, el centro de la ciudad recibió a miles de militantes del partido gobernante, que fueron convocados por su jefe, Evo Morales.

Mientras eso ocurría en la avenidas Montes, Mariscal Santa Cruz e inmediaciones, las oficinas del Estado lucieron más vacías que de costumbre o sin servidores, que acudieron a la convocatoria de su partido, según reportó el diario Página Siete.

Por su parte la ministra de Trabajo, Verónica Navia, informó que no existe tolerancia laboral para los servidores públicos que quieran asistir a la marcha, pero sí se puede solicitar permiso particular o a cuenta de vacación.

“Cada institución pública tiene su reglamento interno de personal, no está prohibido pedir permiso, los servidores públicos que quieran asistir pueden acogerse a ese derecho”, afirmó.

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Según la orden de citación, la denuncia fue presenta por el  diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hernán Hinojosa y la comisión de los delitos que se investigan son: Incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, y ejercicio indebido de la profesión,  de acuerdo a la red Erbol.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó que se haya emitido una orden de aprehensión contra Calvo, aunque consideró que “debería apersonarse de manera voluntaria” para resolver todos los procesos que enfrenta ante la justicia.

La citación causó controversia

La comparecencia se confirmó luego de que en horas precedentes se difundió otra citación para Calvo en la ciudad de La Paz por los delitos de sedición y terrorismo, cuya denuncia fue presentada el 22 de noviembre.

En tanto, el segundo vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció que en horas precedentes efectivos policiales pretendieron aprehender a Calvo, mediante una orden de la Fiscalía de La Paz, pero sin fecha de ejecución.

Respecto al caso, la fiscal, Leticia Muñoz  confirmó que emitió una “citación en blanco” y que la fecha supuestamente se coordinará con la comisión de investigadores.

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La primera denuncia se trata sobre daño a bienes del Estado por la siguiente comisión de delitos: Atentados contra la seguridad de los transportes; atentado contra la seguridad de los servicios públicos y daño calificado, todos tipificados en el Código Penal en sus artículos 213, 214 y 358, respectivamente.

“La primera es contra los dueños de volquetas y maquinaria pesada que estorbaron el libre tránsito y a consecuencia de ello hay dos muertos, en Santa Cruz y Potosí, por no recibir pronta atención médica debido a esos bloqueos”, informó Montaño, reportó esa cartera de Estado.

Los dueños de estas movilidades deben resarcir el daño económico, toda vez que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realizó la limpieza de las vías afectadas en Santa Cruz y Tarija, misma que generó un gasto de 100.580 bolivianos, señaló la autoridad.

La segunda denuncia fue por “estorbarme y secuestrarme en el sexto anillo y barrio España”, señaló Montaño.

“La denuncia es contra aquellas personas que planificaron esta situación y en ese sentido hay una pena privativa de dos a ocho años”, indicó el Ministro sin citar nombre de los acusados.

Explicó que con las denuncias se sentará un “precedente” para que se respeten los derechos de las autoridades y de la población cruceña, para que nos sean vulnerados sus derechos.

“Los bolivianos y bolivianas debemos vivir bien y seguros, en un país donde se nos respete nuestros derechos y podamos movernos con confianza y tranquilidad (…). No vamos a dejar que personas que actúan en contra del bienestar de los bolivianos y bolivianas, causando temor y dejando una sensación de inseguridad, estén impunes”, escribió la autoridad, en su cuenta de Facebook.

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“Jeanine Añez denuncia que le impiden a la presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, visitarla para verificar su estado mintiéndole que ella no quiere verla pero permiten que desconocidos irrumpan en su cuarto sin su consentimiento”, es el mensaje publicado en la cuenta de la exmandataria, junto con una carta manuscrita.

En la misiva, dirigida a la directora del penal de Miraflores, Maribel Barrenechea, la exmandataria acusa que el miércoles supuestamente recibió la visita de una persona presuntamente de una institución de Derechos Humanos de Beni, quien ingresó sin consentimiento al espacio en el que permanece en la cárcel.

“Ayer le presenté una carta de queja porque ingresaron hasta la habitación que ocupo sin mi consentimiento a una persona que no conozco, supuestamente (de) la institución de derechos humanos del Beni”, sostiene la exmandataria.

Posteriormente, la encargada del penal le mostró una “carta falsa” escrita en computadora en la que Añez supuestamente se negaba a recibir visitas. La nota de una página y media decía que “no quería recibir visitas, que se sentía muy cansada de tantas visitas que recibía”.

“Vino una señora que me dijo que era jefa de la prisión con una carta, que me sorprendió, de una hoja y media a computadora firmada por ella (Añez). Decía que no quería recibir a nadie”, contó Carvajal.

/GFS/

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Con base en declaraciones de los vecinos de la zona, se conoce que la tala ocurrió durante el fin de semana, sin embargo, no se sabe quién habría propiciado la acción.

“Lamentablemente por la irracionalidad de algunas personas, se ha dado fin con la vida de este árbol que ha estado por dos años. El hecho ha ocurrido el fin de semana durante la noche, de manera indiscriminada y por ello, como vecinos del lugar pedimos que caiga todo el peso de la ley contra los autores de la tala”, denunció uno de los vecinos del lugar.

Preocupación

El grupo de vecinos que se comunicó con LA PATRIA, advirtió su preocupación ante la tala de árboles en varias zonas de la ciudad, por lo que llamaron a la conciencia de la ciudadanía.

“De manera criminal han dado fin a la vida de un arbolito que nos da vida, nos da oxígeno y esperanza más aun es un clima donde es frio y cuesta que desarrollen esta plantas. A través de esta denuncia queremos concienciar a la gente porque es importante estos árboles”, remarcó otro vecino.

Los vecinos de la zona pidieron que se investigue la tala de árboles y principalmente el de su sector, con el fin de sentar precedente y evitar más perdidas de forestación en la ciudad.

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El señor declaró a LA PATRIA que cuando cumplía con su labor con el cual se gana la vida, el 26 de agosto al medio día, en la urbanización “1º de Mayo” en la puerta de una vivienda había un perro dormido que minutos después se acercó agresivamente contra la víctima y le mordió la pierna izquierda, desgarrándole el pantalón y dejándole una herida considerable.

Posteriormente salió un hombre de la puerta donde estába el can, aparentemente el dueño quien con prepotenia gritó a la víctima incluso poniéndole adjetivos calificativos sin fundamento.

“Sale el hombre con prepotencia y me empieza a reñir, yo le expliqué cual es mi trabajo y me tomó hasta de delincuente, seguramente por sus dudas, pero yo manejo siempre mi cédula del laboratorio con el que trabajo y demostrar que realmente esta mi labor, son 26 años que trabajo en el laboratorio”, manifestó el denunciante.

Luego de llamar dos veces a la Policía, tuvo que ir al lugar más cercano para encontrar algún efectivo policial, entonces, recurrió a la Terminal de Buses Hernando Siles donde contó su situación y logró ser acompañado por dos policías a la vivienda del dueño del can.

Exigieron los documentos del animal, acerca de sus vacunaciones contra la rabia, por lo cual no lograron conseguir nada, finalmente el caso remitieron a Zoonosis Oruro, institución que tomó la declaración del ciudadano, sin embargo, le citaron en dos ocaciones en inmediaciones del Mercado Bolivar para ir a verificar el lugar del hecho y al can, pero nunca se presentaron en el lugar acordado con el señor.

Finalmente, la víctima fue él quien con sus propios recursos tuvo que acudir a la Asistencia Pública para remediar sus heridas y no así el dueño del perro agresor, como corresponde.

Este medio se comunicó con el director de Zoonosis Oruro, Leonel Quinaya para consultar sobre el caso, sin embargo, indicó que este tipo de hechos corresponde a La Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma).

/MDCB

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