Detenciones y sospechas

Las detenciones se llevaron a cabo bajo sospecha de conspiración para el contrabando de armas, afiliación a pandillas criminales, órdenes de arresto pendientes y entrada ilegal a Estados Unidos. Esta es la segunda operación en menos de siete días; el 30 de enero, FHP y HSI realizaron un operativo en el condado de Jefferson, donde 12 personas fueron arrestadas por residir ilegalmente en el país.

Durante los operativos recientes, presuntos integrantes del Tren de Aragua han sido arrestados en distintas ciudades estadounidenses, incluyendo Aurora, Bismarck y Nueva York. Esta organización criminal surgió en una prisión venezolana y ha expandido sus actividades a varios países de América Latina.

Vínculos con el narcotráfico

De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, el Tren de Aragua ha establecido operaciones en ciudades clave y ha sido vinculado a redes de tráfico de personas y narcotráfico. El 20 de enero de 2025, la Casa Blanca anunció su intención de designar al Tren de Aragua como una organización terrorista. Esta designación permitiría la deportación acelerada de sus presuntos miembros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Mientras tanto, cuatro hombres enfrentan cargos federales en el Panhandle tras ser arrestados por reingresar a Estados Unidos después de haber sido deportados. En Texas, ICE informó sobre la detención de más de 30 personas con órdenes pendientes en ciudades como Houston y Dallas.

Aumento de detenciones en California

Las autoridades en California también han reportado un aumento en detenciones, especialmente en Los Ángeles, donde se han identificado conexiones entre el Tren de Aragua y organizaciones delictivas locales. Elizabeth Ricci, abogada de inmigración en Tallahassee, declaró que las acciones recientes se centran en personas con antecedentes criminales o deportaciones previas.

Sin embargo, Ricci enfatizó que estos casos representan un porcentaje menor dentro del total migrante del país. Agregó que el gobierno puede ejecutar órdenes previas o procesar penalmente a quienes reingresan irregularmente.

Acuerdo del gobernador

El gobernador Ron DeSantis firmó un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional que permite a los agentes participar en operativos migratorios. Esta medida se alinea con las políticas promovidas por la administración federal.

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Según Hanegbi, las Fuerzas de Defensa de Israel ya controlan el 75% del Corredor de Filadelfia en Gaza y se espera que lo controlen por completo en el futuro. Esta franja estratégica que limita con Egipto es crucial para evitar el contrabando de armas hacia Gaza. Hanegbi mencionó que Israel está trabajando junto con las autoridades egipcias para cerrar la frontera y prevenir el ingreso ilegal de armamento.

La protección de Israel y el desplazamiento de los gazatíes

El asesor de seguridad también hizo referencia a la necesidad de proteger a Israel y mencionó que nadie se ofrecerá a hacerlo, por lo que tendrán que hacerlo ellos mismos. Desde el inicio de la ofensiva terrestre en Rafah, más de un millón de gazatíes han sido desplazados debido a los combates. Las tropas israelíes han avanzado hacia el centro de la urbe desde el costado oriental, con el objetivo de desmantelar los batallones de Hamás que aún quedan en la zona.

Fuente: EFE

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A denuncia del Gobierno argentino, se abrió una investigación por el presunto contrabando de materia antidisturbios a Bolivia en noviembre de 2019

La Fiscalía también imputó al exembajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector de Gendarmería, Gerardo José Otero; al exdirector de Logística de Gendarmería, Rubén Carlos Yavorski, y al exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde, informó La Nación.

Los Gobiernos de Bolivia y Argentina consideraron que ese material fue para colaborar con un supuesto “golpe de Estado”, pero Macri negó esa versión calificándola de “disparate” y aclarando que en realidad se había dispuesto la protección de la Embajada por el conflicto en Bolivia.

La imputación incluye una solicitud de las primeras medidas de prueba, que contienen “pedidos de informes al Gobierno argentino y a Bolivia”.

“El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y ni los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”, indica el reporte.

El Presidente del Estado, Luis Arce Catacora destapó este caso, luego de detectar una carta del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros, en el que agradece a la Embajada argentina por el envió de los pertrechos.

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La denuncia es en contra del entonces Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara, por los presuntos delitos de Tráfico Ilícito de Armas, Tenencia y Porte o Portación Ilícita, según reportó la red Erbol.

Almendras añadió que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo llegar a la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la ciudad de La Paz, documentación en la que el excomandante de la FAB, Jorge Terceros, agradece al Embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, por el envío de material antidisturbios durante los conflictos suscitados en noviembre de 2019.

Aparentemente, ingresó a Bolivia 40.000 cartuchos AT 12/70, otras cantidades de gases lacrimógenos y granadas de gas.

“En el curso de la investigación, el Ministerio Público, convocará a las personas que pudieran brindar información sobre este hecho, dispondrá la realización de las pericias y actos investigativos que sean necesarios, así como solicitará por vía de cooperación internacional la información que sea útil para el esclarecimiento del mismo”, informó el funcionario.

Imputados por el presunto contrabando de armamento a Bolivia

El fiscal argentino, Claudio Navas Rial impulsó este viernes la investigación de la denuncia presentada por el Gobierno de ese país por el presunto contrabando de armamento a Bolivia en noviembre de 2019.

Navas incluyó como imputados en el caso al expresidente Mauricio Macri y a sus exministros Patricia Bullrich, de Seguridad y Oscar Aguad de Defensa, según reporte del diario argentino La Nación.

La imputación judicial también afecta al exdirector de Gendarmería, Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de Gendarmería, Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.

El fiscal Navas Rial dispuso además el requerimiento del exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García.

/MDCB

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