La denuncia se enfoca en el delito de incumplimiento de deberes. Según el denunciante, Ayala, en su rol como funcionaria pública, tenía la obligación legal de informar sobre cualquier irregularidad de la que tuviera conocimiento. “Ella habría referido que ha tenido conocimiento de muchas irregularidades y hechos de corrupción; sin embargo, no los ha denunciado. Sigue omitiendo este elemento formal que tiene como funcionaria pública”, declaró el abogado al presentar el memorial.

Aunque aún no se ha determinado el monto exacto de los daños, la parte denunciante sostiene que se trata de cifras elevadas que representan una grave afectación al Estado. Vargas Parra enfatizó que, a pesar de los constantes pronunciamientos de diputados y otros profesionales sobre este asunto, nadie había formalizado una denuncia ante el Ministerio Público hasta la fecha.

Objetivos de la querella

Con esta denuncia, se busca que la directora de la ANH comparezca ante la justicia para aclarar dos puntos fundamentales: identificación de los hechos de corrupción a los que hizo referencia y los responsables de dichas irregularidades, así como su grado de implicación.

“Necesitamos que ella se presente a declarar y establezca cuáles habrían sido estas irregularidades. Estamos seguros de que el Ministerio Público va a ir ampliando la investigación por otros delitos conforme se avance”, concluyó Vargas.

Contexto de la denuncia

La denuncia coloca a la máxima autoridad de la regulación de hidrocarburos en una situación comprometida, especialmente en un momento en que la transparencia institucional está bajo la lupa de la ciudadanía.

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Durante una conferencia de prensa, Faval resaltó que la creación de esta comisión representa un paso fundamental hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción en la administración pública.

Composición de la comisión

La vocera proporcionó detalles sobre la composición de la comisión, la cual ha sido diseñada para asegurar una investigación “seria e independiente”. Esta estará formada por una combinación de representantes políticos y técnicos clave.

En total, la comisión incluirá un representante del partido Unidad, un representante del partido Libre, un representante del partido Súmate, el Procurador General del Estado, el Ministerio de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Compromiso del Gobierno

Faval afirmó que “la composición plural y técnica de esta comisión garantiza una investigación seria e independiente sobre las irregularidades detectadas en el sector hidrocarburos”. Esto subraya el compromiso del Gobierno con la verdad.

Planes futuros del Ejecutivo

En su intervención, la vocera presidencial también compartió los planes del Ejecutivo para ampliar esta estrategia de fiscalización. El Gobierno tiene la intención de crear otras comisiones de la verdad en el futuro para abordar diferentes casos de presunta corrupción que se han identificado en otras áreas del aparato estatal.

Objetivos de la iniciativa

El propósito de estas iniciativas es permitir un avance significativo hacia una gestión pública más transparente. De esta manera, se enviará un mensaje claro sobre la tolerancia cero a las prácticas ilícitas dentro de las instituciones del Estado.

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La postergación fue confirmada por el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, después de una reunión de gabinete en la Casa Grande del Pueblo. “Sí, se habló sobre el tema y está programado para el día lunes. Las instancias adecuadas informarán cómo estará conformada”, declaró Justiniano de manera breve.

Declaraciones del presidente

El anuncio de la Comisión se produce tras las impactantes declaraciones del Presidente Rodrigo Paz la noche del jueves. El mandatario afirmó que, en solo 12 días de gestión, su gobierno ha detectado “hechos gravísimos de corrupción, desfalco y robo” en el sector de hidrocarburos. Paz subrayó que lo encontrado no son irregularidades aisladas, sino que forman parte de “un sistema de corrupción armado de manera infame”.

“No había un mar de gas, había un mar de corrupción”, sentenció el presidente, quien no dudó en calificar a los responsables como “traidores de la patria”.

Objetivos de la comisión

El objetivo principal de la comisión será desmantelar una estructura paralela dedicada al robo de combustibles y asegurar que los implicados enfrenten la justicia. El Presidente Paz adelantó que el equipo investigador será plural, incluyendo a todas las fuerzas políticas, instituciones y representantes del sistema de justicia. “Tendrá un mandato claro: revelar la verdad, denunciar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Caiga quien caiga”, afirmó el presidente.

Importancia del esclarecimiento

El Gobierno sostiene que esclarecer estas presuntas irregularidades es fundamental para enfrentar la crisis energética que atraviesa el país y “recuperar hasta el último centavo que le robaron” a los bolivianos. El país ahora espera los detalles que se oficializarán el lunes, cuando se prevé que se conozca la estructura y los alcances de esta crucial comisión de investigación.

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En las primeras semanas de su mandato, Paz ha detectado en el sector de hidrocarburos no solo casos de desfalco, sino también una “estructura paralela de robo de combustibles”. Esto ha llevado a la justificación de la creación de esta comisión de alto nivel.

El mandatario ha descartado de manera categórica que los problemas en el sector sean “casos aislados” o el resultado de “algunas manzanas podridas”. En cambio, los hallazgos realizados en los primeros 12 días de su gobierno apuntan a una “traición a la dignidad nacional”.

Un ataque al pueblo

“Lo que estamos descubriendo es un sistema de corrupción armado de manera infame, un ataque directo al corazón del pueblo, de los más humildes, un golpe a la dignidad nacional. La patria fue atacada por la corrupción,” afirmó Paz con firmeza.

El Presidente ha vinculado esta corrupción con la escasez de combustible que ha obligado a miles de bolivianos a “hacer colas días y días, a dormir en sus transportes”. Aseguró que esto se debe a que un grupo de implicados mantenía una estructura de robo paralela.

Objetivos de la comisión

La Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos tendrá como único mandato revelar la verdad, denunciar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Paz ha garantizado que la comisión estará compuesta por diferentes fuerzas, incluyendo representantes de diversas instituciones, sectores y el sistema judicial. La inclusión del sistema de justicia busca darle peso legal y procesal a las conclusiones que se alcancen.

Compromiso con la justicia

El Presidente ha sido enfático en que la investigación será implacable: “Caiga quien caiga, sea quien sea”. Además, añadió: “exigiremos que cada boliviano recupere hasta el último centavo que le robaron”.

El jefe de Estado ha contrastado el discurso de las gestiones anteriores con la realidad que se ha descubierto: “No había un ‘mar de gas’, había un mar de corrupción. Se llenaban la boca hablando de una supuesta nacionalización, pero lo que se llenaban eran sus bolsillos.”

Promesa de una nueva Bolivia

Paz concluyó su mensaje con la promesa de que “en la nueva Bolivia no habrá impunidad y los corruptos, los ladrones y los traidores irán a la cárcel, mientras el dinero del pueblo volverá al pueblo.”

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Durante la comparecencia, la diputada Claros cuestionó la falta de respuestas del ministro sobre las razones detrás de este aumento y su conexión con los precios internacionales del combustible. La diputada destacó que en 2015, el Estado boliviano gastó 1.700 millones de bolivianos en combustible subvencionado. Sin embargo, para el año 2024, esa cifra se disparó a 13.000 millones de bolivianos.

Este aumento representa un cambio significativo en el costo de la subvención, que pasó de 100 bolivianos por unidad a 700 bolivianos. Claros expresó su preocupación por la ausencia de explicaciones claras por parte del ministro respecto a este incremento.

Críticas a la gestión gubernamental

La diputada también afirmó que “el Estado boliviano le está robando a los bolivianos a su pretexto de subvención”. Además, criticó al ministro por atribuir el aumento a la subida de precios internacionales. Según su investigación, los precios internacionales han disminuido, lo que contrasta con el aumento del 700% reportado en Bolivia.

Esta discrepancia genera dudas sobre la transparencia del gobierno en relación con la situación del combustible en el país. Claros denunció que hay funcionarios que intentan ocultar información sobre un posible desfalco en las arcas del Estado bajo el pretexto de la subvención.

Posible corrupción en el ministerio

La diputada aseguró que “este incremento no responde al supuesto dato del incremento en el precio internacional”, lo que pone en evidencia una posible corrupción dentro del ministerio. La falta de claridad en las explicaciones del ministro alimenta las sospechas sobre la gestión de los recursos públicos.

Conclusiones sobre la situación

Claros concluyó que es inaceptable que se produzca un aumento tan drástico en el costo de la subvención sin una explicación adecuada. La situación actual plantea serias interrogantes sobre la gestión gubernamental y su impacto directo en los ciudadanos bolivianos.

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Según Alarcón, tras recibir la documentación solicitada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la comisión realizó una primera revisión general. En esta revisión se detectaron “indicios relevantes” que sugieren que lo revelado hasta ahora es solo “la punta del iceberg”.

Demoras en la investigación

El diputado denunció que, a pesar de tener los documentos disponibles, la comisión no ha sesionado hasta la fecha. Atribuyó esta demora a una estrategia de encubrimiento por parte del presidente de la comisión y de diputados del Movimiento Al Socialismo.

“El día de ayer (lunes) ya deberíamos haber sesionado para seguir evaluando y analizando la documentación, pero el presidente de la Comisión y los diputados oficialistas han postergado para el miércoles. Entonces, claramente están en una estrategia de postergación, de sabotaje, de encubrimiento porque no quieren que se revise a fondo esos documentos. (…) El 26 de mayo de 2025 fenece el tiempo de funciones de la Comisión”, reclamó el parlamentario.

Irregularidades en la empresa

Entre los elementos que levantaron sospechas está la constitución de la empresa YPFB Internacional en Paraguay, en octubre de 2019. Esta empresa fue creada con un capital social de apenas 37 mil dólares y tiene una abogada extranjera como accionista minoritaria y presidenta de la sociedad.

Para Alarcón, esta situación constituye una anomalía, especialmente porque la sociedad fue creada sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Esto es relevante ya que sus objetivos incluían actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, lo cual contraviene el artículo 362 de la Constitución.

Reactivación y cambios de nombre

El diputado también cuestionó que esta sociedad fue creada en los últimos días del gobierno de Evo Morales y fue reactivada en 2022 por la administración de Luis Arce sin subsanar las irregularidades legales. Posteriormente, en 2023, la empresa cambió su nombre a Botrading y continuó operando como intermediaria en la compra de combustibles.

Alarcón consideró esta situación innecesaria y sospechosa, ya que YPFB podría realizar estas adquisiciones de manera directa. Otro de los hallazgos que genera preocupación es el aparente conflicto de intereses del actual presidente de Yacimientos de Litio Boliviano, Álvaro Arnez Saigua, quien fue gerente de YPFB Refinación y a la vez presidente de Botrading.

Manipulación en licitaciones

Alarcón cuestionó esta situación, considerando que Arnez, con ambas funciones, estuvo en posición de “comprarse y venderse a sí mismo” combustible entre ambas entidades. Asimismo, denunció que en una licitación realizada en 2024, Botrading presentó el precio más alto mientras que Petroperú ofreció el precio más bajo.

A pesar de esto, la adjudicación a la empresa peruana fue anulada por un supuesto error en las especificaciones técnicas del pliego. Esto, para Alarcón, evidencia una manipulación del proceso para favorecer a la subsidiaria boliviana.

Red de corrupción

El parlamentario remarcó que las irregularidades detectadas en una revisión preliminar ya muestran una posible red de corrupción mucho mayor. Pidió a los medios de comunicación hacer seguimiento al trabajo de la comisión para garantizar transparencia y advirtió que el plazo para emitir el informe vence el 26 de mayo de 2025.

El caso Botrading ha sido objeto de críticas por presuntos sobreprecios, posibles vínculos con lavado de dinero y un modelo de negocio poco transparente. Anteriormente, YPFB defendió a Botrading, afirmando que es una empresa boliviana que provee combustibles al país y mantiene relaciones comerciales con empresas internacionales como Petrobras y Pluspetro.

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