Alcaldía de Oruro denuncia corrupción en diversas reparticiones

La Alcaldía de Oruro informó que inició procesos administrativos y presentó denuncias penales por corrupción en distintas reparticiones municipales. Estas incluyen la Dirección de Infraestructura, centros de salud, el área de Fiscalización y almacenes. La nueva administración cuestionó la respuesta de la Justicia en algunos casos e instó a las autoridades judiciales a respaldar las investigaciones.

Irregularidades en salud y otros sectores

El alcalde Iván Quispe explicó que, tras la reapertura de las carreteras y mientras realizaba gestiones en La Paz relacionadas con proyectos municipales, se efectuó un seguimiento al funcionamiento de diversas unidades de la Alcaldía. Según afirmó, surgieron denuncias e informes que evidencian presuntas irregularidades. Parte de estos casos ya fueron expuestos públicamente y remitidos a las instancias competentes.

Hallazgos en el centro municipal de hemodiálisis

Uno de los hechos observados corresponde al centro municipal de hemodiálisis. El alcalde señaló que recibió un informe del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y del director del establecimiento sobre el hallazgo de medicamentos ocultos en un mueble dentro de las instalaciones. Durante una inspección, se verificó la existencia de medicamentos vigentes y vencidos, mientras el personal médico reportaba faltantes de insumos para la atención de pacientes.

Denuncias ante la Justicia

Quispe sostuvo que la denuncia fue presentada ante la Justicia; sin embargo, aseguró que la respuesta fue que no existían elementos para establecer la comisión de un delito. Otro caso involucra a la Dirección de Infraestructura, donde se recibió una denuncia sobre presuntos cobros irregulares para direccionar informes técnicos. Tras coordinar acciones con la unidad anticorrupción de la Policía, se realizó un operativo y se formalizó la denuncia correspondiente. Los resultados quedaron en manos de las autoridades judiciales.

Irregularidades en Fiscalización

Asimismo, en el área de Fiscalización se identificaron presuntas irregularidades vinculadas al procedimiento de clausura de actividades económicas. Según indicó Quispe, existen audios y otros elementos que darían cuenta de supuestas actuaciones indebidas de algunos funcionarios durante el llenado de formularios y el levantamiento de precintos de clausura. En este caso también se iniciaron procesos administrativos y acciones penales.

Cero tolerancia a la corrupción

Quispe afirmó que la actual administración mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a hechos de corrupción, nepotismo o tráfico de influencias, independientemente del cargo o modalidad de contratación de los involucrados. En ese marco, pidió a los operadores de justicia actuar con transparencia e imparcialidad para que las investigaciones avancen.

Convocatoria a funcionarios municipales

Finalmente, convocó a todos los funcionarios municipales a ejercer sus funciones con responsabilidad y apego a la normativa vigente.

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Unidad de Mercados rechaza acusaciones de corrupción

El jefe de la Unidad de Mercados del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) rechazó las denuncias de presuntos actos de corrupción realizadas por el dirigente de la Federación de Comerciantes Minoristas, Jorge Orellana. Aseguró que detrás del conflicto existen observaciones sobre supuestos cobros irregulares a comerciantes para la emisión de avales sindicales.

Denuncias y respuestas en el conflicto

La polémica surgió luego de que Orellana presentara una denuncia solicitando la remisión de trámites y procesos por presuntas anomalías en la gestión de la Unidad de Mercados y de la Dirección de Desarrollo Económico Local. Además, cuestionó la permanencia de algunos funcionarios y señaló que no permitirán “corrupción ni agresiones” dentro de la repartición municipal.

Negación categórica a las acusaciones

En respuesta, el jefe de la Unidad de Mercados negó categóricamente las acusaciones en su contra y rechazó una supuesta agresión física denunciada por dirigentes. Explicó que sí existió una discusión dentro de la oficina, pero aseguró que hubo varios testigos presentes. El conflicto surgió a raíz de la denuncia de un comerciante sobre el cobro de 10 mil bolivianos por la entrega de un aval sindical para realizar un trámite municipal.

Evidencias y costos irregulares

Según la autoridad, el municipio cuenta con audios y recibos que evidenciarían otros cobros similares, incluso de hasta 14 mil bolivianos por puestos de venta. Remarcó que los avales sindicales “no son requisitos establecidos” en la Ordenanza Municipal 126/2005 y cuestionó que se exijan montos elevados cuando una rectificación municipal tendría un costo aproximado de 80 bolivianos.

Reacciones ante intereses económicos

Asimismo, señaló que la molestia de algunos dirigentes surgió porque la Alcaldía habría dado curso a trámites sin tomar en cuenta dichos avales sindicales. “El municipio no pide permiso a los sindicatos para hacer trámites”, afirmó, recordando que la administración de mercados y vías corresponde al gobierno municipal en el marco de la Ley 482.

Compromiso con los comerciantes

La autoridad también sostuvo que no es la primera vez que enfrentan este tipo de reacciones al “tocar intereses económicos”. Aseguró que incluso se advirtió con movilizaciones si no se produce la destitución de funcionarios de la Unidad de Mercados. Indicó que su cargo está a disposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva y afirmó que continuarán atendiendo denuncias de comerciantes que se consideren amedrentados o afectados por dirigentes sindicales.

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Durante una conferencia de prensa, el secretario de Asuntos Jurídicos, Vladimir Oquendo, brindó la explicación del caso, argumentando que durante el periodo gubernamental del gobernador Johnny Vedia, no se permitirá ningún hecho de corrupción.

“Ha habido tres funcionarios aprehendidos por los presuntos delitos de falsificación y estarían trabajando con títulos falsificados, en ese sentido, hemos iniciado la investigación para determinar que dentro de la Gobernación existiese personal que estaría ejerciendo con títulos, certificados u otros elementos que estén contrariando la normativa y la fe”, dijo.

GOBERNADOR

Por su parte, el gobernador Vedia indicó que se efectuará una revisión de la documentación del personal que trabaja en esa entidad, con el objetivo de garantizar la legalidad de los funcionarios que prestan sus servicios.

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