Recuperación de motocicletas robadas en Sipe Sipe

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) recuperó 45 motocicletas robadas durante un operativo realizado en un domicilio del municipio de Sipe Sipe, Cochabamba. En este operativo, la Policía aprehendió a tres personas: dos mujeres y un varón, quienes están presuntamente vinculados a una organización delictiva.

Detalles del operativo

El subcomandante departamental de la Policía de Cochabamba, Marcelo Acuña, informó que el operativo no solo permitió recuperar los motorizados de distintos modelos, sino también desmantelar una estructura dedicada al robo y comercialización ilegal. Según el reporte, los implicados sustraían motocicletas, las cargaban en un vehículo y las trasladaban a zonas periurbanas, urbanas e incluso a otros departamentos para su venta.

Modificaciones para dificultar identificación

Además, se conoció que los delincuentes modificaban características como el color y otras partes de las motocicletas para dificultar su identificación. En el inmueble también se hallaron autopartes nuevas, que se utilizaban para incrementar el valor de los motorizados y hacerlos irreconocibles. Durante el operativo, se secuestró también una camioneta que era utilizada para el traslado de las motocicletas.

Feria para recuperación de objetos incautados

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, anunció que en coordinación con el Ministerio Público se organizará una feria para que la población pueda identificar y recuperar motocicletas, celulares y otros objetos incautados en distintos operativos. Las autoridades recomendaron a la población, especialmente en zonas periurbanas, evitar la compra de motocicletas de dudosa procedencia para no fomentar este tipo de delitos.

Implicaciones del crimen organizado

El descubrimiento de esta sofisticada red criminal dedicada al robo, alteración y comercialización de 45 motocicletas robadas en Cochabamba revela la complejidad y escala del crimen organizado en el tráfico de vehículos robados. Asimismo, subraya la urgente necesidad de que la población evite la compra de motorizados de dudosa procedencia para no alimentar estas redes.

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Capturan a tres sospechosos en Santa Cruz, Bolivia

En un operativo coordinado, el jueves 23 de abril, se logró la captura de dos brasileños y un paraguayo en el departamento de Santa Cruz. Este operativo fue llevado a cabo por el grupo DACI (Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia) y la Unidad de Crimen Organizado.

Detalles del operativo

Durante la acción, los agentes hallaron armas de grueso calibre, una gran cantidad de munición y documentos falsos que utilizaron para ingresar al país. Uno de los brasileños capturados presenta un sello de la Policía Federal de Brasil, lo que indica que es buscado en su país, según informó Red Uno.

Antecedentes criminales

Además, uno de los brasileños tiene un Sello Rojo de Interpol, lo que significa que es un prófugo de alta prioridad por delitos como homicidio y narcotráfico.

Involucrados en la captura

• Dos brasileños, uno con Sello Rojo de Interpol.
• Un ciudadano paraguayo.

Trabajo de inteligencia

El DACI realizó el trabajo de inteligencia mediante seguimientos, cámaras e infiltrados. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) también participó en la operación junto a la Unidad de Crimen Organizado.

Situación actual de los detenidos

Por ahora, los detenidos se encuentran en las instalaciones de la FELCC. La Fiscalía ya solicitó su detención preventiva y en las próximas horas serán presentados ante un juez.

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Asesinan a ciudadano brasileño en San Matías, Santa Cruz

Un violento hecho de sangre se registró en la localidad fronteriza de San Matías, en el departamento de Santa Cruz. Allí fue asesinado a tiros el ciudadano brasileño Luiz Antônio Pereira Leite de Souza, conocido como “Tutunga”. De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el cuerpo fue hallado por vecinos en una zona abierta del barrio Cristo Rey, alrededor de las 13:30 horas.

Detalles del hallazgo y la investigación

Personal de la división Homicidios se trasladó hasta el lugar y confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales. El examen forense determinó que el hombre murió a causa de múltiples impactos de bala que afectaron distintas partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza, cuello, pecho, espalda y extremidades. Esto evidencia la violencia del ataque.

Recolección de pruebas y avance de las indagaciones

En la escena del crimen, los investigadores recolectaron varios casquillos, los cuales serán sometidos a peritajes como parte de las indagaciones para esclarecer el hecho. Hasta el momento no se ha logrado identificar a los autores ni establecer el móvil del crimen. Sin embargo, las autoridades presumen que el asesinato ocurrió varias horas antes de que el cuerpo fuera encontrado.

Antecedentes del fallecido y contexto del crimen

Según datos preliminares, “Tutunga”, oriundo de Cáceres, Brasil, contaba con antecedentes policiales en su país. En el año 2000, fue candidato a concejal por el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB). La Policía continúa con las investigaciones para dar con los responsables de este hecho que vuelve a poner en evidencia la inseguridad en zonas fronterizas.

Implicaciones del asesinato en la frontera

Este brutal asesinato a tiros destaca un historial criminal significativo del involucrado en Brasil. Incluye acusaciones de secuestro de un avión para tráfico de drogas, lo que sugiere un ajuste de cuentas en la violenta zona fronteriza de San Matías y la complejidad del crimen organizado.

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Maximiliano Dávila condenado a 25 años de prisión

La justicia de Estados Unidos dictó una sentencia de 25 años de prisión contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila Pérez. Este fallo se produjo tras hallarlo culpable de conspirar para el envío de más de una tonelada de cocaína hacia la ciudad de Nueva York, utilizando la estructura estatal boliviana para facilitar operaciones del crimen organizado.

Declaraciones del director de la DEA

Durante la audiencia, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, calificó el accionar de Dávila como una “traición extrema” al Estado boliviano. Según el informe oficial, el exjefe policial transformó su oficina en una organización criminal dedicada a proteger a narcotraficantes y garantizar el flujo de sustancias controladas hacia territorio estadounidense.

“Sus acciones alimentaron la violencia, la corrupción y la adicción”, señaló Cole, enfatizando que este caso marca un precedente internacional: ningún cargo ni título institucional servirá de escudo para quienes antepongan el crimen al deber público, según Red Uno.

Detalles de la investigación

La investigación de la DEA detalló que, entre febrero y noviembre de 2019, Dávila utilizó su jerarquía y red de contactos políticos para desplegar un sistema de protección logística a gran escala. Entre los mecanismos identificados por la fiscalía estadounidense se encuentran:

• Custodia institucional: El uso de personal armado de la Felcn para escoltar cargamentos de droga.
• Manipulación de operativos: El desvío de controles antinarcóticos para evitar la interceptación de envíos ilegales.
• Control de terminales aéreas: La garantía de salida segura de aeronaves desde aeropuertos estratégicos, utilizando rutas que incluían escalas en la República Dominicana antes de su destino final en Manhattan.

Pruebas contundentes en el juicio

Uno de los pilares probatorios del juicio fueron las grabaciones obtenidas por fuentes confidenciales de la DEA. En los audios, se escucha a Dávila detallar cómo manipularía la seguridad el día del envío, comprometiéndose a retirar al personal policial para evitar interferencias y a desplegar agentes con armamento de alta potencia para la custodia.

En una de las frases más comprometedoras reveladas durante el proceso, el exjefe policial afirmó: «Lo importante es que el avión despegue y que recibamos nuestro dinero», dejando en evidencia el móvil económico detrás de la operación y asegurando ganancias para todos los involucrados en la red.

Extradición y consecuencias

Maximiliano Dávila fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2024, tras un proceso que expuso un esquema de narcotráfico de alto nivel con protección institucional. Para las autoridades norteamericanas, este caso representa un ejemplo emblemático de cómo el crimen organizado puede infiltrar los recursos del Estado.

La fiscalía estadounidense ratificó que continuará trabajando en la desarticulación de redes transnacionales que operan desde cargos públicos, subrayando que la sentencia de Dávila es un mensaje directo contra la corrupción vinculada al tráfico de drogas en la región.

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Bolivia inicia agenda contra el crimen organizado transnacional

En horas de la mañana de hoy, miércoles, Bolivia dio inicio a su agenda anual de trabajo para enfrentar el crimen organizado transnacional. Durante el acto, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, afirmó: “Hoy hemos iniciado la primera reunión de este año del Grupo de Apoyo del Clasi en un ambiente complejo que nos toca vivir, donde el crimen organizado está cada vez más difícil de combatir, es dinámico y desafiante para todos nosotros”.

Evolución de las organizaciones criminales

Justiniano destacó que las organizaciones criminales han evolucionado hacia estructuras dinámicas. Estas organizaciones ahora tienen presencia en múltiples países, utilizan tecnología avanzada y manejan redes financieras complejas. Esto exige una respuesta articulada entre los Estados.

Compromiso del Estado boliviano

El viceministro añadió: “Sabemos que el crimen organizado no espera y los resultados tampoco pueden esperar. En ese sentido, estamos impulsando una agenda concreta para hacer un fortalecimiento del trabajo operativo en nuestros países para afectar la economía del crimen y, además, para fortalecer nuestras instituciones”.

Participación internacional

En el evento también participaron el embajador Jaume Segura Socias, representante de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, y Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior y Policía.

Cumbre Ministerial del Clasi

En febrero pasado, durante la IV Cumbre Ministerial del Clasi, Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, asumió la presidencia pro témpore del organismo regional. Oviedo reafirmó el compromiso del Estado boliviano con una cooperación más operativa, tecnológica y orientada a resultados frente al crimen organizado transnacional.

Agenda centrada en tres ejes fundamentales

Justiniano concluyó: “El valor del Clasi no se mide en reuniones, sino en los resultados que logremos como región”. Además, mencionó que Bolivia impulsa una agenda centrada en tres ejes fundamentales:

• Fortalecer el trabajo operativo conjunto entre países.
• Afectar la economía del crimen mediante investigaciones financieras.
• Consolidar instituciones más confiables, profesionales y transparentes.

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Bolivia participa en la 69ª Comisión de Estupefacientes en Viena

Desde hoy lunes, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, junto a los viceministros de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, y de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, participan en la 69ª Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena, Austria. En este encuentro se dialoga sobre el crimen organizado y el narcotráfico.

Compromiso de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico

“Bolivia plantea en Viena una respuesta integral frente a las nuevas economías criminales del narcotráfico”, detalla una publicación de Justiniano. Durante la plenaria, Bolivia reafirmó su compromiso con el sistema internacional de fiscalización de drogas y con el principio de responsabilidad común y compartida entre los Estados.

Desarrollo del encuentro

El encuentro se desarrollará hasta el viernes 13 de marzo. No obstante, los viceministros no aclararon si se quedarán hasta la finalización.

Economías criminales convergentes

Justiniano destacó que hoy enfrentamos economías criminales convergentes, donde el narcotráfico se articula con el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas, los delitos ambientales y otras formas de crimen organizado transnacional. En este contexto, Bolivia presentó ante la comunidad internacional los cinco pilares de su política antidrogas:

• Fortalecimiento institucional.
• Control responsable de cultivos de coca.
• Uso de tecnología y planificación estratégica.
• Prevención y tratamiento desde la salud pública.
• Combate a las finanzas del narcotráfico.

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Por: Henry M. Rodríguez/Latinoamérica21

En Latinoamérica la arquitectura de seguridad está atravesando una transformación radical, impulsada por la irrupción de sistemas aéreos no tripulados (UAS) en las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales y de las redes de microtráfico local. Este fenómeno, que se ha disparado entre 2024 y 2026, representa un cambio de paradigma en la logística delictiva, el control territorial y la confrontación directa con las instituciones estatales, según advierte un análisis de El Tiempo (2025) sobre la expansión del narcotráfico aéreo.

En este contexto, la democratización tecnológica de los drones comerciales, sumada a la adaptabilidad táctica de los cárteles y bandas criminales, ha generado una asimetría operativa en la que el costo de la innovación delictiva es marginal en comparación con el elevado gasto que enfrentan los gobiernos para su detección y neutralización. Por consiguiente, el uso de aeronaves no tripuladas ha dejado de ser un recurso exclusivo de fuerzas armadas para convertirse en una herramienta accesible que hoy redefine los conflictos irregulares y la gobernanza del crimen en entornos urbanos y penitenciarios de Latinoamérica.

Bajo esta premisa, la seguridad en el presente trienio no puede limitarse a la vigilancia terrestre tradicional; requiere una comprensión profunda de cómo la tecnología ha permitido que las economías ilícitas conquisten la dimensión aérea de baja altitud.

Dinámicas de innovación y la captura del entorno táctico

El empleo de drones en la región ha pasado de una fase de vigilancia rudimentaria a una etapa ofensiva y logística de alta precisión, donde las organizaciones criminales capitalizan la disponibilidad masiva de dispositivos de consumo para transformarlos en vectores de transporte y ataque. Como señala El Estratégico (2025), esta transición se apoya en una lógica de bajo costo y alto impacto, pues mientras un sistema de defensa institucional puede superar los 100.000 dólares, un dron comercial modificado representa una inversión mínima con una capacidad de daño desproporcionada.

No obstante, es imperativo desmitificar la idea de una superioridad absoluta, pues la efectividad de estos dispositivos está condicionada por limitaciones técnicas. De acuerdo con datos técnicos de la Revista Marina, el 46% de los drones comerciales posee una autonomía inferior a una hora, lo que los confina al microtráfico de “última milla” o ataques rápidos, mientras que solo un 5% de los equipos especializados posee capacidades de vigilancia persistente que superan las 24 horas. Asimismo, el 38% de estos sistemas se ve limitado por vientos superiores a los 16 nudos, lo que matiza su impacto en zonas costeras o montañosas de difícil acceso.

A pesar de estas restricciones físicas, la sofisticación en la reducción de detectabilidad ha avanzado mediante la creación de talleres clandestinos. Según informes de Prosegur Research (2024), el uso de impresoras 3D para fabricar sistemas de liberación remota y la modificación de firmwares para evadir el geofencing —zonas de exclusión aérea impuestas por fabricantes— ha permitido que las redes criminales eludan los mecanismos de control tradicionales.

En última instancia, esta capacidad de adaptación técnica refleja una resiliencia criminal que aprovecha los vacíos regulatorios para consolidar un control territorial asistido por tecnología, especialmente en zonas de difícil acceso donde, como ha reportado la Policía Nacional del Ecuador, los drones se utilizan incluso para vigilar el arribo de avionetas en pistas clandestinas de Manabí y Guayas.

El frente penitenciario y el microtráfico de “última milla”

En el Cono Sur y la región andina, la vulneración de los sistemas penitenciarios mediante UAS constituye uno de los retos más críticos para el control civil legítimo. La experiencia en Chile, documentada por la Policía de Investigaciones (PDI) en la Operación Predator (2021), reveló una red que coordinaba vuelos nocturnos para ingresar estupefacientes en la cárcel Santiago Sur, y que logró al menos 21 incursiones exitosas con un avalúo de 100 millones de pesos chilenos.

Este patrón de delivery aéreo se repite en Argentina, donde la justicia de Córdoba desarticuló en 2025 una banda que operaba siete drones para abastecer el complejo de Bouwer con cocaína y teléfonos móviles, utilizando envoltorios aerodinámicos diseñados para no comprometer la estabilidad del vuelo. Por lo tanto, la captura de los centros de reclusión se ve amplificada por una herramienta que permite a los líderes criminales proyectar poder y coordinar economías ilegales sin necesidad de contacto físico.

Sin embargo, el fenómeno no es puramente logístico; en países como Colombia y México, la tecnología ha escalado hacia la confrontación abierta. Informes del Ejército Nacional de Colombia indican que, desde abril de 2024, se han registrado cerca de 400 incidentes con drones, incluyendo ataques de enjambres contra bases militares como la de Aguachica, Cesar. Simultáneamente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México ha formalizado unidades de Operadores Droneros, según reporta C-UAS Hub, integrando conocimientos tácticos que, en algunos casos investigados, incluyen transferencia tecnológica de combatientes con experiencia en conflictos internacionales.

Esta militarización del microtráfico y el control territorial plantea un conflicto de soberanía en el espacio aéreo de baja altitud que las fuerzas de seguridad actuales, con recursos de interferencia electrónica aún en fase de despliegue según el Mayor General Juan Carlos Correa, apenas comienzan a dimensionar.

Hacia una gobernanza aérea integral

Frente a este diagnóstico, resulta crucial que los Estados de Latinoamérica avancen en una estrategia multidimensional que trascienda la respuesta reactiva. El primer pilar de esta propuesta consiste en la armonización de marcos legales hemisféricos —siguiendo modelos como la regulación RBAC-E Núm. 94 de la Agencia Nacional de Aviación Civil en Brasil— que regulen la importación y trazabilidad de los UAS, eliminando los vacíos que permiten la adquisición anónima de tecnología de alta capacidad.

Reformas como estas deben ir acompañadas de un segundo pilar enfocado en la inversión en inteligencia criminal avanzada y sistemas de detección por radiofrecuencia y radares de alta resolución, capaces de distinguir entre aves y amenazas en entornos urbanos complejos.

Finalmente, el tercer pilar debe abordar la reducción integral del daño y la recuperación del espacio público, integrando la vigilancia aérea en un modelo de “urbanismo de seguridad” que proteja a las poblaciones vulnerables del contagio criminal asistido por tecnología. En última instancia, el éxito de estas medidas no dependerá únicamente de la superioridad técnica, sino de la capacidad de las instituciones para reformar sus estructuras de gobernanza y actuar con la misma agilidad que el algoritmo criminal.

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Por: Leopoldo Castro Teresa/Latinoamérica21

El 25 de enero, un campo de fútbol en Salamanca, Guanajuato, fue escenario de la última masacre que ha sacudido a México. El saldo fue de once personas asesinadas y una decena de heridos. Las autoridades atribuyeron el ataque a una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima, y el móvil tendría una conexión con el cobro de piso asociado a la práctica del fútbol. Comúnmente se considera que este tipo de delito afecta principalmente a empresas y comerciantes; sin embargo, su expansión se ha extendido hacia ámbitos no convencionales. ¿De qué manera se ha manifestado este delito en rubros como la fe, la educación y la recreación?

A lo largo de los años, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades ilícitas, siendo el cobro de piso una de las modalidades que mayores réditos les ha generado. Mediante amenazas, intimidación o, en algunos casos, el uso directo de la violencia, exigen pagos periódicos a personas o negocios, tanto formales como informales —diarios, semanales o mensuales—, a cambio de permitirles vender sus productos o continuar con sus actividades. Esto implica el control territorial de una zona determinada.

Este delito afecta tanto a una empresa transnacional como a un pequeño puesto de tacos. El temor a que el negocio sea dañado o destruido, o incluso a ser asesinados, lleva a trabajadores y propietarios a acceder a abonar las cantidades exigidas. En algunos casos, las sumas demandadas resultan impagables, lo que los obliga a bajar la cortina. En otros, pese a las amenazas, optan por resistirse y continuar operando.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, señala en sus estimaciones que, durante 2023, en México se cometieron 747.000 delitos de extorsión, de los cuales 113.000 correspondieron a extorsiones en la vía pública, en establecimientos o al cobro de piso. Mientras que en 2011 el 44,7% de las víctimas entregaron lo exigido por los criminales, para 2023 esta cifra ascendió al 67%. Esta tendencia al alza refleja una modalidad cada vez más exitosa para los criminales, ya que la mayoría de las víctimas cede a sus peticiones.

Además, el INEGI indica que, de los delitos cometidos contra unidades económicas, más del 90% no fueron denunciados de manera formal. Entre las causas de la no denuncia, el organismo destaca que cerca del 60% corresponde a factores atribuibles a la autoridad, que incluyen el miedo a la extorsión, la desconfianza institucional y malas experiencias previas.

En ausencia de cifras oficiales que cuantifiquen con precisión las pérdidas por cobro de piso como porcentaje de los ingresos empresariales, algunas estimaciones, como la emitida en 2024 por el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), señalan que representaba entre el 10% y el 20% del ingreso de este tipo de empresas (Senado de la República, 2024). Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó en 2025 que el delito de extorsión, que incluye el cobro de piso, representó pérdidas económicas por más de mil millones de dólares.

Se ha documentado ampliamente cómo negocios y productores de diversos sectores han enfrentado el cobro de piso. En los últimos años, sin embargo, se ha comenzado a observar una tendencia en la que actividades que anteriormente se encontraban fuera del radar de la delincuencia organizada han empezado a verse afectadas por esta práctica.

En 2022, el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles, declaró que en regiones del norte del estado de Jalisco era necesario contar con la autorización del líder local encargado de las actividades ilícitas de un cártel para llevar a cabo las fiestas patronales y que, de ser así, se debía entregar hasta el 50% de lo recaudado durante los festejos. Asimismo, en 2024, el presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo, afirmó que varios templos de la entidad habían cerrado debido al cobro de piso, equivalente aproximadamente a entre 580 y 1.160 dólares mensuales, de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese periodo.

En el ámbito educativo, este sector tampoco se ha salvado de este delito. Se ha reportado el cobro de piso a maestros de escuelas en distintas regiones de México; así lo documentó el diario El Universal en julio de 2024 al destacar que, en lo que iba del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se habían abierto doce carpetas de investigación por este delito. Un caso que ejemplifica esta situación es el de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en Michoacán, donde en abril de 2025 padres de familia denunciaron el cobro de piso a docentes, señalando que los delincuentes llegaron incluso a utilizar a los alumnos como intermediarios para entregar carpetas con amenazas dirigidas al personal educativo.

De la misma forma, las actividades de recreación, como la práctica deportiva, también se han visto afectadas, siendo la masacre ocurrida en Guanajuato su episodio más lamentable. El antecedente de este suceso trágico fue la emisión de amenazas por parte del crimen organizado contra ligas de fútbol amateur de la localidad, lo que llevó a que, días antes de la agresión, varias de ellas suspendieran sus partidos. Diferentes fuentes periodísticas han registrado que organizaciones y directivos recibieron exigencias de cobro de piso, equivalentes aproximadamente a casi 2.900 dólares mensuales, como condición para poder llevar a cabo los encuentros futbolísticos.

Ante la ausencia de protección por parte de la policía, algunas ligas optaron por contratar seguridad privada; sin embargo, diversos medios, como El País, señalaron que, de acuerdo con autoridades federales, el ataque en Salamanca habría sido producto de la disputa entre el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que cinco de las víctimas, integrantes de la seguridad privada, estarían presuntamente vinculadas a este último grupo. De acuerdo con estas versiones, miembros del CSRL habrían llegado a los campos de fútbol y abierto fuego de manera indiscriminada contra jugadores y espectadores.

En definitiva, el cobro de piso en nuevas actividades continúa en aumento. El escenario es complejo, ya que el Estado mexicano no está cumpliendo con su función primigenia de garantizar la seguridad de la población. Ello se explica, en parte, por la colusión de actores políticos, en distintos niveles de gobierno, y de agentes estatales que cooperan con grupos del crimen organizado o deciden no actuar. Esta situación ha permitido que dichas organizaciones ejerzan un control de facto sobre diversas regiones del país.

No se vislumbra un escenario alentador frente a una realidad que sobrepasa a los mexicanos. La estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, hasta el momento, presenta limitaciones, mientras una parte de la población se siente cada vez más acorralada por las redes criminales. Frente al cobro de piso, parecen existir dos vías reales: ceder a las demandas o negarse y afrontar las consecuencias. Ninguna de las dos debería ser una opción. La masacre ocurrida en Salamanca puede interpretarse como una expresión extrema de ese contexto, en el que, ante la ausencia de protección estatal, se recurrió a la contratación de seguridad privada. Sin embargo, el desenlace evidencia que el crimen organizado actúa conforme a sus propios intereses y que, para lograrlos, la vida del otro no constituye un obstáculo.

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Bolivia asumirá esta semana la presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi) durante una cumbre ministerial de alto nivel en Santiago de Chile. Este nombramiento coloca al país a la cabeza del organismo más importante para articular políticas de seguridad en la región, en un momento crítico por la expansión de redes criminales transnacionales.

La delegación oficial, encabezada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, coordinará las estrategias de los ministerios de seguridad de América Latina para los próximos periodos. La gestión boliviana al frente del Clasi se centrará en operativizar la lucha contra el crimen organizado bajo un enfoque de corresponsabilidad internacional.

Ejes prioritarios en la lucha contra el crimen

Según las directrices del viceministro Justiniano, los ejes prioritarios incluirán:

• Combate frontal al narcotráfico.
• Control del tráfico ilícito de armas.
• Desarticulación de redes de trata de personas.
• Ciberdelitos y delitos ambientales.

Estas áreas han cobrado relevancia alarmante en la agenda de seguridad de los países que integran el comité.

Fundación y objetivos del Clasi

El Clasi, fundado en 2021 con el respaldo técnico y financiero de la Unión Europea, fue diseñado siguiendo el modelo del Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI) europeo. Su objetivo fundamental es crear una arquitectura de seguridad estable en América Latina que permita a los Estados responder de manera conjunta ante amenazas que superan las fronteras nacionales.

En este sentido, la presidencia de Bolivia implica la responsabilidad de definir prioridades regionales y supervisar la ejecución de planes de acción operativa que involucren a múltiples fuerzas policiales y agencias de inteligencia. Durante el encuentro en territorio chileno, la representación de Bolivia liderará la revisión de la Declaración Conjunta Ministerial 2025 y comenzará los preparativos para la gran reunión ministerial UE–Clasi 2026.

Diálogo birregional y cooperación internacional

Este diálogo birregional busca consolidar el intercambio de información estratégica con Europa, facilitando el acceso a tecnologías de vigilancia y capacitación especializada para las fuerzas del orden bolivianas y de la región. De igual forma, la agenda contempla reuniones bilaterales clave con autoridades de Chile, Perú y Paraguay para agilizar operativos en fronteras compartidas.

Impacto en la política exterior boliviana

Para el Gobierno nacional, asumir esta presidencia pro tempore representa un hito en la política exterior de seguridad, posicionando a Bolivia como un articulador estratégico en el Cono Sur. El liderazgo en el Clasi no solo permite al país influir en la agenda de seguridad continental, sino que también refuerza la cooperación financiera con organismos internacionales.

El objetivo final es consolidar una respuesta estructurada, permanente y tecnificada frente a las redes criminales que operan en la región, garantizando que la cooperación entre países sea fluida y eficaz.

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La situación es especialmente preocupante en Santa Cruz de la Sierra, donde se han reportado casos de secuestros, asesinatos y la presencia de sicarios. Lara sostiene que el Gobierno no ha logrado contener el avance del crimen organizado en esta región.

“Pueblo de Bolivia: la situación que estamos viviendo, principalmente en Santa Cruz, es preocupante. El narcotráfico realmente se ha apoderado y ha tomado el control del Estado. Vivimos en un ‘narcoestado’, aunque algunos no lo quieran aceptar”, expresó el vicepresidente a través de sus redes sociales.

Casos de violencia recientes

Lara recordó que “hace unos días asesinaron a un joven en un club deportivo a sangre fría. Ayer en la mañana mataron a un ciudadano brasileño con 10 impactos de proyectil de arma de fuego y luego lo enterraron en un lote baldío”.

El vicepresidente también hizo hincapié en que grupos armados están ingresando a condominios, secuestrando personas y transportando armamento de grueso calibre. “De verdad, lo que está pasando en Santa Cruz es para preocuparse”, remarcó.

Críticas al Gobierno

Lara calificó al viceministro Ernesto Justiniano como “una farsa” y acusó al exzar antidrogas de no estar combatiendo de manera efectiva el narcotráfico. Por esta razón, anunció que enviará cartas al Presidente Rodrigo Paz para sugerir cambios urgentes.

Estas modificaciones no solo se centrarán en el Ministerio de Gobierno y en la lucha antidrogas, sino que también incluirán al alto mando policial. La situación de seguridad en Bolivia, especialmente en Santa Cruz, requiere atención inmediata y acciones concretas.

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Sokol explicó que “hay grupos que cuentan con armamento sofisticado”, mientras que la Policía ha sido desarticulada durante los últimos 20 años.

“No cuenta (la Policía) con equipo, armamento adecuado para enfrentar a estos grupos criminales. El gobierno está haciendo los esfuerzos máximos para poder recuperar de alguna manera esa fortaleza que debería tener la Policía para enfrentar a estos grupos criminales”, manifestó.

Búsqueda de recursos

El general indicó que actualmente la Policía está buscando generar recursos propios y también externos, con el objetivo de fortalecerse con “elementos indispensables” que le permitan “atacar a estos grupos criminales”.

Inseguridad en el país

Enfatizó que “la sociedad tiene que saber que lamentablemente nos han dejado no solo un país sino una institución totalmente desprotegida”.

“Estos 20 años han generado un ambiente de inseguridad en el país, en el cual muchos grupos delincuenciales se han apoderado de algunas de las calles de nuestro país”, indicó.

Penetración de estructuras criminales

Dijo que incluso las estructuras criminales han penetrado algunas organizaciones, como la Policía, la Fiscalía y probablemente el Órgano Judicial, lo cual dificulta el trabajo de las autoridades.

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El viceministro antidroga, Ernesto Justiniano, afirmó que la emboscada “no fue algo espontáneo ni una reacción social, sino un hecho organizado y financiado”. Como respaldo, presentó un audio en el que, aparentemente, una persona que habla quechua ofrece dinero a comunarios para que bloqueen el paso de los policías que intervenían su “puesto”.

Crimen organizado

Justiniano sostuvo que, cuando se paga a comunarios para proteger una fábrica de droga, ya no se habla de una protesta, sino de crimen organizado. “El Estado no permitirá que se use a las familias campesinas como escudo humano”, remarcó.

Agresión a los policías

Durante la agresión, los policías fueron atacados con piedras, petardos, machetes y otros objetos, dejando un saldo de 3 efectivos heridos. Además, 3 vehículos terminaron con los vidrios rotos y daños en su estructura.

La autoridad expresó su respaldo a los uniformados y advirtió que agredir a un policía “es atacar a la República, a la Constitución y a las familias bolivianas que quieren vivir en paz”.

Aprehensiones y secuestros

La Policía reportó 7 personas aprehendidas, entre ellas un menor de edad y una persona adulta que habría incitado a esta movilización, así como el secuestro de 3 vehículos y 2 motocicletas.

Reacción de los comunarios

Los comunarios rodearon al personal herido y exigieron la devolución de los precursores y la liberación de los detenidos, lo que obligó a las fuerzas del orden a usar agentes químicos para dispersarlos.

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Operativos en varias provincias

Los operativos, que fueron denominados Libertad, se realizaron en varias provincias costeras, incluyendo Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. También se llevaron a cabo en zonas de la Sierra centro del país.

Impacto en el crimen organizado

Las intervenciones policiales lograron prevenir que las víctimas entregaran un total de 1.228.500 dólares a los presuntos extorsionadores. Además, cuatro personas que estaban secuestradas fueron liberadas. Estas víctimas recibieron atención médica inmediata y fueron entregadas a sus familias siguiendo los protocolos establecidos.

Detenciones clave

Aunque los operativos se realizaron entre el 1 y el 7 de diciembre de 2025, los días 3 y 4 fueron los más relevantes. El 3 de diciembre, dos personas fueron detenidas en Lomas de Sargentillo, en la provincia de Guayas. Durante esta operación, se rescató a un hombre que estaba retenido dentro de su camión.

En Esmeraldas, otros dos sospechosos fueron arrestados por exigir una alta suma de dinero a cambio de no atentar contra la vida de un ciudadano y su familia.

Acciones en Manta

Un día después, el 4 de diciembre, un operativo en Manta resultó en la detención de una mujer y dos presos del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo. Estos individuos supuestamente exigían 5.000 dólares para no atentar contra sus víctimas.

Declaración de conflicto armado

Desde principios de 2024, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha declarado la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno”. Esta declaración ha permitido catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y ha facilitado la aplicación de estados de excepción, que incluyen la militarización de las cárceles controladas por estas estructuras criminales.

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Ambas autoridades resaltaron la vigencia y el éxito del convenio de cooperación policial que existe entre ambos países. Además, anunciaron que los compromisos establecidos se ampliarán próximamente durante el Encuentro de Ameripol, que se celebrará en Colombia. En este evento, se espera la participación del Comandante General de la Policía Boliviana.

Formación especializada en España

Uno de los pilares del nuevo programa es el acceso privilegiado de oficiales bolivianos a la formación en España. Se ha concretado la inclusión de personal boliviano en los programas del Centro de Estudios de Posgrado Policial de España. Este centro ofrecerá maestrías y especializaciones en diversas áreas estratégicas.

La oferta académica incluirá cobertura completa de estudios y estadía, abarcando temas como Escala Ejecutiva y Orden Público, Policía Científica y Ciencias Forenses, Ciberdelincuencia, Delincuencia Organizada y Blanqueo de Capitales, así como Derechos Humanos y Cooperación Internacional Policial.

Intercambio y modernización tecnológica

Además de los posgrados, se implementarán programas de intercambio que permitirán la profesionalización continua de oficiales bolivianos en territorio español. Durante este encuentro, también se sentaron las bases para la transformación digital de la fuerza policial boliviana.

España se comprometió a proporcionar asesoramiento técnico para impulsar la modernización tecnológica y la instalación de centros de datos en Bolivia. Se hará énfasis en compartir herramientas policiales que han sido desarrolladas junto a otras fuerzas de seguridad iberoamericanas.

Fortalecimiento de la cooperación

Ambos países coincidieron en la importancia de fortalecer el rol de los oficiales de enlace en la lucha contra estafas digitales, tráfico de drogas, trata de personas, ciberdelincuencia y migración irregular. El director Pardo extendió una invitación formal para que la Policía Boliviana participe en un evento internacional de ciberseguridad programado para junio de 2026.

Este evento reunirá a 4,000 participantes presenciales y más de 8,000 asistentes virtuales. Con estos acuerdos, Bolivia se integra a una red de cooperación policial internacional que tiene como objetivo mejorar las capacidades operativas, tecnológicas y académicas para enfrentar los desafíos relacionados con la criminalidad transnacional.

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Lo de pedir perdón a México a estas alturas no lo entiendo.

Luis Mateo Díez (Premio Cervantes)

En los últimos tiempos hemos asistido a la exigencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), primero, y de Claudia Sheinbaum, después, al Estado español para que pida perdón por las “atrocidades” cometidas durante la conquista y la colonización. Mientras, algunas mentes agudas se preguntan cuándo pedirán perdón estos gobernantes a los familiares de los 130.000 homicidios dolosos y las más de 50.000 desapariciones forzadas durante los últimos siete años de gobierno obradorista.
Se responderá ipso facto que no es lo mismo: lo que ocurrió hace más de quinientos años fue producto de una colonización violenta, y ese perdón es necesario para dignificar una relación de “claroscuros” históricos —como dijo recientemente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista—. Pero ¿acaso no sería necesario que también se pidiera perdón por haber permitido, y seguir tolerando, esta colonización interna de las organizaciones criminales de regiones prácticamente sin Estado?
Cierto: Cristóbal Colón, enviado por los Reyes Católicos, llegó a la isla Guanahani, del archipiélago de las Bahamas, el 12 de octubre de 1492 pensando que llegaba a la India. Más tarde, el 21 de abril de 1519, Hernán Cortés hizo lo propio: desembarcó en San Juan de Ulúa, se internó en el territorio y, en el camino a la Gran Tenochtitlan, estableció alianzas estratégicas para acabar violentamente con el Imperio Mexica.
Algo no tan distinto es lo que han hecho los barones del crimen organizado, que han pasado de ser súbditos del poder político a ser sus protagonistas, con todas las prerrogativas que eso significa en materia de control del territorio, de instituciones y los presupuestos federales, estatales y municipales.
Este perdón nunca ha llegado, y quizás nunca llegará, porque, en algún sentido, vendría de quienes practican la narcopolítica y, ojo, algunos de ellos hasta exigen el perdón al Estado español.
Entonces, ¿qué sentido tiene la solicitud de ese perdón? La narrativa populista siempre necesita tener un enemigo, ya sea para refrendar su nacionalismo ante un mundo globalizado o para encontrar culpables de sus propias incapacidades a la hora de generar bienestar a sus pueblos. Sea este el Estado español o los expresidentes Ernesto Zedillo o Felipe Calderón, en su calidad de exponentes unos del neoliberalismo y el otro responsable de la llamada “guerra contra el narco”.
Han transcurrido seis años desde cuando AMLO envió una carta al Papa Francisco y otra al rey español, Felipe VI, demandándoles el perdón por las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios. El Papa Francisco no tuvo ningún reparo en pedir protocolariamente ese perdón, mientras que la Corona española lo consideró un exceso y ha guardado un silencio prudente todos estos años.
Y de repente ha resurgido ese interés de lograr el perdón del Estado español, y los diplomáticos de dos gobiernos afines están trabajando para que en ese marco de discreción se logre su objetivo y buscar la foto triunfante entre el rey Felipe VI y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hay que reconocer que esta petición, más que para resarcir “atrocidades” históricas, tiene detrás un interés político y económico, como se ha podido leer entre líneas del discurso del ministro español José Manuel Albares Bueno.
Interés político porque, como afirmamos, hay una afinidad entre los inquilinos de la Moncloa y de Palacio Nacional, es decir, entre el PSOE y Morena. Pero, sobre todo, interés económico porque México está pasando por una falta de crecimiento económico que tiende a agravarse según los pronósticos para 2026 del Banco de México, mientras que España tiene una de las economías más estables de la Unión Europea, lo que resulta atractivo para estabilizar las relaciones diplomáticas entre las dos naciones aun cuando el Estado de Derecho para muchos inversionistas está en entredicho desde la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Y que ya veremos será la piedra de toque en las negociaciones tripartitas en la revisión del T-MEC cuando vendría a agravar la situación de un gobierno que gasta más de lo que le ingresa, lo que, en lógica pura, debería ser a la inversa y que se ha resuelto vía contratación de deuda
Entonces, debe imponerse la discreción diplomática para privilegiar el interés económico, y, para ello, son importantes los mensajes y guiños de los líderes políticos, que deben evitar cualquier gesto fuera de lugar.
Pongo dos ejemplos de contraste. El primero es una portada del diario El País en la que se ve al embajador mexicano en España, Quirino Ordaz Coppel, y al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares Bueno, saludándose afectuosamente como antesala de la inauguración de la exposición La mitad del mundo: La mujer en el México indígena, donde se exhiben 435 piezas arqueológicas en cuatro sedes de la capital española. En su discurso, el ministro reconoció que la conquista y colonización incluyeron “momentos de dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”.
El segundo es la respuesta con desdén de la presidenta Sheinbaum cuando se le preguntó, en una de sus conferencias mañaneras, sobre la intención de la reina Leticia de visitar México: “¡Ya veremos!”
Habrá quien diga que fue un lapsus irrelevante. Sin embargo, habrá quien crea que ese estilo tan singular de la diplomacia obradorista, que va del perdón al tropezón verbal, es lo que complica el trabajo de los tejedores finos en las relaciones bilaterales México-España.
Además, todo esto coincide lamentablemente con la ruptura de relaciones con Perú. El Congreso del país sudamericano declara a Sheinbaum persona non grata por, entre otras cosas, intervenir en los asuntos peruanos mientras desde la alta tribuna parlamentaria le reclaman que es presa del crimen organizado.
En definitiva, las relaciones de México con el mundo y, en particular, con algunos países latinoamericanos pasa por un mal momento cuando los líderes políticos cuestionan la connivencia de la política con el crimen organizado. Ahí es donde se hace necesario el perdón a las familias de los asesinados y desaparecidos para cumplir aquella máxima de AMLO de que “la mejor política exterior es la política interior”.

Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México

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La información fue confirmada por el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien precisó que la condena se logró a través de un procedimiento abreviado, al que accedieron los dos implicados tras ser identificados plenamente como los autores del crimen. La autoridad judicial dispuso que la medida excepcional se cumpla en la penitenciaría de máxima seguridad.

El crimen, que conmocionó a Palmasola, tuvo como víctima a Remberto López, un reo que a su vez estaba siendo investigado por la muerte de un juez en Cochabamba. Según la investigación, uno de los brasileños, Caiqui Lima S., fue identificado como el autor material del asesinato, mientras que el segundo hombre Oscar Junior Terra Días, fue quien presuntamente facilitó el arma de fuego utilizada dentro de la prisión.

Respecto a cómo ingresó el armamento al recinto, el fiscal Zeballos señaló que existe la hipótesis de que el arma fue introducida al penal en diferentes partes, por distintas personas, en varios momentos y lugares, logrando así evadir los controles de seguridad.

López, fue trasladado recientemente de la cárcel de San Pablo de Quillacollo (Cochabamba) a Palmasola, ingresando el 15 de noviembre. Estaba siendo investigado por su presunta vinculación en el asesinato de un juez ocurrido el 7 de noviembre en Cochabamba. López había grabado un video antes de su traslado, negando su participación en el crimen del juez y expresando que temía por su vida, incluso apuntando a ciertas personas.

López fue hallado muerto 11 días después de su ingreso a Palmasola, específicamente en un baño del pabellón PC-7, recibió dos disparos.

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Según los reportes iniciales, la muerte de López se produjo de forma violenta, siendo victimado con un disparo en la cabeza dentro de la prisión de máxima seguridad de Santa Cruz.

Remberto López había sido enviado a Palmasola bajo la acusación de ser uno de los autores intelectuales del crimen del juez Cruz, ocurrido en Cochabamba.

La víctima estaba fuertemente ligada al mundo del crimen organizado, lo que sugiere un posible ajuste de cuentas.

Remberto era el hermano de Nabor López, quien fue conocido como líder de una red de secuestradores y narcotraficantes que operaba en el trópico de Cochabamba. Nabor López también fue asesinado previamente, aunque en la cárcel de Chonchocoro.

Remberto López era miembro de la banda criminal denominada “Nuevo Amanecer”. Esta organización, según informes policiales, operaba en Cochabamba cometiendo delitos graves como secuestros y asesinatos.

La muerte de López dentro de una prisión plantea serios cuestionamientos sobre la seguridad en el penal y podría complicar aún más la investigación del asesinato del juez Wilber Cruz.

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La mayoría de los mexicanos han naturalizado la violencia en sus vidas. Se cuidan mínimamente, pagan extorsiones y tratan de no meterse en problemas. Otros muchos, que no pueden o no quieren pagar las imposiciones protestan con miedo, algunos pierden la vida o ven desaparecer familiares. Y otros, son obligados a entrar en la lógica criminal y acaban sufriendo las consecuencias.

Comprender la violencia en México exige una mirada más allá de las cifras nacionales, ya que cada municipio refleja dinámicas propias donde confluyen factores sociales, políticos y criminales que moldean realidades contrastantes. Para dimensionarla adecuadamente, es necesario analizarla desde el nivel local, donde se observa cómo coexisten, dentro de una misma entidad federativa, territorios con alta conflictividad, zonas bajo control criminal y regiones en las que la presencia del Estado es apenas perceptible. En el caso mexicano, esta complejidad se manifiesta en cuatro escenarios distintos de violencia, que reflejan la diversidad de contextos y desafíos que enfrenta el país.

Cuatro escenarios de la violencia

El primer escenario de violencia es el que se presenta en municipios con una gran presencia del Estado y del crimen organizado, en dónde el índice de asesinatos es muy alta y supera tasas de 60 por cada cien mil habitantes, superando en diferentes años tasas de 100. Municipios con más de medio millón de habitantes como Tijuana (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua) superan las 1,000 muertes violentas al año, mientras que Cancún (Quintana Roo), Acapulco (Guerrero), Celaya o Irapuato (Guanajuato) tienen cifras que varían de 500 a 800 homicidios al año. Entre los municipios que tienen menos de medio millón de habitantes destacan Playa del Carmen, Tulum (Quintana Roo) o Cajeme (Sonora), entre otros.

El segundo escenario corresponde a la mayoría de las áreas urbanas, que se mueven en tasas de homicidios que varían de 10 a 30 por cada 100.000 habitantes. No se superan en general los 200 homicidios al año, y éstos se concentran especialmente en las áreas marginales de las áreas metropolitanas de ciudades como Guadalajara y Monterrey, o como delegaciones de la Ciudad de México como Iztapalapa o Cuauthémoc entre otras.

El tercero se encuentra en zonas en las que la presencia del Estado no es fuerte o constante, y en dónde la dinámica de enfrentamiento entre los grupos del crimen organizado provoca que las tasas de homicidios superen los 50 por cada cien mil habitantes. Este contexto se encuentra especialmente en áreas rurales de municipios de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y más recientemente en diferentes municipios de Sinaloa y Tabasco.

Finalmente, el cuarto escenario es aquél donde el crimen organizado tiene el control del territorio y el Estado no tiene presencia efectiva. En estos espacios hay índices moderados y bajos de violencia homicida, pero se presume un importante número de desaparecidos y los ciudadanos están sometidos al control social y político de los delincuentes. Ello sucede especialmente en Tamaulipas, Veracruz, y espacios del sureste mexicano como Tabasco, Chiapas, Campeche y las comunidades rurales de Quintana Roo.

¿Un Estado fallido?

En el caso de los dos primeros escenarios, la importante presencia del Estado hace que no sea adecuado señalar la debilidad estatal, sin embargo, es muy claro que la respuesta del Estado ha sido claramente ineficiente para controlar la violencia. Hasta el momento, las diferentes estrategias de gestión de la inseguridad han fracasado en México.

En cuanto al tercer y cuarto escenario, se puede abrir el debate sobre si en estos casos podemos hablar de un Estado fallido y en cómo se debe fortalecer el mismo para recuperar la gobernabilidad democrática efectiva. La falta de policías profesionales, bien pagados y confiables a nivel local, y la apuesta por una respuesta militarizada a la violencia hace que sea muy difícil gestionar estas situaciones ya que no hay presencia ni inteligencia efectiva sobre el territorio.

El cuarto escenario es particularmente muy delicado porque demuestra que los indicadores de homicidios no son determinantes para saber si el crimen organizado tiene el control efectivo sobre la población. Y sin un conocimiento profundo del terreno, es muy difícil saber si estamos ante una zona libre de violencia o ante una zona controlada por grupos de la delincuencia organizada.

Persistencia de la violencia

La violencia ha persistido a lo largo de los años en amplias zonas del país y se traslada de forma puntual según estalla algún conflicto o se llega a algún pacto. Se encuentra presente en toda la geografía nacional pero para ser interpretada debe analizarse con atención el nivel local. Los esfuerzos de las autoridades para maquillar las cifras de homicidios a lo largo del país, no logran ocultar su importante dimensión e impacto, que además, se complica con el aumento de los desaparecidos que en 2015 no llegaban a los 4,200 y en 2024 superaron los 13,200.

Las interrogantes para los próximos años se centran en conocer si la estrategia de la actual administración de Claudia Sheibaum dará resultados (hasta el momento no se visualiza un cambio en la tendencia) y cuáles son los efectos de las leyes antiterroristas aprobadas por Estados Unidos.

¿Qué pasará si Estados Unidos fuerza a que se dejen de pagar extorsiones bajo el argumento de que las mismas suponen una colaboración con actividades terroristas?

Carlos Barrachina Lisón es investigador adscrito a El Colegio de la Frontera Sur.

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Esta afirmación fue realizada durante una entrevista en Belém, Brasil, donde Lara asiste a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30). El vicepresidente destacó que la situación que encontró al asumir el nuevo gobierno es “crítica” y que la Policía representa un punto vulnerable que facilita la expansión del crimen organizado en la región.

Corrupción en la Policía

Lara fue claro al señalar a altos mandos dentro de la institución: “Nuestra Policía está muy corrompida, aunque nos duela aceptarlo. Hay comandantes que dan cobertura y protección a criminales que buscan refugio en Bolivia,” afirmó el vicepresidente.

Según Lara, las redes criminales que operan en países vecinos como Brasil están aprovechando la fragilidad de los controles fronterizos y la corrupción interna para evadir la acción policial y fortalecer sus operaciones en territorio boliviano.

Reformas necesarias

Ante este panorama, Lara aseguró que el nuevo gobierno de Rodrigo Paz impulsará una reforma profunda de la institución policial y buscará una mayor cooperación internacional.

“Bolivia está quebrada y corroída por la corrupción. Por eso vamos a reestructurar y reformar la Policía Boliviana,” agregó el vicepresidente.

Desafíos del nuevo gobierno

Lara admitió que la lucha contra el crimen organizado requiere cambios estructurales urgentes. Anunció que el gobierno buscará reformas a la Constitución para “incrementar las penas a delitos que afectan la vida, el narcotráfico y la corrupción,” poniendo especial énfasis en castigar a los funcionarios corruptos que brindan protección a bandas criminales.

Al ser consultado sobre los desafíos iniciales del nuevo gobierno, Lara reconoció: “Hemos encontrado un país muy quebrado económicamente, corroído de corrupción,” dijo Lara. Aseguró que el manejo económico anterior fue “muy malo” y que una prioridad inmediata será la estabilización de las finanzas públicas.

Misión del gobierno

“Tenemos una misión clara: acabar con la corrupción, generar una mejor economía y dar más oportunidades,” concluyó el vicepresidente.

Finalmente, Lara expresó el interés de Bolivia en una mayor integración regional que fortalezca la cooperación en seguridad, medioambiente y desarrollo, bajo el lema: “Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia.”

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Esta revelación desmiente las insinuaciones de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico y exalta la honorabilidad del juez, asesinado el 7 de noviembre en Cochabamba.

El abogado de la familia de la víctima, Jhon Rioja, confirmó en entrevista con medios que la motivación detrás del crimen fue la venganza por la integridad profesional del juez.

Según el representante legal, el juez Cruz, quien se desempeñaba en Villa Tunari, recibió al menos dos llamadas telefónicas que buscaban presionarlo para ordenar la liberación del violador.

“Lo llamaron dos veces. Primero le ofrecieron dinero para liberar al violador. Él se negó. Luego le advirtieron: ‘Si no lo liberas, te vamos a quitar la vida a ti y a tu hijo’”, relató Rioja, destacando que el crimen fue “premeditado” y no un ajuste de cuentas.

El abogado desmintió categóricamente cualquier vínculo del juez con grupos delictivos o narcotráfico. “El juez era honorable, por favor, para la sociedad boliviana. Su asesinato fue una venganza por no ceder a la corrupción”, sostuvo Rioja, defendiendo la reputación del magistrado.

Las investigaciones están ahora enfocadas en determinar las responsabilidades intelectuales y materiales del asesinato. Rioja aseguró que las pesquisas apuntan a Elvis Villarroel y Remberto López como los autores intelectuales, mientras que Ariel Villarroel (hermano de Elvis) es señalado como uno de los autores materiales, actualmente prófugo junto a otras dos personas.

Remberto López es el mismo individuo previamente vinculado en la prensa a una banda criminal que habría buscado su liberación.

La Policía ha encontrado pruebas sólidas durante los allanamientos a las celdas de los acusados, se hallaron tres celulares que contienen llamadas y coordinaciones que evidencian la planificación del crimen. Además, se encontró un cuaderno con hojas idénticas al mensaje dejado en el auto del juez tras el crimen, y la letra coincide con la de uno de los imputados.

Estas pruebas están siendo sometidas a pericias, pero el abogado ya las considera “indicios muy fuertes” que confirmarán que el asesinato fue una represalia directa por la negativa del juez a traicionar su deber.

El crimen, donde el juez fue acribillado por sicarios en motocicleta frente a su hijo de 18 años, ha generado una masiva indignación nacional y reabierto el debate sobre la falta de seguridad para los operadores de justicia en Bolivia.

La entrada Juez Cruz fue asesinado por no liberar a un violador de una niña, según investigación se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Esta revelación desmiente las insinuaciones de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico y exalta la honorabilidad del juez, asesinado el 7 de noviembre en Cochabamba.

El abogado de la familia de la víctima, Jhon Rioja, confirmó en entrevista con medios que la motivación detrás del crimen fue la venganza por la integridad profesional del juez.

Según el representante legal, el juez Cruz, quien se desempeñaba en Villa Tunari, recibió al menos dos llamadas telefónicas que buscaban presionarlo para ordenar la liberación del violador.

“Lo llamaron dos veces. Primero le ofrecieron dinero para liberar al violador. Él se negó. Luego le advirtieron: ‘Si no lo liberas, te vamos a quitar la vida a ti y a tu hijo’”, relató Rioja, destacando que el crimen fue “premeditado” y no un ajuste de cuentas.

El abogado desmintió categóricamente cualquier vínculo del juez con grupos delictivos o narcotráfico. “El juez era honorable, por favor, para la sociedad boliviana. Su asesinato fue una venganza por no ceder a la corrupción”, sostuvo Rioja, defendiendo la reputación del magistrado.

Las investigaciones están ahora enfocadas en determinar las responsabilidades intelectuales y materiales del asesinato. Rioja aseguró que las pesquisas apuntan a Elvis Villarroel y Remberto López como los autores intelectuales, mientras que Ariel Villarroel (hermano de Elvis) es señalado como uno de los autores materiales, actualmente prófugo junto a otras dos personas.

Remberto López es el mismo individuo previamente vinculado en la prensa a una banda criminal que habría buscado su liberación.

La Policía ha encontrado pruebas sólidas durante los allanamientos a las celdas de los acusados, se hallaron tres celulares que contienen llamadas y coordinaciones que evidencian la planificación del crimen. Además, se encontró un cuaderno con hojas idénticas al mensaje dejado en el auto del juez tras el crimen, y la letra coincide con la de uno de los imputados.

Estas pruebas están siendo sometidas a pericias, pero el abogado ya las considera “indicios muy fuertes” que confirmarán que el asesinato fue una represalia directa por la negativa del juez a traicionar su deber.

El crimen, donde el juez fue acribillado por sicarios en motocicleta frente a su hijo de 18 años, ha generado una masiva indignación nacional y reabierto el debate sobre la falta de seguridad para los operadores de justicia en Bolivia.

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La declaración de Justiniano, quien es considerado el nuevo “zar antidroga” del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, busca poner fin al aislamiento internacional que caracterizó a la administración anterior en esta área.

Importancia de la cooperación internacional

En una entrevista con la red radiofónica Erbol, el viceministro subrayó la necesidad urgente de restablecer la cooperación. “Lo más pronto posible, no solamente con la DEA, sino con las fuerzas de Brasil, con las fuerzas de Paraguay, los países limítrofes, tenemos que coordinar y tenemos que trabajar codo a codo. Ya fue suficiente de estar aislado”, afirmó Justiniano.

Este anuncio se alinea con la política exterior del presidente Paz, quien busca reabrir Bolivia al mundo. La meta es fomentar la cooperación internacional sin que esto implique dependencia o menoscabo de la soberanía nacional, principios que fueron fundamentales durante el gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2019, cuando se expulsó a la DEA del país en 2008.

Reconocimiento del crimen organizado

Justiniano fue claro al reconocer la expansión del crimen organizado en Bolivia. Afirmó que “definitivamente los cárteles están acá” y que operan en territorio boliviano. Destacó que el narcotráfico es un fenómeno que “no tiene fronteras” y que las organizaciones criminales son “fuertes, con tecnología, con dinero y trabajan internacionalmente”.

Esta situación obliga a Bolivia a buscar apoyo externo. “Bolivia necesita del apoyo de otros países del mundo, Brasil, Estados Unidos, porque la lucha contra el narcotráfico es una lucha de absolutamente todos”, enfatizó en una entrevista con Bolivia Tv.

Experiencia previa de Justiniano

La designación de Justiniano Urenda no es casual. El viceministro ya ocupó el cargo de “zar antidroga” entre 2002 y 2003, durante la gestión del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Este periodo fue marcado por una intensa cooperación con Estados Unidos.

Justiniano defendió su gestión anterior, negando de manera categórica que en ese tiempo existiera sometimiento a agencias internacionales o inmunidad para el personal estadounidense. “En lo que a mí me tocó en el 2002, no había absolutamente nada de eso. (…) Ni los bolivianos tenemos inmunidad cuando se cometen delitos. ¿Por qué va a tener un extranjero inmunidad?”, concluyó.

Fin de una era en Bolivia

El inminente restablecimiento de lazos con la DEA representa el fin de una era en la política antinarcóticos de Bolivia y el comienzo de una nueva estrategia de seguridad nacional que se enfoca en la coordinación internacional.

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El juez, que se desempeñaba en Villa Tunari, fue abatido a tiros la noche del pasado 7 de noviembre en la ciudad de Cochabamba.
Reportes preliminares de medios locales señalan que el sospechoso fue identificado como Remberto L., un nombre que coincide con el de un individuo previamente mencionado en denuncias públicas por su conexión con redes de crimen organizado.

Se presume que el aprehendido pertenecería a una organización delictiva vinculada al narcotráfico y secuestros que opera en la región del trópico de Cochabamba.

El suceso ocurrió cuando el juez Cruz Arancibia circulaba por la avenida D’Orbigny, esquina Diego de Almagro, en la capital cochabambina. Cámaras de seguridad de la zona capturaron el momento exacto de la ejecución.

Las imágenes muestran a dos hombres a bordo de una motocicleta que interceptan el vehículo de la víctima y disparan a quemarropa contra el motorizado, asegurando la muerte del magistrado. Este modus operandi es característico de ajustes de cuentas o represalias del crimen organizado.

Aunque las autoridades policiales y el Ministerio Público no han ofrecido aún un informe oficial detallado, la identidad del aprehendido, Remberto L., apunta directamente a las explosivas denuncias de corrupción y amenazas que rodearon al caso.

Previamente, el abogado Ludwing Ledezma había acusado que el asesinato se debía a la negativa del juez Cruz Arancibia de liberar a Remberto López, hermano del fallecido delincuente Nabor López, conocido por liderar una banda criminal en el trópico.

La rápida acción de la Policía al capturar al presunto sicario o autor material y la identificación de sus presuntos vínculos con el narcotráfico y secuestro refuerzan la hipótesis de que el asesinato del juez fue una represalia directa del crimen organizado por decisiones judiciales que afectaban sus intereses.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba se encuentra ampliando la investigación para dar con el segundo involucrado en la motocicleta y determinar si el aprehendido actuó por orden de un cabecilla o fue el autor intelectual del crimen.

La entrada Capturan al presunto asesino del juez Wilber Cruz en Cochabamba se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El fatal suceso ocurrió apenas horas después de que el abogado Ludwing Ledezma hiciera pública una explosiva denuncia a través de la red social TikTok, señalando presuntos actos de corrupción en el sistema judicial y advirtiendo sobre las peligrosas implicaciones de un caso de alto perfil.

En su video, el abogado Ledezma apuntó a supuestas irregularidades dentro del Tribunal de Sentencia Número 1, del cual formaba parte Cruz Arancibia, junto a las abogadas María Cristina Terrazas Luján y Pamela Betancourt Torrico. La denuncia giraba en torno a supuestos intentos de favorecer la liberación de Remberto López, hermano del fallecido delincuente Nabor López, quien fue conocido por liderar una temida banda criminal en el trópico de Cochabamba.

Ledezma insinuó que el móvil del asesinato de Cruz Arancibia sería una represalia por no haber concretado la liberación de Remberto López, quien se encuentra recluido en el penal de San Pablo, Quillacollo.

El abogado no dudó en señalar directamente al presunto autor intelectual del crimen: Ariel Villarroel.

“El responsable del lamentable asesinato de este juez, mi sentimiento pésame, es Ariel Villarroel, al mando de la banda de secuestradores vinculada a Nabor López”, declaró Ledezma, sugiriendo que la ejecución fue una acción de la banda tras constatar que el juez no había cedido a las presiones para liberar a López.

La denuncia de Ledezma también agregó un elemento de alta gravedad al indicar que la banda habría recibido información de un policía de alto rango del trópico, lo que habría facilitado el seguimiento y la posterior ejecución del magistrado.

El contexto del caso se agrava con la denuncia de Ledezma de que la banda busca activamente evitar que Remberto López sea trasladado a un penal de máxima seguridad. Según el abogado, la razón es el temor a que López deba enfrentar a miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), una poderosa organización criminal brasileña con operaciones transnacionales, temiendo represalias en el nuevo recinto.

Esto sugiere la posible existencia de vínculos entre las estructuras criminales bolivianas y grupos internacionales de alta peligrosidad.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba ha confirmado la apertura de una investigación formal para dar con los responsables del asesinato de Cruz Arancibia.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles oficiales ni han confirmado las identidades de los autores materiales e intelectuales. La investigación se centra ahora en el recojo de indicios y la verificación de las denuncias de Ledezma, que han puesto en alerta máxima al sistema judicial y de seguridad boliviano ante la posible penetración del crimen organizado en sus estructuras.

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El despliegue de los efectivos militares se llevó a cabo específicamente sobre el río Mamoré, en el departamento del Beni. Esta acción busca reforzar los operativos en la zona fronteriza, según reportó Correo del Sur.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, confirmó que esta medida fue ordenada por el Presidente del Estado, Luis Arce. “El Presidente del Estado ha dispuesto que 40 efectivos de unidad estática (de la Policía) se trasladen hasta allí precisamente para controlar el río Mamoré con las Fuerzas Armadas, en este caso con la Fuerza Naval, e impedir que cualquier ciudadano producto de actividades delictivas pretenda dejar Brasil e ingresar a nuestro territorio”, explicó Aguilera en una entrevista con Bolivia Tv.

Operativos tras megaoperativo en Brasil

La intensificación de los operativos de seguridad se produce después del megaoperativo que tuvo lugar en Río de Janeiro el pasado 28 de octubre. Este operativo dejó un saldo de más de 130 fallecidos, lo que ha aumentado la preocupación por la posible migración de grupos del crimen organizado hacia Bolivia.

El viceministro Aguilera destacó que, debido a los 3.423 kilómetros de frontera que Bolivia comparte con Brasil, el control emplea “otras estrategias” que van más allá del patrullaje habitual.

Refuerzo en ejes fronterizos

El refuerzo de las operaciones se concentra en los ejes fronterizos Norte, central y Sur. Los equipos de seguridad, que ahora incluyen a la Armada, están presentes en varios puntos estratégicos: Cobija (en el puente de La Amistad que conecta a ambos países), el río Mamoré, Puerto Suárez y Puerto Quijarro (en Santa Cruz).

Además del control fijo, se han establecido puntos móviles en las rutas que conectan estas locaciones fronterizas con las capitales de los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz, según reportó El Potosí.

Intercambio de información con Brasil

Las autoridades bolivianas también mantienen un intercambio continuo de información con sus pares de seguridad en Brasil. Este esfuerzo conjunto es fundamental para enfrentar la amenaza del crimen organizado en la región.

La entrada Armada Boliviana se suma a controles fronterizos con Brasil para contener el crimen organizado se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Específicamente, en los comandos de Santa Cruz, Beni y Pando, que son frontera con el vecino país de Brasil, con el plan de operaciones Escudo de Hierro, ordeno realizar operaciones policiales y acciones en toda esta frontera. Esto tiene la finalidad de evitar que personas de organizaciones criminales puedan ingresar a nuestro país”, afirmó Russo.

Operación en Brasil

La operación en territorio brasileño tuvo como objetivo la captura de los principales cabecillas del Comando Vermelho. Esta organización es considerada la más antigua y poderosa de Río de Janeiro, con presencia en distintas regiones del país, según la Defensoría Pública de Brasil.

Controles fronterizos

Ante esta situación, la Policía Boliviana activó dispositivos fijos y móviles para reforzar los controles en puntos fronterizos como Puerto Suárez, Bolpebra y Guayaramerín. Además, se desplegó personal en pasos irregulares para impedir el ingreso de personas vinculadas al crimen organizado, según se dio a conocer a través de Correo del Sur.

Vigilancia permanente

Russo indicó que el patrullaje también se extendió a zonas cercanas a los accesos fronterizos, tanto legales como ilegales, con el fin de mantener una vigilancia permanente.

Alerta regional

La alerta no solo alcanzó a Bolivia. Países vecinos como Paraguay y Argentina también han fortalecido sus controles fronterizos para evitar que integrantes del Comando Vermelho escapen del territorio brasileño.

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Ríos detalló que el combate a las organizaciones ilícitas es una prioridad nacional. En este contexto, subrayó que las acciones deben ejecutarse conforme a la ley, con la coordinación entre instituciones y el principio de responsabilidad compartida. Además, destacó que la preservación de la vida debe ser un eje central en cualquier estrategia de seguridad, ya que ningún operativo debe poner en riesgo a la población civil.

El narcotráfico y su impacto

El ministro recordó que el narcotráfico es una amenaza que trasciende fronteras y afecta a múltiples países. Por esta razón, insistió en que las respuestas deben ser conjuntas y equilibradas, de modo que se fortalezcan los mecanismos de cooperación entre los Estados. También resaltó que este trabajo no debe generar estigmatización ni persecución injusta hacia la ciudadanía, sino que debe garantizar su protección.

Solidaridad con Brasil

Ríos también expresó su solidaridad con la población brasileña tras los recientes eventos ocurridos en Río de Janeiro, donde un operativo policial contra la banda Comando Vermelho dejó más de 100 fallecidos. Consideró que situaciones como esta evidencian la urgencia de actuar con prudencia, ya que “las organizaciones criminales ponen en riesgo a la sociedad, pero su combate no puede poner en riesgo la vida de la población”.

Cooperación internacional

Finalmente, el ministro sostuvo que el crimen organizado y el tráfico de drogas no deben ser utilizados como justificación para intervenciones militares o para vulnerar la soberanía de otros países. Aclaró que la cooperación internacional debe ser el camino para enfrentar los desafíos comunes, siempre bajo el respeto mutuo y la defensa de los derechos humanos.

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El parlamentario anunció gestiones para la recuperación de un camión de alto valor robado en Calama que se encontraría en territorio boliviano, e instó a impulsar una agenda conjunta de seguridad.

Videla, quien se reunió con autoridades locales y equipos de los candidatos presidenciales bolivianos, destacó el compromiso bilateral para enfrentar la situación.

“Lo que nos convoca ahora es enfrentar el crimen organizado, el robo de vehículos y las bandas que aún operan entre ambos países. Hay buen ambiente y compromiso para fortalecer la cooperación binacional,” señaló Videla en su visita a las instalaciones de grupo El Deber.

El diputado describió la frontera entre ambos países como “amplia, agreste y de difícil control”, con pasos cordilleranos que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es en estas zonas donde operan redes mixtas de ciudadanos chilenos y bolivianos.

Según Videla, los delincuentes a menudo dejan un vehículo robado en la frontera chilena, lo cambian por droga y el vehículo termina llegando a Bolivia, alimentando el mercado de vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”.

El parlamentario reveló que está tras la pista de un camión robado en Calama, avaluado en más de 350 millones de pesos chilenos, que se encontraría en territorio boliviano. Videla entregó los antecedentes del caso al concejal Manuel “Mamén” Saavedra para coordinar el intercambio de información.

Videla recordó además el caso del chileno Mario Bello, herido de bala por delincuentes durante un operativo, como un ejemplo de la violencia que acompaña a este tipo de delitos.

El diputado de Antofagasta enfatizó que la lucha contra la delincuencia debe superar cualquier tipo de nacionalismo.

“Da lo mismo la nacionalidad. El delito es lo grave. En Chile hay miles de ciudadanos bolivianos que trabajan y aportan al país. Pero quien delinque debe ser sancionado, sea chileno o boliviano,” sostuvo.

Aunque la situación de seguridad fronteriza se mantiene “sin mayores cambios” en los últimos años, Videla observó una mayor disposición política actual para emprender acciones conjuntas. “Ambos gobiernos están entendiendo que debemos actuar con decisión. Tenemos que terminar con los pasos no habilitados y trabajar como países hermanos,” afirmó.

Videla anticipó que, tras el balotaje en Bolivia, una delegación de legisladores bolivianos viajará a Santiago para reunirse con el Congreso chileno, buscando profundizar esta agenda de seguridad.

“El mensaje es claro: sentémonos a conversar. No podemos dejar espacio a los chuteros ni a los delincuentes. Si no hay seguridad y tranquilidad, es difícil pensar en cualquier otra agenda común,” subrayó.

El diputado destacó la fuerte conexión cultural, citando que en Calama, su ciudad de representación, “el 60% de los estudiantes en algunos colegios son bolivianos,” lo cual debe ser un pilar para fortalecer las relaciones bilaterales.

El parlamentario concluyó que la prioridad debe ser combatir el crimen organizado, ya que “podemos hablar de litio, comercio o cultura, pero sin seguridad es difícil pensar en otra cosa.”

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América Latina y el Caribe enfrenta una paradoja inquietante: mientras los países buscan avanzar en sus metas de desarrollo, el crimen organizado se afianza como una amenaza estructural y persistente al bienestar colectivo.

Las organizaciones criminales han expandido su influencia social y política, gestionando mercados ilícitos cada vez más diversificados. Actividades como la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión les han permitido ampliar su control sobre instituciones, territorios y comunidades enteras.

El impacto sobre el desarrollo humano de la región es profundo. Allí donde el Estado no logra consolidarse, las redes criminales llenan el vacío ofreciendo una forma alternativa, y a menudo violenta, de gobernanza. Tal como advierte el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo del PNUD, esta forma de control no solo reproduce desigualdades, sino que también socava los fundamentos mismos de la cohesión social y la democracia.

Gobernanza criminal y comunidades atrapadas

El crimen organizado no es un actor oculto que opera en los márgenes, sino un poder que se entrelaza con estructuras sociales, económicas y políticas. En barrios periféricos de Río de Janeiro o en zonas rurales de Colombia, grupos criminales proveen seguridad, aplican “justicia”, reparten alimentos o financian obras comunitarias y carreras políticas. En muchos casos, esto no sería posible sin la complicidad de autoridades locales o la desesperación de una ciudadanía desatendida por el Estado.

Esta “gobernanza criminal”, como la denominan algunos investigadores, no intenta sustituir al Estado, sino coexistir con él, negociando favores y estableciendo zonas de influencia. Se trata de un modelo híbrido que combina violencia, corrupción y servicios, y que tiene efectos devastadores sobre el desarrollo humano. Cuando las personas deben pagar por protección, obedecer reglas impuestas por bandas armadas, o vivir bajo amenazas constantes, la idea misma de derechos queda suspendida.

Un ejemplo extremo es el de Haití, donde casi el 80 % de la capital, Puerto Príncipe, está controlada por bandas que reemplazan al Estado en funciones básicas. Estas estructuras no solo extorsionan a la población, sino que utilizan la violencia sexual como arma de guerra y desplazan a cientos de miles de personas. En otros contextos menos agudos, la ciudad de Rosario se ha convertido en el epicentro de la violencia en Argentina, con una tasa de homicidios que en 2022 alcanzó un récord histórico de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El crecimiento del microtráfico ha fragmentado los liderazgos criminales y ha derivado en una violencia caótica que afecta a las comunidades más pobres.

Obstáculos para el desarrollo: violencia, informalidad y exclusión

El crimen organizado no opera en el vacío. Se nutre de entornos marcados por la pobreza, la informalidad, la corrupción institucional y la exclusión social. En esos escenarios, las oportunidades formales y legales son escasas, y los mercados ilegales aparecen como la vía real y alcanzable para la generación de ingresos.

En países como Perú o Brasil, la minería ilegal no solo destruye ecosistemas y desplaza comunidades indígenas, también captura recursos que podrían invertirse en salud, educación o infraestructura. En el caso de la trata de personas, los criminales encuentran en la migración forzada un negocio rentable basado en la explotación sexual y laboral de mujeres, niñas y niños. Y en ciudades de Centroamérica, pequeños comercios, escuelas y hasta hospitales deben pagar “renta” para poder operar sin represalias.

Asimismo, países que durante años fueron considerados modelos de estabilidad y seguridad en la región, como Uruguay, Chile o Costa Rica, ya no están exentos de los impactos del crimen organizado. En estas sociedades, el crecimiento de los homicidios, la penetración del narcotráfico y la consolidación de mercados ilegales están erosionando esa percepción de excepcionalidad. La fragmentación de bandas, el aumento de la violencia en zonas urbanas y la presión sobre los sistemas penitenciarios muestran que la amenaza ya no se limita a los países tradicionalmente asociados con altos niveles de criminalidad.

La criminalidad organizada vulnera así el derecho a una vida digna, a la educación, a la salud y a la libertad y el círculo se completa con la impunidad. Si los operadores judiciales y policiales son cooptados o intimidados, si las instituciones no protegen a las víctimas ni castigan a los victimarios, la criminalidad se perpetúa. Y con ella, se profundiza la desconfianza en la democracia.

¿Qué hacer frente a un enemigo tan complejo?

Combatir al crimen organizado en América Latina exige mucho más que operativos policiales o leyes más duras. Requiere una transformación profunda de la mirada y de las políticas públicas. Este fenómeno no se limita al tráfico de drogas: se trata de un ecosistema criminal que opera en múltiples mercados ilícitos, que infiltra instituciones, captura territorios y, sobre todo, erosiona las condiciones básicas para el desarrollo humano. Y por eso, las respuestas deben estar a la altura de su complejidad.

En primer lugar, es urgente abandonar las soluciones lineales y apostar por un enfoque integral. Durante décadas, los gobiernos de la región han concentrado esfuerzos y presupuestos en la lucha contra las drogas, dejando en la sombra otras economías ilegales igualmente destructivas: la trata de personas, la minería ilegal, el contrabando o el tráfico de armas. Estas actividades no solo generan enormes beneficios para las organizaciones criminales, sino que también devastan comunidades, destruyen ecosistemas y refuerzan redes de corrupción. Ampliar el foco y actuar de manera coordinada sobre estos frentes es un primer paso esencial.

Pero no basta con identificar los delitos: hay que entender su lógica territorial. Las dinámicas del crimen no son iguales en el norte de Colombia que en una favela de Brasil o en un barrio periférico de Rosario. En algunos casos, se trata de estructuras jerárquicas que ejercen control total; en otros, de redes fragmentadas que se disputan calle por calle. Por eso, las estrategias de respuesta deben construirse desde lo local, con diagnósticos precisos y políticas diferenciadas según las condiciones del territorio.

También es fundamental recuperar la presencia del Estado en los lugares donde ha sido desplazado. Y esto no significa únicamente reforzar la presencia policial. Significa llevar servicios públicos, construir escuelas, garantizar acceso a salud, justicia y oportunidades reales. Allí donde el crimen organiza la vida cotidiana, el Estado debe reaparecer como una alternativa legítima, eficaz y cercana. Sin justicia confiable, empleo digno ni enfoque de género, cualquier estrategia será incompleta.

Finalmente, ningún país puede enfrentar solo un problema que desborda fronteras. Las redes criminales son transnacionales, y la respuesta debe serlo también. Compartir información, coordinar estrategias regionales, armonizar legislaciones y reforzar la cooperación judicial son pasos imprescindibles para cortar los hilos que conectan estos entramados criminales en todo el continente.

Un desafío colectivo y urgente

El crimen organizado no es un problema sólo de seguridad: es un problema de desarrollo y de gobernanza. Afecta la economía, erosiona la democracia y condena a millones a vivir bajo miedo o dependencia. Enfrentarlo requiere voluntad política, capacidad institucional y una mirada regional que reconozca las múltiples caras del fenómeno.

La estrategia de capturar líderes criminales e incautar cargamentos no es suficiente. La verdadera lucha pasa por recuperar los territorios, fortalecer el tejido social y devolver a la ciudadanía la esperanza de que otro modelo de vida es posible. Uno donde los derechos no dependan de un pacto con el crimen, sino del compromiso real del Estado y la sociedad con el desarrollo humano.

Este artículo se basa en el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo”.

Lucía Dammert es profesora titular en la Universidad de Santiago de Chile y destacada experta en temas de seguridad, violencia urbana, crimen organizado y políticas públicas en América Latina.

Santiago Rodríguez-Solórzano es Asesor en Economía Política para PNUD América Latina y el Caribe.

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Además, con esta acción se busca sancionar y combatir de manera efectiva los delitos que afectan a Bolivia y Brasil, según informó la agencia ABI.

Detalles del operativo conjunto

El fiscal departamental de Pando, Freddy Durán Montero, comunicó que esta acción coordinada es el resultado de reuniones sostenidas entre las autoridades de ambos países. En estas reuniones también participó el Comandante Departamental de la Policía.

“Este operativo conjunto es el resultado directo de las reuniones de coordinación sostenidas entre las autoridades de Bolivia y Brasil, así como con el Comandante Departamental de la Policía”, indicó Durán, según un reporte de la Fiscalía General.

Cooperación bilateral en acción

La cooperación entre Bolivia y Brasil se enmarca en la lucha global contra el crimen organizado. Esto incluye delitos como el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad ciudadana.

En los últimos meses, ambos gobiernos han intensificado sus esfuerzos conjuntos para fortalecer el control en zonas fronterizas que son consideradas de alto riesgo, según Aygun Noticias Somos Todos.

Enfoque en la seguridad ciudadana

La cooperación entre Bolivia y Brasil es fundamental en la lucha contra el crimen organizado, que representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos. Recientemente, ambos países han aumentado sus esfuerzos para combatir el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos transfronterizos.

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Esta acción representa una de las primeras medidas que tomó su gobierno tras asumir el cargo, luego de la destitución de Dina Boluarte. La decisión se tomó en respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana en el país.

Operativo en cárceles

Según la información divulgada por la Presidencia peruana, el operativo se inició en el penal de Ancón I, ubicado en Lima. Allí, Jerí supervisó las intervenciones junto al viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Jesús Baldeón, y al director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes.

De manera paralela, se realizaron intervenciones en los penales de Lurigancho, Trujillo y Challapalca. El propósito de estas acciones fue desarticular redes de extorsión y sicariato que se coordinaban desde estos establecimientos penitenciarios.

Incautaciones y nuevas divisiones

El INPE informó que estas acciones se replicarían en otros penales del país para detener delitos que se gestaban dentro de los centros penitenciarios. Durante los operativos, se incautaron equipos electrónicos que supuestamente se utilizaban para coordinar extorsiones.

Esto permitió a las autoridades avanzar en investigaciones más efectivas. Además, se anunció la creación de una División Especializada en Investigación de Extorsiones, que trabajará en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Coordinación institucional

Jerí también llevó a cabo reuniones con autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso. El objetivo de estos encuentros fue fortalecer la coordinación institucional frente a la inseguridad que afecta al país.

En estas reuniones participaron también los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Juntos, planificaron acciones conjuntas que garanticen el orden y la protección de la población.

Compromiso del gobierno

Estas medidas se implementaron después de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, lo que llevó a Jerí a asumir el liderazgo del Ejecutivo de manera interina.

El mandatario aseguró que estas acciones reflejan un compromiso firme del gobierno para enfrentar la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

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Así, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum habla de “cooperación con Estados Unidos bajo el respeto a nuestra soberanía”, Ismael El Mayo Zambada —invisible para el Estado, al contrario de lo que representa—pone su propio sello desde la Corte de Justicia de Brooklyn. Y es que el capo más longevo del Cártel de Sinaloa hasta su secuestro y extradición volvió a aparecer con declaraciones que, más que confesiones, son recordatorios del poder establecido.

Su sola palabra —dada en la penumbra, nunca bajo los reflectores— pesa mediática y simbólicamente como la de un presidente en turno. Mientras Sheinbaum insiste en que la relación con Washington tiene límites claros, El Mayo lanza un mensaje entre líneas: lo que él representa sigue marcando el rumbo.

La paradoja es brutal. La presidenta habla de soberanía frente a Estados Unidos, pero en la práctica el gobierno mexicano camina con pies de plomo. La DEA sigue investigando, el Departamento del Tesoro congela cuentas y los fiscales federales esperan la pieza adecuada para exhibir las complicidades. México coopera, sí, pero solo hasta donde el equilibrio político interno lo permite.

El caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y actualmente purgando una condena en Estados Unidos, dejó una lección: Washington puede derrumbar narrativas enteras si decide sentar a un funcionario mexicano en el banquillo de los acusados.

Por eso, cuando 55 capos son entregados con expedientes que rozan a políticos activos —sobre todo de Morena—, se diluye la retórica del respeto mutuo. La línea roja es evidente: no tocar a los narcos políticos aliados del régimen, al menos mientras la Casa Blanca no lo exija.

Pero la soberanía, esa palabra tan repetida, luce cada vez más desgastada. En los territorios del norte y del sur, en las ciudades fronterizas y en las comunidades del Pacífico, quien decide no es el gobierno federal, sino el crimen organizado.

En Washington los expedientes sobre México son usados como fichas de negociación migratoria y comercial. Así, el discurso oficial sobre la soberanía se queda en un eslogan que no alcanza a tapar ni la injerencia ni el vacío de poder.

Las declaraciones de El Mayo y de Sheinbaum, vistas en paralelo, dibujan una verdad incómoda: en México la soberanía no está en Palacio Nacional, sino repartida entre tres fuerzas.

La primera es el Estado mexicano, que habla con voz de diplomacia para las clientelas políticas; la segunda es el crimen organizado, que habla desde la clandestinidad y actúa abiertamente sembrando terror; y la tercera es Estados Unidos, que no necesita hablar mucho porque acumula información y la utiliza como arma política para presionar un día sí y otro también, como todo indica que sucedió con la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional.

En ese tablero, Sheinbaum juega con márgenes estrechos de operación política. Puede repetir insistentemente que la cooperación con Washington tiene límites, pero sabe que esos límites se corren al ritmo de las presiones de la Casa Blanca.

El Mayo Zambada, en cambio, no necesita hacer precisiones: con unas cuantas palabras deja claro que ese poder paralelo sigue ahí, tan presente y tan activo como las limitaciones del propio Estado mexicano.

Y así, la soberanía mexicana se ha vuelto un campo de sombras: proclamada en el discurso reiterativo de Palacio Nacional, disputada en los territorios controlados por los cárteles que saben dónde radica su fuerza y condicionada desde las salas de la Casa Blanca, las agencias de seguridad, los medios de comunicación y los tribunales estadounidenses.

La presidenta Sheinbaum no se sale del guión de sus asesores y proclama, unas veces con vehemencia y otras con tribulación, la defensa de la soberanía nacional. Mantiene el discurso de López Obrador de “respeto mutuo” y “no-intervención” pero sabe que su margen de operación política es estrecho.

Washington no necesita imponer hasta ahora la fuerza militar; le basta insinuar que hay expedientes abiertos contra políticos para que Sheinbaum ceda en los temas de interés estadounidense y, ante esto, el gobierno ajusta su narrativa para no desatar tormentas.

El Mayo representa simbólicamente la otra sombra. Se sabe que sigue siendo un actor de poder, y lo dice cuando declara ante la Corte de Brooklyn que para operar en su larga carrera dio dinero a “policías, militares y políticos” hasta su secuestro y extradición.

Recordemos únicamente que traía como guardia de su seguridad a un agente de la fiscalía sinaloense. Esta sombra del crimen no solo cubre territorios enteros sino, también, esferas de poder donde están al acecho los narcopolíticos, esas figuras híbridas que no responden al partido en el poder, ni al gobierno, sino al financiamiento y protección de los cárteles.

Y así, cuando la presidenta Sheinbaum habla de soberanía, esa sombra se filtra. Como declaró lapidariamente Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, en una entrevista off the record con el periodista Salvador García Soto: “No nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos… Fui a pedirles el apoyo”.

Finalmente, como decíamos, Estados Unidos no necesita desplegar fuerzas militares en territorio mexicano para marcar límites: le bastan sus tribunales. Esta sombra opera como un recordatorio permanente: el gobierno mexicano puede hablar de soberanía, pero la justicia estadounidense se reserva el derecho de exhibir lo que en México se calla para conservar los equilibrios.

Las sombras se superponen y la soberanía mexicana ya no es una luz clara, sino una penumbra. El Estado se sostiene en un discurso desgastado, el crimen en el control del territorio y Estados Unidos en los expedientes judiciales. Y ahí, en medio de las sombras que dialogan, chocan y pactan, la ciudadanía está atrapada.

En definitiva, por ahora México no vive bajo una soberanía plena, sino en campos de sombras donde todos se ocultan, todos se protegen y todos, en silencio, se necesitan.

Ernesto Hernández Norzagaray es profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México

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El pasado domingo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) interceptó a Terán en la zona de Chipiriri, en el municipio de Villa Tunari. La droga estaba oculta en una vagoneta Nissan X-Trail. Tras la intervención, fue llevada a celdas policiales y puesta a disposición del Ministerio Público.

Vínculos familiares y política

En medio de la controversia por los lazos históricos de la familia Terán con el “evismo” del Movimiento Al Socialismo (MAS), el senador Loza defendió a la aprehendida, señalando que su situación es estrictamente personal. “Evidentemente nos informan que es hermana de la exdirigente Margarita Terán. Son actividades, por supuesto ilícitas, netamente particulares y personales, y debe caer todo el peso de la ley”, expresó Loza.

El legislador también mencionó que tiene información de que esta hermana de la exdirigente ya no es afiliada en la región del Trópico de Cochabamba y que ni siquiera posee una parcela en esa área.

Acusaciones al Gobierno

Loza acusó al Gobierno de intentar utilizar este caso con fines políticos. “Seguramente algunos de la derecha, el propio Gobierno, van a intentar, como siempre, involucrar a Evo Morales o a nosotros en esos hechos. Lamentablemente, este Gobierno ha fracasado en la lucha contra el narcotráfico y solo busca lavarse la cara con estos operativos”, añadió.

Opiniones de la oposición

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, opinó que este caso refleja la penetración del crimen organizado en Bolivia y sugirió que podrían existir nexos políticos. “Realmente lo que vemos es que muy probablemente se está acabando la protección política, pero lo que nos demuestra como consecuencia es que Bolivia está ingresando en una esfera muy preocupante de crimen organizado”, afirmó.

Reyes también destacó que el próximo Gobierno deberá abordar este problema de manera seria, estableciendo una política pública clara de coordinación e interdicción para evitar que el país se convierta en un lugar de guerra.

Investigaciones transparentes

El diputado insistió en que las investigaciones deben ser transparentes y que, si es necesario, se debe procesar al expresidente Evo Morales. “La investigación tiene que ser a fondo, caiga quien caiga”, concluyó.

Antecedentes de Elba Terán

Elba Terán no es nueva en este tipo de situaciones, ya que en 2008 fue detenida junto a su hermana Juana con 147 kilos de cocaína. Aunque recuperó su libertad tras poco más de 3 meses, en 2020 recibió una sentencia de 15 años de cárcel por tráfico de drogas, la cual nunca se consolidó plenamente.

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Ajpi cuestionó directamente la capacidad del Presidente Luis Arce para controlar la expansión del narcotráfico. “Cada día están encontrando varias cantidades de kilos de cocaína en manos de personas del sector rural”, dijo. Además, advirtió que esta situación no se limita a actores locales, ya que también “vienen desde el extranjero”. Según el legislador, esto refleja una pérdida de control institucional que se ha arrastrado durante años.

Infiltraciones en las fuerzas de seguridad

El senador también expresó su preocupación por la posible complicidad de algunos elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, quienes estarían proveyendo insumos al narcotráfico. “Eso no es nada particular, siempre ha sucedido eso”, afirmó, cuestionando la capacidad de estas instituciones para controlar a su propio personal. Lamentó la falta de una formación profesional sólida y advirtió que algunos miembros se infiltran con intereses ajenos a sus funciones.

Casos de impunidad

En otro caso mencionado por el senador, citó a una mujer con sentencia por delitos de narcotráfico que circulaba libremente por el trópico de Cochabamba. “De repente esa es la causa para poder proteger también que no entre la policía, que no entre un control suficiente”, dijo. Además, vinculó esta falta de fiscalización con la posible protección de grupos violentos organizados, que, según él, estarían relacionados con el expresidente Evo Morales.

Desconfianza hacia la DEA

Consultado sobre el eventual retorno de la DEA a Bolivia, Ajpi mostró desconfianza. Recordó que durante su juventud, la agencia antidrogas estadounidense operaba en el país, pero, en su opinión, sin resultados positivos. “La DEA va a empezar a sembrar coca en los parques nacionales y la coca de nuestros compañeros va a bajar de precio. Eso es la DEA para mí”, declaró.

Limitaciones en la lucha antidrogas

El senador aclaró que no considera que el gobierno actual haya renunciado completamente a la lucha antidrogas, aunque reconoció las limitaciones. “El delito siempre va adelante… tal vez tenemos personal, pero se necesita equipo”, admitió. Subrayó que el crimen organizado opera con tecnología y financiamiento muy por encima de las capacidades del Estado.

Investigaciones necesarias

Sobre las investigaciones abiertas contra personas vinculadas al entorno de Evo Morales, sostuvo que se debe indagar en todos los sectores donde existan indicios, sin generalizar ni estigmatizar. “Se tiene que investigar todo”, afirmó, destacando que incluso antiguos dirigentes podrían haberse vinculado posteriormente a actividades ilegales.

Rechazo a prórrogas de mandatos

Respecto al debate sobre la suspensión y prórroga de vocales electorales, rechazó cualquier intento de prolongar mandatos más allá de lo que permite la ley. Desautorizó la propuesta impulsada por el senador Pedro Vargas y negó que esta provenga del ala de Andrónico Rodríguez. “Todos tenemos un límite de concluir nuestro mandato”, declaró.

Críticas al viaje de Rodrigo Paz

Finalmente, cuestionó duramente el viaje del político Rodrigo Paz a Estados Unidos, a quien acusó de “arrodillarse” ante una potencia extranjera. Afirmó que no corresponde que un candidato intente negociar garantías de abastecimiento de combustibles con actores internacionales. “Bolivia no necesita arrodillarse a nadie”, concluyó.

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La intervención fue posible gracias a la coordinación entre las autoridades de Brasil y Bolivia. Durante la operación, se logró la captura de este fugitivo, quien tenía 5 órdenes de prisión vigentes en su país y una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Esta información fue confirmada por el Ministerio de Gobierno a través de un comunicado oficial.

Incautaciones durante el allanamiento

En el transcurso del allanamiento, los efectivos antidroga incautaron varios objetos relevantes para la investigación. Entre los artículos recuperados se encontraban teléfonos celulares, prendas y chalecos con características militares, un cargador de arma de fuego y sustancias controladas. Todas estas evidencias se recolectaron como parte de la investigación que sigue en curso.

Cooperación internacional contra el crimen

El Ministerio de Gobierno resaltó que este exitoso resultado fue posible gracias a la colaboración entre las fuerzas del orden de ambos países. Esta acción forma parte de las estrategias implementadas en la lucha contra el crimen organizado transnacional, que ha cobrado gran relevancia en la región.

Próximos pasos legales

Weberton Santana da Silva, considerado un individuo de alta peligrosidad, será presentado ante el sistema judicial. Allí, enfrentará los procedimientos legales correspondientes y los cargos por los cuales es buscado a nivel internacional.

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La intervención tuvo lugar en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, durante un operativo de patrullaje focalizado. Uno de los aprehendidos es Juliano Biron Da Silva, quien necesitó una validación biométrica debido a que utilizaba un nombre falso en sus documentos.

Tras confirmar su verdadera identidad, las autoridades brasileñas informaron que da Silva es buscado en 196 países. Sus antecedentes incluyen homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de armas, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal.

Operativo de patrullaje

Los hombres fueron detenidos gracias a la información recopilada por equipos de inteligencia. Durante el operativo, se identificó a dos individuos que portaban documentación brasileña, la cual fue contrastada con datos proporcionados por las autoridades de Brasil.

El otro aprehendido es Yuri F. Dos Santos, quien tiene antecedentes en Brasil por robo de vehículos, estelionato y amenazas. Sin embargo, no contaba con una orden de captura vigente en ese momento. Ambos hombres fueron entregados a las autoridades brasileñas en la frontera de Puerto Quijarro en las últimas horas.

Antecedentes de da Silva

Según informes de medios internacionales, Juliano Biron da Silva es el líder del grupo criminal “Os Manos”, originario de Río Grande do Sul. Este individuo había estado prófugo desde 2024 y tenía una Notificación Roja emitida por la Interpol.

Da Silva utilizaba documentos falsos para ocultarse en territorio boliviano, donde finalmente fue identificado. Sobre él pesaban cuatro órdenes de captura en Brasil y una condena de 20 años y ocho meses de prisión por el asesinato del joven fotógrafo José Gustavo Bertuol Gargioni, ocurrido en 2015 en Canoas, Porto Alegre.

Vínculos criminales y bienes embargados

Además, este criminal estaba vinculado a una facción delictiva y había sido objeto de medidas de embargo de bienes valorados en más de 120 millones de reales en Brasil. La captura de estos individuos resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

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La intervención tuvo lugar en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, durante un operativo de patrullaje focalizado. Uno de los aprehendidos es Juliano Biron Da Silva, quien necesitó una validación biométrica debido a que utilizaba un nombre falso en sus documentos.

Tras confirmar su verdadera identidad, las autoridades brasileñas informaron que da Silva es buscado en 196 países. Sus antecedentes incluyen homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de armas, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal.

Operativo de patrullaje

Los hombres fueron detenidos gracias a la información recopilada por equipos de inteligencia. Durante el operativo, se identificó a dos individuos que portaban documentación brasileña, la cual fue contrastada con datos proporcionados por las autoridades de Brasil.

El otro aprehendido es Yuri F. Dos Santos, quien tiene antecedentes en Brasil por robo de vehículos, estelionato y amenazas. Sin embargo, no contaba con una orden de captura vigente en ese momento. Ambos hombres fueron entregados a las autoridades brasileñas en la frontera de Puerto Quijarro en las últimas horas.

Antecedentes de da Silva

Según informes de medios internacionales, Juliano Biron da Silva es el líder del grupo criminal “Os Manos”, originario de Río Grande do Sul. Este individuo había estado prófugo desde 2024 y tenía una Notificación Roja emitida por la Interpol.

Da Silva utilizaba documentos falsos para ocultarse en territorio boliviano, donde finalmente fue identificado. Sobre él pesaban cuatro órdenes de captura en Brasil y una condena de 20 años y ocho meses de prisión por el asesinato del joven fotógrafo José Gustavo Bertuol Gargioni, ocurrido en 2015 en Canoas, Porto Alegre.

Vínculos criminales y bienes embargados

Además, este criminal estaba vinculado a una facción delictiva y había sido objeto de medidas de embargo de bienes valorados en más de 120 millones de reales en Brasil. La captura de estos individuos resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

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Ajpi aseguró que estas propuestas electorales, que incluyen la nacionalización de autos “chutos”, son un incentivo directo al ingreso masivo de vehículos ilegales. Además, advirtió que esto fortalecería las redes delincuenciales en el país. El senador enfatizó que no se trata de ciudadanos comunes, sino de estructuras criminales que invierten capital, arriesgan sus vidas y operan en rutas peligrosas para traer automóviles en desuso y con observaciones ambientales.

Créditos y competencia política

El senador cuestionó que mientras muchos ciudadanos acceden a créditos para adquirir vehículos nuevos, otros opten por introducir automóviles descartados en el extranjero. A su criterio, esta competencia política es una burla para el pueblo boliviano y un perjuicio directo al sistema financiero formal. Ajpi también se refirió al proyecto de ley sobre el diferimiento de créditos, señalando que no debería generar preocupación en el sistema financiero.

Según él, las entidades bancarias han tenido años de buenas ganancias. En momentos de dificultad económica, los bancos también deben compartir el esfuerzo con los deudores, sin que ello represente una amenaza para la estabilidad económica. Afirmó que este tipo de medidas pueden incluso generar ingresos adicionales a largo plazo para el sector financiero.

Aprobación de la ley electoral

En relación a la ley de elección y designación de vocales electorales, Ajpi rechazó el pedido de algunos legisladores para que la norma sea devuelta al Senado. Defendió su aprobación por mayoría absoluta y aseguró que el proceso fue realizado conforme a reglamento y sin vulnerar la Constitución. El senador afirmó que detrás de estas observaciones hay intereses políticos orientados a adecuar la ley a favor de determinados grupos.

Críticas a declaraciones políticas

Ajpi también criticó las declaraciones de Edmand Lara, quien afirmó que tendría más poder que Rodrigo Paz. El senador calificó estas afirmaciones como propias de un político inexperto. Además, advirtió que si el Legislativo se convierte en un espacio de bloqueo al Ejecutivo, el país enfrentará un escenario institucional negativo. Señaló que no se trata de personas, sino de respetar la institucionalidad democrática.

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La investigación periodística, que incluye imágenes y un video, revela el estilo de vida lujoso que lleva Freitas Filho en territorio boliviano. Las imágenes indican que el cabecilla del PCC estaría operando desde áreas específicas de Santa Cruz, donde se ha rodeado de estrictas medidas de seguridad, como muros altos y propiedades de gran valor. Se sospecha que es dueño de restaurantes y centros nocturnos, que presuntamente utiliza para actividades de lavado de dinero.

Identidad falsa y mansiones

Sérgio Luiz de Freitas Filho, considerado el número uno del PCC —la organización criminal más grande y estructurada de Brasil—, habría residido en al menos 6 mansiones en Bolivia sin levantar sospechas. Esto ha sido posible gracias a una identidad boliviana falsificada que le permitió establecerse legalmente y operar con aparente normalidad en el país.

Presencia del PCC en Bolivia

La criminóloga Gabriela Reyes, en una entrevista con Red Uno, afirmó que la presencia del PCC en Bolivia es evidente y ha existido durante mucho tiempo. Según la experta, este grupo no solo envía emisarios, sino que también ha trasladado a figuras de alto nivel dentro de su estructura criminal. “Hoy por hoy, el PCC ha convertido a Bolivia, especialmente a Santa Cruz, en un centro logístico”, aseguró.

Redes de protección y corrupción

Reyes recordó que en junio de 2025, un fiscal brasileño especializado en crimen organizado reveló que en Bolivia hay más de 146 miembros del PCC. En este contexto, Freitas Filho ocupa un lugar en el organigrama de la organización al mismo nivel que Tuta, ambos bajo la estructura denominada “sintonía final”, que está por debajo de la “sintonía final general”.

Falta de controles en Bolivia

La criminóloga cuestionó la falta de controles por parte de las autoridades bolivianas y señaló que las oficinas de Migración, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y la Interpol deben aclarar la legalidad de la documentación y los permisos otorgados al ciudadano brasileño. También advirtió que este tipo de casos pone de manifiesto posibles redes de protección y niveles de corrupción que habrían facilitado su presencia en el país sin investigaciones activas en su contra.

La difusión del reportaje ha reavivado el debate sobre la infiltración de organizaciones criminales transnacionales en Bolivia y el papel que juegan las instituciones nacionales en la prevención y el control de estos delitos.

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Los detenidos son Elvis Richard G. H., de nacionalidad peruana, y los bolivianos Rommel G. M., Bruno Daniel P. P. y Yerko Junior I. M. Este último confesó haber participado en el crimen.

Los cuatro hombres enfrentan serios cargos que incluyen secuestro, tráfico ilícito de armas de fuego, tenencia ilegal de armas y asociación delictuosa. Estos cargos fueron presentados formalmente por la fiscal Delmy Guzmán. La audiencia se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad.

Detalles de la desaparición

El 2 de septiembre, Saucedo salió de su hogar y le informó a su familia que iba a cobrar una deuda de 300,000 dólares estadounidenses a su amigo Yerko Junior. Sin embargo, no regresó, lo que llevó a un familiar a reportar su desaparición. Esa misma noche, en Colpa Bélgica, se encontró una vagoneta calcinada que se cree fue utilizada por él.

La esposa de Saucedo reveló que recibió un audio en el que se advertía que, si algo le sucedía, el responsable sería Yerko Junior.

Confesión y operativo policial

Al día siguiente, el piloto Yerko Junior fue aprehendido y confesó que había “lastimado” a Saucedo. Además, reveló que su cuerpo fue trasladado a un hangar en Warnes, en el departamento de Santa Cruz.

Esta declaración llevó a un megaoperativo policial que descubrió un arsenal impresionante: se encontraron siete avionetas, fusiles de uso militar, municiones, granadas y caletas con droga en el lugar.

Complicaciones en los allanamientos

Los allanamientos se complicaron debido a la presencia de hombres armados que hablaban con acento extranjero. Estos individuos incluso lograron hacer retroceder momentáneamente a la Policía, quienes estaban equipados con ametralladoras y granadas. El ministro Ríos indicó que se manejan dos hipótesis sobre el crimen de Saucedo.

Una de las hipótesis sugiere que el crimen fue un ajuste de cuentas por deudas en la compraventa de vehículos. La otra, que parece más fuerte, está relacionada con un volteo de droga de 450 kilos que también se investiga en Santa Cruz.

Contexto del crimen

Además, se considera el rencor que Yerko Junior ya tenía hacia Saucedo, quien había ordenado el secuestro de su progenitor años atrás.

La juez Añez informó que “la detención preventiva se dispone en el centro de rehabilitación Santa Cruz, Palmasola”. También se fijó una audiencia de revisión de medidas cautelares para el 5 de marzo de 2026 a las 10:00 horas. A pesar de la confesión del involucrado, el cuerpo de Saucedo aún no ha sido encontrado.

Lorgio Saucedo tenía más de 50 procesos judiciales en su contra por delitos como estafa agravada y tráfico de armas. Su madre estuvo presente en la audiencia, pero decidió no hacer declaraciones a la prensa.

/KMMN

La entrada Juez ordena detención de cuatro implicados en asesinato de Lorgio Saucedo se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Los detenidos son Elvis Richard G. H., de nacionalidad peruana, y los bolivianos Rommel G. M., Bruno Daniel P. P. y Yerko Junior I. M. Este último confesó haber participado en el crimen.

Los cuatro hombres enfrentan serios cargos que incluyen secuestro, tráfico ilícito de armas de fuego, tenencia ilegal de armas y asociación delictuosa. Estos cargos fueron presentados formalmente por la fiscal Delmy Guzmán. La audiencia se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad.

Detalles de la desaparición

El 2 de septiembre, Saucedo salió de su hogar y le informó a su familia que iba a cobrar una deuda de 300,000 dólares estadounidenses a su amigo Yerko Junior. Sin embargo, no regresó, lo que llevó a un familiar a reportar su desaparición. Esa misma noche, en Colpa Bélgica, se encontró una vagoneta calcinada que se cree fue utilizada por él.

La esposa de Saucedo reveló que recibió un audio en el que se advertía que, si algo le sucedía, el responsable sería Yerko Junior.

Confesión y operativo policial

Al día siguiente, el piloto Yerko Junior fue aprehendido y confesó que había “lastimado” a Saucedo. Además, reveló que su cuerpo fue trasladado a un hangar en Warnes, en el departamento de Santa Cruz.

Esta declaración llevó a un megaoperativo policial que descubrió un arsenal impresionante: se encontraron siete avionetas, fusiles de uso militar, municiones, granadas y caletas con droga en el lugar.

Complicaciones en los allanamientos

Los allanamientos se complicaron debido a la presencia de hombres armados que hablaban con acento extranjero. Estos individuos incluso lograron hacer retroceder momentáneamente a la Policía, quienes estaban equipados con ametralladoras y granadas. El ministro Ríos indicó que se manejan dos hipótesis sobre el crimen de Saucedo.

Una de las hipótesis sugiere que el crimen fue un ajuste de cuentas por deudas en la compraventa de vehículos. La otra, que parece más fuerte, está relacionada con un volteo de droga de 450 kilos que también se investiga en Santa Cruz.

Contexto del crimen

Además, se considera el rencor que Yerko Junior ya tenía hacia Saucedo, quien había ordenado el secuestro de su progenitor años atrás.

La juez Añez informó que “la detención preventiva se dispone en el centro de rehabilitación Santa Cruz, Palmasola”. También se fijó una audiencia de revisión de medidas cautelares para el 5 de marzo de 2026 a las 10:00 horas. A pesar de la confesión del involucrado, el cuerpo de Saucedo aún no ha sido encontrado.

Lorgio Saucedo tenía más de 50 procesos judiciales en su contra por delitos como estafa agravada y tráfico de armas. Su madre estuvo presente en la audiencia, pero decidió no hacer declaraciones a la prensa.

/KMMN

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Recientemente, la Policía fue atacada durante un operativo en Warnes, donde buscaban a un individuo reportado como desaparecido. Este incidente evidencia la violencia que está vinculada a estas organizaciones criminales.

Sánchez afirmó que “la violencia es una muestra del poder criminal, una forma de expresión de su influencia. Todos los eventos criminales graves que ocurren en Santa Cruz están circunstancialmente vinculados entre sí”.

Relación con el narcotráfico

Según el criminólogo, esta violencia está relacionada con el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la legitimación de ganancias ilícitas. Además, identificó la presencia de cárteles brasileños como Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho, así como del Tren de Aragua, que proviene de Venezuela.

A estas organizaciones se suman mafias de Europa del Este, con grupos provenientes de Albania, Rumanía, Rusia, Serbia, Bulgaria y Polonia. Sánchez alertó que “el grueso de la producción de cocaína boliviana no se dirige a Estados Unidos, sino a Europa, a través de Paraguay, Argentina y Brasil”.

Desafío al Estado boliviano

El criminólogo también señaló que “estos datos muestran de manera inequívoca que el crimen organizado internacional desafía al Estado boliviano y, a la vez, se enfrenta internamente por el control territorial en Santa Cruz”.

En las últimas horas, durante un operativo para buscar el cuerpo de Lorgio Saucedo Méndez, quien estaba reportado como desaparecido y tenía 52 procesos penales en su contra, se halló un hangar con varias caletas y al menos 7 avionetas. Estas aeronaves son presuntamente utilizadas para actividades ilícitas en una pista detectada en la zona.

Necesidad de un plan estructural

Sánchez considera que es necesario implementar un plan estructural para combatir estos crímenes. “Estamos prácticamente a tientas, sin un plan estructural que haga frente a este fenómeno mundial”, indicó.

En días recientes, medios internacionales afirmaron que la mafia de los Balcanes tiene presencia en el país. Estas organizaciones fueron relacionadas con el asesinato de 3 extranjeros en una vivienda del barrio Petrolero Norte, que se encontró en el departamento de Santa Cruz.

Las víctimas fueron identificadas como Dejanço “Macedonio” Lazarevski, de 43 años, originario de Strumica, Macedonia del Norte; Miljan Gjeki, de 38 años, de Niš, Serbia; y Vanja Miloševi, de orígenes serbios. Según informes de la Fiscalía, “todas esas mafias de Europa del Este se reúnen en la mafia de los Balcanes”.

/KMMN

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El anuncio del jefe de Estado fue realizado a través de su cuenta oficial en X. En su mensaje, Petro indicó que había solicitado a Venezuela la militarización de la frontera en la zona del Catatumbo, como una acción coordinada para enfrentar a las mafias transnacionales.

“Tenemos 25,000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, escribió Petro, haciendo referencia a la cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro.

Reacción de Ernesto Macías

La respuesta del exsenador Macías no se hizo esperar. Desde la misma red social, el excongresista y crítico frecuente del Gobierno afirmó: “Maduro manda sobre Petro. Le ordenó enviar tropas a la frontera y Petro obedeció. Cada día nos duele más Colombia. Estamos en poder del cabecilla del Cartel de los Soles. Literal”.

Este comentario alude a la acusación de que el mandatario colombiano estaría actuando como aliado del régimen venezolano. Además, Macías mencionó a un supuesto exagente de la CIA, citado por la agencia rusa Sputnik, quien afirmó que el Cartel de los Soles sería un pretexto para justificar una intervención en Venezuela.

Críticas adicionales

Macías también había expresado su opinión días antes sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de las costas venezolanas. En esa ocasión, afirmó: “La caída del narcodictador y sus socios en la Región, más la desarticulación de los cárteles del narcotráfico (Los Soles, ELN, Farc), será lo mejor para Colombia”.

A las críticas del exlegislador se unió la representante a la Cámara, Katherine Miranda, del partido Alianza Verde. Ella también mostró su rechazo a la medida, afirmando: “Mientras Colombia se desangra por la violencia, Petro despliega 25,000 soldados en el Catatumbo para complacer a Maduro. ¡Grave! Nuestro Ejército debe defender a los colombianos, no ser ficha en el tablero de la dictadura venezolana”.

Agradecimiento de Nicolás Maduro

En medio de esta controversia, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, agradeció públicamente a Petro por el despliegue militar en la frontera. Durante un acto castrense en el que apareció vestido de camuflado, el líder venezolano celebró la implementación de la denominada “zona binacional” y destacó los lazos históricos entre ambas naciones.

“Agradecer al presidente de Colombia, nuestra hermana Colombia, con que compartimos una sola bandera, amarillo, azul y roja, el estandarte de los ejércitos libertadores”, declaró Maduro. Además, afirmó que la coordinación entre ambos gobiernos avanza “para el bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos”.

Interpretaciones de la oposición

Las declaraciones del mandatario venezolano fueron interpretadas por los opositores como una muestra más de cercanía entre ambos gobiernos. Esto ocurre en un momento geopolítico delicado, marcado por la creciente presión internacional sobre el régimen de Caracas.

La entrada Petro envía 25 mil soldados a la frontera con Venezuela se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La Policía sospecha que son tres los autores del macabro asesinato de una familia que buscaba comprar un terreno en esa región.

Según reportes preliminares, ambos aprehendidos confesaron su participación en el crimen. El primer aprehendido identificado como Limberth M.A, de 25 años, fue contactado por la familia con la intención de adquirir su terreno, el cual era comercializado.

Limberth fue quien el 5 de julio llegó a la vivienda de las víctimas y les ofreció en venta un terreno en Villa Tunari. La familia aceptó el trato y salió con él en su camioneta, sin imaginar que se trataba de una emboscada.

Kilómetros más adelante, una vagoneta blanca interceptó el vehículo. De ella descendieron dos hombres armados que emboscaron a la familia y la llevaron por una senda hacia una zona boscosa. En ese lugar, de acuerdo con el reporte policial, el segundo aprehendido, Yimer C.O. de 25 años, obligó a descender a una de las víctima, Gregorio V. y le disparó dos veces: uno de los proyectiles impactó en la cabeza y el otro en la espalda.

Según el reporte preliminar, Limberth se contradijo durante su declaración, por lo que el Ministerio Público, fundamentó su aprehensión por el delito de Asesinato e Infanticidio.

Posteriormente, el hombre admitió el crimen y dio a conocer la identidad de uno de sus cómplices, a quien señaló como autor intelectual del asesinato y coautor del robo del motorizado de las víctimas, un Toyota Hilux.

Se presume que el tercer implicado, que aún se encuentra prófugo, fue quien disparó contra Griselda A.M. y sus hijos de 8 y 11 años.

La autopsia reveló que todos los integrantes de la familia recibieron múltiples golpes en el rostro, la cabeza y demás partes con objetos contundentes y armas de fuego que terminaron causando su muerte.

El informe encontró indicios de asfixia en Gregorio y politraumatismos, mientras que su esposa presentaba una laceración cerebral (desgarro en el tejido cerebral) y una herida en la cabeza por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con las pesquisas, las víctimas se dedicaban a la agricultura y al préstamo de dinero. Estaban siendo buscados desde el pasado 5 de julio.

La Policía presume que el crimen fue cometido para robarles el dinero y la camioneta, que pudo ser trasladada a otro municipio y vendida como indocumentada.

Los dos detenidos ya confesaron su participación en el asesinato y permanecen en celdas de la Felcc, mientras continúan los operativos para dar con el tercer autor.

La entrada Aprehenden a dos sujetos que confesaron el asesinato familiar en el trópico de Cochabamba se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La Policía sospecha que son tres los autores del macabro asesinato de una familia que buscaba comprar un terreno en esa región.

Según reportes preliminares, ambos aprehendidos confesaron su participación en el crimen. El primer aprehendido identificado como Limberth M.A, de 25 años, fue contactado por la familia con la intención de adquirir su terreno, el cual era comercializado.

Limberth fue quien el 5 de julio llegó a la vivienda de las víctimas y les ofreció en venta un terreno en Villa Tunari. La familia aceptó el trato y salió con él en su camioneta, sin imaginar que se trataba de una emboscada.

Kilómetros más adelante, una vagoneta blanca interceptó el vehículo. De ella descendieron dos hombres armados que emboscaron a la familia y la llevaron por una senda hacia una zona boscosa. En ese lugar, de acuerdo con el reporte policial, el segundo aprehendido, Yimer C.O. de 25 años, obligó a descender a una de las víctima, Gregorio V. y le disparó dos veces: uno de los proyectiles impactó en la cabeza y el otro en la espalda.

Según el reporte preliminar, Limberth se contradijo durante su declaración, por lo que el Ministerio Público, fundamentó su aprehensión por el delito de Asesinato e Infanticidio.

Posteriormente, el hombre admitió el crimen y dio a conocer la identidad de uno de sus cómplices, a quien señaló como autor intelectual del asesinato y coautor del robo del motorizado de las víctimas, un Toyota Hilux.

Se presume que el tercer implicado, que aún se encuentra prófugo, fue quien disparó contra Griselda A.M. y sus hijos de 8 y 11 años.

La autopsia reveló que todos los integrantes de la familia recibieron múltiples golpes en el rostro, la cabeza y demás partes con objetos contundentes y armas de fuego que terminaron causando su muerte.

El informe encontró indicios de asfixia en Gregorio y politraumatismos, mientras que su esposa presentaba una laceración cerebral (desgarro en el tejido cerebral) y una herida en la cabeza por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con las pesquisas, las víctimas se dedicaban a la agricultura y al préstamo de dinero. Estaban siendo buscados desde el pasado 5 de julio.

La Policía presume que el crimen fue cometido para robarles el dinero y la camioneta, que pudo ser trasladada a otro municipio y vendida como indocumentada.

Los dos detenidos ya confesaron su participación en el asesinato y permanecen en celdas de la Felcc, mientras continúan los operativos para dar con el tercer autor.

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El 13 de agosto de 2025, se encontraron tres cuerpos sin vida en un barrio de la zona de la avenida Beni, en Santa Cruz de la Sierra. Hasta el momento, cuatro personas de nacionalidad boliviana han sido imputadas por su participación en este asesinato.

Además, se están investigando dos secuestros que ocurrieron en la misma ciudad en días recientes. Estos casos presentan un modus operandi similar, donde los individuos se hacen pasar por policías.

Declaraciones del fiscal

El fiscal Erland Rodriguez comentó sobre el primer caso: “Hay responsabilidad en la participación de ellos y ninguno niega haber conocido a las víctimas”. Se ha informado que dos de las tres víctimas son extranjeros, mientras que el tercero aún no ha sido plenamente identificado.

Los acusados intentaron eliminar evidencias, pero fueron sorprendidos por la Policía en flagrancia. Este caso ha generado alertas sobre la posible presencia de organizaciones criminales extranjeras en Bolivia.

Investigaciones policiales

El coronel Rolando Rojas, comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, confirmó que se están llevando a cabo investigaciones coordinadas tanto por el asesinato como por los dos secuestros.

El primer secuestro reportado tuvo lugar el 29 de julio de 2025 en la zona de Las Palmas. La víctima, un hombre de 61 años, fue abordada en plena vía pública por un grupo de individuos armados que estaban vestidos como efectivos policiales. Estos lo obligaron a subir a un vehículo y se lo llevaron a un destino desconocido.

El segundo caso se registró el 26 de julio de 2025, cuando un hombre fue interceptado en una panadería por sujetos que también se hacían pasar por oficiales de Policía. Hasta el cierre de esta nota, su paradero sigue siendo desconocido.

Similitudes en los secuestros

En ambos casos, se observa una similitud en la forma de actuar: interceptar a las víctimas en lugares públicos haciéndose pasar por policías y actuando en grupo.

Por respeto a las familias de las víctimas, Rojas evitó brindar más detalles sobre las investigaciones. Sin embargo, al ser consultado sobre la posible participación de efectivos policiales, afirmó que preliminarmente se descartaría esta hipótesis.

Opiniones de expertos

La criminóloga Gabriela Reyes también mencionó la posible implicación de grupos balcánicos en estos delitos. “Ecuador, antes era uno de los países más seguros de América Latina… Cuando llegaron los grupos balcánicos, empezaron a traer violencia debido a disputas por territorios”, indicó.

Reyes añadió que “en Bolivia se sabe de la presencia de algunos miembros de estas mafias”, refiriéndose a asesinatos relacionados con estos grupos delictivos.

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América Latina encarna una de las paradojas más profundas del mundo contemporáneo: una región prácticamente libre de guerras entre Estados, pero devastada por una violencia interna letal y persistente. A diferencia de Europa del Este, Medio Oriente o partes del sudeste asiático, aquí no caen bombas, no hay trincheras ni ejércitos enfrentados. Y, sin embargo, las cifras de muertes violentas en tiempos de “paz” superan con creces las de muchos escenarios de guerra abierta.

Desde 1990, menos de 1.000 personas han muerto en conflictos interestatales en América del Sur, en comparación con más de 330.000 a nivel mundial. Solo tres guerras interestatales han marcado el siglo pasado en la región: la Guerra del Chaco (1932–1935), la Guerra de las Malvinas (1982) y el Conflicto del Cenepa (1995). A diferencia de Asia, donde tensiones entre India y Pakistán, China y Taiwán, o las dos Coreas han mantenido vivo el riesgo de conflicto abierto, América Latina ha apostado por la resolución diplomática: el caso del Canal Beagle entre Argentina y Chile en 1978, o el litigio marítimo entre Perú y Chile resuelto en La Haya en 2014, son ejemplos emblemáticos.

Incluso en el terreno nuclear, América Latina ha demostrado una voluntad singular de desescalada. Argentina y Brasil, que en los años 70 y 80 desarrollaron programas nucleares con fines potencialmente bélicos, finalmente optaron por la cooperación en lugar de la carrera armamentista. En 1991 fundaron la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), una entidad binacional única en el mundo que supervisa el uso exclusivamente pacífico de sus programas nucleares. Este modelo contrasta fuertemente con las tensiones nucleares no resueltas en el sur de Asia (India, Pakistán, China), Medio Oriente (Israel-Irán), o incluso Europa del Este (Rusia-Ucrania). La firma del Tratado de Tlatelolco en 1967 —el primero en prohibir armas nucleares en una región entera— refuerza esta trayectoria pacifista.

Una región sin guerras… pero mortal

Pero si América Latina ha evitado la guerra tradicional, no ha escapado a otra forma de devastación: la violencia cotidiana, persistente e internalizada. En términos de homicidios intencionales, la región figura como una de las más peligrosas del planeta. Según la ONU, América Latina concentra el 29% de todos los homicidios del mundo, pese a representar solo el 8% de la población global.

Las cifras son alarmantes: Ecuador registra hoy 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda tasa más alta del mundo, solo detrás de Jamaica. México tiene aproximadamente 19, Colombia 25, Venezuela más de 40. En contraste, la guerra en Ucrania, en su momento más cruento (2022), produjo una tasa de entre 6 y 8 muertes por cada 100.000 personas. Es decir, un ciudadano de Guayaquil o Acapulco enfrenta un riesgo de muerte violenta significativamente mayor que un habitante promedio de Kiev.

¿Y la pobreza, la desigualdad, la urbanización?

Comúnmente se citan la pobreza, la desigualdad o la urbanización desordenada como causas estructurales. Pero esto no basta. India, por ejemplo, tiene un coeficiente de Gini (medida de desigualdad) similar al de muchos países latinoamericanos, y enfrenta profundas disparidades sociales y urbanas. Sin embargo, su tasa de homicidios es de apenas 2,8 por cada 100.000 habitantes. En Indonesia es de 0,6, en Filipinas entre 4 y 8, y en Tailandia alrededor de 3,2. ¿Por qué entonces América Latina es tan desproporcionadamente letal?

La descomposición institucional y la herencia posautoritara

Una diferencia clave está en la historia de construcción estatal. En buena parte de América Latina, la transición desde dictaduras militares coincidió con reformas neoliberales que debilitaron aún más la capacidad del Estado. En lugar de construir burocracias eficaces o fuerzas de seguridad profesionales, muchos países optaron por modelos de gobernabilidad personalista y fragmentada. En contraste, países asiáticos como India —con una democracia continua desde la independencia— o Indonesia —que mantuvo estructuras administrativas robustas tras la caída de Suharto— lograron conservar o reconstruir aparatos estatales funcionales. Esta divergencia histórica ayuda a explicar por qué en América Latina la democracia llegó muchas veces sin Estado.

Crimen como poder paralelo

Otra diferencia crucial es el rol del crimen organizado. En América Latina, no solo desafía al Estado: en muchos casos lo sustituye. En ciudades como Caracas, Rosario o Tegucigalpa, los grupos armados no solo delinquen, sino que ejercen funciones estatales: regulan mercados, imponen normas, cobran tributos y ejecutan justicia. Son “micro-Estados” ilegítimos, pero funcionales, que ocupan vacíos dejados por la retirada institucional.

Fragmentación urbana y cohesión social

La disolución del tejido comunitario en las periferias urbanas latinoamericanas —erosionado por décadas de desplazamientos forzados, urbanización caótica y abandono estatal— ha dejado espacios sociales sin contención. En cambio, en muchas ciudades asiáticas, subsisten redes tradicionales (castas, clanes, asociaciones religiosas o clientelares) que actúan como mecanismos informales de regulación y prevención del crimen.

La impunidad: oxígeno de la violencia

Además, la impunidad es el combustible. En México, el 90 % de los homicidios quedan sin resolver. En Brasil, apenas el 20 % termina en condena. En contraste, India investiga el 65 % de los casos, acusa formalmente al 72 %, y condena al 57 % de los acusados. La tasa específica de condenas por asesinato llega al 42,4 %. En países como Indonesia, con tasas de homicidio inferiores a 0,6 por 100.000, el crimen organizado enfrenta un mayor riesgo de castigo, lo que actúa como freno estructural.

Armas por doquier: la letalidad como norma

En América Latina, la omnipresencia de armas agrava el panorama. Brasil tiene 8,3 armas por cada 100 habitantes, México 12,9, Uruguay 34,7. India tiene solo 5,3; Indonesia, 0,6; Filipinas, 3,6. Además, el tráfico ilegal desde EE.UU. dota a los cárteles latinoamericanos de armamento de guerra, superior incluso al de muchas policías locales.

El factor externo: Estados Unidos como parte del problema

La influencia de Estados Unidos ha sido ambivalente: como principal consumidor de drogas, su demanda financia el crimen transnacional, mientras que sus políticas antidrogas —como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida— han contribuido a militarizar el enfoque sin resolver los problemas estructurales. En lugar de fortalecer al Estado, muchas de estas iniciativas lo han fragmentado aún más. En contraste, países asiáticos han aplicado lógicas más centralizadas y menos dependientes de agendas externas.

La ciudad como epicentro de la batalla

La violencia en América Latina es, sobre todo, urbana. Y las ciudades son el nuevo campo de disputa por el control territorial. Rosario, por ejemplo, registró en 2023 más de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, en gran parte vinculados a disputas entre bandas como “Los Monos” y grupos emergentes. En ciudades como Arica o Guayaquil, las alcaldías carecen de control sobre las policías, y enfrentan amenazas armadas sin herramientas institucionales suficientes. En cambio, en urbes como Mumbai (1,3 homicidios) o Manila (3,3), las autoridades locales mantienen redes de contención social y coordinación policial más efectivas.

Violencia sin destino… pero no irreversible

América Latina vive atrapada en un espejismo: paz sin guerra, pero con violencia sin tregua. Como advirtió Roque Dalton, “la violencia no es el problema, sino el estado natural del alma latinoamericana”. Pero esa supuesta “naturaleza” es, en realidad, una construcción. Superarla exige reconstruir instituciones, profesionalizar la justicia penal, recuperar la legitimidad estatal y reconstituir las redes sociales desde abajo. Compararse con Asia muestra que la violencia no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, sociales e históricas. Y por tanto, puede ser desarmada.

Sahasranshu Dash es socio de investigación del South Asia Institute of Research and Development, Katmandú, Nepal.

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Según la investigación, Marset es el principal accionista de una empresa de espectáculos en Bogotá, usando el nombre falso boliviano de Gabriel de Souza Beumer. La firma, que se llama JC Productions / Mastian Productions SAS, opera legalmente en Colombia y tiene su sede en el barrio Chicó Norte. Su objeto social es muy parecido al de Mastian Productions en Paraguay, la cual ha sido señalada por la Fiscalía paraguaya como una fachada para actividades vinculadas al tráfico de cocaína.

En ambos países, el nombre “Mastian” ha sido el vínculo, y las estructuras se establecieron casi de forma simultánea. En Paraguay, Marset fue relacionado con la investigación “A Ultranza Py”, que desmanteló una red asociada al tráfico de más de 17 toneladas de droga. Aunque no fue formalmente acusado debido a su condición de prófugo, las pruebas lo conectan con la red liderada por Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”.

Registro empresarial sin verificación

En Colombia, la Cámara de Comercio no exige la verificación de pasaportes, lo que permitió a Marset registrar la empresa utilizando documentación falsa. La sociedad fue fundada en agosto de 2019 por el exmilitar colombiano Jairo Criado Tarazona, quien afirmó no conocer la verdadera identidad del uruguayo. Sin embargo, pocos días después de la fundación, Marset llegó al país y adquirió el 85% de las acciones, además de figurar como gerente suplente.

La empresa comenzó a operar con esta estructura, organizando espectáculos internacionales en Bolivia, Ecuador y Colombia. Al mismo tiempo, Marset construyó una imagen pública como empresario mediante la difusión de artículos en al menos 21 portales de noticias de América Latina. De estos, 17 fueron identificados por Qurium y La Nueva Prensa de Colombia como parte de una red de desinformación que supuestamente es operada por el hacker Carlos Escobar Marín, quien fue condenado en Estados Unidos.

Involucramiento de figuras religiosas

La trama también incluye a figuras religiosas. En Paraguay, la firma Mastian fue creada por el pastor José Insfrán, hermano de “Tío Rico” y líder del Centro de Convenciones de Avivamiento (CCA). En Colombia, el nombre de otro pastor, Óscar Alberto González Hincapié, apareció en conversaciones interceptadas por la Fiscalía, donde Marset habría ordenado una transferencia de 100.000 dólares estadounidenses a su nombre tras huir de Paraguay en 2020. González tiene antecedentes por estafa y concierto para delinquir.

En 2021, el pastor colombiano Ricardo Rodríguez, del Centro Mundial de Avivamiento, viajó a Paraguay en un avión de “Tío Rico” para participar en eventos del CCA. Esta visita coincidió con los intentos del pastor Insfrán por impulsar su candidatura a la gobernación de Canindeyú.

Conexiones con el crimen organizado

La conexión con Colombia se volvió más grave tras el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en la isla Barú en mayo de 2022. Tanto el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han vinculado públicamente a Marset como el autor intelectual del crimen. Petro lo ha señalado como miembro de una “junta del narcotráfico” que tiene presencia en Colombia y Dubai.

En junio de 2025, Estados Unidos incluyó a Marset en su lista de prófugos prioritarios, ofreciendo hasta 2 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Mientras tanto, JC Productions / Mastian Productions sigue registrada legalmente en Colombia, y Marset aún figura como socio, sin que las autoridades hayan confirmado una investigación en curso.

Modelo de operaciones ilícitas

La estructura paraguaya nunca registró empleados ni actividad económica, pero fue útil para justificar operaciones financieras. Este modelo fue exportado a Colombia, adaptando fachadas empresariales, religiosas y mediáticas para encubrir actividades ilícitas y lavar capitales.

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Las bandas delincuenciales han aprendido a moverse con fluidez en las redes sociales. Con TikTok como nuevo territorio de conquista, sus estrategias de reclutamiento apuntan a las emociones, los símbolos y los vacíos del sistema. ¿Pueden nuestras políticas publicas alcanzar la velocidad del algoritmo?

Un reciente informe elaborado por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, en alianza con el Civic A.I. Lab de la Universidad de Northeastern, confirma una tendencia alarmante: el uso sistemático de TikTok por parte de organizaciones criminales para el reclutamiento de jóvenes.

La investigaciónreflejó que más de 100 cuentas activas están usando patrones de comunicación diseñados estratégicamente para captar a un público vulnerable. ¿De qué manera? Prometiendo empleo con salarios atractivos, hospedaje y entrenamiento a cambio de incorporarse a las fuerzas del cártel; adaptando sus tácticas a entornos digitales de alta penetración juvenil, y enfocando su narrativa, específicamente, a segmentos como madres solteras y estudiantes.

A través de las redes, han logrado exponer un refinamiento discursivo que va más allá de la propaganda tradicional. Para ello, han sofisticado sus métodos. A partir del uso de simbología codificada —como emojis, hashtags y hasta referencias musicales—, no solo han facilitado la identificación entre pares criminales, sino que también han logrado eludir los mecanismos de moderación de la plataforma.

En este ecosistema digital criminal, cuya estética se combina con ofertas aparentemente inofensivas de “negocios rentables”, se ha creado un espacio propicio para el enganche progresivo de nuevas generaciones. Señala el estudio que, aunque el 46 % de las cuentas se dedica al reclutamiento explícito, un porcentaje importante opera bajo modalidades de disimulo, lo cual dificulta la detección algorítmica y logra transgredir los modelos actuales de gobernanza digital en las redes sociales.

La era del crimen segmentado

Los hallazgos asociados a la segmentación funcional del contenido criminal en TikTok confirman que las organizaciones delictivas actualmente están operando con una lógica de marketing digital avanzado. Lejos de tratarse de publicaciones aleatorias, los perfiles están diseñados para cumplir roles específicos dentro del proceso de captación: unos persuaden, otros preparan el terreno simbólico y otros ejecutan el contacto final.

Bajo una detallada arquitectura de comunicación criminal, el crimen organizado ha comprendido el potencial de las plataformas digitales no solo como canal de difusión, sino como entorno estratégico para construir narrativas de poder y pertenencia dirigidas a públicos vulnerables.

En términos de seguridad digital, el reto para los mecanismos tradicionales de monitoreo y control es enorme. La delgada línea entre propaganda, oferta laboral y crimen explícito plantea una dificultad inédita a la intervención oportuna, sobre todo cuando los contenidos están diseñados para eludir los filtros algorítmicos con códigos visuales y narrativas ambiguas. A ello se suma la fragmentación del contenido: la ausencia de símbolos criminales en algunas cuentas y el uso de mensajes neutrales, o aparentemente legales, complica aún más la identificación temprana de riesgos, tanto para los usuarios como para las autoridades.

Dicho escenario requiere una revisión profunda de las políticas públicas enfocadas a la protección de menores y jóvenes en entornos digitales y plantea una serie de interrogantes: ¿cómo integrar sistemas capaces de detectar patrones más allá de las palabras clave?, ¿qué tipo de campañas educativas podrían exponer con claridad el funcionamiento de esta maquinaria de captación?, ¿cómo regular sin censurar? ¿cómo intervenir sin criminalizar expresiones culturales?

Son preguntas ineludibles y que ameritan una pronta respuesta, pues mientras las plataformas sigan siendo terreno fértil para la expansión del crimen digitalizado, cualquier intento de contención será, en el mejor de los casos, reactivo e insuficiente.

Un reto continental

Un estudio de la Secretaría de Gobernación de México (2021) advirtió que los grupos delictivos ya utilizaban Facebook, Instagram y chats de juegos populares para contactar a menores, y se identificaron patrones de reclutamiento digital en todo el país.

Pero esta tendencia no es exclusiva de México. En diferentes países de América Latina, el crimen organizado ha diversificado sus canales de captación juvenil. Plataformas como TikTok, Facebook, WhatsApp e incluso videojuegos en línea se han convertido en herramientas clave para cárteles y pandillas, que aprovechan su lenguaje visual y algorítmico para atraer a adolescentes mediante ofertas falsas de empleo, ayuda económica o discursos seductores ligados al poder, la pertenencia y el dinero rápido.

En Colombia, la ONU ya advirtió que estos canales se han convertido en importantes vitrinas para romantizar la vida criminal, con el fin de atraer a niños y adolescentes a los grupos armados ilegales como Disidentes y Clan del Golfo, mediante promesas falsas y símbolos de poder. Entre tanto, las autoridades colombianas advierten que cada 48 horas un menor es vinculado a estas estructuras armadas mediante contenidos que burlan los filtros y normativas digitales.

Brasil, Ecuador o Bolivia no son ajenos a esta problemática. Grupos delincuenciales estarían empleando TikTok y otras aplicaciones para difundir videos en los que se normaliza la violencia y se exalta el estilo de vida criminal, como vehículos de seducción hacia la vida delictiva. El auge de TikTok para estas finalidades ha llegado a tal punto que incluso los mismos integrantes de redes criminales suelen compartir contenido que los incrimina.

La expansión continental del reclutamiento digital obliga, definitivamente, a repensar las estrategias de prevención con una mirada regional, intersectorial e inmediata. Si el crimen organizado adapta sus tácticas al pulso de las redes sociales, los Estados y las sociedades deberían actuar con igual agilidad para blindar a las nuevas generaciones. De lo contrario, el algoritmo seguirá reclutando allí donde el Estado no llega.

¿Es posible contener este fenómeno?

Las respuestas estatales a la delincuencia han partido históricamente de marcos penales lineales, anclados en la legalidad. No obstante, el narcotráfico y el crimen organizado, como fenómeno complejo, está rebasando esta mirada al enraizarse en contextos de desigualdad, exclusión y debilidad institucional.

Desde esta perspectiva, estudios como El uso de TikTok en la banalización y mimetización del narcotráfico como fenómeno criminal transnacional señalan que plataformas como TikTok han permitido a estos actores transformar el crimen en una narrativa aspiracional, posicionando su estilo de vida como modelo de éxito entre jóvenes, sin alternativas reales de movilidad social. Se trata de un reto no menor: las estructuras criminales están desbordando la capacidad de control estatal con una estrategia comunicativa, eficaz y visualmente seductora.

No en vano, la sofisticación con la que los grupos criminales vienen operando en el entorno digital, donde producen contenidos que a menudo eluden las categorías legales tradicionales, muestra que el combate a estas estructuras requiere de enfoques más complejos y adaptativos. Son tantos los vacíos que es necesario romper con las visiones unidimensionales de seguridad y abrirse a un análisis más interdisciplinario.

Porque este es el punto: no gobernamos las redes, las redes nos gobiernan; y en la medida que las autoridades continúen actuando bajo marcos rígidos y burocráticos, los grupos criminales seguirán desplegando sus estrategias flexibles y eficaces en el vasto universo de las redes sociales. Entre otras cosas, porque el crimen ya ha aprendido a operar desde la persuasión, la narrativa y la representación simbólica. ¿Y de este lado? ¿Seguiremos rezagados? Es urgente una nueva generación de políticas públicas que integren prevención, investigación profunda, financiamiento sostenido y una articulación real entre actores estatales, académicos y sociales. Solo así podremos comprender —y eventualmente contener— el poder expansivo que ha adquirido la criminalidad en el ecosistema digital.

Doctor en Políticas Públicas por la Universidad IEXE (México). Magister en Seguridad Pública, Investigador académico. Asesor organizacional de corporaciones policiales de México y consultor en seguridad pública y privada.

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La alerta ha pasado del nivel 2, que aconseja evitar viajes no esenciales, al nivel 3, que recomienda a los ciudadanos surcoreanos salir de la región. Para aquellos que planean viajar, se sugiere cancelar o posponer su salida. Además, quienes ya se encuentran en Cochabamba deben abandonarla, a menos que tengan una razón urgente para quedarse.

Detalles de la alerta

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur ha indicado: “En el caso de la provincia de Cochabamba, Bolivia, la alerta de viaje se ha elevado del nivel 2 al nivel 3, debido al empeoramiento de la situación de seguridad en la región, incluida la intensificación de las protestas antigubernamentales y la aparición del crimen organizado.”

Las recomendaciones para los ciudadanos surcoreanos son claras y se dividen en etapas. En la etapa 1, que corresponde a las precauciones de viaje, se debe tener en cuenta “los factores de riesgo de seguridad personal y prepararse para ellos”. En la etapa 2, que es la de abstenerse de viajar, se aconseja “abstenerse de viajes innecesarios y quienes se quedan en el lugar deben cuidar especialmente la seguridad personal”.

Recomendaciones por etapas

La etapa 3, que implica la recomendación de salida, establece que “quienes planean viajar deben cancelar o posponer su viaje, y quienes se quedan deben salir a menos que sea por un asunto urgente”. Finalmente, en la etapa 4, que es la prohibición de viaje, se indica que “quienes planean viajar deben cumplir con la prohibición de viaje, y quienes se quedan deben evacuar o retirarse inmediatamente”.

En los últimos meses, Bolivia ha sido escenario de numerosas movilizaciones y bloqueos de carreteras. Estas acciones han sido principalmente impulsadas por seguidores del expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del actual presidente Luis Arce. Las protestas han tenido consecuencias fatales, dejando un saldo de 5 personas muertas, entre ellas 4 efectivos policiales.

/KMMN

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El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, subrayó la relevancia de estos espacios multilaterales para avanzar hacia un Ministerio Público que sea autónomo y eficiente.

Independencia institucional

Uno de los temas centrales del encuentro fue la preservación de la independencia institucional de los Ministerios Públicos. Los países miembros aprobaron una declaración conjunta en la que rechazaron cualquier intento de debilitar o interferir en el trabajo de los fiscales. Asimismo, ratificaron la necesidad de contar con sistemas acusatorios sólidos y con fiscales que puedan ejercer sus funciones sin injerencias, amenazas o actos de violencia.

Intercambio de experiencias

Durante la reunión, Mariaca destacó que este tipo de espacios multilaterales son fundamentales para avanzar en la consolidación de un Ministerio Público autónomo. En este contexto, enfatizó el valor del intercambio de experiencias entre países y la necesidad de armonizar políticas penales que permitan ofrecer respuestas más efectivas frente al crimen organizado y otros fenómenos delictivos complejos.

Instrumentos de coordinación

A lo largo del encuentro, también se aprobaron instrumentos relevantes para la coordinación regional. Entre ellos se encuentran el Programa de Trabajo 2025-2026 y la Guía de Cooperación Internacional Penal en Zonas de Frontera. Esta guía busca fortalecer la articulación entre fiscalías en territorios limítrofes, donde suelen operar redes delictivas transnacionales.

Propuesta de agencia regional

La Rempm también valoró la propuesta de crear una agencia regional contra el crimen organizado. Esta iniciativa ha sido impulsada desde las reuniones de ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur. Al mismo tiempo, se reconoció la voluntad constante de los Ministerios Públicos para coordinar acciones, siempre respetando sus marcos legales y los tratados internacionales vigentes.

Compromiso con la cooperación

Finalmente, los fiscales reafirmaron su compromiso con la cooperación interinstitucional. Subrayaron la importancia de promover la remisión espontánea de información y de fortalecer el uso de los Equipos Conjuntos de Investigación. Estas herramientas son consideradas clave para enfrentar de manera más eficaz la delincuencia organizada transnacional.

LDVY

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El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, subrayó la relevancia de estos espacios multilaterales para avanzar hacia un Ministerio Público que sea autónomo y eficiente.

Independencia institucional

Uno de los temas centrales del encuentro fue la preservación de la independencia institucional de los Ministerios Públicos. Los países miembros aprobaron una declaración conjunta en la que rechazaron cualquier intento de debilitar o interferir en el trabajo de los fiscales. Asimismo, ratificaron la necesidad de contar con sistemas acusatorios sólidos y con fiscales que puedan ejercer sus funciones sin injerencias, amenazas o actos de violencia.

Intercambio de experiencias

Durante la reunión, Mariaca destacó que este tipo de espacios multilaterales son fundamentales para avanzar en la consolidación de un Ministerio Público autónomo. En este contexto, enfatizó el valor del intercambio de experiencias entre países y la necesidad de armonizar políticas penales que permitan ofrecer respuestas más efectivas frente al crimen organizado y otros fenómenos delictivos complejos.

Instrumentos de coordinación

A lo largo del encuentro, también se aprobaron instrumentos relevantes para la coordinación regional. Entre ellos se encuentran el Programa de Trabajo 2025-2026 y la Guía de Cooperación Internacional Penal en Zonas de Frontera. Esta guía busca fortalecer la articulación entre fiscalías en territorios limítrofes, donde suelen operar redes delictivas transnacionales.

Propuesta de agencia regional

La Rempm también valoró la propuesta de crear una agencia regional contra el crimen organizado. Esta iniciativa ha sido impulsada desde las reuniones de ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur. Al mismo tiempo, se reconoció la voluntad constante de los Ministerios Públicos para coordinar acciones, siempre respetando sus marcos legales y los tratados internacionales vigentes.

Compromiso con la cooperación

Finalmente, los fiscales reafirmaron su compromiso con la cooperación interinstitucional. Subrayaron la importancia de promover la remisión espontánea de información y de fortalecer el uso de los Equipos Conjuntos de Investigación. Estas herramientas son consideradas clave para enfrentar de manera más eficaz la delincuencia organizada transnacional.

LDVY

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El informe revela que el PCC ha logrado expandirse a 28 países. Además, destaca la notable presencia de sus integrantes en cárceles bolivianas, así como aquellos que se encuentran en libertad. Esto sugiere una dinámica de crecimiento tanto dentro como fuera del sistema penitenciario.

Presencia del PCC en Bolivia

Bolivia se ubica como el cuarto país con mayor número de miembros del PCC fuera de Brasil, solo superado por Paraguay (699), Venezuela (656) y Uruguay (140). De los 146 integrantes detectados en Bolivia, 75 están en establecimientos penitenciarios, mientras que 71 se encuentran en libertad. Esta situación evidencia una doble dinámica de expansión: la influencia dentro de las cárceles y el avance hacia estructuras delictivas que operan en libertad, incluyendo logística, transporte y distribución de drogas.

Estrategia del PCC

De acuerdo con un análisis de la ONU y expertos citados en un reportaje del portal brasileño GloboNews (G1), la estrategia del PCC no se basa únicamente en imponer control territorial a través de la violencia. En cambio, busca infiltrarse en redes ya existentes y formar alianzas con grupos locales o clanes familiares.

El fiscal brasileño Lincoln Gakiya afirmó a G1: “No conozco ninguna organización criminal en el mundo que sea más eficiente que el PCC en el control de cárceles”. Gakiya también advirtió que Bolivia, al igual que Paraguay, Argentina y Chile, se encuentra en una zona de expansión activa del grupo.

Vulnerabilidad del sistema penitenciario

El entorno penitenciario en Bolivia representa una vulnerabilidad estructural que permite al PCC reproducir su modelo de reclutamiento, sometimiento y expansión. Esta situación ha sido observada anteriormente en cárceles paraguayas, donde la presencia del PCC provocó motines y asesinatos.

La preocupación también se centra en los miembros del PCC que están en libertad, ya que podrían estar operando cadenas logísticas, enviando cargamentos y lavando activos mediante redes de apoyo con alcance regional e internacional.

Informe Mundial sobre Drogas 2025

El mapeo de los miembros del PCC coincide con los hallazgos del Informe Mundial sobre Drogas 2025, presentado por la ONU en Viena. Este informe resalta que clanes familiares bolivianos participan en el negocio del narcotráfico a pequeña escala, formando parte de estructuras más horizontales y descentralizadas.

Aunque estos clanes no ejercen control territorial directo, sí son parte de la cadena global del tráfico de cocaína, colaborando en tareas específicas como el transporte, almacenamiento o lavado de dinero.

Necesidad de monitoreo estatal

Este modelo operativo permite que redes criminales como el PCC se conecten con estructuras locales sin levantar alarmas inmediatas, lo que dificulta la acción del Estado. Los datos divulgados subrayan la necesidad de que el Estado boliviano preste mayor atención a las cárceles, los flujos fronterizos y las redes financieras opacas, especialmente en áreas sensibles como el Chapare, Santa Cruz y la frontera con Brasil.

/KMMN

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El DFI se enfocará en la investigación de delitos federales y complejos, tales como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Este modelo se inspira en el funcionamiento del FBI estadounidense.

Declaraciones del presidente

Durante su discurso, el presidente Milei afirmó: “Vamos a aprender de Estados Unidos y de Israel para poner a las fuerzas argentinas al nivel del FBI”. También mencionó: “Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y convertirla en una fuerza avocada principalmente a la investigación criminal”.

Cambios en la PFA

Una de las principales modificaciones es que la PFA dejará de actuar como fuerza de seguridad local. Esta función será asumida por las policías provinciales. A partir de ahora, la PFA se dedicará exclusivamente a las investigaciones federales, interviniendo en otras jurisdicciones solo cuando sea necesario o ante delitos flagrantes.

La reforma también impactará la estructura interna y el régimen de carrera de la fuerza. Se permitirá el ingreso directo de profesionales universitarios con formación específica en investigación criminal. Además, se implementará un régimen de ascensos por mérito, lo que permitirá a suboficiales avanzar sin necesidad de pasar por los tradicionales institutos de formación.

Modernización y evaluación

Asimismo, se reducirá el número de ingresos de suboficiales, destinando esos recursos a un programa de modernización tecnológica y operativa. La reestructuración incluirá un nuevo sistema de seguimiento y evaluación del desempeño de los agentes, basado en datos e información objetiva. Este esquema permitirá medir con mayor precisión el rendimiento y la eficiencia del personal.

Situación presupuestaria

En el ámbito presupuestario, el Gobierno está considerando declarar a la PFA en situación de emergencia por 2 años. Esta medida habilitaría mecanismos de contratación directa, conforme a lo establecido en el decreto 1023/01. Así, se facilitarían las adquisiciones y reformas logísticas necesarias para llevar a cabo la transformación institucional.

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“¿En qué podemos ayudar para combatir al crimen organizado en tu país? Si quieres podemos enviar tropas del ejército estadounidense a México”: palabras más, palabras menos, esto le habría dicho el presidente Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum, y la respuesta inmediata fue de rechazo. “Podemos cooperar y coordinarnos para combatirlo —le respondió Sheinbaum—, pero sin que esto signifique una intervención militar en nuestro territorio”. 

En ese momento se dio por terminada la charla telefónica entre los mandatarios. Unos días después, en un acto público, Sheinbaum lo comentó y remató diciendo a los escuchas que México “no es piñata de nadie”, lo que tiene varias interpretaciones y no todas favorecen, porque a una piñata todos le pegan hasta que la destruyen completamente. Y quizá no sea el caso. 

Y todo indica que la relación entre los dos mandatarios se encuentra en un mal momento. Con una característica sustantiva: Trump tiene la sartén por el mango. Ya le tomó la medida a Sheinbaum, con quien utiliza la dialéctica de la flor y la espina, es decir: por un lado, dice que la presidenta mexicana es encantadora e inteligente, pero, una vez cubierto este trámite de encantamiento, llega la punzada de la espina. La pincha con aranceles, militarización, vuelos y navíos espía, exigencias fronterizas, extradiciones, decomisos de fentanilo, diplomacia dura. Y así hasta que tienen una nueva llamada telefónica, bajo la misma lógica de presión, sin dar respiro.  

Esta estrategia hasta ahora no prevé que los mandatarios tengan una reunión cara a cara, como sí lo hizo Trump con Mark Carney, el nuevo primer ministro canadiense, lo que significa que la estrategia con sus vecinos y socios es distinta. Trump ve en los canadienses unos aliados más confiables, al grado de que ha bromeado diciendo que desearía que Canadá fuera el estado 51 de la Unión Americana y llegó a llamar a Justin Trudeau gobernador y no primer ministro, en un acto de descortesía política que no agradó a los canadienses. Hoy las relaciones entre los gobernantes de estos dos países han bajado de intensidad mediática, pero no así con México, donde todos los días escala la tensión y se ajusta la agenda a las provocaciones de la relación bilateral. 

En el momento de escribir este texto, por ejemplo, hubo tres decisiones estadounidenses que sacudieron Palacio Nacional. La primera, es la probable imposición de un impuesto del 5% a las remesas que los residentes extranjeros en la Unión Americana —legales y no legales— envían periódicamente a sus países, y que cada año en México van en ascenso. De hecho, se calcula que por ese concepto el año pasado llegaron al país alrededor de 64.000 millones de dólares; después de las exportaciones de petróleo, representa la segunda fuente de divisas. 

La segunda decisión, es el acuerdo que el gobierno estadounidense tuvo con Ovidio Guzmán, el hijo menor de Joaquín El Chapo Guzmán, y que se tradujo en la protección de 17 miembros de esta familia mediante su traslado a territorio estadounidense, sin haber mediado comunicación con México de que había extraditado unilateralmente al capo sinaloense.

La tercera decisión, más doméstica, más de mediano plazo, es indicativa de que probablemente algo mayor se está cocinando con la llamada narcopolítica, que es un eslabón ardiente del concepto de narcoterrorismo y que está ya en las leyes estadounidenses: el gobierno estadounidense retiró la visa a Marina del Pilar Ávila, la gobernadora del estado fronterizo de Baja California, sin dar detalles que motivaron esa acción unilateral poco diplomática y con fuerte carga simbólica. 

No hay que olvidar que hace poco más de un mes Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional estuvo en Palacio Nacional y dejó sobre el escritorio de la presidenta Sheinbaum, según trascendió, una lista de narcopolíticos que Estados Unidos quiere que sean llevados ante la justicia estadounidense por sus complicidades con los cárteles de la droga. Se trataría de miembros del gabinete y algunos altos cargos legislativos incluso de este y el anterior gabinete federal. 

Y eso, de ser así, es un serio problema para la presidenta Sheinbaum, porque significa proceder contra miembros de su partido y podría significar una convulsión política de grandes dimensiones, sobre todo si involucra a quienes se ha identificado como los operadores del expresidente López Obrador tanto en el gabinete como en el partido y el Congreso federal.  Es ahí donde la administración Trump aprieta y donde los márgenes de maniobra de Sheinbaum se estrechan. 

Claro, hay quien ve en todo esto una oportunidad para que el gobierno deje de tener tutelas políticas que le impiden ejercer plenamente el poder, pero hacerlo podría tener un alto costo y quizá mayor que la presión de la administración Trump porque haría añicos el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), signifique lo que signifique.

Entonces, Sheinbaum probablemente escoja el mal menor, que es confrontar a Trump cada vez que tome una decisión que afecte a México, y en tanto mandar mensajes a los políticos de su partido. Solo que sus márgenes de maniobra son limitados en un país polarizado desde las elecciones de la primavera de 2024. O sea, que este diferendo va para largo y pautado por la dosificación de decisiones estadounidenses que podrían terminar minando su liderazgo. 

No es descartar que, incluso, en un determinado momento el gobierno de Estados Unidos actúe unilateralmente y haga lo que ya hizo con Ismael Zambada, el legendario narcotraficante sinaloense, que nunca había pisado una prisión y está hoy resguardado en una de alta seguridad esperando posiblemente una o varias cadenas perpetuas. Entonces, este juego de poder, de suma cero, como decía el gran Yogi Berra, el catcher de los Yankees de Nueva York, no se acaba hasta que se acaba.

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Guerreros Buscadores es uno de varios colectivos, conformados en su mayoría por madres buscadoras, que se han creado para localizar a personas desaparecidas, principalmente por circunstancias relacionadas con el crimen organizado. Dicho colectivo adquirió notoriedad cuando el pasado 8 de marzo encontraron, en el municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, evidencia de que el Rancho Izaguirre era utilizado como un campo de adiestramiento y posiblemente de exterminio por parte uno de los principales grupos criminales en México.

Este hallazgo es uno más de la profunda crisis de desapariciones que, desde los años 70 del siglo pasado, está atravesando México, pero que se ha agudizado a partir de 2006 con el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”. Para este momento, la cifra de desapariciones ha superado las 125.000 personas. Y mientras la cifra incrementa día a día, la narrativa oficial estatal busca debilitar el problema.

El caso del Rancho Izaguirre ha sido el ejemplo claro: a partir del descubrimiento, las declaraciones, justificaciones y comunicados del gobierno mexicano generaron una narrativa centrada en fragmentar responsabilidades, pues o bien se culpa a gobiernos anteriores o de otros Estados acusándoles de no controlar a su delincuencia, o bien se recurre al deslinde atribuyendo la violencia a interacciones entre los grupos del crimen organizado.

En particular, el debate se ha centrado en si el Rancho era o no un centro de exterminio, mientras los colectivos insisten en que, basándose en su experiencia y testimonios, en ese lugar las personas eran calcinadas; por su parte, el gobierno ha afirmado repetidamente y a través de diversos funcionarios que era “solo un centro de adiestramiento”.

Si bien la actual administración ha mostrado voluntad de reconocer el problema, desde la administración anterior, en la que no hubo encuentros con las madres buscadoras ni los colectivos, la narrativa oficial se ha encargado de minimizar el número de desaparecidos y los constantes hallazgos de fosas clandestinas.

La ausencia de este diálogo y una narrativa laberíntica desgastan la imagen pública de los colectivos buscadores, permiten que aumenten las desapariciones y, lo más importante, ejecutan una “doble desaparición” en las personas que fueron violentadas: la primera por el crimen organizado, la segunda por el Estado.

Esta última ocurre en tanto que la narrativa oficial de indiferencia por los desparecidos y colectivos diluye las posibilidades de acción colectiva, pues, como ciudadanía en general, se instaura la duda sobre la gravedad del problema y, en consecuencia, ocurre una segunda desaparición operada por el Estado.

Con esta “doble desaparición” aumenta entre la población la sensación de que les han arrebatado la posibilidad de cuidar a sus muertos o desaparecidos al eliminar el carácter social de su desaparición o muerte, pues, sin un cuerpo al cual darle un ritual despedida, la narrativa oficial parece decirnos que hay vidas que no merecen ser lloradas, que no merecen ser parte de la sociedad y sus rituales.

Aunque las razones de estas desapariciones son diversas (problemas familiares, enfermedades mentales, dinámicas de reclutamiento por parte del crimen organizado), la falta de una estrategia clara y un presupuesto adecuado para fiscalías, ministerios públicos y demás provoca que los desaparecidos y los cuerpos depositados en fosas clandestinas o bien nunca sean localizados o bien se amontonen en las morgues hasta que no puedan ser identificados.

Sin duda, la crisis de desapariciones en México nos coloca en una situación de vulnerabilidad cotidiana. Las madres buscadoras y los colectivos se perfilan como un ejemplo de lucha y resistencia que pugna por un gobierno que se haga cargo de su pueblo y por una democracia que se construya desde abajo, desde la acción colectiva, y que impida que nos coloquemos frente a una doble desaparición: una creada por el crimen organizado y la otra por el Estado. El primero por indolente, el segundo por irresponsable.

La entrada Desaparecer dos veces en México se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Guerreros Buscadores es uno de varios colectivos, conformados en su mayoría por madres buscadoras, que se han creado para localizar a personas desaparecidas, principalmente por circunstancias relacionadas con el crimen organizado. Dicho colectivo adquirió notoriedad cuando el pasado 8 de marzo encontraron, en el municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, evidencia de que el Rancho Izaguirre era utilizado como un campo de adiestramiento y posiblemente de exterminio por parte uno de los principales grupos criminales en México.

Este hallazgo es uno más de la profunda crisis de desapariciones que, desde los años 70 del siglo pasado, está atravesando México, pero que se ha agudizado a partir de 2006 con el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”. Para este momento, la cifra de desapariciones ha superado las 125.000 personas. Y mientras la cifra incrementa día a día, la narrativa oficial estatal busca debilitar el problema.

El caso del Rancho Izaguirre ha sido el ejemplo claro: a partir del descubrimiento, las declaraciones, justificaciones y comunicados del gobierno mexicano generaron una narrativa centrada en fragmentar responsabilidades, pues o bien se culpa a gobiernos anteriores o de otros Estados acusándoles de no controlar a su delincuencia, o bien se recurre al deslinde atribuyendo la violencia a interacciones entre los grupos del crimen organizado.

En particular, el debate se ha centrado en si el Rancho era o no un centro de exterminio, mientras los colectivos insisten en que, basándose en su experiencia y testimonios, en ese lugar las personas eran calcinadas; por su parte, el gobierno ha afirmado repetidamente y a través de diversos funcionarios que era “solo un centro de adiestramiento”.

Si bien la actual administración ha mostrado voluntad de reconocer el problema, desde la administración anterior, en la que no hubo encuentros con las madres buscadoras ni los colectivos, la narrativa oficial se ha encargado de minimizar el número de desaparecidos y los constantes hallazgos de fosas clandestinas.

La ausencia de este diálogo y una narrativa laberíntica desgastan la imagen pública de los colectivos buscadores, permiten que aumenten las desapariciones y, lo más importante, ejecutan una “doble desaparición” en las personas que fueron violentadas: la primera por el crimen organizado, la segunda por el Estado.

Esta última ocurre en tanto que la narrativa oficial de indiferencia por los desparecidos y colectivos diluye las posibilidades de acción colectiva, pues, como ciudadanía en general, se instaura la duda sobre la gravedad del problema y, en consecuencia, ocurre una segunda desaparición operada por el Estado.

Con esta “doble desaparición” aumenta entre la población la sensación de que les han arrebatado la posibilidad de cuidar a sus muertos o desaparecidos al eliminar el carácter social de su desaparición o muerte, pues, sin un cuerpo al cual darle un ritual despedida, la narrativa oficial parece decirnos que hay vidas que no merecen ser lloradas, que no merecen ser parte de la sociedad y sus rituales.

Aunque las razones de estas desapariciones son diversas (problemas familiares, enfermedades mentales, dinámicas de reclutamiento por parte del crimen organizado), la falta de una estrategia clara y un presupuesto adecuado para fiscalías, ministerios públicos y demás provoca que los desaparecidos y los cuerpos depositados en fosas clandestinas o bien nunca sean localizados o bien se amontonen en las morgues hasta que no puedan ser identificados.

Sin duda, la crisis de desapariciones en México nos coloca en una situación de vulnerabilidad cotidiana. Las madres buscadoras y los colectivos se perfilan como un ejemplo de lucha y resistencia que pugna por un gobierno que se haga cargo de su pueblo y por una democracia que se construya desde abajo, desde la acción colectiva, y que impida que nos coloquemos frente a una doble desaparición: una creada por el crimen organizado y la otra por el Estado. El primero por indolente, el segundo por irresponsable.

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“Solo a través de la cooperación mutua y la creación de estos Equipos de Investigación Conjuntos podremos garantizar una respuesta eficaz y coordinada frente a los desafíos criminales que nos afectan a todos”, afirmó Mariaca durante la firma del documento.

Creación del grupo operativo

El acuerdo establece la formación de un grupo operativo que estará compuesto por fiscales y expertos de Bolivia y Colombia. Este equipo trabajará de manera coordinada para intercambiar información, analizar casos complejos y llevar a cabo operativos conjuntos en tiempo real.

El objetivo principal de esta colaboración es desarticular redes delictivas que operan a nivel transnacional, enfrentando así delitos que trascienden fronteras.

Optimización de recursos

Por su parte, la fiscal Camargo destacó que esta iniciativa permitirá optimizar recursos y acelerar los procesos judiciales. Esto, a su vez, mejorará el acceso a la justicia en ambos países.

Delitos transnacionales

De esta manera, se responde a la necesidad de una respuesta unificada frente a delitos que afectan a la región, como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y el tráfico de armas.

/KMMN

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“Solo a través de la cooperación mutua y la creación de estos Equipos de Investigación Conjuntos podremos garantizar una respuesta eficaz y coordinada frente a los desafíos criminales que nos afectan a todos”, afirmó Mariaca durante la firma del documento.

Creación del grupo operativo

El acuerdo establece la formación de un grupo operativo que estará compuesto por fiscales y expertos de Bolivia y Colombia. Este equipo trabajará de manera coordinada para intercambiar información, analizar casos complejos y llevar a cabo operativos conjuntos en tiempo real.

El objetivo principal de esta colaboración es desarticular redes delictivas que operan a nivel transnacional, enfrentando así delitos que trascienden fronteras.

Optimización de recursos

Por su parte, la fiscal Camargo destacó que esta iniciativa permitirá optimizar recursos y acelerar los procesos judiciales. Esto, a su vez, mejorará el acceso a la justicia en ambos países.

Delitos transnacionales

De esta manera, se responde a la necesidad de una respuesta unificada frente a delitos que afectan a la región, como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y el tráfico de armas.

/KMMN

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Mario Cronenbold, exjefe de campaña de la Alianza Popular y exalcalde de Warnes, reconoció que conoce a “Tuta”, pero negó tener cualquier relación con actividades ilegales. Cronenbold fue citado en el marco de la investigación sobre la presencia del líder del Primer Comando de la Capital (PCC) en Bolivia, donde vivía bajo una identidad falsa hasta su captura.

El exalcalde afirmó que no tenía conocimiento de las actividades del cabecilla del PCC, quien operaba en Bolivia con el nombre falso de Maycon Gonçalves da Silva. Además, enfatizó que no tiene vínculos con el crimen y que su citación no significa que esté siendo acusado formalmente. “No tenemos nada que ocultar, venimos a decir nuestra verdad. El más interesado en que esto se aclare soy yo”, declaró Cronenbold.

El exjefe de campaña también expresó su preocupación por el impacto personal que ha tenido este caso en su vida. “Hoy, en el Día de la Madre, mi madre estaba angustiada, no por la Fiscalía, sino por las redes sociales, donde se arman películas y se especula sin pruebas”, lamentó. Criticó la rapidez con la que fue desvinculado de la Alianza Popular tras la noticia, afirmando que “se me destituye sin siquiera darme el beneficio de la duda. No es delito tener un vecino, ni saludar a alguien, peor aún cuando uno es político”.

Detalles de la captura

Tuta, de nacionalidad brasileña y 52 años, se presentó con la identificación falsa de Maycon Gonçalves da Silva. Sin embargo, al registrar sus huellas dactilares, fue descubierto y el sistema internacional alertó sobre una orden de captura con sello rojo de Interpol. Los funcionarios del Segip informaron a los agentes de la Policía Boliviana, quienes lo arrestaron y lo llevaron a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según documentos a los que tuvo acceso El Deber, “Tuta” era el único líder del PCC que permanecía en libertad. Sus cómplices, Eduardo Aparecido de Almeida, Marcelo Moreira Prado y Patric Velinton Salomão, ya están encarcelados. Esta organización criminal también opera en países como Colombia, Perú y Paraguay. “Tuta” fue designado por Marco Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola, para liderar el PCC tras su traslado a una cárcel federal en 2019.

Actividades delictivas

Los informes policiales indican que Tuta dirigía al PCC desde Bolivia. Entre sus actividades delictivas se incluyen asaltos a vehículos de remesas y tráfico de armas y drogas. La Policía Federal fue la que alertó sobre su presencia en Bolivia y las identidades falsas que utilizaba para evadir la justicia.

En mayo de 2022, medios de comunicación brasileños informaron que Tuta había sido secuestrado en Bolivia por su propia organización debido a órdenes internas relacionadas con asesinatos. Sin embargo, esta información fue desmentida por Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno, quien afirmó: “No hay ninguna persona extranjera secuestrada en territorio nacional”.

Proceso de extradición

Tras su arresto en Bolivia, se espera que se inicie el proceso para su entrega a Brasil, donde enfrentará múltiples cargos relacionados con el crimen organizado transnacional. Esta detención representa un golpe significativo para la estructura del PCC y evidencia la necesidad urgente de cooperación internacional para combatir el crimen organizado en la región.

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“Dentro de un informe policial, porque aquí no vamos a suponer, si dentro de los 3 procesos que yo les he mencionado aparece el nombre de esta persona y aparece el indicio de que se le pueda tomar la declaración, tenga la seguridad (que se lo va a citar)”, afirmó Mariaca en una conferencia de prensa.

Detención del líder criminal

El jefe del PCC fue arrestado en Bolivia mientras intentaba renovar su cédula de identidad de manera irregular. Este hecho ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de que existan vínculos locales con redes criminales internacionales.

Críticas a la coordinación gubernamental

El fiscal general también expresó su descontento con la actuación del Ministerio de Gobierno en este caso. Insinuó que no hubo la coordinación esperada con el Ministerio Público durante el operativo y en la fase inicial de la investigación.

Consecuencias para Mario Cronenbold

En medio de este escándalo, Mario Cronenbold ha sido apartado de su cargo como jefe de campaña del Movimiento Tercer Sistema, que forma parte de la Alianza Popular. Este movimiento tiene como candidato presidencial a Andrónico Rodríguez.

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Detención de la expareja

Martines intentó reclamar el cuerpo de Saavedra y presentó varias contradicciones durante su declaración ante el Ministerio Público. Según el fiscal Delgadillo, “hay indicios que la vinculan a una estructura criminal”. Se han detectado comunicaciones por mensaje de texto que refuerzan esta línea de investigación.

La mujer afirmó que viajó a Bolivia a solicitud de la madre de la víctima, con quien dice tener un hijo de siete meses. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ella tenía conocimiento del crimen y no lo reportó a las autoridades, lo que la convierte en una encubridora.

Hallazgo del cuerpo

El cuerpo de Javier Alfonso Saavedra fue hallado el 15 de mayo de 2025, dentro de una maleta abandonada en la orilla del río Piraí. Tres días después, las autoridades lograron identificar a la víctima, quien tenía 32 años.

Delgadillo no descartó la posibilidad de que Saavedra estuviera relacionado con el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano conocida por su implicación en delitos transnacionales, como la trata de personas y el narcotráfico.

Investigaciones en curso

El fiscal precisó: “Estamos indagando si hay conexiones con organizaciones criminales como el Tren de Aragua”. Además, hay más personas bajo investigación, incluyendo a la actual pareja del fallecido, quien habría salido del país recientemente.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y aseguran que están trabajando tanto a nivel local como con cooperación internacional. El objetivo es esclarecer este crimen, que podría estar vinculado a una red de delincuencia organizada con alcance transfronterizo.

Posibles móviles del crimen

Por otro lado, se ha informado que la actual pareja de Saavedra también está siendo investigada, ya que ha salido del país recientemente. El Ministerio Público no descarta ninguna hipótesis y continúa indagando sobre los posibles móviles del crimen.

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“Estas Fiscalías Superiores serán un brazo operativo tan importante para la Fiscalía General del Estado”, afirmó Mariaca. La nueva estructura tiene como objetivo acelerar los procesos penales y trabajar de manera más efectiva en casos complejos. Esto incluye aquellos relacionados con el crimen organizado y la violencia contra sectores vulnerables.

Fiscales designados

Entre los fiscales que fueron posesionados se encuentran Luis Whaner Montaño y René Cáceres, quienes estarán a cargo de la Fiscalía de Crimen Organizado. También se designaron a Marcela Terceros y Patricia Bohorquez para la Fiscalía de Derechos Humanos, mientras que Mirtha Mejía asumirá la Fiscalía de Anticorrupción. Estas unidades jugarán un papel activo en la reactivación de procesos judiciales que han estado paralizados, especialmente aquellos que involucran a exautoridades.

Mejoras en el sistema judicial

El nuevo modelo busca mejorar la capacidad operativa del Ministerio Público mediante una distribución estratégica de tareas. Además, se hará uso de tecnología y se fomentará la coordinación con otras instancias del sistema judicial. Según el fiscal Montaño, esta reestructuración permitirá ofrecer respuestas más rápidas y eficaces a la ciudadanía.

Objetivos de la reestructuración

La implementación de estas Fiscalías Superiores es considerada fundamental para abordar problemáticas críticas en el país. Se espera que el trabajo de estos fiscales contribuya a fortalecer el sistema judicial y a garantizar justicia en casos que han permanecido estancados.

/KMMN

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Durante la reunión, Mariaca presentó el Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esta nueva norma busca garantizar una mayor seguridad para los menores en las plataformas digitales.

El Fiscal General de México mostró un gran interés por esta iniciativa, considerándola innovadora para sancionar delitos modernos que se cometen contra niños y adolescentes. “El día de hoy tuvimos una reunión muy importante y fructífera con el Fiscal General de la República de México”, afirmó Mariaca al finalizar el encuentro.

Importancia de la cooperación internacional

Mariaca también subrayó la relevancia de fortalecer la cooperación internacional para desarrollar estrategias eficaces en la prevención y combate a la criminalidad. “El trabajo conjunto entre nuestras instituciones es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto”, agregó.

Próxima firma del convenio

La firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional está programada para las próximas semanas. Este acuerdo representará un nuevo capítulo en la colaboración entre Bolivia y México en temas de seguridad, justicia y lucha contra la criminalidad.

El fortalecimiento de esta cooperación permitirá un trabajo más cercano entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en ambos países.

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Durante la reunión, Mariaca presentó el Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esta nueva norma busca garantizar una mayor seguridad para los menores en las plataformas digitales.

El Fiscal General de México mostró un gran interés por esta iniciativa, considerándola innovadora para sancionar delitos modernos que se cometen contra niños y adolescentes. “El día de hoy tuvimos una reunión muy importante y fructífera con el Fiscal General de la República de México”, afirmó Mariaca al finalizar el encuentro.

Importancia de la cooperación internacional

Mariaca también subrayó la relevancia de fortalecer la cooperación internacional para desarrollar estrategias eficaces en la prevención y combate a la criminalidad. “El trabajo conjunto entre nuestras instituciones es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto”, agregó.

Próxima firma del convenio

La firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional está programada para las próximas semanas. Este acuerdo representará un nuevo capítulo en la colaboración entre Bolivia y México en temas de seguridad, justicia y lucha contra la criminalidad.

El fortalecimiento de esta cooperación permitirá un trabajo más cercano entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en ambos países.

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La colaboración hemisférica aborda desafíos comunes como la protección de la democracia, la ciberseguridad y el crimen organizado. En la región, Colombia y la OTAN aportan dinámicas de aprendizaje. Analizamos cinco elementos donde ambas regiones pueden avanzar.

La cooperación en seguridad y defensa entre Europa y América Latina ha cobrado un nuevo impulso frente a los crecientes desafíos geopolíticos y amenazas transnacionales. La defensa de la democracia, la ciberseguridad, la desinformación y el crimen organizado son algunos retos compartidos que exigen una respuesta coordinada.

La designación de la embajada de Alemania en Colombia como embajada de contacto de la OTAN para América Latina representa una oportunidad estratégica para consolidar esta relación.

Democracia y autoritarismos

La defensa de los valores democráticos es un pilar central de la cooperación entre Europa y América Latina. La expansión de regímenes autoritarios y la erosión de las instituciones democráticas en la región latinoamericana han encendido las alarmas en la comunidad internacional.

Desde Europa, la defensa de la democracia se ha articulado mediante iniciativas como la Política Europea de Vecindad y los programas de apoyo a las instituciones democráticas. Para fortalecer esta cooperación, resulta esencial implementar mecanismos que permitan vigilar y sancionar a actores externos que interfieran en los procesos democráticos. Asimismo, la creación de plataformas de diálogo político pueden facilitar el fortalecimiento institucional. El apoyo a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes permitirá consolidar una narrativa democrática y contrarrestar la influencia de actores autoritarios.

Un desafío adicional proviene de la creciente influencia de China y Rusia en la región. La inversión china en sectores estratégicos como la minería, las telecomunicaciones y la energía podría afectar la estabilidad institucional y política. La presencia rusa en el ámbito militar y tecnológico añade una dimensión geopolítica compleja que requiere una respuesta estratégica coordinada.

Ciberseguridad y desinformación

En el actual entorno digital, las amenazas a la ciberseguridad y la desinformación desestabilizan las democracias y erosionan la confianza pública. América Latina ha sido objeto de campañas de desinformación dirigidas desde actores estatales y no estatales, muchas veces vinculadas a intereses geopolíticos externos. Un ejemplo claro de esta dinámica es la difusión de noticias falsas durante procesos electorales en Colombia y Brasil. Esto generó una profunda desconfianza en las instituciones y ha contribuido a la polarización política y social.

Para enfrentar este desafío, la cooperación con Europa puede centrarse en el intercambio de tecnología y mejores prácticas para la protección de infraestructuras críticas. La creación de mecanismos conjuntos para identificar y contrarrestar campañas de desinformación permitirá desarrollar respuestas más rápidas y efectivas ante ataques informáticos y campañas de manipulación. Igualmente, la formación de capacidades nacionales y regionales en ciberdefensa fortalecerá las estructuras de seguridad digital en América Latina.

La OTAN ha identificado la ciberseguridad como una prioridad para la cooperación con Colombia. La embajada de Alemania como embajada de contacto podría facilitar la transferencia de tecnología y formación especializada, fortaleciendo las capacidades de ciberdefensa en la región.

Crimen organizado transnacional

El narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas, entre otros, representa un desafío compartido para América Latina y Europa. La experiencia de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia armada la posiciona como un socio estratégico para la OTAN y la UE.

El tráfico de drogas hacia Europa aumentó en los últimos años y llevó a las agencias de seguridad europeas a buscar una cooperación más estrecha con Colombia. ¿Con qué fin? Para interrumpir las rutas del narcotráfico y debilitar las redes criminales que operan en ambos continentes. Las operaciones conjuntas y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia son fundamentales para reducir el impacto del crimen organizado y mejorar la seguridad transatlántica.

Colombia como socio OTAN

Desde su designación como socio global de la OTAN en 2017, Colombia consolidó su papel como un aliado estratégico mediante ejercicios militares conjuntos y misiones de paz. La embajada de Alemania, como punto de contacto, permitirá ampliar la cooperación en la región. Además, podrá promover un enfoque integral de seguridad que combine defensa militar y seguridad ciudadana.

La cooperación trilateral entre América Latina, Europa y la OTAN también puede extenderse a operaciones de mantenimiento de la paz y respuesta a crisis. La experiencia de Colombia en escenarios complejos, sumada a la capacidad logística y estratégica de la OTAN, permitirá desarrollar una arquitectura de seguridad más robusta y efectiva en la región.

Perspectivas de la cooperación estratégica

La cooperación entre Europa y América Latina en materia de seguridad y defensa se proyecta como un componente clave de las relaciones transatlánticas en la próxima década. La creciente presencia de China y Rusia en la región ha llevado a que actores europeos busquen consolidar su influencia mediante mecanismos de seguridad y cooperación económica. El concepto de friend-shoring, que implica trasladar las cadenas de suministro hacia países aliados, ofrece una oportunidad para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa​.

La experiencia de Colombia en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, junto con el respaldo estratégico de la OTAN, posiciona al país como un socio clave en el desarrollo de una arquitectura de seguridad regional. Asimismo, la cooperación en seguridad podría extenderse hacia la seguridad ambiental. En esta área, Colombia y la OTAN podrían desarrollar protocolos conjuntos para enfrentar amenazas climáticas y desastres naturales, aprovechando la experiencia de la OTAN en respuesta rápida a crisis humanitarias.

Oportunidad para ambas regiones

Europa y América Latina enfrentan desafíos comunes en materia de seguridad y defensa que requieren una cooperación estratégica más profunda. La defensa de la democracia, la ciberseguridad, la lucha contra el crimen organizado y la estabilidad regional son áreas en las que la experiencia de Colombia y el respaldo de la OTAN pueden marcar una diferencia sustancial. La designación de la embajada de Alemania como embajada de contacto de la OTAN en Colombia constituye una oportunidad para fortalecer esta cooperación y consolidar una alianza transatlántica más robusta y efectiva.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Andrea Valdelamar es Magíster en seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra y politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Egresada del Curso Integral de Defensa Nacional. Actualmente es coordinadora de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Es fundadora de ATHENA, red de mujeres en seguridad y defensa impulsada.

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Uno de los cómplices, Andrew Dawidonwski Salvatierra, quien es proveedor de drogas de Camargo, fue aprehendido. Durante su declaración, confesó haber colaborado en deshacerse de los cuerpos y en la venta de una camioneta relacionada con el caso. La Fiscalía ha emitido una orden de aprehensión contra Camargo y se están realizando esfuerzos para localizarlo.

Detalles del crimen

Las investigaciones indican que el 25 de febrero, Camargo Montaño asesinó a ambas víctimas con disparos de arma de fuego. Al día siguiente, con la ayuda de sus cómplices, limpió la casa y trasladó los cuerpos para enterrarlos a orillas del río Piraí. Hasta el momento, tres personas han sido enviadas a la cárcel por colaborar con el autor después del doble crimen. En sus declaraciones, revelaron que Camargo vendió su camioneta por 10.000 dólares tras deshacerse de los cuerpos.

Los cómplices identificados son Ivar Augusto Zegarra Farell y Marcia María Da Conceicao, quienes se encuentran detenidos en la cárcel de Palmasola por complicidad en el delito de asesinato y feminicidio. Andrew Dawidonwski Salvatierra fue enviado a la cárcel de Chonchocoro por orden del juez Primo Flores. Este último confesó que Camargo lo llamó para ayudarle a limpiar el inmueble donde encontró dos cuerpos sin vida, y que fue amenazado con una pistola para colaborar en el traslado de los cuerpos.

Confesiones y pruebas

Dawidonwski también admitió haber ayudado a vender la camioneta Nissan por 10,000 dólares, así como muebles de la casa y otros departamentos que Camargo posee en diferentes condominios. Además, fue señalado por retirar las cámaras de seguridad y el DVR, los cuales fueron enterrados junto a los cuerpos. Sin embargo, la Policía logró recuperar estos equipos para intentar obtener imágenes de la escena del crimen.

Acciones de la Fiscalía

La Fiscalía solicitó la detención del dealer en audiencia cautelar, y el juez Flores ordenó prisión indefinida en Chonchocoro. La abogada Rosario Espada, quien defiende a los familiares del policía David Óscar Chávez, consideró correcta la decisión del juez de enviar al imputado a dicha cárcel, dado que se trata de un hecho de gran relevancia social.

El fiscal departamental Alberto Zeballos confirmó que Camargo Montaño está procesado como el principal responsable del delito de asesinato y feminicidio. Se emitió una orden de aprehensión contra él después de que se detectara que no solo se deshizo de los cuerpos, sino que también vendió sus bienes. Zeballos afirmó que se logró recuperar la camioneta Nissan que había sido vendida por Camargo.

Ubicación del vehículo

El vehículo fue encontrado en un garaje en la zona de La Cuchilla, cerca de un área conocida por la venta de motorizados. Zeballos aseguró que se están utilizando todos los recursos disponibles para localizar a Camargo. En caso de que este haya salido del país, se realizarían gestiones internacionales para su captura.

Petición de la abogada

Mientras tanto, Rosario Espada ha solicitado a la Fiscalía y a la justicia la anotación preventiva de todos los bienes a nombre de Jesús Miguel Camargo Montaño, quien está señalado como el autor material e intelectual del asesinato de Sandra Cecilia Vergara Antelo y del policía David Óscar Chávez Barrientos.

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Terrazas fue aprehendido y, según la investigación, se le señala como la persona encargada de proporcionar alimentos a los sicarios que residían en una casa del barrio Cordecruz, también en la capital cruceña.

Durante su aprehensión, las autoridades también retuvieron su vehículo. Este viernes 7 de marzo, Terrazas fue presentado ante un juez cautelar, quien determinó que deberá permanecer en reclusión preventiva por un período de 180 días en el penal de Palmasola.

Otros implicados en el caso

En este caso, ya se encuentran detenidos en la cárcel de Palmasola Dedila Silvana S. M., Elena O. P. y Cristian R. D. Estos individuos están relacionados con dos de los presuntos sicarios que llevaron a cabo el asesinato del capitán Aldunate.

Detalles del crimen

El capitán policial fue acribillado cuando salía de su vivienda a bordo de su vehículo para llevar a su hija al colegio. Este trágico suceso ha generado una gran preocupación entre los ciudadanos sobre la seguridad en la zona.

Reacciones de las autoridades

La situación ha llevado a las autoridades a intensificar las investigaciones relacionadas con el crimen organizado y los actos violentos que se han registrado en la región. La comunidad espera que se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los habitantes.

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En contraste, el senador Félix Ajpi defendió los acuerdos, resaltando la importancia de organizar el flujo migratorio a través de Bolivia. Estas declaraciones se dieron tras la firma de 2 nuevos acuerdos con Chile, que son parte de un total de 9 convenios establecidos entre ambos países.

Cuestionamientos sobre los acuerdos

Reyes comentó que “difícilmente los convenios firmados con los vecinos van a dar resultado, porque internamente no hay una lucha real contra el crimen organizado”. Además, agregó que “no hay confianza; difícilmente van a poder cumplir” y advirtió sobre la posibilidad de que los gobiernos vecinos presenten reclamos debido al incumplimiento de compromisos.

Defensa de los acuerdos

Por su parte, Ajpi destacó que Bolivia está siendo utilizada como un puente para ingresar a Chile desde varios países. Afirmó que “eso yo creo que se tiene que organizar y ojalá surta efecto”, aunque también reconoció las ilegalidades que existen en las fronteras.

Importancia del control fronterizo

Ambos legisladores coincidieron en la relevancia del control fronterizo y la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades bolivianas y chilenas. Ajpi subrayó que “depende también de nuestro ministro de Gobierno”, quien ha sido objeto de críticas por su inacción frente al flujo migratorio internacional.

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En contraste, el senador Félix Ajpi defendió los acuerdos, resaltando la importancia de organizar el flujo migratorio a través de Bolivia. Estas declaraciones se dieron tras la firma de 2 nuevos acuerdos con Chile, que son parte de un total de 9 convenios establecidos entre ambos países.

Cuestionamientos sobre los acuerdos

Reyes comentó que “difícilmente los convenios firmados con los vecinos van a dar resultado, porque internamente no hay una lucha real contra el crimen organizado”. Además, agregó que “no hay confianza; difícilmente van a poder cumplir” y advirtió sobre la posibilidad de que los gobiernos vecinos presenten reclamos debido al incumplimiento de compromisos.

Defensa de los acuerdos

Por su parte, Ajpi destacó que Bolivia está siendo utilizada como un puente para ingresar a Chile desde varios países. Afirmó que “eso yo creo que se tiene que organizar y ojalá surta efecto”, aunque también reconoció las ilegalidades que existen en las fronteras.

Importancia del control fronterizo

Ambos legisladores coincidieron en la relevancia del control fronterizo y la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades bolivianas y chilenas. Ajpi subrayó que “depende también de nuestro ministro de Gobierno”, quien ha sido objeto de críticas por su inacción frente al flujo migratorio internacional.

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El lado oculto de internet, conocido como la dark web, se ha convertido en un entorno propicio para las actividades ilícitas, bajo el amparo del anonimato, que incluyen la venta de drogas y armas, prostitución infantil, ciberdelitos y robo de datos personales, entre otros. Se trata de un fenómeno alarmante que plantea serios desafíos para la ciberseguridad global y que evidencia la necesidad de desarrollar estrategias de defensa más robustas y proactivas, especialmente en Latinoamérica, donde poco o nada conocemos de este tipo de operaciones.

Mientras los ciberdelincuentes avanzan en la sofisticación de sus métodos y utilizan la red oculta para el comercio ilícito, la adquisición y distribución de vulnerabilidades de software, el desarrollo de malware personalizado o la coordinación de ataques contra infraestructuras críticas, las autoridades no han logrado hallar los mecanismos para abordar la problemática en su magnitud. La falta de recursos especializados y la escasa concienciación sobre los riesgos inherentes a este entorno han dejado a los gobiernos en una posición vulnerable frente a las amenazas que emanan de las sombras de la internet.

Muestra de ello es que, a pesar del desmantelamiento de plataformas emblemáticas de mercado negro como Silk Road, las actividades ilícitas en la red oscura no solo persisten, sino que continúan en aumento, dada la naturaleza descentralizada de este entorno digital, que representa una gran dificultad para la implementación de medidas de control efectivas. Al mismo tiempo, la fragmentación de las jurisdicciones ha obstaculizado una acción coordinada contra los ciberdelincuentes, y las medidas preventivas al respecto siguen siendo, francamente, insuficientes.

Qué es la dark web y sus implicaciones en Latinoamérica

La dark web es una sección de internet accesible únicamente a través de software especializado que se ha consolidado como un espacio propicio para las actividades ilícitas a nivel global. En su entorno, plataformas similares a mercados electrónicos convencionales permiten la proliferación de redes criminales que aprovechan el anonimato y la descentralización para operar sin restricciones. Se trata de un fenómeno que ha sido denominado por algunos expertos como una forma de “globalización desviada”, en la que los actores delictivos trascienden las fronteras y las normativas locales.

Pero además del comercio ilícito, esta red alberga sitios diseñados para vulnerar la seguridad informática, mediante malware y spyware. La dark web también facilita la comunicación anónima en foros y correos privados, utilizados incluso por figuras como Edward Snowden (antiguo empleado de la CIA) para divulgar información clasificada.

Particularmente en América Latina y el Caribe ha demostrado ser un recurso estratégico para el crimen organizado. Un reporte de Insight Incrime señala que los cárteles latinoamericanos han utilizado la red oscura para localizar compradores de envíos de cocaína a gran escala, mientras que pandillas centroamericanas han encontrado en estos foros un medio para coordinar el tráfico transfronterizo. La investigación señala, además, que los narcotraficantes recurren a plataformas subterráneas para adquirir opioides sintéticos provenientes de Asia, lo que evidencia un uso sofisticado de esta tecnología para fortalecer sus operaciones internacionales.

Junto con el tráfico de narcóticos, la dark web también ha sido un canal clave para otras actividades ilícitas, como la distribución de pornografía infantil. Investigaciones internacionales que condujeron al cierre de sitios como Playpen revelaron vínculos directos con arrestos en países como Chile y Perú, mientras que México se ha convertido en un actor relevante en esta industria ilegal.

Por su parte, a lo largo de 2023 los analistas de SOCRadar identificaron tendencias alarmantes que vinculan a empresas de América Latina con actores de amenazas cibernéticas asociadas a la dark. Durante este periodo, las organizaciones enfrentaron un aumento sostenido de ataques cibernéticos, con 3.561 publicaciones en foros de la dark web atribuidas a 1.331 actores maliciosos. Las industrias más afectadas incluyeron administración pública, tecnología de la información, finanzas y seguros. A su vez, el comercio de datos de usuarios comprometidos ha sido predominante.

En concordancia, informes como los de Kaspersky han subrayado la necesidad de respuestas más robustas y coordinadas por parte de las autoridades internacionales ante la creciente sofisticación de las transacciones realizadas en la dark web. La urgencia de fortalecer las defensas cibernéticas mediante la colaboración entre países, el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas y el fortalecimiento de las capacidades locales es apremiante, pues no solo se trata de un desafío de seguridad sino también de una amenaza creciente para las economías y las sociedades de la región.

El impacto del anonimato

La red oscura ha sido diseñada para proteger la privacidad en línea, enmascarar tanto la ubicación como las actividades de sus usuarios y dificultar el rastreo y la persecución de las actividades ilícitas. Su estructura se apoya en características legítimas de la tecnología moderna, como el cifrado, la anonimización y las criptomonedas, para facilitar transacciones que evadan los controles tradicionales.

A su vez, el uso de monedas virtuales centralizadas y criptomonedas descentralizadas ha transformado el lavado de dinero y otros delitos financieros en prioridades críticas para los organismos de seguridad. Bajo este modelo de transacciones, que incluye técnicas como el mixing de criptomonedas, la dificultad de rastrear el origen de los fondos es tan compleja como las labores de enjuiciamiento.

Paralelamente, el empleo de herramientas como Tor ha transformado la forma en la que operan los cibercriminales, ya que les permite navegar de manera anónima y así evadir la detección por parte de las autoridades. El asunto no comienza allí. La proliferación de tutoriales, foros y recursos en línea ha facilitado el acceso de delincuentes emergentes a técnicas avanzadas de hacking y fraude. Incluso en plataformas accesibles es posible encontrar foros, videos y materiales que instruyen sobre la ejecución de ataques cibernéticos o la adquisición de productos ilícitos en la red. Hablamos de un alcance exponencial, que ha permitido y seguirá permitiendo la participación de individuos con y sin experiencia previa, mientras los riesgos asociados a estas actividades son inimaginables.

La amenaza de la dark web trasciende fronteras y es un desafío constante para las autoridades. Si bien algunos países han adoptado medidas legales más estrictas para frenar estas actividades, otros (como los latinoamericanos) enfrentan serias dificultades para comprender y abordar el fenómeno de manera efectiva. Sin embargo, el futuro de la lucha contra los delitos en la dark web dependerá de un enfoque integral, que combine educación para generar conciencia sobre los riesgos, regulación que establezca límites claros y colaboración internacional que permita desmantelar las estructuras delictivas. Es necesario poner el debate sobre la mesa, no solo para mitigar los impactos del presente, sino también para construir un entorno digital más seguro, donde los avances tecnológicos sean utilizados para el progreso y no para la explotación.

Henry M. Rodríguez es doctor en Políticas Públicas por la Universidad IEXE (México). Investigador en la Organización de Estados Iberoramericanos OEI. Asesor organizacional de corporaciones policiales de México y consultor en seguridad pública y privada.

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Noboa expresó su agradecimiento a Mónica Palencia por su trabajo en el cargo y confirmó que el general Fausto Buenaño asumirá la responsabilidad. Buenaño, quien se encuentra en retiro, fue comandante de la policía en algunas de las áreas más conflictivas de Ecuador, incluyendo el puerto de Guayaquil y sus alrededores. Durante su carrera, ha luchado contra las bandas criminales dedicadas al tráfico de cocaína.

Críticas a la ministra saliente

La ministra saliente, Mónica Palencia, enfrentó críticas por su enfoque para abordar la creciente violencia en el país. Además, fue sometida a un juicio político por el Congreso, aunque finalmente fue absuelta debido a la falta de votos necesarios para su destitución. En 2023, Ecuador registró una tasa récord de 47 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se redujo a 38 en 2024, según datos oficiales.

Asesinato del coronel Cedeño

El coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Porfirio Cedeño, quien estaba a cargo de operativos contra el narcotráfico, fue asesinado a tiros el pasado viernes cerca de una penitenciaría en Guayaquil. Cedeño fue atacado por sicarios que dispararon al menos 20 veces mientras se dirigía a una ceremonia en la ciudad de Manta, según informó Santiago Tuston, jefe policial de la zona.

Los atacantes lograron alcanzar al coronel a unos 200 metros de la penitenciaría y abrieron fuego. El conductor del vehículo resultó herido en la pierna y fue llevado a un hospital. Cedeño tenía la responsabilidad de liderar operativos militares contra el narcotráfico, así como contra las mafias de sicarios y extorsionistas que operan en Durán, una localidad vecina a Guayaquil.

Estado de guerra en Ecuador

La Presidencia de Ecuador emitió un comunicado señalando que estos eventos reflejan el estado de guerra en el que se encuentra el país. La policía también reportó que varios individuos vestidos como militares irrumpieron en Samborondón, donde asesinaron a tres personas a “quemarropa”. Además, Noboa decidió reemplazar a su ministro de Salud y al director del SNAI, la entidad encargada de las prisiones.

Las cárceles en Ecuador se han convertido en otro epicentro del conflicto, donde los enfrentamientos entre criminales han dejado cientos de muertos. La situación de violencia en el país sigue siendo crítica y requiere atención urgente por parte de las autoridades.

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Noboa expresó su agradecimiento a Mónica Palencia por su trabajo en el cargo y confirmó que el general Fausto Buenaño asumirá la responsabilidad. Buenaño, quien se encuentra en retiro, fue comandante de la policía en algunas de las áreas más conflictivas de Ecuador, incluyendo el puerto de Guayaquil y sus alrededores. Durante su carrera, ha luchado contra las bandas criminales dedicadas al tráfico de cocaína.

Críticas a la ministra saliente

La ministra saliente, Mónica Palencia, enfrentó críticas por su enfoque para abordar la creciente violencia en el país. Además, fue sometida a un juicio político por el Congreso, aunque finalmente fue absuelta debido a la falta de votos necesarios para su destitución. En 2023, Ecuador registró una tasa récord de 47 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se redujo a 38 en 2024, según datos oficiales.

Asesinato del coronel Cedeño

El coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Porfirio Cedeño, quien estaba a cargo de operativos contra el narcotráfico, fue asesinado a tiros el pasado viernes cerca de una penitenciaría en Guayaquil. Cedeño fue atacado por sicarios que dispararon al menos 20 veces mientras se dirigía a una ceremonia en la ciudad de Manta, según informó Santiago Tuston, jefe policial de la zona.

Los atacantes lograron alcanzar al coronel a unos 200 metros de la penitenciaría y abrieron fuego. El conductor del vehículo resultó herido en la pierna y fue llevado a un hospital. Cedeño tenía la responsabilidad de liderar operativos militares contra el narcotráfico, así como contra las mafias de sicarios y extorsionistas que operan en Durán, una localidad vecina a Guayaquil.

Estado de guerra en Ecuador

La Presidencia de Ecuador emitió un comunicado señalando que estos eventos reflejan el estado de guerra en el que se encuentra el país. La policía también reportó que varios individuos vestidos como militares irrumpieron en Samborondón, donde asesinaron a tres personas a “quemarropa”. Además, Noboa decidió reemplazar a su ministro de Salud y al director del SNAI, la entidad encargada de las prisiones.

Las cárceles en Ecuador se han convertido en otro epicentro del conflicto, donde los enfrentamientos entre criminales han dejado cientos de muertos. La situación de violencia en el país sigue siendo crítica y requiere atención urgente por parte de las autoridades.

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Según Reyes, esta situación refleja la percepción negativa que tienen otras naciones sobre Bolivia, considerándolo un país afectado por el contrabando, el narcotráfico y el crimen organizado.

Cuestionamiento a la política exterior

El legislador cuestionó el manejo de la política exterior del Gobierno boliviano, señalando que la diplomacia está fallando al no establecer diálogos bilaterales efectivos con Argentina.

Destacó que históricamente la relación entre ambos países fue cordial, pero actualmente no se observa una estrategia clara para abordar problemas que afectan a ambas naciones, como el contrabando y la inseguridad en las fronteras.

Deterioro de relaciones bilaterales

Reyes enfatizó que la ausencia de una política internacional pragmática y la falta de un diálogo permanente están contribuyendo al deterioro de las relaciones bilaterales.

Además, lamentó que Bolivia sea vista por sus vecinos como un país inseguro debido al crimen organizado y al tráfico de drogas, lo que podría motivar a otros países a reforzar sus fronteras de manera similar.

Objetivo del Plan Güemes

El Plan Güemes, implementado por Argentina y que incluye el alambrado, tiene como objetivo ordenar el paso fronterizo en Aguas Blancas, donde diariamente miles de personas cruzan sin control migratorio.

Según el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigaran, la medida busca garantizar que los ciudadanos transiten por los puntos de migración habilitados, contribuyendo a un mayor control de quienes ingresan y salen del territorio argentino.

Opinión del MAS

Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Freddy López, consideró que cada país tiene soberanía para tomar este tipo de medidas y subrayó que Bolivia debe convocar al diálogo para evitar que estas acciones afecten las relaciones bilaterales.

Reconoció la falta de presencia efectiva de autoridades bolivianas en las fronteras y afirmó que este problema podría resolverse mediante un trabajo conjunto con los países vecinos.

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La trama fue desmantelada cuando el principal acusado, un hombre de 79 años residente en Montano Lucino, fue detenido en un control fronterizo rutinario. Durante la inspección, las autoridades encontraron 30.000 euros en efectivo en su posesión, lo que despertó sospechas y llevó a un registro posterior en su domicilio.

Allí se descubrió un alijo significativo que incluía monedas de oro, relojes lujosos y circonitas. Este hallazgo fue clave para desentrañar la red criminal que operaba entre dos países.

Funcionamiento de la red

El esquema operaba como una “carrera de relevos”, donde cada uno de los tres involucrados tenía funciones específicas. Un exjoyero de 77 años adquiría y preparaba los cargamentos desde su tienda cerca de la Piazza Duomo en Milán. El intermediario, de 75 años, facilitaba la entrega al transportista de 79 años.

Este último cruzaba la frontera hacia Suiza para vender el oro ilegalmente. La operación culminó con la incautación por parte del cuerpo policial italiano Guardia di Finanza de 14 lingotes y más de 15 monedas coleccionables.

Valor del contrabando

A pesar del valor considerable del botín confiscado, las autoridades advierten que esto representa solo una fracción del volumen total manejado por esta red criminal. “La magnitud del tráfico supera ampliamente lo incautado”, afirmaron fuentes cercanas a la investigación.

Además, se están siguiendo pistas sobre posibles colaboradores ubicados en Suiza. Este caso pone sobre la mesa no solo las actividades ilícitas llevadas a cabo por estos individuos mayores, sino también cómo sus perfiles pueden haber sido utilizados deliberadamente para evitar ser detectados por las fuerzas del orden público.

Implicaciones del caso

Expertos sugieren que redes criminales podrían estar aprovechándose intencionadamente del estereotipo asociado a personas mayores para operar sin levantar sospechas. Las consecuencias son significativas: además del impacto inmediato sobre esta red específica, hay implicaciones más amplias respecto al uso potencialmente creciente por parte del crimen organizado de perfiles similares para llevar a cabo actividades ilegales.

La Fiscalía está comprometida a desentrañar toda la magnitud operativa detrás del contrabando e investiga si esta red es parte integrante o tiene conexiones con otros esquemas internacionales más amplios.

Investigaciones en curso

Con investigaciones aún activas y documentación incautada bajo análisis detallado, queda claro que este caso podría abrir nuevas líneas investigativas sobre el contrabando internacional y sus métodos innovadores para sortear controles legales establecidos durante décadas.

La entrada Tres jubilados acusados de liderar red internacional de contrabando de oro se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La trama fue desmantelada cuando el principal acusado, un hombre de 79 años residente en Montano Lucino, fue detenido en un control fronterizo rutinario. Durante la inspección, las autoridades encontraron 30.000 euros en efectivo en su posesión, lo que despertó sospechas y llevó a un registro posterior en su domicilio.

Allí se descubrió un alijo significativo que incluía monedas de oro, relojes lujosos y circonitas. Este hallazgo fue clave para desentrañar la red criminal que operaba entre dos países.

Funcionamiento de la red

El esquema operaba como una “carrera de relevos”, donde cada uno de los tres involucrados tenía funciones específicas. Un exjoyero de 77 años adquiría y preparaba los cargamentos desde su tienda cerca de la Piazza Duomo en Milán. El intermediario, de 75 años, facilitaba la entrega al transportista de 79 años.

Este último cruzaba la frontera hacia Suiza para vender el oro ilegalmente. La operación culminó con la incautación por parte del cuerpo policial italiano Guardia di Finanza de 14 lingotes y más de 15 monedas coleccionables.

Valor del contrabando

A pesar del valor considerable del botín confiscado, las autoridades advierten que esto representa solo una fracción del volumen total manejado por esta red criminal. “La magnitud del tráfico supera ampliamente lo incautado”, afirmaron fuentes cercanas a la investigación.

Además, se están siguiendo pistas sobre posibles colaboradores ubicados en Suiza. Este caso pone sobre la mesa no solo las actividades ilícitas llevadas a cabo por estos individuos mayores, sino también cómo sus perfiles pueden haber sido utilizados deliberadamente para evitar ser detectados por las fuerzas del orden público.

Implicaciones del caso

Expertos sugieren que redes criminales podrían estar aprovechándose intencionadamente del estereotipo asociado a personas mayores para operar sin levantar sospechas. Las consecuencias son significativas: además del impacto inmediato sobre esta red específica, hay implicaciones más amplias respecto al uso potencialmente creciente por parte del crimen organizado de perfiles similares para llevar a cabo actividades ilegales.

La Fiscalía está comprometida a desentrañar toda la magnitud operativa detrás del contrabando e investiga si esta red es parte integrante o tiene conexiones con otros esquemas internacionales más amplios.

Investigaciones en curso

Con investigaciones aún activas y documentación incautada bajo análisis detallado, queda claro que este caso podría abrir nuevas líneas investigativas sobre el contrabando internacional y sus métodos innovadores para sortear controles legales establecidos durante décadas.

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La Real Academia de la Lengua Española define tómbola como una “rifa pública de objetos diversos, generalmente como negocio de feria o con fines benéficos”. Es decir, la acepción no compromete a cargos públicos, sino que, simple y llanamente, se refiere a un ejercicio en el que están en juego unos objetos o bienes sujetos al azar.

Así, la palabra tómbola tiene una connotación lúdica y está asociada a los concursos que se celebran en las fiestas y ferias populares como parte de un gozo colectivo.

En cambio, los procesos de selección de jueces, magistrados y ministros son algo racional; en ellos están en juego posiciones de poder en materia de justicia, lo que de inmediato los sitúa lejos del gozo de ganar un muñeco o un florero. Y es que a estos servidores públicos de toga y birrete se les exige que sean los más preparados para que, conociendo la ley, impartan la justicia indispensable en toda sociedad democrática.

Esa es la constante en la carrera judicial y, por lo tanto, es algo vinculado a la vocación, a la preparación académica, a la honorabilidad profesional y, sobre todo, a un alto sentido de la justicia para que los procesos judiciales no dependan de las afinidades políticas o económicas que pueda haber en un régimen de separación de poderes. Para muchos esta ha sido la mayor debilidad y el insumo para hacer esta reforma.

Y eso, lamentablemente, ya empezó en México con la reforma constitucional en materia judicial, que tiene como producto tóxico el sorteo que se celebró en la sede de la Cámara de Senadores, que ipso facto determinó qué cargos judiciales estarán en una tómbola en 2025 y 2027.

En los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular de Morena, una parte son escogidos mediante este procedimiento, de tal manera que, frecuentemente, personas que se registran para competir pasivamente en el proceso terminan siendo diputados, alcaldes o senadores. Se desecha así la profesionalización política para dar paso a la improvisación, lo que tiene un alto costo para las instituciones.

Morena compró este mecanismo de selección al sistema judicial de Bolivia, que es el otro país latinoamericano —y, quizás, todavía el único en el mundo— que selecciona a sus jueces, magistrados y ministros de la Corte constitucional mediante el voto popular.  

Y esto ha provocado un debate intenso sobre los efectos que tendrá este sistema sobre la impartición de justicia. Sin embargo, la mayoría calificada de una coalición de corte populista lo ha reducido a simple ruido legislativo.

Ya existe un calendario que tiene marcadas cada una de las fechas fatales hasta llegar a principios de septiembre de 2025, cuando los elegidos por voto directo tomarán protesta de sus cargos tanto en lo federal como en lo estatal.

Y comenzará una nueva etapa, no solo del Poder Judicial sino de la relación entre los poderes públicos, ya que la iniciativa convertida en Constitución y leyes reglamentarias por obra y gracia del Poder Ejecutivo y legislativo será, sin duda, un Poder sin poder propio, pues estará adosado a los otros poderes, lo que significa una aberración en un sistema republicano de separación de poderes.

Además, si a esta reforma le agregamos la política, que pretende reducir el número de diputados y senadores de representación proporcional con el que sobreviven las minorías políticas, estamos a las puertas de la creación de un partido hegemónico que, como sucedió con el PRI, pretende quedarse indefinidamente en el poder con una oposición testimonial e irrelevante.

Es decir, estamos ante un diseño constitucional y reglamentario digno de lo que técnicamente se clasifica como dictablanda y que, muy pronto, podría poner en jaque las libertades públicas en un contexto, además, propicio, con la escalada de violencia que existe en regiones completas del país y exige la intervención de la temida manu militari.

Cárteles poderosos, tanto o más que los que han sacudido la vida pública de Colombia y Ecuador, sin que en ellos se haya llegado a tanto en materia judicial, han activado las alertas porque el crimen organizado podría invertir fondos de dinero sucio, como lo ha hecho en las elecciones a lo largo de dos décadas, para la elección de jueces, magistrados y ministros, generando un lobby ad hoc a su servicio.

Y a pesar del llamado nacional e internacional para neutralizar ese gran riesgo, se siguen dando pasos en esta dirección de acuerdo con un calendario claramente establecido. Si no hay un cambio en las leyes reglamentarias, lo tendremos en operación para el último tercio del 2025.

En definitiva, la tómbola legislativa es la columna vertebral de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha aceptado, que es que México está, no hay que dudarlo, en un cambio de régimen, de desmantelamiento de las instituciones, no del viejo régimen, porque esas ya se habían desmantelado o matizado durante el periodo de la transición a la democracia, pero sí del viejo régimen priista a otro donde, tras avanzar como sociedad en la construcción de contrapesos institucionales, estos, al menos en el corto plazo, ya no existirán. 

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La Real Academia de la Lengua Española define tómbola como una “rifa pública de objetos diversos, generalmente como negocio de feria o con fines benéficos”. Es decir, la acepción no compromete a cargos públicos, sino que, simple y llanamente, se refiere a un ejercicio en el que están en juego unos objetos o bienes sujetos al azar.

Así, la palabra tómbola tiene una connotación lúdica y está asociada a los concursos que se celebran en las fiestas y ferias populares como parte de un gozo colectivo.

En cambio, los procesos de selección de jueces, magistrados y ministros son algo racional; en ellos están en juego posiciones de poder en materia de justicia, lo que de inmediato los sitúa lejos del gozo de ganar un muñeco o un florero. Y es que a estos servidores públicos de toga y birrete se les exige que sean los más preparados para que, conociendo la ley, impartan la justicia indispensable en toda sociedad democrática.

Esa es la constante en la carrera judicial y, por lo tanto, es algo vinculado a la vocación, a la preparación académica, a la honorabilidad profesional y, sobre todo, a un alto sentido de la justicia para que los procesos judiciales no dependan de las afinidades políticas o económicas que pueda haber en un régimen de separación de poderes. Para muchos esta ha sido la mayor debilidad y el insumo para hacer esta reforma.

Y eso, lamentablemente, ya empezó en México con la reforma constitucional en materia judicial, que tiene como producto tóxico el sorteo que se celebró en la sede de la Cámara de Senadores, que ipso facto determinó qué cargos judiciales estarán en una tómbola en 2025 y 2027.

En los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular de Morena, una parte son escogidos mediante este procedimiento, de tal manera que, frecuentemente, personas que se registran para competir pasivamente en el proceso terminan siendo diputados, alcaldes o senadores. Se desecha así la profesionalización política para dar paso a la improvisación, lo que tiene un alto costo para las instituciones.

Morena compró este mecanismo de selección al sistema judicial de Bolivia, que es el otro país latinoamericano —y, quizás, todavía el único en el mundo— que selecciona a sus jueces, magistrados y ministros de la Corte constitucional mediante el voto popular.  

Y esto ha provocado un debate intenso sobre los efectos que tendrá este sistema sobre la impartición de justicia. Sin embargo, la mayoría calificada de una coalición de corte populista lo ha reducido a simple ruido legislativo.

Ya existe un calendario que tiene marcadas cada una de las fechas fatales hasta llegar a principios de septiembre de 2025, cuando los elegidos por voto directo tomarán protesta de sus cargos tanto en lo federal como en lo estatal.

Y comenzará una nueva etapa, no solo del Poder Judicial sino de la relación entre los poderes públicos, ya que la iniciativa convertida en Constitución y leyes reglamentarias por obra y gracia del Poder Ejecutivo y legislativo será, sin duda, un Poder sin poder propio, pues estará adosado a los otros poderes, lo que significa una aberración en un sistema republicano de separación de poderes.

Además, si a esta reforma le agregamos la política, que pretende reducir el número de diputados y senadores de representación proporcional con el que sobreviven las minorías políticas, estamos a las puertas de la creación de un partido hegemónico que, como sucedió con el PRI, pretende quedarse indefinidamente en el poder con una oposición testimonial e irrelevante.

Es decir, estamos ante un diseño constitucional y reglamentario digno de lo que técnicamente se clasifica como dictablanda y que, muy pronto, podría poner en jaque las libertades públicas en un contexto, además, propicio, con la escalada de violencia que existe en regiones completas del país y exige la intervención de la temida manu militari.

Cárteles poderosos, tanto o más que los que han sacudido la vida pública de Colombia y Ecuador, sin que en ellos se haya llegado a tanto en materia judicial, han activado las alertas porque el crimen organizado podría invertir fondos de dinero sucio, como lo ha hecho en las elecciones a lo largo de dos décadas, para la elección de jueces, magistrados y ministros, generando un lobby ad hoc a su servicio.

Y a pesar del llamado nacional e internacional para neutralizar ese gran riesgo, se siguen dando pasos en esta dirección de acuerdo con un calendario claramente establecido. Si no hay un cambio en las leyes reglamentarias, lo tendremos en operación para el último tercio del 2025.

En definitiva, la tómbola legislativa es la columna vertebral de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha aceptado, que es que México está, no hay que dudarlo, en un cambio de régimen, de desmantelamiento de las instituciones, no del viejo régimen, porque esas ya se habían desmantelado o matizado durante el periodo de la transición a la democracia, pero sí del viejo régimen priista a otro donde, tras avanzar como sociedad en la construcción de contrapesos institucionales, estos, al menos en el corto plazo, ya no existirán. 

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A lo largo de la historia de la Humanidad un elemento constante ha sido el control del territorio por parte de un determinado grupo de individuos articulado según patrones de actuación muy diversos. En el relato más reciente y dominante asentado sobre el pensamiento de Maquiavelo y de Bodino, dos de los autores más clásicos en este ámbito, es esencial la figura del estado con el papel del ejército propio para delimitar las fronteras y para asumir el control de la violencia legítima, en los términos acuñados tres siglos más tarde por Weber. La consolidación del estado moderno se lleva a cabo bajo esa premisa a la que se unen, al menos, la capacidad de acuñar moneda y de cobrar impuestos, así como el reconocimiento por parte de otros entes similares. Sobre estos supuestos y a la par de la procelosa construcción-invención de la nación se gesta una forma política de indudable éxito hasta el presente.

Desde el inicio, la articulación entre los estados fue un asunto complejo que derivó con frecuencia en enfrentamientos bélicos a la par que se creaban mecanismos de convivencia que en algunos casos concluyeron en instancias de coordinación e incluso de cooperación. El comercio, el trasiego de personas e ideas constituyeron factores que impulsaron la evolución del orden político mundial casi nunca armonioso. La explosión demográfica y los procesos de urbanización, en consonancia con revoluciones significativas en el terreno del conocimiento, de la energía, de las comunicaciones y de la medicina, cambiaron dramáticamente la faz de la tierra a lo largo del último siglo.

Con sus peculiaridades nada de eso fue ajeno a los países de América Latina, pioneros en el mundo no solo en la configuración de sus estados sino también manteniendo una capacidad de resiliencia indudable. Así, por encima de cualquier otra consideración, es destacable su continuidad en el tiempo. Dos siglos después del comienzo de la andadura estatal las viejas cuestiones que estuvieron en los procesos fundacionales continúan vigentes.

Los países latinoamericanos en la actualidad se ven afectados por tres azotes peculiares con diferentes intensidades para cada caso que se vinculan con capacidades estatales deficitarias en clave de los principios generales señalados más arriba. Se trata, en primer lugar, de integrar una región con los índices de desigualdad más altos del planeta lo que evidencia un fracaso en las políticas de inclusión y de redistribución.

Los dos individuos latinoamericanos más ricos han aumentado su fortuna en un 70% desde el inicio de la pandemia y su riqueza es similar a la de la mitad más pobre de la región. En segundo término se encuentra el crimen organizado que provoca la peor percepción ciudadana de seguridad según el Informe Anual de Seguridad Global de Gallup. Por último, se registra la existencia de movimientos migratorios transnacionales, originados en la propia región, como consecuencia del fracaso de regímenes como el de Cuba o el de Venezuela que expulsan a millones de sus gentes al resto de la región en búsqueda de mejores condiciones de vida o suscitados por la atracción estadounidense.

Sin duda el epítome más significativo de todo ello lo constituye el caso de Haití que integra a los tres asuntos y, en segundo término, la región del Darién por su capacidad de asumir dos de los tres referidos azotes. Desde la independencia de Panamá de Colombia en 1903, ninguno de estos dos estados tomó posesión efectiva de una frontera perfectamente definida contribuyendo a un vacío estatal notorio sin puestos fronterizos que ampararan una vía de comunicación mínima.

Las razones esgrimidas a lo largo del tiempo en favor del mantenimiento de un cinturón sanitario que detuviera plagas (aftosa) o que generara un cinturón de seguridad en torno al canal de Panamá, tuvieron como contrapartida que, ante la ausencia del estado, grupos delictivos fueran allí soberanos para sus operaciones primero de contrabando y luego de santuario o de territorio de descanso de la insurgencia así como del narcotráfico. En la actualidad cientos de miles de emigrantes a pie cruzan esa frontera habiendo apenas generado una precaria respuesta de los estados afectados.

La ausencia de estado, o si se prefiere la precariedad en su capacidad a la hora de delimitar su territorio y de ejercer su soberanía de acuerdo con las obligaciones asumidas en tratados internacionales, es notoria. Hoy ese vacío en Europa, no sin críticas sonoras, empieza a ser cubierto por la creación de centros de deportación de inmigrantes en países terceros externalizando la gestión de la inmigración irregular.

En la peculiaridad latinoamericana se da alas para que las funciones no desempeñadas por los estados sean cubiertas por otros actores ya plenamente institucionalizados como lo reafirma el término mayoritariamente asumido de crimen organizado. La extensión de este en tiempos recientes a diferentes zonas de México y de Ecuador muestra las debilidades del estado incapaz de gestionar, no solo el monopolio de la violencia legítima, sino la libertad de mercado por el desarrollo de mafias que, mediante la extorsión, impiden su ejercicio. La respuesta salvadoreña equívocamente exitosa a cambio del quebranto del estado de derecho nunca puede ser tomada como la vía a seguir salvo que se asuma el fracaso del estado democrático.

El tercer agujero negro en el deteriorado desempeño de la actividad estatal se relaciona con su ineficiencia fiscal, cuyas consecuencias en las políticas enfocadas a disminuir la desigualdad tienen efectos devastadores. No solo se trata del incremento de la presión fiscal en cuanto al porcentaje que supone con relación al PIB y que puede ser siempre discutible, sino de aspectos que son soslayados con frecuencia.

La evasión fiscal en conjunción con la práctica habitual de la corrupción no se aborda y el desajuste en las prioridades de la agenda en las políticas públicas supone un incremento de la convicción de la gente de que los problemas de cada día no se confrontan. El resultado es el aumento de la desconfianza, de la pérdida de identidad política y de la opción por fórmulas no democráticas.

Como ya he señalado, el cansancio de las sociedades que viene también animado por el impacto de la revolución digital exponencial incrementa el nivel de fatiga de las democracias que se deterioran paulatinamente. El actual caso argentino es dramático. La pobreza crece afectando ya a más de la mitad de la población y la insensata opción en contra de políticas de bienestar con una reducción superior al 30% del presupuesto nacional de 2024 no avizoran nada positivo por el brutal incremento de la desigualdad que todo ello acarrea.

La entrada Estados precarios se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

A lo largo de la historia de la Humanidad un elemento constante ha sido el control del territorio por parte de un determinado grupo de individuos articulado según patrones de actuación muy diversos. En el relato más reciente y dominante asentado sobre el pensamiento de Maquiavelo y de Bodino, dos de los autores más clásicos en este ámbito, es esencial la figura del estado con el papel del ejército propio para delimitar las fronteras y para asumir el control de la violencia legítima, en los términos acuñados tres siglos más tarde por Weber. La consolidación del estado moderno se lleva a cabo bajo esa premisa a la que se unen, al menos, la capacidad de acuñar moneda y de cobrar impuestos, así como el reconocimiento por parte de otros entes similares. Sobre estos supuestos y a la par de la procelosa construcción-invención de la nación se gesta una forma política de indudable éxito hasta el presente.

Desde el inicio, la articulación entre los estados fue un asunto complejo que derivó con frecuencia en enfrentamientos bélicos a la par que se creaban mecanismos de convivencia que en algunos casos concluyeron en instancias de coordinación e incluso de cooperación. El comercio, el trasiego de personas e ideas constituyeron factores que impulsaron la evolución del orden político mundial casi nunca armonioso. La explosión demográfica y los procesos de urbanización, en consonancia con revoluciones significativas en el terreno del conocimiento, de la energía, de las comunicaciones y de la medicina, cambiaron dramáticamente la faz de la tierra a lo largo del último siglo.

Con sus peculiaridades nada de eso fue ajeno a los países de América Latina, pioneros en el mundo no solo en la configuración de sus estados sino también manteniendo una capacidad de resiliencia indudable. Así, por encima de cualquier otra consideración, es destacable su continuidad en el tiempo. Dos siglos después del comienzo de la andadura estatal las viejas cuestiones que estuvieron en los procesos fundacionales continúan vigentes.

Los países latinoamericanos en la actualidad se ven afectados por tres azotes peculiares con diferentes intensidades para cada caso que se vinculan con capacidades estatales deficitarias en clave de los principios generales señalados más arriba. Se trata, en primer lugar, de integrar una región con los índices de desigualdad más altos del planeta lo que evidencia un fracaso en las políticas de inclusión y de redistribución.

Los dos individuos latinoamericanos más ricos han aumentado su fortuna en un 70% desde el inicio de la pandemia y su riqueza es similar a la de la mitad más pobre de la región. En segundo término se encuentra el crimen organizado que provoca la peor percepción ciudadana de seguridad según el Informe Anual de Seguridad Global de Gallup. Por último, se registra la existencia de movimientos migratorios transnacionales, originados en la propia región, como consecuencia del fracaso de regímenes como el de Cuba o el de Venezuela que expulsan a millones de sus gentes al resto de la región en búsqueda de mejores condiciones de vida o suscitados por la atracción estadounidense.

Sin duda el epítome más significativo de todo ello lo constituye el caso de Haití que integra a los tres asuntos y, en segundo término, la región del Darién por su capacidad de asumir dos de los tres referidos azotes. Desde la independencia de Panamá de Colombia en 1903, ninguno de estos dos estados tomó posesión efectiva de una frontera perfectamente definida contribuyendo a un vacío estatal notorio sin puestos fronterizos que ampararan una vía de comunicación mínima.

Las razones esgrimidas a lo largo del tiempo en favor del mantenimiento de un cinturón sanitario que detuviera plagas (aftosa) o que generara un cinturón de seguridad en torno al canal de Panamá, tuvieron como contrapartida que, ante la ausencia del estado, grupos delictivos fueran allí soberanos para sus operaciones primero de contrabando y luego de santuario o de territorio de descanso de la insurgencia así como del narcotráfico. En la actualidad cientos de miles de emigrantes a pie cruzan esa frontera habiendo apenas generado una precaria respuesta de los estados afectados.

La ausencia de estado, o si se prefiere la precariedad en su capacidad a la hora de delimitar su territorio y de ejercer su soberanía de acuerdo con las obligaciones asumidas en tratados internacionales, es notoria. Hoy ese vacío en Europa, no sin críticas sonoras, empieza a ser cubierto por la creación de centros de deportación de inmigrantes en países terceros externalizando la gestión de la inmigración irregular.

En la peculiaridad latinoamericana se da alas para que las funciones no desempeñadas por los estados sean cubiertas por otros actores ya plenamente institucionalizados como lo reafirma el término mayoritariamente asumido de crimen organizado. La extensión de este en tiempos recientes a diferentes zonas de México y de Ecuador muestra las debilidades del estado incapaz de gestionar, no solo el monopolio de la violencia legítima, sino la libertad de mercado por el desarrollo de mafias que, mediante la extorsión, impiden su ejercicio. La respuesta salvadoreña equívocamente exitosa a cambio del quebranto del estado de derecho nunca puede ser tomada como la vía a seguir salvo que se asuma el fracaso del estado democrático.

El tercer agujero negro en el deteriorado desempeño de la actividad estatal se relaciona con su ineficiencia fiscal, cuyas consecuencias en las políticas enfocadas a disminuir la desigualdad tienen efectos devastadores. No solo se trata del incremento de la presión fiscal en cuanto al porcentaje que supone con relación al PIB y que puede ser siempre discutible, sino de aspectos que son soslayados con frecuencia.

La evasión fiscal en conjunción con la práctica habitual de la corrupción no se aborda y el desajuste en las prioridades de la agenda en las políticas públicas supone un incremento de la convicción de la gente de que los problemas de cada día no se confrontan. El resultado es el aumento de la desconfianza, de la pérdida de identidad política y de la opción por fórmulas no democráticas.

Como ya he señalado, el cansancio de las sociedades que viene también animado por el impacto de la revolución digital exponencial incrementa el nivel de fatiga de las democracias que se deterioran paulatinamente. El actual caso argentino es dramático. La pobreza crece afectando ya a más de la mitad de la población y la insensata opción en contra de políticas de bienestar con una reducción superior al 30% del presupuesto nacional de 2024 no avizoran nada positivo por el brutal incremento de la desigualdad que todo ello acarrea.

La entrada Estados precarios se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El documento, titulado “la nueva doctrina contra el crimen organizado”, contiene ocho principios y fue firmado durante la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Argentina. Bullrich celebró este acuerdo en su cuenta de X, describiéndolo como un “acuerdo histórico” que representa un cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo.

La ministra afirmó que esta nueva doctrina es “revolucionaria” y se basa en varios principios fundamentales. Uno de ellos es que están “del lado de las víctimas, nunca de los victimarios”, lo que implica que combaten a los criminales “con toda la fuerza del Estado”.

Principios de la nueva doctrina

El primer principio establece que la “política criminal orientada al control territorial es el eje de soberanía”. Este principio indica que el Estado no debe renunciar al control absoluto de su territorio ante la amenaza del crimen organizado.

El segundo principio se centra en la “lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero”. En este sentido, ambos países se comprometieron a coordinar acciones conjuntas, intercambiar información y establecer mecanismos estables de financiamiento para los sistemas de seguridad.

Los ministros también repudiaron cualquier política que defienda el derecho al acceso a las drogas ilegales, afirmando que creen en la obligación del Estado de reducir al mínimo la oferta ilegal.

Reformas y leyes necesarias

Defendieron que sus Estados necesitan leyes que aborden las mafias y organizaciones criminales, las cuales deben contemplar penas agravadas para sus integrantes. Además, solicitaron facultades ampliadas para las fuerzas policiales y de seguridad, así como para los ministerios públicos fiscales.

Se comprometieron a reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación en acciones contra el lavado de activos. También se acordó actuar bajo el principio de investigaciones paralelas de lavado para cada investigación relacionada con el crimen organizado. Esto incluye la rápida restitución a las víctimas de los elementos utilizados por el narcotráfico.

🇦🇷🇸🇻 | ¡Imponente! Javier Milei y Nayib Bukele en el balcón de la Casa Rosada, simbolizando la unión de dos naciones que luchan por la libertad y el progreso. ¡Juntos hacia un futuro brillante para latino america pic.twitter.com/IgAVMSKnZV

— adriel Mazza 56% (@Adriel_Mzz) September 30, 2024

Dignificación del rol policial

El tercer principio se enfoca en “dignificar el rol policial”. Esto implica un firme respaldo al personal policial y de seguridad pública, así como el apoyo a la implementación de estrategias conjuntas y el intercambio de conocimientos. También se promoverán programas de intercambio de oficiales y expertos entre ambos países.

En cuanto al “marco normativo”, el cuarto principio sostiene la necesidad de presentar reformas a los Códigos Penales. Estas reformas incluirán nuevas figuras y penas más altas, como el régimen penal juvenil y modificaciones al régimen de reincidencia. También se busca ampliar las acciones de los institutos de la legítima defensa y del cumplimiento del deber, evitando la revictimización de hechos delictivos.

Control en cárceles y burocracia

El quinto principio aborda el “control del Estado en las cárceles”. Esto implica una clara identificación y clasificación de la población carcelaria, así como medidas de control específicas para la población carcelaria de alto riesgo. Se establecerán controles permanentes dentro de las cárceles y se buscará poner fin a las comunicaciones libres y sin control dentro de los penales.

El sexto principio propone el “fin de la burocracia a favor del delito”, especialmente aquellas que defienden intereses sectarios. Los ministros reafirmaron su compromiso de homologar procedimientos en materia policial, legal y criminal, considerando que es fundamental hacerlo entre los países de América Latina.

Organismos internacionales

Finalmente, ambos funcionarios defendieron la necesidad de contar con “organismos internacionales desideologizados” y sin sesgos. Acusaron a algunos de estos organismos de atacar las estrategias de prevención institucional del delito, lo que, según ellos, resulta en el empoderamiento de las organizaciones criminales.

Esta declaración conjunta refleja un esfuerzo significativo por parte de Argentina y El Salvador para enfrentar de manera coordinada el desafío del crimen organizado en la región.

La entrada Argentina y El Salvador firman acuerdo para luchar contra el crimen organizado se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El documento, titulado “la nueva doctrina contra el crimen organizado”, contiene ocho principios y fue firmado durante la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Argentina. Bullrich celebró este acuerdo en su cuenta de X, describiéndolo como un “acuerdo histórico” que representa un cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo.

La ministra afirmó que esta nueva doctrina es “revolucionaria” y se basa en varios principios fundamentales. Uno de ellos es que están “del lado de las víctimas, nunca de los victimarios”, lo que implica que combaten a los criminales “con toda la fuerza del Estado”.

Principios de la nueva doctrina

El primer principio establece que la “política criminal orientada al control territorial es el eje de soberanía”. Este principio indica que el Estado no debe renunciar al control absoluto de su territorio ante la amenaza del crimen organizado.

El segundo principio se centra en la “lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero”. En este sentido, ambos países se comprometieron a coordinar acciones conjuntas, intercambiar información y establecer mecanismos estables de financiamiento para los sistemas de seguridad.

Los ministros también repudiaron cualquier política que defienda el derecho al acceso a las drogas ilegales, afirmando que creen en la obligación del Estado de reducir al mínimo la oferta ilegal.

Reformas y leyes necesarias

Defendieron que sus Estados necesitan leyes que aborden las mafias y organizaciones criminales, las cuales deben contemplar penas agravadas para sus integrantes. Además, solicitaron facultades ampliadas para las fuerzas policiales y de seguridad, así como para los ministerios públicos fiscales.

Se comprometieron a reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación en acciones contra el lavado de activos. También se acordó actuar bajo el principio de investigaciones paralelas de lavado para cada investigación relacionada con el crimen organizado. Esto incluye la rápida restitución a las víctimas de los elementos utilizados por el narcotráfico.

🇦🇷🇸🇻 | ¡Imponente! Javier Milei y Nayib Bukele en el balcón de la Casa Rosada, simbolizando la unión de dos naciones que luchan por la libertad y el progreso. ¡Juntos hacia un futuro brillante para latino america pic.twitter.com/IgAVMSKnZV

— adriel Mazza 56% (@Adriel_Mzz) September 30, 2024

Dignificación del rol policial

El tercer principio se enfoca en “dignificar el rol policial”. Esto implica un firme respaldo al personal policial y de seguridad pública, así como el apoyo a la implementación de estrategias conjuntas y el intercambio de conocimientos. También se promoverán programas de intercambio de oficiales y expertos entre ambos países.

En cuanto al “marco normativo”, el cuarto principio sostiene la necesidad de presentar reformas a los Códigos Penales. Estas reformas incluirán nuevas figuras y penas más altas, como el régimen penal juvenil y modificaciones al régimen de reincidencia. También se busca ampliar las acciones de los institutos de la legítima defensa y del cumplimiento del deber, evitando la revictimización de hechos delictivos.

Control en cárceles y burocracia

El quinto principio aborda el “control del Estado en las cárceles”. Esto implica una clara identificación y clasificación de la población carcelaria, así como medidas de control específicas para la población carcelaria de alto riesgo. Se establecerán controles permanentes dentro de las cárceles y se buscará poner fin a las comunicaciones libres y sin control dentro de los penales.

El sexto principio propone el “fin de la burocracia a favor del delito”, especialmente aquellas que defienden intereses sectarios. Los ministros reafirmaron su compromiso de homologar procedimientos en materia policial, legal y criminal, considerando que es fundamental hacerlo entre los países de América Latina.

Organismos internacionales

Finalmente, ambos funcionarios defendieron la necesidad de contar con “organismos internacionales desideologizados” y sin sesgos. Acusaron a algunos de estos organismos de atacar las estrategias de prevención institucional del delito, lo que, según ellos, resulta en el empoderamiento de las organizaciones criminales.

Esta declaración conjunta refleja un esfuerzo significativo por parte de Argentina y El Salvador para enfrentar de manera coordinada el desafío del crimen organizado en la región.

La entrada Argentina y El Salvador firman acuerdo para luchar contra el crimen organizado se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Durante una semana, representantes de las oficinas de Investigación, Migración, Aduanas y Seguridad Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos realizaron una visita a Colchane, en la frontera con Bolivia, y a Chacalluta, en la frontera con Perú. El objetivo de esta visita fue conocer y analizar las medidas que ha implementado el Gobierno chileno en materia de seguridad fronteriza.

Los funcionarios estadounidenses tenían como meta identificar tanto los aspectos positivos como los desafíos que enfrenta Chile en este ámbito. “En esa lucha contra las organizaciones criminales, el control y la seguridad de la frontera son determinantes. Por eso, este vínculo de colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos es clave”, expresó Monsalve tras la visita de la delegación a La Moneda, donde se presentaron las conclusiones de su recorrido.

Fortalecimiento de la colaboración

Yoneoka también comentó sobre la importancia de esta colaboración. “Esperamos fortalecer los vínculos y compartir más información, mejores prácticas, aprender unos de otros, para solucionar los problemas de las fronteras de migración y ayudar a ambos países”, indicó el jefe de Misión Adjunto.

Crisis de inseguridad en Chile

En los últimos años, Chile ha estado enfrentando una crisis de inseguridad, impulsada por la llegada del crimen organizado transnacional. La sensación de inseguridad ha ido en aumento, convirtiendo el crimen en la principal preocupación de los ciudadanos, superando incluso temas como la inflación o el desempleo.

A pesar de que la tasa de homicidios ha aumentado de 4,5 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 6,3 homicidios en 2023, Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica.

Medidas del Gobierno chileno

El Gobierno ha implementado diversas medidas para combatir la delincuencia y, para este año, se ha registrado el mayor aumento en los presupuestos destinados a seguridad en los últimos 8 años.

La entrada Chile y EE.UU. establecen cooperación para mejorar la seguridad fronteriza se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Durante una semana, representantes de las oficinas de Investigación, Migración, Aduanas y Seguridad Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos realizaron una visita a Colchane, en la frontera con Bolivia, y a Chacalluta, en la frontera con Perú. El objetivo de esta visita fue conocer y analizar las medidas que ha implementado el Gobierno chileno en materia de seguridad fronteriza.

Los funcionarios estadounidenses tenían como meta identificar tanto los aspectos positivos como los desafíos que enfrenta Chile en este ámbito. “En esa lucha contra las organizaciones criminales, el control y la seguridad de la frontera son determinantes. Por eso, este vínculo de colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos es clave”, expresó Monsalve tras la visita de la delegación a La Moneda, donde se presentaron las conclusiones de su recorrido.

Fortalecimiento de la colaboración

Yoneoka también comentó sobre la importancia de esta colaboración. “Esperamos fortalecer los vínculos y compartir más información, mejores prácticas, aprender unos de otros, para solucionar los problemas de las fronteras de migración y ayudar a ambos países”, indicó el jefe de Misión Adjunto.

Crisis de inseguridad en Chile

En los últimos años, Chile ha estado enfrentando una crisis de inseguridad, impulsada por la llegada del crimen organizado transnacional. La sensación de inseguridad ha ido en aumento, convirtiendo el crimen en la principal preocupación de los ciudadanos, superando incluso temas como la inflación o el desempleo.

A pesar de que la tasa de homicidios ha aumentado de 4,5 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 6,3 homicidios en 2023, Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica.

Medidas del Gobierno chileno

El Gobierno ha implementado diversas medidas para combatir la delincuencia y, para este año, se ha registrado el mayor aumento en los presupuestos destinados a seguridad en los últimos 8 años.

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De acuerdo con la acusación, el artista ha “participado de manera continuada en un esquema generalizado de abuso hacia mujeres y otras personas”. Diddy fue arrestado ayer en un hotel de Nueva York y actualmente se encuentra en el tribunal, donde planea declararse no culpable, según la cadena CNN.

La acusación sostiene que desde 2009, el rapero ha agredido en numerosas ocasiones a mujeres, “golpeándolas, dándoles puñetazos, arrastrándolas, arrojándoles objetos y dándoles patadas”. Además, se le acusa de manipular a mujeres mediante actos como la distribución de narcóticos, la intimidación o la violencia para que participen en “actividades sexuales orquestadas con trabajadores sexuales masculinos”.

Combs Enterprise y sus actividades

Asimismo, a Combs se le imputa ser el jefe de una organización criminal denominada Combs Enterprise. Los miembros de esta empresa supuestamente participaron en actividades de tráfico sexual, trabajo forzado, trata de personas, delitos relacionados con estupefacientes, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia, entre otros delitos.

El rapero, quien ha ganado 4 premios Grammy, supuestamente utilizó su negocio y a sus empleados para “llevar a cabo, facilitar y encubrir sus abusos y el comercio sexual”. Según los fiscales, Diddy se ganó la lealtad de los miembros de sus empresas mediante la violencia y las amenazas.

Manipulación y amenazas

Además, se alega que “intimidó, manipuló, sobornó y amenazó a aquellas personas que fueron testigos de los delitos cometidos por los miembros y asociados de la empresa”, según la acusación presentada.

El abogado de Sean `Diddy`, Marc Agnifilo, declaró a CNN que el rapero “es inocente” de los cargos que enfrenta. La imputación del músico, que tiene 54 años, llega tras haber recibido en el último año 10 demandas de abuso sexual y violación por parte de diversas mujeres, acusaciones que Combs ha negado.

Disculpa pública y allanamientos

No obstante, en mayo, Diddy emitió una disculpa pública después de que se hiciera público un video de 2016 en el que se le ve dando patadas y arrastrando a su entonces novia, Cassie Ventura, por los pasillos de un hotel en Los Ángeles.

En marzo pasado, las autoridades llevaron a cabo 2 órdenes de allanamiento en sus propiedades en Los Ángeles y en Miami como parte de una investigación federal relacionada con tráfico sexual, narcotráfico y posesión ilegal de armas.

/ EFE

La entrada El rapero Sean Diddy es imputado por crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

De acuerdo con la acusación, el artista ha “participado de manera continuada en un esquema generalizado de abuso hacia mujeres y otras personas”. Diddy fue arrestado ayer en un hotel de Nueva York y actualmente se encuentra en el tribunal, donde planea declararse no culpable, según la cadena CNN.

La acusación sostiene que desde 2009, el rapero ha agredido en numerosas ocasiones a mujeres, “golpeándolas, dándoles puñetazos, arrastrándolas, arrojándoles objetos y dándoles patadas”. Además, se le acusa de manipular a mujeres mediante actos como la distribución de narcóticos, la intimidación o la violencia para que participen en “actividades sexuales orquestadas con trabajadores sexuales masculinos”.

Combs Enterprise y sus actividades

Asimismo, a Combs se le imputa ser el jefe de una organización criminal denominada Combs Enterprise. Los miembros de esta empresa supuestamente participaron en actividades de tráfico sexual, trabajo forzado, trata de personas, delitos relacionados con estupefacientes, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia, entre otros delitos.

El rapero, quien ha ganado 4 premios Grammy, supuestamente utilizó su negocio y a sus empleados para “llevar a cabo, facilitar y encubrir sus abusos y el comercio sexual”. Según los fiscales, Diddy se ganó la lealtad de los miembros de sus empresas mediante la violencia y las amenazas.

Manipulación y amenazas

Además, se alega que “intimidó, manipuló, sobornó y amenazó a aquellas personas que fueron testigos de los delitos cometidos por los miembros y asociados de la empresa”, según la acusación presentada.

El abogado de Sean `Diddy`, Marc Agnifilo, declaró a CNN que el rapero “es inocente” de los cargos que enfrenta. La imputación del músico, que tiene 54 años, llega tras haber recibido en el último año 10 demandas de abuso sexual y violación por parte de diversas mujeres, acusaciones que Combs ha negado.

Disculpa pública y allanamientos

No obstante, en mayo, Diddy emitió una disculpa pública después de que se hiciera público un video de 2016 en el que se le ve dando patadas y arrastrando a su entonces novia, Cassie Ventura, por los pasillos de un hotel en Los Ángeles.

En marzo pasado, las autoridades llevaron a cabo 2 órdenes de allanamiento en sus propiedades en Los Ángeles y en Miami como parte de una investigación federal relacionada con tráfico sexual, narcotráfico y posesión ilegal de armas.

/ EFE

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De acuerdo con la acusación, el artista ha “participado de manera continuada en un esquema generalizado de abuso hacia mujeres y otras personas”. Diddy fue arrestado ayer en un hotel de Nueva York y actualmente se encuentra en el tribunal, donde planea declararse no culpable, según la cadena CNN.

La acusación sostiene que desde 2009, el rapero ha agredido en numerosas ocasiones a mujeres, “golpeándolas, dándoles puñetazos, arrastrándolas, arrojándoles objetos y dándoles patadas”. Además, se le acusa de manipular a mujeres mediante actos como la distribución de narcóticos, la intimidación o la violencia para que participen en “actividades sexuales orquestadas con trabajadores sexuales masculinos”.

Combs Enterprise y sus actividades

Asimismo, a Combs se le imputa ser el jefe de una organización criminal denominada Combs Enterprise. Los miembros de esta empresa supuestamente participaron en actividades de tráfico sexual, trabajo forzado, trata de personas, delitos relacionados con estupefacientes, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia, entre otros delitos.

El rapero, quien ha ganado 4 premios Grammy, supuestamente utilizó su negocio y a sus empleados para “llevar a cabo, facilitar y encubrir sus abusos y el comercio sexual”. Según los fiscales, Diddy se ganó la lealtad de los miembros de sus empresas mediante la violencia y las amenazas.

Manipulación y amenazas

Además, se alega que “intimidó, manipuló, sobornó y amenazó a aquellas personas que fueron testigos de los delitos cometidos por los miembros y asociados de la empresa”, según la acusación presentada.

El abogado de Sean `Diddy`, Marc Agnifilo, declaró a CNN que el rapero “es inocente” de los cargos que enfrenta. La imputación del músico, que tiene 54 años, llega tras haber recibido en el último año 10 demandas de abuso sexual y violación por parte de diversas mujeres, acusaciones que Combs ha negado.

Disculpa pública y allanamientos

No obstante, en mayo, Diddy emitió una disculpa pública después de que se hiciera público un video de 2016 en el que se le ve dando patadas y arrastrando a su entonces novia, Cassie Ventura, por los pasillos de un hotel en Los Ángeles.

En marzo pasado, las autoridades llevaron a cabo 2 órdenes de allanamiento en sus propiedades en Los Ángeles y en Miami como parte de una investigación federal relacionada con tráfico sexual, narcotráfico y posesión ilegal de armas.

/ EFE

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El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera Montecinos, informó sobre la operación señalando que, en un operativo realizado entre el viernes y sábado, la Policía Boliviana ha logrado incautar armas en posesión de un individuo con antecedentes penales, refiriéndose al señor Luis Fernando G.P.

Organización criminal dedicada al tráfico de armas desmantelada

Aguilera añadió que este individuo es parte de una organización criminal dedicada al tráfico de armas, indicando que las armas provenían de un país del norte y estaban destinadas a los mercados criminales y del narcotráfico. Se ha iniciado una investigación por supuesto tráfico de armas, tenencia o portación ilícita.

Golpe al tráfico ilegal de armas en la región

En declaraciones posteriores, se destacó la importancia de este golpe contra el tráfico ilegal de armas en la región, resaltando la labor conjunta entre las autoridades policiales y el Ministerio Público para combatir estas actividades delictivas.

Avance en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico

La detención de Luis Fernando G.P. representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Bolivia.

La entrada Golpe al crimen organizado: Incautan armamento y detienen a implicado se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera Montecinos, informó sobre la operación señalando que, en un operativo realizado entre el viernes y sábado, la Policía Boliviana ha logrado incautar armas en posesión de un individuo con antecedentes penales, refiriéndose al señor Luis Fernando G.P.

Organización criminal dedicada al tráfico de armas desmantelada

Aguilera añadió que este individuo es parte de una organización criminal dedicada al tráfico de armas, indicando que las armas provenían de un país del norte y estaban destinadas a los mercados criminales y del narcotráfico. Se ha iniciado una investigación por supuesto tráfico de armas, tenencia o portación ilícita.

Golpe al tráfico ilegal de armas en la región

En declaraciones posteriores, se destacó la importancia de este golpe contra el tráfico ilegal de armas en la región, resaltando la labor conjunta entre las autoridades policiales y el Ministerio Público para combatir estas actividades delictivas.

Avance en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico

La detención de Luis Fernando G.P. representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Bolivia.

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Según Noboa, hace siete meses el sistema penitenciario estaba bajo el control de organizaciones criminales que operaban impunemente desde las cárceles. Sin embargo, esto cambió con la militarización de las prisiones ordenada a principios de este año. Entre 2021 y 2023, más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles, principalmente debido a disputas entre bandas rivales que controlaban los centros penitenciarios.

Ingreso de los militares a las cárceles

En enero pasado, los militares ingresaron a las cárceles como parte de un estado de excepción decretado por Noboa para combatir el crimen organizado. Se atribuye al crimen organizado el aumento de la violencia criminal en Ecuador, lo que ha llevado al país a ser considerado uno de los más violentos de Latinoamérica.

Construcción de nuevas cárceles

Desde que asumió el cargo, el presidente ecuatoriano anunció la construcción de dos cárceles con características similares a las implementadas en México y El Salvador. Sin embargo, estas serán de menor tamaño que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) construido por Bukele en El Salvador, que tiene capacidad para cerca de 40.000 pandilleros.

La cárcel de Santa Elena, que contará con una inversión de 52 millones de dólares, se extenderá sobre 16,2 hectáreas y se construirá en un tiempo récord de 300 días. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Zaldumbide, destacó los pabellones de máxima seguridad de la prisión, diseñados para garantizar el cumplimiento riguroso de las medidas judiciales. Se espera que este centro penitenciario sea fundamental en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.

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Luiz Fernando Soares de Souza, también conocido como David Araujo Silva, fue capturado recientemente por el Departamento de Inteligencia del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) de Santa Cruz. Su arresto tuvo lugar en la zona de la Universidad Cristiana de Bolivia (Ucebol), según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Delitos imputados

El brasileño de 38 años es sospechoso de pertenecer a una organización criminal, así como de estar involucrado en actividades de narcotráfico, tenencia ilegal de armas, homicidio y asesinato. Las autoridades bolivianas consideran a Soares como un criminal de alta peligrosidad debido a todas las actividades ilícitas que realizaba en el país.

Objetivos en Bolivia

Se presume que Luiz Fernando Soares de Souza buscaba establecerse en la capital cruceña y activar grupos irregulares para el tráfico de sustancias controladas, lavado de activos y legitimación de ganancias ilícitas. Su captura representa un golpe importante para las redes criminales que operan en Bolivia.

Compromiso de Bolivia contra el crimen

El gobierno boliviano ha dejado claro que no permitirá que personas que busquen evadir la justicia o utilizar el territorio nacional como refugio para actividades delictivas permanezcan en el país. En este sentido, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que aquellos que intenten hacerlo serán inmediatamente expulsados y entregados a las autoridades correspondientes.

La expulsión de Luiz Fernando Soares de Souza demuestra el compromiso de Bolivia en la lucha contra el crimen organizado y su disposición para colaborar con otros países en la persecución de delincuentes internacionales.

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La política es un campo de batalla: por los derechos, la justicia, la libertad, la igualdad, y sobre todo por el poder. Pero en el caso de México muchas de esas batallas también son de vida o muerte.

El sociólogo Pierre Bourdieu propuso una perspectiva para entender la sociedad que ha sido muy influyente, y que nos puede llevar a comprender mejor la situación agónica de la política en este país.

Para el francés, la sociedad está diferenciada en universos sociales relativamente independientes unos de otros, con sus propias reglas, prácticas y productos. Estos universos son resultado de luchas históricas: por la independencia, por ocupar una posición dentro de estos espacios, por reclamar los beneficios que ofrece cada ámbito, por reestructurar un campo contra fuerzas dominantes.

Del campo político en México se pueden mencionar algunos ejemplos de aquellas luchas. Con el lema “Tierra y libertad”, Emiliano Zapata batalló por la justicia agraria y por la democratización de la nación. Con su traición y asesinato, el zapatismo pasó a simbolizar una lucha a muerte contra la oligarquía en defensa de la democracia, promoviendo un programa de acción política muy influyente que contemplaba ideas innovadoras como la revocación de mandato.

Otro caso es el de Hermila Galindo, quien luchó por la igualdad y los derechos políticos de las mujeres, llegando a ser la primera mujer en formar parte del Congreso, en 1952. Por su parte, María García Martínez pugnó por el reconocimiento constitucional de las mujeres como ciudadanas, haciendo posible su elección y con ello abriendo la posibilidad de que ocuparan una posición en el campo político. Y otras tantas, como Amalia González Caballero, Esther Chapa Tijerina y Benita Galeana, pelearon por el sufragio femenino.

Para mediados de los noventa, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también se opuso a la oligarquía, levantándose en armas contra el régimen neoliberal, al que oponían ideales de democratización. Exigían la realización de elecciones democráticas y el reconocimiento de la libertad y la autonomía de las comunidades indígenas, grupos agraviados que con el Tratado de Libre Comercio pasaban a ocupar una posición aún más vulnerable.

Como puede verse, que la política en México es un campo de batalla se convierte en una sentencia literal. Situado como está el país en un proceso de cambios en la presidencia y en numerosos cargos públicos, desde hace décadas la principal batalla es contra el crimen organizado, cuya injerencia nos llevó a las campañas electorales más violentas en la historia del país.

Por un lado, está la violencia políticoelectoral. En los últimos meses se han registrado a lo largo del país numerosos casos de violencia contra actores políticos. Las agresiones, asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas afectan no solo a candidatos sino a sus familias, a autoridades electas, a funcionarios públicos, a militantes de los partidos. Con dichos ataques, grupos de delincuencia organizada buscan tomar el control de las localidades.

En diversos territorios de la nación la autonomía y la seguridad de los actores políticos no está garantizada, lo cual deriva en una situación crítica. El número de agresiones en contra de actores políticos es alarmante: solo unos cuantos han logrado evadir los ataques. Vuelve a tomar sentido, en un contexto diferente, la frase que Eulalio Gutiérrez proclamó hace más de cien años: “El paisaje mexicano huele a sangre”.

Por otro lado, está la violencia de la que son víctimas los miembros de comunidades específicas ocupadas por grupos criminales. Las amenazas y los silenciamientos de militantes políticos actúan en detrimento de unas elecciones libres, además de que ponen en riesgo la vida de muchos. Esta situación imposibilita el funcionamiento adecuado del campo político en estos territorios, pues, si lo que se pretende son elecciones democráticas, esto difícilmente tiene lugar.

Lo que queda como lección de las batallas históricas es que los movimientos sociales, las luchas armadas y las luchas ideológicas pueden llegar a tener repercusiones cruciales, que trasforman o que vulneran el campo político. No hay que olvidar que la lucha por la autonomía, la independencia de acción, el derecho de admisión a un campo, es una lucha perpetua, y en este país ya es por la vida misma.

Bourdieu nos enseñó que los campos sociales están conformados de algo por lo que vale la pena luchar. En el campo político, vale la pena defender y garantizar la seguridad de los actores que lo integran, en particular frente a la intrusión de intereses criminales. En esta lucha, como diría hace un tiempo un miembro del EZLN, lo realmente importante es la base social, pues “el arma que temen no es el arma de fuego, sino el de la palabra”.

GERARDO CAMACHO SOLÍS

Maestro en Ciencias en Metodología de la Ciencia por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Doctorando en Estudios Filosóficos y Sociales sobre Ciencia y Tecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La entrada El campo agónico de la política en México se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La política es un campo de batalla: por los derechos, la justicia, la libertad, la igualdad, y sobre todo por el poder. Pero en el caso de México muchas de esas batallas también son de vida o muerte.

El sociólogo Pierre Bourdieu propuso una perspectiva para entender la sociedad que ha sido muy influyente, y que nos puede llevar a comprender mejor la situación agónica de la política en este país.

Para el francés, la sociedad está diferenciada en universos sociales relativamente independientes unos de otros, con sus propias reglas, prácticas y productos. Estos universos son resultado de luchas históricas: por la independencia, por ocupar una posición dentro de estos espacios, por reclamar los beneficios que ofrece cada ámbito, por reestructurar un campo contra fuerzas dominantes.

Del campo político en México se pueden mencionar algunos ejemplos de aquellas luchas. Con el lema “Tierra y libertad”, Emiliano Zapata batalló por la justicia agraria y por la democratización de la nación. Con su traición y asesinato, el zapatismo pasó a simbolizar una lucha a muerte contra la oligarquía en defensa de la democracia, promoviendo un programa de acción política muy influyente que contemplaba ideas innovadoras como la revocación de mandato.

Otro caso es el de Hermila Galindo, quien luchó por la igualdad y los derechos políticos de las mujeres, llegando a ser la primera mujer en formar parte del Congreso, en 1952. Por su parte, María García Martínez pugnó por el reconocimiento constitucional de las mujeres como ciudadanas, haciendo posible su elección y con ello abriendo la posibilidad de que ocuparan una posición en el campo político. Y otras tantas, como Amalia González Caballero, Esther Chapa Tijerina y Benita Galeana, pelearon por el sufragio femenino.

Para mediados de los noventa, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también se opuso a la oligarquía, levantándose en armas contra el régimen neoliberal, al que oponían ideales de democratización. Exigían la realización de elecciones democráticas y el reconocimiento de la libertad y la autonomía de las comunidades indígenas, grupos agraviados que con el Tratado de Libre Comercio pasaban a ocupar una posición aún más vulnerable.

Como puede verse, que la política en México es un campo de batalla se convierte en una sentencia literal. Situado como está el país en un proceso de cambios en la presidencia y en numerosos cargos públicos, desde hace décadas la principal batalla es contra el crimen organizado, cuya injerencia nos llevó a las campañas electorales más violentas en la historia del país.

Por un lado, está la violencia políticoelectoral. En los últimos meses se han registrado a lo largo del país numerosos casos de violencia contra actores políticos. Las agresiones, asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas afectan no solo a candidatos sino a sus familias, a autoridades electas, a funcionarios públicos, a militantes de los partidos. Con dichos ataques, grupos de delincuencia organizada buscan tomar el control de las localidades.

En diversos territorios de la nación la autonomía y la seguridad de los actores políticos no está garantizada, lo cual deriva en una situación crítica. El número de agresiones en contra de actores políticos es alarmante: solo unos cuantos han logrado evadir los ataques. Vuelve a tomar sentido, en un contexto diferente, la frase que Eulalio Gutiérrez proclamó hace más de cien años: “El paisaje mexicano huele a sangre”.

Por otro lado, está la violencia de la que son víctimas los miembros de comunidades específicas ocupadas por grupos criminales. Las amenazas y los silenciamientos de militantes políticos actúan en detrimento de unas elecciones libres, además de que ponen en riesgo la vida de muchos. Esta situación imposibilita el funcionamiento adecuado del campo político en estos territorios, pues, si lo que se pretende son elecciones democráticas, esto difícilmente tiene lugar.

Lo que queda como lección de las batallas históricas es que los movimientos sociales, las luchas armadas y las luchas ideológicas pueden llegar a tener repercusiones cruciales, que trasforman o que vulneran el campo político. No hay que olvidar que la lucha por la autonomía, la independencia de acción, el derecho de admisión a un campo, es una lucha perpetua, y en este país ya es por la vida misma.

Bourdieu nos enseñó que los campos sociales están conformados de algo por lo que vale la pena luchar. En el campo político, vale la pena defender y garantizar la seguridad de los actores que lo integran, en particular frente a la intrusión de intereses criminales. En esta lucha, como diría hace un tiempo un miembro del EZLN, lo realmente importante es la base social, pues “el arma que temen no es el arma de fuego, sino el de la palabra”.

GERARDO CAMACHO SOLÍS

Maestro en Ciencias en Metodología de la Ciencia por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Doctorando en Estudios Filosóficos y Sociales sobre Ciencia y Tecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Uno de los grupos operaba cerca del cruce de Viacha, donde abordaban minibuses para cometer sus robos. Los delincuentes tenían antecedentes penales por el delito de robo y se aprovechaban de la aglomeración y distracción de los pasajeros para sustraer sus dispositivos móviles. Los vecinos denunciaron estas acciones y gracias a la intervención de la Felcc, este grupo ha sido desarticulado.

Segundo grupo: los descuidistas

Otro grupo delictivo estaba conformado por tres ladrones extranjeros que se especializaban en aprovechar las distracciones de las personas para robar. Fueron aprehendidos en la zona 12 de octubre. Estos delincuentes, conocidos como “descuidistas”, utilizaban el mismo modus operandi: robaban celulares mientras las personas estaban distraídas. La intervención de la Policía permitió su captura y puesta a disposición de la justicia.

Tercer grupo: descuidistas extranjeros

En Villa Dolores, se desmanteló un tercer grupo delictivo compuesto por cuatro venezolanos y una boliviana que también actuaban como descuidistas. Fueron encontrados en un alojamiento con cuatro celulares presuntamente robados y sobres que contenían sustancias controladas con características similares a la cocaína. Estos sobres corresponden a la llamada “cocaína rosa”, una droga sintética que ha sido detectada en territorio boliviano. La Felcc ha logrado dar un duro golpe a este grupo delictivo y se espera que sean procesados de acuerdo a la ley.

El comandante departamental de la Policía, Edgar Cortez, ha destacado la importancia de estas intervenciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Además, ha alertado sobre los peligros de la “cocaína rosa”, una droga que supuestamente causa mayor adicción y mayor tolerancia. Las autoridades continúan trabajando para combatir el crimen organizado y proteger a la población de estos delitos.

La entrada Felcc desmantela tres clanes delictivos especializados en robo de celulares se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Uno de los grupos operaba cerca del cruce de Viacha, donde abordaban minibuses para cometer sus robos. Los delincuentes tenían antecedentes penales por el delito de robo y se aprovechaban de la aglomeración y distracción de los pasajeros para sustraer sus dispositivos móviles. Los vecinos denunciaron estas acciones y gracias a la intervención de la Felcc, este grupo ha sido desarticulado.

Segundo grupo: los descuidistas

Otro grupo delictivo estaba conformado por tres ladrones extranjeros que se especializaban en aprovechar las distracciones de las personas para robar. Fueron aprehendidos en la zona 12 de octubre. Estos delincuentes, conocidos como “descuidistas”, utilizaban el mismo modus operandi: robaban celulares mientras las personas estaban distraídas. La intervención de la Policía permitió su captura y puesta a disposición de la justicia.

Tercer grupo: descuidistas extranjeros

En Villa Dolores, se desmanteló un tercer grupo delictivo compuesto por cuatro venezolanos y una boliviana que también actuaban como descuidistas. Fueron encontrados en un alojamiento con cuatro celulares presuntamente robados y sobres que contenían sustancias controladas con características similares a la cocaína. Estos sobres corresponden a la llamada “cocaína rosa”, una droga sintética que ha sido detectada en territorio boliviano. La Felcc ha logrado dar un duro golpe a este grupo delictivo y se espera que sean procesados de acuerdo a la ley.

El comandante departamental de la Policía, Edgar Cortez, ha destacado la importancia de estas intervenciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Además, ha alertado sobre los peligros de la “cocaína rosa”, una droga que supuestamente causa mayor adicción y mayor tolerancia. Las autoridades continúan trabajando para combatir el crimen organizado y proteger a la población de estos delitos.

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En un operativo conjunto con las autoridades brasileñas, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, anunció la expulsión de tres ciudadanos brasileños relacionados con el crimen organizado. Esta acción se llevó a cabo en cumplimiento de los compromisos internacionales en la lucha contra la delincuencia, según un comunicado emitido por Del Castillo en sus redes sociales.

Detención y entrega a las autoridades brasileñas

Los individuos, identificados como Wenerson Pereira Da Coceicao, Eduardo De Oliveira Silva y Edson Ferreira de Medeiros, fueron entregados a la Policía Federal de Brasil después de su arresto el jueves en Santa Cruz. La captura tuvo lugar en las afueras de un campo deportivo en la zona norte de la ciudad, donde los hombres se enfrentaron en un tiroteo.

Miembros del Primer Comando de la Capital (PCC)

Según informes de la Policía de Brasil, los tres detenidos son miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) y habían ingresado a Bolivia a principios de este año. Erick Holguín, comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, confirmó que los brasileños eran buscados por la comisión de más de 10 delitos, incluyendo tráfico de drogas y robos agravados.

Motivo del ataque relacionado con el narcotráfico

Se cree que el motivo del tiroteo fue una deuda económica de 600 mil dólares, vinculada al narcotráfico. Los tres brasileños estaban involucrados en actividades delictivas y eran buscados por las autoridades de Brasil y Bolivia por su participación en diversos delitos.

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En un operativo conjunto con las autoridades brasileñas, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, anunció la expulsión de tres ciudadanos brasileños relacionados con el crimen organizado. Esta acción se llevó a cabo en cumplimiento de los compromisos internacionales en la lucha contra la delincuencia, según un comunicado emitido por Del Castillo en sus redes sociales.

Detención y entrega a las autoridades brasileñas

Los individuos, identificados como Wenerson Pereira Da Coceicao, Eduardo De Oliveira Silva y Edson Ferreira de Medeiros, fueron entregados a la Policía Federal de Brasil después de su arresto el jueves en Santa Cruz. La captura tuvo lugar en las afueras de un campo deportivo en la zona norte de la ciudad, donde los hombres se enfrentaron en un tiroteo.

Miembros del Primer Comando de la Capital (PCC)

Según informes de la Policía de Brasil, los tres detenidos son miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) y habían ingresado a Bolivia a principios de este año. Erick Holguín, comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, confirmó que los brasileños eran buscados por la comisión de más de 10 delitos, incluyendo tráfico de drogas y robos agravados.

Motivo del ataque relacionado con el narcotráfico

Se cree que el motivo del tiroteo fue una deuda económica de 600 mil dólares, vinculada al narcotráfico. Los tres brasileños estaban involucrados en actividades delictivas y eran buscados por las autoridades de Brasil y Bolivia por su participación en diversos delitos.

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Palencia, en conferencia de prensa, indicó que las fuerzas de seguridad del Estado aumentarán sus operaciones en las cuatro provincias costeras debido a que en las últimas semanas se han registrado un incremento de actividades violentas por parte de grupos de delincuencia organizada.

Expuso los avances del llamado Bloque de Seguridad, una unidad conformada por autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía para enfrentar al crimen organizado, señalando que se intensificarán los controles específicamente en las cárceles.

Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que una de las estrategias para debilitar a estos grupos violentos es “afectar su estructura” y que por ello las operaciones se concentrarán en el control carcelario y de los territorios dominados por las bandas, reforzando así las operaciones en la lucha contra el tráfico de drogas y armas, que suelen ser el sustento de los grupos criminales.

Disminución de muertes violentas en el país

Las autoridades ecuatorianas han informado que, a pesar de la violencia registrada recientemente, han observado una mejora en varios indicadores. El comandante general de la Policía Nacional, César Zapata, mencionó que las muertes violentas han disminuido en un 16% desde el inicio del año, y un 22% en comparación con el año anterior.

Se han realizado 6.519 operativos esta semana, con la liberación de una familia secuestrada y la detención de cinco sospechosos. Además, el almirante Jaime Vela destacó el progreso en la actividad militar del Bloque de Seguridad, incluyendo la destrucción de pasos ilegales utilizados por bandas de narcotráfico y la captura de un barco semisumergible con tres toneladas de droga.

El almirante Vela enfatizó que se incrementará la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles, con presencia de militares, además de efectuar operaciones esporádicas. Desde principios de este año, Ecuador se ha visto envuelto en un “conflicto armado interno” que el presidente del país, Daniel Noboa, ha declarado contra las bandas del crimen organizado, a las que ahora ha calificado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

Esto ha llevado al país a posicionarse entre los que tienen más muertes violentas en Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023.

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Palencia, en conferencia de prensa, indicó que las fuerzas de seguridad del Estado aumentarán sus operaciones en las cuatro provincias costeras debido a que en las últimas semanas se han registrado un incremento de actividades violentas por parte de grupos de delincuencia organizada.

Expuso los avances del llamado Bloque de Seguridad, una unidad conformada por autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía para enfrentar al crimen organizado, señalando que se intensificarán los controles específicamente en las cárceles.

Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que una de las estrategias para debilitar a estos grupos violentos es “afectar su estructura” y que por ello las operaciones se concentrarán en el control carcelario y de los territorios dominados por las bandas, reforzando así las operaciones en la lucha contra el tráfico de drogas y armas, que suelen ser el sustento de los grupos criminales.

Disminución de muertes violentas en el país

Las autoridades ecuatorianas han informado que, a pesar de la violencia registrada recientemente, han observado una mejora en varios indicadores. El comandante general de la Policía Nacional, César Zapata, mencionó que las muertes violentas han disminuido en un 16% desde el inicio del año, y un 22% en comparación con el año anterior.

Se han realizado 6.519 operativos esta semana, con la liberación de una familia secuestrada y la detención de cinco sospechosos. Además, el almirante Jaime Vela destacó el progreso en la actividad militar del Bloque de Seguridad, incluyendo la destrucción de pasos ilegales utilizados por bandas de narcotráfico y la captura de un barco semisumergible con tres toneladas de droga.

El almirante Vela enfatizó que se incrementará la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles, con presencia de militares, además de efectuar operaciones esporádicas. Desde principios de este año, Ecuador se ha visto envuelto en un “conflicto armado interno” que el presidente del país, Daniel Noboa, ha declarado contra las bandas del crimen organizado, a las que ahora ha calificado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

Esto ha llevado al país a posicionarse entre los que tienen más muertes violentas en Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023.

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