Los accionistas de Banco Pyme Ecofuturo ratifican su confianza en Bolivia capitalizando la totalidad (100%) de las utilidades generadas durante 2025. Esta elección no es solo un número en un balance, es un abrazo colectivo a miles de sueños que impulsan el país, fortaleciendo de esta manera su patrimonio para llegar aún más lejos con créditos que cambian vidas y para seguir ampliando el acceso a servicios financieros productivos, con impacto social en Bolivia e inclusión financiera en Bolivia en todo el país.

Detrás de cada cifra hay historias concretas de esfuerzo diario de diferentes unidades productivas que sostienen familias enteras. Es para ellos que Ecofuturo reinvierte íntegramente sus utilidades, acompañando a más de 86 mil clientes de crédito y más de 300 mil clientes en captaciones que nos permiten construir una economía nacional.

Esta reinversión se enmarca en una visión estratégica clara. Con un enfoque ágil e innovador, Ecofuturo ha trazado una hoja de ruta que combina la creación de valor social y económico con el posicionamiento en el sector rural agropecuario, el desarrollo de una taxonomía verde y la transformación digital. A ello se suma un compromiso firme con la reducción de la brecha de género, promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, un esfuerzo reconocido con la obtención del Sello de Igualdad de Género nivel 2 otorgado por IBNORCA.

La capitalización íntegra de utilidades permitirá consolidar y expandir la inclusión financiera que ya ha cambiado la vida de miles de familias bolivianas. Esta decisión refleja también la naturaleza de quienes conforman el banco: accionistas, directores y plantel ejecutivo, cuyo compromiso va más allá del retorno financiero y se traduce en desarrollo humano y social. Estos recursos respaldarán nuevas iniciativas para emprendedores, productores rurales y pequeños negocios que generan empleo y dinamizan las economías locales, llegando a comunidades donde el impulso financiero marca la diferencia.

El trabajo del Banco lleva el mundo financiero a quienes producen y emprenden con la convicción de que el dinero bien administrado transforma realidades y construye una Bolivia más justa e inclusiva.

Ecofuturo, desde su creación, trabaja con convicción en este camino y la reinversión íntegra de sus utilidades es una muestra más de esa determinación. No se trata de un inicio ni de una meta alcanzada, sino de un compromiso que se renueva y se exige más a sí mismo con cada gestión, con la certeza de que los mejores resultados para las familias, los emprendedores y las comunidades bolivianas aún están por venir.

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La normativa afecta a los préstamos de vivienda de interés social y a los créditos otorgados a unidades económicas de tamaño micro y pequeño. Estos beneficiarios podrán postergar sus pagos sin que se generen intereses adicionales ni penalidades.

Según lo dispuesto en la norma, las entidades financieras están obligadas a diferir automáticamente las cuotas correspondientes a los créditos vigentes hasta el 30 de junio de 2025. Esto incluye el capital, los intereses, los seguros, las comisiones y otros cargos asociados.

Condiciones del diferimiento

Una vez que finalice el periodo de diferimiento, los bancos podrán reanudar el cobro de las cuotas restantes. Esto ocurrirá después de que los prestatarios hayan cancelado las cuotas que fueron diferidas.

El decreto aclara que durante los 6 meses de diferimiento no se generarán intereses extraordinarios, recargos ni cargas financieras adicionales. Además, los importes diferidos no podrán ser capitalizados y las condiciones originales de los créditos deben mantenerse sin modificaciones.

Opciones para prestatarios

Los prestatarios que deseen seguir pagando sus créditos de manera regular podrán hacerlo, siempre que informen expresamente a las entidades financieras sobre su decisión.

Seguros y pólizas

La medida también incluye los seguros de desgravamen hipotecario y las pólizas que respaldan las garantías de los créditos. Los pagos de estos seguros serán igualmente diferidos hasta el 6 de mayo de 2026. Las coberturas se mantendrán vigentes durante todo el periodo sin generar intereses de mora ni recargos.

Disposiciones complementarias

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) tienen un plazo de 5 días para emitir las disposiciones complementarias que aseguren la correcta aplicación del decreto.

El Gobierno promulgó la Ley 1670 con el objetivo de ofrecer alivio financiero a las familias y pequeños emprendedores que han sido afectados por los bloqueos de carreteras y los desastres naturales ocurridos en los últimos meses.

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Esta disposición establece un diferimiento de 6 meses en el pago de créditos destinados a microempresas y vivienda de interés social. La medida se ha implementado como una forma de enfrentar la crisis económica que actualmente atraviesa el país.

Advertencias de la CNC

A través de un comunicado, la CNC ha advertido que la aplicación de esta ley podría tener un impacto negativo en la estabilidad del sistema financiero. La organización sostiene que esta medida atenta contra la liquidez de las entidades bancarias, así como del sector productivo y las fuentes de empleo.

Además, el sector ha señalado que esta normativa podría afectar de manera negativa la inversión nacional.

Impacto en la economía

La institución ha argumentado que el diferimiento forzoso de créditos vulnera principios fundamentales como la previsibilidad y la seguridad jurídica. También se ha indicado que esta situación desincentiva la intermediación financiera y podría limitar el acceso al crédito, especialmente para los sectores productivos y los emprendedores.

Propuestas de la CNC

En este contexto, la entidad ha instado a que las políticas públicas sean elaboradas con base en criterios técnicos, diálogo y responsabilidad nacional. Esto contrasta con decisiones que podrían profundizar la actual crisis económica.

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Según información publicada por Erbol, una de las principales modificaciones es el cambio del término “diferimiento” por “periodo de gracia” en el artículo 1. Además, se ha añadido como requisito que los beneficiarios estén en mora, lo que limita significativamente quiénes pueden acceder a este beneficio.

Impacto en los beneficiarios

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que al incluir el “periodo de mora”, los beneficiarios deberán asumir el pago de los intereses durante ese periodo. Esta condición no estaba contemplada en la propuesta inicial. En este sentido, Montenegro afirmó que estos cambios no son simples correcciones, sino que alteran de manera significativa el alcance de la norma que previamente había sido aprobada por la Cámara de Diputados.

Datos sobre el proyecto original

De acuerdo con datos proporcionados por el ministerio, el proyecto original tenía como objetivo beneficiar a 1.4 millones de personas. Sin embargo, la versión que fue aprobada en el Senado ha reducido este número a solo 44,000 ciudadanos que se encuentren en mora.

Montenegro también destacó que durante la sesión del Senado se mostraron imágenes del texto original, aunque en la lectura se presentó el documento modificado. Esto generó confusión sobre el contenido real de la norma.

Objetivo de la norma

El ministro concluyó que la norma deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión. Subrayó que el objetivo principal es respaldar a quienes tienen créditos de vivienda de interés social y a microempresas que se han visto afectadas por la situación financiera actual.

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La normativa, que se denomina “proyecto de Ley de Alivio Inmediato”, busca establecer un diferimiento excepcional hasta el 31 de diciembre de este año. La propuesta fue entregada al Legislativo el pasado viernes.

Este martes 10 de junio, los políticos explicaron que la medida contempla la suspensión del pago de capital e intereses de todos los créditos adquiridos. Esto se realizaría sin que se apliquen multas, incrementos en las tasas de interés, sanciones por mora ni cobros adicionales por concepto administrativo.

Dificultades económicas actuales

Los proponentes de esta iniciativa señalaron que la situación económica actual ha generado dificultades para cumplir con las obligaciones financieras. Esto afecta especialmente a sectores como pequeños productores, comerciantes, transportistas, jefas de hogar y jóvenes emprendedores.

Argumentaron que las familias no han dejado de pagar sus deudas por falta de voluntad, sino por una imposibilidad real provocada por el contexto económico que atraviesa el país.

Instan a legisladores a actuar

Ambos candidatos se pronunciaron a través de un video que fue difundido en redes sociales. En este mensaje, instaron a los legisladores a priorizar las necesidades de la población y a aprobar la propuesta sin demoras. Afirmaron que se requieren soluciones inmediatas y no respuestas a largo plazo.

Contexto legislativo actual

La propuesta normativa surge en un contexto en el que el Legislativo aún tiene pendiente tratar varias leyes. Entre estas se encuentran los proyectos electorales y de crédito que han sido enviados por el Órgano Ejecutivo desde hace más de 1 año.

Los proponentes señalaron que la falta de consenso se debe a una división en la Asamblea, lo que ha dificultado el avance en la aprobación de estas leyes.

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Los dirigentes y trabajadores transportistas señalaron que las restricciones de los domingos y llevar un 75 por ciento de la capacidad de sus motorizados no permitieron conseguir los recursos necesarios para pagar al banco.

“Tiene que haber un nuevo diferimiento, porque lo que ganamos en el día no nos alcanza para pagar al banco”, expresó un chofer según reporte de Los Tiempos.

Sin embargo, una de las críticas al sector es que no cumplen la restricción y que la mayor parte del tiempo, los vehículos van llenos.

La Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI) emitió un comunicado para indicar que el diferimiento de pagos no tiene consecuencias  económicas, como en diferentes oportunidades los bancos indicaron que sí.

“La cartera diferida, que representa el ocho por ciento de la cartera total del sistema financiero, no genera riesgos importantes a las entidades, debido a que alrededor del 65 por ciento de los señalados préstamos se están pagando normalmente o ya fueron cancelados”, detalla una parte del comunicado.

Asimismo, indicó que un 25 por ciento ya presentó su solicitud de reprogramación o refinanciamiento, con lo cual manifestaron su voluntad de realizar el pago, y el diez por ciento restante aún tiene plazo para acogerse a este beneficio, siendo responsabilidad de las entidades financieras esforzarse en aplicar mecanismos para acercarse a sus prestatarios y pactar con ellos las condiciones más adecuadas para la recuperación de los créditos.

De esta manera, la entidad afirmó que es falso lo que señala la Asociación de Bancos (Asoban) sobre la afectación económica.

Según la ASFI la mora financiera es del 1,8 por ciento

El índice de mora del sistema financiero nacional se situó en 1,8 por ciento en abril. Sería inferior al valor registrado en marzo que fue del 1,9 por ciento, ubicándose por debajo del promedio de la región que es tres por ciento, según reportó la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI).

Añadió, esas cifras se establecen como una fortaleza del sistema financiero, pues dicho indicador es más estricto que en la mayoría de los países, considera como morosas las operaciones con atrasos superiores a 30 días, mientras que internacionalmente se suelen considerar retrasos mayores a 90 días.

Aclaró que varias entidades financieras, en reuniones con ASFI, expresaron que están en condiciones de atender sin inconvenientes las solicitudes de sus prestatarios durante la gestión.

/AAC/

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Sin embargo, advirtió al Gobierno que el plazo para atender sus demandas es hasta el lunes de la próxima semana, o las medidas de presión serán más contundentes.

El cuarto intermedio fue asumido en una reunión del sector en la ciudad de El Alto, luego de la primera jornada de paro y una evaluación hecha de lo ocurrido a nivel nacional.

“Por el bien, por no perjudicar a la población y a nuestros compañeros, se ha determinado dar un cuarto intermedio en nuestra medida de 48 horas”, dijo el ejecutivo de la Confederación, Ismael Fernández.

El dirigente afirmó que, si hasta el lunes el Gobierno no resuelve sus demandas, los choferes retomarán el paro de manera más contundente, incluyendo las federaciones de Santa Cruz y Cochabamba que no participaron de la medida, este martes.

Reiteró sus tres pedidos, el diferimiento por seis meses de los créditos bancarios, que no se cobre por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2021, puesto que los choferes no tienen la posibilidad de pagarlo, y que el gobierno mejore las carreteras.

Fernández dijo también, que en el caso de los créditos bancarios, los choferes no quieren hacer mención al diferimiento, porque afirman que las autoridades “tienen miedo” a esa palabra, pero sí insisten en que haya una solución.

El primer día de paro de 48 horas se tiñó de luto, luego que un grupo de transportistas se peleó con dos transeúntes en un punto de bloqueo en la ciudad de Sucre y que originó la muerte de uno de los ciudadanos por un golpe de puño que propinó el agresor a su víctima. Del hecho nueve transportistas fueron aprehendidos por la Policía.

/MDCB

La entrada Disponen cuarto intermedio en el paro de transporte y dan plazo al Gobierno para resolver demandas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Después de una reunión con varias fuerzas vivas del transporte hemos llegado a un acuerdo y han optado por una salida racional y negociada que consiste en seis meses de periodo de gracia sin pago de capital e interés que va ser luego reprogramado o refinanciado a lo largo de un periodo de tiempo”, dijo Montenegro.

En base a esa propuesta se firmó un acuerdo con una parte del sector del transporte nacional.

El convenio se firmó a pesar de que la Confederación de Choferes de Bolivia rechazó la propuesta del Gobierno y pidió un cuarto intermedio, mientras analizaba ingresar a un paro de 48 horas.

Los transportistas confederados insisten en que se establezca un periodo de diferimiento de seis meses.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que se ha llegado al pacto con “fuerzas vivas”, entre las cuales están los choferes cooperativizados, libres, radiotaxis y asalariados del transporte nacional e internacional.

“Son fuerzas vivas del transporte que han optado por una salida racional negociada que consiste en qué: seis meses de periodo de gracia sin pago de capital e interés, que va a ser luego reprogramado o refinanciado a lo largo de un periodo de tiempo”, añadió el Ministro.

El beneficio será para todos los deudores y no sólo para los choferes.

Montenegro señaló que este periodo de gracia se diferencia de un diferimiento porque “el crédito está vigente e inmediatamente entran al pago reprogramado de ese capital y de ese interés en los próximos meses”.

Añadió que el beneficio para los prestatarios es que “ahora pueden pagar en función de su capacidad de pago, eso es lo que hace una reprogramación”.

Entre otros puntos del acuerdo, se estableció que no se incremente la cuota mensual, que no se exija el pago de cuotas de intereses diferidos como una condicionante para acceder a la reprogramación, que no se exijan requisitos para la adenda del contrato de créditos, que los intereses generados en el período de gracia se cancelen a prorrata, además que no se incrementen intereses ni garantías adicionales, entre otras medidas.

También se pactó que el Ministerio de Economía analice la posibilidad de establecer fondos para el otorgamiento de líneas de crédito.

Los dirigentes que acompañaron a Montenegro expresaron su satisfacción con el acuerdo y aseguraron que se levantan las medidas de presión.

Respecto a la Confederación de Choferes, el Ministro de Economía dijo que ese sector pidió cuarto intermedio a pesar que le “imploró” quedarse para el acuerdo. Agregó que los federados definirán si se acoplan al acuerdo firmado.

/MDCB

La entrada Acuerdo entre Gobierno y transportistas amplía el periodo de gracia de cuatro a seis meses se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes “1ro. de Mayo”, Mario Silva, indicó que son tres peticiones que exigieron al Gobierno, el diferimiento en el pago de créditos bancarios por seis meses, asimismo el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que solicitaron no pagar del periodo 2021 y el mal estado de las carreteras en el país.

“Ante la desatención de las autoridades de Gobierno al diferimiento de los créditos bancarios por el tiempo de seis meses y sin considerar la grave crisis económica que atraviesan los transportistas producto de la Pandemia, no habiendo el Gobierno adoptado medidas de Reactivación Económica para el sector, el Ampliado Nacional del Autotransporte declara paro nacional contundente de 24 horas con bloqueo de carreteras y ciudades del país para el día martes 12 de enero de 2021”, indica la resolución.

Como un ejemplo, el ejecutivo de la Confederación, Ismael Fernández, dijo que en el caso de un chofer a quien, con el periodo de gracia, un banco le estaba cobrando 653 bolivianos de capital, mientras que el interés era de más de 4 mil bolivianos.

El ejecutivo indicó que de no atender sus demandas, los choferes realizarán posteriormente un paro de 48 horas y no descartan un paro indefinido.

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“Estamos pidiendo que se amplíe este plazo para no perjudicar a los transportistas, que se han visto este año imposibilitado de no poder trabajar (…) estamos pidiendo que se amplíe tres meses más el diferimiento, siendo que hay el sector de buses y transporte internacional que no están trabajando y no hay apertura de fronteras. El transporte pesado ha sido duramente afectado, porque las importaciones se han reducido en un 40%, eso implica menor movimiento para el transporte”, manifestó el presidente del transporte pesado de La Paz, Álvaro Ayllón.

También dio a conocer que las obligaciones económicas acumuladas y el pago de interés devengados son un grave riesgo para ese sector, tomando en cuenta que sus obligaciones laborales con los asalariados deben ser cumplidas.

“Los bancos ya están empezando a cobrar las cuotas e intereses de estos nueve meses. Consideramos que el Gobierno tiene que analizar este aspecto para reactivar la economía de estas empresas”, resaltó  Ayllón.

Durante la pandemia al menos un 30% de los afiliados de edad vulnerable al coronavirus, por temor al contagio han dejado de trabajar y ahora nuevamente requieren reactivar su fuente laboral, debido a la reducción de las cargas que transportan, no lograrán cubrir sus cuótas creditales para el mes de enero.

/MDCB

La entrada Sector del transporte exige ampliar diferimiento de créditos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El pedido de la promulgación de La Ley de diferimiento del pago de créditos bancarios fue una demanda de varios sectores, quienes anunciaron medidas de protesta desde este miércoles, en caso de no ser escuchados en su pedido.

/ES/

La entrada La Presidente Áñez afirma que promulgó la Ley de diferimiento de créditos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó este miércoles en el Palacio Quemado que la primera mandataria, Jeanine Áñez, promulgó ambas leyes luego de que fueron sancionadas en el Legislativo para fortalecer la lucha contra el Covid-19, la semana reciente.

La norma pone en vigencia la postergación en el pago de créditos bancarios, incluyendo capital e intereses, por el tiempo que dure la cuarentena y seis meses más después de que se levante esa medida.

“Quienes estaban preocupados de su crédito no tienen que pagar nada, ni siquiera intereses. Una vez suspendido el tema de la cuarentena, tienen hasta seis meses para poder pagar. Creemos que esto es una gran ayuda para el pueblo boliviano”, destacó Núñez.

/TSC/

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JRR/DVVQ.

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