Aduana Nacional destituye a funcionario por corrupción

La Aduana Nacional tomó una decisión drástica al destituir y presentar una querella penal contra Nelson R.M., exfuncionario de la Agencia Exterior Arica. Esta medida ocurrió tras descubrir un esquema de corrupción que involucraba un grave conflicto de intereses beneficiando a un ‘clan familiar’.

Los hechos principales del caso

Una investigación interna reveló que el exservidor público favoreció ilícitamente a empresas de transporte representadas por su cónyuge y su cuñado. Este conflicto de intereses permitió que dichas compañías recibieran un trato preferencial en el traslado de mercancías, lo que perjudicó la libre competencia en el sector.

Manipulación de sistemas informáticos

Además de los vínculos familiares, la Aduana Nacional comprobó la adulteración de registros informáticos. El 29 de junio se interpuso una querella penal por el delito de falsedad material. El implicado manipuló el sistema de la entidad para elaborar informes con fechas falsas, fuera de su horario y funciones laborales.

Medidas institucionales adoptadas

Ante el descubrimiento de estas irregularidades, la Aduana Nacional tomó las siguientes medidas:

• Destitución inmediata del funcionario.
• Presentación de una querella penal ante las autoridades competentes.
• Apertura de una investigación exhaustiva por el uso ilícito de los sistemas informáticos y el aprovechamiento de cargos públicos en beneficio propio.

La entidad reafirmó su postura de “cero tolerancia” ante actos de corrupción y aseguró que continuará con las acciones legales hasta que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.

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Investigación por direccionamiento de compras en EBA

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, lleva a cabo una investigación sobre el presunto direccionamiento de compras en la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA). Se estima que se habrían desviado 1,2 millones de bolivianos mediante prácticas irregulares. Un grupo de funcionarios fue destituido y se realiza una auditoría, según lo anunciado por el Gobierno.

Detalles del fraude

El ministro Oscar Mario Justiniano informó que en meses anteriores se detectaron graves anomalías en la adquisición de bobinas para leche, las cuales estaban destinadas a plantas procesadoras ubicadas en Achacachi (La Paz), San Andrés (Beni) y Challapata (Oruro).

• 1.225.100 bolivianos: Monto total desviado mediante compras irregulares.
• 5 Fondos en Avance: Mecanismos utilizados para fragmentar el control estatal.
• 3 Plantas Lácteas: Infraestructuras afectadas por los insumos dirigidos.

Acciones tomadas por el Gobierno

El informe del ministerio señala que el personal de EBA omitió procedimientos obligatorios establecidos en el Decreto Supremo 181, gestionando de forma dirigida la compra de insumos. Los recursos desviados se distribuyeron en cuentas del Sistema de Gestión Pública de Bolivia (Sigep) pertenecientes a cinco funcionarios. Ante la falta de sustento normativo, se destituyó a los responsables de mayor rango, incluyendo al gerente ejecutivo de EBA y varios jefes de área.

Para reconducir la institución, Mónica Roca fue nombrada nueva gerente ejecutiva de EBA y ha designado un nuevo equipo gerencial. El caso está bajo auditoría e investigación profunda. Justiniano enfatizó que ‘no se puede estafar al pueblo boliviano’ con este tipo de acciones. La política del Gobierno es clara: aplicar ‘cero tolerancia’ frente a cobros irregulares y desvíos de recursos.

Consecuencias del escándalo

• Más de 12 involucrados: Servidores públicos destituidos en la purga anticorrupción.
• 2 Meses: Periodo en el que se operó el fraude (marzo y abril).

Este escándalo ha provocado la destitución inmediata de toda la cúpula de EBA y ha encendido las alarmas del Gobierno, generando una fiscalización masiva ante la sospecha de que este modus operandi se replica en otras empresas estatales como EMAPA y Cartonbol.

Auditorías masivas y presión social

Los eventos previos que llevaron a esta intervención incluyen auditorías masivas en EMAPA, donde se descubrió un daño inicial de 95,5 millones de bolivianos, cifra que luego aumentó a más de 1.000 millones de bolivianos. Esto culminó en la aprehensión del exgerente Franklin Flores y un cambio en las políticas gubernamentales.

En el contexto actual, el presidente Rodrigo Paz denunció un desfalco histórico en las arcas del Estado, instruyendo una política estricta de ‘cero tolerancia’ y auditorías inmediatas a todas las empresas estatales deficitarias. Este contexto ha llevado a una presión social significativa sobre las autoridades para cruzar información sobre desembolsos económicos.

Declaraciones finales del ministro

Justiniano concluyó: “Nadie va a lucrar acá un peso tratando de generar actos de corrupción”. Este compromiso refleja la determinación del Gobierno para erradicar prácticas corruptas y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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Por Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia(*)

Las perturbaciones climáticas están modificando la forma en que las sociedades producen, comercian y sobreviven. Sequías prolongadas, inundaciones devastadoras, incendios forestales y fenómenos extremos golpean con especial dureza a los países del denominado club de la miseria, donde la pobreza, la informalidad y la fragilidad institucional aumentan la vulnerabilidad climática en países pobres. Sin embargo, la naturaleza no siempre es la principal responsable de las tragedias. Detrás de cada carretera colapsada, de cada sistema de riego inconcluso, de cada obra de contención que fracasa y de cada programa ambiental que nunca se ejecuta, suele encontrarse una cadena de corrupción en el cambio climático, negligencia y ausencia de planificación. La lluvia puede ser intensa, pero la corrupción es la que convierte una emergencia en una catástrofe permanente.

Lo más dramático es que muchos de estos países poseen enormes riquezas naturales. Tienen minerales estratégicos, tierras fértiles, recursos energéticos, biodiversidad y potencial productivo suficiente para impulsar procesos sostenidos de desarrollo. Aun así, continúan atrapados en ciclos de dependencia, pobreza y atraso. Los recursos destinados a enfrentar los efectos del cambio climático terminan frecuentemente diluidos entre burocracias ineficientes, contratos direccionados, sobreprecios, redes clientelares y operadores políticos que confunden la administración pública con una oportunidad de enriquecimiento personal. Mientras las comunidades pierden sus cosechas y sus fuentes de ingreso, ciertos grupos convierten la desgracia colectiva en un negocio privado. La naturaleza destruye infraestructuras; la corrupción destruye oportunidades, confianza y futuro.

La verdadera tormenta que amenaza a los países del club de la miseria no proviene únicamente de la atmósfera. Proviene también de la degradación ética de quienes administran los recursos públicos y de sociedades que, muchas veces por resignación o necesidad, terminan tolerando prácticas que profundizan el deterioro institucional. Ninguna estrategia climática será suficiente mientras la corrupción continúe drenando recursos que deberían proteger a la población. Ningún discurso sobre sostenibilidad tendrá credibilidad mientras las prioridades sigan siendo los privilegios de unos pocos antes que el bienestar de las mayorías. El siglo XXI exige adaptación climática, innovación y resiliencia, pero exige también algo mucho más profundo: recuperar la honestidad como fundamento del desarrollo. De lo contrario, las futuras generaciones heredarán no solo un planeta más caliente, sino también Estados más débiles, sociedades más fragmentadas y una pobreza cada vez más difícil de superar.

(*)Doctor en Economía.
Posdoctoral Currículo, Discurso y Formación de Investigadores.
Académico Nacional e Internacional.

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El 29 de abril de 2026, tras la aprehensión del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, varios legisladores expresaron su apoyo a esta medida. Además, pidieron que Rojas enfrente prisión y no reciba beneficios como la detención domiciliaria, algo que ha ocurrido en otros casos.

Reacciones de los legisladores

El diputado Rolando Pacheco aplaudió la aprehensión y afirmó que cualquier autoridad que cometa irregularidades debería recibir el mismo trato. Pacheco destacó que es responsabilidad de todos los bolivianos combatir la corrupción y que este caso debe sentar un precedente.

“Esperamos que este gobierno siga denunciando a diferentes exfuncionarios que se metieron a la corrupción y a los actuales también. Pedimos mano dura por afectar la economía del pueblo boliviano”, declaró.

Expectativas sobre más aprehensiones

La diputada Sofía Rocha también se pronunció sobre el tema, sugiriendo que se conocerán más aprehensiones en los próximos días. Aplaudió las acciones contra exfuncionarios que “le robaron al país” y enfatizó que Rojas debe ser encarcelado, al igual que cualquier persona involucrada en actos de corrupción. Además, Rocha exigió que se implementen acciones para recuperar el dinero malversado.

“Se tiene que recuperar todo lo robado, no sirve de nada pasar cinco o seis años en la cárcel si se van a quedar con todos los millones que le han quitado a los bolivianos. Tenemos que recuperar toda la plata que se han robado”, afirmó la parlamentaria.

Demandas de justicia

Finalmente, la diputada Claudia Bilbao también solicitó que Rojas no reciba beneficios como la detención domiciliaria, recordando el caso del exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi. “Yo le digo a la justicia algo claro, dejen de ser parte del masismo, basta”, manifestó Bilbao.

Detalles sobre la aprehensión

Edwin Rojas fue aprehendido el 28 de abril por presuntas transacciones irregulares de bonos soberanos en 2024. Este exfuncionario formó parte de la gestión del exmandatario Luis Arce. El caso surgió tras una denuncia presentada por la nueva administración del BCB, y se estima un daño económico de $us 124 millones debido a estas operaciones, según informó el fiscal Miguel Cardozo.

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Denuncias de corrupción en la Policía de Bolivia

El comandante general de la Policía de Bolivia, Mirko Sokol, recibió denuncias por parte del vicepresidente Edmand Lara. Estas acusaciones incluyen presuntas faltas graves y delitos relacionados con encubrimiento, corrupción y narcotráfico, en el contexto del caso conocido como “maletas”. A pesar de las serias acusaciones, Sokol desestimó los cargos y advirtió sobre posibles acciones legales contra Lara.

Reacciones de Mirko Sokol

Sokol afirmó: “Sí, claro que sí. Yo me voy a someter a todas las pruebas que sean necesarias”. Además, indicó que la denuncia carece de fundamento y que las denuncias falsas pueden acarrear consecuencias penales. En este sentido, insinuó que Lara podría enfrentar problemas legales debido a su acusación.

Detalles de la denuncia formal

La denuncia formal se presentó el 14 de abril de 2026. Lara mencionó un informe sobre el ingreso irregular de una aeronave al aeropuerto Viru Viru, que transportaba carga no atendida oportunamente. La investigación se centra en el ingreso irregular de 32 valijas al Aeropuerto Internacional de Viru Viru en noviembre de 2025. Estas valijas habrían eludido los controles aduaneros utilizando un pasaporte diplomático a nombre de la exdiputada Laura Rojas.

Implicaciones legales y conexiones con narcotráfico

La investigación penal abarca delitos como tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas. Se relaciona este equipaje con el hallazgo posterior de 79 kg de marihuana en un galpón en Santa Cruz, así como con un posible movimiento financiero cercano a 100 millones de dólares.

Detenciones y declaraciones adicionales

Actualmente, más de diez implicados se encuentran bajo detención preventiva, incluyendo un juez y funcionarios aduaneros. Sokol también declaró: “No sé qué deber habré incumplido al haber presentado la denuncia hace nueve semanas”. Asimismo, sostuvo: “No sé a quién estaría encubriendo o sería cómplice”, refiriéndose a los dos servidores policiales ya involucrados en procesos penales y disciplinarios.

Afirmaciones finales de Sokol

Finalmente, Sokol concluyó: “Hay que entender que cuando uno presenta denuncias falsas puede ser sometido a procesos penales por denuncia falsa”. En su declaración final, afirmó: “Primero, tengo que demostrar que todo lo que dice es falso… y una vez que demuestre aquello, seguramente se iniciarán las acciones que correspondan”.

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Detención preventiva de Marcelo Arce

La Fiscalía de Bolivia solicitará la detención preventiva de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora. Esta medida se fundamenta en indicios probatorios sólidos y riesgos procesales de fuga y obstaculización de la justicia.

Ampliación de la investigación

Inicialmente, la investigación se centró en Arce Mosqueira, pero se amplió a su entorno familiar directo, incluyendo a sus hermanos y al exmandatario. El núcleo de la acusación reside en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que expone una desproporción entre los ingresos declarados de Arce Mosqueira y su patrimonio real.

Patrimonio irregular

Según el viceministro de Transparencia, Yamil García, el imputado figura como propietario de 18 bienes inmuebles y 20 vehículos. Estas cifras son calificadas por el Gobierno como “no definitivas”. Además, se detectaron transacciones bancarias sospechosas, destacando un movimiento de Bs 308.000 y otro en marzo de 2024 que superó los Bs 515.000. Estos montos no coinciden con su perfil económico como exempleado estatal.

Estructura paralela en YPFB

Más allá del enriquecimiento ilícito, las autoridades denuncian la existencia de una “estructura paralela” dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). A pesar de haber cesado en sus funciones como jefe de Ingeniería en YPFB Chaco, se alega que Marcelo Arce continuó operando desde un piso de la corporación para direccionar procesos de contratación.

Operativo policial

Durante el operativo de captura, la policía secuestró $us 16.500 y Bs 40.000. Además, incautaron un casco de la estatal petrolera, que presuntamente utilizaba para fingir ser funcionario activo y mantener influencia sobre el personal encargado de las licitaciones.

Estrategia fiscal

La estrategia de la Fiscalía apunta a desarticular una posible red de legitimación de ganancias. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca señaló que los reportes financieros relevantes no se limitan al aprehendido, sino que también alcanzan a sus hermanos. Uno ya cuenta con una declaración de rebeldía en otro proceso vinculado a la adquisición de inmuebles y vehículos de lujo.

Fase preliminar del caso

El Ministerio Público sostiene que esta fase preliminar es solo la “punta del ovillo”, que podría derivar en nuevos tipos penales como uso indebido de influencias y daño económico al Estado.

Se prevé que Arce Mosqueira preste su declaración informativa este jueves ante el fiscal asignado al caso en las celdas del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), en el Plan 3000 de Santa Cruz.

Imputación formal

Tras este paso, se procederá a la imputación formal donde se detallarán los nexos con personas extranjeras y las transferencias que habrían dado lugar al presunto blanqueamiento de capitales. El Gobierno ha enfatizado que este no es un caso de persecución política, sino un proceso estrictamente financiero basado en la falta de transparencia sobre fondos públicos.

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La exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, fue aprehendida este lunes en el marco de las investigaciones por corrupción en dicha entidad. Al momento de su captura, Parra calificó la medida de “injusta” y lanzó graves acusaciones contra figuras clave del oficialismo.

En sus declaraciones, Parra señaló que Nemesia Achacollo, Lidia Patty y Felipa Huanca operaban como un “equipo” en la gestión de los recursos, según información publicada por Unitel.

Parra deslindó responsabilidad sobre el manejo discrecional de los fondos y apuntó directamente a la exministra Nemesia Achacollo como la autoridad que daba el visto bueno a los desembolsos.

“Ella (Lidia Patty) ha solicitado, nadie le ha obligado. Doña Nemesia aprobó y autorizó. Eran equipo doña Nemesia, doña Lidia y doña Felipa”, sentenció la exdirectora.

El desfalco al Fondo Indígena

El desfalco al Fondo Indígena es uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país. Involucra millones de bolivianos destinados originalmente a proyectos de desarrollo para comunidades originarias.

La aprehensión de Parra y sus declaraciones pretenden forzar un giro en la investigación que alcance a las cabezas políticas que autorizaron los proyectos observados.

Situación legal de Lidia Patty

La situación legal de la exdiputada Lidia Patty se ha agravado recientemente, ya que actualmente cumple detención preventiva por procesos vinculados precisamente a esta institución. Las investigaciones detallan un manejo de recursos en cuentas personales bajo dos proyectos específicos: producción de tomate y papa, donde Patty recibió aproximadamente 700.000 bolivianos para la ejecución de este proyecto. Además, se investiga el desembolso de otros 650.000 bolivianos destinados a la producción de miel.

Nuevos procesos penales

El 3 de febrero de 2026, la Fiscalía Departamental de La Paz activó un segundo proceso penal contra la exministra Achacollo por el desfalco al Fondo Indígena. Este caso se suma a una primera acusación presentada en 2024, que aún no ha llegado a juicio. Achacollo es señalada como responsable de irregularidades en la administración de recursos del Fondo Indígena, junto a otros dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), según informó El Deber.

Implicaciones legales para Achacollo y Patty

El fiscal Miguel Cardozo informó que Achacollo, a pesar de no asistir a varias reuniones del directorio, firmó numerosos contratos y aprobó proyectos con denuncias de incumplimiento. Este nuevo proceso se relaciona con una ampliación de la investigación que involucra también al expresidente Luis Arce y a la exdiputada Patty, quienes ya enfrentan cargos por su papel en el desfalco.

Retrasos en el juicio contra Achacollo

El primer juicio contra Achacollo, relacionado con 153 proyectos del Fondo Indígena, se ha retrasado desde mayo de 2024 debido a que el Juzgado Anticorrupción mantiene retenido el pliego acusatorio. El abogado Eduardo León advirtió sobre la necesidad de revisar ambos procesos para evitar un doble juzgamiento.

Denuncias sobre persecución judicial

En otro contexto, Elvira Parra enfrenta más de 200 procesos judiciales relacionados con el mismo caso. Su abogado, Vladimir Gonzales, destacó que muchos de estos procesos son por los mismos delitos y cuestionó la falta de acción judicial en su defensa. Parra ha denunciado presiones y corrupción dentro del sistema judicial (Fuente Fides).

Opiniones sobre la situación legal

La situación de Parra ha sido calificada como una forma de persecución judicial por Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb). Ella enfatizó que el Estado es responsable por el daño causado y que hay patrones que indican una vulneración a los derechos humanos, según publicó Fides.

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La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, oficializó la destitución de Verónica Casablanca, exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), y de Melisa Bress, quien encabezaba la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss). Ambas autoridades fueron apartadas tras detectarse indicios de graves irregularidades financieras y presiones ilícitas.

Irregularidades en Aisem

El caso más crítico recae sobre la Aisem. Las investigaciones preliminares sugieren un esquema de sobornos para la adjudicación de contratos estatales. Según detalló la ministra Flores, se recibió una denuncia directa de una persona a quien se le exigió el pago de una coima equivalente al 10% del valor total de un proyecto para asegurar la licitación.

La gravedad del caso radica en la existencia de pruebas digitales, que incluyen capturas de conversaciones por chat y el uso de un código QR generado específicamente para facilitar la transferencia del dinero ilícito, así lo informó Erbol.

Extorsión en Asuss

De forma paralela, la situación en la Asuss revela una presunta red de extorsión interna dirigida contra el personal de la institución. Las denuncias indican que los funcionarios eran coaccionados para realizar aportes económicos mensuales con el fin de garantizar la estabilidad de sus puestos de trabajo.

Estos cobros, descritos como “aportes obligatorios”, oscilaban inicialmente entre 187 bolivianos y 500 bolivianos, pero en los últimos meses las exigencias habrían escalado hasta alcanzar 1.000 bolivianos, dependiendo del nivel salarial de cada trabajador afectado.

Acciones del Ministerio de Salud

Ante la contundencia de los indicios, la ministra Flores anunció que el Ministerio de Salud y el Estado Plurinacional de Bolivia no se limitarán a la destitución administrativa. Se constituirán como parte querellante en el proceso penal. “Este gobierno no tolera actos de corrupción en ningún ámbito”, subrayó el comunicado oficial del Ministerio de Salud Bolivia.

Además se confirmó que toda la documentación, incluidos los registros de los códigos QR y los testimonios de los funcionarios, será remitida al Ministerio Público para que se inicie la persecución penal contra las exdirectoras.

Contexto político y administrativo

Finalmente, la autoridad ministerial aclaró que ambas funcionarias eran remanentes de la gestión anterior y que su salida ya estaba en el radar del Ejecutivo. Según Flores, el propio Presidente de la Nación había instruido su desvinculación inmediata una vez que los reportes de corrupción llegaron a su despacho. La demora en los nuevos nombramientos se debió a un análisis técnico profundo que el Gobierno está realizando sobre el funcionamiento y la transparencia de estas dos instituciones clave para el sistema de salud boliviano.

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La Fiscalía de La Paz investiga hechos de corrupción ocurridos en la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) durante el anterior Gobierno. Esta acción se inició tras detectar un presunto esquema que generó una pérdida económica de Bs 101.065.912, lo que representa el 72% del capital de la empresa, según información publicada por Erbol.

Alcance de las investigaciones

Las investigaciones alcanzan a siete personas, entre ellas tres exministros de Desarrollo Rural, por sueldos fantasma y contrataciones de servicios que la empresa ya poseía. Según la fiscal Magaly Bustamante, este monto equivale a casi las tres cuartas partes de los Bs 140 millones que durante el Gobierno de Luis Arce se inyectó como capital inicial mediante Decreto Supremo en 2022.

Irregularidades detectadas

Entre las irregularidades más críticas expuestas por el Ministerio Público destaca el pago de salarios a personal de áreas que ya no existían. Por ejemplo, la Gerencia Pecuaria de B-Agro fue cerrada oficialmente en abril de 2024; sin embargo, su gerente continuó percibiendo una remuneración superior a Bs 17.000 mensuales desde mayo hasta diciembre de ese año, sin que se verificara ninguna función asignada.

Gastos excesivos y decisiones administrativas cuestionables

La fiscal Bustamante señaló que la empresa operaba con gastos que duplicaban sus ingresos reales. En la gestión 2024, los egresos registrados superaron Bs 24 millones, mientras que la producción anual apenas alcanzó Bs 13 millones.

A esto se suman decisiones administrativas calificadas como “innecesarias”. Por ejemplo, se rentaron predios para siembra, pese a que la empresa contaba con una dotación de tierras otorgada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria en Bolivia (INRA). En Santa Cruz, B-Agro alquiló equipos y contrató personal externo, ignorando que ya disponía de insumos, maquinaria y trabajadores propios para las tareas de producción.

Situación financiera crítica

La situación financiera de la estatal se agrava con la existencia de cuentas por pagar a corto y largo plazo. El informe fiscal menciona deudas por la devolución de anticipos de garantía a proveedores, además de sueldos y salarios devengados correspondientes a la gestión 2024 que aún no han sido cancelados.

Actualmente, el proceso investigativo se dirige contra siete personas, incluyendo al exgerente aprehendido, quien ejerció entre 2022 y 2024, y a tres exministros de Desarrollo Rural, bajo cuya tutela operaba la empresa creada para fortalecer la soberanía alimentaria.

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En una determinación de alto impacto político y jurídico, la jueza Alejandra Menacho ordenó este jueves la detención preventiva por 100 días del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández.

La autoridad municipal deberá cumplir la medida en el centro de rehabilitación de Palmasola, mientras se investigan presuntas irregularidades en la ejecución de obras de pavimentación en la capital cruceña.

Detalles del proceso judicial

La decisión judicial se tomó tras una audiencia de medidas cautelares que se extendió por más de cuatro horas en el Palacio de Justicia. Fernández, quien había sido aprehendido el pasado martes tras presentarse voluntariamente a declarar ante la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), es procesado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Origen del caso “Pavimento”

El origen de la investigación, denominada caso “Pavimento”, radica en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el exconcejal y actual candidato municipal Manuel Saavedra.

La acusación sostiene que existe un daño económico superior a 6 millones de bolivianos, debido a proyectos viales que figuran en los registros como concluidos y pagados, pero que físicamente se encuentran incompletos o inexistentes.

Irregularidades detectadas

La base probatoria del proceso incluye un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado, el cual detectó irregularidades en siete obras ejecutadas durante la gestión 2023.

Entre los hallazgos más críticos se menciona un faltante físico de 1,02 kilómetros de pavimento, el deterioro prematuro de calzadas y la presencia de postes de alumbrado público situados peligrosamente dentro de las vías pavimentadas.

Reacción de la defensa

Desde la defensa del burgomaestre, el abogado Fabio Jofré rechazó la determinación judicial, argumentando que el informe de la Contraloría es de carácter preliminar.

Según el jurista, dicho documento no establece indicios de responsabilidad penal, administrativa ni ejecutiva contra su defendido, por lo que consideran la detención como una medida desproporcionada.

Impacto institucional en Santa Cruz

Además del alcalde, la investigación alcanza al secretario de Obras Públicas, Sergio Luna, bajo los mismos cargos. Con esta orden de reclusión, la administración municipal de Santa Cruz de la Sierra entra en una fase de incertidumbre institucional, a la espera de las próximas acciones legales que intente la defensa para revertir el encarcelamiento de la máxima autoridad edil.

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La situación legal del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, se agrava. La Fiscalía de La Paz ha realizado una nueva imputación formal, esta vez por presuntas irregularidades en el proyecto de la planta piscícola inactiva en el Lago Titicaca. Esta infraestructura, según las indagaciones, está totalmente inactiva a pesar de los recursos dedicados a ella.

Evidencias de corrupción en el proyecto

El Ministerio Público ha advertido evidencias de corrupción tanto en el proceso de contratación como en la finalización de la obra de la planta piscícola. Uno de los elementos de prueba más consistentes es un testimonio que menciona un pago irregular de 80.000 bolivianos al representante legal encargado de la supervisión del proyecto.

Tras las evidencias, la Fiscalía ha tipificado la conducta de Flores en tres delitos penales: el primero por incumplimiento de deberes; el segundo por conducta antieconómica; y el tercero por enriquecimiento ilícito. EL exgerente de Emapa ya se encuentra en el penal de San Pedro con detención preventiva debido a otro proceso: las supuestas irregularidades en la entrega de harina subvencionada.

Solicitud de ampliación de detención preventiva

Con esta nueva imputación, la Fiscalía de La Paz ha solicitado al juez de control jurisdiccional que conduzca la ampliación de la detención preventiva del imputado por seis meses más. Durante este tiempo, se busca conocer los resultados de la auditoría a la planta piscícola en el Lago Titicaca y determinar el daño económico generado.

Impacto del proyecto en la seguridad alimentaria

La planta piscícola en el Lago Titicaca fue presentada como un proyecto estratégico para la seguridad alimentaria. Sin embargo, las denuncias sobre su falta de operatividad han hecho sonar la alarma sobre la gestión de Flores como director de Emapa. Ahora, el proceso busca esclarecer por qué una obra de esta magnitud no ha alcanzado su objetivo productivo.

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El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, fue trasladado de manera inmediata del penal de San Pedro al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Este cambio se produjo tras el hallazgo de un teléfono celular con mensajes comprometedores que lo implican en actividades políticas desde prisión.

Motivos del traslado a Chonchocoro

La decisión de las autoridades responde a las denuncias presentadas por la Fiscalía, que evidencian que Huarachi continuaba coordinando movilizaciones y bloqueos. Según el Ministerio Público, la revisión del dispositivo confiscado reveló mensajes donde Huarachi organizaba acciones en enero de 2026, en respuesta a las protestas contra el Decreto Supremo 5503.

Declaraciones del abogado demandante

Abel Loma, abogado de la parte demandante, afirmó: “La Fiscalía ha reconocido que el señor Juan Carlos Huarachi estaría liderando desde el interior movilizaciones con los de la COB”. Estas declaraciones se dieron al finalizar la audiencia celebrada este viernes.

Este hecho se conoció el mismo día en que la defensa legal argumentó sobre la libertad del exdirigente. Los nuevos indicios presentados complican su situación y podrían endurecer las condiciones de su detención. Por su parte, Huarachi no ofreció comentarios sobre el tema; solo indicó que corresponde al Régimen Penitenciario proporcionar detalles sobre el análisis del celular incautado.

Investigación por delitos graves

Juan Carlos Huarachi está siendo investigado por tres delitos significativos: enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión. El inicio del caso se relaciona con presuntos contratos en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, así como la recepción de 40.000 Bs.

Con el traslado a Chonchocoro, la situación legal de Huarachi se complica aún más. El proceso entra en una etapa crítica donde se analizarán las pruebas digitales encontradas en su teléfono celular. Este desarrollo podría tener repercusiones importantes en su defensa y en el futuro del caso.

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La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, no asistió a su segunda citación para declarar por el caso de corrupción en el Fondo Indígena (Fondioc). Su defensa solicitó que un cardiólogo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) certifique su estado de salud antes de fijar una nueva fecha.

Por segunda semana consecutiva, Achacollo, quien fue autoridad durante la gestión de Evo Morales, evadió su declaración informativa ante el Ministerio Público. Su abogado defensor, Mirko Suaznabar, informó que la inasistencia se debe a complicaciones de salud que requieren atención especializada.

La defensa ha solicitado formalmente a la comisión de fiscales que ordene una valoración a cargo de un cardiólogo del IDIF o un perito particular para determinar si está en condiciones físicas de someterse al interrogatorio.

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Análisis de certificados médicos

Ante la presentación de certificados médicos, los fiscales asignados al caso analizan la documentación para validar la incapacidad alegada. “Estamos a la espera de que la comisión realice la valoración adecuada; aún no se ha señalado nueva hora ni fecha para su declaración”, explicó Suaznabar.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre si ordenará una aprehensión o si aceptará una tercera reprogramación basada en el informe cardiológico solicitado.

Achacollo es investigada por su rol como presidente del directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) entre 2010 y 2015. El proceso busca esclarecer el destino de millonarios recursos destinados a proyectos productivos que nunca se ejecutaron o quedaron inconclusos.

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Nuevos desarrollos en el caso

Este caso ha tomado un nuevo impulso tras la detención preventiva del expresidente Luis Arce en diciembre de 2025. Arce, quien fungía como ministro de Economía durante el periodo investigado, se encuentra actualmente recluido en el penal de San Pedro de La Paz. Asimismo, la justicia procesa a la exdiputada Lidia Patty, vinculada a presuntas irregularidades en un proyecto específico de producción de hortalizas, tomates y papa.

Denuncias y consecuencias económicas

La Contraloría General del Estado (CGE) denunció en febrero de 2015 que 153 proyectos del Fondo Indígena no habían sido concluidos a pesar de haber recibido financiamiento.

Este escándalo ha generado controversia, ya que se implicó a dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes habrían recibido depósitos sin cumplir con las obras para sus regiones. El fiscal René Portales detalló que “son 153 proyectos que se denunciaron por haber desembolsado montos de dinero y así mismo denotar un incumplimiento y falta de ejecución”.

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El director jurídico de YPFB Corporación, Walter M., fue aprehendido este jueves tras prestar su declaración informativa ante la Fiscalía de La Paz.

Este funcionario enfrenta una investigación por su presunta responsabilidad en la suscripción de contratos observados para la adquisición de carburantes, un caso que podría extenderse a otros altos mandos de la estatal petrolera.

Detalles de la investigación

Según informó el fiscal anticorrupción Omar Yujra, la comisión de fiscales determinó la aprehensión al considerar que Walter M., en su calidad de director jurídico durante las gestiones 2023, 2024 y 2025, tenía pleno conocimiento de los procesos de contratación.

El fiscal señaló que el sindicado habría revisado y avalado informes legales y administrativos de contratos que hoy están bajo la lupa de la justicia y la Asamblea Legislativa.

Extensión del caso a otros funcionarios

La investigación no se limita al director jurídico. Yujra adelantó que se convocará a otras cinco personas, entre directores jurídicos y administrativos, quienes habrían autorizado procesos de contratación cuestionados, específicamente relacionados con YPFB Corporación y la empresa Boltrading.

Contexto actual y denuncias adicionales

Este arresto se produce en un contexto de alta tensión para la estatal. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, confirmó que existen dos denuncias adicionales en contra del actual presidente de YPFB, Yussef Akly.

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La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, presentó este jueves una denuncia formal sobre un presunto “triángulo de la corrupción” que operaría en las estructuras más altas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Según la legisladora, este esquema no es reciente. Se habría consolidado y mantenido desde la gestión del expresidente Luis Arce, permitiendo que un grupo selecto de políticos y empresarios extraiga recursos del Estado mediante la manipulación de contratos de hidrocarburos.

El punto más crítico de la denuncia señala la operación de lo que Patiño denominó el “Cártel de la gasolina basura: del lobby del litio a la adulteración de combustible”. Este grupo sería responsable de la circulación de carburantes de bajísima calidad, mezclados presuntamente con agua y alcohol. Esto ha provocado daños masivos en motores y sistemas de inyección de vehículos en todo el territorio boliviano.

La diputada enfatizó que esta “gasolina basura” no es consecuencia de una falla técnica en las refinerías, sino un “negocio ilícito” planificado para maximizar ganancias privadas a costa del patrimonio público.

Identificación de los protagonistas

La denuncia identifica a los protagonistas de este entramado y señala nexos de influencia que vinculan el sector del litio con el de los hidrocarburos. Entre los señalados figura Marcelo Arce Mosqueira, hijo del exmandatario, a quien Patiño identificó como el articulador de negocios estratégicos. A él se suma Jorge Alberto Roca Kauffman, actual director de YPFB y exejecutivo de una filial rusa de litio.

Patiño subrayó que Roca Kauffman incurre en un evidente conflicto de intereses. Mientras toma decisiones en el directorio de la estatal, es simultáneamente socio de la empresa Energy Oil Corporation PM SRL, encargada del transporte de combustible en cisternas para la misma YPFB.

Vínculos contractuales denunciados

Patiño también apuntó al actual presidente de YPFB, Yussef Akly, denunciando que este mantiene vínculos contractuales con Roca Kauffman que se arrastran desde la administración anterior. En este esquema también fue mencionado Armin Dorgathen, anterior cabeza de la estatal (actualmente calificado como prófugo), y las empresas de logística Energy Oil y Camin Cargo.

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Peticiones y acciones futuras

Según la diputada, estas compañías serían las piezas operativas que completan el triángulo. Facilitan el movimiento del combustible observado y aseguran la continuidad de los beneficios económicos para la denominada “cúpula del lobby”. Como medida inmediata, la parlamentaria informó sobre la presentación de una Petición de Informe Escrito (PIE) que contiene 30 preguntas clave dirigidas al Ministerio de Hidrocarburos, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a la propia presidencia de YPFB.

El objetivo es esclarecer por qué se permiten estos conflictos de intereses y quién autorizó la distribución del combustible contaminado. Finalmente, Patiño anunció que solicitará interpelaciones parlamentarias y la activación de procesos penales. Advirtió que “todos los responsables, incluidos directivos actuales y exfuncionarios, deberán rendir cuentas ante la justicia” por este presunto daño económico al país.

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Rafael Arce Mosqueira enfrenta nueva citación por legitimación

La Fiscalía de La Paz abrió de oficio una segunda investigación penal contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora. Esta acción se debe a la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Citación formal del Ministerio Público

El pasado 5 de febrero, el Ministerio Público expidió una citación formal que conmina al sindicado a presentarse a declarar el próximo 19 de febrero a las 11:00 horas en las dependencias de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción.

Consecuencias de no comparecer

La orden fiscal advierte que, si Arce Mosqueira no se presenta a la comparecencia, se emitirá de inmediato una orden de aprehensión en su contra. El documento oficial establece que debe acudir acompañado de su abogado defensor y con su documento de identidad. Además, se le recuerda que la asistencia es obligatoria y que, en caso de desobediencia, se expedirá un mandamiento de aprehensión conforme al Art. 224 del Código de Procedimiento Penal.

Investigaciones preliminares

Según las investigaciones preliminares, el hijo del exmandatario es investigado por la adquisición de predios productivos, inmuebles y vehículos de alta gama. También se registran movimientos económicos millonarios que, según la Fiscalía, no guardan relación alguna con su perfil económico declarado.

Contexto actual y fuga

Esta nueva citación ocurre en un contexto complicado, ya que el paradero de Rafael Arce Mosqueira es desconocido para las autoridades bolivianas. El pasado 22 de enero, fue declarado rebelde ante la ley tras no presentarse a una audiencia de medidas cautelares en un primer proceso vinculado a enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

Solicitud ante Interpol

Como consecuencia de esta declaratoria de rebeldía, la Fiscalía formalizó ante Interpol la solicitud de “sello rojo”. Esta medida busca la ubicación, captura y posterior extradición del sindicado para que responda por las denuncias de corrupción y manejo irregular de activos que pesan en su contra.

Crisis judicial familiar

La situación jurídica de Rafael Arce se suma a la crisis judicial que atraviesa su familia. Su padre, el expresidente Luis Arce Catacora, actualmente se encuentra recluido con detención preventiva en el penal de San Pedro en La Paz por el caso del desfalco al ex-Fondo Indígena.

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Detalles de las citaciones

Entre los convocados se encontraba el representante legal de la firma china, quien es considerado sindicado en el caso, así como otros funcionarios de esa nacionalidad que debían comparecer como testigos.

El fiscal Omar Yujra explicó que el abogado que representa a estos ciudadanos chinos devolvió las notificaciones, argumentando que no ha podido establecer contacto con quienes representa.

Allanamiento y testimonios

Las citaciones fueron entregadas la semana pasada en las oficinas que la empresa tiene en La Paz, justo en el momento en que la Fiscalía llevó a cabo un allanamiento en el lugar.

El fiscal destacó que el testimonio de estas personas es crucial para la investigación, ya que poseen información directa sobre las actividades que se llevaron a cabo entre 2017 y 2025.

Próximas acciones de la Fiscalía

Además, anunció que se procederá a analizar toda la información recopilada en el caso para definir las próximas medidas a tomar.

Daño económico y beneficios

La investigación comenzó tras detectar un presunto daño económico de millones de dólares, que se habría generado por los beneficios que recibió la empresa al ser adjudicada la obra en El Sillar.

Entre los aspectos que se están investigando, se menciona que la empresa habría obtenido ventajas al utilizar un tipo de cambio diferente al oficial para la ejecución de su contrato.

Investigación del exministro

En esta causa también se encuentra bajo investigación el exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien actualmente está bajo detención preventiva.

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García ha vinculado estos amedrentamientos a un “esquema poderoso” que busca obstaculizar las investigaciones sobre presuntas irregularidades y sobreprecios en la compra de terrenos y la construcción de oficinas en la ciudad de Tarija.

Investigación sobre terrenos

La investigación principal se centra en la compra de un terreno por el que la Aduana Nacional pagó 2,7 millones de bolivianos. Sin embargo, un avalúo realizado por la misma entidad en 2022 estableció que el valor real era de solo 1,4 millones de bolivianos.

García ha calificado esta diferencia como un evidente sobreprecio que afecta los recursos públicos de los bolivianos. A pesar de las amenazas recibidas, el Ministerio de Justicia ha asegurado que no cesará en sus acciones legales.

Anomalías en la adjudicación

Además de la compra del terreno, la auditoría estatal ha detectado irregularidades en la adjudicación de la infraestructura. Según informó el viceministro, se han identificado contratos modificatorios sospechosos que benefician a la empresa constructora.

Por ejemplo, se autorizó la reducción del espesor de los vidrios del edificio de 10 a 6 milímetros. Paradójicamente, esta reducción de calidad resultó en un incremento del costo final de la obra.

Limitaciones de la investigación

García ha aclarado que las pesquisas se centran exclusivamente en la gestión de contrataciones y la administración de bienes del Estado. Se ha descartado cualquier injerencia en la vida privada de la exejecutiva Serrudo.

La autoridad ha enfatizado que estas acciones judiciales son necesarias para desmantelar estructuras de corrupción que manipulan órdenes de cambio y documentos contractuales para beneficio personal.

Reportes de amenazas digitales

Finalmente, el viceministro ha reiterado que las amenazas digitales serán reportadas ante las instancias correspondientes. Esto se considera un peligro de obstaculización a la justicia.

La investigación continúa en curso para determinar las responsabilidades penales de los funcionarios y empresarios involucrados en el manejo de estos fondos destinados a la Aduana en el departamento de Tarija.

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Conflicto por corrupción

El conflicto estalló cuando Rada observó que Lara y Romero estaban involucrados en presuntos actos de corrupción al recibir sueldos del Estado sin justificar su trabajo parlamentario. Según el legislador cruceño, ambos habrían cobrado recursos públicos sin poder demostrar que estaban cumpliendo con sus funciones.

Reacción del vicepresidente

La reacción de Lara se produjo tras la descompensación de salud de su esposa, quien fue evacuada a una clínica en Santa Cruz. En este contexto, el vicepresidente emitió un discurso amenazante contra Rada, a quien responsabilizó por el estado de salud de la diputada Romero.

Lara anunció que iniciará acciones legales y lanzó una advertencia directa, afirmando que estaba dispuesto a enfrentarlo “cara a cara” y, si era necesario, “de hombre a hombre”. Además, aseguró que le “enseñaría a Ricardo Rada Ceballos a respetar a una mujer”. Acusó a Rada de actuar con cobardía y defendió que su esposa no incurre en nepotismo, ya que fue elegida democráticamente por Santa Cruz.

Advertencia de la diputada

La diputada Diana Romero también advirtió que podría iniciar acciones legales por un presunto caso de acoso político. Ante esta situación, Rada emitió un comunicado público en el que negó tener tal intención y reafirmó su compromiso con la ética, la no violencia y la fiscalización. Sin embargo, insistió en la importancia de denunciar hechos de corrupción o el mal uso de la confianza ciudadana en la Asamblea Legislativa.

Denuncias de Rada

Rada afirmó que “es un acto de corrupción cobrar un sueldo sin justificarse”. Además, sostuvo que el pueblo boliviano paga al vicepresidente “no para hacer TikTok y turismo, sino para que cumpla sus funciones y no deje botado el cargo”. Aseguró que no dejará de fiscalizar y acusó a Lara y a su esposa de recibir más de 20 mil bolivianos mensuales cada uno, además de haber cobrado alrededor de 20 mil bolivianos en viáticos el mes anterior.

“Son cerca de 70 mil bolivianos que salen del bolsillo de los ciudadanos para una pareja que no justifica su trabajo”, afirmó Rada en declaraciones a un medio televisivo. También observó la salida del país del vicepresidente y anunció que presentará una petición de informe oral a la Cancillería para averiguar si dicho viaje se realizó conforme a norma o si hubo un eventual abandono de funciones.

Críticas a la diputada

Rada ratificó sus críticas hacia la diputada Romero por sus reiteradas inasistencias a las sesiones del pleno y por realizar viajes junto al vicepresidente. Aseguró que continuará con su labor de fiscalización “tal como manda la Constitución y las leyes”.

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Operativo y recolección de pruebas

El fiscal Omar Yujra comunicó que durante el operativo se recolectó documentación que se considera relevante para el proceso investigativo. Además, se secuestraron equipos electrónicos, incluidos teléfonos celulares.

Asimismo, Yujra indicó que varios ambientes de las oficinas fueron precintados debido a la gran cantidad de documentos que serán analizados en el transcurso de la investigación.

Daño económico al Estado

La investigación se centra en un presunto daño económico al Estado que superaría los 2,000,000 de dólares. Este daño se derivaría de supuestos favorecimientos a la empresa que fue adjudicataria de la obra.

Entre los indicios que han sido observados se encuentra la aplicación de un tipo de cambio diferente al oficial durante el proceso de contratación, lo que aparentemente ha generado un perjuicio económico considerable.

Implicaciones para exministro

El caso también involucra al exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien actualmente se encuentra en detención preventiva mientras avanzan las investigaciones. Según la Fiscalía, las pesquisas están relacionadas con fallas estructurales que se han detectado en varios tramos de la carretera, específicamente en el sector de El Sillar.

Convocatorias a declarar

El Ministerio Público ha informado que se convocará a declarar a otras personas que presuntamente están implicadas en el caso. Entre estas personas se encuentran el representante legal de Sinohydro y un ciudadano chino vinculado a la empresa.

La documentación y los elementos que fueron recolectados durante el allanamiento serán sometidos a pericias para establecer responsabilidades y determinar el alcance del presunto daño económico.

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Daño económico al Estado

El viceministro de Transparencia, Yamil García, ha informado que el daño económico al Estado se estima en aproximadamente Bs 10 millones. Esto se relaciona con una obra cuyo costo total fue de alrededor de Bs 27 millones. Según la denuncia, tanto la compra del terreno como la ejecución de la infraestructura se habrían realizado a precios superiores al valor de mercado.

Conexiones familiares en la investigación

García ha señalado que, tras la denuncia inicial, se ha recibido información adicional que podría revelar conexiones entre altas exautoridades de la Aduana de gestiones anteriores y representantes de empresas constructoras. Algunas de estas empresas tienen lazos de parentesco con las exautoridades. Esta información está siendo procesada y la investigación podría ampliarse en los próximos días.

Denuncia contra exautoridades

La autoridad ha confirmado que la Fiscalía ha admitido la denuncia presentada contra la expresidente de la Aduana, Karina Serrudo. Esta denuncia incluye los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. En el mismo proceso también están involucrados representantes de la Sociedad Accidental Guadalquivir y de la empresa que vendió el terreno en Tarija.

Irregularidades en la licitación

Según las investigaciones, los hechos se remontan a febrero de 2017, cuando se lanzó la licitación para la compra de un terreno destinado a un recinto aduanero. Tras dos procesos anulados, en el tercero se adjudicó la compra por Bs 2.760.000, a pesar de que existía otra oferta por Bs 1.800.000. Esta situación ha sido identificada como una primera irregularidad en el proceso.

La investigación también está analizando el costo de la construcción. De acuerdo con el Viceministerio de Transparencia, un análisis de mercado ha establecido que el precio referencial del metro cuadrado en la zona era de aproximadamente 300 dólares. Sin embargo, la empresa contratada aparentemente cobró cerca de 1.000 dólares por metro cuadrado, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.

Documentación del terreno

Otro aspecto cuestionado es que el terreno adquirido no contaba con la documentación saneada al momento de la compra. Aunque el contrato estipulaba un plazo de 25 días para la entrega de los papeles, el saneamiento se concretó recién dos años después de la compra.

García ha indicado que la investigación no se limitará a las personas inicialmente denunciadas. Se ampliará a funcionarios que formaron parte de la Unidad Solicitante, la Comisión de Calificación y las áreas legal y de supervisión, quienes fueron responsables del proceso de licitación y ejecución de la obra.

Responsabilidades en la corrupción

Las indagaciones buscan determinar las responsabilidades en presuntos hechos de corrupción que habrían beneficiado a empresarios y familiares de exautoridades. Este caso pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la gestión pública y el control de las obras estatales.

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Al ser preguntado sobre su plan de reducir el gasto público en un 30%, el mandatario explicó: “Junto a nuestro equipo y gabinete hemos calculado que a finales de febrero habremos alcanzado esa meta del 30%, y es algo sorprendente. No puedo dar más detalles ahora, pero una parte importante de ese recorte se debe a una cantidad considerable de ítems de personal que eran ficticios creados para fines políticos y como parte de la corrupción del pasado”.

Impacto en la economía

Paz destacó que eliminar estas irregularidades tendrá un efecto muy positivo en la economía boliviana durante su gestión. “Al eliminar esos ítems y cargos fantasmas, el proceso se facilita mucho porque nadie va a poder reclamar, simplemente no existen. Ese dinero iba directamente a manos de personas que no hacían nada por el Estado”, enfatizó.

Revelaciones futuras

El jefe de Estado mencionó que se están descubriendo varias situaciones que serán reveladas en el momento adecuado. Poner fin a estas prácticas permitirá cumplir con los objetivos planteados para el país.

A pesar de las opiniones contrarias, el presidente estima que la economía boliviana mostrará crecimiento durante su mandato.

Prioridad en el bienestar

Paz subrayó que su máxima prioridad es el bienestar de Bolivia, por encima de cualquier etiqueta política de izquierda o derecha. Afirmó que la “ideología de la corrupción” ha afectado a ambas corrientes, siempre a expensas de las necesidades de la población.

“Mi único objetivo es que Bolivia prospere, no me importa si se considera de izquierda o derecha. El sentido común nos debe llevar a entender que la gran mayoría necesita tener la posibilidad de crecer con dignidad, desarrollarse en su tierra y contar con salud y educación de calidad”, manifestó.

Foro Económico Internacional

El presidente Rodrigo Paz participa en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF en la ciudad de Panamá.

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Karina Serrudo, quien ocupó un cargo en el gobierno de Luis Arce, enfrenta acusaciones por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Según el viceministro de Transparencia, Yamil García, se ha identificado un daño económico potencial de más de 10.000.000 bolivianos en relación con el proyecto de adquisición del terreno y la construcción de las oficinas de la Aduana en Tarija.

Irregularidades en la compra

García explicó que se ha detectado un posible “direccionamiento” en el proceso de compra del terreno, favoreciendo a un vendedor que ofrecía un precio más alto que otro proponente. Un proponente ofreció el terreno por 1.816.513 bolivianos, mientras que el segundo lo hizo por 2.784.000 bolivianos. El primer proponente cumplía con todas las características requeridas, mientras que el segundo ofrecía una propiedad que no tenía los documentos en regla, ni el derecho propietario individualizado, y carecía de accesibilidad adecuada para la población.

Finalmente, el terreno fue adquirido al segundo proponente, y García aseguró que la falta de documentación quedó evidenciada, ya que dos años después se regularizó el derecho propietario. En este terreno, se construyeron las nuevas oficinas de la Aduana, con un proyecto que tuvo un costo de 22.618.549 bolivianos.

Sobreprecio en la construcción

García también destacó que el precio aproximado por metro cuadrado de construcción en Tarija, al inicio del proceso de contratación, era de aproximadamente 300 dólares con materiales razonables. Sin embargo, el precio del metro cuadrado contratado para la Aduana fue de 1.000 dólares, lo que indica claros indicios de sobreprecio en la obra.

Cuestionamientos sobre la utilidad

Además, el viceministro cuestionó la utilidad del proyecto, señalando que, a pesar de una inversión total que supera los 24.000.000 bolivianos para solucionar problemas de infraestructura, la Aduana continuó alquilando otros dos inmuebles. Esto sugiere que también hubo errores en la planificación del proyecto, según García.

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Según explicó la primera autoridad del Estado, su Gobierno está avanzando con investigaciones que se harán públicas de manera progresiva a medida que se consoliden los procesos.

El mandatario señaló que los casos detectados no serán hechos aislados, sino que revelarán redes de corrupción que aparentemente se han consolidado durante años. En este contexto, sostuvo que el objetivo de su gestión no es generar repercusión mediática, sino desarticular estructuras irregulares y llevar a los responsables ante la justicia.

Escándalos por venir

“Van a saltar muchos escándalos, que van a tocar muchos nombres, muchas instancias (…). A nosotros no nos interesa hacer escándalos, lo que nos interesa es desmontar la corrupción a todos los niveles”, dijo a Radio Panamericana.

Paz explicó que las denuncias no se presentan de forma inmediata para evitar que los involucrados puedan evadir responsabilidades. Indicó que las investigaciones siguen una planificación que permite identificar a todos los presuntos implicados antes de que los casos sean judicializados.

Exautoridades ante la justicia

Asimismo, el jefe de Estado afirmó que ya hay exautoridades que están compareciendo ante la justicia y calificó este hecho como inédito en un corto periodo de gestión.

Añadió que algunas personas vinculadas a estos procesos han abandonado el país, pero aseguró que se llevarán a cabo las acciones necesarias para que rindan cuentas ante la justicia boliviana. “Los vamos a traer a la Patria. Van a tener que hablarle al país sobre las fechorías que han hecho, devolver la plata”, destacó.

Fortalecimiento de la transparencia

El Presidente afirmó que estas acciones forman parte de un proceso de reordenamiento institucional orientado a fortalecer la transparencia y recuperar la confianza de la población. Reiteró que la lucha contra la corrupción será una prioridad de su Gobierno.

“Bolivia se tiene que acostumbrar a funcionar bajo valores, bajo transparencia. Y van a haber mayores escándalos”, sostuvo.

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Más de 20 personas, entre ellas exgerentes y exministros, están involucradas en un esquema que ha generado un daño económico al Estado que supera los Bs 1.000 millones. Las investigaciones comenzaron hace más de 2 meses y se han intensificado desde que el gobierno intervino en noviembre de 2025.

Irregularidades en todos los niveles

Los actos de corrupción se han extendido a todos los niveles de Emapa, desde los cajeros hasta los altos cargos directivos. “Hemos encontrado casos de faltantes de dinero en el cierre de cajas de supermercados, y esto ocurría todos los días”, relató Siles. Se sospecha que existe una red que podría involucrar desde el personal operativo hasta los altos mandos jerárquicos.

“Esta cadena podía comenzar con el portero o el cajero y escalar hasta el almacenero, técnicos, jefes de unidad, gerentes de área, gerencia general e incluso el directorio”, explicó Siles.

Detenciones y despidos

Como resultado de estos controles, se identificó a más de 20 personas con presuntas irregularidades y enriquecimiento ilícito. Entre los implicados se encuentran el exgerente Franklin Flores y los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani. La mayoría de ellos se encuentra actualmente bajo detención preventiva.

Las deficiencias administrativas han alcanzado niveles alarmantes. Durante una inspección a la planta procesadora de papa en El Alto, se evidenció una falta de coordinación entre las diferentes gerencias. “Encontramos un lote considerable de papa frita premium almacenada, pero el área de comercialización no tenía conocimiento de su elaboración”, señaló Siles.

Medidas adoptadas por Emapa

Consultado sobre las medidas que se han tomado, Siles indicó que se ha removido a todo el personal que ocupaba cargos de decisión. Esto ha implicado despidos en varios niveles jerárquicos. “Hay administrativos y técnicos que ya fueron identificados y que dejaron de formar parte de Emapa”, aseguró.

Las denuncias sobre irregularidades no son algo nuevo y se remontan a hace 16 años, según los productores que han denunciado estos hechos desde 2008. Las irregularidades se intensificaron durante la gestión de Franklin Flores, que abarcó desde 2021 hasta 2025. “Llegamos a ver que un camión de maíz que salía de Emapa a Bs 74,5 el quintal se revendía en más de Bs 105 en los mercados cruceños”, relató un productor.

Opiniones sobre la situación

El ministro José Luis Lupo calificó a Emapa como “inviable”, mientras que Siles defendió la continuidad de la empresa bajo una nueva estructura para cumplir con sus objetivos. “Cerrar estas plantas sería una decisión prematura e irresponsable”, afirmó Siles.

El informe presentado por Lupo evaluó la situación de 67 empresas estatales, de las cuales 14 fueron calificadas como inviables y han generado un gasto significativo.

Planes de reestructuración

Emapa está planeando una reestructuración profunda que se centrará en tres ejes principales: identificar penalmente a los responsables de corrupción; ejecutar una reingeniería integral; y evaluar qué plantas continuarán bajo su administración o pasarán a manos privadas. Se busca garantizar la soberanía alimentaria sin recurrir a subvenciones mal utilizadas.

Las auditorías han identificado irregularidades en varios casos relacionados con harina subvencionada y otros productos, lo que representa un daño económico al Estado que supera los Bs 274 millones, según datos oficiales. Sin embargo, cifras preliminares sugieren que el desfalco total podría superar los Bs 1.000 millones. “Solo en el caso de Emapa estamos hablando de montos que superan los mil millones”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Justiniano, sobre esta empresa que fue creada hace 19 años durante el gobierno anterior.

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La decisión fue anunciada por el presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, quien enfatizó que no habrá tolerancia ante hechos irregulares dentro de la institución. En este proceso también se está investigando a un juez y a una exlegisladora.

“No vamos a encubrir ningún acto de corrupción, sin importar de quién se trate. No se trata de simples faltas administrativas, sino de hechos de carácter criminal que deben ser sancionados conforme a la ley”, declaró Soto de la Vía, según un comunicado institucional.

Rol de parte querellante

Además, Soto de la Vía anunció que la Aduana Nacional asumirá el rol de parte querellante en este caso. La entidad se compromete a garantizar la entrega de toda la información, documentación y el apoyo técnico necesarios para que los responsables enfrenten la justicia.

El pronunciamiento oficial indica que se ha dispuesto la suspensión inmediata de los servidores públicos que trabajan en el aeropuerto de Viru Viru. Esta medida busca resguardar la transparencia de la investigación y evitar posibles interferencias en el proceso.

Allanamiento y descubrimientos

El caso se hizo público tras un allanamiento a un galpón, que se realizó inicialmente por un presunto delito de tráfico de armas. Sin embargo, durante el operativo se encontró droga, lo que llevó a una segunda investigación por tráfico de sustancias controladas.

Según las indagaciones, se presume que la droga incautada estaría relacionada con el caso de las maletas que habrían ingresado de manera irregular por Viru Viru el mismo día de la llegada de la exdiputada Laura Rojas.

Aprehensión del juez

En este contexto, el juez Hebert Zeballos fue aprehendido el 23 de enero de 2026 y será presentado ante un juez cautelar en las próximas horas para que se defina su situación legal. Aunque el acusado ha negado cualquier vínculo con el caso, la Fiscalía sostiene que el galpón donde se halló la droga sería de su propiedad.

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Compromiso contra la corrupción

El presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, afirmó: “No vamos a encubrir ningún acto de corrupción, sea quien sea”. Además, indicó que, junto a la investigación externa, se llevará a cabo una investigación interna exhaustiva con las unidades correspondientes. Esto tiene como objetivo sancionar cualquier negligencia u omisión en el cumplimiento del deber.

Transparencia en la investigación

En el comunicado emitido por la institución, se asegura a la población que el proceso de investigación se desarrollará con total transparencia y en apego a la ley.

Allanamiento en el aeropuerto

El jueves 22 de enero de 2026, tanto la Fiscalía como la Policía realizaron un allanamiento en el aeropuerto Viru Viru, en el departamento de Santa Cruz. Esta acción se enmarca dentro de la investigación relacionada con las maletas que supuestamente llegaron en un vuelo privado.

Citación a Laura Rojas

Laura Rojas ha sido citada a declarar en calidad de testigo para el 26 de enero de 2026, a las 10:00 horas. Esto forma parte de la investigación por presunto tráfico de sustancias controladas.

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Identificación de los sospechosos

Este lunes 19 de enero de 2026, el fiscal departamental, José Ernesto Mogro, confirmó esta información, aunque aclaró que por motivos de la investigación no se pueden revelar las identidades de los implicados.

“Ya tenemos identificado a los autores intelectuales, tenemos la certeza y no puedo dar nombres precisamente porque estas personas no han sido aprehendidas, pero ya se tiene identificado”, declaró Mogro, según lo informado por El Deber.

Reserva judicial del caso

El fiscal también explicó que el caso está bajo reserva judicial desde hace una semana. Esta medida fue dispuesta por una jueza cautelar con el fin de proteger las pruebas, prevenir la fuga de los sospechosos y asegurar la efectividad de las investigaciones tanto fiscales como policiales.

Avances en la investigación

Mogro indicó que, además de haber identificado a quienes aparentemente contrataron a los responsables del crimen, se ha avanzado en la investigación del copartícipe que estaba con el ciudadano extranjero que disparó contra Aramayo. Este ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba dentro de su vehículo.

El asesinato de Aramayo tuvo lugar el 8 de enero de 2026, cuando recibió dos impactos de bala, uno de los cuales le causó la muerte. Por este hecho, el ciudadano uruguayo Marco Adrián C. E. se encuentra en detención preventiva por un periodo de 6 meses en el penal de Morros Blancos.

Repercusiones a nivel nacional

El fiscal destacó que se han registrado avances significativos en la investigación, gracias a los allanamientos y la toma de declaraciones a nuevos testigos. Sin embargo, reiteró que el proceso sigue en reserva.

Este caso ha generado una gran repercusión a nivel nacional, especialmente por el vínculo personal y político que Aramayo tenía con el Presidente Rodrigo Paz Pereira. El mandatario asistió a las exequias que se llevaron a cabo en el cementerio Jardín El Remanso.

Posteriormente, el Presidente se refirió al asesinato en un acto protocolar, donde afirmó que la corrupción fue un factor determinante en la muerte de Aramayo.

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El fiscal anticorrupción Omar Yujra explicó que “son funcionarios de áreas técnicas y jurídicas de YPFB Corporación, estamos hablando de cinco personas a las que se ha ampliado la investigación por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, continúan prestando servicios”.

Detalles del caso Botrading II

La investigación relacionada con el caso Botrading II se centra en un préstamo de 80 millones de dólares que YPFB Corporación otorgó a la subsidiaria Botrading. De este monto, la empresa solo ha devuelto 25 millones, lo que ha llevado a que el extitular de la petrolera pública, junto con otros exfuncionarios y empleados en servicio, sean objeto de investigación.

El fiscal del caso indicó que “estas personas se encargaban de la supervisión, de la elaboración de estos contratos que están observados”.

Principales sospechosos del caso

Uno de los principales sospechosos en este escándalo de corrupción es el extitular de YPFB, Armin Dorgathen. Este exfuncionario ha escapado a Brasil, donde recientemente fue visto en un parque de diversiones.

El fiscal anticorrupción mencionó que “el Ministerio Público ha solicitado el sello rojo (contra Dorgathen), estamos a la espera de que esta activación se ejecute”.

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La información fue confirmada el domingo 18 de enero de 2026 por Jesús Vera, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz. Vera recordó que la audiencia fue programada el 5 de diciembre de 2025, tras la reaparición pública de Revilla, quien había estado prófugo desde noviembre de 2021. En ese momento, se activaron alertas migratorias y notificaciones internacionales de Interpol.

Condición de fuga

Vera destacó que la condición de fuga de Revilla es un agravante que debe ser tomado en cuenta por la autoridad judicial. El Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva del exalcalde en el penal de San Pedro por un periodo de 6 meses.

Además, Vera mencionó que la última citación fiscal fue emitida en enero de 2022. Sin embargo, tras la reprogramación de una audiencia, Revilla abandonó el país, lo que ha generado cuestionamientos sobre su conducta.

Cuestionamientos sobre la reaparición

El dirigente vecinal criticó que, a pesar de estos antecedentes, Revilla haya reaparecido en redes sociales y participado en actividades políticas. También logró la anulación de dos órdenes de aprehensión en su contra.

Vera también cuestionó la falta de acción por parte de la Alcaldía de La Paz y el Concejo Municipal, quienes inicialmente se presentaron como parte afectada en el proceso, pero han dejado de impulsar la causa.

Informe de la Dirección Jurídica

Según Vera, un informe de la Dirección Jurídica municipal indica que la compra de los buses no contaba con un Estudio Técnico de Factibilidad. Además, se señala que parte de la documentación presentada era falsa, lo que aparentemente facilitó el desembolso de recursos.

A raíz de este informe, el alcalde Iván Arias y la Procuraduría General del Estado se han sumado al proceso como víctimas.

Delitos investigados

Revilla enfrenta una investigación por presuntos delitos que incluyen daño económico al Estado, contratos lesivos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Según el denunciante, el daño económico asciende a 26 millones de bolivianos en la primera compra, además de montos similares en adquisiciones posteriores que aún no han sido investigadas.

Vera informó que todas las partes procesales, incluido el exalcalde, ya han sido legalmente notificadas. Por lo tanto, la audiencia cautelar deberá realizarse sin dilaciones. También solicitó a las instituciones competentes que realicen un seguimiento al proceso para evitar posibles irregularidades.

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Luis Arce ha estado detenido desde el 10 de diciembre de 2025, enfrentando acusaciones por supuestas irregularidades en el caso Fondo Indígena. Estos hechos aparentemente ocurrieron cuando Arce ocupaba el cargo de ministro de Economía.

Aprehensiones recientes

El 2 de enero de 2026, fue aprehendido Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). La justicia determinó que Flores cumpla 5 meses de detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, tras ser declarado rebelde por no cumplir con una medida de detención domiciliaria.

Flores está siendo investigado por presuntas irregularidades en varias plantas procesadoras de papa en El Alto y Chuquisaca, así como en una planta piscícola en el lago Titicaca. También se le acusa de alquiler de maquinaria agrícola a un precio inflado en San Buenaventura, daños en la siembra de maíz en Guarayos y problemas en la distribución de harina subvencionada, entre otros hechos.

Exministro de obras públicas

El 9 de enero de 2026, fue aprehendido Edgar Montaño, exministro de Obras Públicas. Montaño enfrenta acusaciones por conducta antieconómica, contratos que supuestamente son lesivos al Estado e incumplimiento de deberes en relación con el proyecto de la doble vía El Sillar, que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Según las investigaciones, el daño económico podría ascender a aproximadamente 2 millones de dólares.

Investigaciones en YPFB

Las investigaciones también han alcanzado a Armin Dorgathen, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sobre Dorgathen pesa una orden de aprehensión en el marco de un proceso por presuntos hechos de corrupción, según información proporcionada por instancias judiciales.

Otros exministros detenidos

En las últimas horas, fueron aprehendidos Zenón Mamani y Néstor Huanca, exministros de Desarrollo Productivo. Ambos están siendo investigados por presuntos delitos que incluyen contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos.

Estos casos recientes se suman a otros procesos abiertos desde 2021 contra exautoridades de la misma gestión. Entre ellos se encuentran Juan Santos Cruz, exministro de Medio Ambiente y Agua; Alan Lisperguer, exministro de Desarrollo Rural y Tierras; Edwin Characayo, exministro de Desarrollo Rural y Tierras; Wilson Cáceres, exministro de Desarrollo Rural y Tierras; César Siles, exministro de Justicia; y Adrián Quelca, exministro de Educación. Todos ellos enfrentan diversas investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción.

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Arce recordó que hace 6 meses se presentó una denuncia contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira por la adquisición de un penthouse en la zona sur de La Paz. Este inmueble tiene un valor superior a 500 mil dólares. Además, se mencionó la compra de vehículos de alta gama que superarían los 200 mil dólares. Sin embargo, el exdiputado señaló que el allanamiento al inmueble y la formalización de la imputación solo se llevaron a cabo la semana pasada.

Denuncia por el predio Adán y Eva

El exdiputado también hizo referencia a un caso relacionado con el predio Adán y Eva, cuyo valor supera los 5 millones de dólares. Sin embargo, la documentación de la transacción indicaba un monto de solo 3,3 millones, lo que podría constituir un presunto fraude fiscal. Arce subrayó que la imputación formal en este caso también se realizó de manera tardía.

Falta de avances en contrabando

Además, Arce cuestionó la falta de progreso en la denuncia sobre la venta de maíz y trigo de contrabando a Emapa por parte de Rafael Arce Mosqueira. Esta operación alcanzaría un total de 24 millones de bolivianos.

El exdiputado dirigió críticas directas al fiscal Roger Mariaca, acusándolo de “negligencia” y sugiriendo la posibilidad de que existan acuerdos de complicidad con el entorno del presidente. “No quisiera pensar que usted está actuando en complicidad o bajo acuerdos con Lucho Arce”, afirmó Arce.

Solicitudes de agilización de investigaciones

Arce solicitó que se aceleren las investigaciones y que se amplíen las denuncias a otros involucrados, incluyendo a la hermana de Rafael, Daniela Camila, y al vendedor del predio Adán y Eva. Según el exdiputado, Rafael Ernesto Arce Mosqueira posee más de 12 cuentas bancarias, más de 10 inmuebles en diferentes ciudades y terrenos agrícolas en el oriente boliviano.

Además, se indicó que cuenta con créditos millonarios y ha realizado cerca de 30 viajes al exterior durante la presidencia de su padre. Arce advirtió que si las denuncias no se amplían ni se avanza en las investigaciones, podrían iniciarse acciones legales contra el fiscal Mariaca y otros fiscales responsables por “incumplimiento de deberes y negligencia”.

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La declaración del mandatario se realizó desde el Palacio de Gobierno, donde también informó sobre el financiamiento de 4,500 millones de dólares que el Estado boliviano obtuvo a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asesinato vinculado a la corrupción

Paz indicó que Aramayo aparentemente fue asesinado porque se negó a aceptar prácticas irregulares. El presidente sostuvo que la corrupción fue la causa de su muerte. “Hace unos días, la corrupción mató a un boliviano por no aceptar la corrupción”, expresó.

El mandatario aseguró que los recursos comprometidos por el BID serán administrados con total transparencia y bajo estrictos mecanismos de control. “Tenemos un muerto por la corrupción. Esta es una guerra que la vamos a vencer a estos carajos”, afirmó.

Detalles del asesinato

El asesinato de Aramayo ocurrió la noche del 9 de enero de 2026 en la ciudad de Tarija. Dos personas a bordo de una motocicleta atentaron contra su vida. Actualmente, el caso se encuentra en etapa de investigación por parte de las autoridades competentes.

Tras el trágico hecho, la vocera presidencial, Carla Faval, informó a través de redes sociales que Aramayo aparentemente fue presionado por estructuras vinculadas a actos de corrupción.

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Posible declaración de rebeldía

La autoridad explicó que el juez encargado del caso ha convocado a la audiencia y ha advertido que la inasistencia del exfuncionario podría resultar en una declaración de rebeldía. “Si no se presenta a la audiencia de este miércoles 14 de enero de 2026, podría ser declarado rebelde”, afirmó La Faye en una nota de prensa.

Detalles de la audiencia

La audiencia está programada para las 10:00 horas y se llevará a cabo de manera presencial en el Juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer, ubicado en la ciudad de La Paz. Dorgathen está siendo investigado por presuntos delitos que incluyen el uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Investigación por irregularidades

El exejecutivo de YPFB es objeto de investigación debido a supuestas irregularidades en la importación de combustible a través de la empresa Botrading. Este caso ha sido indagado por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos, que está presidida por la Procuraduría General del Estado.

Dicha comisión fue establecida por instrucciones del Presidente Rodrigo Paz, con el propósito de investigar presuntos actos de corrupción en el sector hidrocarburífero.

Captura a nivel internacional

Además, Dorgathen fue fotografiado en un parque de diversiones en el estado de Santa Catarina, Brasil. Ante esta situación, el Ministerio Público ha iniciado los trámites para su notificación con sello rojo, con el objetivo de lograr su captura a nivel internacional.

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Montaño está bajo investigación por un posible daño económico que se aproxima a 3 millones de dólares. Esta cifra deberá ser confirmada mediante una auditoría forense. El exministro ha sido formalmente imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Modificaciones en contratos

El fiscal Omar Yujra explicó que el caso se remonta al año 2015, cuando el contrato inicial experimentó múltiples modificaciones y ampliaciones. En relación con Montaño, la investigación se centra en los contratos modificatorios que fueron firmados durante las gestiones de 2020, 2021 y 2025, periodo en el que Montaño ocupaba el cargo de ministro de Obras Públicas.

Implicaciones de otras autoridades

Sobre la posible implicación de otras autoridades, Yujra mencionó que hay varias personas bajo investigación, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). “Estamos hablando de autoridades que tenían cargos de máxima responsabilidad dentro del Ministerio de Obras Públicas y de la ABC. Son más de 8 personas las que están siendo investigadas”, afirmó el fiscal.

Defensa del exministro

Por su parte, la defensa del exministro ha anunciado que solicitará su traslado a la ciudad de Santa Cruz. Argumentan que en esa ciudad se encuentra su domicilio, su familia y sus actividades laborales, por lo que consideran que debería cumplir la detención preventiva en ese distrito.

Investigaciones en contratos de infraestructura

Este proceso es parte de una serie de investigaciones que ha impulsado el Ministerio Público por presuntas irregularidades en contratos de infraestructura que se llevaron a cabo en gestiones anteriores.

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De acuerdo con el fiscal anticorrupción Omar Yujra, Montaño está siendo investigado por varios delitos, entre ellos incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

La acusación se basa en supuestas irregularidades en contratos firmados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) con una empresa de origen chino. En estos contratos, se habrían otorgado condiciones económicas favorables y ampliaciones de plazos que no eran justificables.

Detalles de la acusación

Yujra explicó que Montaño, al ser la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas, tenía bajo su supervisión a la ABC. Esta institución firmó contratos, contratos complementarios y contratos modificatorios con la empresa china, beneficiándola con un tipo de cambio superior al oficial.

El fiscal indicó que el tipo de cambio aplicado en los pagos irregulares fue de 6,98 bolivianos, mientras que el tipo de cambio oficial era de 6,96 bolivianos.

@unitel.bo El exministro, Edgar Montaño, se acogió a su derecho al silencio y será cautelado en las próximas horas por presuntas irregularidades en la contratación de una obra vial. Según la investigación fiscal, Montaño habría favorecido a una empresa china realizando pagos con un tipo de cambio de dólar superior al oficial. Por este caso, otras ocho personas serán investigadas. #Unitel #Seguridad #EdgarMontaño ♬ sonido original – UNITEL BOLIVIA

Otros implicados en el caso

En la investigación también están involucradas otras 8 personas, que incluyen exautoridades y funcionarios de la ABC, así como gerentes de una empresa relacionada con el caso.

Próximos pasos en la investigación

Respecto a los siguientes pasos, Yujra afirmó que la Fiscalía revisará todos los antecedentes y elementos de convicción para decidir si se solicitarán medidas más severas antes de la audiencia cautelar.

Además, Yujra aclaró que, por estrategia de investigación, no se revelarán los nombres de otros involucrados hasta que se definan las responsabilidades de cada uno. La comisión de fiscales determinará si se les convocará a declarar o si se mantendrá la situación actual.

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La finalidad de esta medida es localizar a Dorgathen, quien fue visto en un video en un parque de diversiones en el estado de Santa Catarina, Brasil.

Confirmación del fiscal

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó este viernes 9 de enero de 2026 que la notificación roja se suma a la activación previa del sello azul. Además, mencionó que se están agotando todas las instancias legales para lograr la detención del exfuncionario.

“El Ministerio Público ya activó la notificación roja, es decir, que nosotros como Ministerio Público estamos tratando de agotar cada una de las instancias correspondientes. Con esta notificación roja buscamos lograr la aprehensión”, declaró el fiscal, según lo reportado por Erbol.

Delitos investigados

Dorgathen enfrenta una investigación por varios delitos, incluyendo el uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes en relación con los contratos entre YPFB y Botrading para la importación de combustible.

Hasta la fecha, el proceso judicial incluye a un total de 10 personas imputadas. Entre ellas se encuentran el exgerente de YPFB Logística, Félix Taca, y la exgerente legal, Cinthia Pedraza, quienes también están siendo investigados por las presuntas irregularidades en este caso.

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Detalles de la aprehensión

De acuerdo con información preliminar, Montaño fue aprehendido alrededor de las 17:00 horas en inmediaciones de su domicilio ubicado en la zona Sur de la capital cruceña. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales. Imágenes difundidas por medios televisivos muestran a la exautoridad saliendo de su vivienda manillado y escoltado por efectivos policiales.

Reacción del exministro

Al momento de su aprehensión, Montaño manifestó que desconoce los motivos de la medida y evitó brindar más declaraciones. De manera extraoficial, se conoció que el exministro podría ser trasladado a la ciudad de La Paz para responder ante instancias judiciales, un extremo que aún no fue confirmado por fuentes oficiales.

Trayectoria de Montaño

Montaño fue designado ministro de Obras Públicas el 9 de noviembre de 2020 y formó parte del gabinete del entonces Presidente Luis Arce durante toda su gestión. En meses anteriores, la exautoridad fue denunciada por presuntos delitos vinculados a corrupción, aunque en ese entonces la orden de aprehensión quedó sin efecto.

Expectativas sobre el caso

Se prevé que en las próximas horas el Ministerio Público o la Policía Boliviana brinden un informe oficial para aclarar las circunstancias de la aprehensión y la situación legal del exministro. Hasta el cierre de esta información, las autoridades no oficializaron los cargos ni el caso específico por el cual se ejecutó la medida.

@unitel.bo Este viernes se conoció de la aprehensión del exministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, quien fue llevado por efectivos a dependencias policiales. #Unitel #Seguridad #SantaCruz #Montaño ♬ sonido original – UNITEL BOLIVIA

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En relación a este caso, el gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, fue enviado a la cárcel de San Pedro con una detención preventiva de 6 meses.

Exministros bajo investigación

Néstor Huanca dirigió el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural desde el inicio del Gobierno de Arce, y en febrero de 2025, Zenón Mamani asumió el cargo que ocupaba Huanca.

Ambos exfuncionarios deberán comparecer ante el Ministerio Público en los próximos días, según anunció el fiscal Anticorrupción Ronald Jurado, quien confirmó que ya se han enviado las citaciones correspondientes.

Delitos investigados

Este caso se investiga por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía estima que el daño económico asciende a 6 millones de bolivianos, según lo indicado por el fiscal anticorrupción Ronald Fuentes.

“Emapa ya ha presentado esta querella, que se ha ampliado en contra del señor Néstor Huanca Chura, Zenón Pedro Mamani, Luis Jeshua, Gloria Villanueva, Carlos Huachalla y Franklin Flores, quienes son parte del directorio”, puntualizó Fuentes.

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El abogado Marcelo Zurita, quien representa a Flores, explicó este jueves que, tras revisar los registros de los procesos, han confirmado que existen ocho casos en total: seis en La Paz y dos en otras localidades del país.

Situación actual de Franklin Flores

Flores se encuentra aprehendido desde el 2 de enero de 2026 y está recluido en el penal de San Pedro. Su detención preventiva se debe a presuntas irregularidades relacionadas con la harina subvencionada y la planta de papa frita de Emapa.

Declaraciones y próximos pasos

El exgerente ya ha prestado declaración en un proceso anterior, donde se le acusó de nombrar ilegalmente a funcionarios que no cumplían con el perfil requerido. Además, se ha programado una nueva declaración para el viernes 9 de enero de 2026, en un caso que involucra incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

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Lara, en su mensaje, hizo un llamado a su fe religiosa y aseguró que está convencido de que llegará a la Presidencia. “Tengo mucha fe en Dios y sé que Él me dará la oportunidad de ser presidente de este país, le cueste a quien le cueste y le duela a quien le duela”, afirmó. Además, expresó su confianza en que “la vida, Dios y el pueblo” le permitirán asumir el cargo para “poner orden en el país”.

Mano dura contra la corrupción

En el mismo contexto, el vicepresidente indicó que, si llegara a gobernar, sería estricto en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y los abusos de poder. “Tiene que haber mano dura con los corruptos, con los narcotraficantes y con quienes usan el uniforme y la ley para aprovecharse de la gente”, declaró. Resaltó que sin una acción firme contra la corrupción “absolutamente nada va a cambiar”.

Defensa ante críticas

Lara también se refirió a quienes lo consideran “loco”, afirmando que esas calificaciones carecen de fundamento. “No sé bajo qué argumento me dicen loco; en realidad, los desubicados son otros”, expresó, haciendo una comparación directa con la administración actual.

Cuestionamientos a Rodrigo Paz

El vicepresidente no se detuvo ahí y cuestionó al presidente Rodrigo Paz, acusándolo de actuar al margen de la Constitución Política del Estado. “Tanto criticaban a Evo Morales diciendo que le metía nomás, pero ahora Rodrigo Paz le mete nomás. Creo que ha batido todos los récords”, señaló.

Denuncias sobre el Ejecutivo

Finalmente, Lara denunció que el Ejecutivo estaría vulnerando la Constitución y dejando de lado a la Asamblea Legislativa. Según sus afirmaciones, el Gobierno toma decisiones por decreto, aprueba créditos sin pasar por el Legislativo y autoriza la entrega de recursos naturales sin la debida autorización. Además, criticó la falta de voluntad del Gobierno para escuchar y analizar si esas medidas son correctas.

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La confirmación de esta información llegó el martes 7 de enero de 2026, a través del procurador general del Estado, Hugo León La Faye. Este funcionario indicó que se han activado los mecanismos necesarios para encontrar al exejecutivo de la empresa estatal petrolera.

Indicios de fuga

La autoridad explicó que hay indicios que sugieren que Dorgathen podría estar fuera del país. Por esta razón, se ha solicitado la colaboración del gobierno brasileño para establecer su ubicación. Esta medida forma parte de las diligencias que está llevando a cabo la Fiscalía para avanzar en el proceso penal que se ha abierto en su contra.

“Tenemos entendido que ya se ha generado un sello azul, se pide la cooperación del gobierno de Brasil para ubicar el lugar donde se encuentre esta persona”, afirmó La Faye, según lo reportado por ANF.

Salida del país

En diciembre, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, había informado que Dorgathen había salido del territorio nacional y que, presumiblemente, se encontraba en Brasil. En ese momento, señaló que no se habían tomado medidas adecuadas para evitar su salida.

Investigación del caso Botrading

El caso Botrading está siendo investigado por la llamada comisión de la verdad, que se encarga de analizar presuntos actos de corrupción relacionados con la gestión de los últimos 20 años, especialmente en el sector hidrocarburífero. Las investigaciones se centran en la creación y funcionamiento de la empresa Botrading, así como en su relación contractual y financiera con YPFB.

Según la Procuraduría, se espera que durante esta semana se fije una audiencia de medidas cautelares. Además, se activarán otros mecanismos legales para que el expresidente de la estatal petrolera pueda responder ante las instancias correspondientes.

Procesos abiertos

En relación con Botrading, se han abierto dos procesos, conocidos como Botrading I y Botrading II. En el segundo caso, el Ministerio de Hidrocarburos ha informado que se desconoce el paradero de 55 millones de dólares de un préstamo total de 80 millones que YPFB otorgó para la creación de la empresa, que tiene su sede en Paraguay.

Al mismo tiempo, una comisión especial de la Cámara de Diputados ha investigado el caso y ha encontrado presuntas irregularidades en la formación de dicha empresa, así como posibles negociaciones relacionadas con el sobreprecio en la importación de combustibles.

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La denuncia fue interpuesta por el activista Peter Berkhauser, quien acusa a Lara de uso indebido de influencias y concusión. Estas acusaciones están relacionadas con la solicitud de “pegas” al Gobierno y la recepción de 10,000 juguetes para una campaña navideña. Según Berkhauser, estos juguetes fueron entregados por supuestos traficantes chinos de oro.

Defensa del vicepresidente

Lara afirmó que tiene la conciencia tranquila y se comprometió a responder ante la proposición acusatoria, tal como lo indicó el medio Erbol. En sus declaraciones, expresó que “esa proposición acusatoria, esa denuncia, llamémoslo así, no tiene ni pies ni cabeza”.

El vicepresidente argumentó que la denuncia se basa en supuestos y no aporta pruebas concretas, describiéndola como chismes de personas resentidas. Lara defendió su campaña navideña, afirmando que se realizó con mucha transparencia y amor hacia los niños de escasos recursos.

Advertencia al denunciante

Lara también aseguró que se presentará ante la proposición acusatoria. Sin embargo, advirtió al denunciante que debe comprobar sus afirmaciones, de lo contrario, podría incurrir en calumnia. Reiteró: “Tengo la conciencia tranquila, no he matado, no he robado y no tengo nada de qué arrepentir. Me mantendré firme, me mantendré tranquilo”.

Proceso de la denuncia

La proposición acusatoria será analizada por la Fiscalía General. Si se decide continuar con el proceso, deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa para que se autorice el juicio de responsabilidades, lo cual requiere el voto de dos tercios.

La denuncia incluye alegaciones sobre la recepción de juguetes que, según se afirma, fueron entregados por supuestos traficantes chinos de oro.

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El fiscal Johan Muñoz informó que los suegros de Flores se presentaron de manera voluntaria, pero decidieron acogerse a su derecho al silencio. Esto significa que no realizaron declaraciones que pudieran incriminarlos. Ahora, la Fiscalía debe evaluar los indicios que se encuentran en el cuaderno de investigaciones.

Según los datos del expediente, los suegros de Flores fueron mencionados en la investigación después de que él presentara documentos que acreditaban la propiedad de un departamento en la ciudad de El Alto. Esto lo hizo con el objetivo de justificar su patrimonio.

Inicio de la investigación

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el dirigente de los panificadores, Dandi Mallea, junto a su abogado, Eduardo León. Ellos aportaron pruebas sobre el caso de corrupción que involucra a Flores.

La Fiscalía sostiene que Flores tenía más de 200,000 bolivianos en sus cuentas bancarias, una suma que supera considerablemente el total de sus salarios. Esto es si se considera que no hubiera gastado ni un solo centavo desde que asumió como gerente de Emapa. Además, Muñoz indicó que se detectaron movimientos bancarios sospechosos en las cuentas de la esposa de Flores, quien fue encarcelada en diciembre, después de que él huyera de su detención domiciliaria.

Involucramiento de los suegros

El fiscal Muñoz también mencionó que la documentación y el historial bancario de Flores no coinciden con las fechas de compra y los montos declarados de venta. Por lo tanto, se presume que sus suegros pudieron haber facilitado el enriquecimiento ilícito de Flores.

El abogado León explicó que la Fiscalía ha abierto dos procesos relacionados con la harina subvencionada. En el primero, se investiga a Flores, a otro dirigente de los panificadores, Rubén Ríos, así como a familiares de ambos y a funcionarios de Emapa.

Detalles del caso de corrupción

León detalló que Emapa compraba el quintal de harina a precios reales de 540 bolivianos a empresas argentinas. Luego, esta harina era vendida a un precio subvencionado a la empresa Tauro Ríos, que a su vez reembolsaba la harina y la volvía a vender a Emapa, pero a un precio elevado. Por estos hechos, se estima un daño económico de 43 millones de bolivianos.

En el segundo caso, el fiscal Omar Quisbert indicó que se investigan las irregularidades dentro de Emapa, específicamente en relación con la adjudicación de contratos de compra y venta de harina. En este contexto, un juez determinó el domingo aplicar una segunda orden de detención preventiva contra Flores.

Es importante recordar que el exgerente fue aprehendido el viernes, justo cuando estaba programada la declaración de sus suegros. Flores se había fugado de la detención domiciliaria que cumplía desde el 27 de noviembre. Sin embargo, el sábado, un juez modificó ese beneficio y dictó la primera orden de detención preventiva por un periodo de cinco meses.

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Según la autoridad, este millonario desfalco es el resultado de al menos cinco casos de corrupción que han sido detectados tras una serie de auditorías internas y procesos de revisión. Estas acciones han puesto bajo la lupa la gestión administrativa de los últimos años, la cual está vinculada principalmente a la manipulación de precios y activos estatales.

Anomalías en la subvención de harina

Uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia se refiere a las irregularidades en el sistema de subvención de la harina. Siles explicó que se han encontrado mecanismos irregulares en la distribución y manejo de los recursos destinados a mantener el precio del pan. Esto ha generado un agujero financiero significativo.

Además, se han identificado sobrecostos y deficiencias en el valor de activos estratégicos. Esto es especialmente relevante en relación con las plantas procesadoras de papa, donde el valor real no coincide con los desembolsos realizados. Esto sugiere una gestión dolosa de los proyectos de industrialización.

Red de corrupción identificada

La investigación ha logrado identificar a una red de aproximadamente 20 personas que habrían operado de manera coordinada. Entre los implicados no solo se encuentran exfuncionarios de rango medio, sino también exautoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y exdirigentes de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol).

Siles fue claro al señalar que las pesquisas alcanzan incluso al entorno familiar del exgerente de Emapa, Franklin Flores. Esto sugiere que la estatal fue utilizada para favorecer intereses particulares y de parentesco.

Desorden institucional en Emapa

En el ámbito administrativo, las auditorías han revelado un desorden institucional generalizado. Se han documentado numerosos casos de incumplimiento de deberes y conductas antieconómicas. También se ha evidenciado la contratación de personal que no cumplía con los requisitos académicos ni con los perfiles profesionales exigidos para cargos críticos.

Estas designaciones ilegales habrían facilitado el desvío de fondos y la falta de control en los procesos de fiscalización interna. Esto permitió que las irregularidades se prolongaran en el tiempo sin ser detectadas.

Acciones de la justicia boliviana

Actualmente, la justicia boliviana ya ha comenzado a tomar medidas cautelares y decisiones legales contra varios de los exfuncionarios implicados. El gerente Siles aseguró que Emapa continuará colaborando con el Ministerio Público y aportando pruebas de los procesos administrativos en curso.

“Estamos hablando de un daño que afecta directamente a la seguridad alimentaria del país”, concluyó la autoridad. Reafirmó así el compromiso de transparentar la gestión de la empresa estratégica más importante del sector productivo nacional.

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En un comunicado emitido, el Consejo Federal suizo explicó que, si se comprueba que el origen de estos bienes es ilícito, los activos serán destinados para el beneficio del pueblo venezolano. Es importante destacar que esta decisión no afecta a otros miembros del Gobierno venezolano que continúan en funciones tras la caída de Maduro.

Contexto político en Venezuela

Las autoridades suizas han señalado que, dado el clima político inestable en Venezuela y la posibilidad de diferentes desenlaces, se ha optado por esta medida preventiva. El propósito es impedir que activos de origen ilegal sean transferidos fuera de Suiza.

Suiza también aclaró que la congelación de activos no está relacionada con la legalidad de la salida de Maduro del poder en términos de Derecho Internacional.

Posibles procesos legales

El aspecto clave de esta decisión es la posibilidad de que en el futuro se inicien procesos legales en Venezuela respecto a bienes que se hayan adquirido de manera ilícita. “El congelamiento de activos busca garantizar eventuales procedimientos de cooperación judicial internacional”, indicó el Consejo Federal.

Además, si se confirma que los fondos tienen un origen ilegal, Suiza se compromete a hacer los esfuerzos necesarios para que estos sean utilizados en beneficio del pueblo venezolano.

Preocupaciones sobre la corrupción

Esta medida refleja las crecientes preocupaciones sobre la corrupción y el uso indebido de recursos públicos en Venezuela. Desde 2018, Suiza ha mantenido sanciones contra Maduro y su círculo cercano debido a acusaciones de violaciones a los derechos humanos y corrupción.

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Después de haber estado prófugo de la justicia, las autoridades ahora exigen que el Órgano Judicial determine su detención preventiva inmediata en un centro penitenciario. Argumentan que el Estado no será cómplice de quienes intentan eludir la ley.

Detalles sobre Franklin Flores

Franklin Flores, quien fue una figura clave durante la gestión de Luis Arce, se encontraba en calidad de prófugo tras haber incumplido la detención domiciliaria que se le impuso a finales de noviembre de 2025.

El exfuncionario está siendo investigado por irregularidades en la construcción de la Planta de Transformación y Almacenamiento de Papa de 2022, así como por presuntos manejos ilícitos relacionados con la subvención de harina.

Acciones del Ministerio Público

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, ha adelantado que el Ministerio Público solicitará una detención preventiva de 4 meses mientras se llevan a cabo investigaciones más profundas. Por otro lado, la defensa de Flores, liderada por el abogado Marcelo Zurita, ha argumentado que su cliente decidió presentarse voluntariamente ante la Fiscalía para demostrar su inocencia frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.

Comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua se emitió un comunicado claro y contundente. En él se señala que los recursos destinados a garantizar la alimentación de las familias bolivianas son “sagrados”. La nota de prensa enfatiza que Flores debe rendir cuentas ante la sociedad por el presunto daño económico al Estado y el uso indebido de influencias durante su administración en Emapa.

Posición del viceministro de Comercio

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, ha aclarado que, aunque el Gobierno respeta la independencia del Órgano Judicial, el Ministerio se ha constituido como parte denunciante en el proceso. “No solamente seremos espectadores, sino también coadyuvaremos con la información que sea necesaria para que se esclarezcan todos estos aparentes actos e irregularidades”, sostuvo la autoridad.

Investigaciones adicionales en curso

El caso no se limita únicamente al exgerente general. La Fiscalía ya ha citado a otras personas vinculadas a la gestión de Flores para determinar el alcance de la presunta red de corrupción. Además de los delitos patrimoniales, el proceso busca esclarecer supuestas anomalías en diversos proyectos estatales que quedaron bajo sospecha tras la salida del funcionario.

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Esta investigación se enfoca en presuntas irregularidades que involucran millones de dólares en la compra de combustibles. Las transacciones en cuestión ascienden a 857 millones de dólares, y actualmente se está evaluando este monto para determinar las responsabilidades tanto administrativas como penales.

Auditoría en marcha

Desde el 26 de diciembre de 2023, un equipo técnico de la Procuraduría se encuentra trabajando en las oficinas de YPFB en Santa Cruz. Su labor consiste en realizar un análisis exhaustivo de contratos y documentos relacionados con las operaciones de la empresa.

Para fortalecer el caso, León La Faye se reunió con el fiscal departamental, Alberto Zeballos. El objetivo de esta reunión fue coordinar acciones judiciales y reforzar los procesos penales en los que el Estado es considerado parte afectada.

Origen de la investigación

El inicio de esta investigación se remonta a 2023, cuando una comisión especial de la Cámara de Diputados, liderada por el entonces legislador Carlos Alarcón, identificó un daño inicial estimado en 355 millones de dólares.

No obstante, nuevos hallazgos fiscales han elevado esta cifra a casi el triple del monto original. Esto se debe a la detección de flujos financieros complejos en la relación comercial entre la subsidiaria y la estatal petrolera.

Comisión de la verdad

Estas acciones forman parte de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, que fue creada el 20 de noviembre de 2023 por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Esta comisión tiene la tarea de investigar desfalcos, robos y corrupción en el sector energético.

Su alcance se extiende a más de 140 empresas públicas que presentan indicios de irregularidades durante las gestiones de gobiernos anteriores.

Declaraciones del presidente

En un acto público en Tarija, el presidente Paz anticipó “noticias fuertes y dolorosas” como resultado de estas investigaciones. Denunció la existencia de un “sistema de corrupción estructural” durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.

Según el mandatario, se habrían desviado entre 800 y 1,000 millones de dólares anuales, principalmente a través del desvío de hasta el 40% del combustible subvencionado por el Estado boliviano.

Composición de la comisión

La Comisión de la Verdad está integrada por representantes de los ministerios de la Presidencia, Hidrocarburos y Economía, así como de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Procuraduría y legisladores de las alianzas Unidad, Libre y APB-Súmate.

Una vez que se concluyan las auditorías, los informes finales serán enviados directamente al Ministerio Público para iniciar el procesamiento penal de los involucrados.

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Cardozo explicó que la decisión de ampliar la investigación dependerá de los informes y la documentación que se recabe durante el proceso. Además de Achacollo, se contempla la inclusión de exdirigentes y otras personas que han recibido beneficios de proyectos relacionados con el Fondo Indígena, según lo indicado por Erbol.

Situación de Nemesia Achacollo

La exministra Achacollo ya ha enfrentado problemas legales, habiendo estado en prisión anteriormente. Actualmente, se encuentra bajo medidas cautelares debido a otra investigación vinculada al Fondo Indígena.

Detalles del proceso actual

El proceso en curso se inició en contra de Lidia Patty y se ha ampliado para incluir a Luis Arce Catacora. En este contexto, el fiscal Cardozo ha señalado que existen al menos 5 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

A pesar de que estas órdenes han sido emitidas, hasta el momento no se han logrado ejecutar. La situación sigue en desarrollo y se espera que las investigaciones avancen conforme se obtenga más información.

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Una de las irregularidades que se identificaron está relacionada con la elaboración y venta de uniformes para los nuevos oficiales. Debido a este problema, se presentó una denuncia por estafa contra las empresas que están involucradas. Además, los funcionarios policiales que participaron en este asunto están siendo sometidos a procesos disciplinarios.

Problemas en el ingreso de nuevos efectivos

En cuanto al ingreso de nuevos efectivos a la Policía, Sokol mencionó que se encontraron más de 180 expedientes con observaciones. Las anomalías se concentran, principalmente, en las evaluaciones médicas, donde se sospecha que están implicados médicos, odontólogos y servidores policiales.

Aprehensiones por corrupción

Entre los casos recientes de irregularidades, se destacó uno que ocurrió en Santa Cruz durante el fin de semana. En este incidente, cuatro policías fueron aprehendidos tras ser acusados de exigir Bs 2.000 a un ciudadano que había sido detenido por Tránsito, a pesar de que no presentaba un nivel de alcohol que justificara la sanción.

Colaboración con actividades ilícitas

En relación con la supuesta colaboración de algunos efectivos con actividades ilegales, se reportaron casos en los que policías habrían facilitado la fuga de personas privadas de libertad. Sin embargo, Sokol destacó un caso en Oruro, donde patrullas policiales fueron sorprendidas escoltando vehículos que transportaban mercancía de contrabando.

El comandante indicó que los efectivos involucrados en este último incidente ya han sido plenamente identificados y están bajo arresto. En términos generales, durante el último mes, se recibieron 97 denuncias a través de llamadas telefónicas, de las cuales solo 22 fueron confirmadas tras un proceso de verificación.

Cambios de destino y nuevas medidas

Como parte de las acciones que se están tomando contra la corrupción, se han realizado más de 100 cambios de destino de efectivos policiales. “Existen indicios de que algunos funcionarios estarían incurriendo en actos irregulares”, puntualizó Sokol.

Finalmente, el general Sokol anunció la implementación de una aplicación móvil que permitirá a la población denunciar hechos de corrupción de manera rápida y accesible. También se presentó el Departamento de Control Policial, que depende de la Inspectoría General y tendrá la misión de llevar a cabo operativos tanto visibles como encubiertos para identificar y sancionar a los malos elementos dentro de la institución.

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La defensa de Luis Arce, quien se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro, intentaba que el exmandatario se defendiera en un juicio de responsabilidades debido a su cargo como presidente del Estado. Sin embargo, la justicia negó esta solicitud, argumentando que los hechos por los cuales se le juzga ocurrieron cuando Arce era ministro de economía, según la información difundida por Unitel.

Declaraciones del abogado

“No hay argumento y nadie va a encubrir la corrupción de Luis Arce. Se ha rechazado esta excepción de incompetencia planteada a un juez cautelar, por lo que seguirá bajo la justicia ordinaria. Luis Arce permanecerá detenido como ya se ha establecido por 5 meses más”, señaló el jurista, quien forma parte de la acusación.

Daño económico significativo

El abogado también agregó que el daño económico en el caso del Fondo Indígena supera los 4.000 millones de bolivianos. Según él, Arce tiene responsabilidad en este asunto porque aprobó las transferencias de dinero público a cuentas particulares.

Orden de aprehensión

Por último, León informó que la Fiscalía ha emitido una orden de aprehensión en contra de los 5 investigados en este caso.

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El fiscal Miguel Cardozo informó que, tras someter a Patty a una valoración médica profesional, su cuerpo no presenta heridas, contusiones ni rastros de violencia. Aunque la exlegisladora sí tiene una fractura en la pierna, el examen médico confirmó que esa lesión es antigua y ya existía mucho antes de su aprehensión, por lo que no tiene relación con el operativo policial.

Decisión crucial para Luis Arce

Este miércoles debía tomarse una decisión importante para el expresidente Luis Arce: la “excepción de incompetencia”. La defensa de Arce busca que el caso sea llevado a un juicio de responsabilidades debido a su cargo como exmandatario, en lugar de ser juzgado por la justicia común.

Sin embargo, la audiencia se ha postergado para el próximo lunes. Esto se debe a que la Fiscalía recién fue notificada sobre las pruebas presentadas por los abogados de Arce y necesita tiempo para revisarlas adecuadamente.

Investigación por corrupción

Lidia Patty y Luis Arce están siendo investigados por el depósito de 700.000 bolivianos directamente en la cuenta personal de la exlegisladora. Este dinero estaba destinado a financiar un proyecto de cultivo de tomates para 8 comunidades, pero el proyecto está bajo sospecha de corrupción.

La Fiscalía señala al expresidente por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Este cargo se remonta a su tiempo como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, ya que se sospecha que autorizó desembolsos millonarios del Fondo Indígena sin los controles necesarios, lo que permitió el desvío de dinero.

Expectativa para el lunes

La atención está centrada en el lunes, cuando se decidirá si el proceso contra Luis Arce continúa en la justicia ordinaria o si cambia de rumbo. Mientras tanto, la defensa del expresidente ha expresado su preocupación por su estado de salud y su seguridad dentro del penal de San Pedro, temas que también podrían ser discutidos en las próximas horas.

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Lara afirmó que “ella reconoció que trabajó 10 años en los gobiernos anteriores. Aunque intente justificarse diciendo que no denunció por miedo, el silencio también la convierte en cómplice. A confesión de parte, relevo de prueba”. Además, exigió que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio contra Ayala y anunció que se solicitarán todos los informes necesarios para esclarecer estos hechos.

“La Fiscalía tiene que actuar y abrir una investigación. Nosotros vamos a exigir la documentación correspondiente para esclarecer estos hechos”, sostuvo Lara. También cuestionó la conformación de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos presentada por el presidente Rodrigo Paz, al considerar que la participación de Ayala resta credibilidad al proceso investigativo.

Críticas a su declaración

“Ha visto robar, desfalcar y hacer daño al Estado, pero ahora dice que estaba amordazada. Eso no es verdad. Fue parte de ese sistema de corrupción y hoy integra una comisión que supuestamente busca la verdad, cuando en realidad pretende encubrir pruebas”, manifestó. En su criterio, Ayala optó por guardar silencio porque se sentía cómoda dentro del sistema y con los beneficios que recibía como funcionaria pública.

Denuncias de terrorismo de Estado

El lunes 15 de diciembre, Ayala había denunciado un supuesto “terrorismo de Estado” que, según ella, impedía revelar hechos irregulares. Sin embargo, esas declaraciones generaron rechazo en sectores políticos, periodistas y la ciudadanía, lo que intensificó los pedidos para su destitución. La situación ha generado un debate sobre la transparencia en las instituciones estatales y ha puesto en evidencia las tensiones políticas actuales.

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A través de un video difundido en TikTok, Lara afirmó que recibió esta información desde el interior de la propia Policía Boliviana. “Me llegó información de que en el Ministerio de Gobierno están intentando armarme un caso, encabezado por el mayor Silva. Este oficial fue dado de baja por tráfico de armas, participó en la represión de Porvenir, estuvo en el operativo del Hotel Las Américas y ahora trabaja como ayudante general del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo”, señaló.

Según Lara, el mayor tendría la instrucción directa del ministro para iniciar un proceso en su contra y apartarlo de la contienda política.

Compromiso contra la corrupción

Pese a estas acusaciones, el Vicepresidente aseguró que continuará con su lucha contra la corrupción, tal como lo hizo incluso antes de asumir un cargo público.

Críticas al endeudamiento

En el mismo pronunciamiento, también cuestionó el endeudamiento impulsado por el oficialismo a través de créditos internacionales. Lara sostuvo que el presidente Rodrigo Paz gobierna en favor de los sectores con mayor poder económico y bajo la influencia de Samuel Doria Medina.

Apoyo a legisladores leales

Finalmente, Lara pidió a los legisladores que aún le son leales mantenerse firmes, aunque advirtió que algunos ya habrían “cedido” a otros intereses.

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Marcelo García, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, afirmó que no se descarta investigar casos de alto impacto. Entre estos se encuentran satélites, barcazas y radares. Además, invitó a la ciudadanía a presentar denuncias a través de un código QR que ha sido habilitado para tal fin.

García también precisó que la institución que ha recibido más atención hasta la fecha es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta entidad encabeza la lista con más de 73 denuncias en su contra.

Casos identificados

Entre los casos ya identificados en la estatal petrolera, se menciona el incremento patrimonial de un exfuncionario del área de Contrataciones. En aproximadamente tres años, este exfuncionario habría aumentado su patrimonio en 15 millones de bolivianos.

El viceministro fue claro al señalar la amplitud de la investigación, citando directamente la polémica compra del avión presidencial. Recordó que la aeronave tuvo un costo reportado de más de 38 millones de dólares estadounidenses, mientras que el costo real era de aproximadamente 28 millones de dólares estadounidenses.

Fase de recolección de denuncias

“No descartamos la investigación de absolutamente nada: avión presidencial, satélites, barcazas, radares, sistema Sidacta y así. En realidad, esta primera fase es de acopiar todas las denuncias de personas, incluso los periodistas investigadores que han suplido a las instituciones por su falta de investigación”, afirmó García. Destacó que esta primera fase se centra en recopilar todas las denuncias existentes, incluidas aquellas reveladas por periodistas investigadores.

Para facilitar la recolección de pruebas, el Viceministerio de Transparencia ha habilitado un código QR. A través de este, la población puede informar sobre irregularidades de gobiernos anteriores.

Alcance del código QR

“El QR no se limita solamente a hidrocarburos o al Fondo Indígena. La corrupción es una tarea que tenemos nosotros como gobierno; todas las denuncias en contra de todas las instituciones que tengan significado de corrupción van a ser recibidas y sistematizadas”, indicó García.

Situación de la directora de ANH

En cuanto a la situación de Margot Ayala, actual directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), García fue cuestionado por su pasado como funcionaria durante el gobierno del MAS. Se le preguntó por qué no denunció hechos de corrupción en su momento. El viceministro señaló que, si existe algún indicio, ella “también tendrá que rendir cuentas”.

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Críticas a la gestión del MAS

Lupo explicó que durante los 20 años de gestión del MAS, el Gobierno optó por “saquear al Estado” utilizando subsidios a los hidrocarburos y creando empresas bajo el argumento de impulsar la industrialización y sustituir importaciones. Entre 2006 y 2024, se crearon 67 empresas con una inversión de 53.945 millones de bolivianos, lo que equivale a 7.750 millones de dólares.

A pesar de esta gran inversión, hasta ahora solo se ha logrado recuperar el 18% de ese dinero en 19 años. Esto significa que el resto, aproximadamente 6.000 millones de dólares, probablemente no podrá recuperarse.

Empresas inviables y corrupción

El 28% de los recursos invertidos se destinó a 14 empresas que resultaron ser inviables y se convirtieron en “instrumentos de corrupción”. De estas, cuatro ya han cerrado y cinco están en “quiebra técnica”. Estas 14 empresas llegaron a consumir 2.205 millones de dólares de las reservas internacionales.

Crisis económica en Bolivia

Lupo también agregó que la actual crisis económica y la inestabilidad financiera y cambiaria en Bolivia se deben en gran parte a la falta de reservas, que se han agotado en este proceso de creación de empresas. Entre las empresas inviables mencionadas por Lupo se encuentran: la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), Ecebol, Eepaf, Emapa, Envibol, Quipus, Senatex, Yacana, Mutún, BoA, la Editorial del Estado, Easba, EBIH y YLB.

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La principal finalidad de esta medida es prevenir posibles casos de impunidad relacionados con hechos de corrupción. La lista fue entregada a la legisladora como parte de un informe elaborado por la Contraloría General del Estado. En ella se encuentran nombres de figuras prominentes, como el expresidente Luis Arce, así como sus exministros, parlamentarios, concejales y ejecutivos de diversas entidades estatales.

Detalles de la Ley 1352

La restricción migratoria se establece en cumplimiento de la Ley 1352. Esta ley exige que quienes han ocupado altos cargos, como Presidente, Vicepresidente, ministros, asambleístas, gobernadores, concejales y Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE) de instituciones públicas, mixtas y privadas que manejan recursos fiscales, permanezcan en el país durante 3 meses después de dejar sus funciones.

Excepciones en la lista

A pesar de la extensa lista, la diputada Ballivián ha aclarado que algunas exautoridades no están incluidas en ella. Un ejemplo es el exministro Eduardo Del Castillo, quien no figura en la nómina. Esto se debe a que su renuncia para postularse como candidato fue presentada hace más de 3 meses, lo que lo excluye del periodo de restricción establecido por la ley.

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Decisión judicial

La importante resolución fue emitida este viernes por el juez 12vo anticorrupción, Elmer Laura, tras una audiencia cautelar virtual que duró más de 6 horas.

La medida judicial se aplica a Arce debido a acciones que realizó cuando era Ministro de Economía y Finanzas Públicas durante el gobierno de Evo Morales, donde era miembro del Directorio del Fondo Indígena.

Fundamentos de la detención

El juez Laura justificó la medida cautelar al señalar la gravedad del daño económico causado al Estado por el caso Fondioc. Indicó que, dado que se trata de delitos de corrupción, la detención preventiva es la opción más adecuada.

Arce fue considerado probable autor de incumplimiento de deberes, ya que supuestamente no llevó a cabo un control efectivo de los proyectos que fueron financiados por el Fondo. También se le imputa una conducta antieconómica, por haber consentido el desembolso de recursos públicos del Fondioc directamente a cuentas particulares, lo que facilitó el desvío de fondos.

Detalles de la detención

El juez estableció un plazo de detención de cinco meses. Además, rechazó la solicitud fiscal de enviar a Arce al Centro de Reinserción de Qalauma, optando por el penal de San Pedro para facilitar las salidas médicas por motivos de salud del exmandatario.

Reacción del expresidente

Durante su intervención en la audiencia, el expresidente Arce negó de manera contundente las acusaciones, vinculando el proceso a una persecución política. “Yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos,” afirmó Arce.

El exmandatario sostuvo que su caso se sitúa en la coyuntura actual, donde el Gobierno busca “chivos expiatorios” para “encubrir lo que está pasando” en el país.

Además, argumentó que su participación en las sesiones del directorio del Fondioc era mínima, ya que delegaba esta responsabilidad a un representante de su cartera de Estado.

Denuncias de la defensa

La defensa de Arce también denunció que su aprehensión fue ilegal, ya que fue abordado por personas con pasamontañas que no le mostraron la orden de apremio. Arce aseguró que, de haber recibido una citación, se habría presentado de manera voluntaria.

Esta decisión se toma poco más de 1 mes después de que Luis Arce dejara el cargo de Presidente. Los acusadores argumentaron que el exmandatario debía ser privado de libertad debido a la existencia de peligro de fuga y obstaculización de la investigación. Sin embargo, Arce enfatizó que tiene suficiente arraigo, ya que cuenta con una vivienda conocida y un trabajo.

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La solicitud se realizó el 12 de diciembre de 2025, en el marco de un debate sobre la situación crítica que enfrenta Bolivia. Giménez ha indicado que están pidiendo información sobre las personas particulares e instituciones que habrían recibido recursos estatales.

También han solicitado detalles sobre las normas que se habrían utilizado para favorecer a individuos con recursos económicos del Estado boliviano. Además, requieren una lista de todos los proyectos ejecutados con fondos del Fondo Indígena, especificando el municipio, la ubicación y el monto de contrato.

Compromiso contra la corrupción

La diputada enfatizó que no permitirán que 20 años de corrupción queden impunes. “Estamos exigiendo toda esta documentación para que, cuando se nos sea remitida, la presentemos como prueba preconstituida”, afirmó Giménez.

Asimismo, mencionó que tienen información extraoficial sobre la posible implicación de dirigentes del Movimiento al Socialismo en estos hechos de corrupción. Desde la Alianza Libre, se ha rechazado el receso parlamentario propuesto, argumentando que “el país está en una situación crítica” y es necesario trabajar sin descanso.

Fiscalización de proyectos

Giménez destacó que continuarán fiscalizando los proyectos aprobados con recursos del Fondo Indígena y colaborarán con la prensa para hacer denuncias pertinentes. Se ha informado que más de 140 vehículos, vagonetas de lujo, se habrían entregado a dirigentes en el Chapare, relacionados con productores de hoja de coca.

La diputada también mencionó que son más de 1,000 las personas involucradas en irregularidades relacionadas con el Fondo Indígena. Finalmente, desde la Asamblea se comprometieron a trabajar para asegurar que todos los responsables de hechos de corrupción durante estos 20 años enfrenten consecuencias legales y resarzan los daños causados al pueblo boliviano.

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La Fiscalía, en su imputación formal, solicitó su detención preventiva por un periodo de 3 meses en el centro de rehabilitación de Qalahuma, ubicado en Viacha. Arce es acusado de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso del extinto Fondo Indígena (Fondioc).

El Ministerio Público sostiene que existen riesgos de fuga y de obstaculización. Además, afirma que Arce, en su rol dentro del directorio del Fondioc, autorizó transferencias a cuentas particulares. Uno de los puntos más cuestionados es una reunión del directorio en Tarija, en noviembre de 2009, donde Arce habría indicado que los proyectos no incluidos en la Ley Financial podían ejecutarse posteriormente. Este criterio, según la imputación, permitió desviar recursos y vulneró la normativa del fondo.

Proyectos cuestionados

Entre los casos mencionados está la aprobación del proyecto de la exdirigente Lidia Patty, quien recibió Bs 669.876 en su cuenta personal para construir invernaderos, a pesar de tener documentación incompleta y beneficiarios observados. Según la Fiscalía, Arce no habría supervisado el avance de este y otros proyectos.

Declaraciones del TSJ

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, destacó que no habrá presiones políticas y que el juez del caso actuará únicamente en función de los antecedentes presentados. Recalcó que la justicia “no responde a intereses de derecha ni de izquierda” y pidió a los actores políticos permitir que el sistema judicial trabaje. Confirmó, además, que la audiencia de medidas cautelares está programada para las 13:00 horas de este viernes.

Nuevas órdenes de aprehensión

El fiscal Miguel Cardozo informó que, tras la captura de Arce, se emitieron 5 nuevas órdenes de aprehensión. En total, ya son 7 los investigados con alerta migratoria. Según Unitel, entre ellos figuran Elvira Parra Villca, Daniel Zapata Pérez, Braulio Yucra Duarte (exalcalde de Yamparaez), Lidia Patty Mullisaca, Ángel Chávez Mendieta y Ana Paredes Yana.

Convocatorias y declaraciones

La Fiscalía también anunció que convocará a declarar a 24 personas consideradas clave, entre ellas las exministras Nemesia Achacollo y Felipa Huanca. Además, se realizarán inspecciones en los lugares donde debían ejecutarse las obras.

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, visitó al exmandatario en las celdas de la Felcc y afirmó que Arce está “firme y convencido de su inocencia”. Señaló que se está preparando toda la estrategia legal y aseguró que él no tiene intención de huir. La defensa espera presentar los elementos que eviten su detención preventiva.

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El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Marcelo Sánchez, comunicó a los medios que la Policía está a la espera del documento de notificación que indique la fecha y hora de la audiencia cautelar de Arce (2020-2025), el cual “aún no ha llegado” a las oficinas donde el exgobernante se encuentra detenido.

Sánchez aseguró que Arce “está en perfecto estado de salud”, ya que ha sido revisado por un médico. Además, ha recibido asistencia de su abogado defensor y ha tenido visitas de sus familiares. “Estamos respetando los derechos y garantías de todas las personas”, afirmó Sánchez.

Revisión médica y apoyo psicológico

El jefe policial explicó que un médico forense examinó a Arce y también tuvo una entrevista con un psicólogo de la Defensoría del Pueblo, cuyos diagnósticos indican que el expresidente se encuentra “en un estado estable”.

Desde el miércoles, Arce está en el edificio de la Felcc de La Paz, que permanece cerrado al público y a los medios de comunicación.

Trabajo conjunto con la Fiscalía

Por su parte, el director departamental de la Felcc de La Paz, Gabriel Neme, mencionó que la Policía está realizando un “trabajo integral” junto con la Fiscalía en el caso de Arce y otras personas involucradas en la investigación.

Neme aseguró que se identificará a todos los autores, cómplices y encubridores, con el objetivo de llevar a cabo un trabajo meticuloso que permita ofrecer respuestas claras y objetivas.

Investigación por corrupción

El fiscal encargado del caso, Miguel Cardozo, indicó que el exmandatario está siendo investigado por presuntos malos manejos en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

Según el fiscal, Arce, “en su condición de ministro de Economía durante las gestiones 2009, 2010 y en adelante, ha realizado desembolsos” de recursos de este fondo para proyectos que “nunca han sido finalizados”.

Cardozo explicó que se han financiado más de 3,500 proyectos a través del Ministerio de Economía. Sin embargo, menos de la mitad de estos proyectos han sido concluidos, y se ha evidenciado que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas.

Posible daño económico

En la primera fase de la investigación, se estima un posible daño económico de 925 millones de bolivianos (aproximadamente 132.9 millones de dólares), agregó el fiscal.

El día anterior, Arce, quien fue ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), decidió acogerse a su derecho de guardar silencio. En la jornada de hoy, recibió la visita de su abogado y familiares, quienes le llevaron algunos objetos personales.

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La PGE, encabezada por Hugo León La Faye, ha informado que actuará como sujeto de pleno derecho. Su objetivo es asegurar la recuperación del daño económico y proteger los intereses del Estado.

Este paso se da en un momento en que la Fiscalía de La Paz ya ha detenido a dos personas de alto perfil: el expresidente Luis Arce y la exdiputada del MAS, Lidia Patty, por presuntos actos de corrupción.

Imputaciones y detenciones

El expresidente Arce ha sido formalmente imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Durante su anterior cargo como ministro de Economía, se le acusa de haber autorizado la salida de fondos destinados a proyectos que no se llevaron a cabo.

La Fiscalía ha solicitado que se le imponga una detención preventiva de 3 meses en el penal de Qhalauma.

Por otro lado, la exdiputada Patty, quien fue la primera en ser aprehendida, enfrenta acusaciones por haber recibido 700.000 bolivianos que estaban destinados a un proyecto de producción de tomates en beneficio de 8 comunidades. Además, se le está investigando en un segundo caso relacionado con la producción de miel.

Objetivos de la Procuraduría

La PGE ha reiterado que su participación en este proceso tiene como finalidad, además de la recuperación del daño económico, la identificación de responsabilidades y la protección de los recursos públicos que se vieron comprometidos en los desembolsos irregulares del Fondo Indígena.

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La detención se llevó a cabo en el municipio de Challapata, en el departamento de Oruro. Luis Alberto G. V. ocupaba el cargo de Jefe de Unidad de Aseguramiento de la Producción en YPFB. Según el Ministerio Público, ya se ha presentado una imputación formal en su contra por varios delitos, que incluyen negociaciones incompatibles, cohecho pasivo y uso indebido de influencias.

Detalles de la investigación

El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Kevin Fuentes Sempertegui, informó que el exservidor público, de 52 años, habría favorecido a una empresa que ganó la adjudicación del “Servicio de Catering” destinado al complejo Río Grande y a la Planta de Amoníaco y Urea en 2021. Se alega que el acusado participó en varias etapas del proceso de contratación como unidad solicitante.

Cargos y evidencias

La Fiscalía ha sustentado los cargos en contra del exfuncionario al señalar que recibió montos de dinero irregulares de la empresa beneficiada, así como de otras personas durante el periodo en cuestión. Además, se ha presentado un “incremento patrimonial injustificado” que el acusado no ha podido aclarar.

Intervención en YPFB

Esta acción forma parte de las investigaciones que se iniciaron tras recibir denuncias sobre cobros irregulares en licitaciones. Esto llevó a la intervención de las oficinas de YPFB en Cochabamba el 1 de diciembre de 2023.

Situación actual del exfuncionario

En este momento, Luis Alberto G. V. se encuentra en las celdas de la Felcc en la Laguna Alalay, Cochabamba. El Ministerio Público ha anunciado que solicitará la detención preventiva por un periodo de 6 meses mientras continúan las investigaciones del caso.

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La Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas ha pedido que Arce sea recluido en el Centro de Reinserción Qalauma de La Paz mientras se lleva a cabo la investigación preliminar.

Arce fue aprehendido el pasado miércoles y se le investiga por su presunta responsabilidad en manejos irregulares dentro del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (Fdppioycc). Este caso es conocido como el “Fondo Indígena”, uno de los mayores escándalos de corrupción de la última década.

Imputación y cargos

La imputación formal acusa a Arce de incumplimiento de deberes, según el Artículo 154 del Código Penal, y de conducta antieconómica, de acuerdo con el Artículo 224 del mismo código.

La Fiscalía argumenta que existen suficientes elementos de convicción que apuntan a una probable responsabilidad penal del expresidente. La medida cautelar solicitada se basa en la existencia de riesgos procesales específicos.

Conocimiento de irregularidades

Según el Ministerio Público, Arce tenía conocimiento de la “ilicitud” de su conducta, lo cual se demostraría con la documentación que forma parte del cuaderno de investigaciones.

La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de fondos y la ejecución de proyectos financiados por el Fondo Indígena entre 2010 y 2011.

Reunión clave en 2009

De acuerdo con la imputación, el 23 de noviembre de 2009, durante una reunión del Directorio del Fondo en Tarija, el entonces ministro de Economía, Luis Arce, habría manifestado la existencia de aproximadamente 925.000.000 Bs en fondos. Además, sugirió la necesidad de una Resolución Biministerial para el uso de esos recursos acumulados.

A pesar de que la Ley Financiera no contemplaba las transferencias público-privadas, se podrían elaborar proyectos para transferir los recursos en enero, bajo la nueva Ley Financiera.

Esta declaración es señalada por la Fiscalía como el hecho que permitió la presentación de proyectos sin los debidos mecanismos de control, lo que originó las presuntas irregularidades.

Próximos pasos en la investigación

Mientras el exministro espera su audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía también ha solicitado la toma de declaraciones de una larga lista de exautoridades y otras personas relacionadas con el caso.

Entre los nombres destacados se encuentran Julia Ramos, exministra; Diego Faldin; Sergio Hinojosa; Herminia Colque; Luisa Villca; Jorge Quispe; Eliseo Camiño; Epifanio Pacheco; Sandra Paredes; Ramiro Burgos; Victor Quintanilla; Nemecia Achacollo; Gloria Zamorano; Felipa Huanca; Rodolfo Machaca; Hilarion Mamani; Ever Choquehuanca; Melva Hurtado; Julian Jala; Juanita Ancieta; Carlos Fuentes y Julia Ramos.

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Alarcón ha exigido al canciller que active mecanismos diplomáticos para lograr la expulsión de Dorgathen, quien violó la ley de arraigo al salir de Bolivia tras su renuncia como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Además, el diputado propuso tres medidas urgentes para combatir la corrupción en el país. Estas incluyen la creación de una ley de acceso a la información y penas más severas para delitos graves relacionados con la corrupción.

Críticas a la inacción fiscal

El legislador destacó que si los fiscales hubieran detenido a Dorgathen el 23 de septiembre de 2025, “en este momento hubiera estado preso en San Pedro y no hubiera estado fugado en Brasil”. También cuestionó por qué no se actuó con la misma rapidez que con Félix Cruz, exgerente de YPFB logística, quien sí fue objeto de prisión preventiva. Alarcón mencionó que “Félix Cruz ha tenido una intervención mucho menor, comparada con la de Armin Dorgathen”.

Propuestas para la captura

Alarcón enfatizó la necesidad de activar un sello rojo de Interpol para facilitar la captura del exfuncionario. Aclaró que no se ha solicitado extradición debido a las demoras que implica este proceso y sugirió que lo más adecuado sería pedir su expulsión. “Él ha burlado y violado la ley de Arraigo 1352”, afirmó Alarcón, refiriéndose a la normativa que obligaba a Dorgathen a permanecer en Bolivia hasta tres meses después de su renuncia.

Reformas necesarias

En cuanto a las reformas necesarias, Alarcón propuso una transformación integral del Ministerio Público y del sistema judicial. Mencionó que “tanto la sociedad civil como ustedes, estamos convencidos de que estamos hartos de tanta corrupción”. En este sentido, planteó tres medidas concretas: ley de acceso a la información, 30 años de cárcel sin derecho a indulto por casos graves de corrupción e inhabilitación perpetua.

Alarcón argumentó que “casos gravísimos” deberían ser castigados con 30 años sin derecho a indulto y decomiso total del patrimonio del funcionario involucrado en corrupción. Resaltó que es fundamental establecer un marco legal más riguroso para enfrentar estos problemas estructurales en Bolivia.

Medidas urgentes contra la corrupción

Finalmente, reiteró que estas son medidas urgentes necesarias para contrarrestar hechos corruptos que ya son comunes en el país.

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Arce decidió acogerse a su derecho al silencio durante su declaración informativa, según lo confirmó el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca.

Responsabilidad del expresidente

El ministro Oviedo, quien destacó que la orden de luchar contra la corrupción proviene del Presidente Rodrigo Paz, calificó a Arce como el “principal responsable” de este daño millonario. Este perjuicio ocurrió cuando Arce se desempeñaba como ministro de Economía y formaba parte del directorio del Fondioc.

A pesar de que la Fiscalía ha aprehendido a Arce por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, el ministro Oviedo advirtió que se están investigando otros tipos penales.

Además, mencionó que se están investigando otros delitos como favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, así como el uso indebido de influencias.

Acciones del Fondo Indígena

El ministro reiteró que desde el Fondo Indígena se autorizó el traspaso de dinero a cuentas particulares. También se realizaron transferencias a proyectos fantasmas o que fueron ejecutados de manera incompleta, acciones que se rastrean hasta el periodo en que Arce ocupaba el cargo de Ministro.

Situación legal de Arce

El Fiscal General del Estado aclaró que no se llevará a cabo un juicio de responsabilidades contra Arce, ya que será investigado por los hechos que ocurrieron mientras ejercía como Ministro de Economía y miembro de la directiva del Fondioc, y no por su periodo como Presidente.

Arce fue trasladado a celdas policiales, donde deberá esperar la audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía anticipó que emitirá la imputación formal en su contra.

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Demandas de juicio contra Morales

Los legisladores están pidiendo que se inicie un juicio de responsabilidades contra Morales, argumentando que los hechos denunciados ocurrieron durante su gestión como presidente.

El diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), destacó que es fundamental someter a Morales a juicio, ya que considera “absurdo no pensar que el cajero o ministro de Economía trabajaba de manera autónoma”.

Aprehensión solicitada por legisladores

Algunos legisladores han ido más allá en sus demandas, solicitando incluso la aprehensión del exmandatario. También han acusado a Arce de ser un partícipe directo en los desfalcos relacionados con el caso.

El diputado Alejandro Reyes adoptó una postura radical, pidiendo que se “viabilice la aprehensión de su líder, Evo Morales. Porque Evo y Lucho deben compartir la misma celda”.

Acusaciones contra Arce

Reyes ha acusado a Arce de ser el “cajero de Evo Morales” durante 15 años, describiéndolo como un “testigo silencioso y cómplice” de los mayores hechos de corrupción que ocurrieron durante su gobierno.

Ambos legisladores coincidieron en la importancia de llevar a cabo una investigación transparente que permita identificar a todos los responsables del supuesto desfalco del Fondo Indígena.

Aprehensión de Arce

El expresidente Arce fue aprehendido de manera sorpresiva en La Paz alrededor del mediodía de este miércoles. Posteriormente, fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para ser investigado bajo dos delitos penales.

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El vicepresidente Edmand Lara celebró la detención de Arce a través de un video en TikTok, donde destacó su compromiso en la lucha contra la corrupción. Lara afirmó que este hecho representa el cumplimiento de una de sus promesas electorales durante la campaña: “Luis Arce va a ser el primero en entrar preso” por casos de corrupción.

En su mensaje, el vicepresidente declaró: “Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia”. Estas palabras reflejan su postura firme frente a la corrupción en el país.

Detalles de la aprehensión

Tras su aprehensión, el expresidente Arce fue trasladado a las dependencias de la Felcc. Aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial, informes extraoficiales indican que está siendo investigado en el caso Fondo Indígena. Se presume que, durante su gestión como Ministro de Economía, Arce habría permitido que se depositaran recursos estatales en cuentas personales de dirigentes encargados de diversas obras.

Perspectivas políticas

El arresto de Arce ha sido calificado por la oposición como un acto de cumplimiento de justicia. Sin embargo, sus allegados han denunciado esta acción como un “secuestro” y un “abuso” político. Esta situación evidencia las tensiones políticas significativas que se viven en el país.

Además, plantea interrogantes sobre las posibles implicaciones que esto podría tener para futuros procesos electorales y la percepción pública respecto a la lucha contra la corrupción en Bolivia.

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Durante la reunión, se discutieron varios temas importantes, entre ellos la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral y la revisión del proceso para elegir al contralor general. Se llegó a un consenso sobre la necesidad de dar prioridad a la aprobación del proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Constitución. Este proyecto se refiere al funcionamiento transitorio del Tribunal Constitucional, que actualmente cuenta con cuatro magistrados desempeñando funciones.

Se estableció que no se permitirán decretazos, suplencias ni prórrogas en los cargos. Además, se considerará en esta ley el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia. En la misma convocatoria, también se discutirá la elección de los magistrados de este tribunal.

Elección de vocales y contralor

En relación a la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, se logró un consenso para seleccionar a los mejores profesionales, de acuerdo con lo que establece la constitución. También se trató el tema del Contralor General, que será enviado a la comisión encargada para realizar una revisión exhaustiva antes de continuar con este proceso. Se busca renovar procedimientos que han sido manchados por corrupción en legislaturas anteriores.

Asimismo, se discutieron los procesos de selección de ternas para autoridades como aduanas. Se trabajará en este aspecto dentro de la agenda legislativa con el objetivo de acabar con interinatos y elegir a los mejores profesionales, siempre respetando la meritocracia.

Comisiones para investigar corrupción

Se conformó una comisión para recuperar las interpelaciones, tal como lo establece la constitución política del Estado. Se llegó a un consenso entre todas las fuerzas políticas, excepto el Movimiento al Socialismo (MAS), para formar comisiones mixtas que investiguen hechos de corrupción del anterior gobierno y otros gobiernos que han causado daño económico al Estado.

Digitalización del Estado

En cuanto a la digitalización del Estado, se acordó su importancia para agilizar trámites y reducir tanto la burocracia como la corrupción. Este proceso es fundamental para mejorar la eficiencia en la administración pública.

Receso legislativo y créditos

Finalmente, respecto al receso legislativo, se estableció que se cumplirá con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. Sobre tres créditos que se pretenden aprobar, se requerirá información del Ministerio de Economía acerca de su destino y capacidad de endeudamiento antes de decidir su aprobación. No se apoyarán créditos sin claridad sobre su uso.

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Su abogado, Richard Cerda, contradijo las afirmaciones de la Fiscalía al señalar que el proyecto, que fue suscrito en 2010 y ejecutado en 8 comunidades de la provincia Bautista Saavedra, alcanzó un avance del 80% en su ejecución.

Detalles del proyecto

Cerda también indicó que el proyecto tuvo una ejecución presupuestaria del 92%. Además, enfatizó que cuentan con las actas de entrega definitiva de las obras, las cuales están firmadas por las comunidades beneficiarias. Esto serviría como prueba de la existencia y el uso adecuado de los fondos.

En cuanto a los recursos, la defensa afirmó que solo queda un saldo mínimo. “Estos dineros han sido ya correctamente utilizados”, afirmó Cerda, quien añadió que solo hay un saldo de 2.000 bolivianos que Lidia Patty está dispuesta a devolver a la entidad.

Nuevo director del Fondo Indígena

En medio de este contexto de investigaciones y denuncias, Sergio Barba Gonzales fue posesionado como el nuevo director nacional del Fondo de Desarrollo Indígena el 8 de diciembre. Barba asumió el cargo con el compromiso de garantizar la transparencia en el uso de los recursos. Su nombramiento fue realizado por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano.

Durante su discurso de posesión, Barba aseguró: “No se tolerarán hechos de corrupción, y no se permitirán irregularidades”. La nueva autoridad se comprometió a continuar con la intervención e investigación para encontrar indicios de corrupción y transparentar la gestión de la entidad.

Investigaciones sobre el Fondo Indígena

El Fondo Indígena ha estado bajo un intenso escrutinio debido a diversas denuncias sobre el mal uso de recursos. La intervención actual busca profundizar en estos aspectos y asegurar que los fondos sean utilizados de manera adecuada en beneficio de las comunidades indígenas.

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La solicitud de detención preventiva para los implicados se realiza en el marco de una investigación que involucra a un total de 10 personas. Además de Dorgathen, están imputados Gabriela Delgadillo, quien era gerente de Industrialización; Julio César Camargo, exgerente de YPFB Refinación; y Omar Alarcón, que también fue gerente de YPFB Refinación antes de asumir como presidente de Yacimientos de Litio.

También están implicados Luis Rolando Sánchez, que era gerente de Planificación, y Miguel Ángel Colque, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de Operaciones. La Fiscalía ha solicitado la detención preventiva de 4 meses para todos los implicados, en el penal de San Pedro para los varones y en Obrajes para la mujer.

Razones de la imputación

El fiscal Omar Yujra explicó que Delgadillo está implicada porque su unidad era responsable de realizar el requerimiento de compra de combustibles a Botrading. Por otro lado, el resto de los imputados habría firmado contratos en representación de la empresa observada, según informó Erbol.

El delito imputado es de incumplimiento de deberes. Sin embargo, dependiendo de cada sindicado, se les atribuyen otros tipos penales, como conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y obstrucción a la justicia. En total, hay 10 investigados en este caso.

Estado de los otros implicados

El fiscal indicó que ya están cautelados el exgerente de YPFB Logística, Félix Taca, y la exgerente legal, Cinthia Pedraza. En cuanto a la ciudadana paraguaya que supuestamente se prestó para establecer Botrading, el fiscal explicó que se requiere cooperación de la Fiscalía en Paraguay.

Se espera que esta ciudadana pueda declarar para febrero de 2024. Actualmente, el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, ha fugado a Brasil, según informó la semana pasada el ministro de Gobierno.

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Detalles de la acusación

El fiscal Anticorrupción, Johan Muñoz, señaló que “evidentemente existe la posibilidad de autoría con referencia al delito de favorecimiento al enriquecimiento lícito”. Esto implica que Contreras podría haber estado involucrada en actividades ilegales relacionadas con el dinero que recibió.

Muñoz añadió que Contreras retiraba los montos depositados por su esposo, pero que luego los devolvía, haciendo que parecieran legales. Según el fiscal, “devolvía 7.000 bolivianos, 9,000 bolivianos, pero estos dineros iban de nuevo a cuentas también de personas que trabajaban en Emapa en ese tiempo”.

Investigación sobre bienes

Además, se está investigando la compra inusual de un departamento por un monto de 130,000 bolivianos. Esta información fue proporcionada por El Deber. Muñoz explicó que “Franklin Flores, de manera, podríamos decir, antelada, realiza su declaración jurada en la Contraloría General del Estado, refiriendo que él habría adquirido el 2 de julio de 2020 un departamento de los padres de su señora esposa por el precio de 130.000 bolivianos”.

Sin embargo, los informes de derechos reales que han llegado a la fiscalía evidencian que él habría sido propietario posterior de este bien inmueble. Por lo tanto, no se descarta investigar y convocar a los padres de Contreras para que declaren al respecto.

Convocatoria a los padres

Muñoz anunció que “van a ser convocados por los investigadores para una declaración informativa, como también la investigación de todos los bienes que han declarado”. Esto sugiere que la investigación se está ampliando y que se están revisando todos los aspectos relacionados con el caso.

Búsqueda de Franklin Flores

La Policía continúa con la búsqueda de Franklin Flores, quien desobedeció una detención domiciliaria que le fue impuesta tras su aprehensión en septiembre de 2025. Esta detención está relacionada con una investigación sobre la construcción de la planta procesadora de papa.

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Compromiso contra la corrupción

Barba se comprometió a mantener la intervención y la investigación para detectar indicios de corrupción dentro de la institución. En su discurso, enfatizó: “No se tolerarán hechos de corrupción y no se permitirán irregularidades”. Además, recordó que su misión principal es transparentar la gestión y el uso de los recursos del FDI.

Continuidad de las auditorías

El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció que el FDI seguirá bajo intervención. Se llevarán a cabo auditorías para revisar, ordenar y transparentar todos los procesos y operaciones de la institución. Esta información fue proporcionada por el medio Erbol.

Objetivos del FDI

El Fondo de Desarrollo Indígena es una entidad pública desconcentrada que tiene como objetivo financiar proyectos productivos, comunitarios y de fortalecimiento organizacional en áreas rurales. Su propósito es reducir las brechas sociales y promover el desarrollo integral de los pueblos indígena originario campesinos.

Problemas de gestiones anteriores

No obstante, en gestiones anteriores, la entidad fue utilizada de manera indebida, lo que resultó en actos de corrupción que beneficiaron a los directores y exfuncionarios anteriores. Esta situación ha generado la necesidad de una intervención más profunda y de auditorías exhaustivas para recuperar la confianza en la institución.

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Patty deberá cumplir con cuatro meses de detención preventiva debido a su supuesta participación en actos de corrupción vinculados al Fondo Indígena.

El sábado, la justicia decidió enviar a Patty a la cárcel por un periodo de cuatro meses en el contexto de una investigación. Se le acusa de haber recibido en su cuenta personal 700.000 bolivianos relacionados con un proyecto de cultivo de tomate y papa.

Investigaciones adicionales

Además de esta acusación, la exlegisladora enfrenta otra investigación por parte de la Fiscalía. Esta segunda causa está relacionada con presuntas irregularidades en un proyecto apícola.

Defensa de Lidia Patty

La defensa de Patty ha calificado su detención como ilegal y ha anunciado que planea apelar la decisión que afecta a su defendida.

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La denuncia fue formalizada el 8 de diciembre de 2025 y señala un presunto sobreprecio de 5.000.000 bolivianos en la obra. El objetivo de este proyecto era habilitar el estadio para certámenes internacionales.

Detalles de la denuncia

La denuncia, liderada por el dirigente Gregorio Gómez, incluye serias acusaciones como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

El abogado Curmi Rocha, quien patrocina la denuncia, explicó que el costo total del proyecto ascendió a 12.000.000 bolivianos. Detalló que el sobreprecio se habría concentrado en cinco ítems específicos del contrato.

Irregularidades en la contratación

Rocha también enfatizó que una de las irregularidades más notables es la contratación de una empresa constructora que “no cumplía los requisitos de registro” exigidos por la normativa vigente.

Como prueba documental, el Control Social presentó un informe de la Controlaría General del Estado, que fue enviado previamente a una concejal. Este informe respalda la necesidad de investigar las transacciones relacionadas con el proyecto.

Informe de la Controlaría

El informe señala que “se advierten posibles indicios de responsabilidad por la función pública: por lo que se ha establecido la pertinencia de ejecutar la auditoría sobre el Proceso de Contratación del Proyecto: Mejoramiento Estadio de Fútbol Municipal de El Alto (Segunda Convocatoria).”

Con la formalización de la denuncia penal, la Fiscalía ahora deberá iniciar las investigaciones correspondientes para determinar si existió el presunto desvío de fondos y las responsabilidades en el proceso de contratación.

Expectativas de la comunidad

La presentación formal ante las autoridades judiciales representa un paso significativo en el control social sobre la gestión pública. La comunidad alteña espera resultados claros que puedan esclarecer las denuncias y asegurar un manejo adecuado y transparente en proyectos futuros.

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Cada año los bolivianos, como ovejas al matadero, atravesamos el mismo ritual: la llamada “inspección técnica vehicular”. Un proceso que en teoría debería garantizar seguridad vial, pero que en la práctica se ha convertido en un lamentable simulacro amparado por el propio Estado. Antes de siquiera iniciar el trámite, cada ciudadano debe pagar 20-30 bolivianos cuyo destino real nadie conoce. Luego viene la parte más desgastante: perder horas en filas para someterse a una revisión que, lejos de evaluar seriamente el estado del vehículo, termina siendo una farsa sostenida por excusas absurdas y decisiones arbitrarias.

La experiencia es casi la misma para todos: policías y dizque mecánicos que hallan cualquier pretexto, que se lo puede “agilizar” solo mediante pagos adicionales. Más que una inspección, se trata de una extorsión anual normalizada. Peor aún, no se certifica ninguna de estas excusas, por lo cual es imposible hacer una denuncia. ¿Y dónde se haría? ¿Ante la misma institución que está extorsionando al ciudadano? Juez y verdugo son uno solo.

Considerando que el 2024 el parque automotor en Bolivia era de alrededor de 2,5 millones de vehículos y que cada automóvil tiene que pagar una papeleta de 30 Bs, estamos hablando de una recaudación de 75 millones de Bs. Si sumamos, digamos, el doble con la llamada coima, son 150 millones de Bs, que al cambio oficial son 21 Millones de USD. ¡Vaya negocio!

Año tras año nos sometemos a esta dinámica corrosiva. Y aún más triste: mientras muchos cumplimos con el trámite, otros, amparados en sindicatos o contactos internos, simplemente entregan el número de placa, pagan bajo la mesa y obtienen la aprobación sin que su vehículo pase por ninguna verificación. Algunos de ellos tienen autos en buenas condiciones y lo hacen sobre todo para ahorrarse el disgusto. Pero también circulan autos en condiciones deplorables que ponen en riesgo vidas, mientras la supuesta “inspección técnica” mira hacia otro lado. Como olvidar el día en que al minibús en el que yo iba se le cayó la puerta corrediza en pleno viaje. Pero el adhesivo de la inspección, ahí estaba, brillando en el parabrisas.

Para colmo, quien no participa de esta farsa es sancionado con una multa. Significa que el Estado además castiga al ciudadano por no entrar en un proceso que él mismo ha permitido degradarse hasta convertirse en una red de corrupción. Si la meta fuera realmente mejorar la seguridad vial, el sistema sería técnico, profesional, transparente y no dependería de la discrecionalidad policial. Habría sanciones reales para los que no cumplen e incentivos para los que sí.

Empero, es evidente que en un país como el nuestro no se puede exigir que todos tengan autos nuevos o en perfecto estado. Para muchas familias, su vehículo, por antiguo que sea, es un recurso indispensable, ya sea para trabajar o simplemente para moverse en ciudades sin transporte público eficiente. La renovación del parque automotor es un tema pendiente.

A la vez, tampoco es justo que quienes sí mantienen sus vehículos en buen estado deban pasar por la misma tortura burocrática y pagar las mismas “retribuciones informales” que otros. Entonces, la inspección, tal y como existe hoy, no distingue responsabilidades, no mejora la seguridad y no aporta absolutamente nada al bien común.

Solo contribuye a corroer aún más la institucionalidad del país. Ni que decir de la falta de transparencia sobre dónde termina todo ese dinero. Si el nuevo comandante interino de la policía, Mirko Sokol, va en serio con combatir la corrupción en su institución, lo primero que debe desaparecer es esta “inspección”. Carece de sentido.

La llamada requisa no solo nos daña colectivamente en lo económico. Nos daña también en lo moral. Evidencia el profundo deterioro de nuestras instituciones, y en especial de la Policía. No es casual que figuras políticas que denuncian estas prácticas reciban tanto apoyo ciudadano: la gente está cansada.

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En operativos conjuntos, fiscales y policías también allanaron esta semana las oficinas de la petrolera estatal boliviana en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Además, se realizó un allanamiento en la planta de almacenamiento de gas en El Alto, que está contigua a La Paz. Estas acciones tienen como objetivo investigar supuestos desvíos de diésel y gasolina.

Como resultado de estas intervenciones, la Policía arrestó a varios funcionarios y confiscó documentos relacionados con el contrabando de combustible y contratos ilegales.

Acciones en la Agencia Nacional de Hidrocarburos

Otras intervenciones se llevaron a cabo en las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y en las instalaciones de YPFB en La Paz y Santa Cruz.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, informó que en 2024 Bolivia importó el 95% del diésel y el 60% de la gasolina para consumo interno. Esto se ha convertido en un componente crítico para la estabilidad, la economía y el desarrollo del país.

Desvío y pérdidas económicas

Akly también mencionó que se detectó un desvío ilícito de entre el 20% y el 25% del combustible importado. Este combustible se vende en el mercado interno a un precio subvencionado, lo que afecta significativamente la economía del Estado.

Las irregularidades detectadas han generado pérdidas económicas que ascienden aproximadamente a 1.000 millones de dólares al año.

Fuga del expresidente de YPFB

Además, se confirmó la fuga del expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien está siendo investigado formalmente por la Fiscalía por contrabando y exportación agravada de gas. Este caso está abierto en Yacuiba, frontera con Argentina, y se activó una alerta migratoria en su contra.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que hay procesos penales en curso contra Dorgathen. En estos procesos se ha establecido “obstaculización y peligro de fuga”.

Investigación por irregularidades

Dorgathen también está bajo investigación por el caso denominado “Botrading”. Esta es una empresa que YPFB creó en Paraguay supuestamente para importar combustible. Sin embargo, en 12 contratos suscritos con la petrolera estatal se encontraron irregularidades, como un presunto sobreprecio en la adquisición de combustible para Bolivia.

El expresidente de YPFB enfrenta acusaciones de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes.

Críticas a las autoridades judiciales

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expresó su preocupación por la fuga de Dorgathen y criticó a las autoridades judiciales por haberlo dejado en libertad, a pesar de contar con una alerta migratoria y procesos abiertos en su contra.

Oviedo confirmó que el exfuncionario se encuentra en Brasil, después de que se publicaran fotografías de Dorgathen supuestamente en territorio brasileño.

Acciones del nuevo presidente

El presidente Rodrigo Paz, quien está a punto de cumplir un mes en el Gobierno, ordenó hace dos semanas la creación de la “comisión de la verdad por los hidrocarburos”. Esto se realizó tras detectar una estructura de corrupción en este sector.

Paz denunció: “Lo que estamos descubriendo es un sistema de corrupción armado de manera infame. La patria fue atacada por la corrupción. No había un mar de gas, había un mar de corrupción. Se llenaban la boca hablando de una supuesta nacionalización, pero lo que se llenaban eran sus bolsillos”.

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La Fiscalía presentará este requerimiento durante la audiencia cautelar, donde se pedirá que Patty sea recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

La exlegisladora fue aprehendida después de prestar su declaración informativa en La Paz. Durante este proceso, estuvo asistida por un traductor en su idioma originario para poder comprender los hechos que se le imputan, según lo informado por el fiscal Miguel Cardozo.

Investigación sobre el Fondo Indígena

La investigación se centra en el manejo de recursos del ex Fondo Indígena, que ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción en el país. Según los indicios, el Fondo Indígena entregó a Patty un cheque por 700.000 bolivianos para la ejecución del proyecto de invernaderos.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el proyecto solo habría sido ejecutado en un 50%. La exdiputada ha presentado documentación de descargo y depósitos que, según ella, acreditarían una devolución de dinero. No obstante, el fiscal Cardozo ha señalado que estos descargos están incompletos y que hay otros fondos que no han sido explicados. El Ministerio Público considera que alrededor de 200.000 bolivianos no serían legales.

Otros implicados en el caso

Además de Lidia Patty, la Fiscalía también investigará a otras 4 personas que están implicadas en el caso. Todos ellos son exfuncionarios del Fondo Indígena y serán citados para declarar.

Este caso contra Lidia Patty, quien recientemente regresó al país tras desempeñar funciones diplomáticas en Argentina, ha generado diversas reacciones en el ámbito político.

Reacciones políticas

La senadora Claudia Mallón, del partido APB-Súmate, afirmó que Patty “se dejó utilizar” durante la anterior gestión de gobierno para impulsar procesos de persecución política contra opositores. Mallón también comentó que ahora, con la aprehensión de Patty, “se volcó la tortilla”.

La senadora pidió a la justicia que maneje el caso “con objetividad”, a diferencia de lo que ocurrió en gestiones anteriores.

Al ser trasladada a las oficinas policiales tras su declaración, Patty evitó hacer comentarios, aunque insistió en su inocencia. Mientras tanto, algunas personas en el lugar gritaban “corrupta”.

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La detención se llevó a cabo durante un allanamiento en la vivienda conyugal, que se encuentra en la zona Sur de La Paz. En cuanto al exgerente Flores, él se encuentra cumpliendo detención domiciliaria mientras es investigado por presunta corrupción relacionada con la construcción de una planta de papa en El Alto.

Confirmación del operativo

El operativo fue confirmado por Gabriel Neme, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Neme indicó que la detención se produjo el jueves por la noche en la zona de Obrajes, en un trabajo coordinado con la Fiscalía.

Situación de la esposa de Flores

La mujer, que es la cónyuge de Flores, permanece en celdas policiales a la espera de que el Ministerio Público defina su imputación y notifique su audiencia de medidas cautelares.

Declaración del abogado

Su abogado, Héctor Castellón, informó que la mujer decidió acogerse al derecho al silencio durante la declaración informativa. Ella alegó que desconoce los detalles de las investigaciones y que la responsabilidad de los presuntos delitos no debería recaer en su pareja.

Investigación a Franklin Flores

Franklin Flores está siendo investigado por varios presuntos delitos, que incluyen incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. Estos cargos están relacionados con el proceso de construcción y entrega en 2022 de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa de El Alto.

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El primer eje se centra en la meritocracia, donde el presidente aseguró que las designaciones dentro de la institución se realizarán en función de los méritos y el profesionalismo, evitando criterios políticos. “Una institución fuerte necesita reglas claras”, afirmó, subrayando que la normativa interna debe servir como una “brújula moral” para todos los policías.

En segundo lugar, el presidente anunció una lucha decidida contra la corrupción, tanto interna como externa. Señaló que tolerar irregularidades debilita a la Policía desde adentro y que es fundamental erradicar este problema.

Mantenimiento del orden

El tercer eje destaca la importancia de que la Policía se enfoque en mantener el orden y prevenir delitos, en lugar de reaccionar únicamente ante ellos. Esto implica un cambio de enfoque en la estrategia policial.

El cuarto eje se refiere a la modernización de la institución, que incluye la incorporación de tecnología, inteligencia policial y cooperación internacional. “Basta de ser una isla”, enfatizó, pidiendo que se dejen atrás visiones ideológicas que limiten el crecimiento de la Policía.

Refuerzo de la seguridad

El quinto eje busca fortalecer la seguridad en áreas tanto urbanas como rurales, asegurando que todos los ciudadanos se sientan protegidos y respaldados por la institución.

Finalmente, el presidente incluyó la lucha contra la violencia de género como un compromiso personal y esencial para garantizar la equidad y la igualdad en la sociedad.

Ética del servicio policial

Paz también hizo un llamado a la ética en el servicio policial, afirmando que “la autoridad no viene del arma ni del uniforme, sino del ejemplo”. Pidió a los nuevos oficiales que actúen con coherencia y carácter, incluso cuando no haya nadie observándolos.

El acto concluyó con un mensaje de firmeza, disciplina y honor. El presidente calificó este momento como “intenso y complejo”, donde se requieren instituciones fuertes, maduras y unidas para enfrentar los desafíos actuales.

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Alarcón argumentó que si los fiscales hubieran ordenado la aprehensión y detención preventiva de Dorgathen el 23 de septiembre, este no habría podido escapar. En su opinión, “era obvio que se corría el riesgo de obstaculizar el proceso, contaminar y manipular las pruebas”.

El diputado destacó que la participación de Dorgathen en el caso es más relevante que la de otros implicados, como Félix Cruz, exgerente de YPFB Logística, quien fue cambiado a arresto domiciliario.

Solicitudes al fiscal general

Alarcón también mencionó que ha enviado notas oficiales al fiscal departamental de La Paz desde el 15 de septiembre. En estas notas, solicitó medidas cautelares sobre los bienes y personas mencionadas en el informe del caso Botrading. Sin embargo, consideró que los avances en este asunto han sido “insignificantes” y acusó a los fiscales de actuar con lentitud.

El diputado pidió al fiscal general que colabore con la cancillería para gestionar la rápida expulsión de Dorgathen desde Brasil. Además, solicitó activar un sello rojo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en caso de que Dorgathen intente salir del país.

Diputado Alarcón envía notas a fiscal general y al canciller para que Dorgathen sea traído a Bolivia/ RR.SS

Impacto en la credibilidad del Estado

Según Alarcón, “este caso compromete toda la credibilidad del Estado boliviano en la lucha contra la corrupción”. También hizo referencia a la Ley 1352, que establece sanciones por violar las prohibiciones de salida del país tras concluir funciones.

Alarcón argumentó que Dorgathen debería haber permanecido 3 meses en Bolivia bajo sanción penal y que su salida ilegal justifica su expulsión inmediata.

Responsabilidades en el caso

Finalmente, Alarcón instó a las autoridades del nuevo gobierno de YPFB y al Procurador General del Estado a impulsar el proceso penal. Afirmó que hasta ahora, los fiscales han actuado como “facilitadores y promotores de la impunidad” respecto a las anteriores autoridades de YPFB.

En relación con las responsabilidades por omisión en el manejo del caso Botrading, Alarcón planteará preguntas específicas sobre dónde fallaron las alertas migratorias y quiénes son los responsables dentro de las instituciones involucradas.

/LA PATRIA

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Las autoridades de esta cartera han expresado su preocupación ante el accionar del operador judicial. Señalan que decisiones como la otorgada a Ríos generan desconfianza y alimentan la impunidad en el sistema judicial.

El ministerio ha solicitado a las autoridades competentes investigar el comportamiento del juez, argumentando que tales determinaciones traicionan el esfuerzo institucional para erradicar la corrupción en el país. Esta información fue divulgada a través de un comunicado de prensa emitido por el ministerio.

Vínculos ilícitos

Las indagaciones realizadas han revelado vínculos ilícitos entre Rubén Ríos y sus familiares, lo que ha configurado una red de corrupción. Entre los delitos que se están investigando se encuentran el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias.

Este caso no solo afecta la credibilidad del sector panificador, sino que también compromete el patrimonio de todos los bolivianos, generando un clima de desconfianza en las instituciones.

Riesgo de fuga

La medida otorgada por el juez Huacani también plantea un riesgo de fuga, similar al caso del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.

Rubén Ríos ha mostrado resistencia a enfrentar las acusaciones en su contra, ya que no fue encontrado en su domicilio durante varios días, lo que aumenta las preocupaciones sobre su posible evasión de la justicia.

Exigencias del ministerio

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua exige que la medida sustitutiva aprobada por el juez sea revisada y revertida. Las autoridades piden que la justicia envíe señales claras de cambio y un compromiso real con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Se lamenta que ciertos operadores de justicia no estén apoyando el esfuerzo del equipo jurídico del ministerio para identificar y sancionar a los responsables de los hechos de corrupción que han sido descubiertos.

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En una declaración realizada al medio Unitel, Patty negó de manera contundente las acusaciones que la señalan por desviar fondos de los proyectos que estaban bajo su gestión. Además, expresó su disposición para defenderse ante la justicia boliviana.

Detalles de la investigación

“Sí, he escuchado que el fiscal ha emitido una orden de aprehensión, pero no he sido notificada. Estoy dispuesta a defenderme, yo soy boliviana, estoy en mi país y me voy a defender de las acusaciones”, afirmó Patty.

La orden de aprehensión se origina a raíz de una investigación que ha revelado irregularidades en varios proyectos que estaban a cargo de la exdiputada. Según el fiscal Miguel Cardozo, uno de los proyectos requería una inversión superior a 1.000.000 Bs, de los cuales se habrían transferido 700.000 Bs directamente a la cuenta personal de Patty.

Compromiso con la justicia

A pesar de la seriedad de la orden de aprehensión, Patty, quien fue parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), rechazó cualquier insinuación de que intentaría eludir o obstaculizar las investigaciones. “Nunca he pensado (huir), si no, no hubiera retornado de Argentina. Yo me voy a presentar (en la Fiscalía) en cualquier momento”, indicó, reafirmando su intención de permanecer en el país.

Patty decidió no entrar en detalles sobre los proyectos específicos que están siendo investigados, pero se autodenomina una “víctima” en el escándalo del Fondo Indígena.

Denuncia de corrupción

“Por denunciar la corrupción, por eso estoy pagando en este momento sufriendo esto”, concluyó Patty. Con esta afirmación, insinuó que la persecución en su contra podría estar relacionada con su papel como denunciante o crítica de la corrupción dentro de la entidad.

En este momento, la exdiputada espera recibir una notificación formal. Mientras tanto, reitera su compromiso de colaborar con la justicia para aclarar su situación y demostrar la legalidad en el manejo de los recursos que estaban a su cargo.

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Detalles de la orden de aprehensión

La medida fue confirmada por el fiscal Miguel Cardozo, quien está a cargo del caso. La decisión de emitir la orden de captura se tomó después de que Patty no se presentara a comparecer ante el Ministerio Público, a pesar de haber recibido varias citaciones. Esta falta de comparecencia llevó a la Fiscalía a considerar que existía un riesgo de fuga y de obstaculización en la investigación.

El fiscal Cardozo también indicó que la Policía Boliviana ha sido notificada y está lista para ejecutar la orden de aprehensión. Asimismo, se ha gestionado una alerta migratoria para impedir que Lidia Patty salga del país.

Delitos imputados

La exdiputada enfrenta acusaciones por la comisión de delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. La investigación se centra en un proyecto que fue financiado por el Fondo Indígena entre 2009 y 2011. Este proyecto estaba destinado a la producción de tomates y hortalizas en 8 comunidades rurales y requería una inversión total de más de Bs 1 millón.

Sin embargo, el fiscal Cardozo detalló que se ha establecido que Lidia Patty posiblemente recibió personalmente una suma significativa de dinero. “Se tiene ya establecido que habría recibido más de Bs 700.000 en su cuenta”, afirmó Cardozo, lo que ha generado preocupación en torno a la gestión de estos fondos.

Investigación en curso

La Fiscalía argumenta que este dinero fue desembolsado a pesar de que el avance físico de los proyectos no superaba el 50%, lo que podría constituir un daño económico al Estado. Como parte de las diligencias investigativas, un equipo de la Fiscalía, acompañado por efectivos de la División Anticorrupción de la Policía, intervino las oficinas del Fondo Indígena en La Paz.

El objetivo de esta intervención fue secuestrar la documentación relacionada con los 8 proyectos que están bajo sospecha y verificar los depósitos realizados a las cuentas bancarias vinculadas con Patty. Esto busca consolidar los elementos de convicción necesarios para el caso.

Contexto del caso

Este proceso judicial reabre uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la gestión del expresidente Evo Morales, que involucró el desvío de recursos destinados al desarrollo de comunidades rurales. Tras la captura y comparecencia de Patty, el Ministerio Público deberá determinar si existen suficientes elementos para proceder con su imputación formal.

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El fiscal encargado del caso confirmó la liberación de estas nueve personas, quienes habían sido aprehendidas en diferentes registros ejecutados en las últimas 48 horas en varias instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La medida se adoptó después de que los detenidos prestaron su declaración ante la comisión de fiscales.

Detalles de la investigación

Según el Ministerio Público, las declaraciones proporcionadas por los aprehendidos han permitido “dar más luces” sobre la investigación que indaga posibles delitos de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica dentro de la empresa estatal.

La investigación se inició debido a un presunto sobreprecio en varios proyectos de la petrolera. De acuerdo con los avances preliminares de la Fiscalía, se habrían identificado irregularidades en al menos 3 proyectos específicos: la construcción de una planta de procesamiento de gas, una planta de almacenaje y un conversor de GNV.

Operativos coordinados

Las 9 personas fueron aprehendidas en el marco de los operativos coordinados entre la Fiscalía y la División Anticorrupción de la Policía. Esta acción es parte de la investigación que busca establecer responsabilidades en la red de presuntas irregularidades.

Se espera que las investigaciones continúen con la revisión de documentación y la ejecución de pericias técnicas. La Fiscalía está comprometida en esclarecer los hechos y determinar si hubo algún tipo de delito en la gestión de YPFB.

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Este operativo se realizó con el objetivo de investigar indicios de un presunto desvío de combustible y contratos irregulares dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El operativo comenzó cerca de las 14:00 horas y se extendió hasta pasadas las 17:00 horas. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la acción se centra en la identificación de funcionarios que podrían estar involucrados en una serie de delitos graves.

Delitos investigados

Un boletín informativo emitido por la Fiscalía indica que los indicios apuntan a la posible comisión de varios delitos, que incluyen: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, sabotaje, negociaciones incompatibles, uso indebido de influencias y cohecho.

Intervenciones previas

El allanamiento realizado este martes en la refinería de Palmasola es parte de una serie de intervenciones previas que se llevaron a cabo el lunes.

Ampliación de la investigación

El Ministerio Público ha confirmado que la investigación se ha ampliado a 4 departamentos, con operativos simultáneos en las oficinas de YPFB ubicadas en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Oruro. Esto refleja una amplia pesquisa sobre la corrupción dentro de la petrolera estatal.

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Una comisión de fiscales, liderada por el coordinador Israel Rojas Toledo, llevó a cabo el operativo como parte de la ampliación del caso en cuestión.

Intervenciones en varios departamentos

El allanamiento se realizó un día después de que se llevaran a cabo intervenciones simultáneas en cuatro departamentos en YPFB. Estas acciones investigan cobros irregulares, desvío de combustible y actos de corrupción que involucran a varios funcionarios, según lo informado por El Deber.

Yussef Akly, presidente de YPFB, declaró que la estatal petrolera se encuentra en una situación crítica y anunció una reestructuración profunda de la empresa.

Documentos y aprehensiones

Akly indicó que durante los allanamientos realizados desde el inicio de esta semana se han secuestrado documentos y se han aprehendido a varios funcionarios para que brinden su declaración ante la Fiscalía.

“Nos interesa hacer una reestructuración profunda. Queremos rescatar a los buenos profesionales y trabajar con esa gente”, comentó Akly.

El presidente de YPFB añadió que la investigación abarca “diversos procesos ligados a la manipulación de combustibles”, un problema que calificó como grave y extendido.

Operativos en La Paz y otras ciudades

En La Paz, la Fiscalía intervino la planta de YPFB ubicada en Senkata de El Alto, donde se encontraron indicios de manejo irregular de carburantes. Varios funcionarios fueron aprehendidos durante esta operación.

En Cochabamba, los operativos se llevaron a cabo en YPFB, YPFB Redes y YPFB Comercial. En este caso, se investiga a un funcionario acusado de cobrar montos irregulares para beneficiar a una empresa en procesos de contratación.

En Santa Cruz, los allanamientos continúan en el marco de las investigaciones por presunto incumplimiento de contratos.

En Oruro, la Fiscalía intervino las oficinas regionales de YPFB tras recibir denuncias sobre posibles irregularidades en el proyecto de ampliación de almacenamiento de combustible, una obra ejecutada por una empresa venezolana.

Revisión profunda en YPFB

Akly enfatizó que se está llevando a cabo “una revisión profunda, completa y analítica de toda la estructura de YPFB”. Afirmó que la empresa fue encontrada operando “como una trader”.

Desde que asumió la presidencia, se han realizado investigaciones conjuntas con la nueva administración de la ANH. Estas investigaciones revelan que el desvío de combustible genera un daño anual estimado entre 800 y 1,000 millones de dólares.

“El desvío representa aproximadamente el 25% del volumen total que se recibe y comercializa”, explicó Akly.

Se están implementando cambios clave en el personal “directamente involucrado en la operativa” en cada distrito.

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Akly Flores destacó que Rodríguez es “una persona muy proba, de mucho conocimiento de la industria”. Aseguró que Rodríguez llevará a cabo todas las diligencias, acciones y medidas necesarias para el correcto funcionamiento del Distrito. Esto incluye evitar cualquier hecho de corrupción y apoyar, desde su nuevo rol, todas las acciones requeridas para esclarecer los hechos denunciados.

Medidas preventivas adoptadas

Como parte de un proceso de saneamiento institucional, se ha decidido realizar un cambio inmediato del personal en las reparticiones involucradas. Esta medida busca garantizar la objetividad de la investigación y la continuidad operativa. “Hemos empezado con la destitución de las cabezas. Por supuesto que serán puestos a disposición de la justicia”, afirmó Akly Flores.

Operativos de registro y allanamientos

En el marco de las acciones de transparencia institucional, este lunes se llevaron a cabo operativos de registro en el lugar de los hechos, así como allanamientos en diferentes instalaciones a nivel nacional. La diligencia fue realizada por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, abarcando distritos comerciales, distritos de redes de gas, oficinas administrativas y plantas operativas.

Estos operativos se realizaron atendiendo denuncias sobre presuntos cobros irregulares, desvío de combustibles y otros posibles actos de corrupción.

YPFB se presenta como víctima

En su condición de víctima, YPFB se presentará en todos los procesos penales que se inicien. Además, la estatal petrolera presentará las querellas correspondientes y colaborará con las acciones de investigación. YPFB garantiza que se están tomando todas las medidas necesarias para asegurar el normal abastecimiento de combustible en todo el territorio nacional.

Compromiso con la transparencia

La estatal reafirma su compromiso con la seguridad energética del país y con la construcción de una institución que sea transparente y esté al servicio de la población boliviana.

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Sokol instruyó a la Dirección Nacional de Personal y al Subcomando General a realizar un análisis estructural. Este análisis tiene como finalidad reducir al mínimo el número de efectivos que se dedican a funciones administrativas en todas las unidades del país. El propósito es que la mayor cantidad posible de policías sea reasignada a labores operativas, según lo indicado por Erbol.

“Vamos a evaluar y vamos a reducir lo más que se pueda esta función administrativa para que la gente vaya a las calles donde tienen que estar, que vayan a cumplir la misión constitucional de proteger a nuestra sociedad”, sostuvo el Comandante.

Enfoque en el trabajo de campo

El Comandante explicó que, históricamente, varias unidades dedicadas al control interno se limitaban a recibir informes en oficina. La nueva directriz exige que estos equipos salgan a trabajar en campo, realicen inspecciones y sean proactivos en la identificación de irregularidades.

Medidas para reforzar la presencia policial

En paralelo, Sokol anunció medidas para aumentar la presencia policial directa en los barrios. A partir de esta fecha, todos los patrulleros, ya sean vehículos o motocicletas, deberán interrumpir su recorrido cada 30 minutos. Durante estas paradas, los policías deben descender y tomar contacto directo con la población en lugares como mercados, escuelas, hospitales o espacios nocturnos.

La instrucción busca generar un vínculo activo con los ciudadanos, recoger alertas sobre riesgos o irregularidades y crear condiciones más favorables para la prevención del delito. Además, los patrulleros deberán elaborar informes diarios con la información obtenida, los cuales serán procesados para definir políticas institucionales.

Acercamiento a la comunidad

“Tenemos que acercarnos más a nuestro pueblo con acciones reales. Cuando el patrullero se baja del vehículo, la gente nos hace conocer lo que está ocurriendo, desde situaciones de riesgo hasta hechos de corrupción”, afirmó Sokol.

Nuevas líneas telefónicas para denuncias

Sokol también presentó nuevas líneas telefónicas para denuncias y pidió a la población hacer un uso responsable de estos canales. Recordó que BOL 110, PAC 120 y otras líneas continúan disponibles para que los ciudadanos puedan comunicarse con la Policía.

El Comandante concluyó destacando que la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana requieren la participación de todos. “Ahora les toca a ustedes ser los ojos y los oídos de la Policía”, afirmó.

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La Fiscalía Anticorrupción ha estimado que el daño económico al Estado supera los 6.000.000 bolivianos. El fiscal anticorrupción Ronald Jurado ha informado que se está investigando un clan familiar que se beneficiaba de manera irregular con la harina subvencionada. Junto a Rubén Ríos, también fue aprehendido uno de sus hijos y una exfuncionaria de Emapa, quien trabajaba como analista de ventas.

Buscan a más implicados

Las autoridades están en la búsqueda de otro hijo del dirigente panificador y de su exesposa, quienes tendrían vínculos con este caso, según lo reportado por Unitel. La investigación ha revelado que Ríos transportaba y vendía harina a Emapa de forma directa. Además, recibía el producto subvencionado, alquilaba su vivienda para almacenar la harina y proporcionaba transporte para su distribución.

Beneficios del clan familiar

El fiscal Jurado ha indicado que ha existido un clan familiar que se beneficiaba de esta harina subvencionada, la cual era revendida por Rubén Ríos. Existen listas que muestran que no solo él se beneficiaba, sino que también habría dos hijos y otros familiares cercanos a Ríos involucrados en esta situación.

Próxima audiencia cautelar

La situación jurídica del dirigente panificador será definida en la audiencia cautelar que se llevará a cabo en las próximas horas. Este caso ha generado gran interés y preocupación en la sociedad debido a las implicaciones de corrupción en el manejo de recursos estatales.

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Los fiscales han convocado a funcionarios de YPFB para obtener información sobre el caso, que está relacionado con acusaciones de desvío de carburantes y corrupción dentro de la petrolera estatal.

El fiscal anticorrupción de El Alto, Sergio Dávila, declaró a CTV Red Nacional Bolivia que: “Hay circunstancias que van a ser investigadas. No descartamos convocar a otros testigos porque hubo funcionarios que han identificado con precisión que ciertos tanques en los cuales se almacena el combustible no pertenecerían a YPFB Logística, sino a YPFB Comercialización”.

Investigaciones en varias plantas

Las autoridades del Ministerio Público han intervenido en esta jornada las plantas de YPFB en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz para esclarecer los hechos de corrupción relacionados con el desvío de carburantes desde estas instalaciones hacia el mercado irregular.

Dávila también precisó: “Los funcionarios no han podido establecer cuál es la diferencia entre los tanques de Logística y de Comercialización. También hay documentación en la que alegan la propiedad de estos tanques”.

Órdenes de aprehensión

Se han emitido órdenes de aprehensión contra dos choferes de la petrolera pública, quienes están acusados de desviar carburantes desde principios de este año. “En febrero uno, y en noviembre el otro, en esos meses se han advertido irregularidades. Hubo acopio, otro caso en el que se han despachado 14 cisternas cargadas con diésel, combustible que solo debía estar en un 10%, sin embargo ha sido despachado y comercializado a diferentes usuarios”, agregó Dávila.

Continuación de las investigaciones

El fiscal también mencionó que los funcionarios “tienen varias denuncias” y que hasta ahora se ha determinado que el esquema de corrupción en la petrolera pública surgió en YPFB Logística. Las investigaciones siguen en curso para establecer la magnitud del desvío y su impacto en el suministro regular de combustible a la ciudadanía.

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“Hablar con la verdad significa ‘subvención es corrupción’. Tenemos que ayudar a la economía para que haya un precio justo. Sí, pero no haciendo ricos bajo la excusa de recursos que han sido usados de mala manera en todos los rubros; uno es el tema ahora de panificadores, los hidrocarburos”, expresó Paz durante una conferencia de prensa.

El mandatario enfatizó que no se permitirá que “sigan robando” bajo la justificación de los precios y la subvención. “Entonces, nosotros vamos a generar una economía que sea justa, que sea correcta, que sea transparente, pero no bajo la excusa de la necesidad que es real de algunos sectores permitir que se sigan robando la plata de esa manera. Por lo menos no en nuestro gobierno”, afirmó.

Recursos para la producción

Paz subrayó que los recursos deben dirigirse hacia la producción y no a la corrupción o a proyectos como las canchas de fútbol y museos de la época del Movimiento al Socialismo (MAS), según informó Erbol.

“Ni la subvención para la corrupción ni museos de la corrupción. Los pocos recursos que tenemos tienen que ir para la producción, y eso hay que hablar con la verdad y decir de frente a la gente que si queremos reactivar nuestra economía, no puede ser con mentiras”, sostuvo el presidente.

Robar a nombre de la gente

Para concluir, Paz mencionó que la “peor canallada” es robar a nombre del “bien de la gente”. Este mensaje resalta su compromiso de luchar contra la corrupción y garantizar que los recursos del país se utilicen de manera adecuada para el beneficio de todos.

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Mario Moreno, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), señaló que las irregularidades en la venta de maíz subvencionado y el contrabando de grano desde Argentina se habrían manifestado desde 2020, coincidiendo con el inicio de la gestión del expresidente Luis Arce.

Moreno explicó que el sector productivo notó movimientos inusuales en la comercialización de maíz subvencionado. “Desde que asumió el último presidente, Arce, ya identificamos irregularidades. Detectamos una guerra sucia con los precios. Introducían maíz transgénico argentino que allá costaba 32 bolivianos el quintal y aquí lo revendían a 71, mientras Emapa lo subvencionaba a 65”, afirmó.

Impacto económico del contrabando

El dirigente calculó que solo por la diferencia de precios se generaba un margen de más de 20 a 30 bolivianos por quintal. Durante 4 años, habrían ingresado entre 400 mil y 500 mil toneladas de maíz de contrabando. Según sus estimaciones, este movimiento ilegal representaría un negociado que podría alcanzar los 100 millones de dólares, cifra que supera considerablemente el daño oficial reportado por el Gobierno.

Cuestionamientos al proceso penal

Moreno también expresó dudas sobre cómo se está llevando a cabo el proceso penal, especialmente en relación con el tratamiento otorgado al exdirector de Emapa, Franklin Flores. “Me parece raro que no le pongan medidas sustitutivas ni arraigo. No tiene lógica. Esto genera dudas porque él es responsable de este negociado que nos afectó durante años”, señaló.

Consecuencias para los productores

El dirigente de Promasor aseguró que la distorsión en los precios provocada por el contrabando y la manipulación de la subvención ha golpeado duramente al sector productivo. “Muchos productores trabajaron a pérdida. Otros migraron a diferentes actividades y dejaron de producir. Nuestra producción cayó a 300 mil o 350 mil toneladas, porque simplemente no podíamos competir con el maíz subvencionado e ilegal”, explicó.

Crisis en el sector agrícola

La situación ha generado una crisis en el sector agrícola, donde muchos productores se han visto obligados a abandonar sus actividades debido a las pérdidas económicas ocasionadas por estas prácticas irregulares. Además, la falta de acceso a biotecnología y las condiciones climáticas adversas han agravado aún más esta problemática para los agricultores locales.

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El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, ha confirmado que hay indicios de corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). En este contexto, el exgerente Franklin Flores ha sido señalado como uno de los principales responsables. La Policía está actualmente en la búsqueda de Flores, así como del dirigente panificador Rubén Ríos, quien también enfrenta acusaciones de extorsión debido al incumplimiento de su detención domiciliaria.

Justiniano afirmó que “en todas las denuncias que se están presentando, él es uno de los principales artífices de haber generado todo este nivel descontrolado de corrupción”. El ministro agregó que la corrupción ha permeado otras instancias relacionadas con Emapa y que Flores “está metido en todo”.

En la actualidad, el exgerente de Emapa es buscado por la Policía después de haber incumplido su detención domiciliaria. Sobre él pesa una orden de aprehensión, y la Fiscalía ha dispuesto el congelamiento de sus cuentas. Además, se ha abierto un nuevo proceso en su contra por evasión.

Búsqueda de Franklin Flores

Se desconoce el paradero de Flores, quien es buscado activamente por las autoridades. Asimismo, la Policía también está tras la pista del dirigente panificador Rubén Ríos, quien no fue encontrado en su domicilio durante un allanamiento realizado por las fuerzas del orden.

Justiniano mencionó que Ríos ha tomado una organización legítima, la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol), para extorsionar a los panificadores. El ministro advirtió que “es un tipo nefasto, un tipo que se agarró una organización legítima, de los panificadores, con muchos honestos, para extorsionarlos a ellos”, según lo informado por Unitel.

Estructura de corrupción

El ministro Justiniano señaló que recién está saliendo a la luz la estructura del dirigente Ríos. Además, advirtió que la corrupción no es un problema exclusivo de la subvención a la harina. Indicó que hubo un esquema que se repitió en lo relacionado al trigo y al maíz.

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Desde Cochabamba, el mandatario sentenció: “A mí lo que me impresiona es que todo lo que es subvención en Bolivia es corrupción”.

El Presidente advirtió que su Gobierno no tiene intención de “mantener a corruptos y ladrones”. Se refirió a los miles de millones de bolivianos que se gastaron en subvenciones y aseguró que estos recursos, que estaban destinados a abaratar el costo de vida, terminaron haciendo “ricos a unos cuantos, y era una mentira”.

Acciones legales en marcha

El Gobierno ya ha iniciado acciones legales, enfocándose en casos como el de la subvención de la harina, donde se detectaron mecanismos irregulares que beneficiaban a intermediarios. “Había unos señores que compraban la harina a un monto, después revendían esa compra a 300, le vendían eso a Emapa y después volvían a recibir más barato. Vendían y hacían negocio dos veces”, reveló Paz.

Futuro del precio del pan

Al ser consultado sobre el futuro del precio del pan tras la eliminación de la subvención, el Presidente explicó que ahora se buscará generar un nuevo proceso basado en la honestidad de la producción y la venta, donde el mercado defina el precio. “Nosotros vamos a pelear porque el precio sea lo más barato posible”, garantizó.

Corrupción en otros sectores

Paz también indicó que los actos de corrupción se extendieron a otras áreas, como la dotación de carburantes subvencionados. La ratificación del fin de la subvención ocurre mientras las autoridades buscan al exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, y al ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos.

Investigación por corrupción

Ambos son investigados por presunta corrupción al supuestamente negociar con la harina subvencionada. Un esquema en el que Ríos habría recibido productos a precios bajos para revenderlos con sobreprecio a la misma Emapa. Los dos acusados no fueron hallados en sus domicilios para prestar sus declaraciones.

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Esta decisión fue comunicada a través de un memorándum interno que fue dirigido a la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Esta acción es parte del proceso de reestructuración que Sokol ha anunciado, con el objetivo de enfrentar de manera directa la corrupción dentro de la institución.

De acuerdo con el documento, la orden implica que todas las labores operativas y administrativas de las unidades afectadas deben cesar de forma instantánea en todo el territorio nacional. La directriz incluye una serie de pasos que buscan asegurar un proceso transparente y ordenado.

Inventario de bienes

Se requiere que se elabore de inmediato un inventario detallado de todos los bienes que están asignados a las divisiones. Esto incluye mobiliario, equipos, armamento y vehículos.

El personal policial y administrativo que trabaja en las comisarías que han sido cerradas deberá presentarse de inmediato ante el Departamento de Recursos Humanos de su respectiva Dirección Departamental de Tránsito. Allí se definirá su nueva ubicación y asignación funcional.

Plazo para informes

Las unidades que han sido cerradas tienen un plazo máximo de 24 horas después del cierre para enviar sus informes finales, así como copias de los inventarios y actas de entrega.

El memorándum aclara que esta reestructuración no afectará la prestación de servicios esenciales. Solo las Divisiones Departamentales de Comisarías de Tránsito continuarán operando normalmente.

Atención al público

Además, para asegurar la continuidad de los trámites y solicitudes de los ciudadanos, se habilitará una Oficina de Plataforma de Atención al Público en cada Dirección Departamental de Tránsito del país.

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Las acusaciones en su contra están relacionadas con presuntos actos de corrupción. Estos incluyen irregularidades en la planta procesadora de papa, enriquecimiento ilícito, la venta de harina, una planta piscícola en el Lago Titicaca y un daño económico millonario a la empresa estatal que manejaba un presupuesto de Bs 4.600 millones.

Orden de aprehensión

Según datos oficiales de la Fiscalía de La Paz y el informe del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Justiniano, Flores se dio a la fuga cuando debía asistir a una audiencia para declarar como testigo.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, confirmó que ya existe una orden de aprehensión contra Flores por incumplir la detención preventiva que le fue otorgada por el juez Hugo Huacani en el caso de la planta procesadora de papa en El Alto.

Riesgos de fuga

El fiscal Torrez explicó que el juez Huacani fundamentó su decisión en los riesgos de fuga presentados por el Ministerio Público. Esto ha llevado a una búsqueda policial del prófugo, lo que implica gastos para el Estado.

Se verificó que Flores no asistió a dos interrogatorios y, al comprobar en su domicilio, se constató que ya no lo habitaba.

Irregularidades en Emapa

El abogado paceño Eduardo León, quien defiende a un dirigente panificador y es parte denunciante contra Flores, confirmó a El Deber la existencia de los 5 procesos penales.

Las investigaciones están centradas en varias irregularidades relacionadas con la propiedad del terreno y el desfalco por la compra de materia prima para la planta que operaba en El Alto.

Enriquecimiento ilícito

La investigación sobre enriquecimiento ilícito se consolidó durante la gestión de Flores como gerente de Emapa desde 2021. Los antecedentes indican que Flores declaró poseer Bs 2.836.000 en activos y 3 bienes.

Los investigadores sospechan que, dado que su salario mensual era de Bs 15.950, habría tenido que ahorrar todo su sueldo durante 14 años para acumular ese patrimonio y adquirir los bienes. Para obtener la detención domiciliaria en el primer caso, Flores declaró como dirección permanente una lujosa casa en la zona Sur de La Paz.

Irregularidades en la planta piscícola

El tercer proceso relacionado con Flores involucra irregularidades en el funcionamiento de una planta piscícola en el Lago Titicaca, en el departamento de La Paz. El fiscal Torrez mencionó que, además de Flores, hay otras 4 personas investigadas por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

La venta de harina a sobreprecio también es uno de los casos que involucra al dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, quien también se encuentra prófugo.

Malversación de fondos

El ministro Justiniano afirmó que Flores, junto a funcionarios de Emapa y un grupo de dirigentes, “se valieron de la necesidad de la población” y malversaron parte de los Bs 1.200 millones que el Gobierno destinaba para subvencionar el precio de la harina.

Emapa entregaba la bolsa de harina de 50 kilos a Bs 109, aunque la compraba entre Bs 488 y Bs 500.

El abogado León explicó que Emapa adquiría la harina a un costo elevado, pero la vendía primero a ciertas empresas, supuestamente de propiedad del dirigente Ríos, que luego la revendían a Emapa a un precio más alto, en lo que calificó como un “negocio redondo”. Justiniano subrayó que ya se ha detectado un daño económico inicial de Bs 300 millones por este negociado.

Nuevo proceso anunciado

El quinto proceso fue anunciado por el ministro Justiniano, quien indicó que una comisión interdisciplinaria identificó un daño económico superior a Bs 95,5 millones en 12 días de intervención a la estatal.

La autoridad afirmó que se iniciarán los procesos correspondientes contra los funcionarios y las personas del sector privado involucradas, lamentando que el presupuesto anual de Emapa, de Bs 4.600 millones, haya sido malversado por unos pocos a través de contratos irregulares.

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Paz ha calificado a los responsables de este robo de “mucha plata” como “clanes de mafiosos”, afirmando que han perjudicado un beneficio social que debería ser “tan divino, tan cristiano en concepto”.

Conflicto por el precio del pan

Esta advertencia se produce en el contexto del conflicto generado por el aumento en el precio del pan, que ha pasado de Bs 0,50 a Bs 0,80 tras el levantamiento de la subvención de la harina.

Nueva propuesta del Gobierno

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, ha presentado un nuevo sistema digital que es individual y transparente para la asignación de harina a precio diferenciado. Este sistema tiene como objetivo cerrar los espacios a la corrupción, eliminando la intermediación de asociaciones y federaciones, así como las listas manipuladas y los contratos adicionales.

A pesar de que esta propuesta busca reducir la posibilidad de robo, ha sido rechazada por los dirigentes del sector panificador.

Buscan a dirigente panificador

En medio de esta controversia, Rubén Ríos, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), está siendo buscado por la Policía debido a su presunta vinculación con el caso de la harina subvencionada que recibía de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

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La alerta se generó cuando el exfuncionario no fue encontrado en el momento en que debía ser notificado sobre una nueva investigación, según reporta Correo del Sur.

Operativo de búsqueda

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sosa, indicó que las labores de búsqueda se están llevando a cabo en coordinación con el departamento de inteligencia.

El jueves 27 de noviembre de 2025, en la mañana, la Policía se presentó en el domicilio registrado de Flores, pero no lo encontraron. Su esposa afirmó que el exgerente se encontraba realizando una “diligencia judicial”, aunque esta versión no ha sido confirmada.

Inspecciones nocturnas

Durante la noche, a las 21:10 horas, el personal del Departamento de Lucha Contra la Corrupción realizó una nueva inspección en la vivienda para verificar si Flores había regresado. Sin embargo, nuevamente no fue hallado, lo que ha aumentado la preocupación sobre su paradero.

Ante esta situación, la Felcc continúa con las acciones de seguimiento para asegurar que el exgerente sea notificado y se presente a declarar.

Delitos y antecedentes

Flores debía cumplir con la detención domiciliaria desde el 2 de octubre de 2025 por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, todos vinculados a la construcción de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa en El Alto, que fue entregada en 2022.

En este proceso, la Fiscalía identificó movimientos bancarios que son considerados sospechosos, lo que ha reforzado las investigaciones en su contra.

Segundo caso en investigación

A estos antecedentes se suma un segundo caso, que se ha abierto por el presunto desvío de harina subvencionada, la cual estaba destinada a la elaboración del pan de batalla. Para esta causa, Flores debía ser notificado el mismo día en que la Policía acudió a su domicilio, pero su ausencia impidió que se llevara a cabo el procedimiento.

Hasta el momento, su paradero sigue siendo desconocido y se espera un pronunciamiento oficial de la Fiscalía de La Paz, que está a cargo de ambas investigaciones.

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Esta medida fue solicitada por el fiscal del caso después de que Flores no se presentara en su domicilio en dos ocasiones, incumpliendo así la detención domiciliaria que le había sido impuesta.

Confirmación del requerimiento

Walter Sossa, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), confirmó el requerimiento del fiscal: “Toda vez de que no ha sido encontrado en su domicilio, el fiscal del caso ha requerido un mandamiento de aprehensión”.

Franklin Flores se encontraba bajo detención domiciliaria desde octubre, mientras se llevaban a cabo las investigaciones por un caso de presunta corrupción relacionado con la implementación de una planta procesadora de papa en El Alto.

Incumplimiento de la medida

Según el informe policial, los efectivos acudieron al domicilio de Flores el día 1 de noviembre para verificar el cumplimiento de su medida cautelar, pero el exgerente no fue encontrado. Su esposa justificó la ausencia diciendo que había salido para realizar “diligencias judiciales”.

Un grupo de uniformados regresó horas más tarde y confirmó que Flores seguía sin presentarse en el lugar.

Acciones ante la fuga

Ante la presunción de una fuga, el director de la Felcc indicó que se han activado todos los mecanismos necesarios para su pronta localización.

“Estamos realizando la búsqueda de esta persona toda vez de que tiene que ser citado y recibir una notificación. Estamos realizando este trabajo con el departamento de Inteligencia”, señaló Sossa.

Alerta migratoria

El jefe policial también confirmó que, para evitar la salida del país de Flores, se ha activado una alerta migratoria contra él en todas las fronteras y aeropuertos nacionales.

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