Erwin N. T. ha sido condenado a 20 años de prisión, mientras que Sandro Q. A. deberá cumplir una pena de diez años. Ambos hombres han sido trasladados al Centro de Readaptación Productiva El Palmar para cumplir con sus respectivas condenas.

Pruebas presentadas por la Fiscalía

Para alcanzar este resultado, la Fiscalía de Tarija presentó un conjunto de pruebas contundentes. Estas incluyeron certificados médicos, informes psicológicos de las víctimas y peritajes informáticos. Según el Fiscal Departamental José Ernesto Mogro, estos elementos fueron cruciales para que los jueces no tuvieran dudas sobre la autoría de los crímenes durante las audiencias de juicio oral.

Detalles del primer caso

El primer caso, que resultó en la condena más severa, ocurrió en una comunidad de Yacuiba. El agresor, Erwin, aprovechó la tranquilidad de la noche para ingresar a la habitación de una mujer de 31 años que sufre de una discapacidad intelectual grave. Después de abusar sexualmente de ella, el sujeto huyó del lugar, pero fue denunciado por el hermano de la víctima, lo que dio inicio al proceso legal que hoy lo deja tras las rejas por 20 años.

Descripción del segundo hecho

El segundo incidente se registró cuando Sandro utilizó un engaño para vulnerar la intimidad de una mujer de 39 años. Este hombre simuló que su vehículo tenía problemas mecánicos y pidió ayuda a la víctima, quien caminaba junto a su pareja. Bajo la excusa de revisar los controles del auto, logró que ella se sentara en el vehículo. En ese momento, la mujer descubrió un celular oculto en la guantera que grababa sus partes íntimas con el flash encendido.

Denuncia y pruebas digitales

Gracias a la denuncia inmediata y a las investigaciones digitales, se logró probar el delito de pornografía. Este caso resalta la importancia de la denuncia y la eficacia de las pruebas digitales en la lucha contra la violencia de género.

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El primer detenido, Richard M. O., fue arrestado en la unidad educativa República del Perú, ubicada al sur de la ciudad, mientras intentaba ejercer su derecho al voto. Este hombre tenía una sentencia de 11 años y cuatro meses de prisión por el delito de abuso sexual, la cual fue emitida por el Tribunal de Sentencia N.º 2.

Captura de jurado electoral

El segundo arresto se produjo en el centro de Cochabamba, donde Roberto C. C. R. se desempeñaba como jurado electoral. La Policía recibió alertas sobre su presencia en un recinto electoral y procedió a su captura. Este individuo estaba siendo buscado por el delito de violación de niño, niña o adolescente con agravante.

Detalles de las condenas

Ambos hombres fueron trasladados al penal de El Abra tras su detención. La sentencia contra Roberto Carlos fue ejecutoriada el 29 de octubre de 2024, estableciendo una pena de 25 años de presidio. Este fallo se basa en un proceso seguido por el Ministerio Público contra el imputado.

Acciones de la Policía

El primer hecho se registró en la zona de Jahuayco, donde personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) ejecutó el mandamiento de aprehensión contra Richard. La Policía actuó rápidamente para garantizar la seguridad en los recintos electorales y evitar que personas con antecedentes penales pudieran participar en el proceso electoral.

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La ministra de Justicia, Jessica Saravia, destacó que desde 2019 hasta 2024 se han reportado casi 4.000 casos de delitos cometidos por adolescentes. Más del 50% de estos delitos están relacionados con crímenes contra la vida.

Se han registrado casos de asesinato, infanticidio y violación, donde en muchos de estos incidentes las víctimas también son menores de edad. En este contexto, se ha analizado la insuficiencia de las sanciones actuales. “Si ustedes recuerdan, han habido casos en que los menores que han incurrido, por ejemplo, en casos de violación seguidas de infanticidio, han recibido una pena de 6 años”, indicó Saravia.

Propuesta de modificación

Este anteproyecto plantea modificar el artículo 268 del Código Niño-Adolescente, diferenciando dos rangos etarios: de 14 a 16 años y de 16 a 18 años. Para los menores de 14 a 16 años, se propone una sentencia de 12 años para delitos contra la vida y violaciones.

Para los menores de 16 a 18 años, se sugiere aumentar la pena en 2 quintas partes, alcanzando hasta 18 años en caso de cometer estos delitos. La propuesta busca alinear al país con un modelo adaptado al desarrollo evolutivo del adolescente y conforme a estándares internacionales.

Consideraciones sobre la madurez

Se ha considerado que muchos menores de 18 años cometen delitos y algunos llegan a ser concubinos, lo que implica una madurez psicológica distinta. Además, se ha analizado la legislación comparada para establecer sentencias uniformes y proporcionales que contribuyan al control penal sobre estos hechos.

Se espera que el anteproyecto sea tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando llegue su momento.

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Detalles de la aprehensión

La detención se llevó a cabo cerca de las 07:00 horas. Se ha informado que la jueza será trasladada hasta el aeropuerto Viru Viru, desde donde tomará un vuelo hacia la sede de Gobierno para participar en una audiencia cautelar.

Moreno había solicitado una licencia; sin embargo, el pasado viernes 2 de mayo de 2025, el Tribunal Departamental de Justicia revocó esa decisión. La autoridad judicial fue conminada a regresar a sus funciones ese mismo día. El ministro de Justicia, César Siles, confirmó que se presentó una acción penal contra la jueza por los delitos mencionados, tras su reciente fallo que favoreció a Evo Morales.

Defensa de la jueza

El abogado Silvestre Ibáñez, quien asume la defensa de Moreno, declaró que la detención “es ilegal y arbitraria”. Según Ibáñez, no existen motivos legales y jurídicos que justifiquen la captura de la jueza. Hasta las 08:25 horas, Moreno se encontraba en el área de preembarque del aeropuerto Viru Viru.

Contexto de la situación

La aprehensión de la jueza ocurrió mientras ella transitaba a bordo de su vehículo por el kilómetro 14 de la carretera hacia La Guardia. El ministro César Siles también confirmó a medios estatales que se había presentado una acción penal contra Moreno por los delitos mencionados, tras su reciente fallo judicial que benefició a Evo Morales.

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Los 40 extranjeros expulsados fueron enviados a países como Bolivia, Colombia, Ecuador y República Dominicana. Estos individuos habían sido condenados por delitos como el robo con intimidación, el porte ilegal de armas de fuego y el tráfico ilícito de drogas. Luis Eduardo Thayer, director de Sermig, destacó que esta cifra representa la más alta en los últimos seis años.

Coordinación con la PDI

Thayer enfatizó la importancia del trabajo conjunto con la PDI para llevar a cabo estas expulsiones. El prefecto inspector y jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, Christian Sáez, comentó que a través del Plan Nacional de Fiscalizaciones en la vía pública se ha logrado identificar a infractores de la ley que se encuentran en el país.

“El objetivo de este Plan es detectar a personas extranjeras que están residiendo en Chile de manera irregular, así como localizar a aquellos que tienen decretos o resoluciones de expulsión vigentes”, explicó Sáez. Estas expulsiones se producen en un contexto de crisis de seguridad que afecta a Chile desde 2021.

Endurecimiento del discurso gubernamental

Desde marzo de 2022, el presidente Gabriel Boric ha endurecido su postura contra los extranjeros que cometen delitos en el país. Además, ha solicitado la colaboración de los países de origen para abordar esta problemática. En febrero de 2023, Chile implementó un despliegue militar de 90 días en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia, con el fin de aumentar el control sobre el ingreso irregular.

Detalles de la expulsión

A primera hora del viernes, se realizó la expulsión mediante un vuelo chárter. De las 40 expulsiones, 32 fueron administrativas dictadas por el Sermig y 8 fueron judiciales ordenadas por tribunales. Con esta nueva acción, el total de expulsiones de personas extranjeras del país en lo que va del año asciende a 1.016.

De estas expulsiones, 626 han sido administrativas y 390 han sido por vía judicial. Todos los expulsados han sido enviados a sus países de origen mediante vuelos chárter y comerciales regulares. “Esto demuestra que, en un esfuerzo coordinado con la PDI, hemos perfeccionado los procedimientos para llevar a cabo estas expulsiones”, afirmó Thayer.

Procedimiento sin inconvenientes

Christian Sáez Aguilera aseguró que el procedimiento de expulsión se llevó a cabo sin inconvenientes. Además, destacó la efectividad del Plan Nacional de Fiscalizaciones en la vía pública. “El objetivo de este Plan es detectar a personas extranjeras que se encuentran residiendo en Chile de forma irregular”, concluyó Sáez.

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Del Castillo aclaró que la Dirección de Migración solo se limita a cumplir los requerimientos de las autoridades judiciales. “Migración no determina si corresponde o no corresponde; simplemente cumple lo solicitado por la justicia”, afirmó. Además, negó cualquier intención de persecución política, enfatizando que las investigaciones se centran en personas acusadas de delitos graves y no en dirigentes políticos.

Proceso de detención

El ministro también detalló que, una vez concluidas las audiencias cautelares, la Policía boliviana procederá a ejecutar los mandamientos de detención preventiva, siempre que estén formalizados. Recordó que los hechos investigados no solo se limitan a Parotani, sino que abarcan incidentes en Mairana, el Trópico de Cochabamba y la carretera Oruro-Potosí. En estos lugares, incluso se han registrado ataques con francotiradores contra civiles y policías.

Apoyo a las investigaciones

Finalmente, Del Castillo subrayó que es responsabilidad del Ministerio de Gobierno apoyar las investigaciones del Ministerio Público para asegurar que los responsables enfrenten sanciones ejemplares. También aclaró que, hasta el momento, no existe ningún mandamiento de aprehensión contra el expresidente Evo Morales.

Delitos investigados

Esta medida responde a requerimientos fiscales que buscan investigar varios delitos, como el suministro de municiones.

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El diputado Astorga no dudó en calificar a Morales como pedófilo y narcopolítico. Además, subrayó que, debido a las acusaciones en su contra, no debería volver a ocupar la presidencia de Bolivia.

Restitución de la fiscal

Astorga también ha señalado que el proceso debe continuar con la restitución de la fiscal Sandra Gutiérrez. En su opinión, es crucial que Morales sea presentado enmanillado, dado que enfrenta serias acusaciones por atentar contra niñas y adolescentes.

Importancia del seguimiento

El diputado enfatizó que es fundamental realizar un seguimiento adecuado al caso para asegurar que se tomen las acciones necesarias. Su insistencia en la reactivación de la orden de aprehensión refleja una postura firme ante lo que considera delitos graves.

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Tras su llegada a la capital cruceña, los nueve individuos fueron llevados a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para cumplir con un periodo de arresto antes de ser liberados. Según información obtenida por LA PATRIA, las autoridades chilenas los acusaron de estar involucrados en actividades relacionadas con el narcotráfico, así como de cometer delitos de abuso y portación ilegal de armas, entre otros.

Antecedentes y posible implicación legal

Se espera un informe oficial para determinar si estos individuos tenían antecedentes o cuentas pendientes con la justicia boliviana. Las investigaciones revelaron que los nueve bolivianos expulsados de Chile tenían conexiones con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y otros delitos graves. Además, se está evaluando si existen vínculos previos con la justicia boliviana que puedan tener implicaciones legales adicionales para estos individuos.

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El incidente ocurrió en la Av. Juan Pablo II, zona San Roque

El incidente tuvo lugar el pasado 23 de noviembre en la Av. Juan Pablo II, zona San Roque, mientras el conductor, de 45 años, realizaba su ruta desde Senkata hacia la Ceja transportando pasajeros.

Falta de visibilidad y oscuridad contribuyeron al accidente

Según informó el comandante general de la Policía, general Álvaro Álvarez, “a los primeros 200 metros siente como si hubiese ingresado a un bache. Por la oscuridad y las inclemencias del tiempo, no se percató que en ese momento habría atropellado a una persona que presumiblemente estaba tendida en la vía pública”.

Pasajero alerta sobre algo arrastrando debajo del vehículo

Durante el trayecto, uno de los pasajeros alertó al conductor sobre algo arrastrando debajo del vehículo. Pablo T. L. salió del vehículo y descubrió lo que había encontrado. Posteriormente, se dirigió hacia el puente de La Ceja con dirección a Senkata para hacer una parada donde desenganchó la parte inferior del cuerpo y continuó su camino hacia Puerto Mejillones donde desenganchó la parte superior antes de regresar a su domicilio.

Conductor será procesado por delitos graves

El conductor será procesado por los delitos de conducción peligrosa y no prestación de auxilio, entre otros cargos penales.

Cámaras de seguridad registraron el recorrido del vehículo

Por otro lado, el comandante regional de El Alto, coronel Ghunter Agudo, informó que existen pruebas para establecer que el conductor es el autor del crimen, ya que las cámaras de seguridad registraron el recorrido realizado por el vehículo.

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Imputado por múltiples delitos, incluyendo privación de libertad y robo agravado

La fiscal Delmy Guzmán lo ha imputado por los delitos de privación de libertad, robo agravado y atentados contra los miembros de seguridad del Estado, entre otros. Después de presentar sus argumentos ante la autoridad jurisdiccional, el presunto testaferro identificado como Christian R.D. fue enviado a prisión por seis meses.

Colaborador clave en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico

De acuerdo con los informes policiales, Christian R.D. no solo se encargaba del transporte para la familia de Marset, sino que también colaboraba en la adquisición de vehículos e inmuebles. Incluso el vehículo en el que fueron interceptados los agentes de inteligencia mientras investigaban el paradero del narcotraficante uruguayo estaba registrado a nombre del testaferro.

Intentó escapar antes de su arresto en Yacuiba

Christian fue arrestado en Yacuiba cuando intentaba escapar del país rumbo a Argentina, pero gracias a las operaciones realizadas por grupos de inteligencia en la región, se evitó su fuga y se procedió a su aprehensión.

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Uno de los procesos es por el presunto delito de asesinato de las tres personas; el segundo por legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

Asimismo, por tenencia de animales silvestres, destrucción y deterioro de los bienes del Estado y la riqueza nacional; mientras que el cuarto, por tráfico de sustancias controladas, reportó la red Erbol.

Actualmente, Nallar y otras dos personas, cumplen detención preventiva desde el 25 de junio por el hecho ocurrido cuatro días antes, cuando fueron abatidos tres uniformados.

Detalle de los procesos que enfrenta Nallar

En la primera investigación contra Nallar, el fiscal departamental resaltó que se realizó una inspección al lugar donde estaba un vehículo que supuestamente fue utilizado por uno de los implicados dentro del caso.

En cuanto al proceso por legitimación de ganancias ilícitas, se investiga los bienes que poseía Nallar; entre haciendas, departamentos, y vehículos en Santa Cruz.

Sobre el proceso por tenencia de animales silvestres es por los pumas, aves, simios, entre otros en la hacienda del sujeto en La Bendita.

Finalmente, respecto al tráfico de sustancias controladas es un caso que data de 2015 en Trinidad, Beni, considerando que un vehículo de su propiedad fueron encontradas partículas de cocaína, de acuerdo al sistema de microaspirado.

En ese caso fueron acusadas tres personas, dos de nacionalidad peruana y un boliviano, los cuales fueron declarados rebeldes en la etapa preparatoria.

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Camacho fue identificado por las víctimas como uno de los hombres que apuntó con un arma, intimidó y amenazó a los periodistas que habían llegado en octubre de 2021 hasta Las Londras para verificar una denuncia de avasallamiento.

De esa manera, el grupo de civiles fue torturado y obligado a caminar hasta un galpón, donde continuaron los maltratos. Solo pudieron salir de ahí tras firmar un documento en el que se comprometieron a no regresar.

Asimismo, Camacho fue imputado por los delitos de lesiones graves, portación de arma de fuego y privación de libertad. Además, se supo que se retiró el delito de tentativa de homicidio, según reporte de Unitel.

El recién capturado fue aprehendido el viernes anterior en la capital cruceña cuando caminaba cerca de la terminal bimodal.

En la audiencia, la cual se realizó de manera virtual, estuvieron presentes las víctimas, representadas por la abogada Raquel Guerrero y Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.

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La exautoridad judicial fue quien benefició con detención domiciliaria al feminicida serial, Richard Choque.

Asimismo, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, indicó que se trata de una privada de libertad con sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto por los delitos de trata de personas y asesinato y otro recluso sancionado a 26 años por violación a menor de edad.

En ambos casos los sentenciados fueron beneficiados con la detención domiciliaria por órdenes del entonces juez, Rafael Alcón, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz.

“Lastimosamente hemos encontrado dos nuevos casos, uno de ellos es de asesinato sin derecho a indulto quien también tiene detención domiciliaria, hemos encontrado un caso de violación cuyo victimario también ha sido beneficiado con detención domiciliaria”, declaró Molina, según reporte de radio Fides.

De esa manera, la autoridad señaló que el Tribunal de Ejecución Penal Tercero de La Paz, encontró 16 casos de personas sentenciadas por delitos de violación, asesinato y delitos establecidos por la Ley 1008, de los cuales a la fecha se logró la recaptura de tres personas.

Dichos casos, al igual que otros en “manos” del exjuez Alcón, fueron beneficiados con detención domiciliaria pese a las características de su condena.

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