El rechazo al Decreto Supremo 5613

La promulgación del Decreto Supremo 5613 ha desatado una crisis institucional en el sector productivo boliviano. La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) se declaró en estado de emergencia el 28 de abril de 2026, denunciando que la norma instruye a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a revisar las concesiones vigentes para su posible reversión al Estado.

Inseguridad jurídica y derechos consolidados

Según el sector privado, esta medida vulnera la seguridad jurídica y contradice la Constitución Política del Estado, al poner en duda derechos consolidados sobre áreas de conservación que operan bajo planes de manejo sostenible. El punto de mayor fricción reside en el artículo 5, inciso d), el cual la CFB identifica como un “reconocimiento a ocupaciones de hecho”.

Peligro para el ordenamiento territorial

La institución advierte que este apartado sienta un precedente peligroso para el ordenamiento territorial, ya que parece legitimar asentamientos irregulares dentro de tierras con derechos forestales legalmente otorgados. Esta “legalización de la informalidad” no solo afecta a los empresarios que cumplen con la normativa ambiental, sino que incentiva la invasión de tierras destinadas a la preservación del bosque, desplazando la seguridad jurídica por intereses políticos de corto plazo.

Argumentos del Gobierno Nacional

Por su parte, el Gobierno Nacional sostiene que el decreto es una herramienta necesaria para garantizar el cumplimiento de la Función Económico-Social (FES). Voceros oficiales argumentan que la revisión de las concesiones busca identificar tierras subutilizadas o en situación de abandono para redistribuirlas entre comunidades campesinas e indígenas sin tierra.

No busca castigar la producción

Desde la perspectiva gubernamental, la norma no busca castigar la producción, sino verificar que la tenencia de la tierra se ajuste estrictamente a la documentación legal y a los Planes de Uso de Suelo (PLUS) vigentes, combatiendo la especulación latifundista en el sector forestal.

Impacto económico y preocupación del sector exportador

Sin embargo, el impacto económico preocupa al sector exportador. El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga Karlbaum, señaló que la incertidumbre generada paraliza las inversiones de largo plazo, esenciales para el desarrollo sostenible.

Aumento del riesgo de deforestación

Al facilitar el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola en zonas no aptas, se incrementa exponencialmente el riesgo de deforestación. Esto afectaría no solo la estabilidad económica de quienes manejan millones de hectáreas de bosque de forma responsable, sino también la reputación internacional de los productos forestales bolivianos ante mercados que exigen trazabilidad y respeto ambiental.

Exigencias del sector forestal

Finalmente, la CFB enfatiza que, con un proceso de saneamiento que ya ha cubierto la gran mayoría del territorio nacional, el país debería enfocarse en una política “post-saneamiento” que garantice la estabilidad. En lugar de ello, denuncian que el DS 5613 genera un clima de confrontación que pone en riesgo la paz social en las áreas rurales.

Diálogo técnico nacional necesario

Ante este escenario, el sector forestal ha exigido la anulación inmediata de la norma y la apertura de un diálogo técnico nacional que priorice el Estado de Derecho y la sostenibilidad de los recursos naturales frente a las presiones de grupos informales.

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Protestas en Bolivia por el Decreto Supremo 5613

El martes 28 de abril, los productores de goma y almendra en el norte amazónico de Bolivia, específicamente en los departamentos de Pando y el norte de Beni, expresaron un profundo rechazo tras la aprobación del Decreto Supremo 5613. Esta norma regula la dotación y titulación de tierras, pero los productores denunciaron que fue redactada “de escritorio”, sin consenso y desconociendo procesos de saneamiento ya cerrados legalmente.

Críticas al Gobierno

René Fong, presidente de la Asociación de Productores de Goma y Almendra (Asprogoal), cuestionó la falta de análisis real por parte del Ejecutivo. Fong explicó que el decreto se promulga en un contexto político sensible: “Nos preocupa que el Gobierno siga validando a sectores que, bajo el rótulo de marchistas, son en realidad avasalladores que pretenden consolidar actos ilegales realizados en los últimos tres años”, citó Unitel. Para Asprogoal, el argumento de “necesidad de titulación” es cuestionable.

Argumentos de los productores

Los productores argumentaron que:

• La mayor parte del sector concluyó su saneamiento en 2008.
• Cuentan con publicaciones oficiales que avalan su derecho propietario.
• El problema radica en la falta de conclusión administrativa por parte del Estado.

Además, advirtieron que el DS 5613 abre una puerta peligrosa para la llegada de grupos foráneos del occidente, quienes no comparten la vocación recolectora y conservacionista de la región.

Hechos adicionales sobre la situación

Los hechos adicionales incluyen:

• Antigüedad: El sector asegura tener presencia en la zona desde hace más de setenta años.
• Conservación: Denuncian que nuevos asentamientos destruyen el ecosistema amazónico.
• Riesgo normativo: El artículo 2 del decreto prioriza a comunidades con “resolución de asentamiento”, visto como un mecanismo para blanquear tomas ilegales.

Los productores aseguraron que sus tierras ya pasaron este filtro hace dieciséis años; por lo tanto, cualquier nueva titulación sobre sus áreas sería ilegal.

Pugna entre modelos

Existe una pugna entre dos modelos:

• Modelo extractivista sostenible: Recolectores que cuidan el árbol.
• Modelo de colonización: Personas que llegan, talan bosques y plantan cultivos.

El Gobierno busca identificar tierras fiscales para dárselas a campesinos; sin embargo, muchas ya tienen recolectores trabajando bajo derechos adquiridos, lo cual genera sobreposición de derechos. Involucrados son René Fong y Asprogoal, representando a familias con hasta setenta años operando en la zona. Ellos acusan a un grupo movilizado hacia La Paz como avasalladores que buscan deforestar.

Mediación del Gobierno

El Gobierno actúa como mediador mediante el Decreto 5613, ofreciendo titulación rápida; sin embargo, esto ha sido visto como una concesión política a los marchistas. La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) es responsable de entregar las autorizaciones necesarias para trabajar legalmente el bosque.

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