“Estamos listos para acompañar al presidente Rodrigo Paz en esta nueva época, con una relación de amistad, colaboración y apoyo mutuo”, declaró Ulloa en una entrevista con el medio boliviano El Deber durante su visita para la investidura presidencial de Paz.

El presidente Paz mencionó que la semana pasada tuvo una conversación telefónica con su homólogo salvadoreño Bukele. “Le dije: ‘ayúdame con las cárceles, que vamos a necesitar muchas acá’”, comentó el mandatario boliviano.

Paz valoró la franqueza y el carácter directo del presidente salvadoreño, cuya política penitenciaria ha despertado interés en varios países de la región. Por su parte, Ulloa destacó que ambos gobiernos también buscan avanzar en la creación de una Cámara de Comercio bilateral. Sin embargo, reconoció que la seguridad y el control penitenciario son temas prioritarios para la cooperación.

Apertura hacia Centroamérica

“Esta apertura de Bolivia hacia regiones como Centroamérica representa un antes y un después”, subrayó Ulloa. El interés de Paz Pereira en recibir asesoría salvadoreña se da en un contexto de crisis estructural del sistema penitenciario boliviano.

El exdirector de Régimen Penitenciario, Franz Laura, afirmó en recientes declaraciones a EFE que “Bolivia vive un momento crítico y se deben buscar soluciones a corto plazo para evitar más muertes en las cárceles”. Laura explicó que “el hacinamiento, la falta de infraestructura y la corrupción generan violencia constante entre privados de libertad”.

Condiciones carcelarias en Bolivia

Además, agregó que “es urgente revisar los protocolos de seguridad y realizar una rotación permanente de policías en los centros carcelarios”. Según datos oficiales, en 2024 Bolivia registró más de 32,000 reclusos, a pesar de que la capacidad de sus cárceles es para menos de la mitad.

Solo en los primeros meses de 2025, al menos 7 internos murieron en hechos violentos, algunos de ellos con participación de agentes policiales. “Esta mezcla entre presos condenados y preventivos sin una correcta clasificación incrementa la violencia y el consumo de alcohol y drogas”, indicó Laura.

Política de seguridad en El Salvador

El Gobierno de Bukele ha sido reconocido por su política de seguridad, que incluye la construcción de megaprisiones y la aplicación de un régimen de excepción desde 2022. Aunque esta medida ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, El Salvador asegura haber reducido significativamente los homicidios y debilitado las pandillas.

La cooperación entre ambos países podría centrarse en el intercambio de experiencias sobre gestión penitenciaria y control interno. Por ello, Ulloa reiteró que “para nosotros es un punto de inflexión, un antes y un después, por lo que le deseamos los mejores éxitos (a Rodrigo Paz) y que sepa que cuenta con nuestra mano amiga para poder continuar lo que inicia a partir de este momento”.

EFE

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Informe destaca situación de derechos humanos en Bolivia

El informe aborda la situación de los derechos humanos durante el año 2022, enfocándose principalmente en las personas privadas de libertad, pero también proponiendo acciones para proteger los derechos en orfanatos, asilos, cuarteles policiales y militares, entre otros lugares. Durante el año pasado, se realizaron 273 visitas en total, señala EFE.

Recomendaciones para proteger derechos en diferentes lugares

El informe establece alrededor de 30 recomendaciones a diferentes entidades estatales. Sin embargo, la principal recomendación es “mejorar la infraestructura carcelaria nacional”, según Pedro Callisaya, defensor del Pueblo.

Mejorar infraestructura carcelaria es la principal recomendación

Durante el período comprendido entre marzo y diciembre del año pasado, se observó un aumento en la población carcelaria. Pasó de 20.002 a 24.824 personas privadas de libertad, lo que representa una sobrepoblación del 188% si se considera la capacidad original de las cárceles.

Aumento de población carcelaria y detención preventiva

A diciembre de 2022, solo el 33.81% de los presos tienen sentencia y el resto permanece bajo detención preventiva dentro de estos recintos penitenciarios. Los casos más extremos se encuentran en la cárcel de San Pedro en La Paz y en la carceleta de Montero, ciudad vecina a Santa Cruz.

Deficiencias constantes en las cárceles bolivianas

Entre las deficiencias constantes en las cárceles se encuentran la falta de separación de la población por categorías, la seguridad y el control policial, los programas de rehabilitación debilitados y las dificultades en la atención médica, entre otros aspectos.

Necesidad de mejorar servicios de salud y reducir hacinamiento

El defensor afirmó que es necesario mejorar los servicios de salud, reducir el hacinamiento y realizar un estudio técnico sobre el uso de la detención preventiva para mejorar la situación en las cárceles.

Problemas en centros para adolescentes infractores, orfanatos y asilos

El informe del MNP-Bolivia también señaló que en los centros para adolescentes infractores no existe un programa individualizado de reinserción o tratamiento de enfermedades mentales o adicciones, lo que dificulta su reintegración social. En cuanto a los orfanatos, se identificó como uno de los problemas principales la irregularidad en la situación jurídica de los menores y la falta de mecanismos para atender denuncias. En relación a los asilos de ancianos, se observaron limitaciones en infraestructura y una gestión deficiente en cuanto a medicación.

Condiciones deficientes en cuarteles militares y policiales

En cuarteles militares y policiales existen condiciones deficientes en atención médica, provisión de medicamentos, así como problemas con baños, duchas y falta de espacios para estudiar.

Recomendación de aprobar ley sobre salud mental

El informe recomienda aprobar una ley sobre salud mental para evitar situaciones de indefensión.

Visibilización y trabajo conjunto para abordar problemáticas

La presentación del informe busca visibilizar y sensibilizar sobre estas problemáticas e invitar a todas las instituciones a trabajar conjuntamente, según indicó Callisaya. Según la Defensoría del Pueblo, Bolivia ha ratificado todos los tratados internacionales relacionados con prevención y sanción de tortura. Por ello insta a promover un trato digno hacia todas las personas.

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