Apenas han pasado los primeros treinta días del nuevo gobierno, y los datos que empezamos a conocer sobre la situación de la economía nos han hecho recordar de manera descarnada que la crisis multidimensional que atravesamos está lejos de solucionarse y que, al contrario, enfrenta nuevos problemas.
Recientemente el presidente del Banco Central informó que nuestro país tiene reservas líquidas de 75 millones de dólares, lo que, según analistas, apenas alcanza para 10 días de importación de combustible. Advirtió también que el déficit fiscal puede superar este año el 12,7% (7.000 millones de dólares), y sugirió que de no tomarse medidas de mitigación podríamos ingresar a una etapa de hiperinflación. El propio Presidente Paz alertó que el Estado necesita 16.000 millones de Bs. (que no tiene) para para cerrar la gestión; el INE anunció que al primer semestre nuestro PIB decreció en -2.40%, que las exportaciones de gas entre enero y octubre, alcanzaron apenas a 918 millones de dólares (470 millones menos que el año pasado), y que el déficit comercial hasta septiembre sumaba 551 millones.
Las malas noticias también vinieron del exterior. Fitch Ratings, hace una semana, ha informado que Bolivia aún mantiene la calificación ‘CCC-’ en la escala de deuda soberana, y ha concluido que nuestro país presenta un alto riesgo de default y severos desafíos para cumplir con los próximos vencimientos por el deterioro sostenido de la capacidad de pago.
También se conoció estos días que la Comisión Europea, en la última actualización de la “lista gris” del GAFI, decidió incluir por segunda vez a Bolivia en la nómina de países con “alto riesgo” de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Con esta determinación, los bancos europeos aplicarán controles más rigurosos a cualquier operación con Bolivia, lo que puede generar altas comisiones transaccionales, retrasos y un aumento de requisitos regulatorios. Además, la afectación de la reputación financiera del país puede desalentar inversiones y deteriorar la relación con bancos corresponsales para operaciones de comercio exterior.
También la Fundación Milenio ha publicado su informe 2025, en el que afirma que nuestra economía entró en franca recesión, y señala que la inflación acumulada a septiembre 2025 es de 18.3% y hasta fin de año podría alcanzar el 25%; el rubro alimentos (el más crítico) supera ya el 36.2%. Además, advierte que los depósitos en el sistema financiero están disminuyendo por las tasas reales negativas, y que la liquidez limitada restringe el crédito y profundiza la recesión.
El Informe concluye que nos encontramos en un proceso de desactivación económica, donde sectores enteros operan por debajo de su capacidad. Las señales no solo apuntan a una recesión severa, sino a la erosión estructural de los pilares que sostienen la estabilidad macroeconómica, por lo que cualquier shock adicional puede precipitar una crisis mayor.
Frente a este escenario, las señales que el gobierno está generando para enfrentar la situación son positivas pero insuficientes, y tendrán efectos recién a mediano plazo. El crédito de la CAF por 550 millones para respaldar el programa de reformas estructurales aún no se hizo efectivo, y las primeras cuotas de los préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa al final del anterior gobierno tampoco serán desembolsados de inmediato.
La caída del tipo de cambio paralelo y la provisión normal de carburantes tienen efectos internos importantes, pero no generan los dólares que se necesitan. Los anuncios de la supresión de cuatro impuestos, la eliminación de los aranceles para electrónicos, el levantamiento de las restricciones a las exportaciones, la apertura del mercado egipcio para la venta de carne y la aprobación de eventos biotecnológicos aún no se han formalizado, mientras que la exitosa producción de azúcar y de soya, y el incremento del 24% en la producción de minerales respecto al año pasado, permitirán el ingreso de dólares, pero recién a mediano plazo.
Pese a los esfuerzos meritorios del nuevo gobierno, el apoyo político y la esperanza genuina de una población, los datos muestran que los problemas son más graves de lo que imaginamos y que continúan profundizándose. Y no se trata de una posición pesimista sino de constataciones que se expresan en las cifras y se perciben en la cotidianidad. La crisis está avanzando por simple movimiento inercial, porque es estructural y porque enfrentamos desequilibrios profundos que pueden desbordarse en cualquier momento si no se aplican medidas urgentes, sostenibles y técnicamente sólidas.
El riesgo es demasiado alto y Bolivia no puede sumar una crisis social, porque sus costos serían irreparables. Para evitarla, necesitamos decisiones difíciles, valientes y efectivas, que frenen la caída y sienten las bases de la reconstrucción. El desafío es enorme, pero postergarlo solo hará que lo inevitable llegue con mayor fuerza. El tiempo de actuar es ahora.

Nacido en Santa Cruz de la Sierra, Ronald Nostas Ardaya es un empresario relacionado con diversos rubros industriales en el país. Es Licenciado en Administración de Empresas con estudios superiores en economía. Fue presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia entre 2015 y 2019 y Primer Vicepresidente de 2010 a 2015, además fue Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana, Presidente de INFOCAL Bolivia y Director de varias Instituciones empresariales del país. En 2018, la Revista América Economía lo incluyó en la lista de los 120 personajes más influyentes en Latinoamérica.

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El Gobierno ha comenzado con acciones como la gestión para disminuir el gasto fiscal y la abrogación de cuatro impuestos, entre ellos el de las grandes fortunas. Doria Medina, quien es un aliado del Gobierno, hizo un llamado a no retrasar la toma de decisiones económicas, advirtiendo que el tiempo puede perjudicar la estabilidad del país.

“En mi vida he aprendido que no hay que postergar demasiado las decisiones porque los problemas se complican y se puede debilitar el apoyo de la gente. En resumen, el primer anuncio económico fue bueno, pero aún insuficiente”, afirmó el empresario.

Críticas a la situación económica

Doria Medina elogió la intención del actual gobierno de reducir el déficit fiscal, al que describió como “un agujero negro que tenemos que pagar todos los bolivianos con créditos internos y externos”. También destacó positivamente la decisión de cerrar las empresas estatales de “alasita” que fueron creadas durante la gestión del anterior presidente Luis Arce.

A pesar de estas medidas iniciales, el empresario enfatizó que “la economía necesita otras medidas más para salir de la crisis”. Doria Medina centró sus observaciones en aspectos críticos de la economía nacional que, según él, requieren atención inmediata y frontal.

Desafíos económicos a enfrentar

El empresario advirtió sobre las consecuencias de una acción tardía en un contexto de incertidumbre financiera y cambiaria, lo que podría agravar la situación económica del país.

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Según el análisis, el modelo económico boliviano, que se basa en el alto ingreso por materias primas, “ha llegado a su fin”. El IIF advierte que el panorama fiscal, externo y financiero del país está marcado por desequilibrios persistentes y restricciones severas.

Déficit fiscal alarmante

Las cifras fiscales son la principal fuente de alarma. El documento estima que el déficit del Gobierno central alcanzará el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025. Sin embargo, si se incluyen las empresas estatales y los onerosos subsidios, el desequilibrio fiscal podría escalar hasta el 20% del PIB.

El reporte subraya que el Banco Central de Bolivia (BCB) ha incrementado su papel en el financiamiento del déficit público. Esta acción inyecta liquidez, pero también genera presión en los precios.

Crecimiento de la deuda

La deuda ha crecido y el sector exportador sigue sin dar señales de recuperación, impulsado por la continua caída de la exportación de gas.

Desafíos para el nuevo gobierno

Jonathan Fortún, economista senior de la IIF, indicó que la realidad fundamental es que el próximo gobernante “debe navegar una economía ya profundamente en crisis”. Además, enfatizó que “no se trata de si llegará el ajuste, sino de cuán rápido y disruptivo será”.

Subsidios y su impacto

El IIF identifica a los subsidios a los combustibles como el mayor pasivo fiscal del país. El organismo advierte que cualquier intento de eliminar o reducir estos subsidios pondrá a prueba la resiliencia social y política de Bolivia.

“En este contexto, la consolidación fiscal casi con certeza desencadenará protestas sociales”, apunta el documento.

Perspectivas pesimistas

El economista Fortún es pesimista sobre una solución fácil, incluso con un repunte en las materias primas. El problema subyacente es un sector público que ha superado permanentemente su base de ingresos.

Finalmente, Fortún concluye: “No habrá una narrativa de recuperación limpia, solo la elección entre un dolor inmediato o una erosión gradual”.

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En su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025, titulado “Movilización de recursos para el financiamiento del desarrollo”, la Cepal proyecta que Bolivia crecerá apenas un 1,5% en 2025. Este crecimiento es inferior al promedio regional de 2,2% y muy distante del 2,7% que se espera para Sudamérica. Este dato confirma una tendencia de desaceleración, ya que en 2024 el país creció solo 0,73%.

Déficit fiscal alarmante

La Cepal también advierte sobre la creciente fragilidad fiscal en Bolivia. El país cerró 2024 con un déficit del 10% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por encima del promedio regional de 3,1%. Se estima que este déficit podría superar el 11% a finales de 2025. Este desbalance se financia principalmente a través de deuda pública y emisión monetaria. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda total del país ya ronda el 90% del PIB.

Inflación preocupante

La inflación es otro de los aspectos que generan preocupación. Mientras que el promedio regional fue de 4,3% en 2024, Bolivia registró una inflación de 9,97%. El Gobierno proyectó para 2025 un 7,5%, pero hasta agosto el acumulado ya alcanzaba el 18%, lo que sugiere que el año podría cerrar con una cifra cercana al 20%.

Riesgo de estanflación

La combinación de bajo crecimiento, inflación elevada, déficit fiscal creciente y falta de divisas coloca a Bolivia en una situación de estanflación. Esto significa que la economía está estancada mientras los precios siguen aumentando, lo que conlleva el riesgo de una crisis de balanza de pagos y un eventual default si los ingresos por hidrocarburos continúan cayendo.

Fernando Romero, economista, explicó que “en resumen, nuestra economía seguirá desacelerándose, en un escenario estanflacionario, con bajo desempeño interno y alta dependencia (vulnerabilidad) de factores externos”. Según Romero, los problemas económicos deberían moderarse y solucionarse con la llegada de un nuevo gobierno que implemente medidas económicas estructurales, especialmente en el área fiscal.

Coincidencias de organismos internacionales

Tanto el FMI como el Banco Mundial coinciden con la Cepal en sus previsiones. Ambos organismos estiman que Bolivia crecerá entre 1,1% y 1,2% en 2025, lo que confirma el rezago del país en comparación con el resto de la región.

Necesidad de reformas profundas

La Cepal concluyó que la recuperación de la economía boliviana dependerá de la implementación de reformas profundas en materia fiscal y productiva. Según Romero, Bolivia llega a 2025 con una economía estresada y vulnerable, caracterizada por poco crecimiento, alta inflación y cuentas públicas desequilibradas.

El economista sostiene que se requieren políticas estructurales tanto a corto como a largo plazo para controlar el déficit, el gasto público, la inflación y el mercado cambiario. Estas medidas son esenciales para estabilizar la economía y retomar un crecimiento sostenible.

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Durante una entrevista en el programa Hagamos Democracia, transmitido por la red Erbol, Espinoza fue preguntado sobre la viabilidad de ofrecer un bono mensual de Bs 2.000 a los sectores más empobrecidos. En su respuesta, mencionó que esta propuesta “surge en campaña” y está relacionada con el aumento de las rentas para jubilados. Sin embargo, aclaró que “probablemente no sea posible en el corto plazo, porque lo primero que se tiene que hacer es estabilizar la macroeconomía”.

Desafíos del próximo gobierno

Espinoza, quien anteriormente fue asesor de Samuel Doria Medina, destacó que uno de los principales retos para el próximo gobierno es el desabastecimiento de combustibles y el elevado costo de la subvención estatal. Este problema también fomenta el contrabando hacia países vecinos. “Estamos sacrificando dólares que son necesarios para pagar la deuda externa e impulsar programas sociales, mientras parte de los combustibles subvencionados terminan en otros países”, indicó.

El economista explicó que Bolivia solo produce el 5% del diésel que consume, lo que obliga al país a importar el resto. Esta situación hace que la actual política de subsidios sea insostenible. Anticipó que la futura administración podría verse en la necesidad de eliminar la subvención al diésel e incluso a la gasolina. No obstante, advirtió que estas medidas deben ir acompañadas de políticas sociales enfocadas, como bonos o transferencias directas a los sectores más vulnerables.

Situación fiscal del país

En cuanto a la situación fiscal, Espinoza subrayó que Bolivia enfrenta un déficit superior al 10% del PIB, el cual se financia en un 80% mediante emisión monetaria. Advirtió que, si no se controla la inflación, cualquier aumento en las rentas será insuficiente para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

Reconstrucción de reservas internacionales

Finalmente, Espinoza destacó como una tarea urgente la necesidad de reconstruir las reservas internacionales del Banco Central. Esto es esencial para estabilizar el mercado cambiario y evitar que esos recursos sean utilizados como “caja chica” del gobierno.

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Factores detrás de la inflación

Bloomberg ha analizado que el rápido aumento de la inflación en Bolivia es resultado de desequilibrios económicos que se han extendido durante años. Estos desequilibrios habían sido contenidos bajo un esquema que incluía un tipo de cambio fijo, subsidios generalizados y un Estado sobredimensionado. La situación actual amenaza con socavar la economía boliviana.

Datos del Instituto Nacional de Estadística

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en 2024 la inflación acumulada llegó al 9,97%. Hasta marzo de este año, se registró un 14,63% interanual. Fortun ha afirmado: “La reciente aceleración inflacionaria en Bolivia, evidente desde fines de 2024, no es un fenómeno aislado ni responde a un shock externo inesperado”.

Dependencia de insumos importados

El problema se agrava debido a la dependencia del país en insumos importados como alimentos, fertilizantes, repuestos industriales y combustibles. Bolivia importa casi todo el diésel y la gasolina que consume, vendiéndolos internamente a precios bajos. Esto ha llevado a destinar más de 2.300 millones de dólares para mantener la subvención.

Déficit fiscal y transparencia

Fortun también ha indicado que el déficit fiscal podría ser superior al 10,5% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque el Gobierno no transparenta esos datos. Además, considera que la inflación ha sido “estadísticamente suavizada”, ya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) analiza una canasta de consumo establecida en 2016.

Bolivia en el contexto latinoamericano

Como resultado, Bolivia se ha consolidado como el cuarto país más inflacionario de América Latina, solo por detrás de Argentina, Venezuela y Cuba. Los precios de los alimentos y productos son manifestaciones de una política económica que se desbordó en los últimos años. A pesar de lo que sentían los bolsillos de los bolivianos en 2024, la tasa de inflación acumulada no llegó a un doble dígito.

La situación actual refleja una crisis inflacionaria que se ha agravado por factores internos y externos. La dependencia excesiva en insumos importados y las políticas económicas implementadas han contribuido a esta problemática.

/KMMN

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Propuestas para el Estado

Ballivián declaró: “Sí propongo reducir el peso del Estado en la economía. Y no solo reducirlo, sino también cambiar su rol”. Entre las acciones que planea llevar a cabo al asumir la presidencia, destacó que eliminará de manera inmediata los subsidios a los combustibles y cerrará todas las empresas públicas que estén en déficit.

La exdirectora de la Aduana Nacional subrayó que “nada de gradualismos que solo generan dolor continuo e incertidumbres”. Además, se comprometió a estabilizar y unificar el tipo de cambio mediante un aumento en la oferta de dólares en el mercado. Para lograr esto, eliminará todas las restricciones a las exportaciones y buscará atraer inversión extranjera.

Control de la inflación

En relación al control de la inflación, Ballivián admitió que habrá un reajuste inicial de precios como resultado de sus reformas. Sin embargo, aseguró que “si se establecen condiciones para la libre competencia, el mercado garantizará que la inflación sea baja después del reajuste inicial”.

Autonomías y pacto fiscal

Sobre el tema de autonomías y pacto fiscal, Ballivián propuso un enfoque más amplio que contemple autonomías regionales. Afirmó: “Las autonomías deben ir más allá de los límites departamentales. Se debe abrir la posibilidad de autonomías regionales, como en el Chaco o el Norte amazónico”.

Reforma judicial

En cuanto a la reforma judicial, consideró que es un “imperativo” que debe ser acordado entre todas las fuerzas políticas. Propuso eliminar el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y reemplazarlo por una sala constitucional dentro del Tribunal Supremo de Justicia. También abogó por un sistema basado en méritos para la elección de jueces.

Diálogo nacional y acceso a la información

Ballivián concluyó su exposición indicando que promoverá un diálogo nacional sobre estos temas y enviará las conclusiones a referéndum nacional. Además, mencionó su intención de presentar un proyecto de ley sobre acceso a la información pública en los primeros 30 días de su gestión.

Finalmente, expresó su disposición para continuar el diálogo con Cainco sobre otros temas relevantes para el país, como la protección del medioambiente y la seguridad ciudadana.

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A fines del año pasado escribía en esta misma columna: “En este escenario de desaceleración juegan su papal el creciente aumento de la subvención a alimentos y carburantes; el déficit en la balanza comercial que empeora nuestra también reducida disponibilidad de divisas y el también cada vez mayor endeudamiento del sector público, tanto externo como interno”.

Frente a los desafíos existentes durante esta gestión, la economía de Bolivia se encamina hacia una crisis la cual, si no actuamos oportunamente, podría tener consecuencias para los bolivianos.

A mediados de la década pasada, cuando empezó a bajar la producción de gas natural y, consecuentemente, los ingresos generados por su venta, analistas de la economía empezaron a recomendar al gobierno a bajar sus gastos, evitando incurrir en déficits.

Hace un par de semanas decía “…. Como es de conocimiento de todos, el país tiene un déficit fiscal, que lo arrastra durante los últimos 12 años, con este 2025, que muestra una tendencia preocupante: gastar por encima de nuestras posibilidades. El déficit nacional lo estamos financiado con deuda, práctica nada recomendable si queremos alcanzar estabilidad económica”.

La crisis generada por la caída en las exportaciones de gas natural fue agravada por el también creciente déficit en la balanza comercial. Al primer semestre de este año, el déficit llegó a 272 millones de dólares, resultado de exportaciones de 4.392 millones de dólares e importaciones de 4.664 millones de dólares.

A pocos días de finalizar este 2024, los problemas económicos de este año se pueden resumir de la siguiente manera:

• Escasez de dólares. El dólar oficial se mantiene en 6,96 bolivianos por dólar, pero en el mercado paralelo, a principios de este mes se lo podía comprar hasta en 12 bolivianos.
• A la escasez de la divisa estadounidense debemos añadir la escasez de gasolina y diésel que, en los últimos meses de este año, se tradujo en largas filas -de varias cuadras- de vehículos en los surtidores de combustible. Los reiterados reclamos de los transportistas, que se vieron obligados a bloquear algunas ciudades, llevaron al Gobierno a autorizar a empresas de sector privado a importar combustible, que lo venderán a precios reales, sin la subvención que ahora tienen.
• Escasez de productos de la canasta familiar, como aceite y arroz que generaron protestas de varios sectores de la población y el gobierno suspendió las autorizaciones de exportación de aceite, hasta que se normalice la provisión al mercado interno.
• Huelgas, marchas y bloqueos de carreteras, que forman parte del enfrentamiento político, se tradujeron en cortes del suministro de alimentos y combustible, con los consiguientes problemas en varios centros poblados del país, por la escasez de productos y el encarecimiento de los mismos.

Estimaciones de algunos analistas señalan que este año podría estar cerrando con un crecimiento de su economía que fluctúe entre 1,5% a 2,5%; un déficit fiscal superior al 10% del Producto Interno Bruto; una inflación entre un 8% al 12%; deuda pública –que incluye la deuda externa y la deuda interna- mayor a 85% del PIB; y una baja ejecución de la inversión pública que podría estar entre el 50% y el 60%.

Se necesita instrumentar políticas que fomenten las inversiones privadas, así como promover la libertad de empresa que otorgue un clima empresarial adecuado. Los analistas económicos remarcaron muchas veces la necesidad de atraer al inversionista extranjero, que pueda suplir la falta de divisas que afronta el gobierno. La llegada del capital externo privado dependerá de las garantías que pueda ofrecer el país, ofreciendo seguridad jurídica.

Los empresarios planteamos al Gobierno fomentar la inversión privada para que contribuyan a acelerar el crecimiento diversificando la economía con miras a un mundo que es cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles.

En estas fiestas de fin de año deseamos expresar, para todos los empresarios y para el pueblo, nuestros sinceros deseos de que la Paz de la Noche Buena perdure por todo el Nuevo Año.

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Licenciado en economía de la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina, Académico de Número de la ABCE y Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).

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Plazos para el PGE

El Órgano Ejecutivo tiene un plazo de diez días para presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley del PGE para el próximo año. Este proyecto debe ser aprobado antes del 31 de diciembre y entrará en vigencia el 1 de enero.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) está en proceso de consolidar el presupuesto que debe ser presentado. Este será el último PGE bajo la administración del Presidente Luis Arce, quien dejará su legado en medio de una crisis cambiaria y una notable reducción en los ingresos fiscales.

Detalles del PGE 2024

El PGE 2024 consolidado asciende a Bs 265.558 millones, y se espera que el de 2025 sea similar. Según datos de la Fundación Jubileo, ya no se contarán con los recursos provenientes de la venta de gas natural a Argentina, que representan aproximadamente $us 50 millones mensuales. Desde el MEFP afirmaron que, a pesar de los bloqueos económicos provocados por ciertos grupos sociales de oposición, el Órgano Ejecutivo cumplirá con los plazos establecidos para entregar el Proyecto de Presupuesto General del Estado para la gestión 2025.

Tendencias del gasto público

Expertos y economistas analizan que el PGE 2025 tendrá una tendencia hacia un mayor gasto por parte del sector público. René Martínez, analista de Presupuestos Públicos de Jubileo, explicó que un déficit significa que los gastos superan a los ingresos.

El PGE 2024 consolidado destina el 10,8% a educación, el 10,1% a salud, el 1,7% a defensa y el 2,1% a gobierno. Este 2024 marca 11 años de déficit fiscal prolongado, que ya supera el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

Recomendaciones para el PGE 2025

Fernando Romero, economista y analista, sugirió que el PGE 2025 debería ser diseñado de la manera más austera y equilibrada posible, ya que no se pueden realizar cambios significativos en su estructura. Romero advirtió sobre la caída continua de la producción hidrocarburífera desde 2014 y la pérdida del mercado argentino, lo que ha causado distorsiones en el comercio exterior y una disminución de los ingresos fiscales.

Además, muchas gobernaciones, alcaldías y universidades ya han realizado ajustes presupuestarios debido a los resultados del Censo 2024.

Desafíos en el proceso presupuestario

Walter Morales, doctor en economía, señaló que, aunque gran parte del gasto corriente se destina a salud y educación, es necesario recortar en áreas donde hay ineficiencias. Morales también mencionó que será complicado mantener o aumentar el presupuesto debido a las luchas internas en el gobierno, especialmente con las elecciones acercándose.

El proceso presupuestario también requiere la participación de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) con sus propuestas y demandas.

Perspectivas del PGE 2025

Alberto Bonadona, economista, afirmó que “el presupuesto aguanta lo que aguanta el papel” y anticipó que para el PGE 2025 se mostrarán más recursos de los que realmente existen. Bonadona destacó que no hay certeza de que la disminución del contrato con Argentina sea compensada por un aumento en las exportaciones a Brasil.

La escasez de dólares no muestra señales de mejora debido a la falta de fuentes alternativas para generar divisas. Esta situación se espera que continúe en 2025, mientras las necesidades económicas del país persisten.

/ APC /

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Desaceleración económica

Jáuregui destacó que los niveles de crecimiento económico han ido disminuyendo con el tiempo. En este contexto, enfatizó la necesidad de implementar medidas que permitan alcanzar una mayor sostenibilidad económica. Además, mencionó que la inflación acumulada ha llegado a 4,61%, superando la proyección del 3,6% que había establecido el Gobierno.

Inflación y su impacto

“Por supuesto, va a superar seguramente el 5% anual (la inflación). Entonces, esto va a continuar afectando a la economía y, por supuesto, afecta al bolsillo de las personas porque le resta justamente esa posibilidad de adquirir mayor acceso a productos”, afirmó Jáuregui.

Consecuencias en las finanzas públicas

El gerente advirtió que esta situación también tendrá repercusiones en las finanzas públicas, especialmente debido a la disminución de los tributos. En este contexto, espera que la desaceleración no genere una mayor presión tributaria, sino que se implementen medidas que ayuden a mitigar el impacto.

Preocupación por el déficit fiscal

Jáuregui reiteró que para la Cámara de Comercio es alarmante el déficit fiscal. Explicó que durante 10 años consecutivos se ha registrado un déficit fiscal, lo que indica que la generación de ingresos no ha logrado superar el nivel de gastos. Por lo tanto, es fundamental tomar medidas a nivel interno del Estado.

Coordinación con niveles subnacionales

Señaló que la administración del Estado debe trabajar en coordinación con los niveles subnacionales para abordar la disminución de gastos. Ante esta situación, la Cámara de Comercio insiste en la implementación de medidas acordadas dentro del acuerdo de 17 puntos con el Gobierno, así como otras iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad de las empresas.

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Una de las estrategias propuestas es achicar el tamaño del sector público, ya que se considera que el exceso de empleo público ha contribuido al déficit fiscal. Además, se destaca la importancia de abordar las causas subyacentes del déficit fiscal, como los subsidios ineficientes a los carburantes.

Reducir el subsidio a los combustibles

Según el informe de Milenio, es prioritario reducir el subsidio a los combustibles en Bolivia. En 2023, el subsidio al consumo interno de carburantes representó el 4,1% del PIB, y se proyecta que este año alcance los 1.300 millones de dólares estadounidenses. Reducir este subsidio es fundamental para equilibrar las finanzas públicas y estabilizar la economía.

Achicar el tamaño del sector público

Otra acción propuesta es achicar el tamaño del sector público, especialmente en lo referente al gasto en servicios personales. En 2023, se estima que el gasto en servicios personales supere los 6.000 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 14% del PIB. Reducir este gasto es esencial para disminuir el déficit fiscal y mejorar la situación económica del país.

Restitución de la independencia del Banco Central de Bolivia

El informe de Milenio también destaca la importancia de restituir la independencia del Banco Central de Bolivia (BCB) y profesionalizar a sus funcionarios. Esto permitiría al BCB conducir una política monetaria autónoma y enfocada en defender el poder adquisitivo de la moneda nacional. Además, se sugiere que se prohíban los préstamos del BCB al sector público, tal como establece el Art. 22 de la Ley del Banco Central.

Promover las exportaciones para estabilizar la economía

Para revertir la tendencia descendente de las exportaciones en Bolivia, es fundamental promover las exportaciones, especialmente las no tradicionales. El informe destaca el potencial de expansión de las exportaciones de alimentos y señala la importancia de eliminar todas las restricciones a la exportación para crear las condiciones adecuadas.

Negociar un programa de financiamiento con el FMI

Finalmente, se subraya la necesidad de negociar un programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aliviar las reservas y la escasez de divisas en Bolivia. Esta medida ayudaría a estabilizar la economía y fortalecer la situación financiera del país.

/ APC

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Después de casi un año de escasez de divisas en la economía boliviana, el Ejecutivo anunció el pasado lunes un acuerdo con los principales gremios empresariales. Este acuerdo incluye medidas para facilitar las exportaciones y algunos incentivos para reducir el gasto en la importación de combustibles.

Algunos consideran las medidas como “parciales”

El acuerdo fue bien recibido por algunos, pero visto como insuficiente por quienes consideran que si no se reduce el gasto público, estas medidas serán “parciales”.

El analista económico Gonzalo Chávez piensa que el origen de todo “es el déficit público” y si no se cortan los “gastos e inversiones improductivas”, además de aumentar los ingresos, muy difícilmente se podrá resolver el problema.

Chávez se remontó a 2014 para entender “por qué desaparecieron los dólares”, un problema que, a su juicio, es “estructural” y no “coyuntural”, como aseguran las autoridades.

En ese año las exportaciones llegaron a 13.000 millones de dólares, de los que 6.600 millones provenían de la venta de gas natural, que fue el sustento de la economía boliviana hasta hace algunos años.

Según Chávez, ese excedente económico fue destinado por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), del que Arce fue ministro de Economía, a “hacer política social” y a la inversión pública.

El problema surgió cuando un año después comenzó la declinación de las exportaciones y la producción de gas. El Gobierno decidió “gastar” las Reservas Internacionales Netas (RIN) en “gasto corriente” y la financiación a empresas estatales “cuyos resultados hasta ahora no vemos”, indicó.

Experto señala la importancia de YPFB para los problemas actuales

Para el experto, Bolivia perdió “solvencia porque mataron a la gallina de los huevos de oro que era” la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y esa insolvencia “generó un problema de liquidez”.

No se resolvió la falta de divisas en 2023

A su juicio, las medidas asumidas en 2023 ante la falta de divisas fueron “paliativas” porque no se atacó “el problema del gasto público que es por donde se chorrean las RIN”, que pasaron de los 15.122 millones de dólares en 2014 a 1.709 millones hasta el 31 de diciembre pasado.

Origen de los problemas financieros en 2019 según ministro de Economía

Para el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el origen del problema fue la salida de entre 5.000 millones y 6.000 millones de dólares del sistema financiero entre agosto y octubre de 2019, un dinero que después no retornó por la crisis que hubo en el país ese año y la pandemia de la Covid-19.

Montenegro defendió el repunte de la economía entre 2021 y 2022, aunque luego surgió una “fricción política” por una “candidatura precoz” que generó incertidumbre en la economía.

Disputa agudizada en el MAS por la candidatura de Morales

La “fricción” aludida por el ministro es la pelea interna en el Movimiento al Socialismo (MAS), agudizada por la anunciada candidatura presidencial de Morales en 2025.

Gobierno descarta medidas del FMI

El Gobierno de Arce no seguirá la “receta” del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el gasto público y devaluar la moneda y, por contra, defiende que con las nuevas medidas anunciadas se busca generar más ingresos y producción, lo que derivará en una disminución del déficit fiscal.

Subvención de los combustibles asegurada

Tampoco prevé levantar la subvención de los combustibles para evitar el “costo social” que esto supondría, pero sí quiere disminuir ese gasto mediante el fomento al uso de biocombustibles.

Bolivia importa gasolina y diésel que luego se venden en el mercado interno a precios subvencionados, un gasto que, por ejemplo, en 2023 superó los 1.800 millones de dólares.

Trabajo coordinado con los empresarios

Por otra parte, el gerente general del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, valoró la “apertura del Gobierno” para trabajar con los empresarios.

“Si las medidas son suficientes, el tiempo lo dirá. Nuestra recomendación tiene que ver con que los procesos de implementación de los compromisos asumidos por el Gobierno sean lo más ágiles posible porque el tiempo apremia”, dijo Rodríguez.

El experto consideró importante “resolver la carencia de hidrocarburos en el país”, ya que “la mitad del déficit público se debe a la subvención” que se ha convertido en un “lastre” para el Estado.

Agenda público-privada

Rodríguez abogó por una “agenda público-privada” que, por ejemplo, dé garantías e incentivos a la inversión privada para “reactivar el sector hidrocarburífero” y otras para que los rubros no tradicionales amplíen sus operaciones.

Además, vio necesario que el Legislativo apruebe los créditos externos contratados por el Ejecutivo para generar un “shock financiero” que revierta las “expectativas negativas” que hay actualmente en la población.

Fuente: EFE

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El legislador señaló que la debilidad del modelo económico radica en un mayor gasto y menor crecimiento. Afirmó que esto se refleja en el PGE 2024, donde pronosticaron un crecimiento del 3,71% en la economía, mientras que este año el gobierno aseguró un 4,85%, pero los organismos internacionales no proyectaron un crecimiento superior al 2%.

PGE responde a modelo de capitalización similar al MNR

Otro aspecto es que, según su criterio, el PGE 2024 responde a un modelo de capitalización similar al del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Porcel criticó esta situación ya que permite a las empresas públicas deficitarias realizar alianzas público-privadas para solventar sus problemas.

Riesgo de importaciones y aumento de inflación

Sin embargo, aseguró que ningún privado nacional o internacional querrá asociarse con estas empresas debido a su historial de corrupción. En ese sentido, afirmó que lo más probable es que el gobierno se dedique a importar productos, lo cual aumentará la inflación.

Disminución de las Reservas Internacionales

Esta situación empeorará debido a la disminución de las Reservas Internacionales, ya que el país no podrá adquirir combustible, medicamentos o alimentos del exterior por falta de divisa extranjera.

Llamado a reducir el déficit fiscal

“Yo creo que el gobierno tiene que dejar de ser tan prepotente, bajar la cabeza y evitar que el 2024 sigamos con el déficit fiscal que tenemos desde el 2014, el 65% del PGE se irá en gastos corrientes, sueldos y salarios”, declaró el legislador.

Critica asignación de fondos a ministerios específicos

Además, también criticó que se hayan destinado 18 millones de bolivianos para la gestión presidencial y que los ministerios de Gobierno, Defensa y Presidencia recibirán el 50% de los fondos asignados a los 17 ministerios. Esto resulta en que el Ministerio de Gobierno recibirá más del doble de lo asignado a las universidades del país.

Diputado del MAS defiende PGE 2024

Sin embargo, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Yujra, aseguró que el PGE 2024, con un crecimiento del 8,9%, es una muestra de que la economía boliviana sigue creciendo a pesar de las crisis internacionales.

“Este no es un beneficio para el Presidente, sino para la gente. Lamento mucho estas versiones tergiversadas emitidas por la oposición como siempre. Estamos destinando cinco veces más recursos a salud y educación que a Defensa y Gobierno; estamos priorizando la inversión pública”, declaró el legislador de oposición.

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Durante una conferencia de prensa, el presidente de este ente, argumentó que el país experimentó un deterioro gradual de las condiciones macroeconómicas, lo que demanda medidas para mejorar la producción antes de considerar un incremento salarial.

Como sustento, Camacho expuso diez puntos entre los que destacaron la falta de recuperación de la actividad económica después de la pandemia, la falta de suministros en China que requiere la industria boliviana, el conflicto entre Rusia y Ucrania que encareció el precio de los granos, los más de 100 días de bloqueos en la frontera con Perú, y las inclemencias climáticas que azotan el país.

“Todo esto perjudica la recuperación económica de los bolivianos, afecta y daña gravemente a nuestra economía hablar de un incremento salarial como el propuesto para la presente gestión”, declaró Camacho según informó LA PATRIA en la sede Gobierno.

De igual forma, aclaró que Bolivia tiene el cuarto salario mínimo más alto de toda la región, pero la productividad también debe analizarse, porque de todos esos países, Bolivia ocupa el último lugar en ese aspecto.

En ese sentido, Camacho reiteró la importancia de un diálogo tripartito entre los privados, el Gobierno y los representantes laborales, con el fin de incrementar la producción y generar un desarrollo industrial formal.

/ LMPT

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