De acuerdo con el último informe de la Plataforma de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, presentado en octubre de 2025, de las 36 recomendaciones del GIEI, solo 4 han sido efectivizadas en casi 5 años del mandato del gobierno saliente.

La CIDH ya había señalado en su primer informe de diciembre de 2023 que el avance en este tema era escaso. Esta preocupación fue reiterada por el relator para Bolivia de la CIDH, José Luis Caballero, quien en 2023 recomendó la creación de una ley para resarcir daños a las víctimas.

Falta de avances en la ley

El proyecto de Ley de Reparación Integral no ha tenido avances “plausibles” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Además, los actos de reconocimiento público se han centrado únicamente en los hechos de Sacaba y Senkata, dejando de lado otras graves vulneraciones que han ocurrido en el país.

El Ministerio Público no ha progresado lo suficiente en la formación de grupos de trabajo especializados con fiscales dedicados exclusivamente a estos casos, tal como recomendaba el GIEI. También ha sido difícil medir el avance en la revisión de casos que ya han sido cerrados o que están en curso.

Normativa sin aplicación práctica

A pesar de que se han aprobado guías y protocolos, no se puede identificar una aplicación práctica de este marco normativo en los casos de violencia sexual y de género que se cometieron en 2019.

Las Fuerzas Armadas (FFAA) y otras instituciones no han brindado la colaboración necesaria para esclarecer la verdad, especialmente en lo que respecta a la remisión de documentación sobre la planificación y ejecución de operativos.

Control judicial ausente

No hay información que demuestre que el Órgano Judicial esté realizando un control permanente sobre la celeridad de las investigaciones, lo que es fundamental para garantizar el debido proceso. Esta es otra recomendación central que no se ha cumplido.

El incumplimiento de las recomendaciones se ve agravado por recientes decisiones judiciales. El procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió que las últimas resoluciones que favorecieron a exlíderes cívicos como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, así como a la expresidente Jeanine Áñez, podrían generar responsabilidad internacional para el Estado por no cumplir con el informe del GIEI.

Avances limitados

De las 36 tareas recomendadas, solo 4 han tenido avances significativos. Estas incluyen la creación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg), la presentación de un plan de reparaciones a las víctimas, la realización de un foro sobre racismo y perspectiva de género, y la derogación del Decreto de Amnistía e Indulto N° 4461, que dejó sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

El informe de la Plataforma, ante la falta de información pública oficial, destaca que el nuevo gobierno que asuma la próxima semana, liderado por Rodrigo Paz, y los nuevos legisladores, deberán definir una postura y acciones urgentes para avanzar en la justicia y reparación a las víctimas de la crisis de 2019.

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La propuesta incluye mecanismos de compensación que no solo son de carácter económico, sino que también abarcan aspectos médicos y sociales. Esto está dirigido a quienes han sufrido vulneraciones a sus derechos humanos.

Burgos destacó que la norma tiene como objetivo atender a las víctimas, tanto directas como indirectas. Esto incluye a los familiares de personas fallecidas, aquellos que han sufrido secuelas físicas y psicológicas, así como a quienes han perdido movilidad debido a los eventos ocurridos en ese periodo. Sin embargo, el legislador aclaró que el contenido de la ley es general y no especifica un número concreto de beneficiarios ni montos económicos definidos.

Detalles sobre la implementación

“No es un tema netamente económico que les va a llegar. En muchos casos será a través de los centros de salud, y en otros, de forma directa. La reglamentación que se elaborará junto a la comisión biministerial y los afectados definirá los procedimientos”, explicó el legislador.

En relación al bono que se entregó en 2020 a algunas familias, Burgos aclaró que ese beneficio estaba dirigido únicamente a casos con hechos directos comprobados. La nueva ley, en cambio, contempla una evaluación más amplia, con equipos de profesionales que identificarán todos los casos registrados en el país.

Vigencia de la normativa

Cuando se le preguntó sobre la vigencia de esta normativa ante un posible cambio de gobierno, Burgos indicó que su responsabilidad es legislar de acuerdo a la realidad actual. Agregó que los próximos gobiernos deberán actuar en consecuencia. “Nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde. Luego, cada administración tendrá que dar cumplimiento a las leyes vigentes”, afirmó.

Tratamiento de otras leyes

En la misma jornada legislativa, se tenía previsto discutir la ley para la elección de vocales del Órgano Electoral Plurinacional. Burgos reconoció que existen observaciones sobre el procedimiento en el Senado y que se están analizando mecanismos legales para corregir posibles irregularidades.

Asistencia parlamentaria

Respecto a la asistencia parlamentaria, el legislador admitió que el reglamento actual permite licencias amplias por invitación de organizaciones sociales o autoridades locales. Sin embargo, aseguró que el quórum se mantiene en todas las sesiones. “Siempre cuidamos el margen del quórum respectivo. En unas sesiones hay 120, en otras 100, pero el quórum está garantizado”, afirmó.

Situación de Franklin Flores

Consultado sobre la situación del exgerente de Emapa, Franklin Flores, quien recibió detención domiciliaria por un caso de presunta corrupción, Burgos sostuvo que se debe respetar la independencia del Órgano Judicial. Agregó que, a excepción de delitos graves como narcotráfico, violencia sexual o familiar, las detenciones preventivas deben aplicarse solo cuando estén justificadas por la norma.

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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que Murillo cumple condenas por los casos Gases Lacrimógenos y Gases Ecuador. Además, está vinculado a investigaciones relacionadas con las “masacres de Sacaba y Senkata”, que ocurrieron durante la crisis de 2019.

Mariaca explicó que uno de los casos se encuentra en juicio oral, 10 tienen acusación formal, 2 están en etapa preparatoria con imputación y 3 permanecen en fase preliminar. En octubre de 2024, un tribunal dictó una condena de 8 años de prisión por el caso Gases Lacrimógenos, que está relacionado con la compra irregular de este material, con un sobreprecio de 2.3 millones de dólares. En enero de 2025, Murillo recibió otra condena de 5 años y 4 meses en el caso Gases Ecuador, por la importación irregular de equipos antidisturbios en 2019.

Detalles de la aprehensión

“El mandamiento de aprehensión ha sido ejecutado en la madrugada. Ahora corresponde que las autoridades jurisdiccionales determinen la audiencia respectiva”, explicó Mariaca. Murillo regresó a Bolivia tras ser deportado de Estados Unidos y actualmente se encuentra bajo custodia policial en La Paz. Arribó al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, a las 04:02 horas; a las 11:15 horas partió hacia la sede de gobierno y a las 13:04 horas ingresó a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Otros delitos en investigación

Entre los procesos abiertos también se encuentran delitos como uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, legitimación de ganancias ilícitas y robo agravado. Además, está vinculado a las investigaciones por las “masacres” de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, que ocurrieron el 15 y 19 de noviembre, respectivamente, durante la crisis de 2019.

Posibilidad de detención preventiva

Mariaca adelantó que la detención preventiva en una cárcel pública de La Paz “es una posibilidad concreta”, mientras se definen las causas que todavía están en trámite. “Lo que sí se tiene seguro es que esta persona tiene que ir a parar a una cárcel pública”, insistió.

Coordinación de fiscales y policía

Fiscales de La Paz están coordinando con la Policía y los jueces para avanzar en las causas pendientes. Murillo podrá ejercer su derecho a la defensa en los próximos días cuando se instalen las audiencias de medidas cautelares.

Con este panorama, el exministro enfrenta un escenario judicial complicado, marcado por múltiples acusaciones y 2 condenas firmes que podrían mantenerlo tras las rejas durante varios años.

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De la Cruz, que también es abogado, sostiene que Morales tuvo una responsabilidad directa en la escalada de conflictos que resultaron en las muertes en Sacaba y Senkata. Además, menciona a Jeanine Añez, quien actualmente enfrenta un proceso similar. “Uno de los grandes responsables de la violencia en 2019 fue aquel que instigó a delinquir en las calles y que hizo abandono de funciones al escaparse del país”, declaró en una entrevista con Bolivia TV.

Desconocimiento del referéndum

El exdirigente recordó que Morales ignoró el resultado del referéndum constitucional de 2016, en el que la mayoría de la población se opuso a su repostulación. “Ignoró la voluntad del pueblo, forzó una falsa interpretación de la Constitución Política del Estado y, así, provocó la crisis”, enfatizó.

Procesos judiciales abiertos

De la Cruz también se refirió a los procesos judiciales que involucran a Jeanine Añez, Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho. A pesar de las recientes decisiones que levantan la detención preventiva de algunos de los implicados, los casos continúan abiertos. “La justicia se mueve de acuerdo al poder político”, afirmó, cuestionando las decisiones judiciales recientes.

Uso del sistema judicial

En este contexto, consideró que las declaraciones que celebran el “regreso de la justicia” son una respuesta al uso del sistema judicial por parte de Morales en el pasado. “Él utilizó la justicia para acallar opositores, como también lo hizo Goni conmigo”, afirmó.

Responsabilidad legal y justicia

Finalmente, De la Cruz reconoció que en los procesos abiertos contra Añez y Pumari hubo abusos. Sin embargo, subrayó que la responsabilidad legal debe aplicarse sin excepciones. “Añez debe someterse a un juicio de responsabilidades, independientemente de cómo llegó a la presidencia. García Meza también tuvo un juicio de responsabilidades, pese a ser dictador militar. Debemos cumplir con la ley y la Constitución”, declaró. También cuestionó el tiempo prolongado que Pumari estuvo detenido.

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Declaraciones tras su liberación

Camacho salió a las 14:15 horas y declaró que nunca se vendió al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Este sacrificio fue un compromiso que yo hice con mi pueblo: jamás huir, jamás venderme al MAS”, afirmó a los medios de comunicación, acompañado de familiares y dirigentes cercanos, mientras portaba una bandera de Santa Cruz.

Durante su tiempo en prisión, enfrentó problemas de salud y múltiples procesos penales.

Orden de liberación

El 22 de agosto de 2025, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, ordenó verificar el cumplimiento de los plazos de la medida cautelar de detención preventiva en todos los procesos que existían en su contra. Tras este instructivo, se llevaron a cabo audiencias que facilitaron su liberación.

Camacho expresó: “Saludos Santa Cruz, ya estamos de ida, cumplí mi palabra: ni vendido ni cobarde, peor masista, ¡viva Santa Cruz!”. También mencionó que no habrá venganza hacia quienes lo entregaron o negociaron. “La venganza no es mía, la venganza es de Dios”, agregó.

Recepción en Santa Cruz

Se espera que Camacho llegue al aeropuerto cruceño pasadas las 16:00 horas. En redes sociales, se convocó a una concentración en Valle Sánchez y otros puntos simbólicos donde se realizaron movilizaciones en el pasado. También se anticipa que se dirija a la Casa de Gobierno en la plaza principal de Santa Cruz.

Un grupo de vecinos se autoconvocó para recibirlo en la zona de La Chonta, entre el séptimo y octavo anillo de la carretera que conecta Santa Cruz con Warnes. Este lugar es simbólico en las movilizaciones que se llevaron a cabo durante sus protestas.

Casos judiciales y reflexiones

La justicia emitió órdenes de libertad por los casos de paro de 36 días, carro bombero, decreto 373 y la crisis de 2019. Camacho tiene dos detenciones domiciliarias y dos con libertad irrestricta. Durante su tiempo en prisión, reflexionó sobre sus experiencias y aprendió a valorar a quienes lo respaldaron.

“No han sido momentos fáciles, pero tampoco imposibles; en la cárcel, como decía Mandela, se descubre uno mismo, analiza los errores que cometió”, afirmó Camacho.

Asimismo, indicó que aprendió a valorar a las personas que lo apoyaron y se dio cuenta de que hubo quienes no lo valoraron.

Compromiso con Bolivia

El gobernador electo aseguró que no se irá del país y que su objetivo es quedarse en Bolivia hasta el último día de su vida.

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Esta acción fue presentada el jueves 22 de mayo de 2025. Camacho argumenta que la acción se dirige a los miembros del tribunal debido a que se negaron a llevar a cabo una audiencia para la cesación de la detención preventiva por motivos de salud.

Argumentos de la defensa

“Hemos presentado una acción de libertad en contra de los miembros del tribunal de sentencia que está llevando adelante el proceso por la crisis del 2019. Exigimos la liberación del gobernador, ya que se ha negado la audiencia para la cesación de la detención preventiva por razones de salud”, declaró Camacho.

El abogado también mencionó que el tribunal se negó a modificar las medidas cautelares impuestas. Además, hizo referencia a la resolución emitida por un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que determinó que la aprehensión y detención de Luis Fernando Camacho son ilegales.

Situación actual del gobernador

Hasta el mediodía del jueves, no se había fijado la fecha ni la hora para el recurso presentado, aunque se indicó que este procedimiento debe llevarse a cabo el viernes.

El gobernador electo de Santa Cruz se encuentra actualmente recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. La defensa ha señalado que esta situación no solo afecta al gobernador, sino también a su gestión y a los ciudadanos que lo eligieron.

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El abogado de Marco Pumari, Diego Gutiérrez, explicó que la suspensión de la audiencia se debió a dos razones principales. La primera fue la falta de su defendido, y la segunda fue la baja médica de una de las juezas técnicas involucradas en el caso.

Gutiérrez comentó: “No hay plazos, se ha determinado la suspensión de plazos procesales y se va a señalar un nuevo día y hora, una vez se conozcan los informes sobre la baja médica de la jueza técnica y el motivo por el que Pumari no fue trasladado”.

Segunda postergación del juicio

Esta es la segunda ocasión en que se posterga la audiencia. A finales de noviembre de 2024, estaba programada una audiencia, pero también fue suspendida debido a la baja médica de una juez y a la falta de traslado de Pumari a La Paz.

Contexto de la crisis de 2019

En 2019, surgieron indicios de fraude electoral que provocaron movilizaciones ciudadanas, lo que llevó a la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Ante esta situación, Lidia Patty decidió presentar una acusación formal contra los presuntos responsables de estos eventos.

El juicio comenzó el 17 de octubre del año pasado, con la presencia de los principales acusados: Áñez (quien se encuentra apartada), Camacho y Pumari. Estos tres individuos están bajo detención preventiva en diferentes cárceles, acusados de supuestos delitos de terrorismo, conspiración y cohecho activo.

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Señaló que los “expolíticos” supuestamente buscan “denigrar y maltratar la institución obrera”, calificándolos como intentos de desestabilización a la dirigencia nacional.

“Piensan que haciéndose la víctimas van a retomar el poder político o el poder social”, manifestó.

Asimismo, sin precisar nombres, cuestionó que personas relatan la crisis vivida según su criterio, sin haber estado presentes.

“Algunos, es más, viendo desde algunas embajadas, escribiendo, contando la historia del Golpe de Estado. Algunos que ni siquiera estaban el 10 (de noviembre de 2019) ya estaban fuera del país y nos han abandonado”, sostuvo.

Rol de la COB

Por otro lado, ponderó que su sector “dio la cara” durante los conflictos, indicando que “obedecieron” a la población.

“La COB y esta camada de dirigentes no nos hemos escapado, hemos estado aquí, hemos dado la cara, de cara, al fusil, a la bala de cara al decreto 4272 del gobierno de facto; es más, un comandante no abandona a su pueblo, no abandona a su tropa, no abandona a sus soldados, el comandante se queda, es el primero que ofrenda su vida y esta camada de dirigentes ha hecho eso, hemos obedecido al pueblo, hemos obedecido a nuestras bases”, afirmó.

Según él, debido a la lucha de los sectores sociales pudieron “recuperar otra vez la democracia”; refiriéndose a las elecciones que posicionaron a Luis Arce y David Choquehuanca como autoridades nacionales.

Políticos durante la crisis de 2019

Durante la crisis de 2019 los exministros de Evo Morales como de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Defensa, Javier Zavaleta; de Justicia, Héctor Arce; de Culturas, Wilma Alanoca, entre otros, estaban asilados en la Embajada de México en Bolivia; reportó la red Erbol.

En tanto, tras su renuncia a la Presidencia, Morales se refugió en México y posteriormente en Argentina; asimismo, el exministro de Minería, César Navarro, se fue a México tras obtener un salvoconducto en 2020.

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La primera denuncia en contra de Mesa, es conocida como “golpe de Estado I” e impulsada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty contra la expresidente Jeanine Áñez y que pidió su ampliación a otros líderes políticos. La segunda denuncia se presentó en la Fiscalía General de Sucre por el denominado Comité de Sacaba y Senkata por los delitos de atentado contra altas autoridades, conspiración, asociación delictuosa, terrorismo y genocidio.

El secretario General de la Fiscalía, Edwin Quispe, informó que se remitió la denuncia a la Unidad de Análisis de La Paz para determinar si se abre un proceso penal en la vía ordinaria e indicó que la denuncia es contra Mesa, Quiroga, Doria Medina y exministros.

A su vez, descartó un juicio de responsabilidades o de privilegio en contra del exmandatario porque solo se aplica en hechos cometidos por el Presidente del Estado, vicepresidente o magistrados.

“La Unidad de Análisis está realizando la revisión correspondiente de los hechos que se han argumentado y las pruebas que acompañaron y, en virtud de aquello, en función de lo que establece el Código de Procedimiento Penal, dispondrá la apertura del caso o realizar las observaciones para que sean subsanadas”, manifestó.

Quispe,estimó que hasta el viernes se podría tener una respuesta de la Unidad de Análisis para abrir o no un nuevo proceso o, en su defecto, “sumar a los casos que ya se encuentran abiertos”. Además aclaró que esta nueva denuncia no tiene ninguna relación con el caso “golpe I” ni “golpe II”, este último ya tiene sentencia.

ALERTA

Mesa advirtió que se intenta reabrir una nueva persecusión para llevar presos a los líderes de la oposición y anunció de igual manera la presentación de una denuncia en contra del expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por incumplimiento de deberes en 2019 tras su renuncia, en medio de los conflictos.

Según el líder de Comunidad Ciudadana (CC) el caso “golpe I” es un proceso “falso” con un equipo de juristas que solo responde al mandato de Morales, quien es el “verdadero responsable” de la crisis de 2019. Aseguró que “siempre” estará presente cuando sea convocado.

“Nosotros no nos defendemos, nosotros acusamos a Evo Morales y a Álvaro García Linera de ser los responsables de un fraude, lo hemos hecho ya y se ha desechado como no era de otra manera por el Gobierno de Luis Arce, y acusaremos al expresidente Evo Morales en función de algo fundamental: incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo no cumpliendo su responsabilidad básica y escapar del país. El culpable es él (Morales), es un tema que lo llevaremos adelante”, aclaró.

Respecto al caso denominado “golpe I”, el miércoles precedente se presentó a declarar Ricardo Paz, asesor político del expresidente, Carlos Mesa, quien acudió a la Fiscalía para responder como testigo y, en su declaración, señaló que el proceso “no tiene razón de ser” debido a que no hubo golpe de Estado.

Sobre los hechos de 2019, Paz, según Brújula Digital, reiteró que hubo una sucesión constitucional, por parte de Áñez, tras la renuncia de Morales a la Presidencia del país, después que fue acusado de cometer un fraude electoral en los comicios generales de octubre de ese año.

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El juez cautelar, Raúl Estrada decidió ampliar la detención preventiva en atención a una solicitud fiscal, aunque no accedió a extenderla por seis meses, como se planteó inicialmente para continuar con la investigación.

“No sé cuál es la saña señor juez contra mi persona. Yo no he violado, no he matado a nadie”, afirmó Pumari al dirigirse al juez en la audiencia en la que pidió defenderse en libertad.

Pumari estaba cerca de cumplir los cuatro meses de detención dentro la cárcel una medida cautelar inicial que se había determinado pero ahora se amplió a tres meses más para que la Fiscalía pueda seguir con la investigación.

“No me van a doblegar, estoy firme, pero esta vez ya no me van a callar. Es hora ya de levantarse. Basta de tanto atropello. Ustedes están viendo, tenemos una justicia subordinada al poder político. Eso debe terminarse”, manifestó el excandidato a la Vicepresidencia del Estado al salir de la audiencia.

El excívico de Potosí estuvo al frente del movimiento cívico, que en la crisis de 2019 presuntamente quemó las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí. En el que se observó a través de imágenes que dos personas se lanzaron desde el primer piso del edificio en llamas, para salvar sus vidas en ese entonces.

Es acusado de los delitos de deterioro y destrucciones de bienes del estado, daño calificado, allanamiento, robo agravado y obstrucción a los procesos electorales.

“Sin entrar en consideraciones de orden legal el suscrito juez cautelar sexto penal dispone, acepta la ampliación del plazo de detención preventiva del señor Marco Antonio Pumari Arriaga; sin embargo, esta va a ser únicamente por el tiempo de tres meses más a efectos que los actos de investigación que aún se encuentran pendientes pueden ser realizados dentro de ese tiempo”, expresó el Juez Raúl Estrada según publicación de El Potosí.

Tras la determinación del juez sobre la ampliación de su detención a tres meses más, Pumari Advirtió que no se quedará callado, que se mantendrá erguido e incitó al pueblo a levantarse.

“Volvamos a trabajar en unidad. Pido a todo el pueblo boliviano, sigamos firmes. Una Bolivia mejor es posible, ¡basta de tanto atropello!”, exclamó la noche del precedente miércoles, rodeado por los medios de comunicación.

/ABH

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Al respecto, el abogado defensor del Ejército, Javier Peñaloza, señaló que el delito por el cual se encuentran procesados es el de homicidio, por lo que el Ministerio Público, en la audiencia de medidas cautelares, solicitará la detención preventiva por seis meses.

El jurista resaltó que Mendieta fue incluido en el caso pese a que fue Comandante del Ejecito y “no le corresponde el movimiento militar” de 2019 en aquella localidad potosina, indicando que esas facultades le pertenecen a otras altas autoridades de aquel entonces.

Por este caso, también está procesado y con detención preventiva en la cárcel de Cantumarca, el excomandante de la Décima División del Ejército, Luis Alberto Pacheco, reportó la red Erbol.

Detalles del caso

La muerte de Jarata ocurrió el 13 de noviembre de 2019 en medio de una intervención de policías y militares a un bloqueo de campesinos presuntamente afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en la carretera Sucre-Potosí, quienes rechazaban el Gobierno constitucional de Jeanine Añez.

El hecho sucedió cuando grupos de personas provocaron desmanes en el municipio potosino, por lo que efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía acudieron para restablecer el orden, reportó el diario El Potosí.

Tras los enfrentamientos, el comandante del regimiento Pérez III de Infantería, Hober Henry Rocha, y el departamental de la Policia, Williams Villa, aseveraron que no se usó armas de fuego sino agentes químicos.

Según testigos, la víctima no participó en los conflictos, sino que estaba de paso a Potosí y debido a la gasificación, se escapó por uno de los cerros.

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Mediante un comunicado la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA hizo conocer la fecha del informe, recalcando que el documento final contiene 468 páginas al trabajo realizado en el país.

Resaltaron las supuestas “irregularidades cometidas” por la Secretaria General de la OEA, acusándola de propiciar una “crisis institucional” de noviembre de 2019 mediante un informe preliminar de auditoría a los comicios presidenciales anulados.

Conclusiones del GIEI

Entre las conclusiones del GIEI afirmaron que entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019 se produjeron “graves violaciones a los derechos humanos” en Bolivia.

Establecieron que lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de “agentes estatales y de particulares”, reportó la red Erbol.

Al menos 37 personas perdieron la vida, además de centenares de heridos, en los conflictos postelectorales por las irregularidades observadas en los comicios. Tras la renuncia de Evo Morales, grupos afines al Movimiento Al Socialismo comenzaron con protestas además de instar a una supuesta “guerra civil”.

Investigación contra Morales y Añez

En agosto de 2021, luego de la presentación preliminar del informe del GIEI, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz aseveró que tanto la expresidente Jeanine Añez como Evo Morales deben ser investigados por los hechos del 2019.

“Todo lo ocurrido durante el Gobierno de la señora Añez y Evo Morales de acuerdo al marco que realizó el GIEI en esta investigación de septiembre a diciembre del año 2019, por supuesto que tiene que investigarse”, subrayó en aquel entonces.

Indicó también que se debe efectuar un juicio de responsabilidades contra Añez, de acuerdo al reporte del diario El Día.

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El presidente del CAT, Claude Heller Rousant, se pronunció en una sesión en Ginebra, Suiza, declarando respecto a la crisis de 2019, de acuerdo a un video difundido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

“Llamada Resistencia Juvenil Cruceñista, que se desplazaban igual que la anterior en motocicleta, por los llamados motoqueros, utilizando bazucas caseras o palos como armas, justificando su acción en defensa de la democracia, para apoyar en barrios a los opositores de Evo Morales y el MAS durante paros y bloqueos”, señaló Heller.

En los conflictos poselectorales en 2019, debido a diversas irregularidades en los comicios electorales, estos grupos operaron en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, en defensa de la democracia.

“Estos grupos paramilitares fueron financiados por los denominados pititas, personas de clase media alta y con la cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”, subrayó el presidente del CAT.

Conflictos en 2019

Tras los comicios de 2019, se produjeron conjeturas en la población, pues se evidenciaron diversas irregularidades en el conteo de actas oficiales, por lo que se denunció un presunto fraude electoral.

Lo que derivó principalmente en las sospechas de la población fue que la noche del 20 de octubre, el TSE suspendió el sistema de cómputo preliminar denominado TREP cuando la tendencia apuntaba a una segunda vuelta electoral.
Al día siguiente, el sistema se reinició reflejando que Evo Morales supuestamente era el ganador en la primera vuelta.

Por otro lado, grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) comenzaron con la convicción de que se produjo un supuesto “golpe de Estado”, por lo que renunció Evo Morales.

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“Nos encontramos muy preocupados por el actuar talibán y lo que esa teniendo el Gobierno del señor Arce Catacora conforme al trato a la mujer, al trato indiscriminado a los presos políticos donde se vulneran todos los derechos”, aseveró Calvo en conferencia de prensa.

Manifestó que el país tiene que “evolucionar” en el área de la justicia y la libertad de expresión para evitar que exista un “revanchismo político” y una vulneración a las normas actuales que rigen en Bolivia.

“Sabemos que esta justicia está totalmente contaminada, es cáncer para los bolivianos porque es un trabajo solamente de la clase política. Bolivia necesita un cambio, necesita que el señor Presidente (Luis Arce) demuestre que va a respetar y que va hacer caso a los informes internacionales que se han presentado”, subrayó.

Asimismo, insistió en que el “mayor culpable” de la crisis de 2019 fue Evo Morales, indicando que “todo comenzó” cuando no se hizo caso a la voluntad popular del referéndum constitucional del 2016 que rechazó una nueva repostulación.

En días precedentes, el estado de salud de la exmandataria se vio afectado por las autolesiones que se provocó en uno de sus brazos, presuntamente con el propósito de quitarse la vida.

Para la familia de Añez, su salud se deteriora cada día por un proceso judicial que lo consideran “injusto”, pero para el Ministerio de Gobierno, se trata de hacer “política” para “llamar la atención”, reportó la red Erbol.

Además de Añez, dos de sus exministros y otros exjefes militares se encuentran con detención preventiva en diferentes cárceles, por el caso del supuesto “golpe de Estado”, por la presunta compra irregular de material antidisturbio y otros procesos.

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Inicialmente, se acusó a Ecuador por el envío de armamento al país, recientemente se sumó Argentina. Ahora, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura aseguró que hay “sospechas” de que “también tendrían que ver en esos sucesos, Chile y Brasil.

Mamani mencionó que uno de los planteamientos es estructurar una comisión mixta de diputados y senadores para investigar la intervención de los Gobiernos de los países vecinos, en esos hechos.

En Junio, el Poder Ejecutivo confirmó que la Administración del expresidente ecuatoriano, Lenín Moreno actuó supuestamente en el marco de una ”cooperación regional para la represión“ con el envío de ”proyectiles y granadas“ antidisturbios en noviembre de 2019, en una acción que se manejó con ”perfil bajo“.

Acusaciones contra Argentina

La semana anterior, desde la Cancillería boliviana se acusó al expresidente de Argentina, Mauricio Macri de fomentar el supuesto ”golpe de Estado“ en Bolivia con el envío de ”armamento bélico“ como balas de goma y gases lacrimógenos.

Por tal motivo, el actual Gobierno de Argentina presentó una denuncia contra Macri ante la justicia, por el aparente ”envío ilegal de armamento y municiones“.

Debido a la crisis política que ocurrió en 2019, el Ministerio Público dictaminó la aprehensión de exautoridades como la expresidente Jeanine Añez, dos de sus exministros y exjefes militares.

Asimismo, estas medidas involucraron a exjefes policiales y excolaboradores cercanos a la exmandataria, además de algunos políticos de oposición, quienes denunciaron que esos actos son parte de una persecución política.

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Asimismo, dijo que la exautoridad militar tiene que decir la verdad, se tiene que dejar de vivir en zozobra ante la persecución maliciosa y perversa de los bolivianos, por silenciarnos e intimidarnos y de imponer un falso relato.

“El autogolpe fracasado en octubre de 2019 dio paso al montaje actual de golpe de estado en Bolivia”, señaló.

El militar en retiro indicó que Kaliman tiene el deber de pronunciarse en el marco del juramento de defensa de la Patria y el Ejército y como oficial de honor, como excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

“Muchas cosas tienen que aclararse, por eso el general Kaliman debe dar la cara. Nosotros, como militares del servicio pasivo, de la reserva, le conminamos por el honor de su persona y las FFAA”, manifestó.

Planteó la necesidad que los legisladores formen una comisión multipartidaria para iniciar investigaciones e indicó que deben ir a juicios de responsabilidades, los causantes de la crisis política de 2019, como el exmandatario Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, pero también la expresidente Jeanine Añez.

Por su parte, el  general de la reserva de las FFAA, Tomás Peña y Lillo detalló  que corresponde a Kaliman aclarar lo sucedido en noviembre de 2019, y recordó que él se encuentra en calidad de imputado en el caso denominado “golpe de Estado”.

“El que tiene que aclarar esto es el general (Kaliman) porque él es el responsable, el resto tenía que obedecerle. Ahora él está imputado, a él le corresponde aclarar exactamente lo que pasó, porque desde el punto de vista de nosotros los militares, resulta claro que esto es absolutamente político”, expresó.

En septiembre de 2020, la justicia dispuso detención domiciliaria para Kaliman por un proceso de incumplimiento de deberes, pero él rompió esa disposición.

La semana pasada el director de Interpol-Bolivia, Pablo García, anunció que se inició el trámite para la activación del sello azul contra el excomandante Kaliman, además del excomandante de las FF.AA., Sergio Orellana; el excomandante de la Policía, Yuri Calderón; los exministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López; y el exviceministro, Javier Issa.

Mientras que el excomandante de la Fuerza Área Boliviana (FAB), Jorge Terceros reveló en su declaración ante el Ministerio Público que Kaliman ya conocía de la renuncia de Morales y aun así decidió que se redactaría una sugerencia de la dimisión del exmandatario para “quedar bien”.

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Zavaleta recordó un video donde Camacho revela la participación de su padre, José Luis Camacho, donde supuestamente acordó con militares para que “no salgan” y repriman a las movilizaciones.

“Ahora, pues, que sea tan ágil también con la lengua para ir ante un fiscal y decir exactamente qué es lo que pasó, si financió a alguien, si pagó a alguien; si solicitó a algún policía que se amotine y solicitó a un militar que se insubordiné, que lo diga (…) frente a un fiscal a ver si sigue tan valiente como aquella época”, aseveró el exministro en contacto con Bolivia Tv.

Asimismo, considera que el gobernador de Santa Cruz, “debería ser el primero en ser citado” a comparecer por el caso del supuesto “golpe de Estado” en 2019, señalando que tuvo participación en la renuncia de Evo Morales.

Zavaleta sostuvo que el exmandatario dimitió a su cargo, presuntamente presionado por el movimiento cívico, un motín policial y la “sugerencia” de renuncia de las Fuerzas Armadas.

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El diputado oficialista, manifestó que la justicia no solo se centre en exministros, sino también en quienes colaboraron activamente en la interrupción del periodo “democrático” más largo que tuvo el MAS en Bolivia.

Tres informes para juicios de responsabilidades fueron aprobados por la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la jornada pasada, correspondiente a los años 2007 y 2008. Entre las personas acusadas está el ahora alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, el exministro Arturo Murillo y otros.

Informes para juicios de responsabilidades aprobados

Estos procesos recientemente aprobados, son por incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, sedición, incendio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, instigación pública a delinquir.

Asimismo, atentado contra la seguridad de los transportes, uso indebido de influencias y malversación, delitos que se pudieron cometer durante el llamado “enero negro”, en el que una protesta terminó con la quema de la entonces Prefectura y tres fallecidos, entre ellos el joven Christian Urresti y un campesino cochabambino.

Fernando Camacho: “No lograrán cambiar la historia”

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho indicó que el “masismo” con todos sus intentos no logrará cambiar la historia.

“Por mucho que mienta el masismo y utilice los recursos del Estado para imponer una narrativa que desprestigie a la Revolución de las Pititas, ligándola absurda y falsamente, a la corrupción de Murillo y de otros ministros, no logrará cambiar la historia”, expresó, según reporte de El Deber.

Crisis de 2019

La crisis de 2019 ocurrió luego de las elecciones en la que Evo Morales fue acusado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) de propiciar un presunto fraude. Además, el exmandatario se repostuló a pesar que, en el referéndum del 21 de febrero de 2016, la población votó por el “No” a la reelección indefinida.

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El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar cuestionó a Lanchipa y afirmó que la autoridad incumplió el compromiso de esclarecer los sucesos de Senkata y Sacaba, en la que supuestamente fuerzas militares y policiales actuaron ante un clima de convulsión. Adelantó que pedirá un informe formal sobre las pesquisas de la crisis de 2019.

Mientras que la diputada de CC, María José Salazar, en contacto con El Deber informó que pedirán al fiscal un reporte detallado de todas las acciones que realizó su despacho para esclarecer las denuncias de la “manipulación dolosa de los votos” que planteó la Organización de Estados Americanos (OEA) en un informe declarado vinculante por la propia Cancillería del Estado.

La exdiputada del MAS, Lidia Patty quien demandó a Lanchipa un informe sobre las razones por las que “los procesos por las masacres de Senkata y Sacaba no avanzan”.

La exlegisladora inició una denuncia penal contra exdirigentes cívicos, exministros y exautoridades militares, además contra la expresidente Jeanine Añez, detenida en la cárcel de Miraflores, precisamente por el supuesto caso “golpe de estado”.

Asimismo, Patty reclamó a Lanchipa por la falta de acciones contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y afirmó ser el “terror” de Camacho.

En el folio planteado se pide a Juan Lanchipa el acceso a los cuadernos de investigaciones de todos esos casos.

El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Penal, dio al Ministerio Público un mes para formular la propuesta acusatoria, pero Lanchipa informó la semana pasada que pidió 20 días más.

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