Exigen renuncia de Edmand Lara en medio de crisis política

El Comité Pro Intereses de Tarija exige la renuncia de Edmand Lara, vicepresidente del país, debido a su oposición a la aprobación del estado de excepción en la última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Fundamentos de la solicitud

Esta solicitud se basa en la necesidad de que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio y un pliego acusatorio contra Lara. El senador de la Alianza Libre, Rolando Vacaflor, respaldó esta posición al afirmar que el vicepresidente debe dimitir por apoyar las movilizaciones y ser funcional a los narcoterroristas del Chapare cochabambino.

Investigación solicitada

Vacaflor consideró que la Fiscalía General del Estado debe investigar si existen indicios razonables de que la conducta de Lara constituye un delito. En lugar de solidarizarse con los policías en las acciones de desbloqueo de las vías, el vicepresidente prefirió visitar a los bloqueadores detenidos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, incluso llevándoles comida mientras los transportistas varados sufrían hambre y amenazas de quemar sus vehículos.

Impacto en el Órgano Ejecutivo

La diputada de Alianza Unidad, Marina Cachambi, reafirmó que hace semanas ha solicitado formalmente al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, que proceda con la investigación. El pedido de renuncia impacta directamente en la estabilidad del Órgano Ejecutivo y profundiza la fractura política interna, debilitando así la gobernabilidad del presidente Rodrigo Paz.

Consecuencias de los bloqueos viales

La situación se agrava tras más de 50 días de bloqueos viales que dejaron 16 personas fallecidas. Esta situación eleva el conflicto a un nivel judicial con demandas ante la Fiscalía General por supuesta traición a la patria. Además, el cuestionamiento a su repentina descompensación médica durante el tratamiento del Estado de Excepción socava su legitimidad institucional.

Argumentos del Comité Pro Intereses

El Comité Pro Intereses de Tarija, liderado por Jesús Gira, fundamenta su pedido argumentando que Lara no cumple con su mandato constitucional y ha adoptado una postura de inacción ante la crisis política y social que atraviesa Bolivia. Gira acusó a Lara de “hacer el papel de Pilato” y deslindarse de sus responsabilidades institucionales en momentos críticos.

Causas del distanciamiento político

• Ruptura prematura: Lara se distanció del presidente Paz antes de su posesión el 8 de noviembre de 2025.
• Acusaciones internas: Desde la Vicepresidencia, Lara calificó a Paz de “corrupto” y lo acusó de rodearse de ministros incapaces.
• Apoyo a movilizaciones: Durante las protestas, Lara respaldó abiertamente las medidas de presión.
• Oposición a la Ley Antibloqueos: Rechazó un proyecto destinado a penalizar la toma de carreteras.

Crisis del Estado de Excepción

Lara convocó a mesas de diálogo en su oficina, exigiendo al presidente que deponga las órdenes de aprehensión fiscales contra los dirigentes de las protestas. La polémica del Estado de Excepción incluye una convocatoria forzada y su abandono del hemiciclo legislativo tras manifestar su rechazo al decreto presidencial.

Afirmaciones sobre Edmand Lara

Jesús Gira afirmó: “No está cumpliendo su mandato constitucional. Cuando Bolivia atraviesa una crisis política y social se deslinda de su responsabilidad y hace el papel de Pilato. Debe renunciar”. Por su parte, Marina Cachambi declaró: “El señor Lara está involucrado y es una de las personas que estaba promoviendo las movilizaciones. Incluso ha pactado con el MAS para lograr ser presidente.”

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Crisis política en Bolivia y la exigencia de un estado de excepción

El 20 de junio, en Santa Cruz, Bolivia, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lanzó una dura advertencia al Gobierno. Exigió actuar con “firmeza y sin benevolencia” en la aplicación del estado de excepción. Cochamanidis señaló directamente al expresidente Evo Morales, al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, como los principales responsables de la crisis que azota al país.

Apoyo a la implementación del estado de excepción

Ante el escenario de conflictividad, Cochamanidis manifestó su respaldo a la implementación del estado de excepción. Aseguró que es un mecanismo urgente y necesario para garantizar el libre tránsito y devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Sin embargo, enfatizó que la medida debe aplicarse con rigurosidad.

Exigencias cívicas ante la crisis

Las exigencias cívicas incluyen:

• Cumplimiento estricto de la ley contra los promotores del cerco vial.
• Cero tolerancia o “benevolencia” para quienes intenten oponerse al desbloqueo de las rutas nacionales.
• Restablecimiento inmediato de los derechos constitucionales de la población y liberación de las carreteras del país.

Impacto económico y social

Cochamanidis declaró que, tras más de 50 días de bloqueos sistemáticos que han estrangulado la economía nacional y cobrado vidas humanas, las autoridades judiciales deben procesar a las “cabecillas” de las movilizaciones sin ningún tipo de contemplación. Además, lamentó el impacto destructivo que estas medidas de presión han tenido sobre las familias bolivianas.

Interrogantes a las autoridades

Lanzó duras interrogantes a las autoridades encargadas de impartir justicia: “¿Quién va a ser el responsable de responder por más de 3.000 millones de dólares que se han perdido en el país? ¿Quién va a ser el responsable de las 150.000 pérdidas de empleo en la familia boliviana?”. Definitivamente, los responsables son Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar.

Expectativas sobre pronunciamientos oficiales

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público y las autoridades de Gobierno emitan un pronunciamiento respecto a las demandas del sector cívico y las acciones legales que se tomarán contra los dirigentes señalados.

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Crisis política y social en Bolivia

El exvicepresidente Álvaro García Linera analizó este lunes 15 de junio la crisis política Bolivia, que atraviesa el país, marcada por 46 días de movilizaciones sociales y bloqueos sociales Bolivia. En su evaluación, García Linera centró su atención en el papel determinante que juegan los pueblos indígenas y los sectores campesinos en la estabilidad del país.

Defensa de conquistas sociales

Según el exmandatario, la actual conflictividad refleja una defensa de las conquistas sociales alcanzadas desde 2006. Además, advierte que la gobernabilidad en el país está directamente ligada a la inclusión de estos sectores, a quienes define como la mayoría demográfica y política.

Origen de la crisis

La situación actual se originó tras el triunfo electoral de Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia tras un proceso donde se impuso como opción ante otras alternativas políticas. Sin embargo, García Linera sostiene que, una vez en el cargo, el mandatario cambió su base de apoyo y sus interlocutores. Dejó de lado a los sectores populares que lo eligieron para acercarse a grupos empresariales.

Decisiones gubernamentales y malestar social

Este distanciamiento, sumado a decisiones gubernamentales como el retiro de la subvención a los combustibles, la importación de gasolina con problemas de calidad, la eliminación de impuestos a las grandes fortunas y propuestas de privatización, detonó un malestar social. Este descontento se ha traducido en bloqueos de caminos y protestas constantes en el occidente del país, principalmente en Cochabamba y La Paz.

Perspectivas del conflicto

El análisis del exvicepresidente señala que, aunque las medidas de presión han llegado a un límite debido al agotamiento de la población urbana frente al desabastecimiento de alimentos y la paralización del transporte, el conflicto no concluirá pronto. García Linera plantea que el movimiento social carece actualmente de la adhesión suficiente en las ciudades para lograr la renuncia del Presidente Paz.

Violencia contra la prensa

En cuanto a la situación de la prensa, esta ha sido calificada como un escenario de grave deterioro. Reportes de organismos como Reporteros Sin Fronteras indican que, durante la semana del 12 al 18 de mayo, se produjeron al menos 14 ataques contra trabajadores de medios de comunicación. Estos ataques incluyeron agresiones físicas, daños a equipos y amenazas tanto por parte de manifestantes como de otros actores involucrados.

Respuesta legislativa

En respuesta a esta violencia, el 15 de junio se presentó un proyecto de declaración camaral en la Asamblea Legislativa. Este proyecto fue promovido por la diputada Lili Zurita con el objetivo de rechazar las agresiones contra los periodistas. Además, exige que se garantice la protección de su labor informativa, basándose en el respeto a la libertad de expresión que establece la Constitución.

Lucha por inclusión indígena

Finalmente, García Linera sostiene que esta lucha por el reconocimiento y la inclusión de los pueblos indígenas no es un evento aislado ni una batalla final. Por el contrario, es un proceso cíclico que continuará mientras no se garantice su participación en las decisiones nacionales.

Conclusiones sobre el futuro político

El exvicepresidente enfatiza que, al ser la mayoría de la población y el sector que sostiene la economía mediante su trabajo, cualquier proyecto de país que busque excluirlos carece de viabilidad a largo plazo. Por lo tanto, la disputa por la representación política seguirá siendo el eje central de la dinámica en Bolivia durante los próximos años.

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María Corina Machado respalda al presidente de Bolivia

En medio de una profunda crisis política y social que ya cumple 42 días, la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó este jueves su “firme respaldo” al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y a su Gobierno “legítimamente electo”. A través de un comunicado fechado el 10 de junio y difundido en sus redes sociales, Machado hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para defender el orden constitucional en el país andino.

Apoyo internacional a Rodrigo Paz Pereira

Este respaldo se suma al apoyo internacional que el presidente Paz, quien asumió el cargo hace siete meses, recibió el pasado 5 de junio por parte de los países miembros de Shield of the Americas. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Paraguay. Estos países también condenaron las maniobras de desestabilización, según citó Unitel.

Aumento de la presión interna

La presión interna contra el Ejecutivo boliviano ha ido en aumento. Las movilizaciones y el severo bloqueo de carreteras son impulsados principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari. Estos sectores exigen la renuncia del mandatario. A este bloque se suman organizaciones afines al “evismo”, en un contexto donde el expresidente Evo Morales ha reaparecido en actos públicos desde el Chapare para presionar por la dimisión de Paz.

Consecuencias humanitarias del conflicto

Las consecuencias humanitarias del conflicto ya son críticas, afectando especialmente a la zona andina y las regiones de La Paz y Cochabamba:

• Desabastecimiento: Hay una alarmante escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno hospitalario.
• Víctimas mortales: Entre mayo y junio se han registrado 16 fallecimientos. De ellos, 13 ocurrieron debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna por culpa de los bloqueos. Uno más falleció por un disparo en un operativo policial y dos en circunstancias bajo investigación.

Llamado a la defensa de la democracia

La dirigente condenó enérgicamente “cualquier intento de desconocer el mandato popular” y desestabilizar las instituciones democráticas mediante la confrontación. “Lo que está en juego no es únicamente la estabilidad de un país; la defensa de la democracia en Bolivia es un asunto de seguridad y estabilidad de todo el hemisferio”, advirtió Machado en su pronunciamiento.

Pacto social por la paz

Ante el complejo escenario, la exdiputada instó a los Gobiernos democráticos de las Américas y a los organismos regionales a activar todos los mecanismos políticos y diplomáticos disponibles para proteger la legalidad boliviana. “No puede haber ambigüedad frente a quienes pretenden sustituir el mandato popular a través de la violencia, la coerción o la ruptura institucional”, remarcó antes de anunciar que ella misma acudirá a instancias internacionales en defensa del país.

Iniciativas para encontrar soluciones

Frente a la escalada de violencia, la Iglesia católica boliviana y la Defensoría del Pueblo convocaron este jueves a un “Pacto social por la paz y la reconciliación” con el fin de encontrar soluciones concertadas entre las partes. Por su parte, el Gobierno promulgó esta semana la Ley 1740 para regular los estados de excepción. Sin embargo, las autoridades aseguraron que los canales de diálogo siguen abiertos para resolver un conflicto que amenaza la gobernabilidad de la nación.

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Protestas campesinas en Bolivia

Las protestas campesinas en Bolivia se intensificarán a mitad de semana. Este miércoles 10 de junio, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari convocó a una gran marcha hacia el centro de La Paz. La movilización comenzará a las 08:00 horas, con punto de concentración en el Multifuncional de la Ceja de El Alto.

Movilización masiva desde varias regiones

Delegaciones campesinas provenientes de Cochabamba, Oruro y Potosí llegaron a la ciudad de El Alto. Durante todo el martes, el flujo de manifestantes fue constante. Los primeros contingentes identificados pertenecían a la provincia Chayanta, al norte de Potosí, y a la provincia Carrasco, en Cochabamba. Los movilizados llamaron la atención de los vecinos alteños al ingresar portando cascos tradicionales y palos de madera, según informó Unitel.

Llegada de grupos orureños

Por la tarde, un tercer grupo compuesto por pobladores del municipio orureño de Challapata arribó a la urbe en una flota de aproximadamente diez autobuses. Este sector explicitó que su llegada tiene un tinte netamente político y es una protesta directa contra el Ejecutivo.

Demandas y justificaciones

El comunicado difundido por la dirigencia señala: “Convocamos a todas las centrales, subcentrales, sindicatos agrarios y organizaciones que pertenecen a la Alianza de Unidad a participar de la gran marcha”. Además, uno de los representantes de la delegación de Challapata afirmó: “Nos hemos movilizado con el objetivo de pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, porque consideramos que sus decisiones afectan a nuestros pueblos originarios”.

Crisis política en Bolivia

Esta nueva oleada de protestas se enmarca en una crisis política que ya cumple cuarenta días de movilizaciones continuas. La presión sobre el departamento de La Paz se mantiene alta, tanto política como económicamente. Mientras los sectores movilizados justifican sus medidas, la ciudadanía y diversos sectores urbanos han comenzado a cuestionar con mayor dureza los bloqueos de rutas.

Efectos en el abastecimiento local

Argumentan que la persistencia de las medidas ya está provocando un preocupante desabastecimiento de alimentos y combustibles en los mercados locales. Esta situación genera un clima tenso entre los movilizados y los ciudadanos afectados por las protestas.

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Crisis política en Bolivia: un llamado a la mediación externa

La crisis política y social que mantiene paralizada a una parte del país durante 36 días ha entrado en un punto de inflexión decisivo. Tras el fracaso de los sucesivos intentos de acercamiento promovidos por la Vicepresidencia y la Defensoría del Pueblo, el escenario institucional se traslada ahora a dos frentes paralelos: la presión para viabilizar un último espacio de negociación bajo mediación externa y el tratamiento legislativo de la Ley de Estados de Excepción en la Cámara de Diputados.

Declaraciones de Jorge Tuto Quiroga

En este complejo escenario, las recientes declaraciones del expresidente y líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, exponen una lectura pragmática del conflicto. Al proponer que la Iglesia Católica y la comunidad internacional encabecen una convocatoria de urgencia, el líder político busca agotar la vía diplomática antes de que la crisis derive en una mayor confrontación. Quiroga fijó un límite conceptual claro entre la apertura al consenso y la debilidad gubernamental, según citó Unitel.

Obstáculos para el diálogo

El principal obstáculo para reactivar las mesas de negociación radica en la radicalidad de las demandas de los sectores movilizados, vinculados al bloque “evista”, quienes condicionan cualquier salida a la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las declaraciones de Quiroga reflejan su análisis sobre esta polarización. Él cuestionó severamente la postura del Ejecutivo al insistir en llamados bilaterales que han sido sistemáticamente rechazados por las dirigencias de la Central Obrera Boliviana (COB) y del campesinado de La Paz:

• “Dialogar es una cosa, suplicar es otra. ¿Qué se va a dialogar después de 36 días con gente que solo pide dos cosas: que renuncie el presidente y que no van a dialogar? Esas son sus dos posiciones”.

Llamado a la acción

Ante la pérdida de capacidad de convocatoria del Gobierno, Quiroga insistió en que la Iglesia es la única institución que puede destrabar el cerco. Él imploró un esfuerzo final mientras el Legislativo debate la nueva norma. Asimismo, el exmandatario dirigió duras críticas a la administración de Paz por lo que considera una falta de firmeza en la toma de decisiones tras siete meses de gestión:

• “Hay que gobernar todos los días sin miedo, sin actitudes timoratas, con claridad, y después hay que tener rumbo (…) Si a este Gobierno algo le falta, es rumbo, decisión y claridad”.

Reordenamiento político en el Legislativo

Por otro lado, la sesión parlamentaria programada para este sábado perfila un reordenamiento de fuerzas. La decisión de la bancada opositora de respaldar la Ley de Estados de Excepción responde a una necesidad de preservar el orden constitucional. Quiroga calificó esta situación como una paradoja dentro del mapa político actual:

• “Fíjese la ironía: nosotros ayudando a que se restablezca el orden cuando los que están bloqueando quieren sacar al presidente que pusieron. Estaremos ahí para cumplir con lo que el país requiera”.

Apoyo legislativo y advertencias

Finalmente, desde el plano legislativo, las diputadas de Libre, Cecilia Vargas y Lissa Claros, ratificaron el apoyo unánime de su alianza para garantizar los derechos fundamentales de la población civil afectada por el desabastecimiento. Sin embargo, Claros advirtió que la aprobación no será un cheque en blanco. Ella anunció que convocarán a los ministros de Estado al pleno para que expliquen técnicamente los alcances de la ley. Además sentenció que si no se viabiliza un diálogo en las próximas horas, quedará en evidencia un afán enteramente político en contra de la democracia.

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Legisladores cuestionaron este martes 2 de junio de 2026 que los bloqueadores no habilitaran hasta ahora los corredores humanitarios comprometidos por la Central Obrera Boliviana (COB) durante su ampliado desarrollado el fin de semana.

La diputada Claudia Bilbao recordó que este compromiso no solo surgió desde la COB, sino también desde otros sectores que se comprometieron a dejar pasar combustible y oxígeno.

No obstante, Bilbao criticó que hoy Senkata nuevamente amaneciera bloqueada y no se permitiera el paso de gasolina o diésel. En este sentido, expresó su preocupación por la incapacidad de los dirigentes para hacer cumplir a sus bases lo que definieron en sus ampliados. Según su análisis, tanto los dirigentes sindicales como las autoridades del gobierno no están logrando acercarse a las bases movilizadas.

Demandas de diálogo y pacificación

Por su parte, la diputada Basilia Cruz criticó la supuesta compra de gases lacrimógenos por parte del gobierno. Sin embargo, pidió a los movilizados no dar oportunidad a que se hable mal de ellos. Además, solicitó actuar sin violencia y permitir el paso de ambulancias, oxígeno y medicamentos.

Cruz instó a los movilizados a seguir la determinación del ampliado de la COB y dejar de fomentar una guerra “entre el campo y la ciudad, porque todos son bolivianos”.

Finalmente, pidió a los sectores movilizados acceder al diálogo, ya que no se puede seguir perjudicando a la población. A pesar de esto, aseguró que la bancada Alianza Popular apoya estos movimientos y recalcó que esta crisis se desencadenó porque el gobierno “subestimó el movimiento campesino”.

Exigencias desde el ámbito legislativo

La senadora Ana María Crispín, quien cumple una huelga de hambre exigiendo la pacificación del país mediante el diálogo, manifestó que si fuera parte de las organizaciones sociales cuestionaría personalmente por qué no se han aplicado los corredores humanitarios hasta ahora. No obstante, enfatizó que como legisladora se enfoca en averiguar a dónde llegaron las más de 60 toneladas de alimentos que arribaron desde el exterior.

Durante el fin de semana, la COB anunció que mantenía las medidas de presión, pero instruyó la apertura de corredores humanitarios para ambulancias u oxígenos. En esta jornada, el dirigente cobista Mario Argollo reapareció después de que se suspendiera la orden de aprehensión en su contra y reiteró el pedido de que estos corredores humanitarios se implementen en todos los puntos de bloqueo.

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Evismo se une a la marcha en La Paz

Hoy jueves 21 de mayo de 2026, el evismo anunció su participación en la marcha programada para este viernes en La Paz. Esta movilización, convocada por la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB), busca exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Contexto de la movilización

La marcha se produce tras episodios recientes de violencia en La Paz. El presidente Rodrigo Paz se pronunció en conferencia de prensa y aceptó la renuncia del ministro de Trabajo, Edgar Morales, quien presentó su dimisión en medio de una crisis política y social. Morales afirmó: “Pongo mi cargo a disposición. Quiero pacificar mi país. El presidente sabrá a quién nombrar en mi lugar”.

Participación del evismo

Los sectores afines al evismo confirmaron su participación en esta movilización, que se dirige hacia la sede de Gobierno. Vicente Choque, dirigente evista, indicó a Urgente.bo: “Continúa la marcha y se va a quedar hasta conseguir la renuncia de Rodrigo Paz. Así que mañana estamos también en marcha. Esta marcha no ha venido para retornarse, sino para quedarse principalmente en la última lucha de las organizaciones sociales”. Además, calculó que al menos 4 mil personas se concentrarán en esta movilización.

Antecedentes y demandas

Los antecedentes indican que el pasado lunes, una marcha evista llegó a La Paz. En ese contexto, según el dirigente evista, las bases decidieron permanecer en la Ceja de El Alto para apoyar nuevamente a la COB. Asimismo, el sector campesino indígena había solicitado la abrogación de la Ley 1720 sobre conversión de tierras, que consideraban perjudicial para los pequeños propietarios. El 14 de mayo, se publicó oficialmente la abrogación de esta ley mediante la Ley 1731.

Crisis política y diálogo

Por otro lado, el 5 de mayo, la COB rechazó asistir al diálogo convocado por el ministro Morales y anunció movilizaciones escalonadas en todo el país. Vicente Choque también mencionó: “Con la provocación del Gobierno, la esperanza de que tal vez exista diálogo se ha esfumado… La gente está enojada en las carreteras”.

Compromiso del gobierno

En el acto de posesión del nuevo ministro de Trabajo, el presidente Rodrigo Paz reiteró su compromiso con el diálogo: “Seguiremos firmes con el diálogo”. Las últimas declaraciones del expresidente Evo Morales instaron al actual presidente a dialogar con las organizaciones sociales y aclarar sus intenciones respecto a los recursos naturales: “Rodrigo presidente, ¿por qué no llamas a la COB, las organizaciones sociales y firmas públicamente -no voy a privatizar ningún recurso natural?”

Tensiones y bloqueos en el país

Este contexto tenso ha llevado a bloqueos en diversas regiones del país y a un severo desabastecimiento en La Paz.

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Marchas en Bolivia por crisis social

Este jueves 21 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) inició una marcha con rumbo al centro paceño, en medio de la crisis política y social que atraviesa el país. La movilización comenzó tras una concentración realizada desde las 08:00 horas en inmediaciones de la Ceja alteña, a la altura de la Multifuncional.

Convocatoria y participación obligatoria

La convocatoria fue emitida previamente por la organización matriz de los trabajadores. La COB declaró la participación “obligatoria, puntual e impostergable” para organizaciones afiliadas y no afiliadas, bajo la consigna de una jornada de “unidad y lucha”. Los movilizados avanzan hacia el centro de La Paz exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz y expresando su respaldo a distintas demandas sociales.

Contexto de desabastecimiento

Este evento ocurre en un contexto marcado por el desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en La Paz y El Alto. Además, múltiples movilizaciones sociales afectan la transitabilidad en distintos puntos del departamento. La policía había advertido desde primeras horas sobre posibles cortes de vías y congestión vehicular debido a las movilizaciones convocadas tanto en El Alto como en el centro paceño.

Llamado a la unidad

“Convocamos a todos los compañeros y compañeras a fortalecer esta jornada de movilización en defensa de nuestro pueblo y las demandas de todos los bolivianos”, señala parte de la convocatoria difundida por la COB. Las marchas reflejan un creciente descontento social que busca visibilizar las necesidades urgentes de la población boliviana.

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Bolivia denuncia crisis interna y protestas ante la OEA

El Gobierno de Bolivia formalizará este miércoles una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por lo que considera un “atentado contra la democracia y la estabilidad política”. Este anuncio, realizado por el canciller Fernando Aramayo, representa un endurecimiento en la estrategia del Ejecutivo frente a las protestas y bloqueos que sacuden varias regiones del país.

Objetivos de la denuncia ante la OEA

La contraofensiva diplomática de la administración de Rodrigo Paz no solo buscará el respaldo político del foro continental, sino que incluirá una solicitud formal para el envío de una misión de embajadores de la OEA. El objetivo, según la Cancillería, es que la comunidad internacional verifique en el terreno la escalada de violencia y vandalismo que ha dejado un saldo de heridos, destrozos en infraestructura pública y decenas de personas arrestadas.

Posición del Gobierno boliviano

Durante su intervención en el foro India Conclave en La Paz, Aramayo marcó una línea divisoria entre el descontento social legítimo y lo que definió como una agenda de desestabilización. Aseguró que el Ejecutivo mantiene disposición a negociar demandas sectoriales, pero descartó cualquier acercamiento con los grupos que exigen la dimisión del jefe de Estado.

Relaciones bilaterales afectadas

Además, la crisis interna ha comenzado a erosionar las relaciones bilaterales en la región. En sus declaraciones, Aramayo lanzó una advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusó de incurrir en injerencia en los asuntos internos de Bolivia. “Le exigimos respeto al presidente Petro”, manifestó el diplomático.

Afirmaciones sobre Evo Morales

El canciller Fernando Aramayo sentenció: “Hay algunas movilizaciones que muchas veces expresan demanda social, pero aquellas que demandan renuncia del Presidente y se traducen en actos de vandalismo no se pueden confundir con reivindicaciones sociales. Esto es sedición”. Según él, la postura del Gobierno cuenta con el respaldo de más de una docena de países y organismos internacionales.

Reacciones del entorno de Evo Morales

El plano político de la denuncia apunta hacia el expresidente Evo Morales. El Gobierno boliviano expondrá ante el organismo hemisférico una supuesta estrategia coordinada por Morales para forzar la ruptura del orden constitucional. “La comunidad internacional tiene que saber que el señor Morales está en un ánimo desestabilizador”, afirmó Aramayo.

Defensa de las protestas sociales

Desde el entorno del expresidente Morales han rechazado las acusaciones del Ejecutivo, calificándolas como un intento de “victimización” y “criminalización de la protesta social”. Los portavoces aseguran que las protestas no constituyen un acto de sedición, sino una respuesta legítima ante la profunda crisis económica y social que atraviesa el país.

Estrategia política del Gobierno boliviano

Con el traslado del conflicto a la arena de la OEA, el Gobierno boliviano busca cercar políticamente a los sectores movilizados en las calles, apostando por la validación internacional de su gestión en uno de los momentos más complejos de su coyuntura política actual.

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El Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta la primera gran crisis política de su Gobierno, en medio de la recesión económica que atraviesa el país, con protestas y movilizaciones concentradas en el área andina que exigen su renuncia apenas seis meses después del inicio de su mandato y que están afectando el abastecimiento de alimentos y combustibles en La Paz.

Paz ya afrontó protestas entre diciembre y enero cuando retiró la subvención de los combustibles, aunque logró acuerdos que frenaron las movilizaciones.

Los analistas políticos Huáscar Pacheco y Vladimir Peña coincidieron -en declaraciones a EFE- en que la base del conflicto político está en la crisis económica, pero también señalaron los “errores” cometidos por el Gobierno de Paz y una influencia del ‘evismo’, la corriente afín al expresidente Evo Morales (2006-2019).

No obstante, los consultados advirtieron que la complejidad de la crisis no puede atribuirse únicamente a esa agrupación o a los sectores afines, debido a su “reducida” presencia política en comparación con el pasado.

Pacheco, experto en conflictividad política, subrayó que el deterioro de las condiciones de vida, la inflación y la escasez de combustible y de dólares son parte de la “crisis multidimensional” que ya afectaba a Bolivia antes de que Paz asumiera la Presidencia el 8 de noviembre pasado.

Los organismos multilaterales han pronosticado un decrecimiento económico en 2026 de hasta el 3,3 %, tras la contracción del 1,58 % sufrida en 2025, año en que la inflación llegó al 20,4 % en una economía donde un 85 % de la población es informal.

El analista advirtió que esos problemas seguirán latentes por la prolongada crisis, pero señaló que las demandas han mutado rápidamente a un escenario de conflictividad marcado por posiciones políticas “irreductibles”, lo que dificulta una salida negociada.

Los “conflictos ideológicos políticos son muy difíciles de negociar”, añadió Pacheco, aunque consideró que incluso en ese contexto debe buscarse una solución a través del diálogo, antes que con acciones de fuerza amparadas bajo una eventual declaratoria de “estado de excepción”, como han solicitado algunos sectores conservadores.

Así mismo, el experto consideró que no ve “una crisis de gobernabilidad” porque el Gobierno mantiene su “legitimidad”, tras haber sido elegido en las urnas hace siete meses, pese a haber cometido “muchos errores”, afirmó Pacheco.

A su juicio, el principal fallo fue “un exceso de promesas” no cumplidas, porque, en la actual crisis económica, el Estado no tiene cómo responder, además de “mostrarse muy cercano” con sectores empresariales “que no representan a las grandes mayorías”, sostuvo.

“Creo que han mostrado un Gobierno muy cercano a estas élites”, apuntó Pacheco y consideró que al Ejecutivo “le falta un poco de calle” y “entender” que si bien son necesarios los técnicos para afrontar la crisis, la “Bolivia profunda es mucho más compleja”.

Esa mirada, según reconoció el analista, requiere comprender que los sectores populares que hoy son opositores a Paz funcionan con dinámicas “prebendales” y el gobernante debe negociar sobre esas demandas, como lo ha hecho en las últimas semanas al ceder a reclamos de sectores como el de los mineros y los maestros.

Impaciencia de la gente

Por su parte, Pena opinó que el Gobierno aún “no tiene un rumbo claro de hacia dónde dirigirse” con las reformas estructurales que pretende implementar en áreas estratégicas de la economía, mientras que los sectores sociales tienen expectativas que no han sido respondidas.

“Esa expectativa de cambio hoy se traduce en una impaciencia de la gente para saber hacia dónde se va. Se está acabando la tolerancia que ha tenido la gente al presidente”, afirmó el experto.

Sobre la presencia del ‘evismo’ en las protestas, Pena reconoció que tiene “una base fiel, muy dura, pero que le impide construir una mayoría en el país”, como en el pasado.

A su juicio, para enfrentar el conflicto, Paz debería construir una coalición con los otros líderes políticos que tienen fuerzas parlamentarias e incluir a su propio vicepresidente, Edmand Lara, uno de los primeros en declararse opositor al Ejecutivo.

“Necesitamos un acuerdo mínimo como país y eso tiene que liderarlo un presidente que entiende un país diverso y plural”, afirmó Pena.

/ Con información de EFE

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Por Ronald Nostas Ardaya (*)

Bolivia atraviesa nuevamente un momento de alta tensión política y social. Los bloqueos en el altiplano pueden extenderse a otras regiones del país. Los episodios de violencia extrema, el cerco económico y la creciente sensación de ingobernabilidad no son hechos aislados ni coyunturales.

Son señales de una crisis sistémica de transición histórica, donde colisionan problemas estructurales no resueltos y tensiones sociales acumuladas. Esto se suma al intento desestabilizador de Evo Morales y a los errores recientes de conducción política.

Una primera causa de esta crisis es el sobreempoderamiento de las organizaciones campesinas, los grupos corporativos y los sectores populares. Esto ocurre sin una transformación sociopolítica sostenible ni una modernización estructural del Estado.

En muchos casos, el poder fue trasladado sin construir mecanismos estables de institucionalidad democrática, meritocracia o equilibrio republicano. El resultado fue un esquema de gobernanza dependiente de pactos corporativos, distribución de rentas y control político de los sectores sociales.

El colapso de este modelo y la crisis económica, además del incremento de la pobreza, las medidas de ajuste y el desplazamiento político de las dirigencias sindicales, produjeron un escenario de frustración en ciertos segmentos populares. Hoy recurren a la violencia y la presión, demandando en las calles lo que perdieron en las urnas.

Por otro lado, nuestro país se ha convertido en un espacio estratégico para organizaciones del crimen organizado y para intereses de la izquierda radical latinoamericana. Tras perder influencia en otros países de la región, encuentran en Bolivia una trinchera de sobrevivencia o fortalecimiento, debido a la inermidad estatal, la fragmentación institucional y la persistencia de estructuras de movilización altamente radicalizadas.

También existen detonantes inmediatos y errores políticos evidentes. El gobierno ha mostrado enormes dificultades para manejar los tiempos políticos y la comunicación. La reacción tardía y poco eficiente, la ausencia de un plan de estabilización claro y creíble, las contradicciones internas, los mensajes ambiguos y la incapacidad para construir acuerdos políticos sólidos han profundizado la incertidumbre. A ello se añade una percepción creciente de permisividad estatal frente a medidas de presión extremas y discursos abiertamente violentos.

La ciudadanía percibe que el Estado perdió capacidad de disuasión y control territorial frente a los bloqueos prolongados que paralizan regiones enteras sin consecuencias claras. La situación es muy delicada y exige lucidez y firmeza. El riesgo es entrar en una situación en la que colapsen simultáneamente la confianza política, la estabilidad económica y la cohesión social.

En este escenario, el gobierno parece enfrentar tres posibles caminos. El primero es el uso sostenido de la fuerza represiva estatal y la aplicación estricta de la ley para recuperar control territorial y autoridad institucional. Este camino, que debiera aplicarse en un Estado de Derecho, puede producir una estabilización temporal. Sin embargo, también puede descontrolarse si no está acompañado de legitimidad política y capacidad de conducción estratégica.

El segundo es una negociación política que implique no solamente acuerdos coyunturales, sino un cambio radical en el modelo de gobernabilidad. Eso exigiría reconocer el fracaso del plan de estabilización actual, construir consensos mínimos sobre las medidas económicas y la institucionalidad democrática, además de redefinir la relación entre Estado, organizaciones sociales y regiones.

La tercera alternativa sería buscar una nueva legitimidad política mediante un referéndum nacional sobre las medidas de ajuste y el propio modelo económico y político. Esto podría permitir reconstruir el respaldo ciudadano, otorgar más poder al gobierno y reducir la incertidumbre respecto al rumbo del país.

El desafío de Bolivia ya no es únicamente económico ni exclusivamente político. Pasa por definir si el país puede reconstruir un proyecto común de convivencia, institucionalidad y desarrollo en medio de una sociedad cada vez más fragmentada y desconfiada.

Cuando las sociedades dejan de creer en el futuro compartido, la conflictividad deja de ser un episodio transitorio y comienza a convertirse en una forma permanente de organización social.

* Ronald Nostas Ardaya
Industrial boliviano y ex presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Destacó por su liderazgo en el sector empresarial, promoviendo el diálogo público-privado, la inversión y el desarrollo económico nacional.

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Un periodista del diario El Deber que realiza la cobertura informativa a las investigaciones de la crisis política en Bolivia, entre noviembre y diciembre de 2019, fue amenazado y hostigado por personas que se esconden en el anonimato.

El jueves 29 de julio, por la tarde, recibió dos llamadas desde dispositivos móviles con identificación oculta, y voces masculinas emitieron calificativos como “prensa de derecha”, y “pitita” haciendo alusión a los ciudadanos que entre octubre y noviembre de 2019, se movilizaron en protesta por el irregular conteo de votos tras las elecciones generales del 20 de octubre.

“Te vas a preparar para un proceso”, amenazó otra voz y justificó su advertencia por un supuesto “encubrimiento” del fallecimiento de manifestantes en incidentes registrados en las ciudades de El Alto (La Paz) y Sacaba (Cochabamba).

El periodista que prefiere guardar su identidad, informó a la Unidad de Monitoreo de la ANP que en cumplimiento de su labor informativa indagó en diversas fuentes sobre fallecidos y heridos en todos los sectores involucrados en el conflicto, en las ciudades de La Paz, El Alto, Sacaba y Santa Cruz de la Sierra.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios impresos y diarios de Bolivia expresó su rechazo a las amenazas anónimas contra el periodista de El Deber, y alertó al Defensor del Pueblo, a organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y organismos internacionales de una campaña de descrédito y estigmatización al trabajo periodístico independiente.

La ANP demandó la aplicación de garantías constitucionales al trabajo informativo y pidió a sectores sociales el respeto a la labor de reporteros, fotógrafos y personal de prensa que tienen como objetivo informar y preservar el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre temas de interés general y desde diversos medios.

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Segúnseñaló el funcionario argentino, junto al exmandatario llegaron el exvicepresidente,Álvaro García Linera, la exministra de Salud Gabriela Montaño y el excancillerDiego Pary Rodríguez, además mencionó que días antes el recién posesionadoAlberto Fernández, se encontró con los hijos de Morales, Evaliz MoralesAlvarado y Álvaro Morales Peredo.

“Les hedado asilo para que entren al país, pero están firmando ahora el pedido derefugio, que es una condición diferente. Y la debe aprobar el Ministerio delInterior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último estánormado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado”, señalóSolá.

Noobstante, el canciller Solá aclaró que el reglamento exige una serie de pautas.“Nosotros queremos de Evo Morales el compromiso de no hacer declaracionespolíticas en la Argentina”.

ANTECENDENTES

Lospasados meses, en el territorio boliviano se vivieron momentos de tensión,enfrentamientos, convulsión social y una fuerte crisis política, debido a losresultados que presentó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de las eleccionesgenerales del 20 de octubre, en los que salía ganador en primera vuelta elbinomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales – Álvaro García Linera.

Sinembargo, debido al descontento de la población y supuestas pruebas quecomenzaron a circular por redes sociales, el gobierno de Morales se vio en laobligación de realizar una auditoria con agentes externos, pidiendo la ayuda deOrganización de Estados Americanos (OEA).

Esteente internacional presentó públicamente un informe preliminar de dichaauditoria, en el que señalaba que los comicios electorales del 20 de octubreestaban “viciados de nulidad”, además de que se encontraron “graves irregularidades”;dicho documento desató una ola de convulsión social en Bolivia, lo que ocasionóla renuncia de Evo Morales y toda su comitiva, así como de varias autoridadesafines al MAS.

Trasla dimisión, Morales huyó en un avión que le envió el presidente de México,Andrés Manuel López Obrador, junto a Álvaro García Linera y Gabriela Montaño.

Los enfrentamientos en el territorio boliviano a raíz de unas elecciones “viciadas de fraude”, dejaron el saldo de 34 personas fallecidas y algo más de 832 heridos, según indicó la Defensoría del Pueblo.

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La tarea del nuevo gobernadorserá la pacificación del departamento y la normalización de las actividades dela entidad que presidirá.

El pasado 9 de noviembre através de un intermediario, el exgobernador Víctor Hugo Vásquez, presentó surenuncia irrevocable. La carta de dimisión fue entregada al obispo de ladiócesis de Oruro, Monseñor Cristóbal Bialasik, quien le dio lectura en público.

Tras saberse los resultadospresentados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de los comicioselectorales del 20 de octubre, comenzó una convulsión social y crisis políticaen Bolivia, debido a las denuncias de fraude.

Con la renuncia de los principalesmandatarios del país, Evo Morales y Álvaro García Linera, siguieron lasdimisiones de varias autoridades afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) ya quefueron cuestionadas por presuntamente haber impulsado algunos enfrentamientos,que dejaron el saldo de cuatro muertos y cientos de heridos.

Ayer en la tarde la Fiscalía intervino las instalaciones del Gad-Oru, para precintar el despacho del gobernador y las oficinas de la Secretaría Jurídica, Asesoría Legal, Área de Sistemas y DAF, con el fin de evitar que desaparezca documentación y buscar indicios sobre las supuestas órdenes que se dio para emboscar y atacar a los universitarios de Potosí y Sucre en la población de Vila Vila y Caracollo.

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