La denuncia fue formalizada el 8 de diciembre de 2025 y señala un presunto sobreprecio de 5.000.000 bolivianos en la obra. El objetivo de este proyecto era habilitar el estadio para certámenes internacionales.

Detalles de la denuncia

La denuncia, liderada por el dirigente Gregorio Gómez, incluye serias acusaciones como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

El abogado Curmi Rocha, quien patrocina la denuncia, explicó que el costo total del proyecto ascendió a 12.000.000 bolivianos. Detalló que el sobreprecio se habría concentrado en cinco ítems específicos del contrato.

Irregularidades en la contratación

Rocha también enfatizó que una de las irregularidades más notables es la contratación de una empresa constructora que “no cumplía los requisitos de registro” exigidos por la normativa vigente.

Como prueba documental, el Control Social presentó un informe de la Controlaría General del Estado, que fue enviado previamente a una concejal. Este informe respalda la necesidad de investigar las transacciones relacionadas con el proyecto.

Informe de la Controlaría

El informe señala que “se advierten posibles indicios de responsabilidad por la función pública: por lo que se ha establecido la pertinencia de ejecutar la auditoría sobre el Proceso de Contratación del Proyecto: Mejoramiento Estadio de Fútbol Municipal de El Alto (Segunda Convocatoria).”

Con la formalización de la denuncia penal, la Fiscalía ahora deberá iniciar las investigaciones correspondientes para determinar si existió el presunto desvío de fondos y las responsabilidades en el proceso de contratación.

Expectativas de la comunidad

La presentación formal ante las autoridades judiciales representa un paso significativo en el control social sobre la gestión pública. La comunidad alteña espera resultados claros que puedan esclarecer las denuncias y asegurar un manejo adecuado y transparente en proyectos futuros.

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Aruquipa expresó su respaldo a los panaderos que trabajan de manera independiente y criticó la corrupción relacionada con la gestión de la harina subvencionada. Durante su intervención, mencionó que han observado casos de amedrentamiento hacia estos panaderos independientes. “Tengan por seguro que, compañeros panaderos, ustedes que están trabajando de manera independiente sin la harina subvencionada van a tener todo el apoyo del pueblo paceño”, afirmó.

Críticas a los panificadores federados

El presidente del control social cuestionó la postura de los panificadores federados, señalando que “no es justo que estos señores, después de vivir tantos años de la harina subvencionada y haberse metido en la corrupción comprando de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), vendiendo al precio triple de lo que han comprado, ahora estén protestando y quieran hacer subir el precio del pan”.

Aruquipa también hizo un llamado a la reflexión sobre las acciones de los panificadores federados, advirtiendo que no deben provocar una crisis económica que afecte al pueblo paceño. Destacó que varios sectores de panaderos no han salido a comercializar su producto, y que el precio se mantiene en 0.80.

Defensa del alcalde

El presidente del control social criticó al dirigente Rubén Ríos por su actitud hacia sus afiliados y defendió las acciones del alcalde en relación al control de higiene y manipulación del pan. “Ese es su trabajo. No ha hecho ningún mal el señor alcalde”, dijo Aruquipa, refiriéndose a las medidas implementadas por la administración municipal.

Futuras acciones y subvención

En cuanto a las acciones futuras, Aruquipa indicó que “vamos a tomar acciones de sorpresa”. Además, planteó la posibilidad de eliminar la subvención del pan y cuestionó la falta de pronunciamiento del gobierno sobre la continuidad de esta medida.

Según Aruquipa, si se va a continuar con la harina subvencionada, esta debe ser gestionada de manera transparente y sin corrupción. Finalmente, mencionó que, según informes recibidos de los panificadores independientes, no es necesaria la subvención. “Por eso ellos están trabajando y están vendiendo el pan a 0.50”, concluyó Aruquipa.

/LA PATRIA

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Óscar Delgado, presidente del Control Social, explicó que este decreto reemplazó al anterior reglamento, conocido como Decreto 017, y ha reducido las competencias del organismo en cuanto a la supervisión de la gestión municipal y de otras instituciones locales.

Delgado expresó que la nueva norma incluye elementos que, a su juicio, desplazan al control social en procesos fundamentales como la rendición de cuentas.

“En el procedimiento de rendición de cuentas entra otro actor que desplaza al control social: la unidad de transparencia. Pero quien nomina a ese funcionario es el alcalde. ¿Cómo va a ir en contra del jefe? Esto va en contra del espíritu de fiscalización”, afirmó Delgado.

Falta de respuesta del alcalde

El dirigente indicó que, desde que asumió el cargo el alcalde, se han llevado a cabo múltiples reuniones con él y sus técnicos para proponer correcciones al decreto. Sin embargo, el directorio asegura que no ha habido respuestas formales ni acciones concretas para corregir la norma.

“Le hemos presentado observaciones, incluso propusimos un decreto reglamentario alternativo para que los funcionarios no pierdan tiempo con trámites innecesarios. Pero ni eso se han tomado el tiempo de evaluar. Por eso surge nuestra molestia”, afirmó Delgado.

Medidas de protesta

El dirigente anunció que, a partir de esta fecha, el Control Social comenzará a implementar medidas progresivas de protesta para hacer respetar sus competencias. Además, convocarán a asociaciones comunitarias, federaciones y otras organizaciones vinculadas a la institución para fortalecer la fiscalización de la gestión municipal.

“Nos constituimos para decirle a la ciudadanía que el alcalde se ha hecho un decreto a su medida. No vamos a permitirlo. Luchamos en favor del municipio y por los derechos de la sociedad civil organizada”, añadió Delgado.

Tensión entre autoridades y control social

La controversia gira en torno a la tensión existente entre la autoridad municipal y los órganos de control ciudadano. Este tema ha generado debates sobre la transparencia y la participación de la sociedad civil en Oruro en los últimos años.

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Adolfo Gutiérrez, representante del Control Social del Distrito 1, recordó que el Concejo Municipal aprobó el año pasado una normativa que establecía un plazo de 6 meses para reubicar a las comerciantes que se encuentran en el sector. Según Gutiérrez, este compromiso fue ratificado por los concejales de entonces y aceptado por los vecinos, pero nunca se llevó a cabo.

“Los vecinos hemos sido tolerantes, hemos esperado los 6 meses, pero ya ha pasado más de 1 año. La norma se promulgó el 14 de octubre de 2024 y estamos entrando a noviembre; el alcalde no tiene la mínima intención de mover a estas señoras”, cuestionó Gutiérrez.

Situación insostenible

Gutiérrez afirmó que la situación se ha vuelto “insostenible” y que el perjuicio para la ciudad se repite cada fin de año. Esto ocurre cuando el armado de puestos y anaqueles colapsa la Avenida 6 de Agosto y las zonas aledañas. Aseguró que la demanda central no es contra las comerciantes, sino a favor del orden urbano.

“Queremos un Oruro ordenado, eso es lo único que pedimos. Todo Oruro sabe que este problema afecta a todos. Si las normas no se cumplen, entonces el Concejo y el propio alcalde están de más”, declaró.

Medidas drásticas en análisis

Asimismo, advirtió que, ante la falta de acciones, los vecinos están considerando asumir medidas más drásticas. “Parece que al alcalde le encantan los conflictos. Nosotros hemos esperado pacientemente, pero no podemos permitir que todo siga igual”, añadió.

Propuestas del municipio

Consultado sobre el tema, el secretario General del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), Julio Cepeda, informó que el Ejecutivo está evaluando alternativas para reducir el congestionamiento que se genera en vísperas de la Feria Navideña.

Entre las propuestas se encuentra la realización de “pre ferias” en distintos sectores de la ciudad, una práctica que, según Cepeda, ya se aplica en metrópolis como La Paz, El Alto y Cochabamba.

Planificación para el descongestionamiento

“He visto con buenos ojos algunas sugerencias. Ya se están desarrollando pre ferias navideñas en otras ciudades capitales. Esto nos permite planificar un descongestionamiento y evitar el colapso de la ciudad con el armado de anaqueles en los días previos”, explicó Cepeda.

Indicó que ya se ha instruido al área de Desarrollo Económico Local para analizar las posibles zonas donde podrían instalarse estos espacios previos, entre ellas la zona Sur, la zona Norte y el sector de La Aurora. La intención es llegar a los días centrales de la feria “con educación vial, accesos libres y menor estrés para la ciudadanía”.

Definición de la propuesta

El GAMO aún no ha definido si la propuesta será implementada este año, pero aseguró que continúa el análisis para “ordenar” la actividad comercial sin afectar de forma abrupta a los sectores involucrados.

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Adolfo Gutiérrez, representante del Control Social del Distrito 1, recordó que el Concejo Municipal aprobó el año pasado una normativa que establecía un plazo de 6 meses para reubicar a las comerciantes que se encuentran en el sector. Según Gutiérrez, este compromiso fue ratificado por los concejales de entonces y aceptado por los vecinos, pero nunca se llevó a cabo.

“Los vecinos hemos sido tolerantes, hemos esperado los 6 meses, pero ya ha pasado más de 1 año. La norma se promulgó el 14 de octubre de 2024 y estamos entrando a noviembre; el alcalde no tiene la mínima intención de mover a estas señoras”, cuestionó Gutiérrez.

Situación insostenible

Gutiérrez afirmó que la situación se ha vuelto “insostenible” y que el perjuicio para la ciudad se repite cada fin de año. Esto ocurre cuando el armado de puestos y anaqueles colapsa la Avenida 6 de Agosto y las zonas aledañas. Aseguró que la demanda central no es contra las comerciantes, sino a favor del orden urbano.

“Queremos un Oruro ordenado, eso es lo único que pedimos. Todo Oruro sabe que este problema afecta a todos. Si las normas no se cumplen, entonces el Concejo y el propio alcalde están de más”, declaró.

Medidas drásticas en análisis

Asimismo, advirtió que, ante la falta de acciones, los vecinos están considerando asumir medidas más drásticas. “Parece que al alcalde le encantan los conflictos. Nosotros hemos esperado pacientemente, pero no podemos permitir que todo siga igual”, añadió.

Propuestas del municipio

Consultado sobre el tema, el secretario General del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), Julio Cepeda, informó que el Ejecutivo está evaluando alternativas para reducir el congestionamiento que se genera en vísperas de la Feria Navideña.

Entre las propuestas se encuentra la realización de “pre ferias” en distintos sectores de la ciudad, una práctica que, según Cepeda, ya se aplica en metrópolis como La Paz, El Alto y Cochabamba.

Planificación para el descongestionamiento

“He visto con buenos ojos algunas sugerencias. Ya se están desarrollando pre ferias navideñas en otras ciudades capitales. Esto nos permite planificar un descongestionamiento y evitar el colapso de la ciudad con el armado de anaqueles en los días previos”, explicó Cepeda.

Indicó que ya se ha instruido al área de Desarrollo Económico Local para analizar las posibles zonas donde podrían instalarse estos espacios previos, entre ellas la zona Sur, la zona Norte y el sector de La Aurora. La intención es llegar a los días centrales de la feria “con educación vial, accesos libres y menor estrés para la ciudadanía”.

Definición de la propuesta

El GAMO aún no ha definido si la propuesta será implementada este año, pero aseguró que continúa el análisis para “ordenar” la actividad comercial sin afectar de forma abrupta a los sectores involucrados.

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El documento fue entregado oficialmente en las oficinas del ente deliberante y surge como respuesta a los cuestionamientos que han surgido en los últimos meses debido al incremento salarial aprobado para los concejales.

Salarios excesivos

Óscar Delgado, presidente del Control Social, indicó que los salarios actuales de los concejales rondan los 18.000 bolivianos mensuales, lo que supera el promedio de ingresos de un ciudadano común.

“Nosotros, como Control Social, hemos elaborado este proyecto porque consideramos que los salarios son excesivos y no guardan relación con la realidad económica del pueblo orureño”, afirmó Delgado.

Delgado recordó que hace poco más de una década, los concejales ganaban alrededor de 7.000 bolivianos y no contaban con choferes ni asesores particulares. Si se aplica la reducción salarial y se recortan ciertos gastos administrativos, el Concejo podría ahorrar cerca de 7.000.000 bolivianos anuales.

Reasignación de recursos

Estos fondos podrían ser utilizados para proyectos prioritarios, como la construcción de unidades educativas o el mejoramiento de la infraestructura en barrios periurbanos.

“Con ese dinero podríamos construir al menos 2 colegios nuevos bien equipados. No se trata solo de ahorrar, sino de reasignar los recursos hacia obras que beneficien a la gente. Los concejales deben demostrar con hechos que están con el pueblo, no solo con discursos”, añadió.

Gastos innecesarios

Delgado también cuestionó lo que considera “gastos innecesarios” dentro del Concejo, como la contratación de un número elevado de funcionarios y las constantes refacciones en la infraestructura del edificio.

“Todos los años, cada presidente del Concejo hace refaccionar la terraza. No sabemos cuántas veces más se va a reparar la misma parte del edificio”, denunció. Delgado aseguró que el proyecto se fundamenta en la Ley 341 de Participación y Control Social, que faculta a la ciudadanía a presentar iniciativas legislativas ante los gobiernos autónomos, y en el reglamento 094, que establece los procedimientos para su tratamiento en el Concejo Municipal.

Medidas de presión

Además, anticipó que, si no se considera el proyecto, el Control Social tomará otras medidas para exigir que la propuesta sea debatida públicamente. “Si los concejales rechazan el proyecto, quedará claro que su discurso de estar con el pueblo es falso. Queremos ver quiénes realmente defienden los intereses de Oruro”, manifestó.

Por su parte, el concejal Jesús Cruz expresó su respaldo parcial a la iniciativa y coincidió en la necesidad de revisar la escala salarial del municipio. Sin embargo, advirtió que la reducción debe aplicarse equitativamente en todas las instancias del Gobierno Municipal.

Equidad en la reducción

“Estoy plenamente de acuerdo en bajarme el sueldo, porque hemos venido a servir y no a servirnos de la población”, afirmó Cruz.

No obstante, señaló que también existen funcionarios de planta y personal sindicalizado que perciben salarios superiores al de los concejales. “Si un edil gana 6,000 o 7,000 bolivianos, pero hay técnicos o directores que ganan entre 12,000 y 15,000, no estaríamos hablando de austeridad real”, apuntó.

Cruz consideró que la discusión sobre los salarios no debe limitarse a los concejales, sino extenderse al Ejecutivo municipal y otras dependencias. “Hay que ser coherentes. No podemos hablar de reducir sueldos solo para las autoridades electas mientras en otras áreas los gastos continúan sin control”, enfatizó.

Próximos pasos

El proyecto deberá ingresar al proceso de revisión en comisiones antes de ser debatido en el pleno del Concejo Municipal. Desde el Control Social anunciaron que harán seguimiento permanente al trámite y exigirán transparencia en el tratamiento de la iniciativa.

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David Veizaga, ejecutivo de la Federación Yungas Chapare, informó que el sector ha entregado una nota formal al Ministerio de Presidencia. En esta nota, se invoca la Ley 341 de Control Social y la Constitución Política del Estado como respaldo para ejercer la fiscalización ciudadana. Según los dirigentes cochabambinos, hay denuncias sobre el abandono de instituciones y el retiro irregular de bienes públicos en la zona.

Preocupaciones sobre Udestro

Veizaga explicó que una de las principales preocupaciones es la situación de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico de Cochabamba (Udestro), que se encuentra en Villa Tunari. Las instalaciones de esta unidad están abandonadas y desmanteladas, lo que genera inquietud entre los dirigentes.

Objetivo de la solicitud

En una conferencia de prensa, el sector indicó que la solicitud busca garantizar la elaboración de un inventario y que los activos estatales sean entregados de manera formal a las autoridades locales o a la mancomunidad de municipios del Trópico. Esto es fundamental para asegurar que los bienes públicos se mantengan en buen estado y bajo control.

Advertencias sobre irregularidades

Por su parte, Loza advirtió que durante las etapas de cambio de gobierno suelen registrarse irregularidades en las instituciones descentralizadas. Por esta razón, las organizaciones sociales del Trópico decidieron actuar de manera preventiva. “Por ejemplo, la institución Odestro, que está en Villa Tunari, parece que se lo están robando todo: puertas abiertas, abandonado… Allá decimos que está todo ‘chume’. En realidad, toda la hierba ha crecido”, comentó.

Preservación de bienes públicos

Loza destacó que el pedido de fiscalización no busca generar confrontación política, sino más bien preservar los bienes públicos. Afirmó que este tipo de controles debería llevarse a cabo en todas las instituciones del país. Esto es crucial para evitar que, con cada transición, se repitan los hechos de saqueo o abandono que denuncian en el Trópico.

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Este pronunciamiento se produce tras la propuesta de Lara y su compañero de fórmula, Rodrigo Paz, de aumentar la renta dignidad de 350 a 2.000 bolivianos mensuales. Esta medida ha sido objeto de críticas por parte de diferentes sectores políticos y ha recibido observaciones de autoridades, quienes señalan que carece de una fuente de financiamiento clara.

Reflexión sobre las declaraciones

Medardo Flores Encinas, representante del Control Social del Adulto Mayor, expresó que el candidato no debe dejarse llevar por la euforia de ganar votos. Flores instó a Lara a reflexionar sobre sus declaraciones y el impacto que pueden tener en la población.

Comentarios despectivos hacia un periodista

Además, Flores criticó las recientes expresiones de Lara, quien se refirió a un periodista cruceño como “abuelito” o “viejo” en un tono burlón. El sector consideró estas palabras como un acto despótico que no respeta a los adultos mayores.

Derechos de los adultos mayores

Los dirigentes del Control Social recordaron que los adultos mayores han contribuido de manera significativa al desarrollo del país y merecen ser tratados con respeto. Esto está en línea con la Ley 369 del Adulto Mayor y la Ley 341 de 2013, que abordan la Participación y Control Social.

Exigencia de disculpas públicas

En este contexto, el sector exigió que Edmand Lara presente disculpas públicas y ofrezca una satisfacción a todos los adultos mayores de Bolivia. Consideran que es fundamental reconocer el valor y la dignidad de este grupo en la sociedad.

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El presidente del CM, Manuel Baptista, destacó que el nuevo reglamento establecerá criterios tanto cuantitativos como cualitativos para valorar el trabajo de los magistrados. Además, busca incorporar mecanismos de control social que permitan una mayor transparencia en el proceso.

Los criterios para evaluar a los magistrados incluirán aspectos cuantitativos, como la cantidad de causas resueltas, así como cualitativos, que se centrarán en la calidad y fundamentación jurídica de sus fallos. Baptista subrayó que esta normativa será el resultado de un proceso de consenso amplio, que involucra a la sociedad civil, colegios profesionales, magistrados y representantes del Órgano Judicial.

Importancia del control social

“Queremos que este reglamento sea idóneo y respetuoso del debido proceso y los derechos fundamentales”, indicó Baptista. También resaltó la importancia de incorporar mecanismos de control social mediante veedores y observadores acreditados, lo que asegurará la transparencia del proceso de evaluación.

Además, se está considerando la posibilidad de que una tercera instancia técnica asuma la evaluación de los jueces, mientras que los consejeros se encargarían de la supervisión general. Esto se hace con el fin de evitar cualquier vicio de parcialidad en el proceso.

Revisión del reglamento anterior

El reglamento anterior, que fue aprobado en 2024, enfrentó resistencia por parte de asociaciones de jueces, ya que se centraba únicamente en aspectos cuantitativos. En respuesta a estas críticas, el CM ha decidido rediseñar el instrumento para ofrecer una visión más integral del desempeño judicial.

“Queremos que la población también participe en este proceso, porque se trata de los jueces que administran justicia en primera línea, y sobre los cuales existen muchas quejas. Es fundamental garantizar que quienes permanezcan en el sistema sean los mejores”, enfatizó Baptista.

Próximos pasos

Una vez que se complete la revisión, el nuevo reglamento será puesto en vigencia de inmediato. Esto dará inicio a la evaluación nacional del desempeño judicial, un proceso que busca mejorar la calidad de la justicia en el país.

/KMMN

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Los vecinos han manifestado su preocupación por la situación actual, destacando la falta de canalizaciones y la urgente necesidad de atención inmediata por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales.

Inundaciones en el distrito

Óscar Delgado, representante del Control Social del Distrito 4, ha indicado que este sector de la ciudad es el más afectado por las precipitaciones pluviales, ya que se encuentra en la parte más baja del municipio.

“Lastimosamente, ahora en la actualidad el Distrito 4 está totalmente inundado. Hay niños que van a las unidades educativas descalzos para no mojar sus calzados; van con botas, pero tienen que hacer peripecias para pasar”, expresó Delgado.

Problemas en las unidades educativas

Delgado también mencionó que algunas unidades educativas del Distrito 4 han prolongado el horario de ingreso para los estudiantes, pero esto no es suficiente para enfrentar la situación.

“Necesitamos canalizaciones en el Distrito 4. No hay ríos naturales. Lastimosamente, una mala planificación urbanística de nuestro municipio y de las diferentes autoridades que han pasado ha llevado a esta crisis. Estamos muy preocupados y es por eso que estamos pidiendo como Distrito 4 la declaratoria de emergencia en el municipio de Oruro”, aseveró.

Solicitud de recursos y atención

A través de un documento, el Control Social ha solicitado, además de la declaratoria de desastre, la movilización inmediata de recursos financieros, materiales y humanos para atender estas contingencias.

Los vecinos también piden la intervención de las autoridades municipales, departamentales y nacionales en coordinación para atender a la ciudadanía, así como implementar medidas preventivas a corto y largo plazo.

Prevención y responsabilidad

“Lastimosamente, ustedes saben, todos los años llueve, pero todos los años pasamos por estas circunstancias. Nuestras autoridades, por responsabilidad, tienen que asumir lo que les manda la ley, es decir, prevenir antes que lamentar”, dijo Delgado.

Asimismo, solicitaron la asignación de recursos adicionales para la atención de estas emergencias y pidieron a las autoridades que se despojen de sus “peleas internas” y atiendan la emergencia ocasionada por la temporada de lluvias.

Condiciones críticas en el distrito

Los vecinos enfatizan que requieren atención urgente ante esta situación crítica. La falta de infraestructura adecuada ha llevado a condiciones difíciles para los residentes del distrito.

La solicitud incluye también un llamado a una mejor planificación urbanística para evitar futuros desastres relacionados con las lluvias.

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Los vecinos han manifestado su preocupación por la situación actual, destacando la falta de canalizaciones y la urgente necesidad de atención inmediata por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales.

Inundaciones en el distrito

Óscar Delgado, representante del Control Social del Distrito 4, ha indicado que este sector de la ciudad es el más afectado por las precipitaciones pluviales, ya que se encuentra en la parte más baja del municipio.

“Lastimosamente, ahora en la actualidad el Distrito 4 está totalmente inundado. Hay niños que van a las unidades educativas descalzos para no mojar sus calzados; van con botas, pero tienen que hacer peripecias para pasar”, expresó Delgado.

Problemas en las unidades educativas

Delgado también mencionó que algunas unidades educativas del Distrito 4 han prolongado el horario de ingreso para los estudiantes, pero esto no es suficiente para enfrentar la situación.

“Necesitamos canalizaciones en el Distrito 4. No hay ríos naturales. Lastimosamente, una mala planificación urbanística de nuestro municipio y de las diferentes autoridades que han pasado ha llevado a esta crisis. Estamos muy preocupados y es por eso que estamos pidiendo como Distrito 4 la declaratoria de emergencia en el municipio de Oruro”, aseveró.

Solicitud de recursos y atención

A través de un documento, el Control Social ha solicitado, además de la declaratoria de desastre, la movilización inmediata de recursos financieros, materiales y humanos para atender estas contingencias.

Los vecinos también piden la intervención de las autoridades municipales, departamentales y nacionales en coordinación para atender a la ciudadanía, así como implementar medidas preventivas a corto y largo plazo.

Prevención y responsabilidad

“Lastimosamente, ustedes saben, todos los años llueve, pero todos los años pasamos por estas circunstancias. Nuestras autoridades, por responsabilidad, tienen que asumir lo que les manda la ley, es decir, prevenir antes que lamentar”, dijo Delgado.

Asimismo, solicitaron la asignación de recursos adicionales para la atención de estas emergencias y pidieron a las autoridades que se despojen de sus “peleas internas” y atiendan la emergencia ocasionada por la temporada de lluvias.

Condiciones críticas en el distrito

Los vecinos enfatizan que requieren atención urgente ante esta situación crítica. La falta de infraestructura adecuada ha llevado a condiciones difíciles para los residentes del distrito.

La solicitud incluye también un llamado a una mejor planificación urbanística para evitar futuros desastres relacionados con las lluvias.

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Además, se declaró como enemigos a todas las autoridades que aprueben la modificación del actual Decreto Municipal Nº 114, que regula el Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO).

Denuncias del concejal

El concejal Iván Quispe Gutiérrez, quien preside la Comisión de Género Generacional y Familia, denunció varios aspectos preocupantes que se encuentran en la nueva ley aprobada por el Ente Legislativo, en relación con los establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

El Control Social no tardó en reaccionar y emitió un pronunciamiento sobre esta nueva ley, que otorga ciertas “libertades” a los locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Aprobación y promulgación

La nueva ley fue aprobada por el CMO en días recientes y fue enviada al Ejecutivo Municipal para su promulgación en un plazo de 10 días.

Contenido del pronunciamiento

Jhonny Chambi, presidente del Control Social, leyó el documento en el que se señala que la nueva ley aprobada reduce la distancia mínima de afectación de los locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en relación con centros educativos de todos los niveles, centros de salud, centros de culto religioso, parques infantiles, centros deportivos, hogares de niños y asilos de ancianos, de 150 a 100 metros.

Después de exponer otras observaciones sobre la nueva normativa aprobada por el Ente Legislativo Municipal, se resolvió rechazar de manera contundente la nueva ley que busca modificar el Decreto Municipal Nº 114.

Exigencias de la Asamblea

Asimismo, se exigió que la distancia mínima de estos locales respecto a colegios, centros de salud, centros de culto religioso, parques infantiles, centros deportivos, hogares de niños, asilos de ancianos, universidades públicas y privadas, recintos carcelarios, así como unidades policiales y militares, sea de 300 metros.

Finalmente, se exigió a la Alcaldía y al CMO que den prioridad a la seguridad ciudadana, y se declaró como enemigos a todas las autoridades que aprueban la nueva ley que modifica el Decreto Municipal Nº 114.

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Además, se declaró como enemigos a todas las autoridades que aprueben la modificación del actual Decreto Municipal Nº 114, que regula el Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO).

Denuncias del concejal

El concejal Iván Quispe Gutiérrez, quien preside la Comisión de Género Generacional y Familia, denunció varios aspectos preocupantes que se encuentran en la nueva ley aprobada por el Ente Legislativo, en relación con los establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

El Control Social no tardó en reaccionar y emitió un pronunciamiento sobre esta nueva ley, que otorga ciertas “libertades” a los locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Aprobación y promulgación

La nueva ley fue aprobada por el CMO en días recientes y fue enviada al Ejecutivo Municipal para su promulgación en un plazo de 10 días.

Contenido del pronunciamiento

Jhonny Chambi, presidente del Control Social, leyó el documento en el que se señala que la nueva ley aprobada reduce la distancia mínima de afectación de los locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en relación con centros educativos de todos los niveles, centros de salud, centros de culto religioso, parques infantiles, centros deportivos, hogares de niños y asilos de ancianos, de 150 a 100 metros.

Después de exponer otras observaciones sobre la nueva normativa aprobada por el Ente Legislativo Municipal, se resolvió rechazar de manera contundente la nueva ley que busca modificar el Decreto Municipal Nº 114.

Exigencias de la Asamblea

Asimismo, se exigió que la distancia mínima de estos locales respecto a colegios, centros de salud, centros de culto religioso, parques infantiles, centros deportivos, hogares de niños, asilos de ancianos, universidades públicas y privadas, recintos carcelarios, así como unidades policiales y militares, sea de 300 metros.

Finalmente, se exigió a la Alcaldía y al CMO que den prioridad a la seguridad ciudadana, y se declaró como enemigos a todas las autoridades que aprueban la nueva ley que modifica el Decreto Municipal Nº 114.

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Después de más de cuatro horas de debate entre representantes del Transporte Federado, autoridades departamentales, organizaciones sociales y el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez, se acordó garantizar el abastecimiento de combustible, tanto en diésel como en gasolina.

Control estricto y registro de carga

Como parte de las medidas acordadas, se establecerá un control riguroso en el despacho de combustible en Oruro. Según Jiménez, se implementará un registro de cada persona que cargue en bidones. El suministro diario de combustible se basará en el Programa de Desarrollo Energético (Prode), con una cantidad determinada de 500 metros cúbicos (m³) por día.

Acuerdo aceptado por el sector del transporte

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Chóferes San Cristóbal, Lucio Méndez, afirmó que su sector aceptó el acuerdo y se comprometió a realizar un control por parte de los transportistas. Aunque continúa el estado de emergencia, no se llevarán a cabo movilizaciones hasta la reunión de evaluación programada para el 25 de agosto.

Méndez destacó que se respetará la cantidad de 518 m³ de combustible por día y se implementará un control social para evitar prácticas ilícitas. A partir de ahora, se prohíbe la venta de combustible en bidones, medida que busca garantizar la transparencia en el suministro.

Compromisos y medidas a seguir

Tras la reunión, se redactó un acta en la cual Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se compromete a abastecer diariamente combustibles líquidos (diésel y gasolina) al departamento de Oruro, de acuerdo con el Prode mensual y la disponibilidad existente.

Además, se establecerá un Comité de Control Social encargado de vigilar el suministro de combustible, en coordinación con YPFB y ANH. El 25 de agosto se llevará a cabo una evaluación y seguimiento en las instalaciones de la Gobernación.

Esperanza de disminución de filas en estaciones de servicio

Aunque aún se observan largas filas en las estaciones de servicio de la ciudad, tanto el sector del transporte como las autoridades esperan que estas disminuyan en los próximos días, una vez que se establezca el cupo acordado en la reunión con las instituciones orureñas.

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