“Exigimos a la Policía Boliviana cesen los actos lesivos contra la población civil. Demandamos responsabilidad y respeto por los derechos de las y los vecinos, así como de las partes en conflicto. Exhortamos a despojarse de la violencia a las manifestaciones de Adepcoca”, informó Cruz en su cuenta de Twitter.

Este marte, los efectivos del orden se volvieron a enfrentar a los cocaleros que buscan el cierre del mercado de la coca. En medio de la gresca, varios vecinos de Villa Fátima salieron a reclamar a los uniformados por los gases lacrimógenos que afectaban a sus viviendas.

Fue en ese momento que dos efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) rociaron gas pimienta al grupo de personas, entre ellas, una mujer en estado de gestación.

“¿Han visto ustedes cómo nos han gasificado?”, cuestionó la afectada.

Los uniformados durante la intensión de detener a cocaleros movilizados, requisaron a varios transeúntes y tiendas cerca de la plaza del Maestro de Villa Fátima.

El conflicto cocalero está aún sin resolver y los vecinos cuestionaron que persistan los enfrentamientos debido a que los gases lacrimógenos y explosiones de dinamita afectan a los vidrios de sus viviendas y locales comerciales.

/SVL

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“Tanto en el caso del señor Aramayo y como de la señora Parra, lo que estamos haciendo al abrir los casos es investigar la responsabilidad funcional, es decir, la responsabilidad de jueces y fiscales que hubieran intervenido en las causas donde estas personas estaban siendo procesadas para determinar si se han cumplido las garantías del debido proceso”, manifestó Cruz.

El caso Fondioc privó de libertad a Aramayo y Parra desde el 2015, se investigan los recursos que recibieron representantes de organizaciones sociales que no cumplieron con proyectos gestionados ante el Fondo Indígena

Marco Aramayo falleció en abril de esta gestión, con una salud deteriorada por su encarcelamiento y objeto de una multiplicidad de procesos.

Por su parte, Parra lleva siete años en prisión, pese a que ya habría cumplido incluso con el tiempo de condena establecido para los delitos que se le imputa.

“Hemos podido evidenciar que la señora (Parra) ya habría cumplido la pena máxima de procesos judiciales donde tendría las penas más altas entre siete y ocho años”, ratificó Cruz.

Indicó que la exdirectora del Fondioc tiene dos órdenes de detención, una en Beni donde ya está sobreseída y ya no habría justificación para mantenerla privada de libertad, y otra en La Paz donde recibió medidas sustitutivas.

Asimismo, explicó que a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no se puede aplicar medidas sustitutivas imposible de cumplir para una persona que se debería defender en libertad, según informó Erbol.

Parra está recluida en el penal de Palmasola. Ella y su abogado también denunciaron que es una vulneración, porque estuvo siete años en una cárcel de La Paz y repentinamente la mandaron a la penitenciaría de Santa Cruz, alejándola de su familia.

La Defensora del Pueblo informó que el Consejo de la Magistratura y la unidad de transparencia del Tribunal Supremo de Justicia se comprometieron para asegurar primero que no se suspendan las audiencias de Parra y que se generen procesos de responsabilidad respecto a jueces y personal subordinado.

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