¿Es una novedad que el vicepresidente de un Estado se declare opositor al gobierno del que él mismo forma parte? ¿Hasta dónde puede llegar un vicepresidente en su capacidad de erosionar o desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente? Estas preguntas cobran actualidad a partir de la reciente declaración del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien en días pasados se declaró opositor del gobierno presidido por Rodrigo Paz y de sus políticas. En particular, Lara ha cuestionado el Decreto 5503, que suprime la subvención a los carburantes y abre el país a la inversión extranjera. Las reacciones a la posición de Lara no se han hecho esperar, al punto que surgen iniciativas de sacarlo de su cargo como lo hizo el exconsejero de la Magistratura Porfirio Machicado a través de un proyecto de ley en noviembre de 2025.

Estas fuertes tensiones entre el vicepresidente y el presidente tienen dos antecedentes históricos en el país —los presidentes René Barrientos y Jaime Paz— que vale la pena reseñar para (quizá) entender mejor por qué el vicepresidente Lara actúa así.

Transcurría el año 1964 y Víctor Paz Estenssoro iba tras su tercer mandato como presidente. Si bien el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) estaba de acuerdo con su candidatura, no hallaban consenso sobre el nombre de su acompañante de fórmula. Finalmente, y luego de varios altercados, Paz decidió postular al general René Barrientos Ortuño a la vicepresidencia, porque este militar tenía contactos con sectores campesinos que para Paz eran vitales. Barrientos, ya en plena carrera electoral, solía afirmar que su misión como vicepresidente era “acompañar y ayudar a Víctor Paz para que no se cometan errores”, lo que desde luego reflejaba el grado de tensión y desconfianza que reinaba entre los dos políticos.

Lo que vino después fue la crónica de una traición anunciada. Las elecciones generales tuvieron lugar el 31 de mayo de 1964; la dupla del MNR fue reelegida con casi el 98 % de los votos y el partido retuvo su amplia mayoría en el Congreso. Sin embargo, unos meses después, el 2 de noviembre, el vicepresidente Barrientos ejecutó un golpe de estado contra Paz que lo obligó a salir de Bolivia rumbo a Lima.

Casi seis décadas después pasó algo similar. Luego de un turbulento proceso político, el 10 de octubre de 1982 fueron posesionados como presidente y vicepresidente de Bolivia Hernán Siles Zuazo, del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), y Jaime Paz Zamora, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). El contexto del país era de desastre económico, cuya máxima expresión era el descontrol de la inflación, con la consiguiente subida de precios. De manera sorpresiva y tras doce semanas en el poder, el MIR abandonó el gobierno de Siles, dejando al vicepresidente Jaime Paz como parte de una administración de la cual ya no formaba parte activa y con la que no coincidía políticamente. Así, Paz se convirtió en opositor a Siles.

Hoy tenemos otro contexto político y económico, pero el mismo patrón: un vicepresidente que se encuentra incómodo con el gobierno del que forma parte. Lara adolece del mismo mal que Barrientos y Paz: sus ambiciones políticas son superiores al poder estatal que creen deberían tener.

En 1964 Barrientos creía poseer el poder de las masas campesinas y el respaldo de la embajada de los Estados Unidos, y por ello estaba seguro de merecer más poder que el que le otorgaba Víctor Paz. Jaime Paz, por su parte, creía que los ministerios otorgados por Siles no correspondían a la base política que tenía (o creía tener). Lara, por su lado, se declara opositor al gobierno porque cree que el reparto del poder no corresponde a su aporte electoral al triunfo de Rodrigo Paz.

Empero, las distancias son también notables: Lara, a diferencia de Barrientos y Jaime Paz, carece de bases orgánicas dentro de su movimiento político, al punto que muchos de los laristas en el órgano legislativo parecen haberlo abandonado. De todos modos, encabeza una tendencia opositora en el país y ha enarbolado la resistencia al Decreto 5503, denunciando su inconstitucionalidad y afectación a los más pobres.

De este modo, la diferencia de Lara con Barrientos y Paz es evidente: no podría intentar un golpe de estado apoyado por las fuerzas policiales porque carece de llegada en la elite policial, y menos aún cuenta con apoyo militar. Tampoco puede debilitar al gobierno sacando a sus ministros o saliendo él mismo de la gestión porque carece de presencia en el gabinete.

De todas maneras, Lara está lejos de ser un actor irrelevante: su poder no radica en un partido político, sino en un vasto esquema de intereses que se sienten afectados por la nueva administracion y que él articula a través de sus redes de internet, un instrumento que en varios países ya ha demostrado ser un mecanismo eficaz de movilización y presión social. Lara no tiene el poder, pero tiene el algoritmo.

Cientista político. Profesor e investigador de la Universidad San Francisco Xavier (Sucre, Bolivia). Doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por FLACSO-Ecuador.

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Declaraciones del expresidente

Las declaraciones de Quiroga se realizaron el lunes 12 de enero de 2026, en medio del debate político que sigue tras las movilizaciones y la decisión oficial de abrogar gran parte de la norma.

Quiroga cuestionó la manera en que el Ejecutivo manejó el conflicto. Inicialmente, el Presidente había afirmado que no retrocedería en su postura, pero luego aceptó modificar el decreto. En este contexto, el expresidente consideró que la situación evidenció problemas de gobernabilidad y tensiones dentro del binomio presidencial.

Errores en el decreto

El exmandatario observó que la redacción del decreto contenía errores formales y disposiciones que no eran aplicables. Además, señaló que la exclusión de sectores como el magisterio, salud y la Policía del incremento salarial generó mayor conflictividad, lo que resultó insostenible en el actual escenario social.

Relación con la COB

Quiroga también cuestionó la relación del Gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB). Indicó que, en un principio, se descalificó a su dirigencia, pero luego se la reconoció como interlocutor válido en el proceso de diálogo.

Críticas a la postura del Presidente

Respecto a las declaraciones del Presidente, Quiroga criticó la postura de no modificar el decreto. Afirmó que esa estrategia no garantiza estabilidad política. “Es un error pensar que se muestra firmeza diciendo: ‘no cambio ni una coma’. Evo Morales dijo lo mismo con la Constitución de La Calancha y se cambiaron 150 artículos”, dijo, según citó Erbol.

Propuestas para mejorar la gobernabilidad

El exjefe de Estado sostuvo que el Ejecutivo debería optar por impulsar reformas mediante decreto, dado que hay una falta de relación fluida entre el Presidente y el vicepresidente, quien preside la Asamblea Legislativa. En este marco, Quiroga señaló que la falta de coordinación interna afecta la capacidad de gestión del Gobierno.

Para mejorar la gobernabilidad, Quiroga propuso que el Ejecutivo resuelva las diferencias internas del binomio presidencial y avance en el cumplimiento de las decisiones judiciales pendientes. Según él, una mayor cohesión institucional permitiría enfrentar de mejor manera el actual contexto político.

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El acuerdo establece que se anulará el DS 5503 y se creará un nuevo decreto que solo mantenga la eliminación de la subvención a los combustibles, además de las políticas salariales y sociales.

Reconocimiento del pueblo

Argollo expresó: “Creo que ha ganado el pueblo boliviano movilizado, que estuvo prácticamente 3 semanas en las calles. Siempre agradecemos el apoyo, y ahora esperamos que se haga efectiva la abrogación de manera física”.

Un precedente histórico

El ejecutivo de la COB añadió que este acuerdo marcará un precedente histórico, ya que el Gobierno reconoció que el decreto no fue consensuado con la población. Por esta razón, fue necesario movilizarse durante tantos días.

Argollo recordó que con el Decreto 21060, en 1985, “no se pudo cambiar ni una coma”. Sin embargo, ahora se logró acordar la abrogación del DS 5503 y la creación de un nuevo decreto que no afecte los recursos naturales.

Triunfo del pueblo

“Es un gran triunfo para el pueblo”, destacó Argollo, valorando el esfuerzo y el papel de la COB en este proceso.

Nueva normativa

Tras las declaraciones de Argollo, el Gobierno informó sobre la promulgación de un nuevo decreto que deroga el 5503 y recoge los artículos consensuados de esa norma.

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Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, confirmó la ruptura del diálogo con el Gobierno debido a la negativa del Ejecutivo de abrogar la norma. A pesar de que la COB había mostrado disposición para mantener los aspectos positivos de la disposición en un nuevo decreto, el Gobierno se mantuvo firme en su decisión.

Convocatoria a la protesta

Argollo calificó la situación como una “revolución nacional” y convocó a los sectores sociales a radicalizar las medidas de protesta, que se están llevando a cabo principalmente en La Paz. “A todo el pueblo boliviano, organizaciones sociales, a mis hermanos cooperativistas, súmense a este pedido clamoroso del pueblo: tenemos que hacerle frente al Gobierno”, expresó.

Reunión en la Casa Grande

Este viernes por la tarde, la COB y el Gobierno sostuvieron una reunión en la Casa Grande del Pueblo. El objetivo era revisar posibles modificaciones al decreto y buscar una solución que pusiera fin a los bloqueos carreteros que se han instalado desde hace varios días.

Negativa del Gobierno

Antes de que comenzara el encuentro, tanto ministros como el Presidente Rodrigo Paz descartaron la posibilidad de abrogar por completo el Decreto 5503. Sin embargo, aceptaron trabajar en modificaciones técnicas a ciertos artículos de la norma.

Impacto en la población

La situación ha generado descontento entre la población y ha ocasionado pérdidas en el sector productivo. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó más de 50 puntos de bloqueo, concentrados en La Paz, Oruro y Potosí.

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Minutos después de las 12:00 horas de este lunes, se dio inicio al esperado diálogo entre las autoridades del Gobierno y representantes de más de 100 organizaciones. El objetivo es analizar el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención de los combustibles.

Este decreto no solo elimina la subvención, sino que también establece otras medidas en diversos sectores a través de sus más de 120 artículos. Además, incluye beneficios como el aumento del salario mínimo y la creación del bono PEPE, que asciende a un total de Bs 450.

Inauguración del diálogo

El ministro José Luis Lupo fue el encargado de abrir el encuentro y pidió a los asistentes que se despojen de los “intereses”. También destacó la importancia de “rendir cuentas” sobre el pasado y la gestión de los recursos.

“Todos los instrumentos son perfectibles, todo lo podemos mejorar, nada está escrito en piedra, pero tiene que hacerse a través del diálogo responsable”, afirmó Lupo durante el acto que se llevó a cabo en Casa Grande del Pueblo.

Compromiso con el diálogo

El ministro enfatizó que este es un Gobierno que tiene las puertas completamente abiertas al diálogo. “Dialogar para nosotros no solo significa hablar, tampoco solo demandar, significa escucharnos y encontrar soluciones para resolver situaciones que se presenten”, agregó.

El diálogo se inició en un contexto en el que la Central Obrera Boliviana (COB) se moviliza exigiendo la abrogación del decreto, ya que considera que este implica la “venta” de los recursos de Bolivia.

Denuncia de saqueo

“Vamos a dialogar con toda honestidad, pero vamos a gobernar con toda responsabilidad”, subrayó Lupo. Además, denunció que en 20 años se “saqueó la patria” a través de acciones como el contrabando de carburantes.

“Saquearon nuestra patria y, muchas veces hay que decirlo, con la complicidad de funcionarios, malos funcionarios y malos dirigentes. Se entregaron empresas y se crearon empresas simplemente para poder robar al país”, añadió el ministro.

Un llamado a la honestidad

El ministro Lupo hizo un llamado a dialogar con honestidad y buena fe, evitando cualquier tipo de violencia durante el proceso de diálogo.

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Marcha y cabildo programados

Mario Argollo, el máximo ejecutivo de la COB, explicó que la jornada del lunes no se limitará solo a la reunión con las autoridades. El sector planea llevar a cabo una marcha masiva que contará con la participación de delegaciones de todos los departamentos del país. Esta marcha culminará en un gran cabildo.

Argollo detalló: “Una vez culminando nuestra marcha, vamos a tener un gran cabildo y después vamos a asistir a la invitación del gobierno”. Con esta estrategia, la dirigencia busca llegar a la mesa de negociación con el respaldo de las bases que se expresarán en las calles.

Exigencias de la COB

La posición de la COB sigue siendo clara: exigen la abrogación del Decreto 5503, que está relacionado con el ajuste económico y el retiro de subvenciones. Sin embargo, Argollo mostró cierta apertura al mencionar que están dispuestos a “construir un nuevo decreto, pero con la participación de todos los actores del país”.

Medidas de presión futuras

En cuanto a las medidas de presión, el dirigente aclaró que aún no se han definido por estrategia, pero no se descartan como posibles acciones futuras. Las protestas continuarán incluso durante las fiestas, por lo que Argollo pidió al Gobierno que “sensibilizarse” con las familias de los marchistas.

Reunión con el Gobierno

Por su parte, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, René Flores, reiteró que la invitación oficial es para el lunes a las 11:00 horas en la Casa Grande del Pueblo. Esta reunión contará con la presencia de miembros del gabinete ministerial, quienes abordarán técnicamente el conflicto que ha marcado el cierre del año 2025.

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Los choferes asalariados han decidido paralizar los vehículos que operan en las fronteras de Pisiga, Tambo Quemado, Colchane y Desaguadero. Además, llevarán a cabo el cierre de terminales como parte de sus actos de protesta en contra del Decreto Supremo 5503.

Estado de emergencia

El sector de choferes se declara en estado de emergencia y respalda las movilizaciones de la COB. Esta organización ha estado realizando marchas y ha instalado piquetes de huelga de hambre en la ciudad de La Paz desde hace una semana.

Demandas al Gobierno

Mediante un pronunciamiento, los choferes han señalado que el decreto no fue consensuado ni socializado con las organizaciones sociales. Por lo tanto, exigen al Gobierno que preste atención para resolver sus demandas.

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Eduardo Ferrufino, secretario general de la COB, afirmó que continuarán con las medidas de presión, argumentando que estas son protestas “reivindicativas”. Esto se debe a la falta de acuerdo con el Gobierno respecto al decreto que elimina la subvención de hidrocarburos.

“Queremos aclarar que estas marchas de protesta y huelgas que se están incorporando se realizan de manera escalonada. No son de carácter político, son reivindicativas. Estamos cumpliendo lo que se determinó en los ampliados de la COB con todas las federaciones, confederaciones, organizaciones afiliadas y no afiliadas”, indicó Ferrufino.

Piquetes de huelga

En total, son 7 personas las que han decidido llevar a cabo esta medida de presión. Los piquetes de huelga de hambre se han instalado en tres lugares: la sede de la COB, la Casa Social del Maestro, impulsada por el Magisterio Urbano, y en la Federación de Mineros, según el reporte de Unitel.

El dirigente también anunció que seguirán realizando marchas en las calles del centro de La Paz. Además, se llevará a cabo un ampliado para informar sobre el progreso de las protestas y las próximas acciones que se tomarán.

Movilizaciones a nivel nacional

Recientemente, durante un ampliado nacional que tuvo lugar en la Federación Departamental de Mineros en La Paz, justo en el feriado de Navidad, la COB decidió continuar con las movilizaciones en cada departamento, con el objetivo de que estas se realicen a nivel nacional.

Posición del Gobierno

Desde el Gobierno, se ha indicado que el DS 5503 no será modificado, aunque se ha mencionado que se pueden considerar mejoras al mismo.

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Mientras los líderes sindicales anunciaron que intensificarán sus estrategias de lucha, el Gobierno respondió con un llamado a la unidad y la pacificación, asegurando que no detendrán sus esfuerzos para sacar al país de la crisis económica.

Convocatoria de trabajadores mineros

A pesar de que la convocatoria fue menor en comparación con días anteriores, la marcha de este sábado tuvo una destacada presencia de los trabajadores mineros del sector estatal. Este sector se manifiesta específicamente en contra de la decisión del Gobierno de eliminar la subvención a los combustibles, una medida que se encuentra en el cuestionado decreto y que califican de “inconstitucional”.

Advertencia de los líderes sindicales

Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación de Mineros, fue claro al afirmar que las medidas de presión no cesarán. “En los próximos días asumiremos nuevas estrategias de lucha hasta que el Gobierno escuche el pedido de la clase trabajadora”, advirtió el dirigente ante la negativa del Gobierno de abrogar la norma.

Respuesta del Gobierno

En respuesta a las movilizaciones, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, emitió un mensaje oficial en el que reafirmó la postura del presidente Rodrigo Paz. Lupo sostuvo que, para superar la situación económica actual, es “indispensable” abandonar los bloqueos y la confrontación.

“Seguiremos trabajando para sacar a Bolivia de la crisis; pedimos mantener la esperanza y avanzar hacia una cultura de diálogo y convivencia pacífica”, manifestó el ministro, instando a los sectores sociales a no perjudicar a las familias bolivianas durante las celebraciones de fin de año.

Impacto del decreto en la población

Como parte de su estrategia comunicacional, los manifestantes de la COB pidieron a la ciudadanía que analice los 121 artículos que componen el Decreto Supremo 5503. Con esta medida, los sindicatos buscan justificar las molestias causadas por las marchas, argumentando que el impacto del decreto en el costo de vida afectará a toda la población y no solo al sector obrero.

Por su parte, el Gobierno mantiene su postura de que la norma es necesaria para la estabilidad financiera del país, creando un escenario de tensión que parece no tener una solución a corto plazo antes de que finalice el año.

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Pachacute afirmó que “este decreto supremo está incomodando a muchos sectores”. Resaltó la necesidad de establecer mesas de diálogo antes de tomar decisiones que afecten a la población de esta manera.

La senadora también comentó que ha mantenido conversaciones con varios sectores que están dispuestos a informarse sobre el contenido del decreto. Sin embargo, advirtió que “la Central Obrera Boliviana (COB) es la que está persistiendo con sus movilizaciones”.

Posibilidad de abrogación del decreto

En relación a la posibilidad de abrogar el decreto, Pachacute indicó: “Yo he solicitado la suspensión y que se deje sin efecto”. Aclaró que es complicado derogar un decreto y sugirió que se suspenda hasta que se realice una socialización adecuada con los distintos sectores involucrados.

Además, la senadora destacó que en la ciudad de El Alto hay tarifas que no están siendo controladas de manera adecuada, lo que genera preocupación entre los ciudadanos.

Urgencia en la designación de vocales

Otro tema que abordó la senadora fue la necesidad urgente de designar vocales para los tribunales en La Paz y Chuquisaca, especialmente tras el receso parlamentario. En este contexto, mencionó que proyectos como la ley hidrocarburífera deben ser tratados con rapidez al regreso del receso.

Elecciones judiciales complementarias

Respecto a las elecciones judiciales complementarias, Pachacute expresó su expectativa de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre cómo resolver más de 1,700 casos que se encuentran estancados. Advirtió que se aproxima una crisis judicial debido a la falta de magistrados disponibles para atender los casos pendientes.

Denuncia contra Edmand Lara

Finalmente, la senadora se refirió a la denuncia realizada contra Edmand Lara, quien fue acusado de recibir juguetes de un traficante de oro chino. Pachacute enfatizó que “nosotros, como autoridades, no podemos recibir dádivas de ninguna índole”.

/LA PATRIA

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Ante la negativa de permitir el paso, ambos bandos comenzaron una pelea violenta, utilizando piedras, petardos y otros objetos contundentes como armas.

Rechazo al decreto 5503

Curiosamente, ambos sectores comparten el rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los carburantes. Sin embargo, la tensión se desató debido a las diferencias en sus medidas de presión.

Mientras los comunarios mantienen un bloqueo absoluto de la ruta interdepartamental, los mineros cooperativistas habían acordado un cuarto intermedio tras establecer mesas de trabajo con el Ejecutivo Nacional.

Heridos y peligrosidad en el lugar

Hasta el cierre de este reporte, no se ha confirmado el número exacto de heridos. Sin embargo, las imágenes captadas por transeúntes muestran que la situación en el lugar es altamente peligrosa.

Los mineros cooperativistas se retiraron de la Plaza Murillo la noche del lunes, luego de alcanzar un preacuerdo con el Gobierno, pero continúan rechazando la norma.

Exigen abrogación del decreto

Los mineros exigen la abrogación inmediata del decreto y desestiman los acercamientos de otros sectores con el Estado. La dirigencia de los cooperativistas ha informado que están evaluando la propuesta presentada por el Presidente Rodrigo Paz, quien se comprometió a discutir el decreto en mesas técnicas sectoriales.

Fragmentación de sectores sociales

No obstante, este choque en las carreteras pone de manifiesto la fragmentación de los sectores sociales y la dificultad para garantizar la libre transitabilidad, incluso cuando existen acercamientos con las autoridades centrales.

La carretera Oruro-Potosí se encuentra bajo una tensa calma, con la vía obstruida y la presencia de grupos civiles que mantienen una actitud de confrontación.

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El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó que esta decisión fue asumida después de que no se concretara la reunión convocada por el Gobierno en la Casa Grande del Pueblo. Según Argollo, los trabajadores esperaron “en vano” ser recibidos por las autoridades. El dirigente expresó su molestia por la falta de atención del Ejecutivo y sostuvo que el Decreto 5503 es perjudicial para los trabajadores, por lo que la lucha continuará hasta lograr su abrogación.

Movilizaciones en todo el país

Desde las primeras horas del lunes 22 de diciembre, las movilizaciones impulsadas por la COB colapsaron el centro de La Paz y se replicaron en distintas regiones del país. Las bases sindicales han advertido que no retrocederán “ni un milímetro” mientras no existan acuerdos o consensos con el Gobierno. Ayer por la noche, las protestas continuaban y se registraban al menos 11 puntos de bloqueo en 6 departamentos del país, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Entre las rutas afectadas se encuentran Trinidad–Puente San Pablo y Sucre–Potosí–Tarija, además de vías en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. En El Alto, los vecinos de la zona Ballivián bloquearon los accesos hacia La Paz. Algunos sectores, como la Asociación de Transporte Libre (ATL), levantaron momentáneamente sus medidas a la espera de un diálogo con el Gobierno.

Posición del Gobierno

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, ratificó que el Decreto 5503 no será derogado, aunque señaló que puede ser ajustado. “El decreto no se elimina, no se deroga, pero se puede mejorar”, afirmó. Este decreto establece nuevos precios para los combustibles: gasolina especial a Bs 6,96 por litro, diésel a Bs 9,80 y gasolina premium a Bs 11,00.

Acuerdo con cooperativas mineras

En paralelo, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), garantizando el abastecimiento de combustibles en el marco del Decreto 5503. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, propuso la creación de un fondo solidario con aportes de instituciones públicas y otros actores para apoyar a los sectores más vulnerables ante el impacto social del alza de los combustibles y el incremento de precios en productos básicos y transporte.

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Acuerdo sobre el combustible

El punto central del documento establece que el Estado se compromete a garantizar el abastecimiento continuo de combustible para el sector productivo minero. Esto asegura que la vigencia del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los hidrocarburos, no detenga las operaciones de las cooperativas.

Cambios en la cadena de suministros

Más allá de la crisis energética, el acuerdo incluye cambios significativos en la cadena de suministros mineros. El Ejecutivo se comprometió a aumentar la capacidad de la Empresa Nacional de Explosivos. Además, en un giro importante, se anunció la apertura del mercado para permitir que otras empresas puedan comercializar este material.

Esta medida no solo busca satisfacer la demanda de las federaciones departamentales, sino también facilitar la importación de nuevas tecnologías internacionales que modernicen la producción minera.

Propuesta de ley corta

Uno de los avances más destacados del acuerdo es la propuesta de una “ley corta” que modifica el artículo 151 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Esta reforma permitiría legalmente la asociación entre cooperativas mineras y empresas privadas, con el objetivo de fortalecer las inversiones y la inyección de capital en el sector.

Además, el Gobierno aceptó estudiar la posibilidad de abrir la exportación directa de minerales para los cooperativistas.

Comisión permanente de trabajo

Para asegurar que el acuerdo no se detenga, se decidió conformar una comisión permanente de trabajo. Esta comisión comenzará sus actividades el lunes 29 de diciembre de 2025 en la Casa Grande del Pueblo, con la participación del presidente Paz y sus ministros de Estado.

Compromiso con la canasta familiar

Ante las preocupaciones sociales, el Ejecutivo también incluyó un compromiso para controlar el aumento de precios en la canasta familiar. Esto busca frenar el efecto inflacionario que las nuevas tarifas de combustible podrían generar en la población en general.

Contexto de la movilización

La firma del acta se produjo después de que miles de mineros federados marcharan desde El Alto hacia el centro de La Paz. Los mineros permanecieron en movilización desde la mañana hasta las 18:00 horas.

Aunque el documento ya fue firmado por el ejecutivo de Fencomin, Richard Cari Cari, el vicepresidente del sector, Federico Escobar, aclaró que el acuerdo está sujeto a un proceso de socialización y ratificación por parte de las federaciones departamentales y regionales en las próximas horas.

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Declaraciones del líder de la COB

La postura fue comunicada por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Arroyo, quien ofreció un discurso cerca de la plaza Murillo, que está protegida por barricadas de policías. “Vamos a cercar todo lo que es la plaza Murillo para generar presión y que, de una vez por todas, el Gobierno se toque el pecho y abrogue este maldito Decreto 5503”, expresó el dirigente.

Reunión con el Gobierno

Arroyo mencionó que han recibido la invitación del Gobierno, pero aseguró que la dirigencia no actuará sin consultar a las bases. Afirmó que se discutirá el tema en una reunión ampliada con federaciones y regionales para tomar una decisión informada.

Paro general indefinido

La COB se encuentra en un paro general indefinido en contra del Decreto 5503, ya que considera que este afecta a los sectores más vulnerables y entrega los recursos naturales del país a intereses ajenos. Su ejecutivo destacó que hay quienes no se están dando cuenta de las implicaciones de esta medida.

Reacciones de la ciudadanía

Durante la marcha, los afiliados a la Central Obrera también enfrentaron rechazo y críticas de varios ciudadanos que defienden el Decreto 5503. Esta situación ha generado un ambiente de tensión en las calles de la ciudad.

Críticas al Presidente

El dirigente también criticó la actitud del Presidente Rodrigo, argumentando que este pidió el voto a los sectores más empobrecidos “y lo primero que hace es actuar en contra de ellos y para los millonarios”. Esta declaración resalta la frustración de la COB hacia las políticas del Gobierno actual.

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Morales se pronunció para aclarar que está completamente de acuerdo con el Decreto. Esto desmiente rumores que circulaban en redes sociales, donde se le señalaba de una supuesta ruptura con el Gobierno, según informó Erbol.

“Tengo datos incluso de que el 70% o más del 70% de los bolivianos está de acuerdo. Sí o sí tenía que hacerse, porque no hay otra salida. No hay otra forma de hacer. No sé si alguien en este momento puede decir: ‘esto es la fórmula y así hubiéramos hecho’. No existe”, expresó el Ministro.

Reconoció que ha faltado socializar la norma, pero invitó a los sectores a acercarse a su ministerio u otras reparticiones para entablar un diálogo.

Además, el ministro cuestionó que ahora reclamen algunos dirigentes que nunca dijeron nada durante 20 años de los anteriores gobiernos.

“Lamentablemente, los anteriores gobiernos han mantenido al pueblo boliviano en esta forma y nosotros tenemos que actuar y hacer responsablemente estas medidas”, manifestó.

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Un representante de los fabriles explicó que “el paro se ha decretado a través de un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, justamente en rechazo a las medidas que se han asumido con el decreto supremo 5503. Primero, el decreto no ha sido socializado con ninguna organización a nivel nacional, no se ha convocado a las autoridades sindicales para poder dialogar acerca de este asunto”.

Impacto en la economía

La preocupación de los fabriles no se limita al tema del combustible. También están alarmados por el impacto que esta medida tiene en la economía, ya que los precios de productos y el transporte han aumentado tras el anuncio del decreto, según reportó Unitel. “Nuestra preocupación es igual que el resto de la población boliviana, el efecto que tiene el tema de levantar la subvención de los hidrocarburos en la economía de la población boliviana, tanto en los alimentos como en el transporte, el efecto directo que tiene”, afirmó el representante.

Regulación necesaria

El mismo representante añadió que “ningún sector en el país está en contra de levantar progresivamente la subvención a los hidrocarburos”; sin embargo, consideran que debe haber una regulación para evitar un efecto en cadena que perjudique aún más a la población.

Bloqueos en la vía

Los fabriles han cortado el acceso a esta importante vía utilizando llantas, ramas y otros objetos para impedir el paso de los vehículos en este sector. Las medidas de presión no se limitan a Cochabamba, ya que se están llevando a cabo en diferentes partes del país.

Movilizaciones en otras ciudades

En la ciudad de La Paz, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) ha convocado a una marcha nacional del cooperativismo este lunes 22 de diciembre en rechazo al DS 5503. Además, otro sector que también se encuentra movilizado en Cochabamba es el del transporte libre, que está bloqueando en varios puntos de la capital valluna.

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Punto de encuentro

El lugar de encuentro para los participantes será el Multifuncional de El Alto, ubicado en la Avenida Naciones Unidas, a las 09:00 horas. Según el instructivo emitido por la COB, la asistencia es obligatoria para las Confederaciones, Federaciones Nacionales, la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

Convocatoria y disciplina

El documento difundido por la COB establece que las organizaciones convocadas deben asistir con la totalidad de sus bases. Se espera que los participantes garanticen una presencia disciplinada y combativa, en línea con los principios históricos del Movimiento Obrero boliviano. Esta movilización se lleva a cabo tras la decisión del ente matriz de declarar un paro indefinido hace unos días.

Impacto del Decreto 5503

La COB argumenta que el Decreto 5503 provoca un efecto inflacionario que afecta el costo de vida de las familias bolivianas. A pesar de las medidas de presión que están llevando a cabo, la dirigencia liderada por Juan Carlos Huarachi ha manifestado que no hay intransigencia. Además, han mostrado disposición para abrir una ventana a la negociación.

No obstante, han dejado en claro que cualquier medida económica debe ser consensuada con los sectores sociales y no impuesta de manera unilateral.

Expectativas de la movilización

Se anticipa que la columna de manifestantes descienda por la Autopista La Paz-El Alto, lo que podría provocar un colapso en el tráfico vehicular entre ambas ciudades. La COB ha solicitado a sus afiliados que porten pancartas y banderas con consignas unitarias, con el fin de demostrar la “fuerza orgánica” del movimiento ante el Ejecutivo.

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La propuesta, planteada por el senador Wilder Veliz (PDC), no logró obtener el respaldo de los 2/3 de los presentes, dejando la norma que elimina la subvención a los combustibles sin freno legislativo inmediato.

Retraso en la sesión

La sesión plenaria, que originalmente debía iniciar a las 09:00 horas, sufrió un retraso de más de 2 horas debido a los bloqueos protagonizados por sindicatos de transporte público en las principales avenidas de La Paz y El Alto.

Varios legisladores reportaron serias dificultades para llegar al hemiciclo en la Plaza Murillo, lo que obligó a postergar el inicio del debate hasta las 11:30 horas.

Decisión del presidente de la Asamblea

“Al no existir los 2/3, se rechaza la modificación del orden del día y continuamos con la presente sesión”, sentenció el presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, tras la votación que sepultó la iniciativa opositora y retomó la agenda establecida por la directiva.

Obligación de elegir nuevos vocales

Pese al conflicto por los hidrocarburos, la Asamblea tiene la obligación urgente de elegir a 6 de los 7 nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El tiempo es un factor crítico, ya que el mandato de las actuales autoridades electorales expira este sábado y sus sucesores deben jurar al cargo de inmediato para evitar una acefalía en el órgano electoral.

Cabe recordar que el séptimo vocal será designado directamente por el presidente Rodrigo Paz.

Contexto de alta conflictividad social

El rechazo legislativo ocurre en un contexto de alta conflictividad social. El Decreto 5503, que fija nuevos precios para la gasolina y el diésel, ha generado protestas masivas en el eje central del país (La Paz, El Alto y Santa Cruz).

Mientras el transporte exige la abrogación total de la medida, el Gobierno defiende la eliminación de la subvención como una política “necesaria e irreversible” para combatir el contrabando de combustible.

No obstante, el bloqueo parlamentario de hoy refuerza la vigencia de la norma, dejando la solución del conflicto en manos del diálogo directo entre el Ejecutivo y los sectores movilizados.

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