Tala ilegal en el Parque Nacional Otuquis

La tala ilegal en el Parque Nacional Otuquis, situado en el departamento de Santa Cruz, se convirtió en un problema crítico. Este hecho llevó a la intervención del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que, junto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), realizó un operativo exitoso.

Aprehensión de los involucrados

Las autoridades lograron la aprehensión de siete personas vinculadas a esta actividad ilícita. Guardabosques y técnicos del parque realizaron un patrullaje exhaustivo tras descubrir indicios de extracción forestal no autorizada. La intervención tuvo como objetivo proteger la integridad del personal y fortalecer las acciones de conservación en la zona.

Hallazgos durante la inspección

Durante la inspección, el director interino del Parque Nacional Otuquis, Félix Mamani, destacó que se evidenció la apertura irregular de caminos desde la comunidad Aparecida. Además, se encontraron sendas utilizadas por pirateros forestales para facilitar la extracción ilegal de madera.

Consecuencias del operativo

El operativo resultó en la aprehensión de los siete sospechosos y el secuestro de herramientas y objetos empleados en esta actividad prohibida. También se identificaron campamentos improvisados dentro del parque, lo que subraya la gravedad del problema ambiental que enfrenta esta área protegida.

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Este acuerdo tiene como objetivo unificar esfuerzos para mejorar la fiscalización del uso de bosques y tierras. Además, busca reforzar la prevención y el combate de incendios forestales en áreas que se consideran críticas. La coordinación entre ambas instituciones también se orienta a enfrentar actividades ilegales que afectan al patrimonio natural del país.

Reunión de autoridades

El director ejecutivo de la ABT, Alfredy Álvarez, se reunió con el Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz, liderado por el coronel Jhenky David Gómez. En este encuentro, se definieron los lineamientos para el apoyo mutuo entre ambas entidades.

Coordinación permanente

Según lo acordado, se implementará una coordinación permanente que permitirá el acompañamiento policial en operativos de campo. También se facilitará el intercambio de información y se fortalecerán los patrullajes en áreas con alta incidencia de delitos ambientales. Todo esto tiene como meta garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Incendios forestales en aumento

Las autoridades han señalado que esta colaboración es especialmente importante ante los altos niveles de quemas e incendios forestales que se han registrado en los últimos años. Esto es particularmente preocupante en departamentos como Santa Cruz y Beni, donde se han reportado importantes pérdidas de superficie boscosa y afectaciones a ecosistemas y comunidades.

Fortalecimiento del Estado

Con estas acciones, tanto la ATT como la Policía buscan reforzar la presencia del Estado y mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos ambientales en todo el territorio nacional.

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Operativos y rescate de animales

El director nacional de Pofoma, Carlos Chispas, destacó que la labor comenzó tras meses de patrullaje cibernético y vigilancia en redes sociales. Durante este proceso, se detectó la venta ilícita de especies protegidas.

“Se ha podido desbaratar esta red de tráfico de especies silvestres. Este trabajo se realizó a través de vigilancia en redes sociales, donde se detectó la venta ilegal de erizos”, explicó Chispas.

Durante la intervención, la Policía rescató 10 erizos, que se presume fueron criados en un centro clandestino, además de 20 cuyes, 18 canes y tres felinos, todos mantenidos en condiciones inadecuadas.

Detenciones y cargos

El propietario del inmueble donde se encontraron los animales fue enviado a detención preventiva, mientras que otro implicado permanece arrestado. Ambos enfrentan cargos por tráfico de vida silvestre, un delito que, según la normativa boliviana, puede ser sancionado con hasta ocho años de prisión.

Los erizos de tierra son nativos de Europa, Asia y África. La Policía investiga cómo fueron traídos a Bolivia para ser comercializados ilegalmente, según información publicada por El Deber.

Tráfico internacional de fauna

En un segundo operativo, Pofoma activó una investigación por tráfico internacional de fauna amazónica. Este hecho se desencadenó tras la interceptación, el pasado fin de semana, de un cargamento de 28 loros que, presuntamente, tenía como destino final Chile.

“Tenemos dos personas aprehendidas: una en la ciudad de Oruro, que era el destinatario, y otra en Cochabamba”, detalló el director de Pofoma.

Investigaciones en curso

Las autoridades están investigando si esta red tiene vínculos con organizaciones más amplias que se dedican al contrabando de fauna silvestre hacia países vecinos, donde existe una alta demanda en el mercado ilegal.

Pofoma recordó a la población que el tráfico de fauna silvestre es un delito grave e instó a denunciar cualquier venta ilegal de animales a través de los canales oficiales.

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Durante la inspección, las autoridades encontraron 41 ejemplares muertos de Caimán Yacaré (lagarto) a orillas de una laguna, sin piel y en avanzado estado de descomposición.

“Este hallazgo constituye un presunto delito de biocidio, según lo establecido en la legislación nacional vigente en materia de protección ambiental”, indicó el Comando Departamental de Policía del Beni a través de un comunicado oficial.

En el lugar se activaron los procedimientos legales e investigativos pertinentes, con presencia del fiscal de materia especializado, quien dispuso las acciones iniciales para identificar a los responsables y establecer la cadena de hechos que derivaron en la matanza de los reptiles.

Pofoma aseguró que se realizará un seguimiento exhaustivo al caso y no se descarta que existan redes de caza o tráfico ilegal de especies involucradas en esta actividad, que está tipificada como delito en la legislación boliviana.

/KMMN

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“Tenemos 174 procesos penales en materia de medioambiente, es decir, por la quema ilegal por incendios forestales. Esos procesos, lamentablemente, el 96% no ha tenido un buen puerto, es decir, no ha avanzado o se han quedado en la etapa preliminar”, precisó Condori en conferencia de prensa.

Enfoque especializado en delitos ambientales

El procurador explicó que los delitos ambientales requieren un enfoque jurídico y técnico diferente al de otros tipos penales, como los de corrupción u homicidio. Por esta razón, se identificaron falencias estructurales en la investigación de incendios y se impulsó la elaboración de un protocolo especializado.

Colaboración con expertos

El documento, que se encuentra en fase final, fue elaborado con la participación del Ministerio Público, expertos internacionales —entre ellos representantes del Gobierno de Francia— y entidades técnicas nacionales como el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el Instituto Técnico Científico de la Universidad Policial (ITCUP) y la unidad de bomberos de la Policía Boliviana.

Capacitación del personal involucrado

“No es lo mismo investigar un incendio que otros delitos comunes. Se requieren técnicas de investigación criminalística ambiental. Por eso hemos capacitado también al Ministerio Público y a las unidades técnicas encargadas de actuar en estos casos”, remarcó Condori.

Objetivos del nuevo protocolo

El nuevo protocolo busca establecer procedimientos claros para la investigación científica de incendios, determinación de causas, identificación de autores y cuantificación del daño ambiental, con miras a su reparación civil. Su presentación oficial está prevista para los próximos días.

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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró la aprehensión de los sospechosos y se decomisaron 10,000 bolivianos, así como teléfonos celulares que serán analizados. Además, se encontró una gran cantidad de cuero de animales, incluyendo especies en peligro de extinción como caimanes y jaguares, en la vivienda de la mujer.

Operativo en la zona universitaria

Los individuos fueron detenidos en un operativo en la zona universitaria, llevando consigo bolsas negras que contenían paquetes de marihuana. Según el fiscal departamental del Beni, Félix Balderas, la sustancia será incinerada.

Delitos contra el medioambiente

En el domicilio de la mujer, se encontraron diferentes especies de animales en peligro de extinción, como un cuero de jaguar y varios cueros de caimanes y tortugas. La Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) está investigando el caso, mientras que las personas detenidas enfrentarán cargos por tráfico de drogas y delitos contra el medioambiente.

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La agencia policial europea informó este martes 12 de diciembre que la operación resultó en la incautación de un cargamento de madera proveniente de Birmania valorado en 12.000 euros (12.955 dólares), así como dos contenedores marítimos con madera brasileña valorados en 67.000 euros (72.336 dólares).

Pistas para nueva investigación criminal

Además, las pistas obtenidas durante las 226 inspecciones realizadas durante el operativo permitieron abrir una nueva investigación criminal.

“El comercio ilegal de madera es una práctica abominable que implica la deforestación equivalente a un campo de fútbol cada dos segundos en todo el mundo. Agota los recursos naturales de los países productores y tiene un impacto directo en la deforestación y, por ende, en el cambio climático”, señaló Europol.

Actividad delictiva transnacional lucrativa

El comercio ilícito de madera es una actividad delictiva transnacional altamente lucrativa desde el punto financiero y genera alrededor de 7.000 millones de dólares (casi 6.500 millones de euros).

Varios tipos de madera como teca, palo rosa, ipé y pernambuco tienen una gran demanda en países europeos donde se utilizan para diversos fines, incluyendo adornos y construcción en general.

Actividades delictivas asociadas al comercio ilegal

Los grupos criminales organizados ocultan el origen de la madera mediante falsificación de documentos y sobornos para evadir los controles aduaneros hasta llegar a los países consumidores. Por lo tanto, este crimen involucra numerosas actividades delictivas como tala ilegal, contrabando, fraude documental, blanqueo de capitales y evasión fiscal.

Operativo coordinado por Europol

El operativo fue coordinado por Europol desde La Haya e involucró a las autoridades policiales de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal y España. Además, por primera vez este año se sumaron a esta operación periódica las fuerzas del orden de Brasil, Costa Rica y Panamá.

Fuente: EFE

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Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz, informó que una vez recibidas las denuncias, el Ministerio Público inició inmediatamente la investigación en colaboración con la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma). Se están recopilando pruebas y tomando declaraciones de testigos. Además, se ha constatado la pérdida de animales silvestres. Estos elementos se encuentran registrados en el portafolio digital del caso del sistema Justicia Libre (JL).

Denuncias por incendios

Mariaca señaló que durante los meses de septiembre y octubre se han presentado un total de seis denuncias por incendios en Santa Cruz. Las últimas dos fueron realizadas por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) en los municipios de Yapacaní y Warnes. El trabajo está siendo llevado a cabo por fiscales especializados en delitos contra el medio ambiente con el objetivo de identificar a los responsables y evaluar los daños ocasionados.

Sanciones según el Código Penal

“El artículo 206 del Código Penal establece que aquellos que provoquen un peligro común para bienes o personas mediante incendio serán sancionados con penas que van desde dos hasta seis años”, afirmó Mariaca y añadió: “Por lo tanto, seremos contundentes en el cumplimiento de las leyes y normas para sancionar a los responsables de estos delitos”.

Investigación en municipio de Warnes

Por su parte, Juan Pablo Sánchez, fiscal especializado en delitos contra el medio ambiente, explicó que en el caso del municipio de Warnes la zona afectada fue la agrícola. Por esta razón, se ha solicitado al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la documentación sobre los propietarios para citarlos a presentar su declaración ante el Ministerio Público. En caso de identificar a los responsables correspondientes, serán procesados según la normativa vigente.

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De estas denuncias, 21 están vinculadas a incendios forestales ocurridos en Pailón, Cotoca, San Matías y Yapacaní. Los otros seis casos se refieren al delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, específicamente relacionados con áreas protegidas.

Fase inicial de investigación

Los procesos se encuentran en una fase inicial de investigación, liderados por la Fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente, en colaboración con efectivos de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma).

Cooperación para esclarecer los hechos

El fiscal Mariaca destacó la cooperación con la Policía boliviana y otras instituciones que puedan contribuir a la investigación. “En esta etapa preliminar, estamos trabajando con determinación para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, aseguró.

Santa Cruz afectado por incendios forestales

Santa Cruz es el segundo departamento más afectado por los incendios forestales después de La Paz y enfrenta una situación crítica debido a la propagación del humo que afecta no solo las áreas forestales, sino también las ciudades capitales.

Compromiso de preservar el medio ambiente

La Fiscalía mantiene su compromiso de abordar estos casos para garantizar la preservación del medio ambiente y hacer justicia en casos de delitos contra la naturaleza.

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El fiscal asignado al caso, Richard Almanza, indicó que en el Juzgado 16 de Instrucción Cautelar, asentado en la zona de la Villa Primero de Mayo, se realizará la audiencia de medidas cautelares.

Almanza recalcó que él, como fiscal de medioambiente, imputará a los 13 aprehendidos solo por los delitos medioambientales, es decir, no por delitos de avasallamiento ni hechos de violencia.

“Yo soy fiscal de medioambiente y el tema de avasallamiento no está dentro de mis competencias, por eso se los imputó por los delitos de deterioro de bienes del Estado y riqueza natural, incendio, asociación delictuosa y otro más”, explicó el fiscal previo a la audiencia.

Detalló además que se solicitará la detención preventiva de los 13 imputados, 12 de ellos varones y una mujer, ya que todos fueron encontrados en flagrancia en la zona de recarga acuífera que fue avasallada desde octubre.

Asimismo, la pena por los delitos imputados alcanza hasta los seis años de privación de libertad, empero anunció que las investigaciones continuarán, ya que este grupo de personas es inicialmente el primero en ser procesado por el daño ambiental causado en los predios Kim, área que es un reservorio acuífero de las Lomas de Arena.

El abogado de la familia Kim, Diego Coímbra, indicó que, a pesar de que hoy se procesa por delitos ambientales a los aprehendidos, insistirán en que se amplíen las investigaciones. Indicó que seguirán la demanda que sentaron en la Policía del municipio de La Guardia, por avasallamiento.

Como abogado de la familia afectada, también solicitarán la detención preventiva de los 13 imputados, puesto que el daño medioambiental que provocaron más de 300 personas, es un delito mayor, y en el transcurso de su asentamiento ilegal, la gente cometió varios hechos delictivos.

/MDCB

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