Hoy, viernes 13 de febrero de 2026, el Estado boliviano llega al límite del tiempo otorgado para cumplir con el resarcimiento a los sobrevivientes y familiares de las víctimas del operativo policial de 2009. El incumplimiento de estas medidas económicas y jurídicas derivará en la apertura de un juicio formal contra el país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Responsabilidad del Estado y violaciones a derechos humanos

El panorama jurídico para Bolivia es crítico. Tras años de investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y tortura. Juan Carlos Guedes, una de las víctimas que permaneció recluido por más de una década, confirmó que este viernes se agota la última prórroga solicitada por la gestión actual.

Si el Estado no llega a un acuerdo de compensación o no demuestra avances reales en la reparación, el caso 13.546 dejará de ser una recomendación para convertirse en un proceso judicial internacional obligatorio.

Demandas económicas y negociaciones fallidas

El principal punto de fricción entre el Gobierno y las víctimas radica en las elevadas sumas de compensación económica solicitadas. La familia de Michael Dwyer, ciudadano irlandés que perdió la vida en el asalto policial, ha solicitado una reparación de 3,7 millones de dólares. Por su parte, sobrevivientes como Mario Tadic exigen montos cercanos a los 900.000 dólares.

El Estado, a través de la Procuraduría, calificó inicialmente estas demandas como “no razonables”, intentando negociar cifras menores para evitar un impacto severo en las arcas públicas. Sin embargo, las víctimas sostienen que el daño físico, emocional y civil de tantos años en prisión justifica dichas sumas.

Investigación penal y justicia efectiva

Más allá del dinero, el fallo de la CIDH exige que Bolivia realice una investigación penal “diligente y efectiva”. Esto implica que el sistema judicial boliviano debe identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del operativo ejecutado en 2009.

El informe de fondo concluyó que los actos cometidos contra los detenidos constituyeron tortura y que las detenciones fueron ilegales y arbitrarias. Tadic y Tóásó estuvieron casi seis años bajo detención preventiva, mientras que Guedes y Mendoza superaron los diez años. Esta situación es considerada por el organismo internacional como una violación flagrante a las garantías judiciales.

Contexto histórico del caso

El trasfondo del caso se remonta al gobierno de Evo Morales, cuando el 16 de abril de 2009 la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) asaltó el Hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra bajo una supuesta amenaza de célula terrorista. El operativo resultó en la muerte de tres personas y la detención de otras cuatro.

Según Guedes, durante la gestión del expresidente Luis Arce, el Gobierno solicitó una ampliación de plazo para cumplir con esas disposiciones y evitar un juicio internacional, cuyo inicio dependerá de la decisión que asuma el Estado tras el vencimiento del término, reportó Correo del Sur.

Recomendaciones finales y futuro del caso

Finalmente, las recomendaciones de la CIDH incluyen un componente de no repetición: el Estado debe implementar programas permanentes de formación en derechos humanos y el uso de la fuerza para la Policía y el Ministerio Público. La decisión que tome el Gobierno hoy no solo definirá el futuro financiero de las víctimas, sino también la posición de Bolivia ante la comunidad internacional respecto al respeto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Denuncia ante la Corte IDH

El excandidato presidencial y activista ambiental Yaku Pérez informó en una rueda de prensa que esta semana se entregó la documentación requerida por la Corte IDH. Esta denuncia fue presentada en abril pasado en la sede de la Corte en Washington, EE. UU.

Entre los documentos entregados se encuentran los datos de las consultas populares que se realizaron desde 2011 en comunidades y municipios de la zona para prohibir la minería.

Consultas populares en la región

La primera consulta, de carácter comunitario y simbólico, se llevó a cabo en las comunidades Tarqui y Victoria del Portete. En 2019, se realizó una consulta vinculante en la que el 86,79% de los habitantes del municipio de Girón votaron en contra de las actividades mineras en los páramos o fuentes de agua de Quimsacocha.

En 2021, se efectuó otra consulta en la ciudad andina de Cuenca, también con fuerza legal. En esta ocasión, poco más del 80% de la población se pronunció a favor de la prohibición de la minería en cinco zonas de recarga hídrica del municipio.

Sentencias judiciales relevantes

Pérez también expuso las sentencias emitidas por un tribunal judicial y la Corte Provincial de Justicia de la provincia andina de Azuay, en el sur del país. Estas sentencias declararon la vulneración del derecho a una consulta previa, libre e informada en las poblaciones que están en riesgo por la actividad minera en la zona de Quimsacocha.

Además, se estableció que no se puede llevar a cabo la minería sin realizar previamente los estudios técnicos ambientales pertinentes.

Documentación presentada

Entre los diversos documentos presentados, se incluye un informe de auditoría especial realizado por la Contraloría en 2017. En este informe se recomendó, según relató Pérez, que se declare la caducidad de las concesiones mineras en la zona.

También se recogieron informes técnicos elaborados por la corporación geoambiental Terrae y el ingeniero minero James Kuipers. Asimismo, se presentó un informe de la empresa pública Etapa, que indicaba la inviabilidad del proyecto minero.

Se añadieron otras pruebas, como recortes de prensa y aproximadamente 5,000 firmas. Según indicó Pérez, la Corte IDH les ha informado que en unos 3 meses podrían recibir una respuesta sobre la admisión de su denuncia.

Apoyo académico y resistencia comunitaria

Pérez declaró que durante su viaje a Washington aprovecharon la invitación de universidades estadounidenses como Yale, Cornell, Pennsylvania y Harvard. En estas instituciones, pidieron a la academia que solicite a sus gobiernos el cese del extractivismo minero, petrolero y maderero, que está causando “desastres ambientales” no solo en Ecuador, sino en otros países de la región.

“Por más que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, la minera Dundee Precious Metals y los empresarios canadienses intenten destruir los páramos, las comunidades estaremos en resistencia. Esto lo hemos demostrado durante 30 años y ahora contamos con el acompañamiento y vigilancia de la academia y de los organismos internacionales”, aseveró Pérez.

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Rodríguez aclaró que su papel se limitó a enviar una nota a la Cámara de Diputados. Además, destacó que la iniciativa fue presentada por la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos. Es importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya había instado a eliminar este delito, argumentando que minimiza la gravedad de la violencia sexual contra menores.

Detalles del proyecto de ley

La norma en cuestión se denomina “Incorporación del tipo penal de Violación Incestuosa, Eliminación del Estupro y el Reconocimiento de la falta de Consentimiento como elemento constitutivo del Delito de Violación para garantizar el acceso a la Justicia”. Este proyecto de ley fue aprobado en el Senado el 12 de abril de 2024. En esa ocasión, Andrónico calificó esta norma como “muy importante” en una publicación en su cuenta de X.

El proyecto de ley plantea la eliminación del tipo penal de estupro, lo que significaría que la comisión de ese delito se tipificaría directamente como violación.

Consecuencias de la eliminación

Actualmente, el tipo penal de estupro castiga con 3 a 6 años de cárcel a quienes tengan relaciones sexuales con adolescentes mayores de 14 años y menores de 18. Si se aprueba el proyecto de ley, la sanción por violación contra menores de 18 años ascendería a 20 a 25 años de cárcel, independientemente de que se alegue consentimiento.

La Corte IDH ha establecido que el Estado debe eliminar el tipo penal de estupro de su ordenamiento jurídico, advirtiendo que este delito disminuye la gravedad de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Dictamen de la Corte IDH

El dictamen de la Corte se encuentra en el Caso Angulo Losada, cuya sentencia fue emitida en 2022. En su fallo, el Tribunal advierte que el delito de estupro se basa en tradiciones y estereotipos de género. Además, no identifica las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, encubre relaciones de poder y crea una jerarquía entre delitos sexuales que minimiza, invisibiliza y naturaliza la gravedad de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

La adecuación normativa mencionada implica que el tipo penal de violación protegería los bienes jurídicos que actualmente son tutelados por el tipo penal de estupro.

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En julio, se hizo público que la CIDH envió una nota a la Cancillería de Bolivia, en la que se negaba la prórroga solicitada. En respuesta a esto, la Procuraduría de Bolivia emitió un comunicado en el que anunciaba que la abogacía del Estado se encargaría de definir la estrategia procesal y asumiría la defensa de los intereses del Estado ante la Corte IDH en relación con este caso.

Responsabilidad del Estado

La CIDH ha determinado que el Estado de Bolivia es responsable de violar varios derechos fundamentales. Estos incluyen el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, así como el derecho a la protección de la honra y dignidad, y el derecho a la protección judicial. Estos derechos están consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento.

Además, la CIDH ha mencionado los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En este contexto, la Comisión ha recomendado a Bolivia varias medidas concretas. Una de las principales es la reparación de las violaciones a los derechos humanos a través de compensaciones económicas y medidas de satisfacción que busquen reparar tanto el daño material como el inmaterial.

Medidas de atención y rehabilitación

La CIDH también ha sugerido que se implementen medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas afectadas. Además, se ha recomendado llevar a cabo una investigación penal que sea diligente y efectiva, y que se realice dentro de un plazo razonable. Esto es fundamental para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

Prevención de futuros incidentes

Por último, la CIDH ha instado a las autoridades bolivianas a adoptar medidas que prevengan futuros incidentes similares. Esto incluye la implementación de programas permanentes de formación en derechos humanos, dirigidos a la Policía, el Ministerio Público y la Judicatura. Estas recomendaciones son consideradas esenciales para garantizar justicia y reparación a las víctimas que han sufrido a causa de estos incidentes.

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“Como Procuraduría General del Estado, en nuestro rol de defensa de los intereses del Estado en materia de derechos humanos, hemos decidido priorizar para esta gestión los casos más importantes y relevantes”, expresó el procurador durante una conferencia de prensa.

72 peticiones en etapa de admisibilidad son priorizadas por su importancia

Según las declaraciones del procurador, se han identificado 72 peticiones que actualmente se encuentran en etapa de admisibilidad, siendo priorizadas debido a su importancia y relevancia para el Estado boliviano. Entre estas peticiones, se destacan aquellas relacionadas con temas como tortura, tratos crueles, actos del gobierno de 2019 y violencia contra niños y mujeres.

Casos emblemáticos en la CIDH están siendo supervisados en etapa de sentencia

Dentro de los trámites internacionales priorizados en la CIDH se encuentran casos emblemáticos como el de los exjueces transitorios y el caso del terrorismo, donde se han presentado múltiples peticiones que están siendo supervisadas en etapa de sentencia.

Pagos por compensación económica ascienden a casi 3 millones de dólares

Hasta el momento, se han realizado pagos por compensación económica que ascienden a aproximadamente 3 millones de dólares. Sin embargo, de acuerdo con el artículo N°113 de la Constitución boliviana, aquellos responsables por violaciones a los derechos humanos deben hacerse cargo económicamente conforme a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

Procuraduría General del Estado defiende los intereses del país ante instancias internacionales

La Procuraduría General del Estado ha asumido la defensa activa en estos casos ante instancias internacionales, buscando proteger los intereses del Estado boliviano frente a las demandas presentadas. La complejidad y diversidad de los temas abordados representan un desafío significativo para Bolivia en el ámbito jurídico internacional.

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Adrianzén anunció que el Estado peruano debe responder antes del 2 de abril a la Corte IDH sobre el indulto a Fujimori. Destacó la complejidad del caso y la necesidad de brindar explicaciones adecuadas.

Trabajo arduo del Estado peruano

El presidente del Consejo de Ministros resaltó el esfuerzo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería para presentar un informe contundente que satisfaga a la corte internacional.

Adrianzén advirtió que si la Corte IDH no está conforme con el informe, podría convocar a una audiencia. El desacato del Estado peruano podría ser informado en la próxima Asamblea General de la OEA en Asunción.

En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación inmediata de Fujimori, a pesar de las objeciones previas de la Corte IDH. Esta última había indicado no implementar el indulto por no cumplir con los estándares internacionales en un control jurisdiccional. El Estado peruano fue acusado de desacato por ejecutar el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski en 2017, ignorando las advertencias judiciales.

Desacato al implementar el indulto

La Corte IDH recordó que el Estado peruano cometió desacato al ejecutar el indulto concedido a Fujimori por razones humanitarias, a pesar de su solicitud previa de abstenerse. Este incumplimiento ha generado tensiones a nivel nacional e internacional.

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La investigación del caso Blas Valencia, es por el atraco que se registró en diciembre de 2001, tiempo en el que registró el atraco a un vehículo de seguridad de la empresa Prosegur, por un grupo delincuencial en la ciudad de La Paz, y en un tiroteo se registró la muerte de tres personas.

Según estableció la Corte IDH, las familias del principal implicado, el expolicía Blas Valencia y otros, fueron sometidos a la vulneración de los derechos de la libertad personal, vida privada, domicilio, protección de la familia, al derecho de la propiedad, integridad personal, derecho de la mujer a vivir libre de violencia, derechos de la niñez, derecho a la vida, a la salud, garantías judiciales, protección judicial, honra y dignidad.

Considerando que los allanamientos que se desarrollaron en altas horas de la noche, además de las detenciones realizadas por las fuerzas del orden, están en contra de las normas vigentes, porque se utilizó la fuerza desmedida y violencia innecesaria. También, se denunció diferentes actos de tortura, a los que fueron sometidos los detenidos.

Ante estos hechos, la Corte IDH determinó que se pague diferentes montos de indemnización a las 26 víctimas, montos que van desde los diez mil hasta los 65 mil dólares.

El monto más alto, de 65 mil dólares, es para una mujer quien sufrió un aborto a causa de la violencia que sufrió por la Policía.

Blas Valencia, el principal implicado en el atraco, debe recibir 20 mil dólares.

En el caso de 12 víctimas, la indemnización es de 40 mil dólares, incluyendo un adicional de mil dólares para una persona cuyas joyas fueron secuestradas y no devueltas.

Hay un total de 11 víctimas, el pago debe ser de 20 mil dólares y dos deben recibir diez mil.

Para las víctimas que ya fallecieron, la indemnización debe pagarse a sus derechohabientes.

Para cubrir gastos solicitados, la Corte fijó un monto de diez mil dólares para cada una de las tres representaciones de las víctimas.

Estableció un plazo de un año para cancelar las indemnizaciones y, en caso de mora, se debe pagar un interés, según publicó Erbol.

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El presidente del ente, juez Ricardo Pérez Manrique, señaló en la lectura del punto 3 de la lectura: “El Estado es responsable por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y libertad personal”.

Los hechos del caso se remontan al 17 de julio de 1980, cuando se perpetró el Golpe de Estado del entonces general Luis García Meza, cuando el dirigente fue acribillado en las gradas de las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB), en pleno centro de la ciudad de La Paz. Desde entonces las cuatro hermanas no pudieron nunca lograr la reparación de daños en los tribunales bolivianos, después que hicieran desaparecer sus restos.

La sentencia final de la Corte IDH, tiene 20 puntos en los que detalla las fallas que tuvo el Estado para proteger la vida de las personas, 43 años después de los hechos relacionados con la muerte y desaparición del dirigente de los trabajadores.

Las conclusiones que determinó la Corte IDH, son porque el Estado boliviano, nunca demostró una verdadera convicción de buscar la verdad histórica de los hechos, vulnerando los derechos de la familia de Juan Carlos, principalmente de sus hermanas Olga Beatriz, Verónica, Eliana Isbelia y Lilian Teresa Flores Bedregal.

Además, el Gobierno actual de Bolivia tiene una serie de tareas para resarcir los daños a la familia, con un plazo máximo de un año, al cabo del cual llegará al país una comisión de seguimiento para saber si se ha cumplido la sentencia emanada a nivel internacional.

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Asimismo, los abogados de Añez indicaron que el Estado vulneró su derecho a la vida en todos sus niveles. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) advierten que sólo se busca “salvar su imagen política”.

El abogado Luis Guillén informó que ya se presentó la demanda de medida cautelar a favor de Añez y que está a la espera de un pronunciamiento de la Corte IDH, en al menos una semana, para que la expresidente pueda asumir su defensa en el proceso denominado supuesto “golpe de Estado”.
Actualmente, Añez se encuentra en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores con detención preventiva desde mediados de marzo de este año, reportó el diario Los Tiempos.

Informe médico

Un informe del especialista psiquiátrico, que atendió a la expresidente señala que Añez padece de un trastorno depresivo mayor severo, con ideación suicida; el síndrome conversivo y disociativo, probable síndrome depresivo post AVC, hipertensión arterial sistémica, gastritis crónica y probable polineuropatía periférica.

“La paciente debería estar siendo tratada en un hospital de especialidades, ya que cursa con síndromes sistémicos que requieren supervisión clínica permanente”, señala el informe médico al que accedió el diario El Deber.

Solicitud

El abogado de Añez, informó que las vulneraciones al derecho a la vida se dieron de manera sistemática desde tres niveles del Estado: Desde el Órgano Ejecutivo, con acusaciones de la Procuraduría y de ministerios.

Así también, desde el Legislativo, que hizo “desdoblar” el juicio “golpe de Estado” con otras figuras delictivas, y el Judicial, que negó de manera constante las salidas judiciales para que la exmandataria pueda recibir atención médica adecuada, aseguró Guillén.

“Se busca precautelar el derecho a la vida de Añez, tanto en salud física como mental, luego de que médicos establecieron que la expresidente requiere ser atendida en un centro hospitalario por la hipertensión y depresión que padece.

Informe

El especialista, Fernando Garitano-Zavala firmó el informe recomendó que a la exmandataria se le realicen estudios complementarios como una electromiografía de miembros superiores y pélvicos y un TAC de cráneo de contraste.

Debilitada

La diputada y miembro de la Comisión de DDHH, Pamela Alurralde, habló con Jeanine Añez e indicó que la encontró muy debilitada, deprimida y que sólo pide defenderse en libertad.

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El fallo de la Corte-IDH confirma que la repostulación de Morales en los comicios del 2019 fue totalmente contraria a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las normas internacionales, indicó el jurista a la red Erbol.

Asimismo, señaló que los miembros del Tribunal Constitucional cometieron “un invento” al emitir el fallo 084/2017, declarando la reelección indefinida como un derecho humano.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en días precedentes señaló que el tema reelección indefinida es un “tema cerrado” en el marco de la Ley 1266.

“(Queda) en la nada el supuesto golpe de Estado porque no habría afectado de ninguna manera a Evo Morales, debido a su postulación fue ilegal y no puede reclamar victoria alguna”, aseveró el jurista.

En relación a los demás cargos electivos, como alcaldes y concejales municipales, gobernadores y asambleístas departamentales, Chávez manifestó que el Tribunal Constitucional tiene que modular la sentencia 084/2017 dejándola sin efecto.

“Por imperio del razonamiento de la Opinión Consultiva se tiene que evitar toda forma contraria a la democracia y Evo Morales ya tuvo el ejercicio del derecho, se excedió y ya no tendría derecho a postular hacia futuro”, remarcó.

En ese contexto es que el abogado constitucionalista afirma que los fallos de la Corte-IDH no son determinaciones “decorativas” para exhibirlos como “un adorno en una sala”, sino que el efecto que tienen es resguardar la democracia ante “un expresidente que hace uso y abuso de la reelección”, finalizó.

/GFS/

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“Cualquier pronunciamiento de la Corte (IDH) viene a ser extemporáneo porque en Bolivia ya hemos definido por ley que no hay reelección indefinida, eso que implica, que no se pueda tener más de dos elecciones seguidas”, aseveró Lima en contacto con el portal Innovapress.

El titular de la cartera de Justicia indicó que luego de debates en la Asamblea Legislativa concluyeron que luego de una elección democrática se puede acceder a una sola reelección.

“Lo que decía la Sentencia Constitucional 84/2017 es que en Bolivia podían darse una serie de reelecciones, una, dos, tres, cuatro, cinco o seis. Ese elemento que decía la sentencia constitucional ya no existe en el país porque cuando se convocó a elecciones que llevaron como presidente a Luis Arce se dijo que solamente puede haber una reelección y se descartó la reelección indefinida”, sostuvo.

Asimismo, informó que el Órgano Ejecutivo espera una notificación de la Corte (IDH) sobre la Opinión Consultiva.

Lima recalcó que el fallo de la Corte (IDH), es innecesario considerando que en el país, supuestamente está resuelta esa situación.

“En este momento en el país, no hay reelección indefinida. Si la Corte (IDH) nos dice (que) no hay reelección indefinida, nosotros les diremos gracias por su opinión, pero en Bolivia ya está resuelto este problema”, añadió Lima.

Fallo de la Corte (IDH)

En días precedentes, la Corte (IDH) cerró el 142 periodo ordinario de sesiones, centrándose en el artículo 23 de este instrumento jurídico que establece “el derecho a elegir y ser elegido”, el cual fue empleado por el Tribunal Constitucional de Bolivia para habilitar a Evo Morales como candidato en las Elecciones Generales de 2019.

La Comisión de la Corte señaló que la “reelección presidencial indefinida” contradice lo establecido en la Convención Americana.

El falló será oficializado cuando se notifiquen a los 34 Estados del hemisferio, según informó el departamento de prensa de la Corte al diario El Deber.

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Afirmó también que las últimas declaraciones del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revelan las “artimañas” que utilizó para manipular la justicia en el 2020.

La mañana del sábado 26 de junio, Astorga publicó en su cuenta de Twitter que “prácticamente” era un hecho que la Corte IDH establecería un fallo en contra de la reelección indefinida y que en ese caso Morales tendría que rendir cuentas ante la justicia.

La Constitución Política del Estado (CPE) señala, en su artículo 168, que las autoridades pueden ser reelectas “por una sola vez de manera continua”.

La Corte IDH ya emitió su Opinión Consultiva respecto a si la reelección indefinida es o no un derecho humano, pero a la espera que los países sean notificados, el fallo aún no se hizo público.

“El expresidente últimamente está contando todo lo que hizo, todas las artimañas que utilizó, en este caso, para manipular la Justicia, sus cálculos políticos, sus estrategias, incluso para que el Presidente Luis Arce llegue al poder. En ese sentido, por la propia boca del expresidente Evo Morales están saliendo todas las irregularidades que él mismo hizo”, señaló Astorga según la agencia ANF.

Morales reveló que el TSE se contactó con él mediante un “compañero” para evaluar la postergación de las elecciones generales de 2020; señaló que también habló con el Tribunal TCP y que en una semana cambiaron a la presidente del TSJ, desde Argentina.

El asambleísta departamental por el MAS, Gustavo Torrico criticó que CC quiera iniciar acciones por la habilitación de Morales, al considerar que en su momento no estaba prohibido.

“Hay que regalarles códigos y normativas a la oposición. Todo lo que hasta hoy no está prohibido, está permitido”, manifestó este lunes, en declaraciones recogidas por el periodista Armin Copa Monzón.

/MDCB

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La determinación es parte del informe que los comisionados presentaron en julio de 2020 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que deliberó el fallo de la opinión consultiva sobre la reelección indefinida.

La Comisión indicó que la “reelección presidencial indefinida” contradice lo establecido en la Convención Americana, indicando que resulta imperativo “la restricción de este procedimiento, con el propósito de salvaguardar los valores intrínsecos a la democracia representativa, “el respeto y garantía de los derechos humanos”.

“Un mandato presidencial sin límites genera una mayor concentración de poder y riesgo de abuso del mismo, sin posibilidad de sistemas de vigilancia o pesos y contrapesos efectivos”, señala el informe de la CIDH.

El informe fue contemplado en la etapa escrita del proceso de opinión consultiva que solicitó Colombia a la Corte en 2019. El falló se conocerá una vez que se notifiquen a los 34 Estados del hemisferio, informó el departamento de prensa de la Corte al diario El Deber.

LA CORTE IDH CERRÓ EL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

Este viernes, la Corte IDH cerró el 142 periodo ordinario de sesiones, el debate se centró en el artículo 23 de este instrumento jurídico que establece “el derecho a elegir y ser elegido” y que fue empleado por el Tribunal Constitucional de Bolivia para habilitar a Evo Morales como candidato en las Elecciones Generales de 2019.

De acuerdo con su reglamento, en la deliberación se da lectura al proyecto de sentencia, “previamente revisado por los jueces” y luego se debaten las diferentes decisiones jurídicas involucradas.

La Corte IDH escuchó a unas 100 personas y recibió 62 observaciones de los países miembros, así como de organizaciones de la sociedad civil, Nicaragua fue el único Estado que defendió “el derecho a la reelección”.

La CIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA); formula recomendaciones a los Estados y está habilitada para presentar causas de personas individuales ante la Corte IDH, el máximo tribunal de derechos humanos del hemisferio, cuyos fallos son inapelables y vinculantes.

REPERCUSIONES

Por su parte, el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho afirmó que venció la “legalidad”.

/JDLF/

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