En esta misma causa, también está procesado Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y líder del Partido Socialista en la región de Extremadura. Gallardo es candidato a la jefatura del Gobierno regional en las elecciones anticipadas que se celebrarán en diciembre de este año, y será juzgado en las mismas fechas que David Sánchez.

Delitos y penas solicitadas

La acusación popular ha solicitado una pena de 3 años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación tanto para Sánchez como para Gallardo.

David Sánchez enfrenta el juicio debido a su supuesta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, que es la institución encargada del gobierno y la administración de esta provincia.

Argumentos del auto de procesamiento

El auto de procesamiento sostiene que David Sánchez tenía “conocimiento previo” de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz fue “creado para él”. A pesar de esto, se presentó a la convocatoria y realizó la entrevista para dar la apariencia de que el procedimiento era legal, siendo el principal beneficiario de esta acción.

La jueza Beatriz Biedma ha indicado que la creación del puesto fue “a petición, seguramente, de persona o personas” del entorno de David Sánchez, quienes conocían su “necesidad”, dado que “en ese momento carecía de trabajo estable”.

Posición de la Fiscalía

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado el archivo del procedimiento, argumentando que no hay indicios de criminalidad que permitan atribuir los delitos mencionados a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

Origen de la investigación

La investigación sobre la contratación de David Sánchez comenzó tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, que está vinculada a grupos de ultraderecha. Esta organización también encabeza la acusación popular, que incluye al partido ultraderechista Vox, entre otros.

La acusación popular sostiene que David Sánchez no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó “habitualmente”, aunque esto no impidió que recibiera el salario correspondiente al puesto que le fue adjudicado.

Otros casos en los tribunales

No es el único caso que involucra a un familiar directo de Pedro Sánchez en los tribunales. Hace más de 1 año, se abrió en Madrid una causa contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta causa se amplió posteriormente a los delitos de apropiación indebida e intrusismo, y el juez instructor ha propuesto que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular.

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El tribunal, presidido por Marco Antonio Vargas, acompañado por los jueces técnicos Germán Ramos Mamani e Iván Perales, emitió la resolución absolutoria debido a la existencia de dudas razonables en el caso. El Ministerio Público no presentó pruebas contundentes contra los acusados, lo que llevó al tribunal a tomar esta decisión.

Justificación de la absolución

La sentencia 8/2024 señala que el tribunal analizó y valoró las pruebas presentadas, justificando adecuadamente las razones del valor otorgado a cada una de ellas. Tras llegar a una conclusión plena sin dejar lugar a dudas, se decidió absolver de pena y culpa a los acusados.

Delitos de los que fueron absueltos

Los acusados, entre ellos Guillermo Achá Morales y otros funcionarios de YPFB, fueron absueltos de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y cohecho activo.

Medidas cautelares dejadas sin efecto

Además de la absolución, se dispuso dejar sin efecto todas las medidas cautelares jurisdiccionales de carácter personal que se habían impuesto a los acusados. Una vez notificadas con la sentencia íntegra, las partes tienen el plazo de ley para efectuar la apelación.

Antecedentes del caso de los taladros

El caso de los taladros se inició el 20 de abril de 2017, cuando se denunció una supuesta contratación irregular de la empresa italiana Drillmec por parte de YPFB. Guillermo Achá, quien asumió la presidencia de YPFB en febrero de 2015, fue alejado del cargo tras conocerse la denuncia y se declaró inocente durante todo el proceso.

/LPT

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El abogado cívico Jorge Valda sostuvo que el presidente de la ESM posesionó a su yerno Luis Enrique Loredo como jefe de Comercialización, por lo que incurrió en los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes.

También se le acusa por la contratación del bufete de abogados Alliance, del que es parte el exministro de Justicia Héctor Arce y el exprocurador general del Estado, Pablo Menacho.

La firma no tiene el Registro Público de Abogacía y figura como una asociación sin fines de lucro en la Organización No Gubernamental (ONG) y en los registros del Sistema de Contrataciones Estatales.

La noticia de la renuncia de Choque se dio a conocer horas después de que el Comité Cívico de Puerto Suárez emitiera un pronunciamiento en el que se declara en estado de emergencia y mediante un comunicado exigen al presidente Luis Arce, la destitución del funcionario y la investigación de los hechos irregulares que supuestamente cometió.

“Solicitamos al presidente del Estado Luis Arce y al Ministro de Minería tomar medidas sobre estos actos irregulares dentro de nuestra Empresa Estratégica ESM y la apertura de acciones de acuerdo a las leyes de Control Gubernamental, Ley 004 y la renuncia inmediata del presidente ingeniero Gustavo Choque Velázquez”, señala parte del comunicado.

Asimismo, pidieron la intervención inmediata de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría, reportó el diario Página Siete.

El Comité Cívico de Puerto Suárez demandó también conocer el resultado de las investigaciones al proyecto, que lleva adelante la empresa china Sinosteel.

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En conferencia de prensa del lunes por la noche, Lima indicó que el hijo de la autoridad recibió su memorándum de designación el 5 de noviembre y recién el 11 se realizó su declaración jurada como funcionario público.

“Esta es una grave irregularidad, los funcionarios deben prestar su declaración antes de asumir el cargo, no seis días después, queremos explicaciones del ministro de Salud, de su hijo, de por qué se dio esta irregularidad, no vamos a juzgar, queremos los hechos, estamos pidiendo explicaciones concretas”, afirmó Lima.

Asimismo, señaló que se realizan las investigaciones por la compra de 59 ambulancias, la cancelación de la compra de terrenos por Bs. 70 millones, la compra de respiradores y un equipo desfibrilador por un millón de bolivianos.

Lima expresó su preocupación por la posición del Director de la CNS, que pidió una ampliación de plazo sin fecha para entregar la información y dijo que “eso ya es intolerable”.

En el tema de las ambulancias pidió a los empresarios de la empresa Crown, someterse a una licitación pública porque hubo mucha celeridad y poca información a la hora de cerrar el trato.

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