“Esperamos el jueves o viernes dar la sorpresa de que pueda llegar a Santa Cruz”, comentó su hijo, Luis Fernando Camacho Parada, tras la audiencia realizada en La Paz.

El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz decidió levantar las medidas cautelares tanto para Camacho como para el exdirigente cívico potosino Marco Antonio Pumari. Esta decisión fue tomada durante una audiencia de revisión de detención preventiva relacionada con los eventos de 2019. Sin embargo, ambos fueron trasladados nuevamente a la cárcel, ya que aún deben enfrentar otros procesos pendientes.

Dolor familiar

Camacho Parada recordó que su padre ha estado bajo detención preventiva por diversos casos desde finales de 2022, un periodo que describió como profundamente doloroso para la familia.

“Fueron casi 3 años de dolor y sufrimiento”, manifestó, mientras lamentaba que durante este tiempo no haya podido reunirse con sus abuelos, debido a complicaciones de salud que les impidieron viajar a La Paz.

Esperanza de traslado

El entorno familiar del gobernador cruceño mantiene la expectativa de que en las próximas horas se habilite su traslado a Santa Cruz, siempre que la resolución judicial lo permita tras la audiencia de este miércoles.

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Ambos líderes se encuentran recluidos desde hace un tiempo prolongado debido a procesos relacionados con la crisis política de 2019. Los abogados de Camacho y Pumari argumentan que ya se han superado los plazos procesales establecidos por la ley, lo que, según ellos, significa que no hay fundamentos válidos para mantener la medida cautelar en su contra.

Suspensión de la audiencia

La audiencia comenzó la tarde del lunes 25 de agosto, poco después de las 14:00 horas, y estuvo marcada por un fuerte resguardo policial. Sin embargo, fue suspendida cuando los jueces solicitaron información adicional sobre los riesgos procesales. Esta información fue explicada por Martín Camacho, abogado defensor del gobernador cruceño.

Instrucción del Tribunal Supremo

El pasado viernes 22 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó verificar, en un plazo de 24 horas, el cumplimiento de los términos legales de detención preventiva en los casos que involucran a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Expectativas de liberación

Efraín Suárez, vocero de la agrupación Creemos, indicó que, de acuerdo con la instrucción del TSJ y considerando que ya se habrían superado los 6 meses legales de detención preventiva, el tribunal “debería determinar la liberación del gobernador en ese proceso”. Cabe recordar que Camacho permanece recluido desde finales de diciembre de 2022.

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Detalles de la audiencia

La audiencia se llevó a cabo a las 14:30 horas del viernes 23 de mayo de 2025. En esta sesión, la defensa del gobernador argumentó que se ha vulnerado su derecho al debido proceso y que no ha recibido la atención médica adecuada en el centro penitenciario donde se encuentra recluido.

Para respaldar su solicitud, se adjuntaron 1.863 pruebas documentales y se solicitó la liberación inmediata de Camacho.

Declaraciones del abogado defensor

El abogado defensor, Martín Camacho, comentó: “Presentamos una acción de libertad en contra de los miembros del Tribunal de Sentencia donde se sigue el proceso por la crisis de 2019. Exigimos la liberación del gobernador al haberse negado una audiencia de cesación de detención preventiva por motivos de salud”.

La defensa ha sostenido que el derecho al debido proceso ha sido vulnerado, ya que se le ha negado una audiencia para solicitar la cesación de su detención preventiva. Además, el abogado informó que, junto con la acción de libertad, se presentaron 1.863 pruebas documentales que deberán ser evaluadas por los magistrados durante la audiencia.

Estado de salud del gobernador

También se incluyó información médica actualizada sobre el estado de salud del gobernador, quien no está recibiendo la atención médica adecuada en el centro penitenciario.

“Nosotros esperamos que la Sala Constitucional pueda valorar las 1.863 pruebas que hemos adjuntado al memorial y a nuestra solicitud, y en todo caso, pueda ordenar la inmediata libertad del gobernador”, expresó Camacho a los medios de comunicación.

Intervención del gobernador

Durante la audiencia, el propio gobernador intervino y recordó que en septiembre de 2023 no se completaron los estudios clínicos programados en el hospital El Alto Sur, lo que dejó pendiente su evaluación médica integral.

“Él ya tenía conocimiento de la acción de libertad que se iba a interponer. Sabe el contexto de la demanda constitucional y cuál es nuestra petición”, añadió el abogado. También mencionó una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que calificó como “ilegal” la aprehensión y detención del gobernador.

Rechazo de medidas cautelares

La defensa ha denunciado que el Tribunal de Sentencia ha rechazado en varias ocasiones modificar las medidas cautelares, a pesar de las condiciones médicas adversas que presenta el gobernador.

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La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, al ser preguntada sobre la citación al Presidente Arce, subrayó que “cuando hay una convocatoria y nos están citando, pues tenemos que asistir. No hay privilegios para nadie”. Además, recordó que el Presidente Arce ya ha respondido a convocatorias judiciales anteriores y que, en caso de recibir una nueva citación oficial, “nunca hemos escapado”.

Alcón enfatizó: “todos estamos sujetos al llamado de la justicia y no podemos usar ningún tipo de excusa y decir que es persecución cuando es un llamado de la justicia”.

Citación solicitada por la defensa

El abogado Martín Camacho, quien defiende al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que la citación de Arce, Morales y García Linera fue realizada a solicitud de la defensa en el caso conocido como Golpe de Estado I.

Camacho indicó que este proceso judicial tiene como objetivo esclarecer los eventos que llevaron a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019, así como las tensiones políticas que surgieron posteriormente en el país.

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La suspensión del juicio tuvo lugar en La Paz, donde ambos acusados fueron trasladados nuevamente a sus respectivos centros penitenciarios tras la decisión judicial.

Multa por inasistencia

Diego Gutiérrez, abogado de Pumari, confirmó que se ha impuesto una multa de 1,000 bolivianos al abogado de Lidia Patty por no asistir a la audiencia programada. Debido a esta inasistencia, la audiencia fue suspendida.

En esta audiencia se esperaba continuar con la resolución de las objeciones que la defensa de los acusados había planteado contra las pruebas documentales presentadas por el Ministerio de Gobierno.

Exclusiones probatorias

Martín Camacho, abogado de Luis Fernando Camacho, explicó que hasta el momento se ha tomado una decisión respecto a 33 exclusiones probatorias. Sin embargo, aún queda un número considerable de pruebas que han solicitado que sean excluidas. Esta resolución debe continuar en la próxima audiencia.

Detención preventiva

Además, el lunes por la mañana, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz rechazó el pedido de cese de la detención preventiva que había presentado Luis Fernando Camacho.

Esta acción judicial se enmarca dentro del caso conocido como Golpe I, que se refiere a los eventos ocurridos durante la crisis de 2019. Actualmente, este proceso está en la etapa de juicio oral contra Camacho y Pumari, quienes continúan en detención mientras se resuelven las objeciones y las pruebas presentadas en este caso.

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La decisión se tomó durante una reunión que tuvo lugar en Sacaba, Cochabamba. En este encuentro participaron el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el exministro de Justicia, Iván Lima.

Morales hizo esta revelación en su programa dominical transmitido por radio Kawsachun Coca. En el mismo programa, también criticó la postura de Lima respecto a la posibilidad de un juicio de responsabilidades.

Argumentos de Evo Morales

El exmandatario recordó que “tuve reuniones en Sacaba con el Pacto de Unidad, el presidente, el vicepresidente; a veces estaba la ministra de la Presidencia, de Defensa e Iván (Lima). Yo planteé un juicio ordinario, evidentemente, todos coincidieron, el presidente y el vicepresidente se convencieron. Solo Iván se quedó con juicio de responsabilidades y me amenazó que tendría problemas en el futuro sobre el proceso ordinario”.

El exministro Lima había afirmado que el proceso contra Áñez en la justicia ordinaria se inició por un “capricho” del expresidente. Esto provocó una protesta en contra del Gobierno y la activación de recursos legales a favor de la exmandataria para que se anulen los casos en su contra.

Viabilidad del juicio de responsabilidades

Morales añadió que el argumento del ahora exministro de Justicia para llevar a cabo un juicio de responsabilidades no sería viable, ya que no contaría con los dos tercios de apoyo necesarios en la Asamblea Legislativa.

Situación de Jeanine Áñez

Jeanine Áñez se encuentra en la cárcel femenina de Miraflores, en La Paz, desde marzo de 2021. Ella enfrenta cargos por terrorismo, sedición, conspiración, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.

Reacción de Jorge Quiroga

Ante las declaraciones de Evo Morales, el expresidente Jorge Quiroga Ramírez expresó a través de sus redes sociales que: “Evo maneja justicia en Bolivia e instruyó violar la Constitución, por enésima vez, negando juicio de responsabilidades a Áñez; dio las órdenes en Hotel Las Américas y para linchar a Áñez”.

/ APC /

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“Este 28 de diciembre reafirmamos nuestro compromiso como familia por los valores democráticos de Santa Cruz, que son la libertad y la democracia. Reafirmamos nuestras ganas de luchar por ese Estado de derecho que tanto anhelamos los bolivianos”, dijo en una rueda de prensa el hijo del Gobernador, Luis Fernando Camacho Parada.

Misas y marchas como forma de protesta

Camacho Parada indicó que las manifestaciones comenzarán temprano con una misa en la Catedral de Santa Cruz y finalizarán con una multitudinaria marcha en el sitio donde el año pasado su padre fue detenido por la Policía.

Repudio a la detención y defensa de los valores democráticos

El hijo del líder opositor enfatizó que el mensaje que se quiere dar al Gobierno del Presidente Luis Arce es el repudio a su detención, calificada por la familia como un secuestro, y la reafirmación de los valores democráticos.

Pronunciamiento contra encarcelamiento del gobernador

Por su parte, la esposa del gobernador, Fátima Jordán, adelantó que varios sectores se pronunciarán en contra del encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz como comerciantes, colegios médicos, comités cívicos provinciales y dirigentes sociales.

Juicio político y lucha por recuperar la democracia

“Sabemos que esto es un juicio político. No esperamos nada de la Justicia boliviana, solamente seguir luchando hasta recuperar la democracia boliviana”, dijo Jordán.

Detención por caso “golpe de Estado I”

Camacho Vaca fue detenido el 28 de diciembre de 2022 en medio de un cuestionado operativo policial y trasladado de la oriental Santa Cruz a La Paz, en el occidente del país, para responder por el caso “golpe de Estado I” relacionado con la crisis política de 2019.

Oposición vs oficialismo: protestas y fraude electoral

El caso “golpe de Estado I” nace de una denuncia por las protestas sociales que en 2019 derivaron en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales (2006-2019) y que para el oficialismo significó una ruptura del orden constitucional. Para la oposición, las manifestaciones se debieron a un fraude electoral en las elecciones anuladas de ese año.

Camacho Vaca enfrenta múltiples acusaciones

El gobernador, quien en 2019 era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, afronta acusaciones de terrorismo, sedición, cohecho, seducción de tropas y atribución ilegal del mando militar. En el proceso también están acusados la exmandataria interina Jeanine Áñez (2019-2020) y exjefes militares y policiales.

Prisión en Chonchocoro y solicitud de 20 años de prisión

Camacho Vaca guarda prisión en el penal altiplánico de Chonchocoro, y afronta otros procesos judiciales por cuestiones administrativas durante su gestión como gobernador. La Fiscalía boliviana presentó la acusación formal contra Camacho Vaca por el caso “golpe de Estado I” y pidió 20 años de prisión.

Fuente: EFE

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García Linera afirmó no recordar que el diputado Flores hubiera estado presente el 10 de noviembre de 2019 en la reunión entre Evo Morales y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad. Según él, durante esa reunión se discutió sobre las movilizaciones para proteger al Gobierno y a la Casa Grande del Pueblo.

La diputada Deysi Choque del MAS, también afirmó recientemente que Morales instruyó a la dirigencia de la COB y del Pacto de Unidad para pedir su renuncia durante la crisis política en 2019. El diputado Flores confirmó esta versión, ya que estuvo presente en dicha reunión en el hangar presidencial.

Estas declaraciones han reavivado el debate sobre el supuesto “golpe de Estado”. Los opositores argumentaron que estas revelaciones contradicen la narrativa oficialista que sostiene que hubo un Gobierno “de facto”.

En medio de las movilizaciones y protestas por las denuncias de fraude electoral en 2019, el dirigente Juan Carlos Huarachi sugirió la renuncia de Morales. A pesar de esto, Huarachi sigue ocupando su cargo y mostró apoyo al actual Gobierno liderado por Luis Arce.

García Linera criticó duramente a Huarachi, calificando su actitud como una “puñalada”. Según el exvicepresidente, Huarachi estaba apoyando a Evo Morales y de repente pidió su renuncia.

García Linera precisó que el 10 de noviembre de 2019, en dicho hangar se realizó una reunión de gabinete con los ministros de Estado a las 05:00 horas, seguida por la reunión con las organizaciones sociales una hora después para discutir sobre las movilizaciones que los dirigentes debían realizar para proteger al Gobierno y a la Casa Grande del Pueblo. En esa reunión también estuvieron presentes Juan Ramón Quintana, Gabriela Montaño y otros ministros.

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Choque también fue mallku de la Federación de Ayllus Originarios de Norte Potosí, explicó que la “cobardía” con la que actuó el exmandatario, no es bien vista por la cultura del altiplano boliviano, porque después de dimitir, abandonó el país para refugiarse en México y Argentina.

“Evo Morales no estaba invitado. ¿Por qué tenemos que invitar a una persona que actuó con cobardía?, que nos ha dejado, se ha escapado, que nos ha abandonado. Eso para nosotros, del Norte de Potosí, no es valorado, no está en nuestra cultura”, declaró Choque, según publicó Fides.

De este modo, hizo referencia al día en el que Evo renunció a la presidencia durante la crisis política de 2019. Tras dimitir, en medio de fuertes protestas sociales, el líder del MAS dejó el país para refugiarse primero en México y luego en Argentina.

El jueves se desarrolló en la comunidadde Qhonqhota un festival cultural, al que Evo Morales no estaba invitado, mucho menos, porque la exautoridad vino a hacer proselitismo, lo que molestó a la autoridad, desencadenando en lo que se registró en video y transmitido por redes sociales, arrojando la silla en la que pretendía sentarse.

“Querían subirse hasta el palco con sus banderas. Estábamos en un festival cultural de Taypi Tinku y no lo hemos permitido. Fue en ese sentido que yo lancé la silla”, explicó Choque.

Después de lo que se vio en las redes sociales, gente afín a Morales le propinaron una golpiza, teniendo que ser trasladado a un centro de salud, donde fue atendido por varias contusiones en su cabeza.

“Evo había tenido su gente y ellos me han maltratado y del palco a mí me botaron. Luego me empujaron al suelo, un poco me había desmayado. Cuando he reaccionado, he visto nomás mi cabeza sangrando. Las autoridades originarias que están allí, más bien, me han resguardado y me han llevado hasta el centro de salud donde me he hecho curar”, remarcó.

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Eusebio Vera, el abogado del general Jorge Terceros, preso en San Pedro por el caso golpe de Estado II, señaló que la investigación que cursa debería señalar a quién convocó, para que las reuniones que se realizaron los días 10 y 11 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica.

“Estamos seguros que los miembros de la Iglesia Católica responderán que fue Adriana Salvatierra; además, esa reunión fue para coordinar una salida constitucional al momento político que atravesaba el país”, relató Vera.

Por su parte, el Procurador del Estado, Wilfredo Chávez, confirmó la pasada jornada su pedido para que, la Fiscalía convoque a la cúpula de la Iglesia a declarar sobre su participación en las reuniones de pacificación luego de la renuncia de Evo Morales.

Javier Peñaloza, abogado que defiende al general Pastor Mendieta, también acusado en el mismo caso, aseguró que quedó claro que en ese entonces la senadora Salvatierra, buscó al clero de la Iglesia para que se pacifique el país y pueda asegurar la salida de los entonces primeros mandatarios.

“Eso ha quedado demostrado en el denominado caso Golpe II, cuando fue a declarar la señora, Adriana Salvatierra, y ella claramente ha manifestado de que se estaba negociando la salida de Evo Morales y García Linera hacia México y que prácticamente se buscaba pacificar el país, eso ha testificado Adriana Salvatierra, está en el cuaderno de investigaciones”, recordó el jurista.

Según la narrativa del Gobierno, los dirigentes de los partidos opositores, cívicos, algunos embajadores, miembros de la Unión Europea e Iglesia fueron los que organizaron y facilitaron las negociaciones, sin embargo, no mencionaron que fue la senadora Salvatierra la que solicitó estas reuniones.

Eusebio Vera sostuvo que una declaración de los obispos que estuvieron presentes en aquel entonces, esclarecería los hechos.

Peñaloza consideró como una arbitrariedad y un abuso desde las esferas de Gobierno intentar aprehender a los religiosos que sólo acudieron a una convocatoria.

/NVY

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En noviembre de 2019, cuando se suscitaron las protestas del presunto “fraude electoral” que terminaron con la renuncia de Evo Morales, todos los exministros reclamaban el pago de los sueldos de noviembre y el aguinaldo que les correspondía; el reciente martes se conoció que, en el caso de Quintana, ese dinero sigue retenido por el Ministerio Público.

El Gobierno impulsa los casos Golpe de Estado I y Golpe de Estado II, en los cuales están acusados militares y políticos. Por estos procesos, ya existe una sentencia en contra de la expresidente, Jeanine Áñez. La otra denuncia no avanza y, según Quintana, es por el dinero que están pagando los acusados.

La exautoridad no escatimó calificativos para los fiscales que, durante el Gobierno interino, iniciaron procesos en contra de todas las exautoridades de Estado sin el mayor reparo.

/MDCB

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El activista pidió a los políticos y medios de comunicación que no confundan los juicios golpe de Estado I y II como mecanismos de búsqueda de justicia para las víctimas de la sociedad civil, porque este último grupo aún no se beneficia en ningún proceso judicial y son utilizados en discursos políticos que reducen los hechos del 2019 a “fraude” o “golpe”.

“Estos dos procesos denominados mediáticamente golpe I y II, no contempla a las víctimas de las masacres porque, no son las víctimas importantes, las víctimas importantes son presidentes del Estado, de la Asamblea Legislativa, del Senado y de Diputados, las sentencias de estos casos sólo beneficiarán a esas cuatro víctimas y a la dicotomía interesada”, afirmó Inca.

El caso “golpe de Estado I”, impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, juzga los delitos de terrorismo, sedición y conspiración; las víctimas en ese proceso son Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Ezequiel Borda.

Respecto al caso “golpe de Estado II”, el proceso fue iniciado por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes. Las víctimas en esta causa son Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Ezequiel Borda.

En ninguno de los dos procesos contra las autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez se contempla como víctimas a los civiles heridos, torturados y fallecidos en la crisis política de 2019.

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó en días precedentes a la expresidente de Bolivia, Jeanine Añez a 10 años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, en uno de los varios procesos que la justicia boliviana sigue a la exmandataria, que se encuentra en prisión desde hace más de un año.

El juicio se refirió a la actuación de Añez tras la renuncia de Evo Morales en 2019 y su posterior proclamación como Presidente, acciones que la acusación consideró como un “golpe de Estado”.

/HNF/

La entrada Caso “golpe I y II”: Representante de las víctimas de Senkata y Sacaba aclara que los juicios son políticos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Francamente, no creo que sea sólo el sistema judicial el que deba resolver esa crisis, porque esa crisis no solamente quebró el país, sino que también quebró nuestro espíritu de bolivianos (…). Creo que dejar sólo en manos de la justicia un desenlace reducido a ‘golpe’ o ‘fraude’ es un gravísimo error, pero bueno, ahí están los procesos y habrá que respetarlos”, sostuvo el exmandatario.

Veltzé cuestionó al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, autoridad llamada por ley, porque no impugnó en su momento los supuestos episodios de vulneración al orden constitucional que ahora el Gobierno asegura que existieron.

“El titular de la acción penal pública, el señor Fiscal General del Estado, al contrario, no lo hizo, se puso a perseguir a otras autoridades y exautoridades; y esos jueces también procesaron a los ciudadanos”, reclamó.

El expresidente aseguró que los tribunales no reestablecerán la convivencia ciudadana tras la crisis política, porque existen graves heridas en la sociedad que es importante sanar; una de las alternativas que sugirió es empezar a debatir la justicia restaurativa, según informó a agencia de noticias Fides.

ANTECEDENTES

La expresidenta interina, Jeanine Áñez, fue sentenciada en un juicio ordinario, impulsado por el Gobierno, a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso “golpe de Estado II”, ahora es juzgada en el caso “golpe de Estado I” junto a otros líderes de oposición.

/SVL

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El también expresidente reclamó que previamente no dieron curso a un proceso que pretendía iniciarse por lo que llama el “fraude monumental de 2019”, sin embargo, ahora los criterios son otros.

“Acusaremos al expresidente Evo Morales en función de algo fundamental, incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo, no cumpliendo su responsabilidad básica para escapar del país, el culpable es él, este es un tema que llevaremos adelante y en el momento que lo hagamos ustedes lo van a conocer”, manifestó.

El adelanto de Mesa se dio tras conocerse la ampliación de la denuncia penal en su contra, anunciada por el Comité de Víctimas de Senkata y Sacaba y de la exdiputada Lidia Patty, principal impulsora del juicio contra la expresidente Jeanine Áñez.

La presente jornada el líder de CC acompañó a su asesor personal Ricardo Paz a prestar declaraciones respecto a su participación en la reunión propiciada por la Iglesita Católica en noviembre de 2019, en ambientes de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.

Al respecto, Mesa aclaró que su correligionario asistió a ese encuentro en calidad de invitado, y mostró un fuerte espíritu “democrático” y de “pacificar al país”, según informó el portal de noticias Innovapress.

Aprovechando su presencia ante los medios de comunicación, no perdió la oportunidad de cuestionar el denominado caso “Golpe de Estado I”, impulsado por la Fiscalía.

“Este proceso, es un proceso espurio, falso que plantea un falso caso, con falsos testigos, falsos acusadores y con un equipo de juristas que no hace otra cosa que responder al mandato de Evo Morales, el verdadero responsable de un fraude monumental”, afirmó.

Además, recordó que él ya se desempeñó como testigo en el caso “Golpe de Estado”, y que en ese entonces declaró que no sería un “tipo funcional” de un proceso que es, según su criterio, político y no jurídico.

Aclaró también que en ese tiempo no reconoció al Tribunal, a los fiscales, ni la legalidad del juicio.

/ LMPT

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El juicio oral en contra de Añez y otros ocho involucrados comenzó el 28 de marzo y la mañana de este viernes, en su última exposición de alegatos ante el Tribunal de Sentencia, la exmandataria insistió en que es inocente y afirmó que “volvería a hacer” lo que hizo en la crisis de noviembre de 2019, cuando se proclamó mandataria en medio de un caos político y social.

“Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; y me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad; lo volvería a hacer porque para eso a nosotros nos eligen en el parlamento, para estar en las buenas y en las malas, para estar en situaciones de tranquilidad y situaciones de violencia, eso es tener compromiso”, manifestó.

Añez se encuentra detenida desde marzo de 2021 e inicialmente fue capturada acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, denunciado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

Luego fue abierto otro proceso en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que se denomina Golpe de Estado II.

Este segundo proceso es el que tuvo mayor agilidad y es en el que Añez fue juzgada por delitos cometidos antes de que asuma sus funciones como mandataria transitoria en la crisis de noviembre de 2019.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces Presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, la entonces segunda vicepresidente del Senado, alegando vacío de poder, asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese hecho fue calificado como un golpe de Estado.

El juicio oral contra la exmandataria y los exjefes militares llegó a su fin a las 21:30 de este viernes, cuando el presidente del Tribunal, Germán Ramos, terminó de leer la parte dispositiva de la sentencia en la sala virtual habilitada para esta etapa del proceso.
Junto a Añez, fueron sentenciados en rebeldía el excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, a 10 años de cárcel en el penal de San Pedro.

En el mismo recinto penitenciario fueron condenados el exjefe del Estado Mayor militar, Flavio Gustavo Arce a dos años de prisión, el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, fue condenado a tres años de cárcel y el exinspector general del Alto Mando, Jorge Fernández, fue condenados a cuatro años de cárcel.

/HNF/

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