por: Marcela Ríos Tobar/Latinoamérica21

El dramático asalto y toma de rehenes de un canal de televisión en Guayaquil en 2024, el asesinato de candidatos a la presidencia en Colombia y Ecuador, así como motines carcelarios, y escaladas de violencia homicida son algunas de las expresiones más públicas del impacto de la criminalidad en América Latina. Pero junto a esas manifestaciones que reciben amplia cobertura mediática, el crimen organizado, y diversas formas de ilegalidad, están transformando, también de manera soterrada, la vida social, económica y política de las sociedades latinoamericanas. Lo que hace décadas parecía un fenómeno periférico, circunscrito al narcotráfico en zonas geográficas acotadas como el Triángulo norte (México y Centro América), Colombia y el Caribe anglófono, hoy se extiende a decenas de rubros de economías ilícitas -desde el tráfico de personas a la minería ilegal hasta el cibercrimen y la corrupción- a todos los rincones del continente.

Según estimaciones recientes, en la región más de 100 millones de personas viven bajo esquemas de gobernanza criminal, donde organizaciones ilícitas pretenden sustituir al Estado. Se trata de áreas geográficas, incluyendo ciudades completas o sectores de las grandes urbes latinoamericanas, donde los servicios básicos, el mantenimiento del orden y la administración de la justicia no están bajo el control de las instituciones estatales, sino de grupos criminales. Un fenómeno que no siempre se expresa en aumento de homicidios; de hecho, el reciente informe “Criminalidad y Democracia en América Latina”, de IDEA Internacional advierte que el negocio criminal suele operar mejor sin violencia visible, siendo más lucrativo.

Las economías ilícitas e informales representan más del 20% del PIB regional, lo que otorga a los grupos criminales un poder económico y coercitivo que compite directamente con el del Estado. Esto genera lo que los investigadores Juan Pablo Luna y Andreas Feldmann denominan “política criminalizada”, donde organizaciones criminales infiltran y corrompen instituciones claves para el estado de derecho (como policías, tribunales, fiscalías, entre otras) para asegurar sus intereses. Una dinámica que redunda en un fuerte deterioro de la política y los regímenes democráticos.

Esto se observa en la captura y penetración de campañas, partidos y candidaturas mediante el financiamiento de la actividad política y electoral a nivel local y nacional. Cuando el crimen no logra controlar la política a través la cooptación, recurre a la violencia, persecución, intimidación, e incluso el asesinato de candidatos y autoridades que intentan enfrentarlo.

La expansión de la criminalidad también debilita las democracias cuando, desde la política y las autoridades, se busca combatirla a partir de la falsa y peligrosa dicotomía entre seguridad y democracia. Frente a la expansión de la criminalidad, emergen narrativas que prometen soluciones rápidas, pero autoritarias, que debilitan las instituciones del estado de derecho, el contrapeso de poderes y el acceso a la justicia.

El mantra de la “mano dura” sacrifica soluciones estructurales que requieren enfoques multidimensionales y deben funcionar en el largo plazo para ofrecer punitivismo penal inmediato. Utiliza las fuerzas de orden y los estados de excepción tanto para combatir el crimen e inseguridad como para perseguir a opositores, críticos y disidentes. Transforma medidas extraordinarias de restricción de libertades y garantías, en estados permanentes de control, y democracias electorales en regímenes autoritarios híbridos.

Así, la necesidad real y urgente de protección y seguridad es el combustible que potencia el surgimiento de líderes antisistema, a menudo populistas, con escaso compromiso con la democracia, el estado de derecho y la protección de libertades conquistadas a lo largo de décadas de construcción democrática. El ejemplo del presidente salvadoreño es un ícono de esta tendencia, pero su narrativa y estrategia están ampliamente extendidas entre líderes políticos de la región.

De esta forma, la expansión de la criminalidad en América Latina no es sólo una amenaza a la seguridad y al desarrollo económico. Es, ante todo, una amenaza a la construcción de comunidades democráticas prósperas e inclusivas. Por ello la urgencia de enfrentar la criminalidad fortaleciendo capacidades institucionales de los Estados, en particular los sistemas de justicia y penitenciarios, junto a mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, a la elusión de impuestos y el lavado de activos, entre otras.

Pero estas agendas de política pública, por robustas y consistentes que sean, resultarán insuficientes sin proteger, al mismo tiempo y con igual prioridad, a la política y los procesos electorales, a quienes supervisan las elecciones, toman las decisiones y dirigen los estados, tanto frente a la violencia, como de la infiltración.

Una agenda democrática de seguridad exige Estados e instituciones eficaces. Aunque la eficacia, por sí sola, no asegura la sobrevivencia de procesos y regímenes democráticos. Más allá de agendas sectoriales de seguridad, los actores democráticos en América Latina deben reconocer que es urgente construir alternativas a la mano dura i-liberal. Esto requiere políticas basadas en evidencia y cooperación internacional. Pero, sobre todo, articular narrativas que eviten el camino sin retorno de falsas dicotomías que obligan a los ciudadanos a intercambiar democracia y estado de derecho a cambio de seguridad. Solo así podremos desarticular la política criminalizada, proteger la integridad de las elecciones y reconstruir el vínculo entre ciudadanía y Estado.

Dra. Marcela Ríos Tobar, directora regional para América Latina y el Caribe en IDEA Internacional

Este artículo se basa en los hallazgos del informe “Criminalidad y Democracia en América Latina”, elaborado por IDEA Internacional.

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