La Paz ratifica extinción del caso ‘Golpe de Estado I’

La Sala Penal Cuarta de La Paz ratificó este jueves la extinción del caso denominado “Golpe de Estado I”. Con esta decisión, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, queda oficialmente libre de los cargos penales relacionados con las protestas de 2019 que derivaron en la salida de Evo Morales.

Decisión del tribunal y argumentos de la defensa

La resolución surgió tras un recurso presentado por la defensa de Camacho, que argumentó que el proceso había excedido los tiempos legales permitidos por la norma boliviana. Aunque en febrero un tribunal ya había fallado a favor del gobernador, la Fiscalía y la denunciante Lidia Patty apelaron la decisión. Sin embargo, la Sala Penal confirmó hoy que el caso no va más.

Comentarios del abogado defensor

El abogado defensor, Martín Camacho, fue enfático al señalar que esta resolución es inapelable. “No existe un recurso de apelación ulterior o de casación; por lo tanto, esta sería la resolución definitiva que da fin al proceso”, explicó el jurista, descartando cualquier vía legal para reabrir la causa, según Erbol.

Reacciones tras el fallo

Tras conocerse el fallo, Luis Fernando Camacho se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje optimista y enfocado en su gestión: “La verdad siempre llega”, afirmó el gobernador. Aseguró que su prioridad ahora es seguir trabajando por Santa Cruz y “construyendo el futuro”.

Contexto del caso y situación de Marco Pumari

Cabe recordar que, por este proceso, Camacho permaneció recluido en el penal de Chonchocoro entre 2022 y 2025. Se le acusaba de conspiración junto a fuerzas militares y policiales durante el movimiento cívico de 2019, el cual denunciaba un presunto fraude electoral.

Aunque el caso “Golpe I” ha sido extinguido para Camacho, la situación del excívico potosino Marco Pumari, también implicado en la misma causa, sigue una ruta distinta. Según la defensa de Camacho, Pumari deberá tramitar su propio incidente de extinción de manera independiente. No obstante, el precedente sentado hoy abre una puerta clara para su defensa.

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Su abogado, Richard Cerda, contradijo las afirmaciones de la Fiscalía al señalar que el proyecto, que fue suscrito en 2010 y ejecutado en 8 comunidades de la provincia Bautista Saavedra, alcanzó un avance del 80% en su ejecución.

Detalles del proyecto

Cerda también indicó que el proyecto tuvo una ejecución presupuestaria del 92%. Además, enfatizó que cuentan con las actas de entrega definitiva de las obras, las cuales están firmadas por las comunidades beneficiarias. Esto serviría como prueba de la existencia y el uso adecuado de los fondos.

En cuanto a los recursos, la defensa afirmó que solo queda un saldo mínimo. “Estos dineros han sido ya correctamente utilizados”, afirmó Cerda, quien añadió que solo hay un saldo de 2.000 bolivianos que Lidia Patty está dispuesta a devolver a la entidad.

Nuevo director del Fondo Indígena

En medio de este contexto de investigaciones y denuncias, Sergio Barba Gonzales fue posesionado como el nuevo director nacional del Fondo de Desarrollo Indígena el 8 de diciembre. Barba asumió el cargo con el compromiso de garantizar la transparencia en el uso de los recursos. Su nombramiento fue realizado por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano.

Durante su discurso de posesión, Barba aseguró: “No se tolerarán hechos de corrupción, y no se permitirán irregularidades”. La nueva autoridad se comprometió a continuar con la intervención e investigación para encontrar indicios de corrupción y transparentar la gestión de la entidad.

Investigaciones sobre el Fondo Indígena

El Fondo Indígena ha estado bajo un intenso escrutinio debido a diversas denuncias sobre el mal uso de recursos. La intervención actual busca profundizar en estos aspectos y asegurar que los fondos sean utilizados de manera adecuada en beneficio de las comunidades indígenas.

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La acusación fue presentada por una exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), quien sostiene que quedó embarazada de Arce y que este rechazó la paternidad, dejándola sin apoyo durante la gestación. Además, la denunciante afirma que el Mandatario bloqueó sus intentos de comunicación y, presuntamente, utilizó su influencia para dificultarle conseguir empleo en el sector público.

Declaraciones del presidente

En un breve contacto con la prensa desde la Casa Grande del Pueblo en La Paz, el Presidente explicó que hasta el momento no recibió notificación formal sobre el caso. “No hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema, pero en cuanto llegue vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y nuestros abogados particulares”, señaló, asegurando que cumplirá con los procedimientos legales establecidos.

Investigación en curso

El caso se encuentra bajo investigación en la Fiscalía Departamental de Cochabamba, que mantiene la reserva de la causa a solicitud de la víctima. La situación ha generado debate sobre la responsabilidad y los procedimientos legales frente a denuncias de este tipo contra autoridades de alto nivel.

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Detalles de la defensa

El abogado defensor de Pumari, David Gutiérrez, informó este jueves 28 de agosto que su cliente se encuentra en el Centro de Rehabilitación Productiva Santo Domingo de Cantumarca desde la noche del miércoles. Gutiérrez mencionó que ya se ha notificado la audiencia para el día de mañana.

El abogado agregó que han analizado los fundamentos del caso. La defensa de Potosí, liderada por el Dr. Dávalos, ya presentó los argumentos y todas las pruebas necesarias, y está lista para la audiencia. Lo único que falta por confirmar es si Gutiérrez estará presente en Potosí o si apoyará de manera virtual desde La Paz.

Hora y lugar de la audiencia

La audiencia para revisar las medidas cautelares se llevará a cabo el 29 de agosto de 2025 a las 10:00 horas en el Tribunal de Sentencia Nº 1 de Potosí. El objetivo principal de la defensa es lograr que Pumari pueda enfrentar este proceso en libertad.

Contexto del proceso judicial

Esta audiencia se produce después de que Pumari fuera liberado por el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz. Su liberación se dio en el marco del caso “Golpe de Estado I”, tras la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia de revisar todas las detenciones preventivas en curso a nivel nacional.

El proceso judicial relacionado con la quema del TED en Potosí involucra presuntos delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, así como delitos electorales. Estos delitos están vinculados a la crisis sociopolítica que se vivió en noviembre de 2019.

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La defensa busca verificar si alguna sustancia química pudo haber alterado el estado del exgeneral, argumentando que su comportamiento no era habitual.

Ministerio Público ordena examen toxicológico a Zúñiga

El Ministerio Público ha ordenado la realización del examen toxicológico a Zúñiga, quien se encuentra detenido preventivamente en el penal de El Abra, en Cochabamba. Esta medida se toma luego de los inusuales movimientos militares reportados el 26 de junio en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, donde se descubrió un intento de golpe de Estado liderado por el exgeneral.

Defensa niega consumo de hoja de coca por parte de Zúñiga

Algunas personas señalaron que el exgeneral tenía un bolo de coca en la boca durante los eventos en la Plaza Murillo. Sin embargo, el abogado Orellana ha aclarado que Zúñiga no suele masticar hoja de coca, desmintiendo estas afirmaciones.

Demora en la solicitud del examen toxicológico genera interrogantes

El abogado Ricardo Rodríguez ha cuestionado la demora de la Fiscalía en solicitar el examen toxicológico a Zúñiga. Según Rodríguez, esta pericia debería haberse realizado de inmediato, el 27 o 28 de junio, en lugar de esperar dos meses. Esta demora llama poderosamente la atención y podría tener implicaciones en la estrategia legal de la defensa del excomandante.

Posible estrategia legal de Zúñiga

El abogado Rodríguez ha planteado la posibilidad de que Zúñiga alegue estar mentalmente incapacitado como estrategia legal para atenuar su situación jurídica y ser considerado una persona inimputable. Esta estrategia podría ser utilizada para buscar una reducción de los cargos por terrorismo y alzamiento armado que enfrenta el exgeneral.

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Condori ha dejado claro que Achocalla nunca tomará acciones hostiles y no entrará en un escenario de confrontación. Sin embargo, ha señalado que defenderán legalmente su territorio si es invadido. El alcalde ha manifestado su disposición al diálogo para resolver el conflicto y ha pedido a la población de El Alto que lleve las cosas en paz.

Achocalla busca una solución pacífica

El alcalde Condori ha destacado los lazos familiares que unen a Achocalla y El Alto, y ha expresado que sería una vergüenza llevar la situación a un escenario de confrontación. Además, ha mencionado que Achocalla está dispuesto a respetar los acuerdos previos establecidos con El Alto en cuanto a límites territoriales y eventos comunitarios.

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La firma de abogados “Guzmán Vargas”, dirigida por Benjamín Guzmán, ha dado a conocer el caso en una conferencia de prensa. El juicio está en desarrollo y se ha solicitado a la autoridad judicial que se acelere el proceso para llegar a una sentencia.

Promesas incumplidas

Según la explicación de Guzmán, entre 2016 y 2017, los acusados prometieron a más de 500 personas que podrían formar parte del mercado “Evo Morales”. Les aseguraron que se les entregarían casetas de 4×4 y el título de propiedad, a cambio de un pago de entre 2 mil y 3.500 bolivianos cada uno.

Sin embargo, durante el juicio se ha revelado que los terrenos en los que se encuentra el mercado son de propiedad privada y no cuentan con licencia de funcionamiento. La defensa legal de las víctimas ha presentado documentación que respalda esta afirmación.

Decenas de personas afectadas

Aproximadamente 50 personas están involucradas en el juicio, de las 500 que fueron estafadas. Estas personas han depositado diferentes cantidades de dinero en las cuentas de los acusados, pero hasta el momento no han recibido ni las casetas ni la documentación correspondiente. El monto total de dinero entregado asciende a más de 40 mil dólares, según la acusación.

Exigencia de justicia

La defensa legal de las víctimas ha cuestionado la ética de extorsionar y estafar a más de 50 personas bajo la promesa de entregarles un mercado. Además, han señalado que el mercado “Evo Morales” continúa funcionando sin el permiso del municipio, ya que en el pasado se certificó que no había autorización para su construcción.

Obstrucción del proceso judicial

Durante el desarrollo del juicio, los acusados han sido acusados de amenazar a la juez y de no asistir a las audiencias para intentar suspender el proceso. La defensa legal de las víctimas ha instado a la autoridad judicial a que se agilice el juicio y se llegue a una sentencia lo antes posible.

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El pasado 1 de noviembre, el Juzgado de Instrucción contra la Mujer N° 2 decidió enviar a Pablo A. y Sergio C. al penal de San Sebastián varones en la ciudad de Cochabamba como medida preventiva.

Búsqueda imparcial y cesación a la detención

“Queremos que se investigue de manera imparcial. También queremos llegar a la verdad de los hechos (…). El objetivo es obtener una cesación a la detención preventiva y que les otorguen una detención domiciliaria con permiso para trabajar. Lo que queremos es que se investigue. No buscamos una libertad irrestricta, sino que se investigue porque faltan varios elementos por recopilar”, indicó la abogada de los ahora detenidos.

Determinación extrema sin considerar riesgos procesales

Asimismo, la defensa legal de los deportistas aseguró que esta determinación “extrema” fue tomada sin considerar que no existen riesgos procesales ni peligro de fuga u obstaculización, según informa el Diario Opinión.

Solicitud de detención domiciliaria

“Hemos solicitado que se les brinde detención domiciliaria con permiso para trabajar; sin embargo, la juez ha determinado esta medida extrema”, reiteró la abogada.

En medio del llanto y consternación, portando un rosario en el cuello, las hermanas de uno de los jugadores aseguraron que es “inocente” e instan a lograr una investigación imparcial. Mencionaron que el futbolista se encuentra “destrozado”.

Cámaras captan imágenes

Las hermanas también aseguraron que en las imágenes captadas por las cámaras del edificio donde supuestamente ocurrió el delito se observa cómo la joven y el jugador entran y salen juntos.

“Se le ve salir tranquilamente y despedirse con un abrazo y un beso. Una persona que sufre una agresión quiere escapar, no se despide con abrazos ni besos”, expresaron.

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En una entrevista con Contacto Bolivia, Siles expresó su preocupación por la persistente tendencia de recurrir a bufetes de abogados internacionales y nacionales en gestiones previas. “Lo que estamos viendo es que se tercerizaba la defensa del Estado”, enfatizó, lamentando los altos costos que esto representaba para el erario público.

Nacionalización efectiva de la defensa legal del Estado

El Procurador se comprometió a reducir al máximo la dependencia de bufetes externos, proponiendo una nacionalización efectiva de la defensa legal. En sus palabras: “Planteamos nacionalizar la defensa legal del Estado, es decir que sean los abogados bolivianos quienes lleven el liderazgo de la defensa integral del Estado”.

Mantenimiento del control directo sobre procesos legales externos

Siles destacó que, en caso de ser necesario recurrir a abogados internacionales por cuestiones lingüísticas u otras consideraciones específicas, la Procuraduría mantendrá un control directo sobre el proceso. Se comprometió a un acompañamiento constante, evitando delegar completamente responsabilidades.

Gestión transparente y abierta a la participación ciudadana

En este nuevo capítulo para la Procuraduría, Siles subrayó la orientación hacia una gestión transparente y abierta a la participación ciudadana. “La nueva gestión será cara al pueblo, al debate y al sufragio público”, concluyó el Procurador, insinuando una era en la que la defensa legal del Estado se convertirá en un reflejo genuino de los intereses y valores de la sociedad boliviana.

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La defensa de la joven de 24 años, confirmó que ella estaba presente al momento de la intervención policial, sin embargo, descartó que haya participado en los hechos delictivos.

“No negamos los hechos, es más, reprochamos los hechos, es decir, han ocurrido cada uno de ellos (…), estos han ocurrido en horas de la mañana y la tarde, a Erika la recogen posterior a este hecho”, dijo Mérida.

El abogado de la excandidata aseveró que, incluso la joven no es reconocida por ninguna de las víctimas, ahí se confirma que no estaba presente al momento de los atracos, según informó Unitel.

Mérida aseveró que el vehículo pertenece a los padres de Erika, pero este era conducido por su prometido, Cristhian D.M., uno de los involucrados en los robos.

Según el jurista, la joven desconocía todo lo que su pareja hacía con el motorizado ya que solo la recogía, llevaba al gimnasio, clases de modelaje y demás labores.

Recalcó que, al momento de subir al vehículo la madrugada del pasado jueves, Erika recibió una bolsa con ropa de parte de Christian y al momento de la requisa policial, se halló teléfonos celulares, que presuntamente eran robados.

Pese a la postura de inocencia, Erika S., Cristhian D.M.y Hazel Carlos E.R.G., serán puestos ante un juez cautelar, donde se definirá su situación jurídica.

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“Tal como es de conocimiento público y nacional, durante los dos últimos años hemos venido asesorando en distintos asuntos legales al Gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. Empero, durante las últimas semanas nuestro trabajo se ha visto obstaculizado por la injerencia de terceros y abogados que no son parte de esta firma cuales impiden realicemos una defensa apropiada”, reza la publicación en redes sociales.

El bufete, denominado “Camacho & Ledezma – Criminal Defense Attorneys”, es encabezado por los abogados Juan Carlos Camacho y Carlos Eduardo Ledezma, dan a entender en el comunicado que existen otros profesionales de las leyes que se inmiscuían, quienes actúan sin consulta de los juristas, generando molestia y susceptibilidad, porque no piensan “cargar con las consecuencias de esta situación”.

“Nosotros siempre nos hemos caracterizado por hacer nuestros los problemas de los clientes y agotar todas las vías legales para la solución de sus conflictos, de lo cual ahora nos vemos privados, no siendo posible cargar con las consecuencias de esta situación”, refuerza el comunicado.

Se espera que quienes asuman, tengan la fortaleza de enfrentar diferentes arremetidas de organizaciones sociales, políticos y otros. Dieron a entender en el comunicado, que la injerencia es por situaciones políticas, por lo que dan un paso a un lado.

“Ningún aspecto político puede ir por encima de la justicia y el derecho…”, concluye el comunicado.

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/HNF/

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“Nosotros vamos a interponer un recurso de complementación y enmienda, creo que la Procuraduría va a hacer lo propio y las otras entidades y a partir de eso, posteriormente complementada, enmendada, aclarada esta sentencia es que vamos a interponer el recurso de apelación”, señaló el jurista.

El pasado miércoles se cumplió con la lectura de la sentencia integra, sin embargo, la defensa de Añez observó varios aspectos que no habrían sido aclarados por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dentro del proceso en cuestión.

El 10 de junio la exmandataria fue declarada culpable y se determinó una sentenciada a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

“Hay varios extremos que no han sido claros, hay varios extremos en los que este tribunal merece explicar porque no cumplió lo que establece la ley”, manifestó Guillén.

El proceso contra la exmandataria Añez y otros exjefes militares y policiales se centró en el caso “Golpe de Estado II” por la asunción irregular a la presidencia del Senado y, posteriormente, a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019.

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Se presentó la queja constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su respectivo tratamiento.

“Lo que corresponde efectivamente es una queja constitucional. Lo vamos a presentar a las 8 de la mañana”, señaló Guillén.

Indicó que puede cambiar el fondo del rechazo que realizó la Comisión de Admisión del TCP a un recurso de inconstitucionalidad y que debe ser tratado por otros magistrados del tribunal.

“La queja constitucional es un recurso impugnatorio, a diferencia de la explicación y enmienda que no cambian el fondo, está la queja constitucional sí puede cambiar el fondo, valdría decir que otros magistrados atenderían la queja constitucional”, manifestó el jurista.

El pasado sábado, el TCP rechazó el recurso de explicación y complementación que presentó la defensa de la expresidente y con esa acción allanó el camino para que el juicio del caso “golpe de Estado II” se reanude este lunes, tal como determinó el tribunal ordinario, según informó Correo del Sur Digital.

“Se ve incluso en el rechazo al recurso que presentaron la semana pasada la injerencia política dentro del propio TCP que no debería, porque es el tribunal de un país”, acotó Guillen.

El excandidato a la alcaldía, Horacio Poppe, indicó que este recurso debe ser resuelto por los magistrados antes de la reanudación del juicio oral, prevista para las 14:00 de este lunes.

“Están violando el debido proceso, porque el recurso de inconstitucionalidad concreta presentado hace dos semanas no ha sido sustanciado en su totalidad; recordemos que ese recurso fue el que detuvo el juicio en La Paz”, explicó Poppe.

Añez está con detención preventiva desde marzo de 2021 por el supuesto caso de “Golpe de Estado II” y está acusada, en este caso, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes.

Fue convocada para la reanudación de la audiencia y se prevé que se dicte una sentencia contra la exmandataria y los otros implicados en eso caso que está siendo llevado por la vía ordinaria.

/NVY

La entrada Abogado de Áñez presenta queja constitucional para evitar reanudación de juicio se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La determinación se hizo pública por medio de un documento emitido la presente jornada por el Tribunal de Sentencia.

El juicio está en su etapa final, pues solo faltan los alegatos de las partes acusadas y acusadoras, y después se conocerá la sentencia. El juicio estaba paralizado debido a un recurso que presentaron los abogados de la exmandataria.

La audiencia que dará continuidad al juicio fue programada para las 14:00 horas del día lunes 6 de junio bajo la modalidad semipresencial, en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia, según informó Erbol.

El juicio se reanudará después de que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso que presentó la defensa de la exmandataria con el que pidieron declarar inconstitucional los tipos penales de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, criterios por los que se desarrolla el caso “Golpe II”.

Para el lunes el Tribunal de Sentencia dispuso que la cárcel de Miraflores habilite una plataforma virtual para que Jeanine Áñez participe de la audiencia, también pidieron tomar los recaudos necesarios para que se encuentre bajo supervisión del personal médico.

Misma solicitud fue hecha al penal de San Pedro, para que Flavio Gustavo Arce San Martin y Jorge Pastor Mendieta, exjefes militares que también están acusados y tienen detención preventiva, puedan participar de manera virtual.

De manera preliminar se conoció que la defensa de Áñez se apersonará al Tribunal de Sentencia para informar que sigue pendiente la resolución de una solicitud que hizo al Tribunal Constitucional, por lo que el juicio podría no reiniciarse.

La jornada precedente, la defensa de la exmandataria presentó al Tribunal Constitucional una solicitud de complementación y explicación respecto al rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Con esa solicitud, aseguraron que el juicio no tendría que retomarse.

/ LMPT

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La defensa legal sostiene que, mientras no se resuelva este nuevo recurso, no se puede reiniciar el juicio por el caso “golpe de Estado II”.

“Se está solicitando una aclaración dentro de lo que es la resolución que han emitido (el TCP), lo cual quiere decir que esta semana no debería reanudarse el juicio mal llamado ‘golpe II’, porque existen recursos aún pendientes y deben de ser tratados”, señaló el abogado Luis Guillén.

La exmandataria había presentado la acción de inconstitucionalidad en contra de los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por lo cuales se desarrolla el caso “golpe II”.

Pero el TCP rechazó considerar la acción presentada por Añez, con lo cual el Gobierno manifestó que esperaba la reanudación del juicio para esta semana, en el cual sólo faltan los alegatos finales y la sentencia.

Pero, la defensa de Añez manifestó que con la solicitud presentada no se puede reiniciar el juicio. Anunció, además, que presentará otros recursos con los cuales tampoco se podría retomar el caso “golpe II”.

Alaín De Canedo, otro representante legal de Añez, consideró que existen presiones sobre el TCP, por el hecho de que el rechazo haya sido emitido en 10 días. Aseveró que declaraciones de personeros del gobierno son en realidad instrucciones para tener una sentencia exprés contra la exmandataria.

La hija de Jeanine Añez, Carolina Ribera, denunció que de sentenciarse a su madre, se estaría matando a la democracia, puesto que será un mensaje para quienes piensan diferentes al gobierno de que serán los futuros presos.

Recordó que este caso, denominado “golpe II”, no se trata sobre los hechos de Sacaba y Senkata, sino de la intención del Movimiento Al Socialismo (MAS), de negar la presidencia de su madre.

/HNF/

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Esa cartera de Estado publicó en redes sociales el comunicado oficial sobre esta determinación, y mencionó que la sanción se extendió también a los abogados de los coacusados en este caso.

“El Tribunal de juicio luego de 17 horas ininterrumpidas en audiencia, sancionó a los abogados de la defensa de la exsenadora Jeanine Añez Chávez y abogados de coacusados, por hacer uso de excepciones y/o incidentes manifiestamente dilatorios maliciosos y/o temerarios conforme al Art. 315 del Código de Procedimiento Penal”, se lee en el comunicado.

Desde el Ministerio de Gobierno expusieron los argumentos utilizados regularmente por el equipo de abogados de la expresidente.

“(A Jeanine Áñez) le corresponde un juicio de responsabilidades y que el Ministerio de Gobierno no tiene legitimación para acusar cuando uno de los implicados era Comandante General de la Policía Boliviana y los hechos afectaron el orden interno y la seguridad nacional”.

La misma cartera de Estado denunció que el conglomerado de juristas a cargo de la defensa de Áñez incurrió en actividad procesal defectuosa al reiterar argumentos ya planteados y rechazados anteriormente, según informó la Agencia Boliviana de Información.

También lamentaron la suspensión de la audiencia hasta el 7 de abril bajo argumentos “subjetivos” ya que, según el Ministerio de Gobierno, el país necesita saber la verdad sin retrasos injustificados.

Áñez es juzgada por vía ordinaria por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), especialmente durante el periodo en el que ejerció como segunda vicepresidente del Senado y posteriormente asumió la Presidencia del Estado.

A propósito del juicio, la jornada precedente también se pronunció la defensa legal de la expresidente, y denunció que todo su proceso es solo un “show judicial”. Carolina Ribera también apuntó a la justicia y al Gobierno por no respetar el estado delicado de salud de su madre.

/ LMPT

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Murillo, está detenido desde mayo de 2021 por presunto lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos durante la gestión de Jeanine Añez, se declaró no culpable ante la Fiscalía y debía ir a juicio las próximas semanas.

“Estamos a la espera de la confirmación de la audiencia. La defensa de Murillo ha pedido tener más tiempo para prepararse para el juicio. Es probable que se postergue esa audiencia, pero vamos a estar informando oportunamente”, señaló Chávez.

Asimismo, recordó que se alistan dos juicios contra Murillo, por la vía penal y por la civil, esta última para recuperar el dinero que el Estado habría perdido en los hechos ilícitos, según reportó el diario Los Tiempos.

“Son dos juicios: El juicio penal está siendo documentado por la Fiscalía del estado de Florida en EE.UU. y el juicio civil en el que seguimos recabando pruebas. Tenemos el juicio (civil) para el mes de octubre, entonces estamos preparando ese juicio todo este año”, explicó.

El juicio podría durar al menos cuatro meses

Murillo, de 57 años, y su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, de 51, fueron detenidos el 21 y 22 de mayo en el Estado de Florida y Georgia. Ambos se desempeñaron como funcionarios durante el Gobierno de Añez.

Junto a ambas exautoridades, también se arrestó a Luis Berkman y su hijo Bryan Berkman, quienes son los propietarios de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), y a Philip Lichtenfeld, uno de los intermediarios.

Todos son procesados en EE.UU. por la supuesta adquisición de gases lacrimógenos para el Estado boliviano con un presunto sobreprecio de 2.3 millones de dólares.

Los otros cuatro implicados en este caso, fuera de Murillo, admitieron anteriormente su culpabilidad y se tiene previsto que escuchen su condena el 18 de enero, detalló la Procuraduría.

/RXVCH/

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Pumari está con detención preventiva en el penal de Uncía, acusado de supuesta obstaculización al proceso electoral de 2019, pero el 21 de diciembre del 2021, un tribunal de apelación dispuso que sea trasladado al penal de Cantumarca de Potosí, lugar donde se desarrolla el proceso; sin embargo, esa orden no fue cumplida hasta ahora.

En medio de este proceso, la defensa de Pumari reveló que el director del Régimen Penitenciario de Potosí, Olimpio Taboada, envió una nota al juez Raún Arnold Barriga, exponiendo motivos para que el excívico no sea trasladado a Cantumarca.

En la nota, fechada en 31 de diciembre de 2021, el director de Régimen Penitenciario señala que los privados de libertad de Cantumarca “ven con preocupación” un traslado de Pumari, puesto que antes ya existió un motín con la presencia de Yassir Molina.

Asimismo, la nota hace referencia a que el director del panel de Cantumarca remitió un informe en el cual indica que la presencia de Pumari “podría alterar la pacífica convivencia que en este momento se vive y poner en riesgo la integridad física de la citada persona”.

Con esos argumentos, el director de Régimen Penitenciario de Potosí sugiere al juez que tome las medidas que vez por conveniente.

El abogado defensor de Pumari, Rafael Montoya, consideró que la actitud del director de Régimen Penitenciario de Potosí es de “manipulación” y de naturaleza política.

Afirmó que Régimen Penitenciario había reunido a los internos de Catumarca para que rechacen la presencia de Pumari, pero éstos se negaron alegando que no les perjudicaba, sin embargo, se insistió de manera unilateral con el envió de la nota al juez.

“Es una manipulación deshonesta que está haciendo este director de Régimen Penitenciario, ya que está de buen tamaño y vamos a tener que asumir las acciones legales también para que esta persona trabaje y deje se ser insidioso en este sentido”, dijo el abogado Montoya en contacto con la red Erbol.

El jurista recalcó que la detención de Pumari debe hacerse en el lugar donde se desarrolla el proceso, es decir en Potosí, y que además tiene su núcleo familiar en esa ciudad. Dijo que no se puede quitar ese derecho al excívico de tener contacto con su familia.

/RXVCH/

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“(Tampoco) refiere términos o palabras como golpe de Estado o autoproclamación a la presidencia como han señalado varias personas y autoridades en los últimos días en diferentes medios de comunicación”, finaliza el escrito.

En tanto uno de los defensores de Añez, Alaín De Canedo, subrayó que no se menciona un “vacío de poder” en lo sucedido en la Cámara Baja.

“En ningún punto, apartado, párrafo menciona la palabra vacío de poder que existió o que no existió, es un caso específico para una diferencia que se tiene a nivel de la Cámara de Diputados”, manifestó De Canedo.

Sentencia del TCP

En días precedentes, se conoció que el TCP emitió dicha sentencia, la cual resta validez a la renuncia emitida por Twitter, durante los conflictos de 2019, por la exdiputada Susana Rivero y establece que seguía en funciones hasta que formalizó su dimisión.

Asimismo, la sentencia resaltó que no se puede usar el mecanismo Ipso Facto para reemplazar a presidentes de las cámaras legislativas.

En tanto el Gobierno aseveró que, con este fallo, supuestamente se declaraba inconstitucional la “autoproclamación” de Jeanine Añez, sin embargo, la defensa de la exmandataria recalcó que ninguna de esas palabras está en la sentencia.

Mandato de Añez fue reconocido por TCP

La defensa resaltó que en el pasado el TCP se manifestó de manera clara en reconocimiento al mandato de Añez, con la Declaración 001/2020, mediante la cual declaró constitucional la prórroga de mandato de la entonces mandataria y legisladores.

Asimismo, recordó que el magistrado Gonzalo Hurtado afirmó ante los medios que la presidencia de Añez era legal, cuando dieron a conocer un comunicado emitido por el TCP el 12 de noviembre de 2019 en la cual se refería al mecanismo Ipso Facto para la sucesión presidencial.

“Es imposible borrar y cambiar las acciones y jurisprudencia emitida por el TCP en el reconocimiento de la presidencia de Jeanine Añez. Asimismo es constatable que la última sentencia 052 no puede ser aplicada a Jeanine Añez por no tener vinculación directa a su caso”, agregó la defensa.

Sentencia es contradictoria

La defensa de Añez recalcó que la sentencia se refiera a situaciones de la Cámara de Diputados en 2019 y que “es un problema de interpretación” determinar el usarlo contra Añez, ante lo cual se puede tener varias posturas.

Asimismo, aseveraron que la sentencia “es confusa y contradictoria”, por lo cual instan a la población a leer el documento que ya está publicado en la página del TCP para sacar sus conclusiones y comprobar que no tiene relación alguna a Añez.

/JDLF/

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Para el funcionario, este proceso contra Condori “fue metido ahora que él es autoridad”.

“Es un tema netamente particular y ahí está su abogado el que va a poder defender, manifestar que don Damián Condori no ha cometido ningún delito y seguramente en instancias legales se van a determinar lo que corresponde”, precisó Pereira.

La Fiscalía imputó a Condori el 14 de octubre, atribuyéndole el delito de presunta estafa, sin embargo, la autoridad se defenderá en libertad debido a que no se ha solicitado la detención preventiva.

El fiscal departamental, Mauricio Nava explicó que se ha determinado no pedir medidas cautelares contra el Gobernador, tomando en cuenta la cuantía de la pena, la naturaleza del delito imputado y la modificación del procedimiento penal en la Ley 1173.

Antecedentes

En este caso, se conoce que el denunciante es un ciudadano que aseguró supuestamente haber prestado 600 mil bolivianos al Gobernador, y que el dinero fue usado para pagar una deuda que tenía el exdirigente campesino por el caso Fondo Indígena en 2016.

Condori era ejecutivo de la Confederación de Campesinos afín al Movimiento Al Socialismo, abandonó la militancia del oficialismo, para postular a la Gobernación en 2015.

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“Estamos pidiendo las medidas cautelares por el tema de salud, no por el proceso que tiene en su contra la exmandataria. (…) En este caso, por el tema de salud apremiante, la CIDH tiene que pronunciarse en los próximos días, esperamos que sea esta semana, hasta el viernes”, manifestó el abogado Alaín De Canedo en contacto con Página Siete.

El pasado mes, la exmandataria se autolesionó uno de sus brazos. Según su defensa, el estado de salud de Añez está deteriorado, por ello solicitaron la medida ante la CIDH.

Para que la instancia internacional pueda dictar una resolución favorable, los abogados adjuntaron los certificados médicos en los cuales detallan las dolencias y el cuadro clínico de Añez.

En caso de que la CIDH apruebe la medida cautelar para Añez, ésta tiene que aplicarse de manera inmediata debido a la “gravedad” del estado de salud de la exgobernante, señaló el jurista.

En días precedentes, el Gobierno remitió un informe sobre este caso a la comisión en el cual señala que el estado de salud de Añez es “estable”.

En tal sentido, solicitaron el rechazo al planteamiento.Por su lado, la defensa de la exmandataria remitió otro paquete de estudios médicos que contradicen a lo planteado por el Ejecutivo.

“Trastorno depresivo severo con ideación suicida, síndrome conversivo y disociativo, probable síndrome depresivo pos-ABC, hipertensión arterial sistémica, gastritis crónica, probable neuropatía periférica”, detalla una parte de la documentación enviada.

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La solicitud fue presentada ante el juez del caso del supuesto “golpe de Estado” Armando Zeballos, quien a inicios de julio ya rechazó la primera solicitud de Añez.

El abogado de la exmandataria, Luis Guillén explicó que se está adjuntando 921 fojas de documentación para evidenciar que no se cometieron los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Asimismo, detalló que la documentación incluye informes de las Fuerzas Armadas, además de otras entidades, reportó la red Erbol

Guillén explicó que la intención de la defensa es que el juez disponga medidas sustitutivas a la detención preventiva para Añez.

La expresidente lleva más de cuatro meses privada de libertad, en una investigación para la cual el juez otorgó seis meses.

En la audiencia para la primera solicitud de cesación a la detención, la exmandataria solicitó “casa por cárcel”, debido a su estado deteriorado de salud.

En este caso, Añez está detenida por supuestos hechos previos a su ejercicio como Presidente del Estado.

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A juicio del abogado Jorge Valda, la declaración de Morales “aceptando” junto a partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), que durante la crisis política y social de 2019 Añez entonces senadora “podía asumir el mando del país”.

El audiovisual muestra al líder del MAS rodeado de un grupo de militantes a los que les explica sobre las decisiones que se asumieron ante los pedidos de grupos del MAS para que Añez deje la presidencia del país y las alternativas para reemplazarla.

El video fue difundido por un portal de activismo político y luego se amplificó en los medios, es un elemento que la defensa de Áñez busca presentar junto al informe de la Iglesia Católica y otro del Comité Cívico Pro Santa Cruz, reportó el diario La República.

Morales relata a sus seguidores sobre otra deliberación en la que se presentaban al menos tres opciones como “entregar” el mando del país a un militar, o a la entonces presidente del Senado, Eva Copa, o que la presidencia recayera en la máxima autoridad del Poder Judicial, opciones que luego fueron descartadas.

“Hay que cuidar a Áñez con tal que garantice las elecciones”, menciona Morales en el video al referirse a los comicios que debían celebrarse el 3 de mayo de 2020 y que fueron aplazados en dos ocasiones por la pandemia.

La declaración de Morales, a juicio de la defensa de la expresidente, es un reconocimiento de la constitucionalidad de su mandato y evidencia de que “nunca existió un golpe de Estado”.

Áñez lleva más de tres meses presa en el Centro Penitenciario Femenino Miraflores acusada de terrorismo, sedición y conspiración.

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Arias prepara esta jornada su defensa legal ante los procesos impulsados por el Gobierno, porque el martes 23 de marzo debe presentarse a declarar ante el Ministerio Público por el segundo caso al que fue citado.

“Estaremos nuevamente en la Fiscalía y quiero decir claramente que hay una intensión de reírse y de mofarse del voto paceño”, señaló Arias en contacto con la cadena nacional de televisión Unitel.

La denuncia se debe a una supuesta designación irregular de un funcionario, cuando Arias era ministro de Obras Públicas. El exministro considera que esta demanda tiene el objetivo de impedir que asuma el cargo en mayo próximo.

“Hemos escrito de forma interna al Comité Cívico que no podremos estar presentes en la reunión, por motivos de tareas en la transición del Gobierno Municipal de La Paz y asuntos legales en mi defensa”, manifestó Arias en una conferencia de prensa y lo ratificó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Arias aseguró que lamenta todos los procesos emprendidos desde el oficialismo en contra de los líderes opositores.

“Que pena que nuestro presidente que pudo haber marcado la diferencia que pudiera haber vuelto por el cauce de la democracia se haya sumado a esta ola equivocada. El país ha votado por Arce y Choquehuanca, no ha votado por Evo Morales, pero parece que él está gobernando”, dijo el alcalde electo de La Paz.

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Alarcón afirmó tener las copias de lasdeclaraciones del cuaderno de pruebas y que no existen declaraciones que hablenacerca de dinero ilícito y que lo que se busca es forzar el procesoinvestigativo o una celada que le tiende el Ministerio Público.

La Fiscalía de La Paz imputó a la exgerente del canal PAT, Ximena Valdivia, por depósitos sospechosos en las gestiones 2002 y 2003, cuando el candidato del partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa era dueño de ese canal.

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