La abogada del exjuez, Zuleika Lima, confirmó el deceso e inmediatamente responsabilizó a altas esferas del poder, calificando el hecho de homicidio y suicidio, y asegurando que su defendido venía advirtiendo de amenazas y presiones debido al caso.

La abogada Lima no dudó en señalar directamente a varios actores del sistema político y judicial, incluyendo al exministro de Justicia, César Siles, y a la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro.

“Hemos pedido auxilio a la justicia y este es el desenlace fatal de una situación,” declaró Lima, quien también denunció que Lea Plaza fue presuntamente torturado mientras estuvo recluido preventivamente en el penal de San Pedro.

La abogada insistió en que su defendido era un “testigo protegido” y “colaborador eficaz” en el caso “consorcio”, una investigación que expuso una red ilegal diseñada para manipular fallos y cooptar el Órgano Judicial de Bolivia, poniendo en evidencia la injerencia del poder político sobre el sistema de justicia.

El escándalo se desató en junio de 2025 tras la filtración de un audio donde el entonces ministro de Justicia, César Siles, era escuchado presuntamente dando instrucciones a Lea Plaza, entonces juez de Coroico, para fallar en contra de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira. El objetivo era lograr la suspensión de la titular y permitir que su suplente, Iván Campero, asumiera el cargo.

A raíz del caso, el exministro César Siles presentó su renuncia y fue aprehendido el 20 de junio de 2025. Un juez dispuso su detención preventiva por cinco meses, aunque posteriormente fue internado de emergencia debido a una descompensación de salud. También fueron detenidos y apartados de sus cargos la exvocal Claudia Castro, el expresidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, y el exmagistrado suplente Iván Campero.

El propio exjuez Lea Plaza había sido enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro en junio por presunta manipulación de un fallo, aunque posteriormente le fue otorgada la detención domiciliaria. Previamente, su defensa ya había alertado sobre amenazas de muerte que presuntamente habría recibido al interior del penal.

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El abogado Eduardo León ha criticado esta decisión, señalando que hay complicidad y corrupción en el sistema judicial. Castro fue aprehendida en junio de 2025 en el marco del caso Consorcio Judicial, que investiga la manipulación para destituir a la magistrada Fanny Coaquira.

Durante la audiencia de cesación a la detención preventiva, se dispuso el pago de una fianza de 50.000 bolivianos y se prohibió a Castro ejercer funciones laborales. León afirmó que “la juez que otorgó la medida dijo textualmente que tener un cuadro de epilepsia es equivalente a padecer una enfermedad terminal”. Según él, esta declaración refleja ignorancia y demuestra complicidad en la administración de justicia.

Denuncias de barbaridad

León también expresó: “Lo que está aconteciendo en la justicia es una barbaridad y un escándalo”. Agregó que no se privilegia la detención preventiva, pero en casos relacionados con delitos sexuales y corrupción debería haber un trato especial para establecer la verdad material. Criticó lo que considera complicidad y encubrimiento de actos corruptos.

El abogado observó que Castro fue beneficiada bajo el argumento de que su epilepsia sería considerada una enfermedad terminal. “Lo que ha planteado es totalmente irrazonable”, indicó. Además, mencionó que “la juez mostró un grado de ignorancia absoluta”, al no diferenciar entre enfermedades crónicas y terminales.

El caso Consorcio Judicial

El proceso del caso Consorcio Judicial busca esclarecer presuntas manipulaciones para destituir a Fanny Coaquira del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se ha conocido una grabación entre el exministro de Justicia César Siles y el juez Fernando Lea Plaza sobre esta situación. En chats filtrados, Castro habría instruido al juez sobre los argumentos a utilizar para justificar su fallo.

El exministro Siles también recibió detención domiciliaria desde agosto de 2025. Esta serie de eventos ha generado un gran debate sobre la integridad del sistema judicial y la forma en que se manejan los casos de corrupción en el país.

/KMMN

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Gran parte del poder judicial en Bolivia se ha transformado en una extensión de la política, y entender esto es clave para dimensionar lo que significa para nuestra democracia. Cuando los tribunales dejan de ser árbitros imparciales y se convierten en herramientas del poder político, no solo se traiciona la Constitución: se condena a toda la sociedad a vivir con la incertidumbre de que la justicia depende del color político de quien la invoca.

El cambio constitucional de 2009 y la elección de magistrados en 2011 marcaron un punto de no retorno. Lo que se presentó como un avance democrático, la posibilidad de que los ciudadanos eligieran a sus altas autoridades judiciales, se convirtió en la vía perfecta para consolidar el control político sobre la justicia. El problema no estaba en la elección popular en sí misma, sino en que la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, tenía el poder de preseleccionar candidatos. El resultado era previsible: solo llegaban a las papeletas quienes habían tejido las alianzas correctas, quienes habían comprometido lealtades y recursos en campañas políticas disfrazadas de procesos judiciales.

La respuesta de la ciudadanía fue clara: más del 60% de votos nulos o blancos en 2011, cifra que se mantuvo en 2017. No era desinterés, era un grito de rechazo a un sistema que pretendía ser democrático mientras perpetuaba la subordinación del poder judicial al poder político. Esta desconfianza tiene efectos que van más allá de lo institucional. Según diversos estudios, más del 80% de los bolivianos desconfían de sus tribunales, un dato demoledor que evidencia la ruptura del contrato social más básico: la certeza de que existe un lugar imparcial donde se puedan hacer valer los derechos.

Dentro del sistema judicial crecieron redes de jueces, fiscales y abogados que actúan más por afinidad política que por mandato constitucional. Los consorcios de abogados, donde los fallos dependen menos de las pruebas y más de conexiones con magistrados, se han vuelto comunes. Rara vez gana el mejor abogado; casi siempre gana quien sabe a quién llamar, con quién compartir intereses o a quién invitar a cenar. Algunos analistas llaman a esto la “judicialización de la política”, que aquí se ha invertido en la politización absoluta de la justicia.

El caso de Jeanine Áñez es un ejemplo claro. Su condena a diez años de prisión fue calificada por Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales como un “juicio político con forma legal”, con graves irregularidades procesales. Pero lo más revelador no es solo su encarcelamiento, sino el patrón que se repite: Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, exministros y activistas han sido procesados con rapidez, mientras que los casos que involucran a aliados del poder avanzan con una lentitud desconcertante. Esta justicia selectiva no solo debilita la legitimidad de las instituciones, sino que convierte al poder judicial en un arma política donde perder una elección puede significar ir a la cárcel.

El Tribunal Constitucional Plurinacional se transformó en el símbolo más visible de esta degradación. Su fallo de 2017 que habilitó la reelección indefinida de Evo Morales, pese al rechazo popular en el referéndum del 21F, enterró cualquier ilusión de independencia. No fue un acto jurídico, sino de obediencia política, donde la conveniencia del poder primó sobre la voluntad ciudadana. En 2019, el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General ignoraron denuncias de fraude hasta que la presión social hizo imposible mantenerlas ocultas. Luego, con Luis Arce en el poder, la justicia se convirtió en la principal herramienta para perseguir bajo el relato del “golpe de Estado”.

Hoy parece vislumbrarse un cambio, o tal vez sea solo una nueva muestra del oportunismo judicial en toda su crudeza; solo el tiempo lo dirá. Los procesos contra los hijos del presidente Luis Arce, impensables al inicio de su mandato, evidencian que la justicia boliviana no actúa con independencia, sino como un mecanismo de supervivencia. A medida que se acercan nuevas elecciones, magistrados y fiscales buscan pactos silenciosos con posibles presidenciables, especialmente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la alianza LIBRE, asegurando protección y continuidad. No se trata del interés ciudadano, sino de preservar privilegios y un poder que funciona como herramienta política.

Las consecuencias económicas de esta politización judicial son profundas, aunque poco visibles en el día a día. La inseguridad jurídica aleja inversiones, aumenta el riesgo soberano y frena el crecimiento. Los inversionistas necesitan la certeza de que sus contratos serán respetados, sin importar quién gobierne. Esa certeza no existe cuando los tribunales cambian de criterio según el viento político. Bolivia ya enfrenta una deuda creciente y un estancamiento económico agravado por esta incertidumbre institucional.

El resultado es un poder judicial atrapado en su propio juego político. No responde al mandato constitucional de independencia, ni al clamor de los ciudadanos por justicia imparcial. Se mueve según la conveniencia, cambia de piel con cada gobernante y se aferra a pactos oscuros para sobrevivir. En este escenario, la justicia deja de ser un derecho y se convierte en un botín.

Mientras Bolivia se acerca a una segunda vuelta electoral, la justicia ya se acomoda a los posibles ganadores. Lo hace no para proteger a la gente común, que enfrenta retardación de procesos, extorsiones e inseguridad jurídica, sino para garantizar que sus propios privilegios permanezcan intactos. El futuro del país se juega otra vez en un tablero donde los dados están cargados: el poder judicial seguirá siendo árbitro parcial, juez interesado y parte encubierta. Una justicia así no solo traiciona la Constitución, sino que condena a la democracia boliviana a un ciclo interminable de sometimiento, oportunismo y desconfianza.

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“Dicen que los hombres no deben llorar”, reza una conocida canción. Pero es solo una ligera canción y la dura realidad es otra. Vemos éstos días en noticieros y redes sociales a un joven con el rostro lloroso y compungido siendo liberado luego de nueve años de injusta detención por algo que nunca cometió. Y ver esas lagrimas nos duele a todos. Nos duele, nos apena y nos indigna.
Sabemos que la justicia humana es imperfecta; acaso solo el rey Salomon, muy sabio por designio de Dios, supo administrar buena justicia. Pero la justicia boliviana debe estar entre las peores del planeta y siempre con visos de corrupción, además.
Resulta indignante que quienes debian administrar justicia no lo hayan hecho. ¿Que pasó con los policias investigadores?, no supieron investigar nada, ¿supieron realizar minucioso trabajo Científico, Técnico y Forense ?, ¿Quiénes investigaronn?, ¿los subalternos suboficiales o los oficiales?, o ¿no estan preparados para esas rutinas?.
Y ¿los abogados?, aquellos que defienden de oficio, ¿supieron hacer su trabajo?, o ¿solo cobraronn por labor inexistente?. Y ¿los jueces?, ¿qué elementos analizaron?, ¿qué indicios valoraron?, ¿tenían sentido comun?, que esto parece ser el menos común de los sentidos entre ellos.
Me estremece y aterra pensar la clase de gente compone los Tribunales de provincias. Fue un Tribunal de sentencia de la provincia Nor Cinti que condeno al joven Richard Mamani. Tal vez si su caso era llevado a un Tribunal de ciudad capital, ¿ la suerte hubiera sido otra?. Tengo mis dudas porque como “ en todo lado se cuecen habas”, el vivir en una ciudad capital tampoco garantiza probidad, en consecuencia la justicia es asi nomas en el país del desastre.
LEY 348
Esta ley parece ser la causa de tanta injusticia, porque lo de Richard Mamani solo es una muestra. ¿Cuántos casos similares existiran?. ¿Cuántos hombres estarán languideciendo en las cárceles siendo inocentes? .Menudo trabajo le aguarda al Defensor del Pueblo, don Pedro Calizaya.
Es una ley sin sentido común o con muy poco de el. Supuestamente es para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, pero… ¿ no es violencia sicológica, emocional y social lo hecho al joven Richard?. La injusta condena tuvo un impacto social a la integridad física y psiquica del joven. Cómo es posible condenar a simple denuncia verbal, sin careos, sin investigación profunda, sin investigacion científica, sin valoraciones forenses, sin colectar pruebas fehacientes y solo basandose en conjeturas? . Draconiana ley por donde se la mire o lea.
RESARCIMIENTO
Si éste hecho hubiera ocurrido en el país del norte, por ejemplo, la victima sería indemnizada con millonaria suma por el error de los jueces. En Bolivia, acaso el asunto se quede ahí.
Richard tiene derecho al pago de daños y perjuicios. El Articulo 113, numeral 1 de la Constitución establece el derecho. El Articulo 95 del Código Penal establece indemnización para personas inocentes. ¿Ocurrirá?, por el bien de Richard, ojalá. Pero ¿por qué complicados vericuetos juridicos tendrá que recorrer previamente?. ¿el proceso será corto o demandará años luz?. Dada nuestra justicia, el pesimismo nos embarga, pero por Richard Mamani seamos optimistas.
CONFIANZA NI EN MI CAMISA
Lo dijo don Mariano Melgarejo, y acaso fue un acierto del ex presidente.
Llama la atención que la denunciante haya sido la hermana menor de Richard, aleccionada y presionada por la hermana mayor. Un remordimiento conciencial hizo que luego de más de ocho años (siendo ahora mayor) la hermana reconozca la mentira. ¿Habrá alguna sanción a la hermana mayor?. Pues es ella la autora intelectual de la mentirosa acusación que sumió al hermano a nueve años de cárcel.
Esta sería la oportunidad para que nuestra alicaída justicia se reivindique, por lo menos medianamente. Aguardemos.

   (*) Comunicador Social

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En Bolivia, la confianza en la justicia es una de las más bajas de América Latina. Estudios de
percepción elaborados por organismos nacionales e internacionales coinciden en un dato
alarmante: más del 75% de los ciudadanos declara no confiar en absoluto en el sistema judicial. A
esta desconfianza estructural se suman denuncias cotidianas en medios de comunicación y redes
sociales: venta de cargos, sentencias a la carta, persecuciones políticas, impunidad para los aliados
del poder. En resumen, una justicia que, en lugar de impartir legalidad, refuerza la arbitrariedad.
Sin embargo, esta descomposición no es reciente. Existe un sesgo frecuente que atribuye la
decadencia judicial exclusivamente al periodo del Movimiento Al Socialismo (MAS), ignorando que
el deterioro institucional viene de mucho antes. La pregunta, por tanto, no es si antes la justicia era
buena, sino si hoy es peor. ¿Es más corrupta, más politizada, más ineficaz la justicia masista que la
neoliberal? Para responder con honestidad intelectual, es indispensable mirar el pasado con
perspectiva histórica y no con nostalgia.
Desde tiempos coloniales, el sistema judicial en el territorio que hoy es Bolivia ha sido una
herramienta de dominación antes que un garante de derechos. Como lo describe Bernard Lavallé,
la venta de cargos públicos – la llamada venalidad – fue una práctica institucionalizada por la corona
española desde fines del siglo XVI. A cambio de dinero, la monarquía entregaba puestos en la
administración colonial, incluidos jueces y fiscales. Los nuevos funcionarios, sin formación jurídica,
veían su cargo como una inversión a recuperar. El resultado fue un sistema judicial profundamente
corrupto, lento, parcial y sometido a los intereses de los poderosos.
En regiones periféricas como Jujuy, entonces bajo jurisdicción de la Audiencia de Charcas,
encomenderos y comerciantes controlaban los juzgados para afianzar su poder económico. El caso
de Pablo Bernárdez de Ovando, atrapado en un litigio de más de 30 años, revela cómo la lentitud
judicial era una estrategia para preservar privilegios.
Con la República, ese patrón no se quebró, solo se adaptó. Durante los gobiernos neoliberales (1985
– 2005), la justicia boliviana mantuvo su carácter excluyente y clientelar. Los cargos judiciales se
repartían entre los partidos del pacto parlamentario, y no eran raros los casos de nepotismo. Un
ejemplo poco recordado involucra a un director administrativo del Órgano Judicial que contrató a
seis parientes en la misma repartición. La corrupción existía, pero en menor escala, no por mayor
ética, sino porque el Estado manejaba menos recursos y la fiscalización era limitada por la falta de
tecnología.
La llegada del MAS al poder en 2006 prometía un cambio estructural. En 2009, la nueva Constitución
introdujo una medida inédita: la elección popular de autoridades judiciales. La idea era democratizar
el acceso al poder judicial y acabar con los pactos políticos. Sin embargo, la medida consolidó la
captura del sistema por parte del partido gobernante. Los candidatos eran filtrados por la Asamblea
Legislativa, controlada por el MAS, y debían hacer campaña sin poder expresarse libremente debido
a restricciones legales. Además, debían invertir recursos propios sin garantías de transparencia ni
independencia, lo cual generó compromisos políticos y sospechas de parcialidad.
El resultado fue una justicia aún más vulnerada. En lugar de romper con la herencia clientelar, esta
se profundizó. Líderes opositores fueron encarcelados sin juicio previo, mientras figuras vinculadas
al oficialismo, pese a enfrentar múltiples denuncias, suelen quedar impunes. Medios y redes han
documentado casos de magistrados que venden cargos o manipulan sentencias, repitiendo
prácticas coloniales con métodos modernos.
Si la justicia neoliberal fue deficiente, la masista ha sido peor por al menos tres razones: el
incremento de los recursos públicos disponibles, la consolidación de un poder hegemónico sin
contrapesos institucionales, y la proliferación de tecnologías que han hecho más visible la
corrupción. Los celulares, las redes sociales y el periodismo digital han documentado lo que antes
se ocultaba: jueces negociando sentencias por WhatsApp, audios de autoridades presionando a
fiscales, o videos que evidencian la venalidad de la justicia.
La tecnología también ha cambiado la percepción ciudadana. Antes, los actos de corrupción
quedaban en el anonimato. Hoy, una grabación basta para exponer públicamente a un funcionario.
Esto no implica que antes no hubiera corrupción, sino que ahora es más difícil de esconder.
No todo ha sido retroceso. Es justo reconocer que durante los años del MAS se creó la Escuela de
Jueces, una institución orientada a elevar el nivel técnico de los operadores judiciales. Aunque su
impacto ha sido limitado, representa un intento de profesionalización que merece ser destacado.
Comparar ambos periodos requiere entender sus contextos. La justicia neoliberal fue más lenta y
excluyente, afectada por la precariedad institucional. En contraste, la justicia masista ha sido más
politizada y descarada, debido al control partidario y a condiciones que facilitaron una corrupción
más amplia. Aunque ambas etapas comparten rasgos como la corrupción, la parcialidad y la
desconfianza ciudadana, el periodo masista destaca negativamente por haber institucionalizado el
uso político de la justicia, desnaturalizado el voto ciudadano en la elección judicial y normalizado la
impunidad selectiva.
El deterioro de la justicia boliviana es un fenómeno histórico y persistente. Pero negar que en los
años recientes ha alcanzado niveles más visibles y peligrosos sería una forma de complicidad
intelectual. La justicia masista, lejos de erradicar las prácticas corruptas, las ha perfeccionado bajo
una retórica de cambio que, en los hechos, terminó protegiendo a los amigos del poder y castigando
a sus críticos.
Como decía Bertrand Russell, cada grupo ideológico crea su propio mapa del mundo. Lo
preocupante es que, en el mapa judicial boliviano, ya no existen rutas confiables. Solo callejones
oscuros donde el ciudadano común, sin poder ni dinero, sigue siendo la principal víctima.

Investigador y analista socioeconómico

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Los operativos se llevaron a cabo en ocho provincias del país, incluyendo El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua y Guayas. Las detenciones se realizaron en el marco del caso conocido como “Plaga”, donde se investiga el otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad con sentencias por diversas infracciones penales.

Impunidad a través de argucias jurídicas y abusos del sistema legal

Según la Fiscalía, este presunto delito de delincuencia organizada habría permitido la impunidad mediante el uso de argucias jurídicas y abusos del sistema legal. Entre los detenidos se encuentran jueces, exjueces, secretarios judiciales, un policía en servicio activo y un abogado que trabajaba en el sistema penitenciario nacional.

Detalles de las detenciones y allanamientos

Los jueces Franklin Edmundo T. y Byron Michael O. G., así como los exjueces Simón Oswaldo G. y Joffre Javier R. R., se encuentran entre los detenidos. Además, en Santo Domingo de los Tsáchilas se detuvo al exjuez Ángel L., quien está involucrado en el Caso Metástasis que investiga corrupción judicial, policial y carcelaria.

En total, se han detenido a 14 personas y durante los allanamientos se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y computadoras portátiles. El fiscal provincial de Pichincha informó que se realizaron alrededor de 25 allanamientos para combatir la corrupción en el sistema judicial.

Próximas acciones legales

Se espera que en las próximas horas se presenten cargos contra los implicados en este caso de presunta delincuencia organizada. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar a cabo las acciones legales correspondientes.

Fuente: EFE

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La exautoridad tiene más de 90 denuncias en su contra, 40 procesos disciplinarios y 14 procesos penales. Bacarreza fue enviada a la cárcel el 1 de marzo, sin embargo, continuaba ejerciendo como juez porque se amparaba en recursos que le franquea la ley.

Demoras en el sistema disciplinario

“Tenemos los datos, el primer proceso disciplinario que se instala a esta autoridad fue el año 2017. Estamos hablando casi siete años que el sistema demora en destituir a este tipo de autoridades; ellos tienen todas las facilidades en el actual sistema disciplinario y son demasiado beneficiosas para este tipo de autoridades y perjudican el desarrollo del trabajo en juzgados”, lamentó Molina a tiempo confirmar los procesos.

Extravío masivo e indignación ciudadana

La juez desató indignación entre la sociedad tras extraviar más de 90 expedientes. Las víctimas conformaron una asociación y denunciaron todas las irregularidades cometidas por Bacarreza.

Pese al gran número casos y denuncias no se pudo destituir a Bacarreza porque siempre encontraba resquicios judiciales que le permitían dilatar los casos.

A fines febrero un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía intervinieron sus oficinas, específicamente el Juzgado Primero de Sentencia de Violencia Contra Mujer ubicado en La Paz, y se constató la desaparición de los expedientes. Casi tres meses después de esos sucesos se logró la destitución final. La delegada departamental, Carmiña Martínez, informó que se logró recuperar hasta el 90 % de la documentación extraviada por Bacarreza y que por el momento las causas que estaban en este tribunal están a cargo de un juez suplente.

Detenida y con procesos pendientes

Actualmente, Bacarreza está detenida en el Centro Orientación Femenina Obrajes por un tiempo cuatro meses. Asimismo, el Consejo de la Magistratura intenta demostrar con más evidencias la culpabilidad de los supuestos delitos de Bacarreza mientras avanzan otros 13 procesos en su contra.

El presidente disciplinario de los jueces exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar la ley del Régimen Disciplinario para evitar casos como este.

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Este miércoles se conoció el documento que consta de 20 páginas y que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en las próximas semanas, reportó el diario El Deber.

El relator manifestó que los procesos del “golpe I” y “golpe II”, que involucran a Añez, capturaron la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero.

Respecto a la crisis de 2019, resaltó que el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes.

“(Debe) aprobar de forma expedita proyectos encaminados a dictar la legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata, y Zona Sur producidas en 2019”, añadió.

Problemas en la justicia del país

Recordó que en su estadía en Bolivia, se enteró sobre la huelga de hambre que cumplía la exmandataria, siendo testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso.

Explicó que el caso evidencia problemas estructurales de la administración de la justicia, como la generalización de la detención preventiva; por lo que fue enfático con los derechos que tienen las personas procesadas.

“Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”, establece el escrito.

Corrupción

Asimismo, resaltó que la corrupción “puede ser una herramienta de ataque a la independencia judicial”, la cual debe ser garantizada por el Estado, ya que esa es su obligación internacional y constitucional.

“Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia”, enfatizó.

Entre las conclusiones del informe, resalta la que menciona que la elección de las altas autoridades judiciales mediante el voto popular, lo cual según su criterio, no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni generó legitimidad en los procesos.

“(Se debe) impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo”, explicó.

Por otro lado, insistió en el criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional; además del compromiso con los valores del estado de derecho y “los estándares contenidos en los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura”.

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/JDLF/

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La movilización se caracterizó porque las manifestantes llevaron pancartas en mano de las víctimas de la violencia masculina, que posteriormente fueron colocadas en la puerta de dicha entidad. Exclamaciones de repudio contra el sistema judicial hizo estremecer el centro de la capital paceña.

Desde el Faro Murillo de la ciudad del El Alto hasta el Tribunal de Justicia se efectuó la marcha de protesta contra jueces y fiscales, a la cabeza de la líder de Mujeres Creando, María Galindo.

Después de un seguimiento voluntario a los funcionarios de los juzgados en la ciudad de La Paz, María Galindo convocó a una marcha paro hoy y aseguró que la movilización no es a favor o en contra del Gobierno, sino en defensa de las vidas de las mujeres.

Señaló que el “Estado boliviano no ofrece garantías a las mujeres y que las denuncias por violencia no prosperan, a menos que haya una coima”.

El propósito de la marcha, según Galindo es en “legítima defensa de las vidas y las libertades de las mujeres, luchar contra la impunidad, luchar contra la corrupción en la justicia”.

La líder de Mujeres Creando resaltó la importancia de que la lucha por la vida de las mujeres y la justicia se haga de manera colectiva, puesto que de forma individual no se tienen resultados.

/ SVL

La entrada Toman el edificio del Tribunal de Justicia en La Paz tras marcha de Mujeres Creando se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Quiero comenzar agradeciendo al Gobierno, en particular al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y a la Cancillería, por su hospitalidad y dedicación para que esta misión sea un éxito.

La concertación de entrevistas y mi recorrido por las instituciones, públicas y privadas, fue realizada sin ninguna dificultad.

Es de notar sin embargo que las repercusiones de la pandemia significaron cierta restricción en los desplazamientos internos, así como tener que recurrir a reuniones virtuales y a limitar en muchas ocasiones el número de personas que podían ingresar a las mismas cuando eran presenciales.

Durante la semana, me entrevisté con una amplia gama de sectores e instituciones públicas (gobierno, sistema judicial y poder legislativo), líderes políticos, sectores variados de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos y académicos.

Estoy consciente que no alcancé a reunirme con todas las personas que deseaban hablar conmigo, a pesar de mis mejores esfuerzos. Agradezco mucho la hospitalidad con la que fui recibido, el diálogo franco, la apertura y confianza de todos y todas estas contrapartes.

El Relator no vino a dar lecciones ni a dar soluciones mágicas. El objetivo de mi visita fue analizar y evaluar la situación de la justicia boliviana en sus diversos aspectos y contribuir a la construcción de una justicia independiente y al alcance de la gente.

Criterio conceptual orientador, para este efecto, son los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados en Naciones Unidas en 1985.

El objetivo de la visita ha sido abordar procesos y no casos individuales, a pesar que he escuchado sobre algunos casos que me han conmovido e impactado mucho.

Espero que mi informe sea una contribución útil a la reforma de justicia, y que de alguna manera responda a las necesidades de esos casos individuales que escuché. Justicia independiente: objetivo a conseguir. La justicia independiente y accesible es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos.

Durante el tiempo que pasé en Bolivia, he notado la extendida atención que la sociedad y las instituciones bolivianas le dan a la justicia, a la necesidad de superar sus limitaciones y contar con una justicia más transparente, independiente y al servicio de la sociedad.

Congratulo el esfuerzo de encarar una reforma de la justicia en Bolivia. Exhorto a todos y todas a aprovechar esta oportunidad. Espero que mis comentarios sean insumos que contribuyan a esa discusión.

Hoy comparto unas observaciones preliminares a partir de mi visita y que serán el insumo principal para el informe final a ser presentado en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio del 2022.

La justicia está lejos de la gente

Una de las frases más escuchadas, de parte de muchas personas con las que me reuní, es que la justicia no existe para los pobres.

Víctimas y familiares me expresaron encontrar obstáculos para acceder a la justicia, lo que incluye tener que aportar los medios probatorios para la investigación, verse en necesidad de asumir gastos o realizar pagos para que sus casos avancen y falta de acceso a información sobre sus expedientes y cómo avanzan sus procesos.

Durante mi visita, también escuché sobre el impacto de la corrupción en el sistema de justicia, y la profunda desconfianza que existe en la justicia boliviana.

Escuché testimonios de personas que han sido extorsionadas por jueces, fiscales y autoridades penitenciarias para facilitar procesos o cursar órdenes. Estos testimonios no son denunciados públicamente por las victimas por temor.

El caso de la excarcelación irregular de Richard Choque Flores por una orden de un juez ha conmocionado la opinión pública boliviana dado el atroz delito de feminicidio cometido y por la corrupción que explica su liberación. Comparto esa consternación.

En enero de 2022, el mismo Choque Flores confesó que había dos cadáveres enterrados en su casa consecuencia de otros homicidios cometidos por él; luego se localizó un tercer cadáver.

Choque Flores ya había sido condenado a 30 años de prisión por el secuestro y el asesinato de una mujer, y le fue permitida la detención domiciliaria por un procedimiento exprés corrupto basado en un informe médico falso.

En otro caso también muy dramático, Felipe Froilán Molina Bustamante, condenado por el asesinato en 1980 del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz a 30 años de presidio sin derecho a indulto, fue beneficiado con una irregular libertad condicional el 20 de febrero de 2020.

Estas situaciones son preocupantes indicadores de lo que puede ser posible por medios ilícitos e irregulares y deben ser sancionadas con todo el peso de la ley.

La corrupción puede ser también, como se ve, una herramienta de ataque a la independencia judicial. Mujeres y acceso a la justicia El acceso fluido a la justicia es un componente esencial en una sociedad democrática.

Cuando son muchas las limitaciones efectivas para ese acceso, más allá de las formalidades que pueden estar establecidos en la ley, se está ante un problema y un reto que requiere solución.

En ese orden de ideas quiero resaltar la experiencia de las mujeres con la justicia acerca de lo cual he recibido información preocupante y varios testimonios dolorosos. Muchas de las víctimas con las que hablé eran mujeres, expresándome las dificultades que han encontrado para acceder a la justicia.

Según un estudio de ONU Mujeres de 2019, los plazos procesales en casos de violencia contra la mujer no se cumplen, lo cual repercute en el abandono de las víctimas.

Sólo se han creado 27 juzgados y tribunales especializados bajo la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) de 2013. Estos juzgados y tribunales están sobre saturados por la carga procesal y atienden también casos por delitos de corrupción.

Preocupantes datos indican que se produjeron 869 feminicidios entre 2013 y octubre de 2021. Es decir, un promedio de uno cada tres días y medio. Sólo el 31% de los casos ha obtenido una sentencia.

De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, a la fecha de este informe en 2022 hasta el 17 de febrero ya van registrados 15 feminicidios y dos en investigación para determinar si se trató de feminicidio.

La Defensora del Pueblo ha presentado desde el 2019 la propuesta de que se creen 31 juzgados sobre violencia contra la mujer.

Como Relator Especial coincido totalmente con esa propuesta. Quisiera resaltar como paso positivo la constitución el pasado 4 de febrero de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio al amparo de la Ley 898 y animo a las autoridades a priorizar avances en este tema.

La justicia indígena

La rica historia de Bolivia y de sus pueblos indígenas es un componente particularmente fundamental de la identidad nacional.

Esa historia se encuentra expresada en la misma Constitución en la que en varias disposiciones (en especial el articulo 30 y siguientes) se establece que las naciones y pueblos indígenas gozan, entre otros derechos, “al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión” y al derecho a la consulta previa.

Varios instrumentos internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual Bolivia es Estado parte, establecen a nivel internacional derechos de esa naturaleza.

La norma constitucional pauta un claro principio de afirmación de la justicia indígena al establecer la obligatoriedad de acatar “las decisiones de la jurisdicción indígena” (art. 192.I) y la obligación del Estado de promover y fortalecerla (art. 192.III).

Los mecanismos de “coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas” referidos en la Constitución, debían regularse y precisarse en la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Estos principios constitucionales fundamentales, sin embargo, no parecerían haber encontrado adecuado seguimiento y concordancia en la ley dictada el 2010.

En el curso de las entrevistas y reuniones sostenidas con representantes de pueblos indígenas y especialistas en la materia se le hizo conocer al Relator el extendido criterio de la falta de concordancia entre las disposiciones constitucionales y las restrictivas competencias para la justicia indígena contenidas en la ley.

Fue convergente y coincidente el cuestionamiento a la larga lista de exclusiones lo que acaba vaciando de contenido las disposiciones constitucionales y las demás que tiene la misma ley.

Privados de libertad y justicia

Otro gran tema de preocupación para mí es la situación de las personas privadas de libertad, íntimamente ligado al desempeño de la justicia. Para marzo de 2021, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, Bolivia cuenta con 20 recintos penitenciarios urbanos, con capacidad de albergar a 5.346 personas.

No obstante, la población asciende a 18.703 personas lo que supone tasas de hacinamiento del 349.8%. Para marzo de 2021, el 64,10% de las personas privadas de libertad estaba en situación de detención preventiva.

En promedio, pues, siete de cada diez personas privadas de libertad está sin condena. La prisión preventiva debe ser utilizada excepcionalmente, durante el menor tiempo posible y sólo en casos particulares que representen ciertos elementos de gravedad; además, se debe garantizar la separación entre presos preventivos y condenados en todos los lugares de privación de libertad.

La prisión preventiva no puede constituir un castigo para personas que no han sido juzgadas.

Exhorto al Órgano Judicial y al Ministerio Público a intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso de la prisión preventiva, reducir la sobreocupación en los centros de detención, principalmente mediante medidas alternativas a las penas privativas de libertad y estrategias para abordar las moras procesales.

El Estado debe continuar con la mejora de las instalaciones penitenciarias y las condiciones generales de vida en las cárceles.

En este orden de ideas conocí que el 18 de febrero, durante mi visita, la orden de un juez disponiendo el traslado por razones de salud a un hospital de la señora Jeanine Áñez, en prisión preventiva desde marzo 2021, no pudo ejecutarse porque la gobernadora de la prisión de Miraflores se declaró impedida de poder cumplir con el traslado ante manifestaciones al exterior del penal.

El Estado tiene la responsabilidad de preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas y hacer cumplir las disposiciones judiciales.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, por su lado, llamadas también Reglas Mandela, nos indican que “todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes”.

Según la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visitó el penal en la noche de ese día, “se ha constatado que no se ha producido ninguna acción de parte de las autoridades de alimentación/tratamientos forzados” y que “se ha respetado su decisión (de mantener una huelga de hambre) como un ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica”.

Estructura y gestión del Órgano Judicial

Algunos aspectos sustantivos se arrastran desde antes de la vigente carta constitucional. La cobertura del Órgano Judicial sigue estando limitada principalmente al área urbana.

De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia, en 2020 hay 1.095 jueces con un 1 Art. 192.III. 2 Ley 073, Ley de Deslinde Jurisdiccional. Ley de Deslinde Jurisdiccional, artículo 10. promedio de 530 causas por juez.

El Servicio Plurinacional de la Defensa Pública llega únicamente -y formalmente- a 106 municipios del país de los 340 existentes, aunque según la Defensora del Pueblo el país cuenta con apenas 54 Defensores Públicos.

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima tiene presencia en 43 municipios únicamente.

En este sentido, quisiera contribuir al debate nacional coincidiendo plenamente con la idea de rescatar la jurisdicción de paz para que procese conflictos con base a la equidad, la costumbre y los valores de derecho consuetudinario aplicables.

Ayudaría a descongestionar la jurisdicción ordinaria y, principalmente, a acercar la justicia a los pueblos indígenas y comunidades rurales. Carrera judicial y jueces transitorios.

Según datos presentados en 2020, solo el 44% de jueces son de carrera. La alta proporción de jueces transitorios, que supera a los 500 de acuerdo a la información recibida, es otro componente crítico generador de inestabilidad y que no alienta una conducta independiente de quienes desempeñan la judicatura.

Está demostrado que una alta tasa de provisionalidad conspira contra una conducta independiente de jueces y juezas.

Quisiera destacar la importancia que tiene para la independencia judicial contar con una sólida carrera judicial y un presupuesto adecuado para la tarea que tiene el Órgano Judicial.

Esto implica una modernización de la estructura y de la gestión del mismo, para evitar duplicación de funciones y abordar las dificultades actuales en ejecución de presupuesto. La falta de una carrera judicial es un aspecto crítico que atenta contra la calidad del sistema judicial y su independencia.

Eso debilita los procesos de perfeccionamiento y especialización y genera un cuadro de precariedad en quienes desempeñan funciones judiciales y en la fiscalía.

Establecer una efectiva carrera judicial y proceder a la designación de los jueces transitorios como titulares, luego de la correspondiente -pero expedita- evaluación y, de ser el caso, cursos de perfeccionamiento o especialización, es una tarea urgente e impostergable.

Dentro de este orden de ideas se ha cuestionado, como elemento que conspira contra el principio de la inamovilidad de jueces y juezas judicial la norma contenida en el art. 46 de la Ley del Órgano Judicial de 2010 que establece que quienes integran los tribunales departamentales desempeñaran la función por sólo por cuatro años, renovables a otros cuatro, y que luego salen del sistema judicial pese a haber adquirido en la mayor parte de los casos una valiosa experiencia.

Debe respetarse el principio de inamovilidad y, de ser el caso, las remociones obedecer a motivos fundados y luego del debido proceso.

Recursos presupuestales

El presupuesto bajo asignado a todo el sector justicia, incluido el Ministerio Público, que no llega al 0,50% del total del presupuesto nacional, no permite sustentar una institucionalidad dotada de los recursos institucionales indispensables y, en especial, de remuneraciones adecuadas que atraigan a las mejores personas y que prevengan la corrupción y otras tentaciones.

He tenido la oportunidad de interactuar con jueces y fiscales de los distintos niveles y este es un punto crítico generador de inestabilidad y alimentador de la tentación de abandonar el sistema judicial.

La sociedad y el Estado boliviano tienen que asignarle a la justicia una porción mayor de sus recursos en un proceso de incrementos graduales que podrían empezar este mismo año con una reasignación dentro del presupuesto 2022 ya en ejecución proyectando incrementos en los años que vengan.

Es verdad también, sin embargo, que, pese a que son escasos, los recursos presupuestales asignados no siempre son materia de una ejecución eficiente generando usualmente una devolución del exceso no gastado pese a las enormes necesidades existentes.

Esta contradictoria situación tiene su principal explicación en una estructura ineficiente de administración y gestión de los recursos presupuestales asignados a la justicia.

Parte de ello, es la confusa distribución de responsabilidades de gestión y administración en esta materia en la que concurren funciones asignadas al Consejo de la Magistratura junto con otras asignadas al Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales sin que esté siempre claro qué responsabilidades y funciones le corresponden a cada cual.

Como he señalado en el análisis de la situación en otros países, es indispensable que la administración y gestión se encuentra en instancias especializadas y que quienes son la parte sustantiva del sistema de justicia, como son los jueces, vocales y magistrados se constriñan a administrar justicia.

Ministerio Público Muchas personas me hablaron sobre la dificultad que enfrentan para obtener información y datos del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

Es evidente que la transparencia y el libre acceso a la información pública contribuyen al combate a la corrupción. Tomo nota que Bolivia aún no cuenta con legislación sobre acceso a la información pública.

El Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, que depende del Ministerio Público, tiene nueve oficinas departamentales y 26 regionales, es decir, cubre sólo el 10% de los municipios a nivel nacional, y no alcanza para responder a la demanda.

Adicionalmente, cuenta con recursos humanos insuficientes en ciertas especialidades lo cual crea desconfianza en sus pronunciamientos.

Se informa también de la falta de medios para la recepción y custodia de evidencia lo que puede desembocar en deterioro de pruebas incidiendo en el acceso a la justicia.

En el caso de las mujeres víctimas de violencia, el Estado es responsable, a través del Ministerio Publico, de llevar adelante una investigación efectiva y célere de estos delitos.

El 80% de los casos de delitos sexuales contra las mujeres no ha tenido ningún proceso judicial para el delito cometido. De forma similar a los criterios explicados sobre la carrera judicial, el país necesita contar con una carrera fiscal.

En ese sentido, tomo nota con interés del curso de siete meses para nuevos fiscales iniciado en 2021 por el Ministerio Público como un buen punto de partida.

Graves violaciones de derechos humanos en el último trimestre del año 2019

Mucho se ha escrito sobre las repercusiones de esta crisis política rodeada de violencia en la que al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas fueron heridas.

Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares.

Comparto la preocupación de muchos con el contenido y promulgación del Decreto 4078, sobre actuación de las Fuerzas Armadas, del 14 de noviembre de 2019.

Durante mi misión me reuní con las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba, y de la Zona Sur por un espacio de tres horas. Escuché testimonios muy conmovedores. Lamento profundamente que estas víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia sin conseguirla.

El informe del GIEI sobre la crisis sociopolítica de 2019/2020, reflejó obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas y de familiares de las víctimas, como el ejercicio de presiones por operadores de justicia para que sean las víctimas y sus familiares y no el Ministerio Público quienes aportaran los medios probatorios para la investigación, y la denegación de acceso al proceso y a las diligencias del caso.

La Defensoría del Pueblo informó en que en 2020 había constatado falta de investigación o investigación deficiente por parte del Ministerio Público de las violaciones al derecho de la vida y a la integridad física ocurridas en noviembre y diciembre de 2019.

Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y merecen el reconocimiento de su calidad de víctimas.

Me uno a las recomendaciones ya hechas al Ministerio Público sobre llevar a cabo investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Que se garantice la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar.

En mi reunión con la Procuraduría General supe que están trabajando para promover legislación que les permita resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las referidas de Sacaba, Senkata, y Zona Sur.

Tomo nota también de los esfuerzos que se están realizando en este caso con la creación de una Mesa Interinstitucional para responder a las víctimas con el apoyo de la Misión Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Felicito la iniciativa de un mecanismo especial de seguimiento en el marco del sistema interamericano de derechos humanos que esté a cargo de impulsar y monitorear el nivel de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe del GIEI.

El reto de la independencia de la justicia

Esta Relatoría ha abordado el tema de la independencia de la justicia en Bolivia a lo largo de varios años. Esta información es pública, pero es útil para nosotros hoy hacer ese recorrido. Ya, mi antecesora expresó preocupación por un proceso penal contra de una ex alcaldesa de La Paz ocurrido en 1998, que se “habría caracterizado por fuertes presiones políticas y mediáticas”.

Esta Relatoría, también bajo mi antecesora, se refirió a la detención de una jueza en 2011, indicando además preocupación por un “patrón de amedrentamiento sistemático ya que serían varios los jueces encarcelados y procesados por presión del Ministerio de Gobierno”.

Se refirió también a la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2014. He hecho referencia a este tema en febrero de 2020 en que expresé mi preocupación por el “patrón de persecución política y judicial –con fines de represalia- así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”.

En julio de 2021 reaccioné ante la remoción de vocales de tribunales electorales. Se me ha informado posteriormente que el asunto se encuentra bajo conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Durante mi visita, he podido constatar que estos patrones que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados.

La independencia del sistema judicial debe ser garantizada por el Estado

Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia.

La tarea pendiente de asegurar la independencia judicial es un reto que Bolivia debe encarar con firmeza. Espero que los insumos que pude dar en mi visita y que ampliaré en mi informe final contribuyan a enfrentar este reto.

Aspectos críticos en las reformas constitucionales e institucionales Si bien varios temas en la Constitución reflejan de manera clara las esencias y aspiraciones de la sociedad boliviana en una serie de aspectos fundamentales, luego de trece años de vigencia la práctica ha puesto de manifiesto algunos aspectos críticos en lo que atañe al sistema judicial.

El principal, que hemos recogido de distintos sectores de la sociedad boliviana en el curso de mi visita, tiene que ver con los procesos de selección y designación en las altas cortes.

En este sentido, quisiera expresar mi preocupación ante la baja legitimidad en las votaciones para la elección de los magistrados y las magistradas de las Altas Cortes.

La escasa participación del electorado, siendo ésta del 78 %, de acuerdo con los datos ofrecidos por la entonces Presidenta del Órgano Nacional Electoral, es uno de los porcentajes más bajos de los últimos años en Bolivia, donde se suele superar el 90 % de concurrencia ciudadana.

El segundo aspecto relevante es que tanto en el proceso de votación nacional como en el de votaciones departamentales la mayor parte de votos fue blanco o nulo. Se hace indispensable someter el sistema de elección por votación popular a algunos ajustes.

La independencia del sistema judicial se refiere, por un lado, a la no injerencia en el trabajo de tribunales y jueces, así como al procedimiento y cualificaciones para el nombramiento de jueces y las garantías en relación con su seguridad en el cargo.

Se debe también abordar las condiciones que rigen ascensos, traslados, suspensión y cesación en sus funciones. Un tema medular, y que fue planteado prácticamente en todas las entrevistas y reuniones de trabajo, es el de los procesos de selección y designación de quienes administran justicia y, en particular, en el nivel de las altas cortes (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura).

Conviene revisar y perfeccionar algunos de estos de procesos de cara a contar con un sistema judicial independiente y en el que los criterios de selección sean estrictamente meritocráticos, basados en la trayectoria y experiencia profesional y su compromiso con los derechos humanos.

En sus distintos informes temáticos, así como en aquellos derivados de visitas a países, como Relator Especial he insistido en la prevalencia de criterios y procedimientos de designación vinculados a los criterios contenidos en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de 1985.

Si bien no existe un “modelo” universal de procesos de selección y designación, sí es esencial que en los mismos no sean los criterios ni las consideraciones de índole político los que prevalezcan.

Algunos aspectos normativos y prácticos en esta materia tendrían que ser revisados y perfeccionados. Al respecto, en esta visita he tomado conocimiento de distintas ideas en esta materia, todas las cuales pueden aportar elementos contributivos para lograr un diseño que garantice condiciones más adecuadas en los procesos de selección y designación.

En la perspectiva de concretar ajuste sin el pre requisito de una previa reforma constitucional, en la visita he recogido distintas iniciativas y sugerencias que contribuirán a enriquecer los mecanismos de selección y designación con procedimientos más participativos y plurales.

Una de las opciones apuntaría a fortalecer la fase de la pre- selección de candidatos/as, sobre los que votaría la asamblea legislativa en virtud del artículo 158 de la Constitución, sobre propuestas generadas en un espacio pluralista y participativo.

Con ese filtro, más plural y participativo, se estima que el voto popular que luego vendría en concordancia con lo establecido en el artículo constitucional 182. I podría traducirse en una selección más meritoria y plural. Este asunto será materia de mayor desarrollo en el informe final. Por la ruta de un gran acuerdo nacional Desde que se inició la visita fue visible y persistente el afán de acercar la justicia a la gente y hacer que esta funcione mejor.

 En la función de este Relator de contribuir a una justicia independiente, accesible y que procese de manera adecuada los conflictos individuales y sociales, en medio de situaciones de confrontación y de divergencia de opiniones y propuestas.

Se ha encontrado, sin embargo, la extendida y saludable esperanza de contar con una justicia independiente, eficiente y guiada por los principios y estándares de derechos humanos.

En la sucesión de entrevistas y reuniones de trabajo producidas, así como en la profusa y variada documentación recibida, ha sido posible constatar y recoger la aspiración compartida de encontrar rutas para un gran acuerdo nacional de la justicia que aborde, entre otros, temas como los aquí planteados.

Instituciones públicas y privadas, dirigentes políticos y organizaciones de la sociedad civil han convergido en esta aspiración. Sin perjuicio de otros espacios de expresión de opiniones y análisis acerca del rumbo de la justicia, como la Cumbre que se ha anunciado se llevaría a cabo en el mes de marzo de este año, la situación analizada en la misión apunta a la exigencia de un gran acuerdo nacional por la justicia.

Se ve condiciones para apuntar, de manera laboriosa y persistente, a dicho gran acuerdo nacional, como criterio orientador de un proceso sostenido con metas de corto, mediano y largo plazo. Ello supondría la participación activa en ese proceso de las instituciones públicas más relevantes sobre el tema, tanto del ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como de las agrupaciones políticas, colegios profesionales (en particular de abogados), universidades, representaciones sociales, etc.

Para finalizar, Me gustaría finalizar destacando que ustedes depositaron su confianza en mí durante esta visita, y reconozco la valentía que esto conlleva. Yo ahora, deposito mi confianza en ustedes para llevar adelante esta tarea.

Muchas gracias.

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En las últimas horas, fue aprehendida Vidalia Morales por presunto delito de prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes tras disponer la detención domiciliaria irregular a un sentenciado por la violación de su hija con la agravante de haberla embarazado en el municipio de San Lucas del departamento Chuquisaca.

Según el Consejo de la Magistratura la persona beneficiada por la juez, no cumplió con los requisitos de enfermedad crónica o enfermedad terminal, tampoco efectuó las cuatro quintas partes de cumplimiento de la condena y, peor aún, se dispuso la detención domiciliaria en la vivienda de su hija dónde habitan otros menores y el mismo hijo producto de la violación.

Magistratura

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, indicó que es “histórico” en la administración de justicia la cantidad de jueces que están siendo detenidos ligados en hechos de corrupción, según reportó el portal Innovapress.

“Los datos que van arrojando tras las intervenciones nos permiten afirmar y comprobar de que existe una similitud de hechos ilegales. Esta es una intervención histórica en todo el sistema judicial en Bolivia de manera directa a los juzgados en nuestro país comprometidos en hechos ilegales”, añadió Molina.

Asimismo, dijo que el sistema penal en Bolivia es bastante difuso y demasiado grande y muchas de las libertades que se dieron no solo devinieron de los juzgados de ejecución penal ya que en algunos casos han sido jueces cautelares, salas penales y tribunales de sentencia, entre otros, esto quiere decir que el conflicto es muy grande.

Argumentó que en el departamento de Cochabamba recientemente se establecieron ocho casos relevantes de jueces que dieron libertad a condenados sin derechos a indulto, en un modus operandi extraño que está siendo analizado con el Ministerio Público.

“Esta clase de casos de liberación se daban, especialmente en La Paz, en casos que venían de Cochabamba y Santa Cruz, es decir, que llegaban hasta La Paz y aquí permitían su libertad”, afirmó.

En el caso de Chuquisaca, dijo que se lograron encontrar seis casos, de los cuales tres son muy graves de personas ligadas con violación y asesinato y uno de ellos es la juez Vidalia Morales.

/RXVCH/

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Según los antecedentes, el 24 de diciembre de 2019, Rafael Alcón, el juez de turno del Juzgado 1° de Ejecución Penal de la ciudad de La Paz, mediante resolución 890/2019, otorgó detención domiciliaria temporal a favor de Richard Choque Flores por el lapso de 18 meses.

Esta acción bajo el argumento de que el sentenciado fue diagnosticado de hepatosis gastritis crónica, úlcera péptica, diabetes alérgica y asma bronquial.

“Lo entendemos como impunidad y con la posibilidad de, yo diría, permeabilizar el sistema de administración de justicia a través de elementos que aparentemente tienen una forma de actuar por parte de estructuras que se han dedicado a esta actividad irregular y cuando usted nos dice: ¿cómo se explica? Indudablemente, nosotros explicamos de dos maneras: o la corrupción o la ignorancia”, aseguró Aguilera durante una entrevista en Bolivia TV.

Asimismo, el juez es cuestionado por tomar esa determinación sin considerar que Choque no podía beneficiarse con esa resolución porque tenía una sentencia condenatoria ejecutoriada de 30 años de presidio sin derecho a indulto por el delito de asesinato, ilícito que le impide acogerse a cualquier beneficio que determina la Ley de Ejecución Penal y Supervisión N° 2298.

De esa manera, el 21 de enero del 2022, Richard Choque fue nuevamente aprehendido por los presuntos delitos de trata y tráfico, proxenetismo, pornografía y porte o portación de armas.

Durante la investigación, el hombre reveló que le quitó la vida a dos adolescentes que fueron reportadas como desaparecidas el 2021 y las enterró en su domicilio. Por estos hechos, fue enviado con detención preventiva al penal de Chonchocoro.

/MDCB

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