Oruro: Gobernador Edgar Sánchez llama a la reconciliación social

El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, considera que tras los conflictos sociales que vivió Bolivia durante 50 días, el gobierno nacional tiene la oportunidad de generar puentes de diálogo, concertación y unidad. Esto es crucial para evitar futuras protestas y bloqueos que afecten a la sociedad boliviana.

Conflictos sociales y sus consecuencias

En una entrevista, Sánchez manifestó: “No es tan sencillo, lo que hay que hacer es que tenemos una pausa de 3 meses. Esta pausa de 3 meses tiene que reencaminarse en una mejor gobernanza…”. En este contexto, Bolivia vivió 50 días de conflicto social, lo que dejó pérdidas cuantiosas a la economía nacional, incluyendo 14 muertes. La mayoría de estas se debieron a la imposibilidad de viajar y recibir atención médica, o a quedar atrapados en los bloqueos. También hubo daños en carreteras, calles y edificios públicos y privados.

Acta de pacificación y reacciones

Aunque se firmó un acta de pacificación entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno, otros sectores que participaron en las protestas no aceptaron el acuerdo. Sin embargo, declararon un cuarto intermedio en sus medidas, advirtiendo que podrían retomar las movilizaciones más adelante.

La importancia del diálogo y la unidad

Sánchez enfatizó la necesidad de buscar la unidad y la reconciliación entre las organizaciones y la población movilizada. Además, subrayó que el gobierno debe generar puentes de diálogo y concertación política. “Este momento de pausa social que tenemos… es el momento más oportuno de buscar la unidad”, afirmó.

Enfoque en la igualdad para evitar futuros conflictos

El gobernador también destacó que el gobierno debe saber leer adecuadamente con quiénes está trabajando y con quiénes debe colaborar para evitar futuros conflictos. “No estamos diciendo que vea una especie de cuoteo con las organizaciones sociales, sería un error fatal del gobierno”, expresó. La situación actual requiere un enfoque en la igualdad y el diálogo para garantizar la paz en Bolivia, agregó.

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Bolivia amanece sin bloqueos tras más de 50 días de crisis

Bolivia amaneció sin bloqueos tras más de 50 días de conflictos sociales, lo que representa un triunfo para la ciudadanía. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó: “El país empieza a ponerse de pie”. Sin embargo, aún existen cuatro rutas con restricciones debido a trabajos de limpieza que debe realizar la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para retirar escombros dejados por los bloqueadores.

Inspección y limpieza de carreteras

Justiniano realizó una inspección en la carretera entre El Alto y Copacabana, donde constató la ausencia de bloqueadores. No obstante, observó la presencia de tierra y piedras que obstruyen la vía. La limpieza se ejecutó de inmediato para despejar completamente la carretera.

Un triunfo ciudadano

El ministro destacó que no se derrotó a un pueblo ni a una protesta, sino que se frenó un mecanismo de presión que afectó a millones de bolivianos. En sus redes sociales, Justiniano mencionó que Evo Morales, señalado como uno de los promotores de las movilizaciones, no levantó los bloqueos “por generosidad” sino porque la ciudadanía expresó su rechazo a la paralización del país.

Agradecimientos y compromiso del Gobierno

Además, agradeció el trabajo de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas de Bolivia, los gobiernos municipales y la ciudadanía que apostó por la paz, la democracia y el trabajo. “Todo en democracia. Nada fuera de la democracia”, enfatizó.

Presencia del Gobierno en todo el país

Justiniano garantizó la presencia del Gobierno en todo el territorio del país, incluyendo el Chapare. Tras más de 50 días, Bolivia finalmente amaneció sin bloqueos, aunque persisten restricciones en algunas rutas debido a los escombros dejados por los movilizados.

Declaraciones sobre el futuro del país

En declaraciones a Bolivia Tv, Justiniano resaltó: “Es una victoria de la gente, Bolivia dijo basta; ya no sirven los instrumentos políticos de presión a costa del sufrimiento de la gente, del desabastecimiento. El país dio una clara señal”. También comentó sobre las rutas clausuradas: “En más de 300 metros vimos piedras, tierras; fue un bloqueo muy perjudicial, pero estamos normalizando el país. Bienvenido el país normal”.

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Normalización de carreteras en Bolivia

Este martes 23 de junio, Bolivia amanece con la totalidad de sus carreteras expeditas, marcando un hito tras más de 50 días de conflictos sociales que afectaron la transitabilidad en diversos puntos del país. Según el reporte oficial emitido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) con corte a las 06:00, el mapa de transitabilidad nacional no registra actualmente puntos de bloqueo, consolidando así el libre tránsito en el territorio boliviano.

Proceso de normalización

La situación comenzó a normalizarse tras intensas negociaciones que permitieron el levantamiento de los últimos cortes de ruta. Hasta las 05:30 de la madrugada, los reportes aún señalaban persistencia de bloqueos en el trópico cochabambino, específicamente en las zonas de:

• Chimoré
• Villa Tunari
• Puesto de peaje de Ivirgarzama
• Puente Sacta
• Puente Ichilo

No obstante, estas medidas fueron desactivadas luego de que los sectores movilizados acordaran dar un cuarto intermedio. La decisión de los cocaleros del trópico fue comunicada pasada la tarde del lunes, tras una reunión llevada a cabo en la localidad de Lauca Ñ. Al respecto, el expresidente Evo Morales aclaró a través de sus redes sociales que la pausa en las movilizaciones no representa una claudicación, sino un cuarto intermedio en sus medidas de presión.

Resolución del conflicto fronterizo

Paralelamente, la resolución del conflicto en la frontera entre Santa Cruz y Cochabamba se logró pasadas las 22:30 de la misma jornada, momento en el que el gobernador Juan Pablo Velasco y los representantes de los sectores movilizados suscribieron un acuerdo que permitió despejar el límite interdepartamental.

Coordinación para limpieza y liberación de tramos

Ante este panorama, la ABC informó que se mantiene un trabajo coordinado con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para realizar la limpieza y liberación efectiva de los tramos clave de la Red Vial Fundamental. Estas labores se concentran actualmente en los departamentos de:

• Cochabamba
• Oruro
• La Paz

Los cuales se suman al resto de las regiones que ya contaban con sus rutas liberadas. Las autoridades competentes han señalado que, conforme avance la jornada, se espera que el 100% de las rutas anteriormente afectadas queden completamente libres de escombros, piedras y cualquier otro obstáculo que impida la circulación normal del transporte pesado y particular.

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Reencuentro familiar en medio de conflictos sociales

Un adolescente venezolano en Oruro logró reunirse con su tío después de varios días de incertidumbre. Esta situación estuvo marcada por los conflictos sociales y los bloqueos de carreteras que afectan al país.

Situación del adolescente

El menor se encontraba bajo resguardo de instancias de protección, tras haber sido acogido inicialmente en el Punto de Atención y Orientación (PAO). La Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del municipio orureño informó a la Defensoría del Pueblo sobre su situación.

Recorrido a pie del familiar

Mientras tanto, su tío emprendió un recorrido a pie desde la ciudad de La Paz hasta Oruro. Este viaje fue necesario debido a la interrupción del tránsito vehicular en la carretera que conecta ambos departamentos. Según se informó, la falta de recursos económicos le impidió acceder a rutas alternativas de transporte.

Gestiones para facilitar el traslado

Ante esta situación, se realizaron gestiones para facilitar el traslado del familiar hasta Oruro. Finalmente, se concretó el reencuentro familiar en las instalaciones de la DIO.

Dificultades para las familias migrantes

Este caso refleja las dificultades que enfrentan las familias migrantes en medio de la conflictividad social y los problemas de transporte registrados en los últimos días. Esta situación ha dificultado, en algunos casos, la reunificación familiar y el desplazamiento de personas en condiciones de vulnerabilidad.

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Movilizaciones en San Julián: bloqueos persisten

El municipio de San Julián se mantiene firme en su postura, a pesar de que el presidente Rodrigo Paz decretó el Estado de Excepción en todo el territorio nacional durante la madrugada del 20 de junio. En el día 51 de conflictos sociales en el país, los movilizados en esta región del departamento cruceño decidieron mantener invariable su punto de bloqueo. Con esto, la extrema medida de presión cumple hoy 38 días consecutivos, consolidándose como uno de los focos de conflicto más duros y bloqueando por completo el tránsito terrestre que conecta a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con las regiones de Beni y la Chiquitania.

Impacto en el transporte terrestre

Durante un recorrido por el sector, se pudo constatar que la medida de fuerza sigue intacta. La tensión y la incertidumbre se sienten entre los transportistas, viajeros y productores agropecuarios que, ante la falta de garantías en la vía principal, se ven obligados a tomar desvíos y rutas alternas improvisadas. Esta situación no solo multiplica las horas de viaje, sino que dispara los costos operativos del transporte de pasajeros y alimentos en una ruta que es vital para la economía de la región. Hasta el momento de este reporte, los dirigentes de las organizaciones que lideran la movilización no han emitido señales de dar un paso atrás ni de suspender la medida, según Red Uno.

Operativos de desbloqueo en marcha

Sin embargo, la calma en el punto de bloqueo podría tener las horas contadas. Tras el mensaje presidencial emitido en la madrugada, donde el mandatario ordenó explícitamente la liberación de las carreteras mediante operativos conjuntos, las fuerzas del orden ya comenzaron a moverse. En el Comando Departamental de Santa Cruz, el jefe policial David Gómez encabezó una reunión de emergencia con el alto mando uniformado para afinar la logística y coordinar el operativo de desbloqueo.

Expectativas ciudadanas

Se prevé que en las próximas horas un contingente combinado de efectivos policiales y militares sea desplegado hacia San Julián para ejecutar las disposiciones del Ejecutivo y restablecer, finalmente, el libre tránsito. La ciudadanía y los sectores productivos permanecen atentos y en vilo ante el inminente accionar de las fuerzas de seguridad en una jornada que promete ser decisiva para el desbloqueo del país.

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Proyecto de ley en Potosí para garantizar derechos

El presidente del Concejo Municipal de Potosí, German Vidaurre, presentó el proyecto de ley denominado ‘Ley de libre transitabilidad y abastecimiento de suministros y servicios básicos en el municipio de Potosí’. Esta iniciativa surge ante la crítica situación que atraviesa el país, sumido en más de 40 días de conflictos, de los cuales Potosí ha enfrentado 20 días de bloqueos y dificultades que han paralizado diversas actividades económicas y sociales en la Villa Imperial.

Objetivo del proyecto

El propósito fundamental de esta propuesta es establecer una normativa legal que regule las acciones dentro de la jurisdicción municipal para garantizar el derecho fundamental de la mayoría de la población a trabajar, desplazarse libremente y acceder a productos esenciales, sin que esto signifique negar el derecho constitucional a la protesta.

Presentación del proyecto

Al presentar este documento ante el pleno del Concejo para su respectivo análisis y debate, el concejal Vidaurre enfatizó la urgente necesidad de evitar crisis como la actual. En esta coyuntura, se ha restringido el acceso a alimentos, la dotación de carburantes, la llegada de insumos críticos como oxígeno y medicamentos a los centros de salud, así como el abastecimiento de materia prima para artesanos y la afluencia de visitantes para el sector turístico, que comprende hoteles, restaurantes y agencias de viajes.

Resolución a través del diálogo

Según el proponente, este escenario de desabastecimiento y parálisis nunca debió ocurrir. Las demandas sociales deben resolverse a través del diálogo franco y el análisis conjunto entre las partes, despojándose de intereses particulares que suelen entorpecer los acuerdos.

Alcance integral del proyecto

La normativa proyectada posee un alcance integral. No se limitará únicamente a las carreteras departamentales o a la Red Vial Fundamental, sino que tendrá aplicación en las calles internas, las instituciones públicas y cualquier espacio susceptible de ser bloqueado. Al establecer mecanismos específicos para la resolución de conflictos y sancionar a los infractores, el proyecto busca prevenir que grupos sociales procedan al cierre de instituciones o vías. Estas acciones han vulnerado sistemáticamente el derecho al trabajo y el libre tránsito de los ciudadanos.

Reacción social ante la propuesta

Ante la gravedad de la coyuntura, tanto dirigentes de organizaciones sociales como ciudadanos han manifestado que esta iniciativa municipal debería ser replicada en la Asamblea Legislativa Departamental. El objetivo es ampliar el marco de seguridad y garantizar la estabilidad en toda la región.

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Misión de derechos humanos argentina llega a Bolivia

Una misión de Argentina arribó el día de hoy lunes 15 de junio al aeropuerto de El Alto, donde sus integrantes fueron retenidos. Este grupo tiene el propósito de apoyar las movilizaciones y bloqueos, además de supuestamente recopilar graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia.

Reacciones ante la llegada de la misión

Ante esta situación, el exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, indicó que esta delegación comete un acto de intromisión y debe ser expulsada del país por poner en riesgo la seguridad nacional. La misión, que supuestamente permanecería en Bolivia hasta el 18 de junio, está conformada por representantes de diversas organizaciones, entre ellas:

• Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
• Servicio Paz y Justicia (Serpaj)
• Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)
• Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
• Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
• Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
• Liga Argentina por los Derechos Humanos
• Coordinadora Americana por los Derechos Humanos
• Victoria Montenegro, diputada y nieta recuperada

Apoyo político desde Argentina

Bajo el rótulo de “misión de derechos humanos”, este grupo busca presuntas violaciones a derechos humanos y apoya a los bloqueadores. La exdiputada argentina Mercedes Trimarchi, acusada de injerencia en política interna tras su participación en movilizaciones en El Alto, manifestó su apoyo al grupo que partió hacia La Paz. El diputado argentino Juan Carlos Giordano compartió fotografías del grupo partiendo desde un aeropuerto rumbo a Bolivia y agregó que las personas se quedarán hasta el jueves.

Integrantes destacados de la delegación

Según la prensa argentina, la delegación incluye a:

• Vanina Biasi, legisladora del Frente de Izquierda y miembro de la comisión de derechos humanos.
• Alejandrina Barry del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
• María José Cano de Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma).
• Ingrid Urrutia, secretaria general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-INCAA) y legisladora del Frente de Izquierda.
• Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria.

En las imágenes compartidas por Giordano se observa a Trimarchi, quien fue cuestionada por su participación en las movilizaciones tras haber ingresado como turista al país según datos de la Dirección de Migración. Trimarchi también compartió imágenes sobre una conferencia donde anunció que apoyará “al pueblo boliviano que enfrenta el ajuste y la represión del gobierno”.

Crisis social en Bolivia

La llegada del grupo coincide con una crisis social en Bolivia, marcada por más de 70 bloqueos que han dejado cerca de una veintena de muertes. Las protestas surgieron tras la derogación de un decreto sobre protección a recursos naturales y están motivadas por la inflación y escasez alimentaria. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración denunciaron formalmente a Trimarchi por cometer “actos de injerencia” y una “falta grave”. Se evaluó su expulsión; sin embargo, ella abandonó el país poco después con rumbo a Buenos Aires.

Nueva delegación para monitorear violaciones

Tras su retorno, agrupaciones organizaron una nueva delegación para regresar a Bolivia con el objetivo declarado:

• Monitorear denuncias sobre represión estatal.
• Manifestar solidaridad internacionalista con los bloqueadores.

Giordano afirmó: “La Misión tiene el objetivo de relevar denuncias acerca de gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno”. Sin embargo, Aparicio advirtió que estos actos afectan la seguridad nacional boliviana e insistió en que deben ser expulsados inmediatamente porque apoyan bloqueos políticos.

Efectos del bloqueo en la población

Bolivia atraviesa 46 días consecutivos con bloqueos que generan desabastecimiento alimentario y médico. Además, se reportaron muertes entre pacientes sin atención médica y conductores varados debido a accidentes en rutas alternas. Este lunes, la Confederación de Choferes realizará un ampliado para pedir al presidente garantizar circulación en carreteras mientras se espera que la Central Obrera analice realizar una pausa humanitaria para dialogar con el Gobierno.

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La COB reprograma ampliado nacional para este domingo

La Central Obrera Boliviana (COB) anunció la reprogramación de su ampliado nacional de emergencia para este domingo 14 de junio a las 14:00 horas. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Este evento busca garantizar la participación de todas sus organizaciones afiliadas en la discusión sobre la situación que atraviesa el país.

Cambio de fecha y objetivos del encuentro

Inicialmente, la reunión estaba programada para este sábado; sin embargo, la dirigencia emitió una nueva convocatoria que confirmó el cambio de fecha. Según el orden del día, los representantes de los distintos sectores afiliados a la COB realizarán un análisis de la coyuntura nacional y evaluarán las medidas de presión y bloqueos que este sábado cumplen 44 días en diferentes regiones del país.

Contexto social y económico

La reprogramación del encuentro se produce en medio de una serie de reuniones impulsadas por el Gobierno con organizaciones sociales y sectores productivos para abordar la situación económica y social. La COB señaló que, por la importancia de los temas a tratar y las determinaciones que podrían adoptarse, la asistencia será “puntual y obligatoria”. Esta disposición se encuentra en el marco del artículo 20 de su estatuto orgánico.

Conflictos sociales y movilizaciones

El encuentro se desarrollará en un escenario marcado por conflictos sociales, movilizaciones y bloqueos que ya cumplen 44 días en distintas regiones del país. En un comunicado, la COB expresó: “Debido a solicitud expresa de varias de nuestras organizaciones y precautelando la asistencia de las mismas, se reprograma el ampliado nacional de emergencia, según nueva convocatoria. Queda suspendido el ampliado, programado para el día de hoy 13 de junio de 2026”. Además, se enfatizó: “Por la importancia de los temas a tratarse y las determinaciones que se adoptarán, se insinúa puntual y obligatoria asistencia. Para lo cual se aplicará el artículo 20 del estatuto orgánico de la COB”.

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Crisis humanitaria en Bolivia por bloqueos de caminos

La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que coordina acciones de monitoreo y seguimiento en La Paz, Oruro y Cochabamba para atender a las personas heridas y a los transportistas afectados por el bloqueo de caminos. Esta situación se produce en un contexto de 35 días de bloqueos y 40 días de conflictividad social.

Atención a heridos y transporte afectado

En La Paz, la Unidad de Coordinación Regional de El Alto (Ucrea) realizó un seguimiento a los hechos ocurridos en Villa Dolores, donde un ciudadano recibió el impacto de un balín. Además, se verificó la atención brindada a las personas heridas en el Hospital Municipal Boliviano Holandés.

El coordinador regional, Fernando Claros, destacó que también se inspeccionaron las instalaciones de la Federación Andina de Transportes, donde se encontraron llantas quemadas y vidrios rotos. Los puntos de bloqueo permanecen activos en el peaje de la Autopista y en el ingreso a la carretera antigua.

Situación en Oruro y Cochabamba

En Oruro, la Delegación Defensorial reportó que su equipo se trasladó a Lequepalca, donde alrededor de un centenar de vehículos pesados están varados. Se constató que el centro de salud local ofrece atención las 24 horas del día.

En Cochabamba, persisten 32 puntos de bloqueo. Las fuerzas del orden resguardan la carretera principal que conecta Cochabamba con Oruro, especialmente en el puente Parotani y el sector del Cruce Tarata.

Llamado al diálogo y consecuencias

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al diálogo como único mecanismo para alcanzar consensos y superar el conflicto. También exhortó a todas las partes a priorizar soluciones pacíficas.

La crisis humanitaria actual es resultado de medidas económicas radicales y una profunda fractura político-social. La acumulación de tensiones institucionales ha desencadenado movilizaciones masivas que mantienen bloqueadas las principales rutas del país.

Cifras alarmantes

Las cifras revelan un costo humano significativo: siete personas fallecidas debido a la falta de atención médica oportuna, 23 heridas durante enfrentamientos y 321 arrestadas durante movilizaciones. En términos sanitarios, hay 31.470 pacientes en riesgo por falta de insumos médicos y 2.558 personas en estado crítico dependen directamente del suministro adecuado.

Los bloqueos han dejado más de 5.000 camiones varados y hay actualmente 89 puntos activos en las principales redes viales del país. Se estima una pérdida financiera diaria para el sector transporte pesado cercana al millón de dólares por cada jornada sin actividad.

Conflictos entre marchistas y fuerzas del orden

Claramente, “los vecinos señalaron que los marchistas arrojaron piedras y que la Policía respondió con agentes químicos”, según informó Fernando Claros. La Defensoría continúa trabajando para mitigar los efectos negativos sobre los sectores más vulnerables.

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Decretos de alivio en Bolivia ante bloqueos

El Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes la emisión de decretos de alivio económicos para sectores afectados por los bloqueos de carreteras. Estos bloqueos, impulsados por sindicalistas y campesinos, buscan exigir su renuncia. Las medidas incluyen la reprogramación de deudas bancarias y la creación de fondos destinados a transportistas y pacientes con enfermedades renales y cáncer.

Medidas implementadas por el gobierno

Paz realizó el anuncio tras firmar la ley de Regulación de Estados Excepción, que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en el control de las protestas. Sin embargo, la promulgación no implica la vigencia automática de esta medida, ya que se requiere un decreto adicional que aún no ha sido anunciado.

Reprogramación de deudas y apoyo a sectores vulnerables

El mandatario indicó que se emitirá un decreto para la reprogramación de deudas a nivel nacional. Esta medida beneficiará a “todos los sectores”, incluyendo artesanos y turismo, actividades que han sufrido considerablemente debido a los bloqueos iniciados el 6 de mayo por campesinos del altiplano.

Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte

Además, se aprobó la creación del Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte (Fongat), con un monto de hasta 1.000 millones de bolivianos (aproximadamente 143,6 millones de dólares). Este fondo permitirá a los choferes acceder a recursos para invertir en nuevos vehículos o emprendimientos.

Ahorro salarial y apoyo a enfermos

Paz recordó que él y sus ministros redujeron sus salarios en un 50%. Anunció que el dinero ahorrado se destinará a un fondo en beneficio de personas con problemas renales y cáncer. “Invitamos al vicepresidente Edmand Lara y a cualquier otra autoridad que quiera aportar libremente”, afirmó el presidente.

Contexto del conflicto social en Bolivia

Los conflictos sociales comenzaron a principios de mayo, impulsados por sindicatos campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB). Estos grupos exigen la renuncia del presidente Paz y rechazan cualquier posibilidad de diálogo. Actualmente, hay bloqueos en seis de los nueve departamentos del país, especialmente en las regiones andina y central.

Consecuencias del conflicto

Los bloqueos han generado desabastecimiento de alimentos, medicamentos, oxígeno medicinal y combustibles. Hasta ahora, se reportan al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no recibieron atención médica oportuna debido a los cortes en las rutas. Las pérdidas económicas ascienden a más de 2.340 millones de dólares, según estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

Con información de EFE

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Aprehensión de Justino Apaza en La Paz

Justino Apaza, dirigente vecinal que impulsa las movilizaciones en La Paz, fue aprehendido por efectivos de la Policía Boliviana. Esta acción ocurrió aproximadamente a las 16:15 horas del miércoles 3 de junio y se enmarca dentro de una serie de investigaciones por delitos graves.

Delitos que enfrenta Apaza

Apaza enfrenta acusaciones por los siguientes delitos:

• Instigación pública a delinquir.
• Asociación delictuosa.
• Terrorismo.
• Financiamiento al terrorismo.
• Atentados contra la seguridad de los medios de transporte.
• Atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

Contexto de su captura

El dirigente apareció el martes 2 de junio junto al líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, en un cabildo en El Alto. Al día siguiente, incentivó a continuar con las movilizaciones y bloqueos en el departamento paceño. Estas acciones provocaron falta de alimentos, oxígeno y enormes daños económicos en la región.

Apaza fue capturado antes de llegar a su domicilio en El Alto y trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz. Allí espera brindar su declaración informativa y enfrentar imputaciones que llevarán a una audiencia sobre medidas cautelares. Hasta el momento, no se ha fijado fecha ni hora para su declaración mientras permanece aprehendido.

Reacciones familiares y sociales

Esmeralda Calderón, esposa de Apaza, denunció que su esposo fue secuestrado sin orden judicial: “Mi esposo, Justino Apaza Callisaya, ha sido secuestrado en la puerta de mi casa. No tiene orden de aprehensión ni ningún proceso”, afirmó Calderón. Además, un grupo de personas se dirigió a las instalaciones de la FELCC para pedir su liberación.

Se registraron enfrentamientos entre personas que piden la liberación del dirigente de la Fedjuve y plataformas ciudadanas en las afueras de la FELCC durante la noche del miércoles.

Implicaciones del arresto

A mediados de mayo, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra varios dirigentes vinculados a las movilizaciones sociales; entre ellos figura Justino Apaza Callisaya, identificado como dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de La Paz. La denuncia fue presentada por el Ministerio de Gobierno y se basa en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

El Estado busca desarticular los atentados contra la seguridad pública. Esta estrategia judicial podría desmovilizar las protestas pero también amenaza con radicalizarlas debido a la indignación generada entre sus bases sociales.

Hechos violentos previos al arresto

Durante las marchas previas al arresto se registraron hechos violentos que incluyeron:

• Destrozos a infraestructuras civiles.
• Rotura de vidrios en edificios céntricos.
• Enfrentamientos con la Policía y heridos por uso de dinamita.

Días antes del arresto, Apaza firmó pactos formales con representantes campesinos para garantizar la continuidad indefinida de las medidas de presión. Este contexto culminó con una masiva concentración social en El Alto donde se ratificó un pliego petitorio intransigente.

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A 33 días de conflictos y bloqueos en el país, legisladores criticaron este martes 2 de junio la inacción del gobierno ante los perjuicios que está viviendo la población. La escasez de alimentos y medicamentos se ha convertido en una realidad preocupante, además de las pérdidas económicas millonarias en varios sectores.

Críticas a la falta de diálogo

La senadora Tomasa Yarhui enfatizó que el gobierno no se pronuncia sobre el conflicto que hoy registra más de 100 puntos de bloqueo en el país. A pesar de los diversos espacios que llamaron al diálogo, solo el gobierno tiene el poder para poner una solución. Por lo tanto, debe tomar decisiones inmediatamente.

“Estamos esperando que el gobierno saque un comunicado o diga algo, porque ahora no vemos ninguna reacción tanto para el diálogo como para otras medidas que puedan pacificar el país. Ya es más de un mes que La Paz está cercada y no hay reacción por parte del gobierno”, criticó la legisladora.

Yarhui expresó su profunda preocupación por el silencio del gobierno, señalando que cada minuto sin acción incrementa la incertidumbre.

Por su parte, la diputada Aurora Patiño recordó que tanto transportistas como gremiales dieron plazos al gobierno para solucionar el conflicto. De no hacerlo, anunciaron que se unirán a los pedidos de renuncia del Presidente Rodrigo Paz.

Patiño criticó que el mandatario, en su discurso reciente, haya dicho “espero que se solucione”. “No es espero; él es el mandatario del país y tiene que tener las soluciones. Todos queremos trabajar y él no tiene la capacidad para solucionar”, declaró la legisladora.

Demandas por decisiones urgentes

Finalmente, el diputado Édgar Zegarra criticó duramente al Presidente, manifestando que el gobierno “está muy tibio” en la toma de decisiones. Esto produce inestabilidad económica y social en todo el país. Además, aseguró que ahora la esperanza también se está perdiendo.

“Desde el Parlamento nacional le decimos al gobierno que tiene que tomar una decisión. Se le han dado diferentes armas democráticas para que ponga en orden este país, pero hasta ahora no lo hace. Tiene que existir una propuesta de agenda sobre qué cosa quiere el gobierno”, declaró Zegarra.

Prioridades para mejorar la situación

Zegarra enfatizó que la gente sale a las calles por “el estómago y el bolsillo”. En ese sentido, consideró que la prioridad debería ser mejorar el acceso a fuentes de trabajo, estabilizar la economía o garantizar la provisión de combustibles. No obstante, criticó al gobierno por buscar sentarse con personas “encaprichadas” que solo buscan un golpe de Estado.

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Conflictos sociales en Huanuni generan estado de emergencia

La prolongación de los conflictos sociales y el desabastecimiento de productos esenciales en Bolivia han comenzado a generar fisuras internas en distritos tradicionalmente uniformes. En Huanuni, Oruro, un sector organizado de trabajadores desocupados formalizó un estado de emergencia que introduce un nuevo elemento en la crisis: la posibilidad de movilizaciones urbanas dirigidas a levantar los bloqueos de caminos, particularmente en el eje de La Paz y El Alto.

Tensiones internas en Huanuni

Esta postura expone una tensión interna en una de las regiones mineras más emblemáticas del país, donde la parálisis del transporte y la falta de carburantes han agravado las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de los sectores no formales. El núcleo del descontento radica en una diferenciación sobre la realidad laboral del municipio. Según el análisis del sector movilizado, la narrativa pública que asocia de forma unánime a Huanuni con el empleo minero asalariado no refleja la totalidad del panorama local.

Datos del bloque de desocupados

Los datos expuestos por el bloque de desocupados sugieren un desequilibrio en la representatividad de la dirigencia actual, personificada en Mario Argollo:

• Asimetría local: Se señala que el sector obrero formal de la Empresa Minera Huanuni representa aproximadamente el 10% de la población del municipio, dejando a una fracción mayoritaria al margen de los beneficios económicos de la minería estatal.
• Proporción nacional: Desde la perspectiva del sector en emergencia, el empleo asalariado minero constituye estimativamente el 15% de la fuerza laboral del país, argumentando que las medidas de presión actuales de la dirigencia no representan las necesidades del universo de trabajadores independientes o informales.

Postura estratégica ante la crisis

El posicionamiento del ampliado de desocupados también define líneas de carácter político y organizativo. El sector identifica una contradicción en la agenda de la dirigencia sindical, afirmando que las demandas nacionales han postergado la atención a los problemas de empleo estructural en las regiones de origen, una problemática que, según detallan, arrastra más de dos décadas de rezago.

Acciones futuras planificadas

Ante este panorama, el bloque resolvió adoptar una doble postura estratégica: por un lado, ratificar el respaldo a la gestión del Presidente Rodrigo Paz frente a los sectores alineados con el ala “evista” y las direcciones sindicales cuestionadas; y por el otro, planificar acciones directas de traslado hacia los puntos de conflicto si persiste la afectación al suministro de alimentos y combustibles para la población civil.

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Deterioro de carreteras Oruro-Cochabamba por bloqueos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) expresó su preocupación por el acelerado deterioro de la carretera Oruro-Cochabamba. Este deterioro se debe a los conflictos sociales y bloqueos registrados durante el mes de mayo, especialmente en el tramo Caracollo – Confital – Bombeo.

Daños reportados en la carretera

De acuerdo con reportes emitidos por las microempresas de conservación vial que realizan el monitoreo permanente de la Red Vial Fundamental, se evidencian daños significativos en distintos sectores de la carretera. Entre los daños reportados se incluyen:

• Quema de llantas sobre la plataforma asfáltica.
• Fogatas sobre la carretera.
• Movimiento de elementos de seguridad vial.
• Uso de explosivos en inmediaciones de la vía.

Comunidades afectadas

Las comunidades más afectadas son Aranjuez y Japo Kasa, donde se registró la quema de llantas y el desplazamiento de barreras de seguridad tipo New Jersey. Además, en los sectores de Sayari, Tukiñ y Cruce Tacopaya se identificó el uso de dinamita para provocar la caída de rocas sobre la carretera. Esto genera riesgos para los usuarios y compromete la estabilidad de taludes y formaciones rocosas.

Consecuencias del deterioro

La ABC advirtió que los daños visibles actualmente podrían agravarse una vez que concluyan los bloqueos. Se prevé la presencia de baches de gran magnitud, acumulación de material rocoso sobre la plataforma, afectación de la señalización vial y otros deterioros que requerirán intervenciones de emergencia para restablecer las condiciones de transitabilidad. Estas afectaciones representan costos adicionales para el Estado, ya que las reparaciones necesarias no estaban contempladas dentro de la programación regular de conservación y mantenimiento.

Declaraciones del gerente regional

El gerente regional de la ABC en Oruro, Igor Murillo, señaló: “Estas afectaciones representan costos adicionales para el Estado. Las reparaciones necesarias no estaban contempladas dentro de la programación regular”. Además, alertó sobre la disminución de recursos económicos provenientes del sistema de peajes, lo que podría afectar futuras tareas de mantenimiento y atención a emergencias en la red caminera del departamento.

Intervenciones policiales

El pasado 26 de mayo, un contingente policial y militar permaneció resguardando la zona de Parotani tras intentos por parte de sectores mineros para bloquear esta ruta vital entre Cochabamba y Oruro. La primera intervención ocurrió cuando un grupo intentó cerrar la vía; al llegar la Policía, comenzaron a lanzar cohetes y piedras. En respuesta, los policías utilizaron agentes químicos para dispersar a los movilizados, quienes detonaron dinamita provocando un enfrentamiento prolongado.

Compromiso del Ministerio de Obras Públicas

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, junto a la ABC, continúa promoviendo espacios para superar estos conflictos mientras resguardan la infraestructura vial estratégica que integra departamentos del país y sostiene la actividad económica nacional. La ABC exhorta a la población a preservar las carreteras e infraestructura pública, considerando que su conservación beneficia a todos los bolivianos y contribuye al desarrollo, integración y seguridad vial.

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“La Paz ya no aguanta”, declararon legisladores este viernes 29 de mayo a casi un mes de conflictos y bloqueos en las carreteras. Lamentaron las diversas dificultades que están pasando los ciudadanos y pidieron que los responsables sean llevados ante la justicia.

Impacto en la población

La diputada Claudia Bilbao destacó que tanto El Alto como La Paz no pueden soportar más días de bloqueos. Resaltó que muchos ciudadanos, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, enfrentan serias dificultades económicas debido a la falta de trabajo durante este mes.

“Yo también hago algo privado y sé que los alteños no van a poder pagar al banco. El alteño trabaja de albañil y su esposa de comerciante; esos dos señores no han trabajado y este mes no van a poder pagar el banco. Tienen que darnos garantía a los paceños”, exigió Bilbao, quien también preside la Brigada Parlamentaria de La Paz.

Acusaciones graves

Por otro lado, el diputado Alejandro Reyes calificó la situación en La Paz como un “crimen de guerra” que se ha prolongado por casi 30 días. Reyes responsabilizó directamente a Evo Morales, tildándolo de “genocida” y acusándolo de buscar “el exterminio de La Paz” mediante los bloqueos que han impedido el ingreso de alimentos y medicamentos.

“Este es un crimen de guerra, genocidio; por eso se lo tiene que juzgar en tribunales internacionales y nacionales a Evo Morales”, declaró el legislador.

Condiciones críticas para los ciudadanos

La diputada Lissa Claros también comentó sobre la crítica situación en La Paz, donde muchos sectores carecen prácticamente de alimentos. “¿Cómo les pides que sigan aguantando si están totalmente asfixiados? ¿Cómo pides a la gente que siga muriendo de hambre?”, criticó.

Claros enfatizó que pensar que La Paz puede seguir soportando esta situación solo alarga el sufrimiento de su población. Afirmó que los dirigentes movilizados “no les interesa el sufrimiento de la población boliviana” y que sus luchas responden a intereses particulares más que al bienestar del pueblo.

Contexto actual

Se cumplen 29 días de conflictos en Bolivia, con bloqueos y movilizaciones que exigen la renuncia del Presidente Rodrigo Paz. A pesar de las expectativas sobre los espacios de diálogo habilitados ayer, ni la Federación de campesinos Tupac Katari ni la Central Obrera Boliviana (COB), principales artífices de las medidas de presión, asistieron a las convocatorias.

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Reporte sobre bloqueos en Bolivia

Este martes 26 de mayo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó un total de 62 puntos de bloqueo activos a nivel nacional. Estos bloqueos interrumpen el tránsito en rutas neurálgicas de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.

Aumento significativo en los bloqueos

Esta cifra representa un aumento significativo respecto al informe anterior, que contabilizaba 54 puntos de interrupción. Este incremento genera severas dificultades en el transporte interdepartamental de pasajeros y afecta el abastecimiento de la canasta básica de alimentos, así como el traslado urgente de insumos médicos para los centros de salud.

Geografía del conflicto

La geografía del conflicto muestra que La Paz es el departamento más afectado, con la mayor cantidad de carreteras cerradas al tráfico vehicular. Sin embargo, también se reportan bloqueos en tramos estratégicos e interconectores de Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz. Estas medidas asfixian las principales arterias comerciales que vinculan el oriente con el occidente boliviano.

Origen de las protestas

Las protestas fueron impulsadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari desde principios de mayo. Posteriormente, otros sectores sociales se sumaron a estas movilizaciones, radicalizando las protestas y expandiendo los piquetes a lo largo del mapa vial del país. Este panorama alarmante amenaza con paralizar aún más el territorio nacional.

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Fedbampo reporta pérdidas significativas en Oruro

La Federación Departamental de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro (Fedbampo) alertó sobre un severo perjuicio económico para el sector musical. Este daño se debe a los conflictos sociales y bloqueos registrados en el país, que provocaron la suspensión de contratos y actividades previstas para mayo tanto a nivel departamental como nacional e internacional.

Impacto económico en el sector musical

El presidente de la federación, Franklin Challapa, informó que las pérdidas económicas ya superan los siete millones de bolivianos. Esta situación afecta directamente a cientos de músicos y familias que dependen de esta actividad.

Cancelación de presentaciones

Challapa explicó que varias presentaciones fueron canceladas debido a la incertidumbre generada por los conflictos y las dificultades de transporte. Esta situación impacta especialmente en Oruro, donde las bandas representan una de las principales expresiones culturales y fuentes de empleo artístico.

Preocupación por la paralización de eventos

“El perjuicio es enorme para nuestro sector, porque muchas actividades ya estaban comprometidas y contratadas”, señaló Challapa durante un pronunciamiento realizado el viernes. En este evento, la federación expresó su preocupación por la paralización de eventos.

Estado de emergencia en el sector cultural

La Fedbampo se sumó al estado de emergencia manifestado anteriormente por otros sectores musicales y culturales. Estos sectores advirtieron sobre las consecuencias económicas derivadas de la suspensión de actividades festivas, culturales y sociales.

Mayo, un mes crítico para las bandas

El sector recordó que mayo es uno de los meses con mayor movimiento para las bandas profesionales debido a fiestas patronales, entradas folklóricas y eventos culturales dentro y fuera del departamento. Por lo tanto, la paralización representa un golpe directo a sus ingresos.

Llamado a las autoridades

Los músicos pidieron a las autoridades y a los sectores movilizados encontrar mecanismos de solución que permitan restablecer la normalidad. Además, buscan evitar mayores daños económicos para trabajadores culturales que viven, principalmente, de contratos eventuales.

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La Universidad Técnica de Oruro se pronuncia ante la conflictividad

La Universidad Técnica de Oruro (UTO) decidió alzar la voz en medio de la creciente conflictividad que atraviesa Bolivia. A través de un pronunciamiento institucional aprobado por el Honorable Consejo Universitario (HCU), la casa de estudios superiores manifestó su preocupación por los conflictos sociales y bloqueos registrados en distintas regiones del país. Esta situación comienza a afectar el normal desarrollo de sus actividades académicas, administrativas y de interacción social.

Impacto en las actividades académicas y administrativas

El documento, emitido el martes 19 de mayo, sostiene que la conflictividad social y política amenaza la paz social, la vigencia democrática y el respeto a los derechos humanos. Además, dificulta el funcionamiento regular de las unidades facultativas, centros de investigación y programas desconcentrados de la universidad. La posición institucional surge en un contexto marcado por movilizaciones y bloqueos prolongados que han alterado la transitabilidad en varias rutas del país, particularmente entre Oruro, La Paz y Cochabamba.

El llamado al diálogo como solución

“El diálogo es la única forma civilizada de encontrar soluciones”, remarca el pronunciamiento universitario. En este sentido, se reconoce el derecho legítimo de los sectores sociales a expresar sus demandas, aunque se enfatiza que ninguna medida de presión debe poner en riesgo los derechos fundamentales ni la convivencia pacífica.

Dificultades para la gestión institucional

El rector de la UTO, Augusto Medinaceli, explicó que los conflictos comienzan a generar complicaciones concretas para la gestión institucional. Desde hace aproximadamente tres semanas, existen dificultades de traslado hacia otros departamentos, especialmente a La Paz, donde la universidad mantiene trámites y coordinaciones con diferentes ministerios. “Tenemos varias actividades que realizar principalmente con los diferentes ministerios para poder seguir avanzando”, señaló Medinaceli al insistir en la necesidad de encontrar canales de concertación antes de que la conflictividad se profundice.

Medidas excepcionales ante los bloqueos

La preocupación no es aislada. En semanas recientes, la propia universidad ya había adoptado medidas excepcionales para sostener la continuidad académica frente a los bloqueos. Estas medidas incluyen clases virtuales y reprogramación de evaluaciones en algunas facultades, ya que también hay puntos obstruidos en el departamento en conexiones de rutas interdepartamentales e interprovinciales.

Llamado a acciones del Gobierno central

Desde el Rectorado de la UTO también se pidió al Gobierno central acciones de pacificación. Medinaceli consideró necesario que el Ejecutivo impulse acuerdos, aun cuando reconoció la complejidad del escenario actual en La Paz. La preocupación institucional aumenta ante señales de expansión de las protestas hacia otros departamentos, como Cochabamba, lo que podría agravar los problemas de conectividad interdepartamental y el funcionamiento de instituciones públicas.

Compromiso con la democracia y autonomía universitaria

En su pronunciamiento, la UTO reafirma además su compromiso con la democracia, la autonomía universitaria y el respeto al orden constitucional como pilares para la convivencia pacífica. El documento fue resultado de una sesión del Honorable Consejo Universitario, en la que participaron autoridades académicas, representación docente, estudiantil y administrativa.

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Suspensión del desayuno escolar en La Paz

El lunes 18 de mayo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció la suspensión temporal de la entrega del Alimento Complementario Escolar programada para este martes 19 de mayo. Esta decisión se adoptó debido a los conflictos sociales y bloqueos de vías que impiden la normal producción y distribución de las raciones.

Afectación a unidades educativas

La medida afecta a las unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial del municipio paceño, según un comunicado difundido este lunes por la Secretaría Municipal de Ciudad Inteligente y la Dirección de Educación y Desarrollo Humano.

Razones logísticas y de seguridad

La Alcaldía explicó que las movilizaciones y restricciones de circulación dificultaron el abastecimiento y traslado de los productos destinados al desayuno escolar. Además, indicó que la suspensión responde a razones logísticas y de seguridad, en medio de la conflictividad social que afecta distintos puntos de la sede de Gobierno y El Alto.

Compromiso con la alimentación escolar

Asimismo, garantizó que ninguna ración será perdida. Aseguró que los alimentos serán reprogramados y entregados cuando existan condiciones adecuadas para restablecer la distribución. La Alcaldía reconoció la preocupación de madres, padres de familia y estudiantes, ya que el desayuno escolar constituye un apoyo importante para miles de niñas, niños y adolescentes del municipio.

Agradecimiento a la población

La administración municipal agradeció la comprensión de la población y reafirmó su compromiso con la alimentación y bienestar de los estudiantes paceños. Esta suspensión ocurre en medio de una escalada de bloqueos, protestas y enfrentamientos que afectan el abastecimiento y funcionamiento regular de diferentes servicios públicos y privados en La Paz.

Impacto en sectores vulnerables

Esta situación evidencia cómo los conflictos sociales e inestabilidad impactan directamente en los sectores más vulnerables, como los niños que dependen del alimento escolar. “Todas las raciones serán reprogramadas y entregadas apenas las condiciones permitan restablecer la distribución de manera segura y regular”, señala parte del comunicado oficial.

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Por Samuel Vásquez Montecinos (*)

La ciudad de Nuestra Señora de La Paz sufre las duras consecuencias de ser sede de gobierno en un país marcado por conflictos. La realidad nacional presenta déficits en diversos ámbitos. Mientras no se superen los problemas estructurales y las condiciones de vida de las mayorías en lo económico, social, político y ambiental, no se puede esperar una reducción significativa de los conflictos.

Impacto de la convulsión social

Marchas, mítines, bloqueos y enfrentamientos violentos son parte habitual del paisaje urbano que habitamos. La convulsión social frecuente ocasiona daños a la salud mental y física de los habitantes, causando trastornos, heridos e incluso muertos. Además, obstruye la movilidad urbana, perjudicando actividades de trabajo, estudio, servicios y cultura.

Esto provoca desabastecimiento y encarecimiento de alimentos e insumos de primera necesidad. También dificulta o impide gestiones ante organismos públicos y privados. Actividades económicas como comercio, transporte, turismo e industria se ven seriamente afectadas. Se ahuyentan emprendimientos e inversiones que se ven forzadas a emigrar. En resumen, la calidad de vida desciende a niveles intolerables, convirtiendo periódicamente a La Paz en una ciudad mártir.

Más información:

• Legisladores condenan violencia de maestros y mineros en La Paz
• Magisterio rechaza propuesta del Gobierno
• La justicia otorga medidas sustitutivas a aprehendidos de la COB

Destrucción del patrimonio urbano

La destrucción del ornato público, pavimentos, mobiliario urbano, áreas verdes y bienes públicos y privados se ha normalizado. Recientemente, maestros rurales realizaron graves destrozos en el edificio del Ministerio de Educación, llegando a herir a funcionarios con pedradas. Estos hechos vergonzosos demuestran que los autores no pueden ser considerados referentes ni ejemplos de vida para los niños y adolescentes que son sus alumnos.

Reflexiones sobre la educación

Viene a mi memoria el notable intelectual Mariano Baptista Gumucio, autor del libro “Salvemos a Bolivia de la Escuela”, quien decía: “Los maestros, después de titularse no leen ni el almanaque”. Las excepciones a esta regla sí existen. La ciudad es la casa grande de los ciudadanos; merece amor, respeto, cuidado y consideración, nunca maltrato ni destrucción. La mala educación prevaleciente, la inexistencia de educación ciudadana y la escasa conciencia social son factores que inciden en esta dramática situación caracterizada por las bajas condiciones de habitabilidad urbana.

Métodos de lucha y violencia

Las demandas de sectores sociales relacionadas con reivindicaciones o posiciones políticas pueden ser justas o no. Sin embargo, los métodos de lucha vigentes, emparentados con la intolerancia, la intransigencia y la violencia, están fuera de lugar. Los chicotazos, el uso de explosivos peligrosos y el uso de armas contundentes de diferentes tipos son procedimientos absolutamente ilegales e ilegítimos.

Consecuencias de la impunidad

Los destrozos no son reparados por los autores de los hechos violentos. Aquellos que son detenidos son liberados en breve tiempo sin observancia de la ley. Las reparaciones corren a cargo de los propietarios, quienes recurren a sus recursos propios o a entidades públicas que utilizan recursos estatales. Estos son abusos descarados que quedan en la impunidad.

Afectación a la población vulnerable

La afectación principal de las movilizaciones violentas no es a los niveles de gobierno, sino más bien a la población, con mayor rigor a los más vulnerables e indefensos, quienes no son causantes ni responsables de resolver los problemas que motivan las acciones masivas agresivas.

Simbolismo del escudo de La Paz

El escudo de armas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz tiene en sus bordes la leyenda: “Los discordes en concordia en paz y amor se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria”, simbolizando la reconciliación y la pacificación.

¡La Paz merece vivir en paz!

* Samuel Vásquez Montecinos
Arquitecto UMSA. Posgrado en Administración Metropolitana BID, Rio de Janeiro. Past presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz y del Colegio de Arquitectos de Oruro. Docente Emérito de la UMSA. Docente de la UTO. Director Nacional de Desarrollo Urbano. Director de Infraestructura Dep. de La Paz.

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Durante la presentación del informe “Democracias bajo presión. Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Presidente Rodrigo Paz afirmó que Bolivia atraviesa “una transición histórica”. Además, defendió la necesidad de construir una democracia que no solo garantice convivencia política, sino también resultados concretos para la población.

La utilidad de la democracia

“La democracia tiene que ser útil. Si no da resultados, no puede ser solo un mero espacio de convivencia”, expresó Paz durante su discurso. En este contexto, cuestionó el modelo económico y político aplicado en los últimos 20 años durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Críticas al modelo económico

El mandatario criticó lo que denominó “ideología de tribuna”, señalando que el país desaprovechó su potencial energético. “Después de 20 años se acabó el gas en Bolivia y se acabó la economía”, sostuvo, lamentando que actualmente Bolivia tenga que importar combustibles a pesar de haber tenido condiciones para consolidar soberanía energética.

En este marco, defendió el diálogo y el consenso como mecanismos para enfrentar los conflictos sociales. Como ejemplo, expuso que tras la reunión de 12 horas con representantes de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fencomin), se evidenciaron demandas del sector que estuvieron relacionadas con irregularidades y trabas burocráticas dentro del aparato estatal.

Un cataclismo en el modelo estatal

Paz describió el momento actual como “un cataclismo” y una ruptura con el viejo modelo estatal. “Hoy el 85% de la economía nacional es informal y sale día a día a resolver sus problemas”, señaló, cuestionando la estructura de un “Estado rentista” que controló durante años la vida política y social del país.

“Este proceso democrático de la patria es irreversible (…) aquellos que intentan del pasado destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, concluyó Paz.

Acompañamiento del PNUD

La directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, comprometió el acompañamiento del organismo a los cambios que atraviesa Bolivia en cuestión de democracia. Prometió también la materialización de promesas en resultados.

Finalmente, Muschett resaltó que la fuerza de Latinoamérica y el Caribe, además de su gente, será clave para traducir la presión en impulso y reencarnar un futuro común tanto para la democracia como para el desarrollo.

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Asosur llama al diálogo ante bloqueos que afectan a la población

La Asociación Nacional de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) expresó su “profunda preocupación ante los conflictos sociales, bloqueos y medidas de presión que vienen afectando gravemente” el tránsito de vehículos y la logística para el abastecimiento de combustibles.

Impacto de los bloqueos en la logística de distribución

Además, alertó que “los bloqueos en carreteras y rutas estratégicas afectan la logística de distribución de carburantes, incrementan los costos operativos y ponen en riesgo la continuidad del abastecimiento en distintas regiones del país”. Esto ocasiona “incertidumbre y afectación a la estabilidad económica y social”.

Consecuencias para la población y sectores productivos

En ese contexto, Asosur advirtió que “estas medidas generan severas consecuencias para la población en general, perjudicando directamente a miles de ciudadanos, sectores productivos, transportistas, comerciantes y consumidores que diariamente dependen del suministro oportuno de combustibles para el desarrollo de sus actividades”.

Exhortación al diálogo y soluciones pacíficas

Ante ese escenario, Asosur exhortó a todos los sectores involucrados en la problemática a “priorizar el diálogo, la concertación y la búsqueda de soluciones pacíficas e institucionales, evitando mayores perjuicios a la ciudadanía y a la economía nacional”. Los bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento de combustible en todo el país, afectando a toda la población y a la economía del país.

Derechos constitucionales y abastecimiento regular

La Asociación Nacional de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos reconoce plenamente el derecho constitucional a la protesta; sin embargo, considera fundamental que el ejercicio de este derecho no vulnere otros derechos esenciales de la población, como la libre circulación, el acceso a servicios básicos, el trabajo y el abastecimiento regular de productos estratégicos para el país.

Compromiso con el abastecimiento de combustibles

“Las Estaciones de Servicio privadas del país continuarán realizando todos los esfuerzos necesarios para mantener el abastecimiento de combustibles y garantizar la atención a la población dentro de las posibilidades operativas existentes”, señala Asosur en su comunicado.

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Mientras varias carreteras del país permanecen cerradas, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que los bloqueadores no tienen solicitudes específicas para ser atendidas por el Gobierno. Además, destacó que la mayoría de sus peticiones ni siquiera se enmarcan en la Constitución Política del Estado (CPE).

Gálvez afirmó que el Gobierno ya se acercó a los sectores movilizados para preguntarles cuál es el problema que deben resolver. Sin embargo, lamentó que sus peticiones no pueden ser cumplidas debido a su carencia de constitucionalidad, como la renuncia del Presidente Rodrigo Paz.

Agenda de diálogo del Gobierno

El vocero presidencial declaró: “Han cruzado el límite de lo estrictamente sectorial y sus demandas, que pueden ser legítimas, han pasado a un ámbito estrictamente político.” En contraparte, el Gobierno sigue con su agenda de diálogo y conversación. Gálvez mencionó que ya lo hicieron con las autoridades del departamento de La Paz y pronto lo harán con los demás departamentos.

Respuesta democrática a los conflictos

Gálvez aseguró que la respuesta a estos conflictos debe ser netamente democrática. En ese sentido, informó que el paquete de leyes anunciado por el Presidente pronto será remitido al Legislativo. En ese sentido, enfatizó que nada podrá detener la voluntad del pueblo boliviano de cambiar de rumbo.

El vocero enfatizó que las puertas para el diálogo están abiertas y que el Gobierno tiene claras las herramientas que le brinda la Constitución para resguardar el quehacer de la población. También subrayó que la gente quiere trabajar y se están analizando todas las opciones. Sin embargo, no confirmó si se contempla la intervención policial para despejar las carreteras del país.

Cambio en la dinámica política

Gálvez manifestó que se está saliendo de un ciclo político en el que los líderes sindicales estaban acostumbrados a conseguir sus objetivos mediante la presión. Por lo tanto, consideró necesario entenderlos, pero también les exigió respetar la voluntad popular y acercarse a dialogar para resolver problemas.

Impacto de los bloqueos en la población

“Los bloqueos perjudican a los bolivianos”, afirmó Gálvez. “Hemos visto reclamos porque no pasan medicamentos ni alimentos. ¿Esa es la forma de resolver los problemas? Pedimos sensatez a todos los que quieran protestar, pero respeten el derecho de todos los demás”, finalizó el vocero.

Contexto de los bloqueos en Bolivia

Varios sectores sociales iniciaron la anterior semana con bloqueos en carreteras. Agrupaciones indígenas pedían la abrogación de la Ley 1720 de Conversión de Tierras, mientras otros sectores como la Central Obrera Boliviana (COB) y el magisterio exigían incrementos salariales. Sin embargo, varios de los movilizados ahora exigen la renuncia del Presidente Rodrigo Paz.

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Este lunes 11 de mayo, legisladores criticaron al vicepresidente del Estado, Edmand Lara, por proponerse como mediador en medio de la crisis social que atraviesa Bolivia. Lo acusaron de ser uno de los causantes de esta situación y de no desempeñar con responsabilidad sus tareas como segundo hombre del Estado.

Reacciones de los legisladores

La diputada Claudia Bilbao descartó a Lara como mediador debido a sus declaraciones en favor del expresidente Evo Morales. Según su criterio, Lara, Morales y la Central Obrera Boliviana (COB) son quienes están llevando al país por el camino del desastre.

“Quieren arruinar a Bolivia y a nuestro departamento de La Paz. Pienso que ya no podemos con caprichos e inquietudes como las del vicepresidente. Vamos a reunirnos con todos, pero a todos se les dice lo mismo: perjudicando no vamos a poder seguir adelante”, declaró la legisladora.

Seriedad en el cargo

Por su parte, la senadora Elena Pachacute consideró que Lara debería tomar con seriedad el puesto que desempeña. Le recordó que, pese a su distanciamiento del gobierno, sigue siendo el vicepresidente y debería trabajar en lugar de victimizarse.

“Ahora debe ver que ‘otra cosa es con guitarra’. El ser político es diferente a ser tiktoker. En TikTok decía que iba a perseguir a todos los corruptos, pero la política es cuestión de resultados y de trabajo, así que manos a la obra”, manifestó la legisladora.

Disposición al diálogo

A pesar de las críticas, el vicepresidente Lara manifestó su disposición a mediar en los conflictos sociales y políticos que atraviesa el país. Aseguró que el Presidente Rodrigo Paz no es su enemigo y que ambos pueden trabajar coordinadamente por el bien de la población.

Lara señaló que, aunque no están obligados a ser amigos, existe la responsabilidad de colaborar porque fueron elegidos por la ciudadanía. En ese sentido, cuestionó la actitud de algunos ministros y del canciller, a quienes acusó de elevar la tensión en lugar de contribuir a resolver los conflictos. Además, sugirió la posibilidad de cambiar a algunos ministros para mejorar la atención a las demandas de distintos sectores sociales y evitar que los problemas continúen escalando.

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Este lunes 11 de mayo, legisladores se unieron al llamado para desbloquear las carreteras en Bolivia. Durante esta jornada, se reportaron más de 40 puntos de bloqueo, siendo los departamentos de Santa Cruz y La Paz los más afectados por las medidas de presión implementadas por distintos sectores.

Intervención policial y derechos laborales

La diputada Claudia Bilbao expresó que La Paz desea avanzar y no necesita bloqueos. Según su opinión, la Policía debería haber intervenido en los puntos de bloqueo, ya que considera que la motivación detrás de estas acciones son las “dictaduras sindicales” que perdieron beneficios con gobiernos anteriores.

Aunque reconoció que la intervención de las fuerzas del orden puede no ser la mejor solución, enfatizó que unas pocas personas no pueden vulnerar el derecho al trabajo del resto de la población, especialmente en La Paz.

Prioridad a la Ley Antibloqueos

Por su parte, la diputada Julieta Jiménez solicitó que se priorice el tratamiento de la Ley Antibloqueos, argumentando que estas medidas de presión “están matando al pueblo de hambre”. Pidió al presidente de la Comisión de Justicia Plural, Manolo Rojas, que agilizara el trabajo legislativo.

“Tenemos que debatir esta ley porque ya es suficiente con los bloqueos y paros; quien se perjudica es el pueblo, quien no tiene comida en la mesa es la ama de casa, quien no come son los niños”, cuestionó Jiménez.

Impacto en servicios esenciales

Finalmente, la diputada Cecilia Vargas denunció que desde sectores como Patacamaya y Pucarani, los bloqueadores impiden el paso de ambulancias. Esto obliga a los pacientes a recorrer tramos de hasta siete horas y muchos vehículos que trasladan enfermos llegan con las llantas pinchadas.

Vargas enfatizó que estos factores ponen en riesgo la vida de los pacientes y que la actitud violenta de los bloqueadores pone en peligro al personal de salud. Reconoció el derecho a protestar, pero subrayó que un derecho no puede estar por encima de otro, especialmente el derecho a la vida.

Situación actual del tránsito

El Mapa de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 41 puntos bloqueados este lunes. Siete departamentos enfrentan esta medida de presión; sin embargo, La Paz y Santa Cruz son los más afectados.

Los cortes de ruta responden a conflictos sociales liderados por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub), que convocó a un paro con bloqueos este lunes. Además, sectores campesinos también realizan movilizaciones en todo el territorio nacional, cerrando distintas rutas en La Paz, incluyendo la carretera que conecta este departamento con Oruro.

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Ante la persistencia de carreteras bloqueadas en Bolivia, especialmente en La Paz y Santa Cruz, diversos sectores anunciaron el lunes 11 de mayo su intención de organizarse para liberar las vías si no se logran los acuerdos necesarios para solucionar los conflictos sociales.

Declaraciones de líderes sectoriales

Guido Sánchez, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), expresó que se verán “obligados a salir” a desbloquear. Afirmó que han sido respetuosos y esperaron que los conflictos con los movilizados se solucionen, pero hasta ahora no hay progreso.

Sánchez declaró: “Vamos a vernos forzados a salir a desbloquear. El gobierno recién está seis meses y es muy pronto para hacer una evaluación. Hay formas también de sacar un gobierno, pero en estos seis meses no podemos de manera radical querer cerrarlo”.

Impacto en la actividad minera

El dirigente pidió a los sectores movilizados, especialmente a aquellos pertenecientes a las 16 provincias de La Paz, que busquen una solución definitiva para levantar los bloqueos lo antes posible. Esto es crucial ya que los mineros auríferos comienzan sus actividades ahora que acabaron las lluvias, y las carreteras cerradas perjudicarán directamente su labor.

Sánchez confirmó que el gobierno se comprometió a liberar las carreteras hasta hoy. En caso de que las vías sigan cerradas mañana, cumplirán con los desbloqueos, lo que calificó como un “pedido clamoroso de las bases”.

Convocatoria a un ampliado nacional

David Alarcón, presidente de las zonas periurbanas de El Alto, anunció la convocatoria a un ampliado nacional para emitir un voto resolutivo que instruya el desbloqueo. En este sentido, pidió a gremiales, transportistas, juntas escolares y todos los sectores de la urbe alteña sumarse a esta medida.

Alarcón afirmó: “Ya no podemos permitir que estos dirigentes dinosaurios que están volviendo a aparecer colapsen el departamento de La Paz. Ustedes verán que en Santa Cruz y Cochabamba sigue la economía; siempre el departamento de La Paz hemos llevado la cruz”.

El dirigente recalcó que el gobierno ya abrogó la ley 1720 y que el problema de la gasolina desestabilizada está prácticamente resuelto. Sin embargo, criticó que lo único que buscan los movilizados es provocar la renuncia del Presidente Rodrigo Paz y generar un enfrentamiento entre bolivianos.

Situación actual de bloqueos en Bolivia

Bolivia lleva días con carreteras bloqueadas. Para esta jornada se reportaron al menos 41 puntos de bloqueo, la mayoría ubicados en los departamentos de La Paz y Santa Cruz. Los sectores movilizados como la Central Obrera Boliviana (COB), el magisterio y organizaciones indígenas comenzaron sus medidas de presión pidiendo incrementos salariales y abrogaciones de leyes; sin embargo, ahora lo que piden es la renuncia del mandatario.

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Doce puntos de bloqueos en La Paz y Beni

Este jueves 7 de mayo de 2026, Bolivia enfrenta una crisis de transitabilidad debido a doce puntos de bloqueo reportados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) hasta las 06:30 horas. Los bloqueos se concentran principalmente en los departamentos de La Paz y Beni. Hasta la noche del miércoles, el único punto en Santa Cruz fue levantado.

Puntos de bloqueo en La Paz

En La Paz, se registran siete puntos de bloqueo por conflictos sociales, ubicados en:

• Patacamaya
• Villa Remedios
• Cruce Luribay
• Santiago de Machaca
• Tramo Viacha
• Caranavi
• Santa Bárbara

Puntos de bloqueo en Beni

Por otro lado, en Beni, los bloqueos se encuentran en:

• Río Colorado
• Comunidad Nuevo Horizonte
• Puente Yucumo
• San Ignacio
• La Enramada

Causas de los bloqueos y demandas sociales

La medida de presión proviene principalmente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos, que instruyó a sus bases a realizar un bloqueo general de caminos indefinido desde el 6 de mayo. Según el documento emitido por esta federación, los puntos de bloqueo estarán instalados en las siguientes vías:

• Carretera La Paz – Oruro
• Vía internacional a Desaguadero
• Ruta a Copacabana
• Carretera a Caranavi
• Caminos hacia Río Abajo

Dificultades del sector transporte

Los conflictos también incluyen demandas de la Federación Nacional de Transporte, quienes exigen resarcimientos por daños ocasionados por el combustible y mejoras en las carreteras. Sin embargo, tras una reunión con el presidente Rodrigo Paz, las medidas de presión del sector transporte fueron levantadas.

Impacto en la economía y transitabilidad del país

La persistente inestabilidad social en Bolivia se refleja en los dieciséis puntos de bloqueo que paralizan importantes vías. Esto demuestra que, a pesar de algunos acuerdos gubernamentales, la conflictividad sigue siendo un desafío nacional con graves repercusiones en la transitabilidad y la economía.

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Bloqueos masivos en Bolivia

Hasta las 10:00 horas del martes 5 de mayo, Bolivia enfrenta una masiva interrupción del tránsito a nivel nacional. Esta situación responde a un paro de 24 horas liderado por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. Los transportistas han tomado medidas de presión para denunciar la deficiente calidad del combustible distribuido y la falta de un abastecimiento oportuno.

Demandas de los transportistas

Además, exigen un resarcimiento económico por los daños mecánicos que la denominada gasolina ‘desestabilizada’ habría provocado en sus herramientas de trabajo. Los reclamos incluyen también el precario estado de mantenimiento de las carreteras nacionales y la crítica escasez de cilindros necesarios para la conversión a Gas Natural Vehicular (GNV).

Puntos neurálgicos del país

La geografía de la protesta se extiende por puntos neurálgicos del país:

• En el Beni, el Sindicato de Taxis Germán Busch y el Transporte Pesado Moxos han sitiado la altura del cuartel San Severino en Trinidad, cortando totalmente la conexión hacia Santa Cruz.
• La sede de gobierno sufre el cierre de la autopista entre La Paz y El Alto, además de cortes estratégicos en el tramo Santa Bárbara – Caranavi – Palos Blancos.
• En Cochabamba, hay interrupciones severas en las rutas que conectan con Quillacollo, Suticollo, Quintanilla y Sacaba.
• En Oruro, los bloqueos se mantienen activos en el puente La Joya y en el sector de Llallagua, afectando la Diagonal Jaime Mendoza.
• Finalmente, en Santa Cruz, los transportistas se movilizan en Santa Rosa del Sara por la crisis del combustible; además, en la zona de los Valles cruceños, el tráfico está paralizado debido a derrumbes naturales que complican aún más el panorama.

Reporte oficial de ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte oficial detallando que se han consolidado 65 puntos de bloqueo a lo largo de la Red Vial Fundamental del país.

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El Comité Cívico Departamental de La Paz emitió un voto resolutivo este jueves 30 de abril de 2026, donde se opuso a la convulsión social en La Paz. Ante los conflictos anunciados para los próximos días, la organización instó a buscar soluciones mediante el diálogo, con el fin de no afectar a la población paceña.

Conflictos sociales y bloqueos de carreteras

Adalid Días, presidente ejecutivo del Comité Cívico, enumeró los conflictos que se aproximan a la sede de Gobierno. En primer lugar, mencionó que los dirigentes de trabajadores campesinos del occidente anunciaron bloqueos de carreteras, lo que podría impedir el paso de alimentos y medicamentos.

Además, la Central Obrera Boliviana (COB), junto con el magisterio y choferes, planean realizar marchas escalonadas exigiendo incrementos salariales. Finalmente, se prevé el arribo a La Paz de la marcha campesina en contra de la Ley 1720.

Derechos y bienestar común

Desde el Comité Cívico, se reconoció que es un derecho legítimo demandar reivindicaciones. Sin embargo, también se enfatizó que la ciudadanía tiene derecho a vivir en bienestar común, sin ser perjudicada en su libre locomoción o ejercicio laboral. En este contexto, Días exhortó a las organizaciones a mantener la paz social y a que sus demandas sean atendidas por las autoridades competentes a través de mesas de diálogo.

Consecuencias de la confrontación

Días advirtió que “la confrontación solo impulsará un conflicto social-político que perjudicará a todos los habitantes de La Paz y del país”. Resaltó que Bolivia enfrenta una situación económica crítica heredada de gobiernos anteriores, lo cual agrava aún más el panorama actual.

Rechazo a intereses políticos-partidarios

El Comité Cívico rechazó cualquier movimiento destinado a crear convulsiones sociales con intereses políticos-partidarios, ya que estos pueden dejar huellas dolorosas en la población. Asimismo, se declaró en defensa de la democracia, el estado de derecho y la unidad del país.

Llamado a la unidad nacional

Días concluyó su declaración afirmando: “La Paz y el país requieren hombres y mujeres que se identifiquen con su patria y no personajillos nefastos que buscan sus intereses personales en perjuicio de la tranquilidad del país”.

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Tras las declaraciones del Presidente Rodrigo Paz, quien afirmó no temer a las movilizaciones sociales, parlamentarios cuestionaron su postura. Este lunes 27 de abril, pidieron trabajar para solucionar las demandas de los movilizados lo antes posible.

Críticas a la postura del Presidente

El senador José Sánchez consideró que las declaraciones del Presidente son una falta de respeto. Según él, hay conflictos de gran magnitud que deben ser atendidos. No solo el pliego de la Central Obrera Boliviana (COB) es relevante, sino también la situación de la gasolina y la creciente delincuencia en Santa Cruz.

En este sentido, Sánchez solicitó convocar a un diálogo para determinar el incremento salarial. Sin embargo, enfatizó que la prioridad debe ser solucionar el tema de los combustibles. La gasolina contaminada y la falta de diésel siguen causando daños económicos a toda la población.

Opiniones de otros legisladores

Por su parte, la senadora Tomasa Yarhui expresó que las declaraciones de Rodrigo Paz no deberían inclinarse hacia el desafío, sino hacia la búsqueda de soluciones. Explicó que si se ofrecen respuestas a la gente, no habrá bloqueos ni marchas. Sin embargo, advirtió que mientras esto no suceda, organizaciones como la COB, el magisterio y los médicos continuarán en las calles.

“Se le está juntando peligrosamente varias organizaciones en son de descontento”, declaró Yarhui. Agregó que el gobierno no debe desafiar a los movilizados; más bien, debe encontrar soluciones. “Cuidado que esto crezca como un globo y luego no pueda solucionarse”, advirtió.

Demandas atendidas y críticas políticas

Finalmente, la diputada Claudia Bilbao enfatizó que algunas demandas de sectores clave como el magisterio fueron atendidas. En relación al bloqueo de cisternas en El Alto, aseguró que es un monopolio manejado por cinco familias. Consideró que muchas movilizaciones tienen un afán político y que algunos sectores buscan desestabilizar al gobierno.

Declaraciones del Presidente Rodrigo Paz

El Presidente Rodrigo Paz aseguró que no teme a las movilizaciones sociales, sino a la falta de respuestas para el futuro de Bolivia. Emitió estas palabras durante su primera reunión con los gobernadores electos del país, quienes serán posesionados el próximo 4 de mayo.

“El país nos está dando una lección extraordinaria”, afirmó Paz. “Bolivia quiere cambio. Yo no le tengo miedo. No les tengo miedo ni a las movilizaciones ni a las marchas”, concluyó el mandatario en un video difundido en sus redes sociales.

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Distribución de conflictos por trimestres

Según el informe de la Defensoría, el segundo trimestre del año fue el que concentró la mayor cantidad de conflictos, con 267 casos registrados. Le sigue el primer trimestre, que tuvo 201 conflictos. En el tercer trimestre se contabilizaron 186 conflictos, mientras que en el cuarto trimestre se reportaron 187. Esto indica una alta recurrencia de conflictos a lo largo de todo el año.

Patrón histórico de conflictividad

César Rojas, jefe de la Unidad de Diálogo y Cultura de la Paz de la Defensoría del Pueblo, explicó que el patrón histórico de conflictividad en Bolivia se sitúa en aproximadamente 362 conflictos por año. Esto implica que, en promedio, se produce al menos un hecho conflictivo cada día en alguna parte del país. Este comportamiento ha sido constante durante las últimas cinco décadas.

“Esto significa que prácticamente cada día en algún punto del país se está produciendo algún conflicto. Y en este patrón venimos hace 50 años de manera recurrente”, afirmó Rojas, según lo citado por El Deber.

Comparación con años anteriores

Rojas también señaló que, al comparar estos datos con el promedio histórico, el año 2025 se destacó como un periodo especialmente conflictivo. Indicó que los mayores picos de conflictos se registraron en los dos primeros trimestres del año y que la mayoría de las demandas estaban relacionadas con cuestiones económicas.

Además, mencionó que durante el anterior periodo de gobierno, que estuvo marcado por una crisis económica, los niveles de conflictividad aumentaron. Con el cambio de administración, se observó una ligera reducción en los conflictos, aunque esta disminución no fue suficiente para cambiar la posición de Bolivia en el contexto regional.

Umbral de conflictividad en la región

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los países que superan los 300 conflictos anuales son considerados altamente conflictivos. Bolivia excedió ampliamente este umbral en 2025, lo que resalta la gravedad de la situación.

Conclusiones del informe

El informe concluye que la conflictividad social ha dejado de ser un fenómeno excepcional para transformarse en un rasgo regular del comportamiento social en el país. Esto plantea serios desafíos para la estabilidad y el desarrollo en Bolivia.

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Si bien desde la noche del domingo comenzaron a levantarse de manera gradual algunos puntos de bloqueo, fue recién durante la jornada del lunes que se logró el tránsito total. Esto fue posible gracias a la limpieza de caminos y la habilitación de tramos que aún permanecían obstruidos durante la mañana.

Confirmación del servicio

La normalización del servicio fue confirmada este lunes por la tarde mediante un comunicado oficial de la Estación de Autobuses Oruro. En este comunicado, se informó a la población que las salidas hacia todos los destinos nacionales estaban nuevamente habilitadas, recomendando a los usuarios que tomaran debida nota de la disposición.

Impacto en pasajeros y operadores

Durante los días de conflicto, tanto operadores de transporte como pasajeros expresaron su descontento por los perjuicios ocasionados ante la falta de transitabilidad. Esta situación generó retrasos, pérdidas económicas y complicaciones para quienes tenían conexiones aéreas u otros compromisos impostergables.

Al respecto, la responsable de Comunicación de la Estación de Autobuses Oruro, Eva Arias, explicó que de manera excepcional se mantuvieron abiertas las instalaciones del recinto. Esto se debió a la presencia de pasajeros que no podían retornar a sus hogares y se quedaron a dormir.

Situación de los pasajeros

“No hemos podido cerrar las puertas, porque había varias personas, adultos mayores y niños; incluso extranjeros que tenían que viajar por carretera y luego tomar su avión. Muchos se han quedado a dormir acá”, sostuvo Arias.

En días anteriores, muchos “surubies” realizaron viajes por rutas alternas, llegando a su destino en más del doble de su tiempo habitual.

Reanudación de operaciones

Se confirmó la reanudación de las rutas y los viajes. Desde la administración de la terminal se indicó que las operaciones volvieron a la normalidad, esperando que no se registren nuevos conflictos que afecten el flujo regular del transporte interdepartamental.

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El viernes, tras un breve encuentro entre el gobierno central y los dirigentes de la COB, se acordó que se exigirían por escrito las observaciones a la normativa vigente.

Bloqueos en diferentes departamentos

Aunque la mayoría de los puntos de bloqueo se encuentran en el departamento de La Paz, también se han registrado en Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. En este último departamento, se estima que los bloqueos están ubicados en cuatro municipios: Yapacaní, Mairana, San Julián y Guarayos. Esto ha cerrado el paso de la capital cruceña hacia Beni y el occidente del país.

Diálogo en cuarto intermedio

Los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Economía, José Gabriel Espinoza, informaron que el diálogo con la COB ha entrado en un cuarto intermedio. En una conferencia de prensa, explicaron que se ha decidido dar un tiempo para que durante ese periodo, los dirigentes de la COB realicen por escrito sus observaciones al Decreto Supremo 5503.

El ministro Lupo explicó que la posición de la COB desde el inicio fue que el decreto 5503 contenía artículos buenos y otros que ellos cuestionaban. “Nosotros en todo momento estuvimos abiertos a discutir cuáles eran esos artículos que se observaban. Aceptamos corregir varios artículos que ellos señalaban, lo que parecía una solución satisfactoria”, añadió.

Reacción de la COB

Sin embargo, el ministro agregó que este viernes, la COB regresó a la reunión con la misma postura de abrogación total del decreto 5503, lo cual es inaceptable para el gobierno, según lo que se ha discutido.

El diálogo entre el gobierno nacional y la COB ha vuelto a entrar en cuarto intermedio. Esta vez, se espera que los dirigentes cobistas expresen por escrito sus observaciones a la normativa vigente.

Calificación del gobierno

Desde la COB, la respuesta fue calificar al gobierno nacional de “insensible”.

“Lastimosamente hemos visto la poca falta de sensibilidad que tiene con este pueblo movilizado. Mis compañeros que están en las carreteras, en los nueve departamentos y en los piquetes de huelga de hambre, están movilizándose por una reivindicación justa, porque no queremos que este país sufra”, dijo Argollo en conferencia de prensa la noche del viernes.

Convocatoria a un ampliado

Se conoce que este sábado a las 14:00 horas, la dirigencia de la COB convocó a un ampliado para analizar el diálogo sostenido con el gobierno central el viernes.

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Hasta las 10:40 horas de este viernes, se confirmaba que cinco departamentos estaban afectados por el cierre de carreteras. La Paz es el más impactado, con 23 puntos de bloqueo registrados.

Incremento de bloqueos en otras regiones

Otras regiones también han visto un aumento en la cantidad de bloqueos. Oruro tiene 8 puntos, mientras que Cochabamba reporta 7. Potosí cuenta con 6 bloqueos y Santa Cruz presenta 4.

Debido a su ubicación, Cochabamba se encuentra prácticamente aislada del resto del país. Esto se debe a los bloqueos en la carretera hacia el occidente, así como en las rutas nueva y antigua hacia el oriente, además de la vía al sur, lo que deja a este departamento incomunicado.

Situación en La Paz

En La Paz, las vías hacia diversos destinos, incluyendo la ruta Desaguadero que conecta con la frontera, están completamente cerradas. Diferentes sectores han tomado el control de los accesos para impedir la circulación, especialmente de vehículos.

Causas de los bloqueos

Los bloqueos son consecuencia de conflictos sociales, en su mayoría liderados por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB). Estos grupos rechazan el Decreto Supremo 5503 y exigen su abrogación.

Las medidas de presión, que han estado en marcha desde el lunes, están causando daños significativos no solo a la población, sino también a varios sectores, incluyendo el turismo, el transporte y la producción.

Postura del Gobierno

En medio de estas movilizaciones, el viceministro de Coordinación de Gestión Pública, Julio Linares, ha afirmado que “el decreto 5503 no será abrogado, pero sí puede ser modificado en algunos artículos”.

Esta postura ya había sido comunicada por otras autoridades del gabinete de Rodrigo Paz. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado disposición para modificar la normativa en cuestión.

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El clásico entre CAN y Carl A-Z deberá esperar un poco más para su desarrollo. La medida responde a la situación conflictiva que atraviesa el país, con múltiples puntos de bloqueos que dificultan el traslado seguro de las delegaciones.

La FBB prioriza la integridad de las deportistas y señala que la competencia se reanudará una vez restablecido el orden y la seguridad. Entre los encuentros afectados se encuentra el partido entre Leones y Club Tenis La Paz, programado para este viernes por la noche. También se suspende el duelo entre Universitario de Tarija y Alemán de Oruro, previsto para el domingo 11 de enero, en el coliseo “Luis Lazzo Quinteros”.

El clásico orureño entre CAN y Carl A-Z, que debía disputarse el sábado 10 de enero, también queda postergado. La masificación de bloqueos generó preocupación en la dirigencia federativa, que decidió actuar preventivamente.

Esta nueva postergación representa una complicación logística y económica para los clubes. Varios equipos habían retomado sus entrenamientos y convocado a sus jugadoras para afrontar la fecha. Sin embargo, algunas delegaciones quedaron varadas en las ciudades donde residen sus clubes, lo que implica gastos adicionales en hospedaje, alimentación y transporte, además de alterar la planificación deportiva.

La Libofem 2025 ya había sufrido reprogramaciones, y esta nueva suspensión prolonga aún más el calendario. La Federación agradeció a los clubes por su comprensión y colaboración para evitar mayores inconvenientes. Esta situación también pone en duda el desarrollo de otras competencias de carácter nacional que la FBB había programado con anticipación para este mes de enero, las cuales quedaron en la incertidumbre sobre la oficialización de su desarrollo.

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A las 06:00 horas de este miércoles se reportaban 13 bloqueos; sin embargo, en las últimas horas se sumaron otros 2 puntos. De estos bloqueos, 7 se concentran en el departamento de La Paz, mientras que el resto se encuentra en Pando, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca.

Detalles de los bloqueos

Según los datos, en La Paz, 2 de los bloqueos se encuentran en Laja, en la carretera a Tiahunacu, en Guaqui, en el sector de Santa Ana, en el sector de Cruce Peñas y el más reciente en el sector de Chama.

Otros 4 puntos se concentran en el departamento de Pando, en la vía El Sena – El Choro, en la comunidad Batrajas, comunidad Santa Elena y Villa Rojas. Además, otro se encuentra en Konani, en la vía entre Oruro y La Paz.

Asimismo, se instaló un bloqueo en Cruce Culta en Potosí, en la ruta Ocuri – Tahurreja, en Chuquisaca. Finalmente, hay un bloqueo en Ascensión de Guarayos, en la ruta entre Santa Cruz y Beni.

Motivos de los bloqueos

La ABC señala que los bloqueos están relacionados con conflictos sociales. La mayoría de estos bloqueos estarían encabezados por sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la abrogación del decreto supremo 5503. Sin embargo, algunos bloqueos son por otros problemas más locales.

Las determinaciones se asumen después de que durante la tarde del lunes, la COB abandonara el diálogo con el Gobierno central. Tras un ampliado de emergencia, decidieron convocar a un bloqueo nacional de caminos.

Convocatorias y posibles cortes

Además, se realizó una convocatoria a una marcha y posterior bloqueo para este miércoles por parte del sector de interculturales de Yapacaní. Esto representa un posible corte en la carretera nueva entre Santa Cruz y Cochabamba.

La convocatoria estaba anunciada para las 07:00 horas; sin embargo, hasta pasadas las 08:30 horas no se tenía información sobre el inicio de estas medidas de presión, por lo que esta ruta continuaría expedita.

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El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que, tras concluir una primera ronda de conversaciones con diferentes sectores, se ha decidido avanzar hacia una etapa de análisis técnico. Este análisis se centrará en las observaciones específicas de cada gremio sobre la nueva política de hidrocarburos.

Convocatoria a sectores clave

La invitación se hizo de manera clara a la Central Obrera Boliviana (COB) y a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Estos sectores llevan 8 días en movilizaciones y mantienen una huelga general indefinida, exigiendo la anulación de la norma.

Los ministros de la Presidencia, Economía y Gobierno indicaron que las reuniones se realizarán en Palacio Quemado. En un gesto de transparencia, se espera que estas sesiones cuenten con la presencia de los medios de comunicación, para que la población esté informada sobre el contenido “de fondo” del decreto.

Reuniones previas y demandas

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó que en los encuentros anteriores con los sectores de transporte, gremiales, mineros cooperativistas y agropecuarios se encontraron puntos de acuerdo importantes.

Espinoza enfatizó que, más allá del tema de los combustibles, han surgido demandas que han estado postergadas por 20 años en áreas tributarias, aduaneras y de infraestructura. Según el ministro, el DS 5503 es parte de un proceso de estabilización necesario para corregir los “desarreglos heredados” de administraciones económicas pasadas.

Críticas a la dirigencia cobista

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lanzó una crítica hacia la dirigencia de la COB. Oviedo advirtió que la negativa al diálogo sugiere que el objetivo de las protestas no es técnico, sino que busca el “enfrentamiento entre bolivianos”.

El Ejecutivo sostiene que la norma es “perfectible” y que existe una apertura total para ajustar los instrumentos legales, siempre que se mantengan dentro del marco de la legalidad y la estabilidad económica del país.

Perspectivas del diálogo

Finalmente, las autoridades reiteraron que el proceso de diálogo tiene como finalidad evitar que el conflicto social se agrave en un contexto de alta sensibilidad económica. Mientras el Gobierno apuesta por las mesas técnicas para “destrabar” la crisis, la COB mantiene su posición de que el decreto tiene “vicios de nulidad” y no fue socializado adecuadamente.

Esto deja el panorama en una tensa espera hasta la jornada de este miércoles en la sede de Gobierno.

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Arce, quien se encuentra detenido preventivamente por presuntos actos de corrupción, advirtió sobre el impacto negativo que esta decisión tendrá en el costo de vida. También mencionó la posibilidad de que surjan conflictos sociales como consecuencia de esta acción.

Rechazo a la medida

El exmandatario expresó su rechazo a la eliminación de la subvención y afirmó que esta acción representa un golpe para la población trabajadora, tanto para quienes tienen un salario como para aquellos que no lo tienen, en áreas rurales y urbanas. Según él, ahora la población enfrentará un aumento en el costo de vida.

Arce ha estado en detención preventiva desde hace una semana, por un periodo de 5 meses, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción. Estos están relacionados con desembolsos de un fondo destinado a proyectos indígenas, cuando él era ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales, que se extendió de 2006 a 2019.

Impacto del decreto

El exmandatario señaló que la disposición contenida en el Decreto Supremo 5503 podría haberse implementado de una manera menos agresiva. Sugirió que se podría haber fortalecido la democracia participativa mediante un referéndum y promovido el debate en la Asamblea Legislativa.

Arce advirtió que existen antecedentes negativos de decisiones similares tomadas sin el respaldo social necesario. Esto podría llevar a un deterioro de la paz social y a escenarios de conflicto.

Nuevos precios de combustibles

El decreto aprobado por el gobierno establece que el precio de la gasolina especial será de 6.96 bolivianos por litro, la gasolina premium costará 11 bolivianos y el diésel se fijará en 9.80 bolivianos. Estas nuevas tarifas representan un incremento del 86% en el precio de la gasolina y del 162% en el diésel, en comparación con los precios subvencionados que estuvieron vigentes durante más de 20 años.

La eliminación de la subvención también se acompaña de un aumento en el salario mínimo nacional, que pasará de 2,750 a 3,300 bolivianos. Además, se incrementan los bonos para estudiantes del sistema público y la renta para adultos mayores que no han aportado a la seguridad social.

Consecuencias para la población

Al respecto, Arce indicó que las personas con mayores ingresos deberían asumir el costo del precio internacional de los combustibles. También destacó que el costo para el transporte público debería mantenerse.

Asimismo, advirtió que el aumento en el precio de la gasolina especial y el diésel impactará directamente en los costos de la cadena productiva, encareciendo la producción de alimentos. Esto, a su vez, se trasladará a los precios al consumidor, provocando un aumento considerable de la inflación.

El exmandatario también mencionó que las compensaciones anunciadas por el gobierno son insuficientes frente al incremento del precio de los combustibles y la inflación general.

Advertencias sobre la subvención

“Siempre advertimos que levantar la subvención no iba a resolver ni el problema del abastecimiento de combustibles ni la escasez de dólares”, afirmó Arce. Es considerado uno de los principales impulsores del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, aplicado durante su gestión y la de Morales.

Es importante recordar que a finales de 2010, cuando Arce era ministro, el gobierno aprobó un decreto que elevó el precio de los combustibles entre un 57% y un 82%. Esta medida fue revertida tras una fuerte protesta social.

Por su parte, el gobierno ha asegurado que mantener la subvención implicaría en 2026 un gasto de 3,500 millones de dólares, lo que equivale al 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB).

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Mientras la justicia avanza en este caso, el Gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, ha lanzado denuncias sobre la organización de los bloqueadores. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que los comunarios que se enfrentaron a la Policía estaban “organizados” y contaban con financiamiento, drones y aparatos explosivos, lo que demuestra una “evidente planificación”.

Las autoridades gubernamentales sostienen que el conflicto se intensificó debido a la preparación de los movilizados. El viceministro René Calla denunció que se utilizaron petardos con dinamita, los cuales fueron calificados como “morteros artesanales”. Además, mencionó que los policías fueron disparados, perseguidos por kilómetros y despojados de equipos, armamento y teléfonos celulares.

Equipamiento de los comunarios

El ministro Oviedo señaló que estos grupos contaban con “drones, explosivos, vehículos y dinero”, lo que indica que no fue un hecho “casual”. Calla no descartó la posibilidad de que los grupos organizados en torno a la toma de tierras por el vertedero tengan vínculos con organizaciones afines al expresidente Evo Morales.

Investigaciones en curso

La Fiscalía de Cochabamba ha abierto tres investigaciones principales relacionadas con el enfrentamiento. Este conflicto ocurrió cuando un contingente policial intervino en el bloqueo que los comunarios mantenían por 12 días debido a un conflicto de límites.

En la actualidad, hay nueve personas aprehendidas, de las cuales ocho son comunarios y un es un policía. Las investigaciones se centran en homicidio, debido a las dos muertes, así como en lesiones graves y gravísimas, e instigación a delinquir.

Delitos en investigación

El fiscal Osvaldo Tejerina añadió que también se están investigando los delitos de porte y portación de armas, asociación delictuosa y asociación criminal. El efectivo policial aprehendido está siendo investigado por presunto homicidio, mientras que los comunarios son sindicados por los otros delitos mencionados.

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Con una duración de casi una hora, el documental detalla los momentos más significativos de los cerca de 5 años de gobierno de Arce. Incluye testimonios, imágenes de archivo y datos económicos. Según el documental, en 2021 se registraron 2,487 conflictos; en 2022, 3,162 conflictos; en 2023, 1,813 conflictos; en 2024, 1,350 conflictos; y 2025 fue calificado como “la batalla final versus la defensa de la democracia”.

Desafíos del gobierno de Arce

El documental inicia señalando que Arce asumió la presidencia en un país con la tasa de letalidad por Covid-19 más alta de la región. Además, enfrentó una inflación “alarmante”, desempleo y “groseros hechos de corrupción”. Por lo tanto, los desafíos más urgentes eran atender la pandemia, sostener a las familias desamparadas, recomponer el sistema de salud y educativo, reactivar la economía y generar empleo.

Para abordar estos problemas, se destinó el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) para enfrentar la pandemia. La tasa de letalidad de Covid-19 disminuyó del 7% a menos del 1% en todo el país, un logro que el Gobierno atribuyó a sus políticas implementadas.

Crecimiento económico y conflictos

El documental también sostiene que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo generó un crecimiento económico del 6.1%. Sin embargo, se menciona que en 2021 comenzaron las amenazas para desestabilizar y acortar el mandato del gobierno.

Asimismo, el documental recorre episodios de confrontación política, social y económica. Se destacan los bloqueos de carreteras que causaron pérdidas económicas significativas. Se recuerda un bloqueo que se extendió por 36 días en 2023, relacionado con el Censo de Población y Vivienda, llevado a cabo por cívicos cruceños. También se menciona un bloqueo en 2025, protagonizado por afines a Evo Morales, que buscaban habilitar su candidatura a pesar de estar constitucionalmente inhabilitado.

Bloqueos y crisis económica

El documental también aborda el “bloqueo” a proyectos de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que estaban orientados a obtener créditos externos para obras públicas e infraestructura. “Los efectos de la guerra híbrida planificada y desplegada por la derecha, el evismo y Estados Unidos, sientan las bases para la escasez de dólares, falta de combustibles, incremento de la inflación y desabastecimiento de algunos productos”, explica una parte del audiovisual.

Se mencionan las medidas adoptadas por Arce para reponer hidrocarburos, cuya producción cayó debido a la falta de exploración y explotación durante el gobierno anterior del MAS. En menos de 5 años, se lograron 18 pozos exploratorios exitosos para incrementar esta producción, destacando el campo Mayaya como el principal descubrimiento.

Justificación del presente político

El documental busca justificar la situación política actual y la crisis económica que ha generado escasez de combustible, falta de divisas y un aumento en la inflación. A través de estos relatos, se intenta ofrecer una visión del contexto en el que se desarrolla la gestión de Luis Arce.

/KMMN

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Según la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), esta medida genera pérdidas estimadas en Bs 17,6 millones solo para esta jornada.

Conflictos sociales en aumento

El reporte actualizado de la Unidad de Análisis Económico de la FEPC indica que, hasta la fecha, se han registrado 389 conflictos sociales en el departamento en lo que va de 2025. Además, se contabilizan 35 días de bloqueo de rutas estratégicas. La afectación económica total asciende a Bs 1.677,1 millones, cifra que refleja el deterioro progresivo de las condiciones para la actividad empresarial y productiva.

Impacto en sectores clave

Las consecuencias de estos bloqueos se sienten de manera inmediata en al menos tres sectores clave. En logística y transporte, el tránsito de carga está suspendido, lo que obliga a desvíos por rutas alternas. Esto genera mayores tiempos de traslado, incrementa los costos operativos y pone en riesgo la cadena de distribución. El cumplimiento de contratos y el acceso a insumos también se ven comprometidos.

En el sector de manufactura, la interrupción del flujo de materias primas pone en riesgo la continuidad de las líneas de producción y dificulta el despacho de productos terminados a mercados nacionales e internacionales.

El turismo también se ve afectado, con la cancelación de reservas, la reducción de estadías y el deterioro de la accesibilidad, lo que perjudica el posicionamiento del destino Cochabamba.

Efectos económicos del bloqueo

El informe técnico difundido por la FEPC señala que “el bloqueo prolongado distorsiona los canales de comercialización, incide sobre los precios relativos y erosiona la capacidad de compra de la población”. Además, advierte que la repetición de estas medidas de presión impide la estabilización económica, reduce la operatividad empresarial y frena las inversiones en un contexto de inflación y escasez de divisas.

Declaraciones de la FEPC

Juan Pablo Demeure, presidente de la FEPC, destacó que los efectos del conflicto van más allá del departamento. “La persistencia de bloqueos en rutas estructurales afecta la logística nacional, debilita las exportaciones y compromete los ingresos externos necesarios para la estabilidad económica del país”, expresó.

La federación empresarial hace un llamado a las autoridades para que restablezcan de manera inmediata las condiciones de transitabilidad, garanticen la libre circulación y protejan el derecho al trabajo.

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La detención de Enrique P. S. se llevó a cabo tras una exhaustiva investigación que incluyó la triangulación de llamadas y testimonios de personas que estaban presentes en el bloqueo.

Detalles de la aprehensión

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que “se ha procedido a la aprehensión de Enrique P. S., una de las personas presuntamente responsables de la muerte de nuestro teniente Christian Calle, en Cochabamba, específicamente en la zona de Tacopaya”.

La aprehensión fue el resultado de una investigación que permitió la identificación de Enrique P. S. por parte de personas que participaron en el bloqueo. “La Policía va a continuar con el allanamiento de su domicilio, así como también de otros lugares donde presuntamente este sujeto habría estado”, anunció Ríos.

El asesinato del teniente Calle

El teniente Calle fue asesinado como consecuencia de una golpiza y la explosión de un artefacto explosivo en su cuerpo. Ríos calificó la aprehensión de Enrique P. S. como un hecho trascendental, al igual que la captura de Galo Chiri, quien ha sido identificado como el francotirador que operó en Llallagua, Potosí. En ese incidente, fueron asesinados 3 policías y 1 civil durante un operativo de desbloqueo.

Contexto de tensión en Bolivia

La situación actual refleja un contexto tenso en Bolivia, donde los operativos para desbloquear vías han generado enfrentamientos entre las fuerzas del orden y grupos afines a Evo Morales.

Estos eventos han tenido un impacto significativo en la seguridad pública y han suscitado preocupaciones sobre la violencia que se ha presentado durante las protestas sociales.

/KMMN

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Los policías que fueron homenajeados son los tenientes Brayan Barrozo Rodríguez (23), Carlos Enrique Apata Tola (28), Christian Calle Alcón (22) y el sargento primero Alberto Mamani (28). Tres de ellos fallecieron en operativos de despeje de carreteras en Llallagua, Potosí, mientras que el último perdió la vida en Confital, Cochabamba.

Palabras del comandante de la Policía

Durante el homenaje, el comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, expresó su dolor por la pérdida de estos hombres. “La institución está de luto. Hemos perdido en los últimos conflictos a cuatro camaradas en el cumplimiento del deber. Perder un camarada es perder un hermano. Perder a cuatro camaradas es una profunda herida”, afirmó Russo.

El comandante también extendió sus condolencias a las familias de los uniformados que fallecieron en jornadas provocadas por sectores que exigieron la habilitación de Evo Morales como candidato a las elecciones del 17 de agosto de 2025. Destacó el sacrificio de sus camaradas, afirmando que “Bolivia les debe gratitud eterna”.

Reconocimiento del ministro de Gobierno

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, también reconoció el trabajo realizado por los policías y rindió homenaje a los caídos. “Su memoria vivirá en cada acto de sus camaradas”, expresó durante el evento en Anapol.

Investigación en curso

A dos semanas de estos trágicos hechos, sigue abierta una investigación para identificar a los responsables de las muertes de los policías. La búsqueda de justicia continúa mientras la comunidad policial y el país lamentan la pérdida de estos valientes uniformados.

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En la ceremonia dedicada a los efectivos caídos, la autoridad destacó que se están llevando a cabo operativos contra el narcotráfico y que se está reforzando el apoyo a la Policía Boliviana. Ríos expresó: “Asistiendo a una misa, pedimos que se haga justicia y que les otorgue el descanso eterno”. Además, subrayó su compromiso de que “la verdad y la justicia lleguen a toda la familia policial”.

El ministro mencionó un informe presentado por el comando general y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) sobre el progreso en las investigaciones. Se indicó que se realizará una investigación exhaustiva para identificar a los autores, tanto intelectuales como materiales, buscando justicia para las familias afectadas.

Identificación de los responsables

Ríos afirmó que hay “algunos dirigentes plenamente identificados que son parte de los autores intelectuales”. En este contexto, mencionó al dirigente Ramiro Cucho, quien se encuentra bajo detención preventiva. Ayer, se identificaron preliminarmente 4 puntos en Potosí desde donde francotiradores atentaron contra la vida de los efectivos policiales.

El ministro explicó que “se han encontrado en el lugar vainas hervidas y se ha podido identificar huellas de pie”. Se está determinando el ángulo y la posición de las armas utilizadas en estos ataques, lo que podría ser clave para avanzar en la investigación.

Acusaciones contra Evo Morales

Ríos también declaró que Evo Morales y sectores afines al evismo han instigado públicamente contra instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y el órgano ejecutivo. “Evo Morales y el evismo han difundido información falsa”, añadió Ríos, haciendo referencia a imágenes y videos manipulados que han circulado.

Las órdenes de aprehensión están siendo trabajadas de manera coordinada con el Ministerio Público, que tiene la dirección funcional de la investigación. Una vez emitidas estas órdenes, se procederá según los informes evacuados por el equipo investigador.

Operativos contra el narcotráfico

En relación a los operativos contra el narcotráfico, se destruyeron más de 14.5 toneladas de marihuana, valoradas en 2.1 millones de dólares. Ríos agradeció “el trabajo que se ha realizado con el comandante general de la policía boliviana”, destacando las amenazas continuas hacia la institución policial.

Finalmente, Ríos expresó su total apoyo al comandante general y a los 40,000 hombres y mujeres que forman parte de esta institución, reafirmando su compromiso con la seguridad y la justicia en el país.

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Astorga aseguró que, tras estos acontecimientos, al exmandatario solo le quedan dos opciones: enfrentar la cárcel en el penal de Chonchocoro o escapar nuevamente al exterior.

Acusaciones contra Evo Morales

El parlamentario sostuvo que Morales fue el autor intelectual de las movilizaciones que se han registrado en las semanas pasadas. Calificó las medidas de presión como “bloqueos criminales”. En este sentido, exigió al Gobierno que se ejecute de inmediato una orden de aprehensión contra el exjefe de Estado.

“Más allá de cualquier pausa humanitaria, lo que debe activarse son los procesos judiciales y las detenciones correspondientes. Evo Morales ordenó estas movilizaciones que terminaron con asesinatos de policías. Tiene que responder como autor intelectual”, declaró el parlamentario.

Adicción al poder

El legislador de oposición también acusó al expresidente de tener una “adicción al poder” y de actuar con cinismo al intentar deslindarse de los hechos ocurridos tras los bloqueos. “Durante décadas paralizó al país. Ahora quiere lavarse las manos. Es el gran perdedor de esta historia y no volverá a figurar en una papeleta electoral. Políticamente está muerto”, aseveró.

Cuestionamiento a las movilizaciones

Además, Astorga cuestionó que no exista una regulación efectiva para evitar las “movilizaciones con fines políticos”, las cuales no buscan reivindicaciones sociales o democráticas, sino solo el retorno de Morales al poder.

Conflictos sociales en Llallagua

La pasada semana, Llallagua fue escenario de conflictos sociales. Manifestantes evistas se enfrentaron a la Policía, mientras que el país vivía un bloqueo de carreteras. Durante esta tensión, al menos cuatro policías perdieron la vida en circunstancias que aún están bajo investigación.

En días anteriores, los sectores movilizados anunciaron una pausa humanitaria a sus medidas; sin embargo, este lunes aún se registraron puntos de bloqueo en el país.

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Sosa afirmó que la situación económica que atraviesa Bolivia se encuentra en un contexto internacional adverso. Además, recordó que la pandemia tuvo un impacto significativo que muchos países aún no han superado completamente.

Impacto de los conflictos recientes

En ese sentido, mencionó que espera que los conflictos recientes registrados en el país, como el de Llallagua, no afecten los esfuerzos realizados para enfrentar las distintas crisis de los últimos años. “Esperamos que esta situación no afecte, ya que ha habido algunos conflictos. No solo son afectadas las autoridades, sino también la imagen del país”, declaró la canciller, haciendo alusión a las protestas y bloqueos registrados en diferentes departamentos.

Los conflictos sociales, como los bloqueos de caminos impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales y las movilizaciones policiales, han generado tensión política en el país.

Reconsideración de la situación

En este contexto, Sosa pidió que se pueda reconsiderar la situación para evitar mayores perjuicios tanto en el ámbito interno como en el exterior. La ministra enfatizó la necesidad de abordar estos problemas para proteger la imagen de Bolivia en el escenario internacional.

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Maturano manifestó su preocupación por los recientes acontecimientos que han tenido lugar en Bolivia. En este contexto, mencionó los enfrentamientos en Llallagua, que resultaron en víctimas fatales y reflejan el alto nivel de tensión que se vive actualmente. El delegado señaló que detrás de estos incidentes hay actores que buscan recuperar el poder mediante métodos violentos. Además, añadió que estas acciones están motivadas por intereses personales y políticos que desatienden la estabilidad del país.

Eventos en riesgo

Uno de los eventos más comprometidos es la Olimpiada Internacional de Informática, programada del 28 de julio al 3 de agosto, que contará con la participación de más de 900 estudiantes de diferentes países. Dado que se trata de menores de edad, Maturano advirtió que la inseguridad podría llevar a los padres a reconsiderar el envío de sus hijos. Esta situación no solo pone en peligro la asistencia al evento, sino que también afecta la imagen de Bolivia como país anfitrión.

Asimismo, está en duda la realización de la parada policial prevista para el 24 de junio, que incluiría la presencia de delegaciones extranjeras. A esto se suman los retrasos en el cronograma de entrega de obras del Bicentenario, que se han visto afectados por la escasez de combustible y las dificultades económicas. Estos problemas han complicado la importación de equipos e insumos necesarios para llevar a cabo los proyectos.

Proyectos paralizados

Maturano lamentó que el proyecto de plazas y museos del Bicentenario, que abarca los 9 departamentos del país, lleve más de 2 años detenido en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este sentido, acusó a los legisladores de obstaculizar el proceso por motivos políticos. Esta actitud, según él, ignora el interés nacional y perjudica el valor cultural de la conmemoración.

Advertencia sobre la celebración

Finalmente, el delegado advirtió que, si no se implementan medidas urgentes, la celebración por los 200 años de independencia podría quedar en un segundo plano. Esto sucedería en un contexto marcado por la crisis económica, el descontento social y un ambiente político-electoral cada vez más tenso.

LDVY

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La denuncia fue formalizada el martes 10 de junio en la Fiscalía Departamental de Cochabamba. Este miércoles 11 de junio, Barrientos indicó que los delitos que se mencionan en la demanda son terrorismo, sedición, daño a la salud pública, daño al transporte y daño económico al Estado.

Acción específica contra Morales

Barrientos aclaró que esta acción legal está enfocada exclusivamente en Evo Morales. La senadora espera que tanto la Fiscalía Departamental como la Fiscalía General acepten el caso para que se pueda actuar de acuerdo con la ley.

Solidaridad con los afectados

Durante una conferencia de prensa, la legisladora expresó su apoyo al personal de salud, a los periodistas, a los empresarios y a la población en general, quienes están sufriendo las consecuencias de los bloqueos impulsados por sectores cercanos al exmandatario.

Incidente en la Fiscalía

Después de presentar la denuncia, Barrientos permaneció más de 1 hora y 30 minutos en el interior de la Fiscalía. Esto se debió a la presencia de personas afines a Morales que intentaban tomar las instalaciones. Afortunadamente, la senadora logró salir sin que se produjeran incidentes mayores.

Cuestionamientos al actual Gobierno

La senadora enfatizó que esta denuncia contra Morales no significa que se ignoren otros cuestionamientos al actual Gobierno. Barrientos también ha interpuesto acciones legales contra el Presidente Luis Arce, sus ministros y otros funcionarios por presuntos casos de corrupción.

Bloqueos y protestas

“Vamos a unir todos los esfuerzos posibles para ponerle un alto a lo que está haciendo Evo Morales en contra de la ciudadanía”, afirmó la senadora cochabambina. Los bloqueos promovidos por los seguidores del exmandatario llevan ya 10 días. Los manifestantes exigen la habilitación de la candidatura de Morales, a pesar de que esto es inconstitucional. Además, protestan por la crisis económica y de combustible que afecta al país.

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Desde el viernes, se suspendieron algunos partidos de la fecha seis debido a los bloqueos que hay en el territorio nacional, esto, por velar la seguridad de los deportistas, ya que las manifestaciones en algunas regiones se han tornado violentas. De la fecha anterior solo restaba jugar el encuentro entre Nacional Potosí y Club Atlético Nacional (CAN), previsto para el sábado 7 de junio en la Villa Imperial.

En esta semana debía comenzar la fecha siete del campeonato con los encuentros entre Calero y Pichincha, clásico potosino, previsto para el lunes; y el cotejo entre Kinwa y Nacional Potosí, estaba programado para el martes por en la sede de Gobierno. Ambos encuentros no se disputaron, por disposición de la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB) debido a que siguen los conflictos en el país.

Club Atlético Ramallo Lafuente (Carl A-Z) estaba a la expectativa de la visita a Universitario de Sucre, encuentro previsto inicialmente para este miércoles, pero el mismo no se llevará adelante. De la misma manera, CAN se preparaba para ser local ante Leones de Potosí, encuentro que, por cómo está la situación en el territorio nacional, es poco probable que se juegue. El cotejo está programado para el jueves en el coliseo “Luis Lazzo Quinteros”.

Ante esto, los equipos orureños han volcado su mirada hacia el certamen local, donde tanto CAN como Carl A-Z han clasificado a la final del torneo. Por lo tanto, ambos aprovecharán esta serie de playoffs al mejor de tres, para seguir en ritmo deportivo y retornar con fuerza a la Libobásquet.

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Consecuencias de los bloqueos

Gómez manifestó su preocupación por las repercusiones que los bloqueos están causando, tanto en la economía como en la vida diaria de la población. Lamentó que estas acciones estén generando desabastecimiento, lo que dificulta el acceso a servicios básicos y pone en riesgo a la ciudadanía. Un ejemplo de esto son los pacientes que son trasladados en ambulancias y no pueden avanzar debido a los puntos de bloqueo.

Además, Gómez criticó que algunos actores políticos estén utilizando las movilizaciones con fines personales, lo que está provocando confrontaciones entre bolivianos y desorden en varios departamentos, especialmente en Cochabamba.

Advertencias sobre la vida

Por su parte, Flores advirtió sobre las consecuencias fatales que ya han resultado de los bloqueos, mencionando el fallecimiento de un adulto. En este sentido, hizo hincapié en que la vida debe ser la prioridad en cualquier circunstancia. Apeló a la responsabilidad de los sectores movilizados para evitar más daños entre los ciudadanos.

“Nos estamos perjudicando entre nosotros”, afirmó Flores, quien reiteró la disposición de su bancada para sentarse a dialogar con los sectores movilizados y demostrar que el problema no radica en el Gobierno.

Intervención de la ONU

Gómez añadió que desde la Comisión legislativa de Derechos Humanos se está promoviendo la llegada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El objetivo es que esta entidad constate en el lugar el impacto que están generando los bloqueos.

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La instrucción fue dada por el fiscal departamental Osvaldo Tejerina y cuenta con el respaldo del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca. Esta medida se implementa en un contexto de hostilidad hacia los servidores públicos que se ha intensificado desde noviembre de 2024.

Medidas de seguridad para fiscales

Tejerina ha solicitado a los funcionarios que se trasladen con lo “esencial” y que eviten portar “credenciales o distintivos institucionales”. Esta recomendación se hace como medida preventiva mientras se busca estabilizar la situación en la región.

El Fiscal General, Roger Mariaca, ha explicado que esta decisión tiene como objetivo preservar la integridad física de los servidores públicos. “Se les ha instruido considerar el repliegue a un lugar más cercano y que se considere seguro para ellos”, afirmó en una conferencia de prensa.

Coordinación con la Policía

La Fiscalía General también ha solicitado al Comando Departamental de la Policía de Cochabamba y a las Estaciones Policiales Integrales (EPIs) que implementen medidas de seguridad más estrictas. Esto es para proteger al personal fiscal, judicial y policial que aún se encuentra en las localidades del trópico.

A pesar de las amenazas y los riesgos, Mariaca ha subrayado que el Ministerio Público mantendrá su presencia en la zona. Esto es para garantizar el procesamiento de posibles delitos en coordinación con la Policía Boliviana y el Órgano Judicial.

Aumento de la tensión social

La situación actual refleja un aumento en la tensión social en la región del trópico de Cochabamba. En este contexto, se han intensificado las acciones por parte de grupos afines a Evo Morales.

Hasta la fecha, según Mariaca, más de 20 personas han sido cauteladas. Algunas de estas personas están bajo detención preventiva, mientras que otras se encuentran bajo medidas sustitutivas.

Identificación de implicados

Las autoridades tienen la intención de continuar trabajando en conjunto con las fuerzas del orden. Esto es para identificar y procesar a quienes estén implicados, ya sea de manera intelectual o material, en actos que atenten contra derechos fundamentales y el orden público.

Las autoridades buscan asegurar tanto la operatividad del sistema judicial como la protección del personal involucrado. Esto se realiza ante un panorama complejo marcado por bloqueos y amenazas directas.

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Impacto en la economía nacional

En una entrevista realizada el 4 de junio de 2025, Luis Ampuero, presidente de la Cámara, enfatizó que la situación actual está generando un clima de temor entre los turistas, lo que repercute directamente en la economía del país.

“El efecto sobre el turismo es lapidario; ciudades como Cochabamba perciben que se está operando con el 10% de la demanda habitual de turismo”, afirmó Ampuero.

Paralización de viajes en La Paz

Este miércoles, la terminal de buses de La Paz se encontraba con sus viajes paralizados, lo que provocó malestar entre los turistas. Muchos de ellos han comenzado a recomendar no visitar Bolivia debido a la situación actual.

Ampuero advirtió que esta crisis afecta la economía del país, ya que el turismo debería ser una fuente importante de ingresos en dólares para Bolivia.

Recuperación de la imagen del país

“Va a pasar mucho tiempo en el cual nosotros vamos a poder, si logramos algún día, recuperar la imagen que estamos fijando como un país inestable”, concluyó el presidente de la Cámara.

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Pasadas las 16:00 horas de este lunes 2 de junio, los uniformados, equipados con material antimotines, partieron desde la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales hacia Samaipata, donde ya se encuentran concentrados. Además, otro grupo está en preparación para reforzar la misma zona en las próximas horas.

Policía en alerta

El Comando Departamental de Santa Cruz ha confirmado que se mantiene en alerta ante los conflictos que se han anunciado a nivel nacional. Se espera un informe oficial sobre las tareas que se asignarán al contingente en las próximas horas.

Esta decisión fue tomada tras una reunión de emergencia en la que los sectores involucrados acusaron al Gobierno de Luis Arce de “traición” y lo responsabilizaron del deterioro económico que atraviesa el país.

Paro de choferes

En paralelo, la Confederación de Choferes de Bolivia ha confirmado un paro de 24 horas que se llevará a cabo el martes 3 de junio. Mientras tanto, el transporte federado en Santa Cruz ha decidido no acatar la medida nacional por el momento. Sin embargo, advirtió que podría asumir acciones más drásticas si no se resuelve la escasez de combustible.

“Sí o sí se va a realizar el paro nacional con bloqueo de carreteras, capitales, departamentos y fronteras, porque verdaderamente no estamos viendo que esto está avanzando”, declaró Lucio Gómez, secretario ejecutivo del sector.

Demandas del transporte

Por su parte, el dirigente del transporte federado cruceño, Bismark Daza, manifestó que: “Si no hay la solución hasta el martes, queremos la renuncia del Presidente Luis Arce. Si no tiene la capacidad de solucionar estos conflictos”.

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El departamento de La Paz fue el más afectado, con 6 tramos que presentaron restricciones. En el sector de la Ciudadela Ferroviaria, entre el inicio de la Autopista y el empalme con la avenida Juan Pablo II, la circulación solo fue posible por una vía y con precaución debido a labores de mantenimiento.

En la carretera Laja-Tambillo, se reportaron bloqueos que obligaron a realizar desvíos. En el tramo Patamanta-Huarina, se reportó afectación al puente Corqueamaya, lo que también obligó a tomar rutas alternas.

Asimismo, en el sector Florida de la carretera Puente Chaco-Puente Villa, se restringió el tránsito por trabajos con maquinaria pesada, manteniéndose cerrada la vía desde las 8:00 hasta las 12:00 horas.

También se registraron derrumbes menores entre Charazani y Puente Santa Ana, así como en el sector Manhata de la vía Correo-Puchawi, donde las autoridades habilitaron solo una vía y pidieron a los conductores circular con precaución.

Situación en Cochabamba

En Cochabamba, se reportaron 2 puntos críticos. En el tramo entre el Cruce Ferrocarril Tajras y Mizque, específicamente en Ayaloma, se registró un bloqueo. En la ruta Thaya Paya-Toro Toro, se reportó pérdida de plataforma, lo que obligó a desviar la circulación y las autoridades realizaron trabajos con maquinaria pesada.

Problemas en Pando

En Pando, también se identificaron 2 sectores con problemas. En el tramo Porvenir-San Miguel, las autoridades ejecutaron labores de mantenimiento. El segundo punto se observó en la ruta Santa Elena-Puerto Rico, a la altura del puente Orthon, donde se reportó un bloqueo por conflictos sociales.

Intervenciones en Santa Cruz

En Santa Cruz, la ruta Bermejo-Angostura, en el sector del Puente Playón, fue intervenida con maquinaria pesada para su mantenimiento. Aunque se habilitaron desvíos, la circulación continuó de forma normal.

Restricciones en Beni

En Beni, entre Santo Domingo y Montegrande, hubo una restricción especial debido a que se evaluaba el trazado de la vía. En ese tramo no se habilitó ninguna ruta alternativa y se instruyó no circular por la zona.

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Los sectores del transporte y organizaciones sociales, como los Ponchos Rojos, han dado un ultimátum al Gobierno hasta el lunes para que resuelva el problema. Las autoridades nacionales, por su parte, se han comprometido a normalizar el abastecimiento en un plazo de 10 días, es decir, hasta el 31 de marzo de 2025.

Conflicto en Caranavi

Un caso reciente se ha registrado en Caranavi, donde la desesperación llevó a los pobladores a retener dos cisternas que estaban bajo custodia policial. Estas cisternas fueron detenidas debido a irregularidades en su documentación.

El comandante departamental de la Policía en La Paz, Gunther Agudo, informó que los vehículos fueron sustraídos del resguardo policial y que se ha iniciado una investigación para dar con su paradero.

El alcalde de Caranavi, Eustaquio Huiza, ha calificado la situación como crítica y ha solicitado mayor presencia policial para evitar posibles agresiones a las autoridades locales.

Controles en Yapacaní

En la localidad de Yapacaní, San Germán, los pobladores han instalado un puesto de control en la carretera hacia el trópico de Cochabamba. Su objetivo es evitar la salida irregular de combustible del departamento cruceño. Exigen a los conductores que abran sus maleteros para verificar que no transporten bidones con carburantes.

Protestas en Ivirgarzama

En Ivirgarzama, Cochabamba, grupos de pobladores se dirigieron a un retén de peaje, donde destruyeron parte de la infraestructura y obligaron a los trabajadores a abandonar el lugar. Esto ocurrió en protesta por la falta de diésel.

Afectación a productores agrícolas

Los productores agrícolas también están siendo gravemente afectados por esta crisis. En los Valles cruceños, se ha conformado un Comité de Defensa que exige soluciones ante la falta de diésel, ya que esto impide la recolección y el transporte de productos como verduras y hortalizas.

La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) ha alertado que la situación está generando un impacto negativo en la cosecha de soya, maíz y sorgo, lo que podría derivar en una crisis productiva.

Desde noviembre del año pasado, los 14,000 agricultores afiliados a Anapo han enfrentado dificultades para acceder a combustible. Esto ha incrementado los costos de producción y ha disminuido la competitividad del sector agrícola boliviano.

La falta de soluciones inmediatas por parte del Gobierno mantiene en incertidumbre a los productores y transportistas, quienes exigen respuestas concretas ante el desabastecimiento de carburante.

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Después del triunfo acaso lógico, quizás esperado o tal vez natural, pero también sorprendente del MAS de Evo Morales en 2006, incluido un record significativo de votacion (53,72%) que algunos atribuyeron al embajador de Estados Unidos de aquel entonces, de quien Evo decía que era su mejor “jefe de campaña”, el país ingreso en otra etapa de su historia. Nunca antes un partido, aparentemente socialista y nunca ántes un hombre del llano, sin titulos y aparentemente indigena genuino habian llegado a la presidencia.

EL SUEÑO

El entusiasmo de días, meses y años posteriores, incluidas las reelecciones (2009 – 2014) de un lider que se creyó o sintió ser un mesías irreemplazable, aseguraba en boca de dirigentes y ministros que “ellos” (las clases oprimidas e indigena originarias) habian llegado a Palacio para no ser inquilinos, sino para quedarse por 500 años, acaso como justa revancha a 500 años de colonizaje, incluyendo en esos cinco siglos los casi 200 años de historia republicana. ¿ 500 años para descolonizar el pais?, Un sueño loable, pero utópico.

 Quería evidenciarse un ántes y un después en la historia y no se dudo en eliminar el apelativo de República y refundar un Estado Plurinacional (22 de enero de 2010)

CONFLICTOS

A 18 años de aquel suceso, las cosas estan muy distintas. Acabó el auge de las regalías hidrocarburiferas. Expertos indican que se “farrearon” unos 7000 millones de dolares y hoy importamos diesel. El dólar, aquel referente económico que varios años se mantuvo estable, ha desaparecido y su precio dista mucho del parámetro oficial.

 El monolítico Instrumento Político por la Soberania de los Pueblos, aparentemente, está dividido y esto se traduce estos dias en conflictos, bloqueos, intentos de derrocamiento, etc.

Un país castigado inmisericordemente por los bloqueos merece soluciones rapidas, pero recien a diecisiete dias de conflicto el gobierno lanza advertencias y, solo eso, advertencias muy suaves, que no se traducen en acciones efectivas y contundentes.

Asi pues, los bloqueos son abiertos por la policia unas escasas horas y luego continuan,  y ya llegamos al mes . El gobierno parece temeroso e, incluso, deja a los insurrectos tomar cuarteles. Con miedo y timidez no se defiende la Constitución ni al país. ¿Dónde esta el imperio de la Ley?.

Mientras tanto, el nefasto lider cocalero insiste caprichosamente en ser candidato para el 2025, tercamente desea que la justicia anule y borre varios delitos de los que es acusado. Así, el tira y afloja continua entre arcistas y evistas. En medio de ellos, el pueblo molesto, desencantado, aburrido y… .

Lo unico cierto que sentimos hoy es que, aquel sueño de los 500 años del MAS no podra ser, ya se termina el año que viene o, en el peor de los casos será el 2030 el fin del sueño masista.

CAMBIA TODO CAMBIA

Los tiempos cambian, las generaciones cambian, el planeta cambia, la tecnología cambia, la cultura cambia. Y esto va a cambiar.

Recordemos que Stroessner en Paraguay  solo duro 35, Franco en España fue dictador 36 años,  La dinastia de los Somoza en Nicaragua acabó a los  43 años.  El comunismo en la URSS alcanzo solo 69 años, y el sueño del “reich de los mil años” de Hitler no paso de 11 años.

Y, aunque somos de efimera existencia, esto es un consuelo para nuestros hijos o nietos que en 100 o 150 años recordaran estos malhadados años como un oscura pesadilla,nada mas.

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Conflictos sociales en aumento

Durante su intervención, Callisaya denunció que tras 11 días de bloqueos liderados por “evistas”, ya se han comenzado a movilizar sectores que exigen el desbloqueo de vías. Entre las demandas, también sobresalen las de los choferes, quienes piden un aumento de tarifas, y del sector salud, que reclama por el deterioro de sus condiciones laborales y de atención.

Escasez de insumos críticos

El Defensor del Pueblo subrayó la alarmante escasez de insumos, verificando centros de acogida para adultos mayores y niños, así como hospitales en 4 departamentos: Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Oruro. “Hemos encontrado centros de acogida sin raciones secas, verduras, frutas o carne. En hospitales, las reservas de comida apenas alcanzarán para esta semana”, expresó Callisaya.

Grupos paraestatales y uso de armas

Callisaya también señaló que grupos paraestatales estarían operando en conjunto con la Policía en puntos de bloqueo, lo que consideró irregular y contrario a la ley. Denuncias desde el ala “evista” alegan que la Policía intentó desbloquear usando grupos de choque civiles armados en el puente Ichilo.

La situación se agrava con la aparición de armas de fuego en ciertos puntos de bloqueo. “No podemos tolerar esto. El Estado debe investigar las circunstancias para evitar mayores desbordes”, instó Callisaya, quien también mencionó un ataque a la Policía por francotiradores durante un intento de desbloqueo en la carretera Oruro-Potosí.

Judicialización de las protestas

La judicialización de las protestas también fue un tema central en su discurso. Hasta el momento, se han contabilizado 43 personas detenidas durante los últimos 10 días de bloqueos, generando preocupación sobre el uso del poder estatal para limitar el derecho a la protesta. “No se puede utilizar el encarcelamiento como una solución a las manifestaciones. Las cárceles están hacinadas y vulneran derechos fundamentales”, alertó.

Callisaya advirtió sobre una aplicación desigual de la ley, donde algunos han sido detenidos por poseer petardos, mientras otros casos quedan sin investigar. Asimismo, hizo un llamado a deponer actitudes intransigentes y generar diálogos humanitarios.

Un llamado al diálogo

Finalmente, el Defensor del Pueblo emplazó al Estado a crear un espacio real y transparente para el diálogo. A su vez, solicitó al Ministerio Público que se investigue la existencia y funcionamiento de grupos paraestatales y el uso de armas durante las manifestaciones.

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Los choferes del Sindicato Chuquiago Marka y del Transporte Libre de La Paz están llevando a cabo un paro de 24 horas, además de bloquear las “mil esquinas” en esta jornada. Esta acción es parte de su demanda por un ajuste en las tarifas del transporte público.

Clases virtuales

Ante estas medidas de protesta, algunas unidades educativas han decidido, en consenso con los padres de familia, optar por clases virtuales. Esta decisión busca garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes en medio de la situación actual.

Declaraciones del viceministro

El viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina, explicó este miércoles que cada establecimiento educativo tiene la libertad de adoptar las medidas que considere más adecuadas para sus estudiantes. Si se ha decidido cambiar la modalidad de clases, es importante que se comunique a la instancia correspondiente.

Bloqueos adicionales

Por otro lado, los transportistas urbanos del Sindicato Chuquiago Marka de La Paz han anunciado que instalarán más de 50 puntos de bloqueo en la ciudad. Esta acción busca presionar por sus demandas relacionadas con el transporte público.

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Mediante el comunicado 004/2024 emitido por la Comisión Técnica de la FBB el 17 de octubre, se oficializó que las fechas programadas para este fin de semana quedan sin efecto mientras no se solucionen los conflictos sociales que se presentan en el país.

“La Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Básquetbol comunica que, debido a la situación conflictiva que atraviesa nuestro país y por precautelar la integridad de nuestros deportistas, se suspende la fecha en su integridad (viernes, sábado y domingo) dentro el campeonato de la Libofem 2024. Una vez restablecido el orden y la seguridad, se reiniciará la competencia con la programación suspendida, quedando todos los clubes informados a fin de evitar inconvenientes”, señala el comunicado.

De los encuentros programados, tres debían jugarse en Oruro, y los equipos ya estaban preparando toda la logística respectiva y ahora quedaron afectados, ya que, en algunos casos, como el encuentro entre Alemán y Club Tenis La Paz, ya se tenía todo preparado para el cotejo y esta suspensión llegó tardía, generando algunas dificultades al club orureño.

Se está a la espera que los conflictos sociales se puedan resolver a la brevedad posible para que la fiesta del baloncesto femenino nuevamente pueda estar en vigencia.

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Medida en respuesta a la Asamblea

La vocera de la Alcaldía, Beatriz Zegarrundo, informó el jueves 26 de septiembre que esta decisión surge a raíz de un pedido realizado por la Asamblea de la Alteñidad.

Según Zegarrundo, la sede de la Fejuve se ha convertido en un “botín de guerra”. Este lugar ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre diferentes facciones de dirigentes, lo que ha ocasionado importantes destrozos en el edificio.

Objetivo de la transferencia

“Nosotros queremos transferir para un bien social algo que no ha cumplido la Federación de Juntas Vecinales”, afirmó Zegarrundo. La vocera también puntualizó que los trámites para esta transferencia comenzaron el miércoles.

Además, Zegarrundo mencionó que se trabajará en la creación de una ley municipal que oficialice la transferencia. También se elaborará un proyecto de ley a nivel nacional que será enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Fin de los conflictos

El objetivo de estos trámites es poner fin a los conflictos y la violencia que han caracterizado el uso de la infraestructura de la Fejuve, destacó la autoridad.

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“En atención a los recientes conflictos sociales en el departamento de La Paz, y con el objetivo de salvaguardar tanto a nuestros usuarios como al valioso capital humano de Epsas S.A., informamos que las siguientes sucursales se encontrarán cerradas el día lunes 23 de septiembre de 2024”, se lee en un comunicado emitido por la empresa.

Sucursales afectadas

Las sucursales de Epsas que suspendieron la atención son las siguientes: la de la zona San Roque, ubicada en la avenida Panamericana, carretera a Copacabana; la de la zona Bautista Saavedra, instalada en la avenida Luis Rodríguez Pardo, también en la vía a Copacabana. Además, se encuentran cerradas las sucursales de la zona Senkata, en la avenida Pichu Pichu, entre las avenidas Aconcagua y Socompa; y la de la zona 12 de Octubre, ubicada entre la calle Jorge Carrasco, entre las calles 10 y 11.

Disculpas y comprensión

“Pedimos disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y agradecemos su comprensión”, manifestó Epsas en su comunicado. La marcha liderada por Evo Morales arribará este lunes a la ciudad de El Alto. El dirigente cocalero afirmó que la manifestación es pacífica; sin embargo, durante el trayecto, la situación se tornó violenta, resultando en varios heridos.

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Jorge Silva, titular del Viceministerio de Defensa, afirmó: “Ante las amenazas, advertencias y anuncios de medidas de bloqueo, esto solo alienta a los especuladores a que incrementen los precios o escaseen productos de primera necesidad”. Estas declaraciones reflejan la preocupación del gobierno por la situación económica que enfrenta la ciudadanía.

Largas filas en supermercados

Gabriela Pareja, gerente de Comercialización de Emapa, también comentó que los anuncios de movilizaciones han provocado largas filas en las tiendas y supermercados estatales, donde la población busca comprar arroz, un producto esencial. “Tenemos arroz para todos; sin embargo, la semana anterior se han registrado filas debido a la preocupación de la población por abastecerse de alimentos. Entendemos y asumimos que esto se debía ante los anuncios de bloqueo”, explicó Pareja.

Reservas estratégicas de arroz

El domingo, Franklin Flores, gerente general de Emapa, aseguró que la empresa estatal cuenta con una reserva estratégica de 76,000 toneladas de arroz. Además, garantizó el acopio del grano a finales de año, tras la cosecha de la campaña agrícola de invierno. Solo en este mes, la empresa pública distribuirá a sus tiendas y supermercados en todo el país 11,000 toneladas de arroz a “precio y peso justo”, siendo la bolsa arrobera vendida a Bs 50,50, un costo inferior al de los precios del mercado, que oscilan entre Bs 80 y 90.

Compromiso del gobierno

El viceministro Silva reiteró que, frente a las marchas y bloqueos anunciados por afines a Evo Morales en semanas pasadas, el Gobierno nacional se apoyará en las leyes para evitar que estas acciones afecten la economía de las familias bolivianas, garantizando el abastecimiento de alimentos. “La población debe estar tranquila; no vamos a permitir que se afecte el derecho a la alimentación y, por lo tanto, vamos a garantizar que los productos lleguen a los diferentes mercados”, aseguró la autoridad.

Preocupación ciudadana

La situación actual ha generado inquietud entre los ciudadanos ante la posibilidad de desabastecimientos. Las autoridades están trabajando para mitigar estos efectos mediante controles en los precios y asegurando el acceso continuo a productos esenciales.

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Rechazo a la presencia de Morales en la región

Un grupo liderado por la diputada Mirian Martínez y un comité ad hoc del Movimiento Al Socialismo (MAS) se opusieron firmemente a la presencia de Morales en la región, argumentando que su gestión como presidente dejó secuelas negativas en Oruro al privar al departamento de importantes proyectos. La diputada Martínez afirmó que no permitirán que Morales ingrese al territorio después de todo el daño causado.

Conflictos generados con Soracachi

La comunidad orureña también expresó su descontento con Morales por los conflictos generados con Soracachi. En un reciente ampliado, se denunció la participación de individuos foráneos al departamento que amenazaron con provocar perjuicios a los habitantes locales. Esta situación ha exacerbado las tensiones entre ambas localidades.

Preocupación por disturbios y afectación de la paz social

Las organizaciones vecinales y gremiales han manifestado su preocupación por la posible presencia de Evo Morales en la zona, destacando que su llegada podría también desencadenar disturbios y afectar la paz social en Vinto y sus alrededores.

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Un mensaje de unidad

“La bandera blanca representa a la paz que debe existir en la orureñidad en general y esperando con fe que exista un diálogo para solucionar la coyuntura que está pasando y estará hasta cuando se solucione este conflicto y los orureños estemos unidos y reine la paz y tranquilidad para trabajar por el desarrollo de nuestro amado departamento”, expresó el coordinador general del Club Biciaventureros, Edwin Méndez.

Un gesto simbólico

La bandera de paz, fue izada en el mástil en el que ya en ocasiones anteriores, flamearon banderas gigantes de Bolivia, Oruro y otras que dependiendo de la fecha, hacen gala en el imponente lugar, actividades impulsadas por Juan Soliz Mercado, quien en esta ocasión, también se sumó al pedido.
“Está es una iniciativa del Club Biciaventureros, que preocupados por los conflictos sociales por las que está atravesando Oruro, se ha decidido izar una bandera blanca como símbolo de paz y unidad para los orureños. Esta es la manera de dar nuestro mensaje, tiene que haber comprensión entre nosotros, la violencia no es la solución”, puntualizó Soliz.

Un mensaje de cese a la violencia

Aunque la bandera blanca no tiene las dimensiones de otras que la antecedieron; con sus 2 por 1,5 metros, sus impulsores esperan dar el mensaje de cese a la violencia, ya que hoy también se convocó a movilizaciones y se espera que no haya enfrentamientos.
Según el propósito de quienes la izaron, esta bandera blanca permanecerá hasta que haya calma por este tema y los ánimos de conflicto cesen.

Un llamado desde la UTO

En ambientes de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) en su edificio de Rectorado, también se colocaron varias banderas blancas, según el rector Augusto Medinaceli, no como un símbolo de rendición, sino también de pedido de paz ante los enfrentamientos entre chóferes y universitarios hace algunos días.

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Ante el bloqueo de carreteras que afecta al país desde hace más de una semana, el Ente Legislativo convocó a las instituciones vivas de Oruro a una reunión para analizar y tomar medidas ante las acciones que perjudican la Obra Maestra.

Pronunciamiento conjunto y llamado a solucionar conflicto

Tras la reunión y llegar a conclusiones contundentes, el pleno del CMO junto con las instituciones emitieron un pronunciamiento en el cual determinaron declarar al departamento de Oruro en estado de emergencia, suspender todos los actos cívicos y protocolares en conmemoración al 10 de Febrero, además exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a solucionar este conflicto lo más pronto posible.

Huelga como medida adicional de protesta

Uno de los puntos más importantes del pronunciamiento fue iniciar una huelga de hambre como señal de protesta contra los conflictos que perjudican al departamento, encabezada por el pleno del CMO. Además, se instó al gobernador Johnny Vedia, al alcalde Adhemar Wilcarani y a la ALDO, así como a todas las instituciones y organizaciones sociales vivas del departamento, a sumarse a esta medida de presión.

Solicitudes adicionales y medidas simbólicas

También se solicitó mediante las instituciones correspondientes la ampliación de vuelos y vuelos solidarios hacia el departamento. Se declaró personas no gratas para el departamento a Marco Jaimes Molina, Georgina Amusquivar, Juan José Jáuregui y Enrique Fernando Urquidi Daza; y como enemigo del departamento de Oruro al expresidente del Estado, Juan Evo Morales Ayma, así como a todas las organizaciones sociales que atentan contra los intereses de los orureños.

Huelga continúa hasta levantamiento total del bloqueo

Después del acto de izamiento de banderas en la terraza de la Casa Consistorial, los concejales iniciaron la huelga de hambre en sus respectivos curules e invitaron a las diferentes instituciones vivas de Oruro a unirse a esta medida de presión.

Acuerdo parcial pero bloqueo persiste

En horas vespertinas ayer, tras intensas jornadas de diálogo se llegó a un acuerdo para asegurar la implementación de la ley electoral judicial 2024 en Bolivia. Se consensuó la redacción del Proyecto de Ley Nº 144/22-23 y se comprometieron a reanudar el proceso legislativo y garantizar su aprobación.

Continuidad de la huelga hasta levantamiento total del bloqueo

Frente a esta determinación, los simpatizantes de Morales que protagonizan los bloqueos anunciaron que entrarían en un cuarto intermedio y levantarían el bloqueo de carreteras a nivel nacional.

Ratificación de postura por parte del Concejo Municipal

Sin embargo, el presidente del CMO, Freddy Mamani, señaló que aunque la carretera Oruro-La Paz está despejada, aún persisten bloqueos en el camino que conecta al departamento con Cochabamba. Por lo tanto, ratificaron su postura de continuar con la huelga de hambre hasta que se levante el bloqueo.

Llamado a sumarse y resistir

“Como Concejo Municipal, sectores sociales y la ALDO vamos a continuar con la huelga de hambre hasta que esté despejada la ruta Cochabamba-Oruro. Instamos a todas las instituciones a sumarse porque es momento de que los orureños digamos basta a este bloqueo y no permitamos ser tratados como si fuéramos insignificantes. Estamos firmes y continuaremos con la huelga de hambre”, afirmó Mamani.

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El dirigente Edgar Pinaya precisó que existen ocho puntos de bloqueo en la vía que conecta Oruro con La Paz. Al igual que en otras regiones del país, confirmó que las movilizaciones persistirán hasta que la Asamblea Legislativa logre un acuerdo.

Marcha pacífica termina en enfrentamiento con la Policía

Respecto a los conflictos del día anterior, aseguró que estaban realizando una marcha pacífica en la carretera y que la Policía les había dado autorización; sin embargo, los efectivos habrían arremetido contra ellos cuando se detuvieron en un punto para descansar.

Aseguró también que casi un centenar de heridos fueron atendidos en el hospital de Caracollo, con heridas leves y golpes; el caso más grave es el de una persona cuyo tabique nasal resultó fracturado y actualmente está siendo tratada en la Clínica Natividad en la ciudad de Oruro.

Actuación policial sin motivo aparente, según dirigente

La Ejecutiva Municipal de las Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Caracollo “Bartolina Sisa”, Jimena Choque, también aseguró que los efectivos policiales actuaron contra la movilización sin motivo aparente, por lo cual tuvieron que reaccionar para defenderse.

Reunión para determinar futuras acciones y posible marcha a La Paz

Finalmente, el dirigente Eberth Velasco anticipó que esta tarde realizarán una reunión con los dirigentes para determinar futuras acciones. Ante los constantes enfrentamientos que se registran en la Vicepresidencia en La Paz, no descartó la posibilidad de realizar una marcha hasta la sede de Gobierno.

De igual forma, no descartó que se decida un cuarto intermedio en las medidas de presión debido al Último Convite y el Sábado de Peregrinación, ya que no desean perjudicar esta actividad tan importante para Oruro.

https://www.youtube.com/watch?v=EdI1tOemYGk

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Hasta mayo de este año se registraron a nivel nacional 86 bloqueos viales, siendo Santa Cruz el punto central de 34 de ellos, lo que representa un 39% del total registrado.

Huascar Pacheco, especialista en análisis de conflictos de la Fundación Unir Bolivia, infiere que la obstrucción de carreteras durante protestas y presiones sociales puede provocar impactos negativos en varios aspectos. En términos económicos, las carreteras son importantes vías para el comercio y cuando se bloquean interrumpen el flujo de productos afectando tanto a la economía local como nacional.

Las empresas pueden enfrentar dificultades para distribuir sus productos, los agricultores pueden perder oportunidades para vender sus cosechas y los consumidores pueden sufrir escasez de productos básicos.

Desde la Cámara de Exportadores Logística y Promoción (Cadex), dieron cuenta que los bloqueos afectaron a las exportaciones, implicando sobrecostos logísticos para las empresas que no pudieron cumplir con sus programaciones logísticas. Observaron que los bloqueos no solo se dieron en Bolivia sino también en países vecinos como Perú donde hubo un bloqueo masivo por más dos meses.

En función al lugar donde se realizan, Cadex estima un sobrecosto diario promedio por cada camión parado en las carreteras de $us 150. “Dependiendo de la duración y la ubicación del punto de bloqueo, la incidencia es diferente, dado que puede ir desde sobrecostos hasta multas a las empresas por incumplimiento de plazos”, indicaron desde la organización.

Por todo ello y la importancia de las exportaciones no tradicionales que superaron las exportaciones de hidrocarburos, Cadex consideró imperativo facilitar las exportaciones a través de mecanismos que hagan fluidos los pasos fronterizos con trámites ágiles y digitalizados para prevenir conflictos que produzcan bloqueos y generar mayor desarrollo para el país.

En Cochabamba, según el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas (FEPC), Luis Laredo, se estima una pérdida económica total por bloqueo de Bs. 348 millones entre los departamentos de Cochabamba (Bs 118.030) y Santa Cruz (Bs 229.065).

Sectores afectados incluyen transporte y almacenaje, agropecuario, industria manufacturera, turismo y restauración, comercio interprovincial y minería.

Marcelo Cruz, secretario ejecutivo de Asociatrin indicó que el sector también sufre los efectos en cadena de los bloqueos. Dejó entrever que el impedimento normal en rotación camiones tiene efecto en multas por retraso en entrega carga además caída del precio del flete desgasta “asfixiando” economía operadores sector.

Desde el Gobierno, el viceministro Benjamín Blanco afirmó que cualquier actividad que impida el libre tránsito ocasiona cuantiosas pérdidas para economía nacional. Por ejemplo, cada día de restricción a la circulación vehicular con mercancía boliviana por ruta al Desaguadero representa una pérdida promedio diaria de $us 4,5 millones con un equivalente mensual aproximado a $us 135 millones.

Según Blanco, en 2022 Bolivia exportó en promedio $us 1.138 millones por mes. “Un paro o bloque por 30 días (continuos o discontinuos) representa aproximadamente una pérdida del 12% del valor total exportado mensual”, afirmó.

Los conflictos sociales en las carreteras son perjudiciales tanto para las exportaciones como para las importaciones especialmente cuando no se tiene acceso directo al mar.

Por un lado se deja de percibir divisas traduciéndose en menores ingresos para el sector exportador y para la economía nacional; mientras que por otro lado, se restringen las importaciones importantes y necesarias para el desarrollo productivo.

Por su parte el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, dijo que cualquier interrupción de la transitabilidad en una sola ruta y por un día tiene efectos negativos en algunas cadenas productivas del sector. La conflictividad provoca incertidumbre para las inversiones y posterga el desarrollo afectando tanto al sector como a la actividad económica en general.

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El pasado viernes 10 de marzo se llevaron adelante las justas eleccionarias en la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo (Febad), donde se habilitó solamente al frente “Cambio Radical” encabezado por Edwin Gutiérrez, mismo que fue ganador del acto electivo con 148 votos de respaldo de los 153 afiliados que acudieron a las urnas en sus distintas asociaciones, en Oruro solo votaron ocho asociados y todos en favor del frente ganador.

Sin embargo hubo algunos conflictos ya que otro de los frentes encabezado por Yamil Segovia e Igor Valenzuela, presentaron un amparo constitucional señalando que fueron inhabilitados erróneamente por parte del Comité Electoral, a pesar de esto, el lunes por la mañana en La Paz, el nuevo directorio fue posesionado e inmediatamente asumió funciones. La nueva directiva está formada por Edwin Fernández como presidente, René Céspedes como vicepresidente, Rodney Puch como director general de la comisión deportiva y Erwin Quiroga como inspector deportivo nacional.

POSTERGACIÓN

Tras el acto de posesión, se analizó la situación actual que se vive en el país con los bloqueos de caminos en los departamentos de Potosí y Oruro, esto sumado a una solicitud de corredores dio pie a que se decida postergar la competencia nacional prevista para el 18 y 19 de marzo en el circuito de Huayña Pasto Grande del departamento de Oruro.

En horas precedentes se emitió una nota firmada por representantes de seis asociaciones departamentales, además del presidente de la Febad, en la cual se da a conocer que en coordinación con el presidente de la Asociación de Automovilismo Deportivo de Oruro (AADO) Reynaldo Mamani y las demás asociaciones, se determinó postergar la segunda fecha del campeonato nacional sin una fecha prevista.

Según los dirigentes de la AADO, se espera que esta pausa sea hasta inicios de abril ya que se tiene todo previsto para el desarrollo de la prueba nacional.

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El martes 7 de marzo, efectivos de la policía lanzaron gas lacrimógeno de forma directa e intencional contra periodistas de los canales de televisión Cadena A y Unitel, respectivamente, cuando reportaban en vivo la marcha de protesta del Magisterio Urbano en la ciudad de La Paz, según informó la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Un día después, el 8 de marzo, un periodista de TV OFF fue herido en la rodilla cuando cubría la movilización del magisterio nacional, según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Asimismo, un oficial de Policía se identificó como el jefe de seguridad del Banco Central de Bolivia, impidió el trabajo de la prensa y amenazó con agredir un periodista, mientras realizaba la cobertura de la compra de dólares en la entidad bancaria y le exigió borrar el video que estaba grabando.

Por otra parte, al menos tres medios de comunicación como Página Siete, El Diario y Periodismo Somos Todos fueron expulsados de la audiencia de ampliación a la detención preventiva del caso Golpe I, en un acto premeditado de censura por parte de las autoridades judiciales a cargo de ese proceso.

El Estado tiene el deber de proteger la labor de las y los periodistas, identificar los riesgos y adoptar oportunamente las medidas de protección para evitar la violencia, y garantizar que la Policía respete y proteja el trabajo de la prensa.

La entrada ANPB Y APLP denuncian hechos de censura y violencia en contra de periodistas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Creemos que nuevamente estamos atravesando un problema social a consecuencia de la detención del gobernador (Camacho), sabemos que la anterior oportunidad cuando hicieron el paro por 36 días afectó a la parte económica de todos los bolivianos no solamente de Santa Cruz, ha habido una afectación en lo que se refiere a los alimentos de la canasta de primera necesidad”, señaló Veliz.

Asimismo, consideró que quienes deben dar la solución a este tema son las autoridades jurisdiccionales puesto de que en su momento Camacho fue notificado y al haber un desacato a las notificaciones, “creemos que la autoridad simplemente ha cumplido con lo que dice la ley, la aprehensión inmediata para este gobernador por desacato a resoluciones que tenía”.

ECONOMÍA

En ese sentido, los gremiales lamentaron de mantenerse esta posición de las autoridades de Santa Cruz, no solo Oruro sino toda Bolivia se verá afectada en el aspecto económico ante la falta de productos de la primera necesidad, lo que derivará en un aumento de precios.

“No sé por qué razones las autoridades de Santa Cruz están tomando estas medidas de querer desabastecer de los productos de la canasta familiar, a todos los habitantes y eso perjudicaría el alza de los precios porque cuando hay este tipo de actitudes, inmediatamente los productos van elevándose porque no hay aprovisionamiento, y cuando no hay, escasea y eso va elevando el precio de estos productos”, refirió.

En esa línea, los gremiales piden a las autoridades dar solución a la problemática a la brevedad posible, temiendo que en adelante continúen los problemas sociales a nivel nacional.

La entrada Sector gremial de Oruro observa afectación a la economía nacional se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Arroyo destacó el arduo trabajo del ex Delegado Defensorial Departamental de Oruro, José León, y calificó su gestión de excelente, sin embargo, consideró que falta abordar varias temáticas en este 2023.

Actualmente la institución está en proceso administrativo de evaluación del Plan Operativo Anual (POA), para posteriormente dar algunos lineamientos y acciones concretas para este año.

“En 2023 y correspondiendo al crecimiento de los casos de violencia, vamos a priorizar el tema de exigir a las autoridades el tema de la institucionalización de los cargos de aquellos funcionarios que tienen que ver con atención a población vulnerables, principalmente mujeres que sufren violencia, niños adolescentes y el tema de migrantes”, manifestó el Delegado Defensorial.

Asimismo, refirió que existen temas pendientes relativos a los derechos ambientales en diferentes municipios, los cuales serán tratados en el trascurso de los siguientes días.

Arroyo es abogado de profesión con 25 años en el ejercicio, 14 de los cuales trabajó en la Defensoría del Pueblo en diferentes áreas, entre ellas como responsable de conflictos sociales, de programas especiales y atención a la ciudadanía.

Asimismo, el actual Delegado desempeñó funciones en el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (TDJO) en el cargo de vocal en Sala Civil y en Sala Penal Segunda respectivamente, ejerciendo además la profesión libre en distintas etapas de su vida dedicándose al servicio de los derechos humanos.

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Sin embargo, durante esta nueva época de conflictos en Santa Cruz, se denunció a la Policía como la principal agresora, es decir, una de las entidades que debería garantizar el trabajo de la prensa.
 
Ante este hecho, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (Fstpc) le recordó al Gobierno del Presidente Luis Arce, que es su obligación proteger a los trabajadores de la prensa, en cumplimiento de las leyes que rigen en el país.
 
Tal es el caso del Artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el que se establece que se debe garantizar el ejercicio laboral de los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, y el derecho a la comunicación e información.

/ LMPT

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La Dirección Regional de Salud de Junín confirmó la noticia, resaltando que las muertes se dieron durante enfrentamientos en el distrito de Pichanaki; además 52 personas resultaron heridas, de las que 43 son manifestantes y nueve policías.

Al respecto, el Ministerio de Salud anunció que 63 personas continúan hospitalizadas tras las protestas en diferentes regiones del país se mantienen hospitalizadas tras las protestas producidas en diversos puntos del país.

Detalles de los conflictos

Las tres víctimas recientes se suman a seis en Apurímac, tres de La Libertad, ocho de Ayacucho, una Arequipa, y una de Cuzco; al momento las autoridades no dieron las identidades de todas las personas que perdieron la vida.

Respecto a los heridos, 26 están en Ayacucho, pues el jueves reciente, protestantes intentaron tomar el aeropuerto, lo que derivó en que militares abrieran fuego contra ellos, lo cual fue viralizado en redes sociales.

“Los 410 establecimientos de salud y hospitales de apoyo de la región se encuentran en alerta roja, con el fin de garantizar la presencia del personal, la disposición de insumos médicos y la atención oportuna de los pacientes”, señaló la Dirección Regional de Salud de Ayacucho.

Ante la situación, el Gobierno de Boluarte decretó estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones, por lo que luego se declaró toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos.

“Lamento los trágicos acontecimientos que han segado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar”, manifestó la mandataria, de acuerdo al reporte del portal La Vanguardia.

/JDLF/

La entrada Perú: Incrementan a 22 los muertos de las protestas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Mediante una conferencia de prensa, el funcionario dio la noticia y recalcó que la multa de rigor, que equivale a 100 bolivianos, comenzará a aplicarse desde el 1 de febrero de 2023, según estipula la Ley de Tránsito.

La ITV debía culminar este sábado 17 de diciembre, no obstante, desde la Policía anunciaron que, a pedido de organizaciones sociales y del transporte público, se amplió el plazo debido a que argumentaron que sus afiliados no cumplieron con este requisito debido a los conflictos sociales que acontecieron en el país en los últimos meses, según informaron medios estatales.

De acuerdo con el informe de Mercado, hasta ahora el 56 por ciento del parque automotor nacional cumplió con el procedimiento, lo que equivale a 598.338 vehículos. En Bolivia están registrados al menos 1.260.000 motorizados.

Además, añadió que durante el periodo que resta para cumplir la ITV también se ampliaron los horarios de atención, desde las 08:00 hasta las 18:00 de lunes a sábado en todos los puntos de inspección.

/ LMPT

La entrada Policía da marcha atrás y amplía el plazo de la inspección vehicular hasta el 31 de enero se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

No obstante, los expertos señalaron que el sector no fue ampliamente dañado hasta ahora, además de las interrupciones en el transporte de personas e insumos, pero el riesgo de que el conflicto termine afectando el suministro es persistente.

“Un mayor riesgo significa menos inversión, menos suministro a lo largo del tiempo y un precio del cobre más alto”, explicó uno de los analistas de acuerdo al portal Rumbo Minero Internacional.

Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) condenaron la violencia durante los conflictos en Perú y afirmaron que los bloqueos de carreteras impiden gravemente el normal abastecimiento de combustibles.

“Las acciones ocasionan serios contratiempos en diferentes operaciones mineras que se vieron afectadas en los procesos de abastecimiento de insumos, alimentos, reemplazo de personal y traslado de producción”, emitieron en un comunicado.

En procura de solucionar los conflictos, Boluarte anunció que se adelantarían las Elecciones Generales para abril de 2024, en medio de protestas que exigen comicios inmediatos y mientras la justicia evalúa extender la prisión para el destituido Pedro Castillo, investigado por rebelión.

/ LMPT

La entrada Conflictos en Perú afectan insumos para industria del cobre y crecen las dudas sobre su producción se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Tras haberse levantado el paro de 36 días, manifestó que pensó que los malos momentos ya pasaron, pero la realidad del pueblo sigue siendo marcada por situaciones difíciles con avasallamientos en las provincias y violencia en las calles.

“Todos queremos que esto se solucione y de verdad pedimos a las autoridades. ¿A quién le corresponde poner orden? porque hasta ahora no sabemos a quién acudir. No se sabe quién va a poner orden y por eso pedimos a aquel que le corresponde poner orden y hacer las cosas bien, que lo haga para bajar la tensión que se está viviendo aquí en la ciudad”, pidió el sacerdote según informó la red de noticias Erbol.

Además, afirmó que el pueblo no puede seguir viviendo de esa manera a tan solo algunos días de la Navidad, porque el deseo de todos es vivir en paz, en unidad y tranquilidad, sin mirar quién viene o entra a casa o tener que buscar a quién acudir por ayuda.

También expresó su confianza en que haya alguna autoridad que se manifieste y ponga solución a los conflictos, por lo que recordó que la Iglesia siempre habló de lo que Dios quiere para el pueblo, lo que sirvió para frenar algunas ambiciones.

Exhortó a prepararse para recibir la Navidad, sin tantos juegos artificiales ni estrenar algo nuevo, sino buscando la paz y sin emitir juicios contra los que piensan diferente.

“Para encontrar una paz verdadera hay que perdonar. El perdón es importante en la vida de aquel que cree en el Señor pero, realmente, aquel que no cree en Dios se mira a sí mismo y busca cómo deshacerse de aquel que no piensa igual”, indicó Leigue al mismo tiempo que puntualizó que el desafío de esta Navidad será el perdón.

/ LMPT

La entrada Arzobispo pide a las autoridades poner orden en Santa Cruz se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La legisladora resaltó que todo boliviano tiene derecho a manifestarse o a pedir diferentes reivindicaciones, señalando que Los Yungas al igual que todo el territorio nacional, demanda trabajo, mejoras en la economía de toda familia.

Respecto a los detenidos en el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), sostuvo que la situación no está en manos del nivel central, siendo más un tema judicial; sin embargo, ponderó que de acuerdo a la ley, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Recalcó que no es momento para generar conflicto en el país, pidiendo reflexionar a los movilizados; además instó a las autoridades que atiendan las demandas de los ciudadanos.

“A las autoridades decirles que no hagan oídos sordos a todos estos temas, no solo a lo de Los Yungas, a nivel nacional, no podemos en estos momentos querer que se conflictúe el país, queremos trabajar y allanar una salida porque dentro de las demandas de Los Yungas está el Censo”, manifestó.

Realización del Censo

Por otro lado, aseveró que el Censo Nacional de Población y Vivienda es un derecho que está en la Constitución Política del Estado y que según su criterio, el nivel central ya atendió la demanda con el Decreto Supremo que establece que la Encuesta se efectuará el 23 de marzo de 2024.

“No corresponde creo yo seguir convulsionando (…) llamamos a reflexionar a los compañeros y al nivel central a escuchar las diferentes demandas que tienen a nivel nacional”, sostuvo.

/JDLF/

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“Lamentamos que la imagen del país se vaya deteriorando, pero vamos a hacer las gestiones para minimizar los daños”, dijo Costa días atrás, a inicio de semana, la tercera que lleva el paro cívico indefinido en Santa Cruz.

Pese a la conminatoria que hizo la Conmebol a la FBF para jugar las seis fechas restantes en noviembre o diciembre y declarar a un campeón en cancha y a los ganadores de las plazas a las copas internacionales, los clubes de la División Profesional se han declarado incapaces de jugar en estos meses que quedan.

Los argumentos de las instituciones -que serán expuestos por Costa ante la Conmebol en Asunción- tienen que ver con la falta de recursos económicos para cubrir la logística, falta de dinero para hacer adendas y ampliar los contratos con algunos futbolistas.

También se informará que los restantes siete premios se repartirán a través de la tabla acumulativa, una postura que van en contra de la política de la Confederación. Asimismo, esta vía genera un nuevo problema, porque la dirigencia caerá en un vacío legal para definir el descenso de categoría.

La decisión de dar por finalizado el torneo será tomada este jueves en el Consejo Superior de la División Profesional en La Paz en una reunión presencial, donde los dirigentes firmarán esta determinación, que será llevada a la Conmebol, a pesar de tener la autorización de la FIFA para jugar durante la Copa Mundial Qatar 2022.

“Se tiene que tomar decisiones, tanto los clubes y la Federación, ya no se puede esperar que tomen una decisión. Pasaron 19 días desde el inicio del conflicto y los tiempos se están acortando”, declaró José Antonio Claure, director de Marketing de la FBF.

Un hecho similar ocurrió con el torneo Clausura 2019: un conflicto social-político detuvo el fútbol en el país por 21 días. Las restantes diez fechas de un campeonato con 26 jornadas, con 14 clubes, se jugó a finales de noviembre y diciembre hasta finalizar el 28 de diciembre de forma maratónica.

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El elenco de la Capital trata de eludir al descenso de categoría en medio de un ambiente de incertidumbre con cuatro fechas del campeonato suspendidos por el conflicto social y en una nota expuso sus argumentos a la Federación para dejar sin efecto la pérdida de categoría.

“Que para el hipotético caso de que se dé por finalizado el torneo sin haberse disputado la totalidad de los partidos previstos (30), se suspendan los descensos tanto directos como indirectos”, indica uno de los puntos petitorios del club “estudiantil”.

Esta solicitud de la “U” se apoya en el artículo 10 del Reglamento de la FIFA, que hace mención a que los descensos se realizan con base en los méritos deportivos con partidos disputados.

Con un torneo estacando por el paro en la capital oriental, una opción que maneja la dirigencia es dar por finalizado el torneo Clausura, apoyándose en el artículo 34 del Reglamento de Campeonato y repartir los premios a través de la tabla acumulativa, de la cual también salen los descendidos. Pero en la normativa no se hace referencia sobre el futuro del último ni del penúltimo en esta tabla.

Como acción preventiva, la “U” envió esta solicitud este lunes, el día en el cual contrató a los abogados Diego Raguseo y Eduardo Martins, quienes se encargarán de hacer la defensa jurídica ante cualquier inconveniente.

El segundo pedido de los “estudiantiles” es: “Que se nos brinde la información solicitada atento a ser afectados directos de la quita o no, de puntos al Club Deportivo Jorge Wilstermann”, en referencia a las sanciones que podría recibir la entidad valluna por incumplir con el pago de las deudas económicos con futbolistas.

La “U” está en el fondo de la tabla acumulada con 39 puntos, FC Universitario penúltimo con 41 y Wilstermann está en el décimo segundo con 45.

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Hasta ahora van dos jornadas del Clausura que fueron suspendidas: 25 y 26. La fecha 27 debe comenzar el sábado 29 de octubre y extenderse hasta el lunes 31 de octubre, pero las consecuencias del paro en Santa Cruz comienzan a agudizarse. El Gobierno convocó a una mesa de diálogo para este viernes, lo que no daría tiempo para que los equipos tengan lista su logística de traslado en caso de retirarse la medida de presión.

Con una tercera fecha colgada, los plazos se estrecharían para el fútbol boliviano. Pese a esto, con tres jornadas suspendidas hay posibilidad de reanudar el campeonato y finalizar dentro de los tiempos establecidos en un principio: antes del inicio de la Copa Mundial Qatar 2022.

“Si el paro se levanta, jugando desde el 1 de noviembre nos alcanzaría el tiempo para finalizar el torneo como estaba aprobado. Los encargados de Competiciones tendrían que comprimir el calendario, llegar a jugar incluso cada 48 horas”, explicó Rafael Paz, vicepresidente de la FBF.

Los clubes de la División Profesional fueron citados a una reunión de Consejo Superior, vía virtual, para el lunes 31 de octubre, día en el cual se tomará una postura definitiva sobre el futuro del campeonato.

La dirigencia federativa pidió a los representantes de los 16 equipos que estén alertas en caso de alguna modificación, a la espera de un acercamiento y acuerdo entre el Gobierno y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz.

“Vamos a hacer todo lo necesario para finalizar el torneo con las 30 fechas, ese es nuestro deseo y el de los clubes. No queremos llegar a aplicar el artículo 34 del Reglamento, esa sería la última opción”, agregó Paz.

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La entidad defensorial observó que los puntos de discrepancia, respecto al Censo, se manifestaron con mayor fuerza desde los sectores movilizados por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz.

“A través de sus voceros autorizados, ha manifestado la plena voluntad de analizar los temas que generan controversia con las instancias estatales, sobre todo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la instalación de un espacio de diálogo en el que se desarrolle un análisis técnico. Esta determinación ha sido reiterada en una reunión con nuestra Delegación Defensorial de Santa Cruz”, indica el documento.

Asimismo, voceros del Gobierno manifestaron a través de los medios de comunicación, la predisposición de un diálogo franco y técnico para la posibilidad de instalar de mesas técnicas.

“Esta predisposición para analizar los temas referidos al desarrollo del Censo, a través de un dialogo franco y sincero, como única forma de entendimiento, apuesta a garantizar la paz social a la población boliviana, la más afectada en escenarios de confrontación y violencia”, se lee en el comunicado.

La Defensoría del Pueblo instó a todos los actores sociales e instituciones públicas involucradas en el conflicto, a cumplir con la predisposición manifestada de buscar la resolución de los problemas y demandas planteadas relacionadas al Censo.

VOCERO: “DIÁLOGO INMEDIATO, SIN CONDICIONAMIENTOS NI CONMINATORIAS”

Por su parte, el vocero presidencial, Jorge Richter, convocó este martes al Comité Interinstitucional de Santa Cruz a un diálogo inmediato, sin condicionamientos ni conminatorias por el Censo.

Respecto a la exigencia de la abrogación del Decreto Supremo 4760 que posterga el censo para 2024, la autoridad resaltó que, una consigna que está sobre la mesa, no es más que una imposición y la imposición es algo absolutamente contraria al diálogo.

“El diálogo tiene que ser abierto y tiene que poder incorporar un sinnúmero de posibilidades que sean precisamente de observaciones técnicas, en este caso el censo, que permitan deconstruir los distintos cronogramas para poder encontrar la mejor solución”, afirmó Richter.

El llamado Comité Interinstitucional, liderado por el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar optó por convocar a un paro indefinido desde el 22 de octubre, si hasta el 21 no se adelanta el censo.

/NVY

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Asimismo, indicó que los conflictos sociales son permanentes, por lo cual mencionó que el problema de Asociación de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca), es uno más de los que hay en el país como el tema de las áreas mineras, el medio ambiente y el trabajo ilegal de las minas.

“La AJAM no está trabajando operativamente, está tardando cuatro o cinco años para una concesión y por eso digo que el nuevo Defensor (Pedro Calisaya) debe trabajar por los derechos de todos los bolivianos y bolivianas ”, declaró Mamani.

/MDCB

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El comunicado se refirió específicamente al caso detectado en las manifestaciones de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca).

“La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba repudia la actuación del Viceministerio de Régimen Interior en el conflicto de Adepcoca en La Paz, avalando que uno de sus funcionarios usurpe la función de periodista para ‘tapar’ una labor parapolicial y de inteligencia en contra de los cocaleros de los Yungas”, remitió parte del comunicado.

La anterior semana, el director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas, fingió ser un periodista para coordinar labores de represión e inteligencia en el conflicto de los cocaleros de Los Yungas, en la zona de Villa El Carmen de la ciudad de La Paz.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Ismael Téllez, justificó el trabajo de Cuentas y manifestó que cumplió sus tareas con el fin de preservar la paz del Estado, según informó la Agencia de Noticias Fides.

“Al haber fingido ser un periodista vulneró las normas del gremio en Bolivia y desprestigió a nuestro sector”, se leyó en otra parte del documento. Además, observaron que Cuentas no realizó un trabajo parapolicial para el Ministerio de Gobierno, sino con fines privados irregulares.

Finalmente, la Fstpc pidió a Téllez detener estas acciones y no fomentarlas; también solicitaron que se explique si hubo o no un manejo inadecuado de los bienes del Estado.

/ LMPT

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Entre los posibles denunciados por la Fejuve estarían el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, quien según Vera “convocaba a los guardias municipales, maquinarias para convulsionar a la ciudad”.

“La Fejuve La Paz ha reunido a su equipo legal. Estamos trabajando para que podamos presentar esta nueva denuncia contra estos actores políticos que en su momento han sido los instigadores y cómplices de la convulsión social y de la muerte de bolivianos que solamente estaban pidiendo paz social y que se respete la democracia”, indicó Vera, según un reporte de la cadena televisiva ATB.

Además, acusa al líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, al empresario Samuel Doria Medina, al expresidente y excandidato Jorge “Tuto” Quiroga y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. A quien el exdirigente señala por llegar a La Paz para convulsionar a la ciudad y “hacernos enfrentar”.

Además, llamó a las demás organizaciones a formar parte de esta nueva denuncia para “formar un cuerpo social” y presentar la querella.

Vera está acusado por los delitos de deterioro y destrucción de bienes del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir en el caso de la quema de los buses “Pumakataris” en el patio de Pampahasi de la ruta Villa Salomé de La Paz Bus.

Fue enviado a la cárcel de San Pedro en noviembre de 2019 y en marzo de 2020 se benefició con la detención domiciliaria; sin embargo, en octubre del mismo año violó la orden de detención domiciliaria que debía cumplir, ya que se lo vio en actos proselitistas de los comicios generales de ese año.

/MDCB

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Lo hizo el jueves a través de la redes sociales para expresar su opinión y de forma sarcástica pregunto si ahora sería el turno del fuego o del cuchillo.

“Cuando se apuesta a más irracional, un senador del MAS planteó declarar patrimonio a la dinamita. ¿Qué se viene ahora? ¿Proponer que el cuchillo, las piedras o el fuego sean patrimonio? Esos instrumentos que aman los asesinos.

Dejen de ser absurdos y desinformados”, publicó Arias en su cuenta de Twitter.

El proyecto presentado por el senador Hilarión Mamani ingresó el jueves durante la sesión de la Cámara Alta.

Luego de dar lectura a ese punto la plena normativa fue derivada a la Comisión de Pueblos Indígenas para su tratamiento.

“El senador Hilarión Mamani Navarro remite el Proyecto de Ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a los símbolos del guardatojo y la dinamita, como representación histórica de la resistencia y lucha de los mineros por la defensa de la democracia y los recursos naturales” detalla la parte de correspondencia de la agenda legislativa en el senado.

De igual manera miembros de la oposición manifestaron ayer su crítica a la propuesta, al considerarla descabellada y un asunto más político que se estima no va a prosperar.

Sin embargo, la Ley 400 y el Decreto 2888 prohíben el uso de este tipo de explosivos en las manifestaciones.

/ABH

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La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), pidió priorizar el diálogo para que se levanten los bloqueos en distintos puntos del país, ya que estas medidas de presión solo generan pérdidas económicas cuantiosas.

“Los conflictos sociales que resultan en cierre de carreteras generan pérdidas cuantiosas al transporte, comercio e industria y golpean aún más a las empresas ya afectadas por la pandemia y la crisis mundial. Urge diálogo”, fue la petición de los empresarios privados.

El bloqueo en Ascensión de Guarayos impide el paso entre Santa Cruz y Beni, el de Buena vista cerró el flujo vehicular entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz; en el Desaguadero, el movimiento comercial por la carretera a Perú se vio afectado por las medidas de presión.

En Ascensión de Guarayos, en la comunidad San Antonio de la Junta, el conflicto se debe a que unos comunarios exigen la titulación de un predio incautado hace dos semanas. La semana precedente incluso se registraron enfrentamientos entre estas personas y otro grupo que trató de desaojarlos, según informó El Deber.

Los enfrentamientos dejaron el saldo de una persona fallecida, identificada como Franklin Delgadillo; después de este incidente, los considerados avasalladores también instalaron un punto de bloqueo, exigiendo el arresto de los responsables de esta muerte y que el terreno en cuestión sea adjudicado a su nombre.

En Buena Vista, son las juntas escolares las que decidieron bloquear la carretera Santa Cruz- Cochabamba, demandando un bono escolar que fue prometido por el alcalde del lugar, pero que no se concretó hasta el momento. Los intentos de diálogo con ese sector fracasaron, y la tensión entre bloqueadores y transportistas afectados creció.

En La Paz, comunidades de la provincia de Ingavi cumplieron su séptimo día de bloqueos, quienes entraron en conflicto por la construcción de la carretera Doble vía Río Seco-Desaguadero; la negativa de la Gobernación paceña a pagar el 20 por ciento para la contraparte del proyecto carretero agravó la situación.

/ LMPT

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El vicepresidente cívico, Giovanni Aramayo aseguró que se encuentran susceptibles por el posible accionar de las autoridades de la justicia y la institución del orden, según reporte de radio Fides.

“Nos indican que este fin de año van a accionar a través del Ministerio de Gobierno aprehensiones y nosotros totalmente en desacuerdo de que existan aprehensiones arbitrarias, tienen que existir juicios correspondientes”, manifestó Aramayo.

Ante esta situación, los cívicos tarijeños activaron al equipo jurídico que apoya la defensa del líder cívico de ese departamento, Adrián Ávila.

/MDCB

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El representante del MAS, Nelson Virreira en Cochabamba aseguró que las personas mencionadas y Pumari son los responsables de los actos ocurridos en 2019, según reporte de radio Fides.

Asimismo, de la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí durante los conflictos sociales derivados de las denuncias de fraude en los comicios de esa gestión.

“Marco Pumari, Fernando Camacho, Rómulo Calvo en esta última movilización, Carlos Mesa y otros son autores de las masacres de Senkata y Sacaba, son autores intelectuales del golpe de Estado”, manifestó Vierreira exhortando a la justicia ampliar las investigaciones a los opositores.

Finalmente, la representación del MAS respalda las labores del Ministerio Público y pidieron a las autoridades judiciales no ceder a las presiones de cívicos que anunciaron movilizaciones en rechazo a las aprehensiones.

/MDCB

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El burgomaestre señaló que no es el momento para discutir respecto al federalismo, debido a la coyuntura por conflictos sociales en el país.

Reyes Villa indicó que la propuesta debe de hacerse en un momento de “responsabilidad”, de “paz” e “interacción” mediante un pacto social, pero “de que tiene que hacerse, tiene que hacerse”.

“Yo no creo que ahora sea el momento de hablar (de federalismo) porque estamos en un momento de conflictos sociales de diferentes sectores. Estamos viendo marchas, paros y hablar ahora de federalismo y creo que es echar gasolina al fuego”, subrayó.

Propuesta de federalismo divide criterios en el país

La propuesta de luchar por el federalismo en Bolivia, fue realizada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien considera que es la “única forma” de “frenar” el centralismo del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Desde el Gobierno, señalaron que la iniciativa lanzada carece de seriedad cuando se lo plantea en función de un adversario político y supuestamente “abre el riesgo” de que alguno de los departamentos apueste por “intentar independizarse” en el tiempo.

Por su parte, desde Comunidad Ciudadana (CC), el senador Rodrigo Paz, indicó que quien se opuso rotundamente a las autonomías fue Evo Morales.

“El primero en oponerse a las autonomías fue Evo Morales. El MAS tiene esa habilidad, ahora va a querer ser el padre del federalismo seguramente, así como en su momento negó la autonomía, ahora quiere ser el padre de la autonomía”, manifestó Paz.

/JDLF/

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La exautoridad allegada a Evo Morales, estuvo presente en un curso de formación política en el Chapare de Cochabamba.

“Ahora estamos teniendo dificultades y hay que ser autocríticos, porque nuestros compañeros en el Gobierno y en el Legislativo no tienen la suficiente formación política e ideológica para dar la cara y salir a las calles para ocupar una trinchera y pelear una ley”, cuestionó Quintana.

El exministro de la Presidencia, quien estuvo asilado en la embajada de México durante los conflictos de 2019, criticó a los sectores cívicos y aseguró que la derecha no volverá a gobernar el país, según reporte de El Deber.

“La derecha está afilando sus cuchillos, la derecha está afilando sus dientes, la derecha está haciendo brillar sus bayonetas, frente a todo eso vamos a dar el pecho, pero democráticamente en las calles”, sentenció Quintana.

Gremiales, junto al bloque político-cívico se alió con transporte pesado y fue parte de un paro de nueve días. El cívico cruceño, Rómulo Calvo tomó el control del conflicto y sumó a las demandas un paquete de leyes llamadas malditas y la restitución de los 2/3 en todas las decisiones del Legislativo.

El Gobierno tuvo que abrogar la Ley 1386 ante la presión de sectores que instalaron un paro indefinido. La medida se sintió con más intensidad en las regiones de Santa Cruz y Potosí.

Asimismo, Calvo tuvo que enfrentar un conflicto interno, tras suspender el paro en coordinación con sus aliados. El jueves precedentereapareció y dijo que gente infiltrada provocó esas protestas.

Quintana cuestionó las acciones de Calvo.

“Ese como cabeza tiene una tutuma, no tiene cerebro, no piensa como ser humano, no sé dónde ha perdido el cerebro, por ese sujeto que convocó al odio, a la confrontación y a la violencia cuántos millones de dólares ha perdido Santa Cruz, los empresarios, sus trabajadores”, manifestó finalmente el allegado de Morales.

/MDCB

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´La Comisión de Futsal de Bolivia comunica la postergación de los partidos de semifinal (vuelta) de la Liga Nacional de Fustal, programado para el día viernes 12 de noviembre del presente, hasta una nueva fecha a convenir con los equipos clasificados para esta fase´, indica la nota enviada por dicha comisión a los clubes semifinales.

Los enfrentamientos entre los protestantes en la capital potosina han aumentado en estos días y las medias de presión se extienden por los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, por lo que se anuncia bloqueos en las carreteras que harían intransitable el paso de vehículos del interior.

En este sentido y viendo la integridad física de los jugadores, integrantes del cuerpo técnico, árbitros, dirigentes y espectadores, la Comisión de Futsal decidió suspender los cotejos de la semifinal.

Las revanchas debían celebrarse este viernes, en horario nocturno: el plantel potosino de Deportivo Concepción debía recibir a San Martín de Tarija, en la ida la victoria fue obtenida por los tarijeños por 4-2; Petrolero de Yacuiba iba a enfrentar a Proyecto Latín (La Paz), hace una semana la victoria fue paceña por 3-2.

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La exautoridad confirmó su salida en una conferencia de prensa, señaló que esta determinación se trata de una orden superior, sin responder si tiene o no relación con la situación actual que atraviesa la Policía, cuestionada por las intervenciones violentas a los bloqueos.

“No llevo a mis espaldas ninguna víctima por violencia, he cumplido a cabalidad la ley orgánica de la Policía de acuerdo a la Constitución Política del Estado (…) el día de hoy dejo de ser comandante de la Policía, quiero agradecerles a todos los tarijeños y a cada uno de los medios de comunicación por el apoyo”, indicó Ávila a los medios de comunicación.

La llegada de Almazán al Comando departamental de la Policía se da en medio de tensiones y agresiones registradas en la capital tarijeña en la jornada pasada, por el paro nacional indefinido, en rechazo a la Ley 1386.

“Es un cambio normal, un cambio que se tiene que dar, no sé si será o no será oportuno”, indicó el ahora excomandante.

Explicó que cumplió 31 años de servicio y que pasará al servicio pasivo.

“He cumplido con el juramento, no llevo en mi espalda ninguna víctima por hecho de violencia, he cumplido a cabalidad. Puedo caminar tranquilo por las calles de Tarija sin ningún tipo de temor”, resaltó.

Para esta jornada también se registraron puntos de bloqueo en los barrios Artesanal, Fabril y Morros Blancos. De acuerdo al Comité Cívico, se esperan más de 52 puntos de bloqueo en esta tercer jornada de paro nacional indefinido.

El sector de transporte definió retomar su apoyo con el despliegue de sus unidades luego que la jornada del martes los puntos de bloqueo ejecutados por vecinos, funcionarios de la Alcaldía y de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” (Uajms), y algunos trabajadores.

/GFS/

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Sin embargo, el lunes se prevén dos asambleas de los sectores que pugnan por la representación. Una del sector del dirigente Arnold Alanez, cuestionado por su afinidad al Movimiento Al Socialismo (MAS) y su elección por voto sin la representación de las 17 regionales. Otra del comité de autodefensa.

El sector de Alanez se concentrará en el mercado de coca de Villa Fátima para determinar soluciones a la fractura del sector. En tanto, el otro bloque se reunirá en el hospital cocalero para elegir a una directiva con representación de las 17 regionales que reúne alrededor de 40 mil socios.

Cossío informó que actualmente, queda un cocalero detenido, Jaime Chuquimia, en el penal de San Pedro por portación de explosivos. En tanto, los 100 aprehendidos en la última semana fueron liberados con medidas sustitutivas o libertad pura y simple, reportó el diario Los Tiempos.

Análisis

“El Gobierno busca ampliar el criterio de control político al de dominio territorial de la región legal de producción de la coca”, señaló el sociólogo e investigador de la hoja de coca Fernando Salazar, por los conflictos de Adepcoca.

Salazar considera que “su fin es monopolizar la economía de la coca, legal y excedentaria, en beneficio de la militancia del trópico de Cochabamba”. Por ello, el Gobierno, al perder políticamente en los niveles de organizaciones de sindicatos comunales, subcentrales, centrales y Federaciones, lo que hace es intervenir con dos organizaciones políticas paralelas de su partido a Adepcoca, que es la máxima organización de productores.

Además, sostuvo que Adepcoca es la instancia que “controla la economía y mercado legal, que reporta un movimiento económico que bordea los 300 millones de dólares al año”.

/RXVCH/

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Varios uniformados de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) respondieron con gases lacrimógenos a los manifestantes que usaban piedras y explosivos.
Una parte de la Adepcoca rechaza la elección del dirigente, Arnold Alanes como titular de esa entidad y exige la entrega inmediata del mercado legal de la coca, reportó el diario Página Siete.

Tras los enfrentamientos de esta jornada, se reportó el incendio en un edificio. Se conoce que la Unidad de Bomberos está atendiendo el caso.

El departamento fue quemado presuntamente por el lanzamiento de explosivos de los sectores movilizados, según el informe de varios medios de comunicación. Asimismo, la Policía se encargó de disipar a los grupos mediante el uso de gases lacrimógenos e intentó apagar el incendio con un carro Neptuno.

Con la gasificación, los cocaleros retrocedieron mientras los efectivos continúan resguardando la sede de Adepcoca. Horas antes, el dirigente Alanes anunció que estaba abriendo el mercado para los socios y llamó a la unidad, reportó la red Erbol.

Por otro lado, el subcomandante departamental de la Policía, Hernán Romero, negó que el gas lanzado por los uniformados causara el incendio y acusó a los movilizados de usar “efectos incendiarios”, mientras que una vecina acusó a los efectivos de lo sucedido.

El fin de semana, el Comité de Autodefensa de la Adepcoca anunció una gran concentración de sus socios para este lunes, con el objetivo de tomar el mercado de la coca. En ese sentido, aproximadamente a las 15:00 horas iniciaron los conflictos.

El sector que rechaza a Alanes y los dirigentes que lo apoyan protagonizaron los primeros enfrentamientos con piedras y cachorros de dinamitas. Asimismo, existió una disputa con los uniformados que custodian las instalaciones de la institución cocalera.

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“Creemos en la justicia y apelamos a la justicia, ojalá nos pueda transparentar ante el pueblo sobre los tantos conflictos que han ocurrido en nuestro país“, dijo el senador en un contacto con la red Uno.

En ese marco, Loza indicó que ojalá en estos cuatro meses se pueda realizar una profunda investigación y el esclarecimiento correspondiente de los más de 36 muertos en el país, durante los conflictos sociales que sucedió en noviembre de 2019.

Asimismo, el senador del partido azul ratificó que en los conflictos de noviembre de 2019 hubo “golpe de Estado”.

“No ha habido ninguna sucesión, se han autoproclamado, lo peor todavía, han atropellado al pueblo, se ha masacrado al pueblo. Ha habido decreto supremo que le ha dado carta blanca que ha firmado la presidenta para el Ejército y la Policía, y con ese aval mataron al pueblo”.

Ante el anuncio de movilizaciones en defensa de Áñez y sus exministros, dijo que hay que dejar que el Órgano Judicial encare su labor para investigar las denuncias sobre los muertos, heridos y las detenciones ilegales.

“No es necesario llegar a extremos, si somos de justicia, si somos de esta patria debemos esperar con tranquilidad que la justicia pueda esclarecer ante el pueblo boliviano sobre los cuestionamientos que existe en nuestro país”, señaló.

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“Se llevó a cabo una reunión con los dirigentes. El Ministerio de Salud se había comprometido a darle prioridad a este asunto y poder reglamentar todas las pautas para hacer un pago a las personas que fueron afectadas”, dijo el responsable de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, Pedro Calcina a la agencia ABI.

Manifestó que en esa reunión se acordaron el Reglamento y Resolución Ministerial a efectos de realizar la “calificación de los heridos y los requisitos” para efectuar el reembolso de los gastos médicos en los siguientes meses.

OCTUBRE 2019

Durante los enfrentamientos, tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, se contabilizó la muerte de una treintena de personas en Sacaba y Senkata, luego de la renuncia del expresidente, Evo Morales, tras las denuncias de un presunto fraude electoral en esos comicios.

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La autoridad precisó que el juez dispuso 25 libertades irrestrictas, 20 con medidas sustitutivas y la aprehensión de un menor infractor envuelto en estos bloqueos.

La Fiscalía y la Felcc demostraron probabilidad de autoría de los implicados, debido a que se exhibieron ante el juez los objetos contundentes, armas blancas, fulminantes, guías de dinamita y bombas molotov que emplearon los bloqueadores, según indicó ABI.

Asimismo, Rojas mencionó que más de un centenar de personas que intentaron desbloquear la zona para permitir el paso de vehículos que trasportaban insumos médicos y alimentos, fueron agredidos.

Rojas garantizó el trabajo coordinado entre la comisión de fiscales y las unidades especializadas de la Felcc, para las investigaciones contra las personas denunciadas, por los delitos de genocidio, terrorismo, impedir y estorbar el transporte público, atentar contra la salud pública y otras figuras penales.

COVID-19

El lunes, el comandante Departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Enrique Terán, manifestó también que 14 de las 49 personas aprehendidas, dieron positivo a Covid-19, representando un foco de contagio y riesgo para otros bloqueadores, la Policía y el pueblo de Samaipata.

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Hasta la víspera del 6 de agosto, Bolivia superó los 85 mil casos confirmados, los 3 mil decesos y los 26 recuperados por Covid-19, presentando las recientes semanas, un acelerado incremento de contagios por el virus, que día tras día, supera la barrera de los mil, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que concentran el mayor número de casos.

Además de sumarse la crisis sanitaria, el país atraviesa por conflictos sociales debido a los bloqueos en diferentes puntos del país, por grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), denominados como el “Pacto de la Unidad” que rechazan la nueva fecha de la Elecciones Generales, exigiendo al Tribunal Supremos Electoral (TSE), respetar el 6 de septiembre como la celebración de los comicios.

Los bloqueos y movilizaciones en plena crisis sanitaria, afectan en la circulación de ambulancias, medicamentos y alimentos, pero la falta de oxígeno medicinal para el tratamiento de pacientes con Covid-19 en los hospitales, es sin duda la mayor preocupación hasta el momento debido a que varias vidas se pierden por la falta del insumo esencial.

Sin duda, los 195 años de Independencia, quedarán marcados en la historia por la situación sin precedentes por la que atraviesa el país, con la esperanza de vencer el virus y superar los conflictos sociales a favor de las familias bolivianas.

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Dentro delos grupos que efectuaban la vigilia se encontraban la resistencia JuvenilCochala (RJC) y la coordinadora de la zona sur, quienes recriminaron a losmiembros de la prensa cuando comenzaron los disturbios entre ambos bandos,según reportó el periódico Los Tiempos.

Entrequienes fueron agredidos se encuentra una reportera del diario Los Tiempos querealizaba el seguimiento de los hechos y fue amedrentada y recriminada mientrasrealizaba una transmisión en vivo.

Segúnrelata la periodista, los manifestantes le exigían que no registre los rostrosde los jóvenes movilizados e incluso le lanzaron un huevo para impedir su labor.

La mismasituación sufrió otro corresponsal, quien también se encontraba haciendo elseguimiento del incidente que se registraba en la calle España, asimismo uno delos fotógrafos del periódico Opinión fue amedrentado por otro grupo.

Los conflictos iniciaron cuando la RJC intentaba desalojar a los jóvenes del grupo que llegó de la zona sur, a quienes señalaban de ser afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

/AMJ/

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