En su pronunciamiento, Condori presentó denuncias que provienen de diversas regiones del país, incluyendo Cochabamba, Cobija, Pando, Potosí, Tarija y Oruro. Mencionó que “en la Federación Departamental de Maestros Rurales del Departamento de La Paz se ha desfalcado 3,000,000 de bolivianos”.

El senador identificó a los responsables de este desfalco, que son el Secretario Ejecutivo Walter Laime, el Secretario General Marcelino Villegas, el Secretario de Hacienda Félix Godoy, el Secretario de Pulpería Freddy Cinca y el Secretario de Bienestar Social Richard Calle. Los retiros de dinero se realizaron en fechas específicas: 7, 8 y 11 de agosto.

Afectados por el desfalco

Condori también afirmó que más de 16,000 profesores en Bolivia han sido perjudicados por este desfalco. “3.5 millones de bolivianos han desfalcado estos señores”, declaró Condori, quien exigió rendición de cuentas a los dirigentes involucrados en este caso.

Además, reveló que durante un congreso reciente en La Paz se prestaron medio millón de bolivianos tanto de la Confederación como de una entidad privada. Esta situación pone de manifiesto la gravedad de la corrupción en el sistema educativo.

Extorsión a los profesores

Otra denuncia presentada por Condori involucra al profesor Sergio Iapu, quien supuestamente cobra y extorsiona a los profesores mediante diversas modalidades. Según las denuncias, Iapu es considerado el autor intelectual dentro de la Federación y cobra tarifas que oscilan entre 5,000 y 7,000 dólares por acercamientos a los docentes.

También se menciona que cobra 1,000 bolivianos por hora para nivelación de horas y 1,000 dólares como bono para zonas. Condori destacó que Iapu ha incrementado su riqueza utilizando los aportes de los maestros y posee propiedades en San Roque y Guatajat.

Vínculos políticos

Asimismo, se reveló que Iapu fue apadrinado por el exdiputado Freddy Mamani para ser director en una unidad educativa del distrito Alto Uno durante la gestión 2020-2022. Esta conexión política resalta la red de corrupción que puede estar operando en el sistema educativo.

El senador hizo un llamado a sus colegas para no volver a elegir a lo que calificó como “mafia organizada” en el próximo Congreso Nacional, programado para el 18 y 19 de diciembre en Tarija. “No volvamos a elegir porque ellos son quienes han institucionalizado la corrupción”, enfatizó Condori.

Preocupaciones sobre el liderazgo

Condori también expresó su preocupación sobre las declaraciones del vicepresidente Lara, pidiendo responsabilidad en sus comentarios debido a su cargo. Señaló que “el pueblo boliviano necesita realmente recomponer todo lo subastado de la institucionalidad”.

Finalmente, reiteró que el régimen del MAS ha dejado al país en ruinas y es necesario reconstruirlo con un liderazgo positivo. La situación actual del sistema educativo y la corrupción institucionalizada requieren atención urgente por parte de las autoridades.

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Según el parlamentario, estas prácticas corruptas afectarían a diversas entidades, incluyendo las confederaciones de maestros urbanos y rurales, así como direcciones departamentales, distritales y unidades educativas.

Condori afirmó que el problema se ha consolidado a lo largo de los últimos 20 años y ahora opera como una estructura organizada. Esta red involucra cobros irregulares, extorsiones y manipulación de procesos administrativos.

El legislador indicó que docentes de diferentes departamentos le han hecho llegar denuncias sobre cobros que oscilan entre 5,000 y 10,000 dólares para obtener ítems, acceder a traslados, realizar permutas o ingresar a funciones administrativas como porteros, regentes o secretarios.

“Siempre han estado involucradas las confederaciones y federaciones. Hay colegas que trabajan 100 horas remuneradas, pero solo cumplen 20, 10 o 8 horas ad honorem. Estas horas no están distribuidas correctamente. Cada hora se vende a 1,000 bolivianos. Si deseas comprar 5 horas, debes pagar 5,000 bolivianos. Todas estas barbaridades deben ser extirpadas del sistema educativo”, indicó Condori.

Además, aseguró que aparentemente existe presión hacia los profesores para asignar puntajes máximos a estudiantes que no los merecen. Esto se hace con el fin de facilitar becas y beneficios académicos. Según el senador, quienes se resisten a estas prácticas enfrentan sanciones internas, represalias en evaluaciones institucionales e incluso el riesgo de perder su trabajo.

Condori expresó que estas prácticas parecen estar articuladas entre actores del nivel central y departamental, junto con dirigentes sindicales y juntas escolares. “En este momento no puedo revelar nombres. Van a llegar denuncias. Después procederemos uno por uno”, agregó.

El senador también mencionó irregularidades en las escuelas superiores de formación de maestros, donde supuestamente se cobran entre 10,000 y 20,000 dólares para garantizar el ingreso mediante las modalidades A y B. También se denunció el uso de documentos falsificados para favorecer a ciertos postulantes en los procesos de selección.

“Han inventado dos modalidades: modalidad A para no indígenas y modalidad B para indígenas. Esto se ha convertido en un nido de corrupción. Para ingresar a Normales, cobran entre 10,000 y 20,000 dólares. Esto no puede ocurrir. Muchos talentos están viendo apagados sus sueños. Mi propuesta es que se realice un examen escrito universal para todos”, dijo Condori.

Ante este panorama, el senador anunció que solicitará al Ministerio de Educación que tome acciones inmediatas para restituir la institucionalidad. También buscará delimitar funciones entre autoridades educativas y juntas escolares, así como proteger la labor docente.

Aseguró que abrirá un canal para recibir denuncias de maestros que no acuden a instancias formales por temor a represalias. Además, agregó que pedirá informes escritos y que su despacho impulsará las investigaciones correspondientes.

Las declaraciones del legislador se producen un día después de la reunión entre el Ministerio de Educación y representantes del magisterio urbano y rural, que tuvo lugar el lunes 17 de noviembre en La Paz.

En ese encuentro, encabezado por la ministra Beatriz García, ambas partes acordaron una agenda de trabajo de tres semanas para abordar las demandas del sector educativo. Entre estas demandas se encuentran el déficit de ítems, la municipalización educativa y la revisión de la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez.

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