La Ley 157, que busca autorizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrarias a medianas o empresariales, generó un intenso debate en el Legislativo. Durante toda la semana, las opiniones entre quienes apoyan y critican esta medida marcaron la agenda legislativa.

Oposición de Alianza Popular

La diputada Claudia Herbas afirmó que la iniciativa fue aprobada de manera inconstitucional. Por lo tanto, anunció que desde la bancada de Alianza Popular (AP) no permitirán que se promulgue esta ley, ya que, según su criterio, se está violando la inembargabilidad de la tierra normada en la Constitución.

Herbas llamó a conformar un frente amplio para evitar la ejecución de esta ley. “Hacemos un llamado a las federaciones de campesinos, fundaciones y ONG que trabajan en el tema de tierras porque tenemos todos los argumentos constitucionales para saber que esta tierra no puede ser embargada”, manifestó.

Argumentos en contra de la ley

Por su parte, Basilia Cruz, otra diputada de la misma alianza política, aseguró que todos los sectores que conocen la estructura orgánica de los pueblos indígenas están en emergencia. Esto se debe a que la ley no fue socializada adecuadamente. En este sentido, anunció que se presentará un recurso de inconstitucionalidad para frenar la promulgación de la normativa.

Cruz expresó su preocupación al señalar que se presenta esta ley con el argumento de que el “campesino se supere” con más opciones para préstamos bancarios. Sin embargo, aseguró que cuando un productor tiene su tierra saneada y con derecho propietario, no enfrenta dificultades para obtener un préstamo. “Mi familia ha podido sacar préstamos con ese título. El campesino no es pobre; pobre es el flojo y nosotros los campesinos no esperamos este proyecto de ley para mejorar nuestras vidas”, declaró Cruz.

Cruz enfatizó que la Ley 157 todavía no tiene reglamentación y que su promulgación no es viable. Por lo tanto, pidió que representantes de todas las organizaciones sean incluidos en este proceso para tratar de lograr un consenso.

Defensa de la ley por parte del senador Marinkovic

No obstante, el senador Branko Marinkovic aseguró que esta ley no afecta en nada a la tierra comunitaria. Además, atribuyó el descontento de varios sectores a la desinformación promovida por varias ONG. “Están haciendo daño, están desinformando y asustando diciendo que se les va a quitar las tierras. Es una ley voluntaria”, recalcó el parlamentario.

Marinkovic argumentó que esta supuesta desinformación busca mantener “la esclavitud del campesinado boliviano”. Afirmó que esta ley busca liberarlos y destacó que quien tiene su tierra a su nombre puede hacer lo que quiera con ella. Finalmente, criticó el rechazo a la Ley 157 al considerar que pretende mostrar al campesino como “estúpido”. “Me parece una barbaridad y un insulto al campesinado”, concluyó Marinkovic.

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Rafael López, jefe de bancada de Libre, rechazó las críticas que sugieren una intención de retrasar los comicios. Afirmó que su organización política está a favor de realizar las elecciones en marzo, aunque se opone a cualquier imposición del bloque mayoritario.

López también destacó que la discusión actual no implica una prórroga de las autoridades. Aseguró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la capacidad de hacer ajustes al calendario electoral sin que esto afecte la fecha prevista para las elecciones.

Además, el jefe de bancada indicó que su grupo busca evitar la exclusión de nuevas agrupaciones ciudadanas. Reiteró la importancia de respetar la participación de actores emergentes en el proceso electoral.

Críticas a la aprobación de la norma

La diputada de Libre, Lissa Claros, criticó al PDC y Unidad por su apoyo a la aprobación de la norma que permitiría la realización de las elecciones subnacionales. “Hay una mano negra, hay una terquedad de no querer dejar participar a más de 40 agrupaciones ciudadanas de manera libre. No quieren competencia, quieren someter a nuevos liderazgos”, expresó.

Defensa de la institucionalidad

Por su parte, el diputado del PDC, Alejandro Medinaceli, argumentó que el enfoque principal debe ser la preservación de la institucionalidad y el cumplimiento de la normativa vigente. Explicó que el proyecto de ley fue presentado por el Órgano Electoral y que la ley actual exige que las organizaciones políticas cumplan con ciertos requisitos con 120 días de anticipación.

Medinaceli también advirtió que cualquier modificación al texto aprobado en el Senado obligaría a devolverlo a esa instancia, lo que podría afectar el cronograma electoral. Destacó que, por primera vez en años, se está llevando a cabo un debate parlamentario sin agresiones y con una deliberación entre mayorías y minorías.

Presión por el tiempo

Desde la Alianza Unidad, la senadora Soledad Chapetón subrayó que la población se opone a la ampliación de mandatos. Además, mencionó que hay una presión significativa por el tiempo, ya que la anterior legislatura no abordó la normativa electoral a tiempo.

Chapetón indicó que la ley vigente obliga a los partidos a cumplir con los plazos establecidos con anticipación. Aseguró que no corresponde realizar cambios para beneficiar a organizaciones que no han completado sus trámites.

Advirtió que si el tratamiento de la ley sigue retrasándose, la convocatoria podría quedar fuera de los 120 días exigidos, lo que aumentaría el riesgo de una prórroga institucional.

Estado del tratamiento legislativo

El martes 18 de noviembre, la Cámara Baja decidió declarar en cuarto intermedio el tratamiento de las elecciones subnacionales. Los parlamentarios informaron que la sesión se reanudará este miércoles 19 de noviembre de 2025.

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Las declaraciones de ambos diputados se producen tras la convocatoria del vicepresidente David Choquehuanca para una sesión que tiene como objetivo tratar la designación de la comisión para el receso parlamentario, que comenzará el miércoles 18 de diciembre y finalizará el 2 de enero. Mientras tanto, el PGE 2025 aún no ha sido debatido.

Necesidad de un debate

López enfatizó la importancia de discutir el PGE 2025 artículo por artículo, ya que considera que muchas de las disposiciones incluidas en el presupuesto solo benefician a los intereses del Gobierno de Luis Arce y a algunos de sus ministros.

“Yo creo que si esto no se lleva a cabo, ellos irán al receso, como sucedió en 2024, y afirmarán que están cumpliendo con la condición política del Estado. Es probable que el 30 de diciembre lo aprueben bajo decreto. A eso están apuntando”, afirmó.

Artículos cuestionados

Por su parte, Cabezas indicó que el PGE 2025 contiene artículos que no deberían formar parte de un presupuesto general del Estado y que deberían ser discutidos a través de leyes específicas. Mencionó que el artículo 13 prevé endeudar al Estado con 3,000 millones de dólares, pero el Gobierno no ha especificado qué organismos internacionales están involucrados ni las condiciones de interés.

Además, destacó el artículo 14, que contempla un monto de 1,000 millones de dólares, el artículo 15 con 400 millones de dólares y el artículo 16 que propone 222 millones de bolivianos.

“No sabemos de qué organismos internacionales proviene este dinero, ni el tipo de interés que se nos está ofreciendo. No está claro dónde se utilizará ese dinero ni qué se hará con él. Podría tratarse de una deuda interna, ya que el Gobierno no tiene ni siquiera los recursos para pagar los aguinaldos”, argumentó.

Riesgo para las reservas

También cuestionó el artículo 19, que sugiere “hipotecar” las 22 toneladas de oro restantes del país, advirtiendo que esto podría poner en riesgo las reservas internacionales de Bolivia.

Además, Cabezas criticó al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, por no convocar a sesiones oportunas para discutir el PGE, lo que podría resultar en su aprobación sin un debate adecuado. Afirmó que esta maniobra busca ocultar la verdadera situación económica del país y evitar la rendición de cuentas.

Estrategia política oculta

“En el fondo, hay una estrategia política. Lo que quieren es destruir toda la economía del país, el modelo económico y el comunitario productivo. Lo que buscan en Bolivia es generar un caos social, provocando enfrentamientos entre bolivianos, para luego argumentar que necesitamos un nuevo pacto social, un nuevo contrato social y una nueva Constitución Política del Estado”, declaró.

Finalmente, adelantó que la sesión programada para este martes será solo un espectáculo y que no se formará ninguna comisión, ya que varios parlamentarios ya han manifestado que no aceptarán ir a un receso sin antes discutir el PGE 2025.

La entrada Diputados del MAS advierten sobre intento de aprobar el PGE 2025 por decreto se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Las declaraciones de ambos diputados se producen tras la convocatoria del vicepresidente David Choquehuanca para una sesión que tiene como objetivo tratar la designación de la comisión para el receso parlamentario, que comenzará el miércoles 18 de diciembre y finalizará el 2 de enero. Mientras tanto, el PGE 2025 aún no ha sido debatido.

Necesidad de un debate

López enfatizó la importancia de discutir el PGE 2025 artículo por artículo, ya que considera que muchas de las disposiciones incluidas en el presupuesto solo benefician a los intereses del Gobierno de Luis Arce y a algunos de sus ministros.

“Yo creo que si esto no se lleva a cabo, ellos irán al receso, como sucedió en 2024, y afirmarán que están cumpliendo con la condición política del Estado. Es probable que el 30 de diciembre lo aprueben bajo decreto. A eso están apuntando”, afirmó.

Artículos cuestionados

Por su parte, Cabezas indicó que el PGE 2025 contiene artículos que no deberían formar parte de un presupuesto general del Estado y que deberían ser discutidos a través de leyes específicas. Mencionó que el artículo 13 prevé endeudar al Estado con 3,000 millones de dólares, pero el Gobierno no ha especificado qué organismos internacionales están involucrados ni las condiciones de interés.

Además, destacó el artículo 14, que contempla un monto de 1,000 millones de dólares, el artículo 15 con 400 millones de dólares y el artículo 16 que propone 222 millones de bolivianos.

“No sabemos de qué organismos internacionales proviene este dinero, ni el tipo de interés que se nos está ofreciendo. No está claro dónde se utilizará ese dinero ni qué se hará con él. Podría tratarse de una deuda interna, ya que el Gobierno no tiene ni siquiera los recursos para pagar los aguinaldos”, argumentó.

Riesgo para las reservas

También cuestionó el artículo 19, que sugiere “hipotecar” las 22 toneladas de oro restantes del país, advirtiendo que esto podría poner en riesgo las reservas internacionales de Bolivia.

Además, Cabezas criticó al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, por no convocar a sesiones oportunas para discutir el PGE, lo que podría resultar en su aprobación sin un debate adecuado. Afirmó que esta maniobra busca ocultar la verdadera situación económica del país y evitar la rendición de cuentas.

Estrategia política oculta

“En el fondo, hay una estrategia política. Lo que quieren es destruir toda la economía del país, el modelo económico y el comunitario productivo. Lo que buscan en Bolivia es generar un caos social, provocando enfrentamientos entre bolivianos, para luego argumentar que necesitamos un nuevo pacto social, un nuevo contrato social y una nueva Constitución Política del Estado”, declaró.

Finalmente, adelantó que la sesión programada para este martes será solo un espectáculo y que no se formará ninguna comisión, ya que varios parlamentarios ya han manifestado que no aceptarán ir a un receso sin antes discutir el PGE 2025.

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El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, expresó su preocupación por la situación complicada que atraviesa el país y la falta de capacidad para llevar a cabo una elección judicial. Sin embargo, espera que el encuentro del TSE arroje buenos resultados.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, sostiene que el TSE tiene la responsabilidad de llevar a cabo los procesos electorales cumpliendo con todos los lineamientos, incluyendo la realización de solo una elección por año. Por tanto, propone analizar la opción de eliminar las elecciones primarias.

En contraste, el diputado del MAS, Delfort Burgos, considera que es perfectamente posible realizar las elecciones judiciales, primarias y generales el próximo año. Según él, todo depende de que los legisladores se pongan de acuerdo para viabilizar los comicios judiciales, que son la prioridad en este momento.

La postura sobre las elecciones primarias

Delfort Burgos asegura que el TSE solo necesita imprimir las papeletas, ya que los demás insumos ya están disponibles. Por lo tanto, no ve razón para eliminar ninguno de los tres comicios. Sin embargo, enfatiza en que las elecciones primarias deben ser abiertas y no solo para militantes.

La entrada Encuentro multipartidario del TSE reaviva debate sobre la eliminación de elecciones primarias se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, expresó su preocupación por la situación complicada que atraviesa el país y la falta de capacidad para llevar a cabo una elección judicial. Sin embargo, espera que el encuentro del TSE arroje buenos resultados.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, sostiene que el TSE tiene la responsabilidad de llevar a cabo los procesos electorales cumpliendo con todos los lineamientos, incluyendo la realización de solo una elección por año. Por tanto, propone analizar la opción de eliminar las elecciones primarias.

En contraste, el diputado del MAS, Delfort Burgos, considera que es perfectamente posible realizar las elecciones judiciales, primarias y generales el próximo año. Según él, todo depende de que los legisladores se pongan de acuerdo para viabilizar los comicios judiciales, que son la prioridad en este momento.

La postura sobre las elecciones primarias

Delfort Burgos asegura que el TSE solo necesita imprimir las papeletas, ya que los demás insumos ya están disponibles. Por lo tanto, no ve razón para eliminar ninguno de los tres comicios. Sin embargo, enfatiza en que las elecciones primarias deben ser abiertas y no solo para militantes.

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