Según el reporte, el caso fue denunciado por dos efectivos que en 2025 no lograron aprobar los exámenes de ascenso. Estos dos policías fueron contactados por el sargento, quien les ofreció un ascenso directo a cambio de 14.000 bolivianos cada uno.

Acciones de la Policía

El inspector de la Policía, general Gunther Agudo, indicó que al enterarse del caso, se tomó la decisión de arrestar al sargento, quien se desempeña en una Estación Policial Integral. Este procedimiento se realizó de manera rápida para asegurar la integridad de la institución.

Proceso legal en curso

El sargento fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se llevó a cabo su aprehensión. Las autoridades están tomando este asunto con seriedad y se están realizando las investigaciones pertinentes.

Implicaciones adicionales

Según Agudo, el mismo sargento también estaría involucrado en cobros a cambio de ingresos a unidades de pregrado. Esto sugiere que el problema de corrupción podría ser más amplio dentro de la institución policial.

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Dávila, quien fue director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) durante el gobierno de Evo Morales, enfrenta ahora una pena de hasta 10 años de prisión. La sentencia mínima obligatoria por el cargo de narcotráfico es de 10 años, mientras que la máxima podría ser cadena perpetua.

Veredicto unánime del jurado

El proceso judicial culminó el 24 de octubre de 2025, cuando los 12 integrantes del jurado emitieron un veredicto unánime contra el exfuncionario boliviano.

Extradición y detención

Maximiliano Dávila fue extraditado de Bolivia a Estados Unidos el 12 de diciembre de 2023, más de un año después de su aprehensión. Su detención inicial ocurrió el 22 de enero de 2022 en Villazón, Tarija, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Argentina. En Bolivia, fue investigado por el delito de enriquecimiento de ganancias ilícitas y estuvo en detención preventiva en el penal de San Pedro en La Paz.

Acusaciones en Estados Unidos

Las acusaciones federales en Estados Unidos indican que Dávila utilizó su alta posición como director de la principal agencia antinarcóticos de Bolivia, cargo que ocupó hasta noviembre de 2019, para favorecer actividades de narcotráfico a gran escala.

Según las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que comenzaron en 2019, se identificó que Dávila explotó su puesto oficial para desviar recursos de la investigación de narcotraficantes que él apoyaba. Además, proporcionó seguridad a los cargamentos de cocaína mediante oficiales fuertemente armados de la Felcn, bajo su mando.

Colaboración con narcotraficantes

Los documentos judiciales revelan que Dávila trabajó en colaboración con proveedores de cocaína que operaban laboratorios en Bolivia. Estos proveedores acordaron enviar más de 1,000 kilogramos de cocaína boliviana con destino a Nueva York.

Preocupación por la corrupción

La declaración de culpabilidad de un exjefe antidrogas de alto perfil en Bolivia por cargos de narcotráfico en Estados Unidos resalta la preocupación de las autoridades norteamericanas sobre la corrupción dentro de las fuerzas del orden a nivel internacional. Esto ha sido expresado en declaraciones previas de fiscales de Nueva York y la DEA.

Se espera que la sentencia para Dávila sea emitida en las próximas semanas.

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Se ha informado que los pagos ilícitos estarían relacionados con trámites internos importantes, como los cambios de destino y la autorización de vacaciones. Esta información fue proporcionada por el medio Correo Del Sur.

Reinaldo Valdez, quien es representante de la Asamblea, indicó que los denunciantes afirman que “al interior del Comando departamental estaría habiendo algunos cobros irregulares por el tema de cambio de destino, es decir, de una unidad a otra unidad”.

Autorización de vacaciones

Además, según un reporte de radio Frontera de la red Erbol, se han reportado cobros ilegales para la autorización de vacaciones. Este derecho fundamental está reconocido tanto por la Constitución Política del Estado como por las leyes laborales vigentes.

Seguimiento a las denuncias

Valdez anunció que la institución de Derechos Humanos comenzará un seguimiento a estas denuncias. El objetivo es verificar si el comandante departamental de la Policía tenía conocimiento de estos hechos.

“Como institución de derechos humanos haremos el seguimiento correspondiente, porque se trata de derechos fundamentales que deben ser respetados”, afirmó Valdez. También exigió una investigación sobre estos presuntos actos de corrupción en la entidad del orden.

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Detalles del accidente

Ambos jóvenes viajaban en la motocicleta con la intención de llevar a Oyuky a su trabajo y, al mismo tiempo, llevar a Benjamín a su primer día laboral. Sin embargo, su viaje se tornó trágico cuando una camioneta los impactó, arrojándolos al suelo.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del área muestran el momento del accidente, donde ambos dan varias vueltas antes de quedar tendidos al costado de la carretera.

A pesar de la gravedad del accidente, el conductor de la camioneta no se detuvo y se dio a la fuga. Los heridos permanecieron varios minutos en el lugar hasta que los grupos de emergencia y la Policía fueron alertados. Ambos fueron trasladados a una clínica en Satélite Norte, en el municipio de Warnes. En la clínica, dos efectivos policiales realizaron una prueba de alcoholemia a Oyuky, la cual resultó negativa.

Denuncia de extorsión

Al día siguiente, un policía regresó al centro médico solicitando entre 500 y 800 bolivianos para investigar el caso. Oyuky denunció que este uniformado afirmó tener identificado al conductor, pero exigió dinero para avanzar en las investigaciones. Ante la falta de recursos para cubrir estos costos y los gastos médicos diarios, no pudieron proceder con la denuncia.

Desde entonces, no han recibido información sobre los avances en las investigaciones. Los amigos de Oyuky lograron obtener imágenes del accidente y están dispuestos a ayudar en lo que sea necesario para esclarecer lo sucedido.

Estado de salud de los heridos

Oyuky se encuentra gravemente herida; presenta una dislocación de cadera, lesiones en su pierna izquierda y raspaduras en la espalda. Actualmente está postrada en cama y reporta un pie hinchado sin un diagnóstico claro debido a deficiencias en la atención médica recibida. Sus compañeros han organizado actividades solidarias para recaudar fondos destinados a una radiografía necesaria para evaluar su pie afectado.

Por su parte, Benjamín también enfrenta complicaciones: sufrió daños en su brazo izquierdo, contusiones en la cabeza que requirieron entre 7 y 8 puntos, y presenta inflamación encéfalo craneal. Ambos jóvenes necesitan atención médica urgente y apoyo de la comunidad para cubrir sus gastos médicos.

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El memorándum, firmado por el Inspector General de la Policía, general Ricardo Pérez, establece que las pruebas de alcoholemia deberán ser realizadas exclusivamente por personal autorizado y competente en unidades de la Policía de Tránsito. Esta disposición surge tras denuncias sobre el uso incorrecto de alcoholímetros y su potencial para cometer actos ilícitos.

Conductores sospechosos de manejar en estado de ebriedad serán trasladados a una estación policial

La nueva normativa también señala que los conductores sospechosos de manejar en estado de ebriedad serán trasladados a una estación policial para realizar la prueba correspondiente. El objetivo principal es prevenir situaciones que puedan afectar la imagen institucional y garantizar que las acciones policiales estén respaldadas por la legalidad.

El memorándum fue enviado a los nueve departamentos para su cumplimiento inmediato a partir de esta semana. La aplicación efectiva de esta medida ha sido confirmada por fuentes policiales, quienes aseguran que se han comenzado a implementar los nuevos procedimientos en todo el país.

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El coronel Juan Manuel Quinteros Portillo, fundador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) el año 1972, ahora experto en Inteligencia policial y el teniente coronel Armando Moscoso Rada, exintegrante de la Fuerza Especial de esa época, participaron en el programa “La Mañana en Directo” de la red Erbol y coincidieron en que la penetración del narcotráfico en la Policía ya es inocultable y preocupante.

Quinteros sostuvo que desde 1989, cuando la Felcn pasó a depender del Ministerio de Gobierno, a partir de ese momento, se realizó una serie de intromisiones políticas que fueron fracturando el accionar de la Policía porque hasta antes de ese año, la lucha era frontal y no había intromisión política.

“No hay peor ciego que el que no quiera ver, la injerencia política y sus propios intereses son los que han ido deteriorando la institución”, declaró Quinteros.

En la misma línea, el criminólogo Armando Moscoso, sostiene que en ninguno de los casos donde estuvieron implicados tres exjefes de la Felcn, se esclareció por completo los vínculos que habrían detenido esas personas con hechos ilícitos.

“Tal es el caso del coronel Maximiliano Dávila, que ha sido detenido solo para evitar una investigación en profundidad para saber los vínculos de ciertos jefes políticos con el narcotráfico y redes internacionales (…). Este encubrimiento está dañando la institución”, manifestó.

Ambos observaron que uno de los motivos seria la reciente Ley de Ascenso de Generales, porque puso el mando único de la Policía Boliviana bajo el poder del Ministerio de Gobierno vulnerando la Constitución y la Ley Orgánica que definen que el mando único indivisible y a partir de ese momento, “la seguridad interna está en grave riesgo”.

“Como está bajo el Ministerio de Gobierno y es parte del Órgano Ejecutivo, ellos disponen, dirigen y definen cuándo va a entrar un policía a trabajar y no le dan independencia funcional a la Policía que tiene elementos altamente capacitados”, manifestó Quinteros.

Frente a la crisis policial, Moscoso plantea una reestructuración no solo por el tema del narcotráfico, sino por toda la institución para lo cual se necesita voluntad política porque una reforma puede durar muchos años y demanda recursos económicos destinados a mejorar el sueldo de los policías.

/SVL

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Los residentes de Colapani marcharon hasta el municipio de La Asunta, lugar donde están las oficinas de la Policía Boliviana.
Los dirigentes de esta comunidad marcharon portando sus “quimsacharaña” (chicotes) y le exigieron una explicación al policía de turno del por qué habían pedido 1.000 Bs. a una mujer que denunció actos de violencia.

La denunciante relató que desde su comunidad bajó a La Asunta, aproximadamente a la 1:00, para pedir que una comisión de la Policía se traslade hasta la zona a detener al joven que había agredido a su cuñado de 50 años.

“La Policía me ha dicho ‘vamos a ir, pero tienes que abonar 1.000 bolivianos’. Pero yo vine con 500 bolivianos”, señaló la mujer, quien no tenía más dinero. Los comunarios le habían dicho que podía pagar el taxi de ida y vuelta de los policías, pero no tenía previsto el cobro que hizo el policía, según reflejó FMBolivia.

Al ver que la mujer no tenía el dinero exigido, el efectivo se hizo al desentendido y no realizó la investigación en la comunidad del presunto agresor para poder detenerlo.

El precedente lunes en las puertas de la institución policial, los comunarios exigieron una explicación al efectivo quien negó haber pedido dinero e indicó que solo solicitó el transporte.
Ante esas declaraciones, la denunciante lo encaró y le dijo que le pidió 1.000 Bs. por sus servicios.

Muy indignados los manifestantes indicaron que se aplicaría la justicia indígena antepasada y recriminaron los servicios de la Policía.
“¡Policías corruptos! ¡Fuera de aquí! ¡Que se vayan!”, exclamaron los comunarios.

Los pobladores de la comunidad chicotearon a dos de los efectivos como un acto de sanción.

/NVY

La entrada Chicotean a dos policías por pedir dinero para atender una denuncia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Es una burla a la población cuando los hechos son diferentes, cuando vemos a la Policía involucrada en hechos de corrupción”, declaró Montero según la publicación de ANF.

Asimismo, cuestionó que mediante una ley se posicionó por encima del alto mando policial a un civil del Ejecutivo, en este caso, al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para el legislador ese es el principal problema.

Montero también argumentó que a partir de ese hecho existe una “Policía politizada” que no hace una gestión necesaria y es estructural.

Por otro lado, desde la detención del exjefe antidroga, Maximiliano Dávila, la Policía está en el ojo de la tormenta, presuntos casos de corrupción, volteo de droga, encubrimiento al narcotráfico entre otros denigran la imagen de la entidad.

/ABH

La entrada “Creemos” considera que es una burla la comparación que hizo Aguilera, al decir que la Policía Boliviana es mejor que el FBI se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Gregorio Lanza, exdirector de Régimen Interior, y Samuel Montaño, experto en temas de seguridad, compartieron opiniones y concordaron en afirmar que la Policía Boliviana se convirtió en un poder monstruoso capaz de definir la estabilidad de un Gobierno.

“La Policía aún tiene el poder para decir lo que puede hacer con el Gobierno, al igual que los militares”, definió Montaño al advertir que cambiar la Policía será algo terrible y difícil.

Al respecto, Lanza también sostuvó que el caso de la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), en la que altos jefes policiales se vieron involucrados en la tenencia de vehículos robados, reveló el nivel de “corrupción” y el “monstruoso poder” que tiene la Policía cuando su tarea debería ser enfocarse a cumplir servicios de seguridad ciudadana para la población.

Recordó que en diferentes reuniones que tuvo con ministros de Gobierno y en las varias cumbres de seguridad ciudadana a las que asistió, lo que más se discute es la distribución de motos y vehículos, y nada sobre los esquemas de corrupción, por eso consideró que hablar de un cambio en la Policía se necesita una visión diferente y trabajar con inteligencia.

De esa manera, Lanza como Montaño indicaron que hasta ahora los policías y militares trabajaron bajo el criterio de tener “piedra libre” que les dieron los gobiernos de turno, al extremo de haber permitido formar empresas y establecer negociaciones a nombre del Estado.

“Hacer una reestructuración profunda de la Policía se convirtió en un riesgo para los gobiernos actuales. Va ser muy difícil. Tiene que ser una decisión bastante fuerte porque inclusive algunos cambios muy superficiales requieren de bastante fuerza política, bastante voluntad y un apoyo si es necesario de todo el planeta para cambiar la Policía”, manifestó Montaño al plantear la “desmilitarización” de la Policía, como primera acción.

Montaño mencionó que la embajada de EE.UU. tiene mucho que ver en esto, porque al tener a la DEA en sus manos, permite que policías como el coronel Maximiliano Dávila y otros se metan en el narcotráfico para poderlos controlar y solo son capturados cuando se pasan de los límites permitidos.

Recordó el caso de un exdirigente político que estuvo cuatro años en la cárcel por narcotráfico, recluido incluso con la ayuda de la embajada de EE.UU., pero asistía como un invitado más en la lista de los escogidos para celebrar la fiesta patria del 4 de julio.

Dijo que cuando preguntó por qué invitan a políticos, policías y militares vinculados al narcotráfico, un personero de la Embajada le explicó que ellos tienen un nivel de corrupción controlable, pero que a la Embajada le sirve porque manejan gente y en el caso del político encarcelado, tenían la esperanza que algún momento podía ser diputado o senador y ahí tener un voto a su favor.

/ABH

La entrada Analistas consideran difícil  reestructurar la Policía Boliviana se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Lo peor es que Santa Cruz es un lugar donde hay cualquier cantidad de vehículos chutos, es normal pagar a Diprove, ellos dan una autorización, un código para circular; sabiendo que tu vehículo es chuto tienes que pagar 1.000 al año o 1.500 en dólares dependiendo del modelo, y acá están involucrados los altos jefes policiales, y es de su conocimiento, no lo pueden negar”, manifestó Durán a ANF.

Ante los cuestionamientos de los periodistas sobre los controles que no se hacen a las ferias de vehículos indocumentados en esa región, el comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, respondió que no es responsabilidad de la Policía.

“Esa atribución, la función de fiscalizar un vehículo documentado o no, no es atribución de la Policía Boliviana ”, enfatizó.
El pasado fin de semana, a través de un reportaje de la televisión chilena, se develó que existe participación de jefes policiales y al menos un militar en el tráfico y comercialización de autos robados en Chile y otros países.

Por este escándalo, la Policía apartó de sus filas al subdirector de Diprove Santa Cruz, Rolando Téllez, y al vocal suplente del Tribunal Supremo Disciplinario del Verde Olivo, excomandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, Raúl Cabezas Pantoja.

Durán sostuvo que el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el Comandante General de la Policía, Jhonny Aguilera, solo actúan cuando la sociedad critica los hechos delictivos y de corrupción en el que están involucrados efectivos policiales.

El abogado planteó que instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas, cuyos miembros están involucrados en hechos delictivos, siempre van a apañar estas acciones, por lo que amerita que se estructure una organización civil para controlarlas y fiscalizarlas.

/SVL

La entrada Policía autoriza circulación de vehículos “chutos” en Santa Cruz y cobra hasta 1.500 dólares se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El inspector general de la Policía, general Álvaro Álvarez, llegó hasta la capital cruceña cerca de las 17:00 horas para iniciar el trabajo de fiscalización a esa dependencia policial que, en días precedentes y tras la investigación de un medio de comunicación chileno, se reveló una presunta complicidad de funcionarios policiales en la venta de vehículos robados en Chile.

“Estamos para generar un diagnóstico de la situación actual de Diprove Santa Cruz con la finalidad de establecer parámetros que nos permitan mejorar el servicio a la población (…) Sobre todo para dar certidumbre a la ciudadanía, que digámoslo así, está afectada con los problemas de robo”, aseveró Álvarez.

El proceso fue cumplido tras la instrucción que dio el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien horas antes manifestó que se cambiará al 100% del personal de Diprove Santa Cruz.

El coronel Alcócer ingresará como el nuevo director departamental de Diprove, en reemplazo de Juan Carlos Bazoalto. El coronel Rolando Téllez, quien fuera subdirector de Diprove en Santa Cruz, fue el primero en ser destituido la jornada del martes tras haber sido implicado en la venta de un vehículo robado en Chile.

Por su parte el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, afirmó que el aprehendido excomandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, teniente coronel Raúl Cabezas, será imputado por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, receptación proveniente de delitos de corrupción y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

En la audiencia de medidas cautelares, anticipó que la comisión de fiscales solicitará a la autoridad jurisdiccional su detención preventiva debido a que existe peligro de fuga y obstaculización en la investigación.

Mariaca no descartó que durante la investigación se pueda citar a más efectivos policiales o civiles para que presten su declaración con relación al caso.

Durante el martes, la Fiscalía y la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) allanaron el inmueble de Cabezas, lugar donde fue encontrado el motorizado robado en Chile y que pretendía ser comercializado en Santa Cruz.

/HNF/

La entrada Santa Cruz: Intervienen oficinas de Diprove y nombran nuevo director se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Yo diría que un 89 o 90 por ciento de esos vehículos robados los tienen policías, militares, están en utilización algunos de Aduana, algunos que son políticos; y el otro restante pequeño que es el 10 por ciento son gente que compra esos vehículos como ‘chutos’”, dijo el investigador en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Bustos estuvo en Santa Cruz y recuperó una vagoneta robada en Calama que estaba en posesión de un jefe policial, todo esto lo reportó en el medio de comunicación chileno Meganoticias.

Explicó que no puede realizar el proceso de recuperación de los vehículos mediante el Ministerio Público de Bolivia, porque los coches están en posesión de autoridades quienes no se van a “autodenunciar”.

En el reportaje solo mostró lo necesario, según afirmó, porque de haber publicado todo el material que estaba en su posesión las consecuencias serían más graves.

Bustos reveló que en la ONG del Grupo Búsqueda de Vehículos conoce los casos de 419 vehículos, entre los cuales están los 112 robados en Chile y que estarían en Santa Cruz; hay vehículos que no son recuperables, puesto que, por ejemplo, pueden estar en posesión de un alto jefe militar.

“Se pueden recuperar los coches que se encuentran en zonas altiplánicas, porque en esos lugares no existe intervención de la Policía y tienen una jurisdicción más honorable”, aclaró el excabinero.

El investigador indicó que recibe la información de fuentes anónimas, que ayudan a establecer la ubicación de los vehículos y si fueron vendidos.

Asimismo, dijo que no todos los policías cometen actos de corrupción, pues hay a quienes no les gustan estas irregularidades, sin embargo, deben actuar a escondidas de sus compañeros porque los jefes podrían tener en su posesión los coches robados.

Bustos reveló que ofreció a la Policía Boliviana trabajar en conjunto y unirse en esa labor, pero el impedimento es que los vehículos no estaban en poder de civiles, sino en posesión de los mismos policías.

/NVY

La entrada Investigador chileno dice que el 90% de autos robados está en manos de autoridades en Bolivia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

En el reportaje se evidencia que vehículos robados en Chile estaban en el departamento de Santa Cruz. Se implica al teniente coronel Raúl Cabezas, porque en su propiedad, según el video, se encontraba una vagoneta que fue robada en Chile.

También se involucra al coronel Téllez por unas llamadas que hizo al investigador chileno que detectó las movilidades, reconociendo que se comercializan coches robados en Yapacaní y, supuestamente, pidiéndole que se vaya del lugar.

Cabezas ya fue aprehendido en el departamento de Potosí al finalizar la tarde de este lunes, está acusado por la tenencia del vehículo robado, informó el comandante de la Policía cruceña, coronel Erick Holguín.

Asimismo, Téllez ya fue relevado del cargo y fue puesto a disposición de una investigación de anticorrupción, afirmó también el coronel Holguín.

El canal Meganoticias difundió un reportaje en el que denunciaron que un jefe de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz encubría la venta de vehículos robados, también revelaron que incluso un comandante de la Policía Fronteriza tenía un coche de estas características en su poder.

“Tenemos a la Policía totalmente corrompida”, lamentó el investigador Hugo Bustos después de recabar todo su material y difundirlo.

/HNF/

La entrada Tras reportaje de tráfico de vehículos robados aprehenden a un jefe policial y destituyen a otro se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El canal Meganoticias difundió un reportaje en el que denunciaron que un jefe de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz encubría la venta de vehículos robados, también revelaron que incluso un comandante de la Policía Fronteriza tenía un coche de estas características en su poder.

En el material periodístico se detectó un vehículo de la marca Mitsubishi, el cual habría sido robado en Calama y, mediante el sistema de GPS, fue ubicado en Santa Cruz de la Sierra.

Lo llamativo fue que el vehículo estaba en la casa del Comandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, el teniente coronel Raúl Cabezas, quien además tiene en su haber antecedentes de violencia contra la mujer, según informó la red de noticias Erbol.

Después de advertir la investigación periodística que realizaba el medio chileno, el vehículo fue trasladado a otro domicilio, sin embargo, este también pertenecería al jefe policial, de acuerdo con el reportaje.

También se indagó la venta de vehículos en la feria de Yapacaní, donde los periodistas encontraron una camioneta de aspecto sospechoso. Después de una verificación de placas corroboraron que, al igual que el anterior caso, también fue robado en Calama.

Cuando los encargados de elaborar el reportaje encararon al vendedor, el presunto implicado llamó por teléfono a un supuesto coronel, a quien le pidió que su gente vaya a verificar el caso.

De igual forma, el periodista chileno que encabezó la búsqueda, Hugo Bustos, recibió la llamada telefónica del coronel Rolando Tellez, quien es subdirector de la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en Santa Cruz.

Según el investigador chileno, el coronel Tellez le dijo que dejen de realizar su trabajo de indagación en ese lugar, además de que él también tiene vehículos a la venta en ese sector.

En otro contacto telefónico que fue grabado, el funcionario de la Policía le confirmó al chileno que se venden autos robados en esa feria.

“Tenemos a la Policía totalmente corrompida”, lamentó el investigador después de recabar todo su material.

/ LMPT

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La denuncia a los oficiales fue realizada por pretender perjudicar a los generales entre ellos el comandante de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, en el tráfico de condecoraciones y reconocimientos falsos.

En una audiencia virtual de medidas cautelares, el Juzgado Cuarto Anticorrupción consideró que existen riesgos procesales y la probabilidad de autoría por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

El teniente coronel Luis Fernando G. L. fue enviado por seis meses al penal de San Pedro en la ciudad de La Paz mientras que el mayor Nelson C. T., fue remitido a la cárcel de Patacamaya por el tiempo de seis meses, mientras dure la investigación.

Ambos oficiales fueron aprehendidos el lunes 1 de marzo, tras intentar introducir a un vehículo, vinculado al caso del tráfico de documentos falsos, certificados, memorandos de felicitación y reconocimientos para perjudicar a otros jefes policiales que estarían en carrera al ascenso a general, entre ellos, al comandante general de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, y al presidente del Tribunal Disciplinario Superior, coronel Víctor Hugo Soria Morón.

Luis Fernando G. L. era el Jefe de Seguridad y el mayor Nelson C. T., Ayudante General, del exministro de Gobierno, Arturo Murillo.

La Fiscalía informó que tras las indagaciones y la declaración de testigos, ambos habrían sido ordenados a encargo del coronel Iván Rojas, exdirector Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

/RMMP/

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