El proceso se encuentra radicado en el Juzgado Penal Anticorrupción Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Según el comunicado emitido, la investigación se ha iniciado y ampliado por los delitos de “Alzamientos Armados Contra la Seguridad y Soberanía del Estado”, “Terrorismo”, “Atentados contra la Seguridad del Presidente y Otros Dignatarios de Estado”, “Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional” y “Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos”. Estos delitos están tipificados en los Artículos 121, 128, 133 y 223 del Código Penal y en el Artículo 26 de la Ley N° 004.

Imputaciones y medidas cautelares

El Ministerio Público ha emitido imputaciones formales en el marco de esta investigación, lo que ha llevado a la imposición de medidas cautelares personales contra un total de 24 individuos. Entre los investigados se encuentran Juan José Zúñiga, Miguel Iriarte, Raúl Barbery, Alan Quenta, Alejandro Irahola, Juan Arnez, Juan Paulsen, Aníbal Aguilar, Julio Buitrago, Miguel Iriarte, Luis Balanza, Valdir Mamani, Leonel Sanjinez, Marco Caviedes, Roberto Arandoña, Raúl Barbery, Marcelo Gutiérrez, Franz Ordoñez, Juan Carlos Delgadillo, Roman Caway, Miguel Angel Burgos, Demetrio Mamani, Marcel Zegarra, Vladimir Lupa, Vladimir Céspedes y Jaime Cruz Vera. Estas acciones legales se enmarcan en una ampliación de los delitos inicialmente relacionados con terrorismo y alzamientos armados.

“Caso golpe de Estado III”

La Procuraduría ha denominado este caso como “caso golpe de Estado III”, destacando su compromiso con la defensa del gobierno legalmente constituido.

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Cuéllar presentó el miércoles precedente una carta atribuida al vicepresidente del MAS, Gerardo García, en el cual presuntamente agradece los aportes realizados por el narcotraficante Miguel Ángel Salazar Yavi, cuyo nombre real es José Miguel Farfán, quien es conocido como el “Chapo del Cono Sur”.

En una conferencia de prensa que brindó la mañana de este jueves, Arce, visiblemente molesto, sostuvo que si Cuellar no demuestra quién y dónde depositaron el dinero que se menciona en la carta, será procesado por difamaciones, injurias, uso de instrumento falsificado y falsedad material.

“Rolando Cuellar, usted va a tener que demostrar a qué número de cuenta bancaria se depositó esos dineros mensualmente, va a tener que demostrar las papeletas de depósito o donde se depositó, quién depositó, sino va a ser sujeto a procesos penales.Su pobreza y miseria mental no le hacen medir las consecuencias”, aseguró Arce.

Asimismo, el legislador oficialista recordó que Cuellar, del ala “renovadora” de ese frente, perdió la representación como diputado uninominal.

En ese contexto, Arce se estrelló contra Cuéllar y lo calificó como paria, es decir un excluido; además afirmó que ya no cuenta para esa organización política.

“Yo lo considero un enfermo mental a Rolando Cuéllar, es un traficante y mercenario político que utilizó al MAS para llegar a ese cargo y hoy, al estilo más duro de la derecha, ataca a nuestra organización política(…) vemos una extrema pobreza y miseria mental en el accionar de Rolando Cuellar”, señaló Arce.

Explicó que la carta que mostró Cuellar para denunciar el “narcofinanciamiento” no es oficial y argumentó que “no tiene la recepción”, es decir, una constancia.

“Para que sea formal esta nota debe tener ‘recibido’ y eso en esta nota no vemos”, remarcó.

AGUILERA

En otro tema, el diputado Arce, señaló que están absolutamente seguros y convencidos que el comandante nacional de la Policía, Jhonny Aguilera, debe dar “un paso al costado”, porque la población perdió total credibilidad en su trabajo.

“Debe dar un paso al costado, por el bien de nuestro Gobierno nacional, por el bien de nuestro instrumento político, ya el pueblo boliviano ha perdido total credibilidad del señor Aguilera”, manifestó.

Además, manifestó que el Presidente Luis Arce debe evaluar el grado de desempeño del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y sus viceministros porque preocupa que se califique al Gobierno como conductor de un “narcoestado”.

Luego del asesinato de tres uniformados en Porongo, la Policía es blanco de cuestionamientos. La noche del martes trascendieron rumores sobre el cambio del alto mando policial, sin embargo, esto no sucedió, lo que extrañó incluso a los mismos legisladores del MAS.

/ABH

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Para ese hecho, solamente “estamos esperando el informe de la comisión de fiscales”, confirmó Azurduy, mientras la investigación continúa en desarrollo.

El proceso se activó por los delitos de atentados contra la salud pública, contra la seguridad de servicios públicos, además por la destrucción y deterioro de bienes del Estado e instigación a delinquir, reportó la agencia de noticias ABI.

Los dirigentes fueron denunciados por el Comité Cívico de Oruro y la querella fue admitida el 20 de agosto.

La representante del Comité Ad hoc del ente Cívico, Rosario Sandalio, dijo que se hará seguimiento al proceso judicial hasta que los involucrados sean sancionados de acuerdo a ley.

Sandalio advirtió que solicitará la ampliación de la denuncia contra del expresidente Evo Morales, autoridades municipales de provincias del departamento y otros dirigentes del MAS, quienes también tendrían algún grado de participación en los hechos delictivos.

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