La decisión de Gallardo llega tras la aprobación en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados de un contrato para la construcción de una planta de extracción directa de litio en el salar de Uyuni. Este contrato se ha firmado con la empresa rusa Uranium One Group y ha generado un fuerte rechazo entre los cívicos de Potosí.

Rechazo de los cívicos

Los cívicos de Potosí han manifestado su oposición al contrato, advirtiendo que podrían activar medidas de presión si el tratamiento del mismo avanza en el Legislativo. Este contexto ha llevado a la necesidad de un cambio en la dirección de YLB.

Importancia del salar de Uyuni

La construcción de la planta de extracción de litio tiene implicaciones significativas para la región, ya que el salar de Uyuni es considerado uno de los mayores reservorios de litio del mundo. Este mineral es esencial para la producción de baterías y otros componentes tecnológicos que son fundamentales en la actualidad.

Preocupaciones sobre el impacto

Los cívicos han expresado su preocupación acerca del impacto ambiental y social que podría resultar de esta iniciativa. Además, han solicitado una mayor transparencia en los procesos relacionados con la explotación del litio y cómo estos beneficiarán a las comunidades locales.

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El proyecto de ley fue aprobado el martes 12 de agosto, en una sesión que estuvo marcada por denuncias de irregularidades y hechos de violencia. Esta sesión contó con la presencia de resguardo policial para garantizar la seguridad.

Llamado a la responsabilidad

En este contexto, la entidad defensorial instó a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a actuar con responsabilidad. Se enfatizó la importancia de apegarse a los principios de protección ambiental, priorizando el respeto a los derechos de la Madre Tierra, el interés nacional, las acciones legales en curso y las demandas de la población potosina.

Medidas cautelares solicitadas

La Defensoría del Pueblo recordó que solicitó medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz. Esta solicitud busca suspender el tratamiento de proyectos de ley relacionados con estos contratos hasta que se cuente con estudios ambientales integrales.

Necesidad de consultas previas

Además, se planteó la necesidad de cumplir con procedimientos de consulta previa, libre e informada. También se destacó la importancia de realizar evaluaciones estratégicas ambientales antes de aprobar este tipo de acuerdos.

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El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, ha manifestado el descontento de los potosinos hacia el gobierno de Luis Arce por esta decisión. Pérez ha señalado que los habitantes de Potosí se sienten “dolidos y heridos” por lo que considera un “estacazo” recibido en La Paz.

Además, Pérez ha indicado que se han coordinado acciones con la directiva de Comcipo, con el objetivo de “hacer retroceder al gobierno” en su intención de aprobar “a toda costa” los contratos para la explotación del litio en el Salar de Uyuni.

Aprobación del contrato

La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria ha aprobado el contrato del litio con la empresa rusa Uranium One Group mediante un voto secreto. Pérez ha afirmado que no permitirán que el gobierno esté “viviendo por nuestros recursos naturales”. A pesar de que se haya perdido una batalla, ha subrayado que esto no es el final del conflicto.

Reacciones de la oposición

La diputada Lissa Claros, quien se opone a los contratos del litio, también ha comentado que “esto solo es una batalla” y que continuarán luchando. Claros ha afirmado que aún falta camino por recorrer, mencionando que primero recurrirán a instancias administrativas para impugnar la decisión.

Próximos pasos legislativos

Posteriormente, la ley del contrato deberá pasar por la plenaria de la Cámara de Diputados y luego a una comisión del Senado. Claros ha destacado que “no den por hecho la aprobación”, subrayando las etapas legislativas restantes antes de cualquier ratificación definitiva.

/KMMN

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Las manifestaciones fueron lideradas por la diputada Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana (CC), junto a otros parlamentarios que se oponen a la aprobación del contrato. Claros afirmó que se intentaba reinstalar la sesión “aprovechando que no había prensa” y que, en esa situación, sufrió “agresiones de parte de funcionarios que se trajeron”.

Claros anunció que no permitirán que los diputados que pretendían reinstalar la sesión salgan, ya que “han solicitado sesionar en otro ambiente”. “No los vamos a dejar salir de aquí a nadie porque ya negociaron y vendieron sus votos; nosotros vamos a continuar aquí en defensa de los recursos naturales”, agregó la diputada.

Agresiones y amenazas

La diputada también mencionó que permanecerán en “vigilia” en la puerta para impedir que haya quórum en otro ambiente. Denunció que fue agredida: “Desde las 7 de la mañana hemos sufrido agresiones por parte de funcionarios y parlamentarios del Movimiento Al Socialismo que querían reinstalar la sesión ya pidiendo el ingreso del ministro. Hemos tenido que pelear y defender como hemos podido para que no se instale”.

“Nos han amenazado con que nos iban a gasificar y luego intentaron inducir al diputado Hernán Hinojosa para que me denuncie por secuestro. Por eso responde la presencia de personal femenino aquí, porque querían detenerme el día de hoy para impedir que continuemos en esta defensa de nuestros recursos naturales”, sostuvo Claros.

Defensa de los recursos naturales

Claros aclaró que su lucha es personal en defensa de los recursos naturales del pueblo potosino ante la intención del Gobierno de aprobar contratos “a espaldas del pueblo potosino”. “El día de ayer ustedes han visto que ha habido una agresión verbal, psicológica; hoy, agresiones físicas”, dijo.

Uno de los funcionarios afectados comentó: “Yo no estaba molestando a nadie, estaba resguardando documentación y miren la actitud de la diputada Claros, se me acerca y me muerde; ahí está, luego anda diciendo que nosotros provocamos”.

Denuncia de agresión

Sobre la denuncia por morder a un funcionario, Claros indicó: “bueno, yo no voy a responder, pero ¿qué dirán de mí? Yo debo ser King Kong o Robocop para haber aguantado las agresiones de tantos funcionarios en contra de mi persona”.

Por otro lado, cuestionó el hermetismo respecto a la documentación sobre los contratos de litio. “¿Qué esconden? ¿Por qué existe tanto hermetismo? ¿Por qué no nos mostraron la documentación?”, enfatizó Claros, quien es nuevamente candidata a diputada, ahora por Alianza Libre.

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La denuncia se llevó a cabo durante una sesión de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, donde se reanudó el debate sobre este convenio. Román expresó su preocupación al afirmar: “El Gobierno ha permitido la legalización de esta empresa que se dedica a temas de seguridad y defensa del Estado ruso, con la atribución de supuestamente organizar actividades para la lucha contra la amenaza del terrorismo nuclear”.

El Testimonio Notarial de la Apertura de Uranium One Group Sucursal Bolivia indica que la empresa tiene como objetivo la actividad nuclear. Este documento fue oficializado el 6 de julio de 2024 por la Dirección del Notario Plurinacional (Dirnoplu).

Actividades de seguridad y defensa

“En el marco de sus competencias, la Sucursal puede organizar actividades para la lucha contra la amenaza del terrorismo nuclear y el tráfico ilícito de materiales nucleares y sustancias radiactivas”, se menciona en parte del documento.

Román cuestionó que Arce, en la recta final de su gestión, busque aprobar un contrato para la explotación del litio con una empresa que está facultada para realizar actividades de defensa y seguridad para Rusia. “El masismo habla de soberanía, habiendo así, por ejemplo, expulsado a la DEA, pero mediante este contrato (con Uranium) está dando viabilidad a traer bases rusas militares a nuestro país”, enfatizó la legisladora.

Uranium One Group y su enfoque

La diputada también aclaró que Uranium One Group no se dedica a la extracción de litio, ya que su objetivo es el mismo que el de su matriz, Rosatom, que realiza actividades nucleares.

Ayer, en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, se reinstaló la sesión en la que se iba a discutir la aprobación del contrato del litio con la empresa Uranium One Group. Parlamentarios de oposición están realizando vigilia para evitar que se acepte este convenio con los rusos.

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En respuesta a la suspensión, los diputados de la oposición, junto con miembros del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), han decidido instalar una vigilia en el hemiciclo. Su propósito es evitar que la reunión se reanude y frenar la aprobación del acuerdo.

La vigilia está liderada por la diputada de Comunidad Ciudadana, Lissa Claros, quien ha expresado su preocupación por la “falta de transparencia y análisis” en el proceso de aprobación del contrato. “Estamos en vigilia porque el arcismo pretende aprobar este contrato por el litio sin la debida transparencia y análisis”, declaró Claros, asegurando que permanecerán en el lugar el tiempo que sea necesario para defender los recursos naturales.

Acción de presión

Alrededor de 10 personas, entre parlamentarios y cívicos, están participando en esta acción de presión. Su objetivo es frenar la aprobación del contrato hasta que se debata en la próxima gestión legislativa.

Condiciones para el debate

La oposición argumenta que no existen las condiciones adecuadas para tratar el documento en la actual legislatura. Consideran que este tema debería ser abordado por el nuevo Gobierno que se elija en los comicios del 17 de agosto de 2025.

Según Lissa Claros, el oficialismo ha recurrido a “actitudes bajas” para intentar viabilizar el acuerdo, lo que ha generado un clima de tensión en el Legislativo.

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El acuerdo contempla una inversión de 975 millones de dólares, destinada a la industrialización del litio en el salar de Uyuni.

Declaraciones de la diputada

“No nos vamos a ir, nos vamos a quedar en vigilia. Hemos sido tolerantes, pero no vamos a permitir más atropellos. Han intentado desalojarnos, nos dijeron que nos vayamos y que no van a instalar la sesión”, afirmó este jueves la diputada potosina Lissa Claros.

La legisladora reiteró su solicitud para que se discutan los contratos de litio en el departamento de Potosí, y que esto se realice en presencia de sectores sociales. “Mientras no saquen un comunicado oficial con día y hora de sesión, no nos vamos a mover”, añadió.

Reacciones de los legisladores

La molestia de los legisladores se debe a que la presidencia de la Comisión de Economía Plural programó el contrato de litio con la empresa rusa Uranium para ser tratado el miércoles. Ante esta decisión, diputados potosinos interrumpieron la sesión de la comisión legislativa exigiendo que la discusión se realice en el departamento de Potosí.

Pronunciamientos desde Potosí

Desde Potosí, también se han emitido pronunciamientos en contra de los acuerdos firmados entre el Estado boliviano y dos empresas. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) expresó que están dispuestos a movilizarse en La Paz si los contratos son aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Hemos observado la ilegalidad, inconstitucionalidad, del impacto ambiental y recursos hídricos que van a afectar a la región. Hemos visto el manejo oscuro de estos contratos. El Gobierno quiere irse con los bolsillos llenos y dejando a Potosí regalando sus recursos”, declaró el vicepresidente de Comcipo, Miltón Huanca.

Preocupaciones sobre el contrato

Los legisladores opositores han expresado su preocupación por las posibles implicaciones legales y ambientales que podrían surgir del contrato con Uranium. Además, han señalado que este tipo de acuerdos podría tener un efecto negativo sobre los recursos hídricos y el medioambiente en Potosí, lo que ha generado un fuerte rechazo entre diversos sectores sociales y políticos en la región.

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La oposición sostiene que se está intentando forzar la aprobación de este contrato sin respetar resoluciones previas y en medio de serias acusaciones de corrupción.

Rechazo de la oposición

La diputada de Comunidad Ciudadana, Lissa Claros, manifestó que en la Comisión de Economía Plural se había acordado por unanimidad que este contrato se discutiría en el departamento de Potosí. Sin embargo, Claros señala que esta resolución está siendo ignorada.

Además, Claros expresó su preocupación sobre la posible movilización de la población boliviana ante lo que considera un intento del gobierno por “forzar” la aprobación del contrato. Aseguró que no permitirán que se lleve a cabo la sesión para discutirlo, ya que esto iría “por encima de la justicia” y de los derechos del pueblo potosino y de los pueblos indígenas originarios.

Opiniones de otros diputados

Alberto Astorga, otro diputado de Comunidad Ciudadana, también se pronunció sobre el tratamiento del contrato de litio. Astorga indicó que el gobierno debería suspender definitivamente esta sesión y esperar a que un nuevo gobierno pueda analizar estos contratos. “Dijimos que más bien el gobierno en este caso ordene a su alfil político que está aquí, Omar Yujra”, afirmó Astorga.

En relación con las propuestas sobre el litio, Jorge Tuto Quiroga destacó que no habrá privatización. Quiroga indicó que se analizará con la ciudadanía y distintos sectores cuál será el camino a seguir respecto a este recurso natural. Resaltó la importancia de generar consensos y dialogar con la gente de Potosí para abordar adecuadamente estos contratos.

Segundo contrato en poco tiempo

Es importante mencionar que este es el segundo contrato que se intenta aprobar en un corto período. Los parlamentarios han expresado su firme oposición a cualquier intento del gobierno por forzar su aprobación antes de que finalice su gestión.

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La confrontación se dio en un ambiente de tensiones y acusaciones sobre la posible venta de votos para aprobar el contrato, el cual ha sido rechazado por legisladores de Potosí. Durante su intervención, la diputada Salazar expresó su preocupación por la situación, afirmando que algunos legisladores estarían “cobrando” para apoyar la aprobación del contrato del litio.

Salazar enfatizó: “No puede ser que esto se convierta en un mercado donde cada uno le pone un precio a su voto”. En ese preciso momento, Aguilera se acercó por detrás y le tapó la boca para que no pudiera continuar hablando.

Agresión física en plena sesión

Las dos legisladoras se agredieron físicamente ante la mirada de otros legisladores y medios de comunicación que estaban presentes en la sesión. Las imágenes que se han difundido en redes sociales muestran el instante exacto en que Aguilera tapa la boca de Salazar.

Rechazo al contrato de litio

El rechazo al contrato ha generado un ambiente tenso entre los legisladores, especialmente entre aquellos que representan a regiones afectadas por decisiones relacionadas con el litio. Esta situación refleja una creciente preocupación sobre la transparencia en los procesos legislativos y las posibles implicaciones económicas para el país.

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La tensión se hizo evidente el jueves 3 de julio de 2025, cuando los diputados que se oponen al debate comenzaron a expresar su desacuerdo con gritos dentro del hemiciclo.

Rechazo al contrato

Los parlamentarios que están en contra del contrato manifestaron de manera contundente: “El litio no se regala, el litio no se vende”. Este acuerdo en cuestión se refiere a un contrato de servicios para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, ubicado en el departamento de Potosí. Este contrato fue suscrito en noviembre de 2024 entre el Gobierno nacional y la empresa china Hong Kong CBC.

Protestas y demandas

Los diputados que rechazan esta norma han anunciado que no se moverán de su lugar hasta lograr que el debate se aplace hasta la próxima legislatura, lo que significa que esperan que se postergue hasta después de noviembre.

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A pesar de que la normativa relacionada con este contrato aún está en tratamiento en la Cámara de Diputados, diferentes sectores han pedido su derogación. Esto ha generado un intenso debate sobre la necesidad de modificar algunos artículos para beneficiar tanto al departamento de Potosí como al país en general.

Importancia de la socialización

Ramos ha enfatizado la relevancia de participar en la socialización del contrato. “Para nosotros es importante participar en esta socialización y enterarnos, digamos, del 100% del contrato que se estaría realizando”, afirmó el senador. El objetivo es que “el pueblo potosino y el pueblo boliviano no estén susceptibles” ante las decisiones que se tomen en este contexto.

Modificaciones necesarias

El senador también ha mencionado que si hay aspectos que necesitan ser corregidos en los artículos de la normativa, esto debe hacerse. “Lo único que vamos a hacer es seguir perjudicando al departamento y al país”, advirtió, subrayando que la intención es que el mayor beneficiado sea el departamento y Bolivia en su conjunto.

Ramos destacó que si se decide aplazar el proceso sin realizar las modificaciones necesarias, “lo único que va a perder es Potosí y el país”. Por esta razón, instó a coadyuvar en este asunto y a involucrar al pueblo en las decisiones pertinentes.

Tensión política y social

La situación actual refleja una tensión entre los sectores políticos y sociales respecto al contrato de litio. La falta de información clara ha llevado a malentendidos y desconfianza entre la población. La socialización del proyecto podría ser clave para mitigar estas tensiones y asegurar un proceso transparente.

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Álvaro Arnez destacó que en este encuentro se explicará de manera técnica, clara y sencilla cómo se llevará a cabo la reactivación de la economía tanto para las comunidades como para el departamento de Potosí.

Participación abierta

La socialización del contrato será un evento abierto, donde se permitirá la libre participación de instituciones, organizaciones y de la población en general. El propósito es aclarar cualquier duda o pregunta relacionada con este contrato.

Posibles modificaciones en regalías

El viceministro también mencionó que no se descarta la posibilidad de modificar los porcentajes de la regalía en beneficio del departamento de Potosí. Además, aclaró que la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados ya aprobó dicho contrato.

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Beneficios para la empresa china

Paz Pereira destacó que, en primer lugar, CBC podrá trabajar con recursos naturales de manera gratuita. En segundo lugar, cuando estos recursos se agoten, Bolivia tendrá la obligación de construir una planta para que la empresa continúe produciendo. Por último, en el ámbito tributario, la empresa solo pagará el 20% del Impuesto a las Utilidades, mientras que se le exime del otro 12,5%. Además, no pagará el 10% de tributos que se requiere al exportar sus recursos.

El contrato en cuestión tiene un valor de 1.000 millones de dólares. Paz Pereira exigió que este acuerdo sea revisado y sometido a un ejercicio de transparencia. Para él, el proyecto de Ley 197/2024-2025, que aprueba el contrato de servicios para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, representa un fracaso en la política del litio que ha impulsado el gobierno.

Fracaso de la política del litio

“Es el fracaso de la política del litio de un régimen que lleva más de 20 años. La inversión de más de 1.200 millones de dólares en un modelo de tecnología soberana, como afirmaba el expresidente Evo Morales, ha fracasado”, afirmó Paz Pereira. También cuestionó: “¿El Banco Central de Bolivia no necesita hoy esos 1.200 millones de dólares?”.

Faltas anticonstitucionales

Paz Pereira explicó que su equipo técnico ha identificado tres faltas anticonstitucionales en el proyecto. “Primero, esta planta de carbonato de litio trabajará sobre la materia prima de sales residuales, que son cerros acumulados en la planta anterior. CBC tomará esos desmontes de forma gratuita”, indicó.

Además, agregó que “en 30 años, cuando el contrato con la empresa concluya, Bolivia tendrá que construir una planta para que la corporación china siga operando”. También destacó que “la empresa china solo pagará el 20% del Impuesto a las Utilidades y no cumplirá con el 10% establecido por ley al sacar sus utilidades”.

Por otro lado, mencionó que en Bolivia cualquier empresa minera está obligada a pagar el Impuesto a la Utilidad, el Impuesto a la Transacción y el IVA. Dentro del Impuesto a la Utilidad, se incluye el 20% más un 12,25%. Este 12,5% ha sido eximido para CBC y no se cobrará a esta empresa. Las empresas en Bolivia también deben pagar un 10% al sacar sus utilidades del país; sin embargo, esta empresa china no pagará ese porcentaje.

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El diputado Hernán Hinojosa comentó que “en el momento en que nos lo pasaron, nosotros revisamos la documentación”. Afirmó que faltaba un anexo financiero relacionado con el contrato de litio. Esta comisión solicitó una complementación al Ejecutivo, la cual fue cumplida después de algunos días.

Una vez que se haya revisado la parte técnica, la documentación será entregada a los diputados para que puedan comprenderla antes de la sesión de la comisión. Hinojosa mencionó que “estamos en etapa de revisión; posiblemente la próxima semana llamemos a una sesión y ya podamos aprobar ese contrato”. Después de la aprobación por parte de los miembros de la comisión, el contrato se presentará al plenario para su discusión.

Socialización del contrato

Respecto a la socialización con algunos sectores, Hinojosa destacó que “evidentemente han solicitado” esta acción. También es necesario socializar para evitar dificultades el día de la aprobación y asegurar que todos comprendan y expresen su acuerdo. El contrato de litio es considerado de interés a nivel nacional, lo que significa que debe ser aprobado.

La comisión ha enviado toda la documentación a sus miembros para facilitar el proceso. La revisión técnica es un paso fundamental antes de llevar el contrato al plenario, donde se discutirá con todos los diputados.

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