Conflicto político en Santa Rosa del Sara

El conflicto político en Bolivia escaló al afectar la infraestructura energética. En este contexto, las cuatro centrales campesinas del municipio de Santa Rosa del Sara ocuparon el pozo petrolero Humberto Suárez y bloquearon sus rutas de acceso. Esta movilización exige la dimisión del Presidente Rodrigo Paz y ha generado preocupación en el sector hidrocarburífero y en los mandos de seguridad del Estado.

Impacto en la operación del pozo

La acción ha interrumpido las actividades regulares de la planta, dejando a 33 trabajadores en una situación de vulnerabilidad operativa dentro de las instalaciones. La Policía Boliviana respondió enviando un contingente hacia la zona con el mandato de proteger los activos del Estado y despejar las vías de suministro, según informó Unitel.

Tensión y medidas de seguridad

No obstante, esta estrategia introduce un factor de tensión, ya que las autoridades han condicionado el inicio de un desalojo forzoso al fracaso de las mesas de diálogo iniciales. El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, confirmó esta medida y argumentó que la paralización del bombeo de crudo genera un daño macroeconómico significativo en la coyuntura actual.

Reacciones gubernamentales

Además, la Cancillería cuestionó la falta de voluntad política por parte de los sectores movilizados para sentarse a negociar, lo que debilita la legitimidad de las protestas. Por ahora, el pozo Humberto Suárez permanece inactivo y bajo control del sector campesino.

Perspectivas futuras

Las próximas horas serán cruciales para determinar si las fuerzas del orden pueden restablecer el flujo energético sin generar violencia en la región cruceña.

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El diputado Brayan Casas expresó este martes 19 de mayo su apoyo a las movilizaciones que exigen la renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Según Casas, “el cargo le ha quedado grande” y considera que lo mejor sería que el mandatario dé un paso al costado antes de que el conflicto se agrave aún más.

Expectativas de diálogo y descontento popular

Casas indicó que hasta la semana pasada existía alguna esperanza de solución mediante el diálogo. Sin embargo, ahora asegura que lo único que desean los ciudadanos de El Alto y las provincias de La Paz es la renuncia del mandatatio.

“Respaldo la renuncia del Presidente porque no ha sabido escuchar. La ideología que manejan los ciudadanos que están bloqueando es decir: ‘si yo he votado por Rodrigo Paz tengo todo el derecho de sacarlo’. Tienen razón porque Rodrigo Paz desde el primer día no ha gobernado para el sector popular, sino para los millonarios”, aseguró el legislador.

Causas del conflicto político en Bolivia

El legislador argumentó que la chispa que encendió la convulsión social fue la mala calidad del combustible. Según él, si este problema se hubiera solucionado adecuadamente y sin demoras, las manifestaciones no hubieran estallado. Además, se refirió a los incidentes de violencia durante las protestas, donde algunos manifestantes agredieron a policías y causaron destrozos a propiedades.

Opiniones sobre la violencia y posibles soluciones

Casas manifestó que, aunque no justifica la violencia, también considera que las fuerzas del orden ejercieron fuerza contra los manifestantes. Aseguró que la violencia cesará cuando el Presidente renuncie. En ese sentido, mencionó que el vicepresidente Edmand Lara está preparado para asumir el cargo si Rodrigo Paz decide renunciar. “Tengo la confianza de que si él llegara a ser Presidente, manejaría mejor el gobierno”, declaró.

Reacciones en el ámbito legislativo

No obstante, la diputada Claudia Bilbao descalificó las declaraciones de su colega Brayan Casas. Afirmó que ni Lara está capacitado para ser Presidente ni Casas para ser diputado, ya que no ha presentado ningún proyecto de ley para contribuir al trabajo legislativo.

Bilbao enfatizó que el orden constitucional de Bolivia no puede romperse. Si los movilizados desean destituir al Presidente, deben esperar dos años más para presentar un revocatorio, como establece la norma. Mientras eso no ocurra, aseguró que las autoridades electas continuarán trabajando. “Lo que ha dicho este diputado es una sandez”, sentenció.

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Declaraciones del expresidente

Las declaraciones de Quiroga se realizaron el lunes 12 de enero de 2026, en medio del debate político que sigue tras las movilizaciones y la decisión oficial de abrogar gran parte de la norma.

Quiroga cuestionó la manera en que el Ejecutivo manejó el conflicto. Inicialmente, el Presidente había afirmado que no retrocedería en su postura, pero luego aceptó modificar el decreto. En este contexto, el expresidente consideró que la situación evidenció problemas de gobernabilidad y tensiones dentro del binomio presidencial.

Errores en el decreto

El exmandatario observó que la redacción del decreto contenía errores formales y disposiciones que no eran aplicables. Además, señaló que la exclusión de sectores como el magisterio, salud y la Policía del incremento salarial generó mayor conflictividad, lo que resultó insostenible en el actual escenario social.

Relación con la COB

Quiroga también cuestionó la relación del Gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB). Indicó que, en un principio, se descalificó a su dirigencia, pero luego se la reconoció como interlocutor válido en el proceso de diálogo.

Críticas a la postura del Presidente

Respecto a las declaraciones del Presidente, Quiroga criticó la postura de no modificar el decreto. Afirmó que esa estrategia no garantiza estabilidad política. “Es un error pensar que se muestra firmeza diciendo: ‘no cambio ni una coma’. Evo Morales dijo lo mismo con la Constitución de La Calancha y se cambiaron 150 artículos”, dijo, según citó Erbol.

Propuestas para mejorar la gobernabilidad

El exjefe de Estado sostuvo que el Ejecutivo debería optar por impulsar reformas mediante decreto, dado que hay una falta de relación fluida entre el Presidente y el vicepresidente, quien preside la Asamblea Legislativa. En este marco, Quiroga señaló que la falta de coordinación interna afecta la capacidad de gestión del Gobierno.

Para mejorar la gobernabilidad, Quiroga propuso que el Ejecutivo resuelva las diferencias internas del binomio presidencial y avance en el cumplimiento de las decisiones judiciales pendientes. Según él, una mayor cohesión institucional permitiría enfrentar de mejor manera el actual contexto político.

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Cuando se trata de explicar las razones estructurales del constante conflicto político y del atraso económico sostenido, se suele identificar a la pérdida de institucionalidad como una de las causas principales. Aunque el concepto está en el discurso público y en la agenda política, no se comprende en su verdadera dimensión ni se advierte la gravedad de su ausencia.
En su definición académica, la institucionalidad es el conjunto articulado de normas, valores, procedimientos y comportamientos que regulan la vida social, en el marco del Estado de derecho. No se limita a la existencia de leyes o de entidades públicas. Implica también la garantía de que esas reglas son estables, justas y neutrales; que no cambian al ritmo de los intereses de los gobernantes; y que el servicio público y el funcionamiento de las entidades estatales se rige por principios constitucionales, no por cuoteo de partidos o delirios de caudillos.
La institucionalidad no es un mero formalismo jurídico. Incluye también la eficiencia de los organismos de control, la cultura cívica, la idoneidad en la gestión pública, la rendición de cuentas y el respeto a la separación de poderes. Es decir, no es solo la existencia de instituciones, sino la calidad, estabilidad y efectividad con que estas funcionan.
La desinstitucionalización es lo opuesto: ocurre cuando las reglas y procedimientos dejan de ser los referentes del comportamiento público y privado, y son reemplazados por decisiones arbitrarias, intereses partidarios, presiones corporativas o poderes informales.
Lamentablemente, Bolivia nunca consolidó una institucionalidad plena, en parte por la naturaleza presidencialista de nuestro sistema democrático, la frivolidad de las élites gobernantes y la ausencia de un proyecto de nación sostenido. Estos factores explican la práctica recurrente de modificar leyes según la coyuntura, el autoritarismo del Poder Ejecutivo, la erosión de la independencia judicial, y el sometimiento de entidades de fiscalización.
Quizá el síntoma más visible de la desinstitucionalización sea el nombramiento de autoridades. Las Constituciones de 1967 y 2009 establecen que, entre las funciones de la Cámara de Diputados está la de “Proponer ternas al Presidente del Estado para la designación de presidentes de entidades económicas y sociales, y otros cargos en que participe el Estado”. Este mandato no se cumple, y pese a contar con mayoría parlamentaria, desde hace décadas las máximas autoridades del Banco Central, Aduana Nacional, Impuestos Internos, COMIBOL, ENDE, YPFB, INRA, ABC, BOA, SENASAG, ENTEL, la Caja Nacional de Salud, las Autoridades de Fiscalización y otras, son designadas discrecionalmente por el Presidente del Estado, sin más requisito que su voluntad. El mecanismo se repite en el caso de Gobernadores, Ministros y Alcaldes que tienen (o creen tener) la potestad de nombrar a cualquier funcionario en su institución, muchas veces por vínculos de compadrazgo, nepotismo, o cuoteo.
Esta práctica conduce a interinatos prolongados y, frecuentemente, a la designación de personas sin formación, experiencia, ética ni idoneidad para desempeñar cargos públicos, lo que genera a su vez la pérdida de legitimidad, desconfianza ciudadana, reemplazo del mérito por lealtad, politización extrema, aumento de la burocracia, despilfarro de los recursos públicos, ineficiencia generalizada y corrupción sistémica.
Pero la institucionalidad no se limita al Estado. Las organizaciones de la sociedad, sean empresariales, políticas, cívicas, sindicales, o de cualquier índole, también requieren institucionalidad para funcionar de manera legítima. Cuando carecen de reglas claras, renovación de liderazgos y mecanismos de representación genuina, caen en prebendalismo, manipulación, captura política y caudillismo. Se vuelven estructuras volátiles, corruptibles y funcionales, que trasladan su conflictividad interna al espacio público.
Pese a que algunas cuentan con normas y procesos estables y participativos; la mayoría funcionan mediante prácticas informales, decisiones discrecionales o liderazgos personalistas, donde el poder se ejerce más por presión o por intereses creados que por legitimidad representativa.
No es exagerado afirmar que el futuro de Bolivia dependerá de nuestra capacidad para restaurar y fortalecer la institucionalidad estatal y social. Sin ellas, no habrá estabilidad política, seguridad jurídica, ni desarrollo económico; y ningún proyecto nacional será viable. Esto pasa, entre otras medidas, por derogar el Estatuto del Funcionario Público y la Ley del Control Social; recuperar el servicio público, eliminar la discrecionalidad e incluir principios como la impugnación social, la rendición de cuentas y la transparencia plena.
Reconstruir la institucionalidad es una responsabilidad ineludible. El gobierno actual tiene apoyo ciudadano y mayoría parlamentaria para iniciar este proceso, y puede elegir si la restablece o la sigue destruyendo. Esperemos que tome la decisión correcta.

Industrial y ex Presidente de la Confederació de Empresarios Privados de Bolivia

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Denuncias de corrupción

El exoficial sostiene que su retiro fue una represalia por denunciar actos de corrupción, incluyendo denuncias contra el coronel Jhonny Ortuño, jefe de registro de antecedentes en Tránsito, y la sargento Maribel Huayllani Silvestre de Diprove Santa Cruz. El Reglamento de Personal diferencia “servicio pasivo”, donde los retirados pueden usar uniforme con autorización del Comando General, de “baja definitiva”, que implica cese de derechos (Artículos 60, 62 y 72). Lara no pertenece a servicio pasivo.

Análisis experto

El analista Emilio Roda argumentó que se trata de un “acto simbólico” y que la normativa no lo prohíbe expresamente en la Constitución. Este contraste entre normativa interna y análisis experto destaca la complejidad legal y política del episodio. Roberto Ríos sostuvo que “no correspondería” el uso del uniforme porque Lara “salió de la Policía Boliviana por deserción”, pero delegó la decisión al departamento legal de la Policía. Dejó la autorización en manos de la cúpula encabezada por Augusto Russo Sandoval, nombrado comandante general el 14 de octubre de 2024.

Rechazo popular

Un sondeo de Brújula Digital refleja rechazo masivo al uso del uniforme: 92,9% en Facebook y 90,7% en Twitter. Expertos consultados —Vladimir Peña, Emilio Roda y Jorge Santistevan— consideran el gesto un acto simbólico sin implicaciones jurídicas. Lara afirmó “no voy a dirigir el tráfico vehicular, no voy a ejecutar órdenes de aprehensión” y que el uniforme será solo un “homenaje a la Policía Boliviana, una institución a la cual le debo mucho que no tiene la culpa de tener comandantes corruptos como el general Augusto Russo Sandoval”.

Conflicto inminente

El conflicto surge a poco de la posesión (8 de noviembre), obligando al gobierno saliente a una decisión apresurada y situando al nuevo gobierno en una posición de control simbólico sobre la Policía. La contradicción entre Emilio Roda —quien afirmó que la comisaría correspondiente había autorizado el uniforme— y Roberto Ríos —que dijo que la solicitud formal llegó recién el 5 de noviembre y seguía en análisis— evidencia la ambigüedad institucional que Lara podría explotar para consolidar su capital político.

Oportunidad política

Lara convierte la ausencia de normativa explícita en una oportunidad para desafiar la autoridad del alto mando, consolidando su narrativa de lucha anticorrupción. La reacción de la Policía determinará la fuerza simbólica del gesto: si se autoriza, el alto mando quedará debilitado; si se niega, Lara podría reafirmar su narrativa de persecución, sin consecuencias directas inmediatas. Escenarios condicionales incluyen la autorización formal del uniforme, la negativa administrativa o la utilización independiente de Lara, cada uno con implicaciones políticas distintas.

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Conflictos políticos y financiamiento

El director del INRA, Eulogio Núñez, comentó que el estancamiento se debe al bloqueo entre el ala evista del MAS y la oposición. Este conflicto impidió la aprobación de un crédito de 40 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es fundamental para financiar la última fase del saneamiento. “Estamos hablando de 6,6 millones de hectáreas que quedan pendientes de saneamiento”, afirmó Núñez durante una conferencia de prensa en Sucre.

La negativa al préstamo se registró el 13 de septiembre de 2024 en la Cámara de Diputados, lo que frustró el avance del Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable. Este programa busca fortalecer la gestión territorial, garantizar la seguridad jurídica y promover el desarrollo rural. El proyecto de ley 342/2024-2025, que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5865/OC-BO, fue reenviado por el Ejecutivo en enero de 2025, pero hasta el momento no ha sido considerado en el pleno legislativo, según reportó El Deber.

Impacto del impasse político

El impasse político tiene consecuencias concretas. Sin financiamiento, el INRA enfrenta serias dificultades para cubrir los costos logísticos y técnicos del saneamiento. Estos costos incluyen relevamientos topográficos, validaciones legales y la emisión de títulos.

Núñez advirtió que la meta del gobierno de concluir el proceso este año podría verse postergada. Además, hizo un llamado a los futuros legisladores para que retomen el tema: “Esperamos que los nuevos diputados y senadores viabilicen el contrato y se concluya con el saneamiento de tierras”.

Datos sobre el saneamiento de tierras

De acuerdo con datos oficiales, hasta la fecha se ha regularizado el derecho propietario de 8 millones de hectáreas. Se han emitido alrededor de 250,000 títulos y resoluciones finales, beneficiando a más de 429.000 personas. Sin embargo, el 20% del territorio productivo del país aún no ha consolidado su situación jurídica.

El proceso de saneamiento de tierras, que comenzó hace más de 20 años, es una de las políticas más complejas del Estado boliviano. Su avance irregular ha generado tensiones entre comunidades indígenas, campesinas y empresarios privados. Además, ha provocado conflictos por la superposición de derechos y la falta de un catastro actualizado.

/KMMN

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La reacción de los choferes se produce tras la aprobación de una ley por parte de concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS), con el respaldo de la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, que busca congelar las tarifas. Esta disposición no entrará en vigencia hasta que el Alcalde la promulgue. Los líderes de los choferes afirmaron que es “imposible” revertir las tarifas actuales, que son de Bs 2,40 y Bs 3. Anunciaron que en una reunión ampliada definirán las medidas de presión a seguir.

Acusaciones políticas

Los choferes acusaron a los concejales del MAS de provocar este conflicto por razones políticas. También señalaron a la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, quien fue elegida por la bancada de Por el Bien Común-Somos Pueblo. Santos Escalante, ejecutivo de la federación Chuquiago Marka, calificó a la concejal Chambilla de “traidora” y la acusó de actuar con intereses políticos alineados a Manfred Reyes Villa.

Posibles medidas de presión

A pesar de que los dirigentes advirtieron sobre un paro de 48 horas, decidieron que, a solicitud de los manifestantes, la medida de presión sería indefinida en señal de protesta contra los concejales. Recalcaron que la nivelación tarifaria se mantiene, ya que la ley del Concejo no entra en vigencia hasta que se promulgue oficialmente.

Mejoras en el servicio

Además, aseguraron que entre los choferes se están “jalando la oreja” para mejorar el servicio y evitar el trameaje, buscando así ofrecer un mejor servicio a los usuarios del transporte público.

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En el Senado, la senadora Centa Rek ha propuesto la anulación de las elecciones primarias a cambio del retiro del referéndum paralelo. Esta propuesta busca encontrar una solución al conflicto político mencionado anteriormente.

Exigencia de seriedad en el cumplimiento de acuerdos

Ante la postura de Creemos, el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, ha pedido a los asambleístas que actúen con seriedad y cumplan con el acuerdo suscrito entre 10 organizaciones políticas en el órgano Electoral. Mercado ha recordado que este acuerdo fue firmado en presencia de tres órganos del Estado y diversas fuerzas políticas.

Control de divisas y preocupación por especulación financiera

El gabinete social extraordinario ha propuesto un control de las divisas de las exportaciones para garantizar la circulación del dólar como moneda principal. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por diferentes sectores empresariales y políticos del país. El diputado Mercado ha señalado que los exportadores dejan las divisas en el extranjero, lo cual genera preocupación por la especulación financiera. Además, se rechaza que Evo Morales y otros actores políticos culpen al gobierno actual por la falta de combustibles, ya que esto podría afectar la economía nacional.

Problemas logísticos y doble proceso electoral

El diputado oficialista ha advertido sobre posibles problemas logísticos para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) si debe administrar dos procesos electorales simultáneamente. Esta situación se presenta debido a la propuesta de postergación de las elecciones primarias y la realización del referéndum el mismo día. Es importante considerar las implicaciones que esto podría tener en la organización y desarrollo de ambos procesos electorales.

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En base al informe forense, Ormachea ha denunciado a la diputada Gloria Callisaya y a los legisladores Sonia Crespo Arce, Deysi Choque Arnez y Delfor Burgos Aguirre. El diputado difundió fotografías de las contusiones sufridas durante la disputa por un curul en la testera principal de la Cámara de Diputados.

Relato del diputado agredido

Ormachea relató que fue agredido física y verbalmente durante la sesión del 22 de febrero: “Me golpearon en el abdomen con puñetazos, me apretaban, y una de ellas me rasguñó, me rompieron la ropa, me duele el hígado y vomité dos veces y tengo dificultad para caminar por el mareo, insomnio y dolor de cabeza”. El legislador opositor levantó cargos por lesiones graves y otros delitos comunes.

Sesión bochornosa en ausencia presidencial

La bochornosa sesión fue dirigida por la primera vicepresidenta Verónica Challco en ausencia del titular Israel Huaytari. Durante el enfrentamiento entre oficialismo y oposición se debatía sobre los créditos solicitados por el Presidente Luis Arce y la propuesta de Evo Morales para acabar con la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial.

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El “arcismo” pretende aprobar en total siete proyectos de ley de créditos, pero se declaró un cuarto intermedio debido a las protestas de los opositores. El primer proyecto se aprobó cerca de las 04:30 horas con una votación de 51 a favor, 40 en contra y una abstención.

Empate sorpresivo

Media hora después se realizó la votación en detalle, donde hubo 51 votos a favor, 51 en contra y una abstención, resultando en un empate. Sorprendida por el empate, y tras consultar con sus colaboradores, la presidente en ejercicio de la Cámara, Verónica Challco, anunció que su voto era afirmativo, con lo cual se aprobó el proyecto y se autorizó su envío al Senado para revisión.

Tensión y reclamos

Las protestas de los opositores estallaron y retomaron la testera, como había ocurrido previamente en la sesión. Ante esto, Challco optó por declarar un cuarto intermedio de una hora.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, señaló que en total había 105 presentes y para hacer mayoría se requerían 53 votos, por lo que la norma no debería considerarse aprobada.

Los “evistas” y opositores anunciaron que no aprobarían la norma, ya que exigían la aprobación previa de las leyes 075 y 073, para la cesación de los magistrados prorrogados en la suspensión de plazos procesales.

Sospechas sobre fraude

Tras la votación en grande, la oposición y el “evismo” pidieron la comprobación del voto de manera nominal, sospechando un fraude en la modalidad de votación electrónica. La diputada “evista” Gladys Quispe pidió a los diputados que rechazaron la norma levantar la mano, asegurando que así se demostraba que eran mayoría.

Desde el inicio de la sesión, los opositores y “evistas” intentaron modificar el orden del día para tratar primero las leyes antiprórroga, pero la presidente en ejercicio de la Cámara rechazó esta posibilidad.

La sesión se desarrolló en medio de tensión, ya que se permitió el ingreso a la Asamblea de organizaciones sociales “arcistas” para presionar a los diputados a aprobar los créditos sin permitirles salir del hemiciclo. Los opositores calificaron esto como un secuestro.

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El presidente saliente de la BPO, Román Mollo, perteneciente al ala “evista”, aún no ha anunciado una nueva fecha para la conformación del directorio. La semana anterior se realizaron dos convocatorias sin éxito debido a la falta de quórum, ya que solo asistieron 12 parlamentarios. A esto se suma la convocatoria realizada por la diputada Martínez del ala “arcista” el sábado 20 de enero, que tampoco se llevó a cabo.

Convocatoria sin sustento legal genera controversia

Según los miembros del directorio saliente, la convocatoria realizada por Miriam Martínez carece de sustento legal tanto en los reglamentos generales como en los reglamentos internos de la BPO. A pesar de ello, decidieron llevarla a cabo. Durante una sesión en el Hemiciclo, Martínez afirmó que había 12 parlamentarios presentes mientras que ellos aseguran ser mayoría con 13 miembros. Como resultado, no se pudo instalar dicha sesión y además se declaró un cuarto intermedio sin justificación.

Rechazo y denuncia de abuso de poder

Lili Bernabé, diputada del ala “evista”, rechazó la acción de su homóloga del ala “arcista” y denunció la ausencia de muchos parlamentarios durante el año 2023. Según Bernabé, algunos diputados no han asistido a ninguna sesión y ahora intentan forzar su entrada con un golpe. Además, señaló que Miriam Martínez ha sido desconocida desde su Circunscripción 29 (C-29) y que no es parte del MAS, partido al cual pertenecen. Considera que están generando enfrentamientos por intereses individuales a pesar de contar con un directorio saliente.

Versiones contradictorias sobre la convocatoria

No fue posible contactar a la diputada Miriam Martínez para obtener su versión sobre los hechos. Sin embargo, en una entrevista anterior confirmó que asistieron 12 parlamentarios a la convocatoria, pero aseguró que esto se debió a que algunos militantes “evistas” impidieron el ingreso de autoridades.

Fracaso en las convocatorias para el nuevo directorio

Hasta la fecha, no se ha logrado establecer un nuevo directorio para el año 2024 debido a la falta de asistencia por parte de las fracciones del MAS a las convocatorias realizadas por sus contrarios políticos.

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Este miércoles 24 de mayo, Creemos ratificó que el Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, es el culpable por sus declaraciones; no obstante, el oficialismo aseguró que las opositoras iniciaron el conflicto con su manifestación.

Moira Osinaga, una de las legisladoras agredidas, afirmó que sus acciones fueron en respuesta a las agresiones del titular de Gobierno hacia la población cruceña y la oposición.

“Solo bajaron al frente del Ministro para hacer una propuesta pacífica con carteles; las imágenes son claras”, declaró a LA PATRIA en la sede gubernamental.

Osinaga reiteró que su motivación era evitar que Del Castillo siguiera agrediendo a los cruceños con la venia del presidente de la Asamblea David Choquehuanca.

Sin embargo, Israel Huaytari, diputado del MAS (Movimiento Al Socialismo), manifestó que las opositoras no debieron bajar de su curul en ningún momento para acercarse a la testera; enfatizó en que el Parlamento es para debatir y no para pelear.

Por parte del oficialismo, Deisy Choque aseguró que los actos violentos siempre son iniciados por la oposición y especialmente por las diputadas protagonistas de este hecho.

La legisladora respaldó las declaraciones de su colega oficialista y explicó que solo los ocho interpelantes podían tomar la palabra; las legisladoras de Creemos no podían intervenir.

“Creo que no es la imagen que tiene que reflejar el Parlamento (…). Lo que buscaban era que se genere este bochorno y que el Ministro no sea escuchado con todas las verdades que mencionó ayer”, manifestó la legisladora.

/LMPT

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El legislador opositor señaló que, las lágrimas que se debe compadecer, son las de la familia del niño fallecido por la picadura de un alacrán, por la falta de ítems en Santa cruz, falta de medicamentos y equipos.

“Este es un problema que tiene Santa Cruz con el centralismo desde hace mucho tiempo”, manifestó.

Rememoró la lucha que el padre Mateo realizó por la salud, culpó al Gobierno por no escuchar las peticiones de los cruceños y exigió más recursos, ya que su región es la más grande del país.

GUERREROS DIGITALES

En otro tema, el diputado de Creemos instó a investigar las denuncias sobre desvío de recursos, para solventar las cuentas falsas de los denominados guerreros digitales del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Lamentó que la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, hubiera afirmado que pediría a Meta, pruebas de la vinculación del Gobierno con estos, cuando hay fotografías de ella con estos grupos.

“La ministra Prada hipócritamente dice que le va rendir cuentas, sin embargo, la vemos en una foto, en una marcha masista, con un cartel y con los guerreros digitales”, manifestó.

SOBRE MARTÍN CHOQUE

El legislador se consternó por el fallecimiento del hijo neonato de Martín Choque, agredido por seguidores de Evo Morales en Uncía, tras el incidente de la silla.

“Lo peligroso de esto, es que ha desencadenado la muerte de un bebé, han sufrido agresiones no solo Martín Choque sino la esposa y ha perdido a un bebé”, lamentó.

Responsabilizó a la pugna entre el Presidente, Luis Arce, y exmandatario, Evo Morales, e indicó que a su juicio se convirtió en un enfrentamiento “valetodo” entre ambos bandos.

“No se trata de Evo, no se trata de la silla, se trata del conflicto en el que nos pone el propio Movimiento Al Socialismo, descuidando a todos”, añadió.

/NVY

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Entre una de las vulneraciones, se menciona la violencia hacia el trabajo periodístico y la ausencia de justicia oportuna, hechos que califican como inadmisibles.

“Demandamos responsabilidad en el tratamiento de la agenda inmediata de tareas y atribuciones de funcionarios de Estado y legisladores, y exhortamos a evitar un ambiente de confrontación e incertidumbre que solo contribuye a abrir peligrosas grietas en los cimientos sobre los que se edificó Bolivia en sus casi 200 años de vida como país libre y soberano”, señala parte del documento.

La ANP, que representa a los principales medios escritos del país, mostró su preocupación por el conflicto que se originó en el pedido de la realización del Censo.

Cuestionó también que aquello que debía ser un trámite administrativo, hoy está casi en estado cautivo en el ámbito político y legislativo, en el cual la gestión de las recientes leyes, fueron de fácil expediente, pero hoy una norma de interés general solo encontró tropiezos e indiferencia de los actores políticos.

Asimismo, observó la medida de protesta de Santa Cruz, que este jueves cumple su trigésimo cuarto día de paro, ingresa en lo que describe como un terreno de incertidumbre, en un estado de virtual abandono de las autoridades nacionales que poco contribuyeron a escuchar y resolver una demanda que únicamente debió atenderse con el cumplimiento de la Ley.

“La ANP expresa su preocupación por la evidente falta de voluntad política para atender y resolver un conflicto que, de continuar prolongándose, puede desbordarse con consecuencias lamentables para el conjunto del país”, indica la ANP mediante el mencionado pronunciamiento.

Más de una veintena de periodistas y trabajadores medios de comunicación sufrieron agresiones verbales y físicas durante los 34 días de paro en Santa Cruz. Al menos dos llegaron al hospital para recibir curaciones o ser internados debido a las heridas que les fueron infringidas.

/MDCB

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/HNF/

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“Vamos a recibir a autoridades electas, autoridades representativas de cada una de las regiones, eso es lo que estamos realizando, además del sistema universitario; de hecho, los gobernadores, la mayoría, no son del Movimiento Al Socialismo”, manifestó la autoridad.

Este pronunciamiento surge luego de que la autoridad departamental descartara su participación de la reunión de este viernes en Cochabamba y señalara que en realidad se trata de un encuentro del MAS.

Alcón pidió a Camacho no generar desinformación en la población. Recordó que la salida para resolver el conflicto de la fecha de la encuesta nacional es a través del diálogo para llegar a consensos entre todas autoridades electas del país.

También afirmó que la medida de presión solo ocasiona un perjuicio a las personas de escasos recursos.

“Pensemos en nuestra población quienes se ven más perjudicados es precisamente la población cruceña y eso es lo que no queremos, acá se necesitan voluntad política para resolver el conflicto”, dijo.

Por su parte, Camacho aseguró que en la reunión de Cochabamba se impondrá que el Censo se realice en 2024, restando importancia a las determinaciones del cabildo cruceño.

/NVY

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“Claramente mi conflicto es con dos diputados cruceños, con Anyelo Céspedes y Patricio Mendoza que, lamentablemente, han hecho de la función como parlamentarios una agencia de empleos. Ellos permanentemente pasan por los diferentes ministerios solicitando empleos para sus (allegados), es escandaloso esto, pero es una regla de ambos y que permanentemente les he negado ese derecho que ellos creen tener de colocar funcionarios públicos en la administración. Creo que eso les ha molestado bastante”, afirmó Lima a El Deber Radio.

El martes pasado, el diputado Céspedes anunció que Lima pasará de testigo a acusado en un proceso que lleva adelante el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado por la presunta supresión de la sentencia constitucional 0012/2021 que la autoridad del Ejecutivo difundió en marzo de la gestión pasada.

Sin embargo, la autoridad del Ejecutivo explicó que el fallo no desapareció, sino que nunca pudo ser finalmente notificado porque dos magistrados retiraron sus votos y el expediente nuevamente fue sorteado.

“El diputado Gualberto Arispe, que es otra de las personas que permanentemente me ataca, es una persona que no tiene en este momento la moral para cuestionar a ninguno de los ministros. Más en los términos en los que se ha referido. Hay que preguntarle al diputado Arispe dónde está trabajando su esposa en este momento. Si no es funcionaria de Derechos Reales; y habría que preguntarle también cómo ha llegado al cargo y qué gestiones ha hecho Gualberto Arispe para que ella sea funcionaria en Derechos Reales”, reveló el ministro.

Lima atribuyó los ataques en su contra de parte de esos legisladores del oficialismo al rechazo permanente de esos pedidos para ingresar personas no calificadas y sin méritos al servicio público.

“Es una molestia de ellos, lo que llamamos en lenguaje común, por las pegas que van solicitando. Es el tema que tienen ellos como principal motivación”, complementó.

/HNF/

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Además, manifestó que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, está cumpliendo “una consigna de Evo Morales”.

Vilca también manifestó que existen intereses políticos en este conflicto, incluso, acusó a Evo Morales de supuestamente “jugar” por los intereses de los narcotraficantes.

En relación a que el exmandatario negó tener participación en este conflicto, Vilca también se refirió al respecto: “Cómo vamos a creer a ese payaso. Siempre ha dividido”.

Finalmente responsabilizó al líder del MAS por el conflicto y la división que se generó durante su gestión como Presidente del Estado: “A nosotros él nos ha dividido cuando era Presidente, él es causante”, repitió.

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Asimismo, declaró que aplicando la lógica individual se buscó movilizar a todo un departamento para conservar privilegios personales como la del presidente del comité cívico, sin tomar en cuenta que “la misma gente del comité considera que se pudo protestar” sin necesidad de bloquear.

Richter señaló que por ese motivo el bloqueo, que “es la esencia de protesta del comité”, no tuvo la fuerza necesaria porque la sociedad está atendiendo otras necesidades como la rearticulación de sus capacidades económicas y productivas, según reporte de la red Erbol.

De esa manera, en la evaluación a través de radio Kawsachun Coca, el vocero indicó que existe una necesidad instalada no solo en Santa Cruz, sino en el resto de los bolivianos, que sienten que la conflictividad política “los agobia, los fatiga y los cansa”.

Añadió, además, que en contra de lo que la gente quiere, el Comité Cívico anuncia una escalada mayor de movilización sin considerar que la sociedad está fatigada del conflicto porque les impide el desarrollo normal de sus actividades, de su trabajo, pero también de su diario vivir.

Destacó la actitud de la alcaldesa de El Alto Eva Copa, quien, habiendo ido a las elecciones por un partido distinto y divergente del Movimiento Al Socialismo (MAS), estuvo al lado del Presidente, Luis Arce, mostrando que ese es el camino para una gestión compartida.

En tanto, la Asamblea de la Cruceñidad convocó al paro exigiendo la renovación del sistema judicial y se acabe la “persecución” contra los opositores.

Richter aseguró, sin embargo, que esa medida busca evitar que, algunas personas que fueron parte del “golpe de Estado” de noviembre de 2019, sean convocadas por la justicia.

/MDCB

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Creemos denunció “golpe del Movimiento Al Socialismo (MAS)” y Comunidad Ciudadana (CC) terminó expulsando a dos diputados por transfugio, quienes ahora ocupan dos cargos en esa instancia.

Inicialmente, la polémica se suscitó muy temprano de esta jornada cuando en medio de forcejeos, empujones, gritos e insultos, el presidente de Diputados, Freddy Mamani se vio obligado a instalar la sesión en el antiguo hemiciclo del Palacio Legislativo.

Mamani acusó a la oposición de no ponerse de acuerdo para la elevación de las listas de postulantes para los cargos en la directiva que corresponden a la minoría, en este caso a Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

De esa manera, aproximadamente a las 11:00 horas se instaló la sesión con el único fin de elegir y renovar la directiva camaral.

Posteriormente, la bancada de CC, mediante su presidente Carlos Mesa, oficializó la expulsión de sus diputados Edwin Rosas y Keyla Ortiz, dos “opositores” que ahora ocupan cargos en la nueva directiva acusados de transfugio y “venderse al oficialismo”.

Luego de la polémica se procedió a la votación en medio de desorden y entre permanentes intentos de peleas y golpes.

A medida que iban pasando a depositar su voto, los diputados opositores rompían su papeleta de sufragio a la vista de todos, sin embargo, Mamani en reiteradas oportunidades pedía respetar su decisión.

“A pesar de las dificultades y de dos cuartos intermedios, a pesar de que no hubo consenso en el bloque minoritario de oposición tenemos ya conformada la directiva. Pedir disculpas al pueblo boliviano por algunas actitudes de algunos colegas”, finalizó Mamani.

Elecciones conflictivas

Luego del cómputo correspondiente, se estableció que había diez votos en una primera ánfora y 71 en una segunda. En total, 81 diputados, de un total de 130.

En la sesión participaron 120 diputados, de los cuales 81 depositaron sus votos y los restantes 39 rompieron sus papeletas de sufragio.

La mayoría del MAS, tiene 75 diputados, CC 39 y Creemos 16 respectivamente.

Aproximadamente a las 15:15 horas terminó la lectura del sufragio cartera por cartera, es decir, para la presidencia, primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia, primera secretaría, segunda secretaría, tercera secretaría y cuarta secretaría.

De esa manera se estructuró la nueva directiva de la Cámara Baja está compuesta por:

La Presidencia, Freddy Mamani Laura (MAS); Primera Vicepresidencia: Miriam Martínez (MAS); Segunda Vicepresidencia, Edwin Rosas (expulsado de CC); Primera Secretaría, Alexandra Zenteno (MAS); Segunda Secretaría, Enrique Cunai (MAS); Tercera Secretaría, Walter Villagra.

/MDCB

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Pichetto en contacto con LN+, explicó que su definición va en términos “de proceso electoral”, aseverando que el “desembarco” de Juan Manzur como “cabeza de equipo”, va en la presunta necesidad de revincular al Gobierno con el “plano federal”.

“Esta situación se da con un proceso de declive y de alto nivel de conflictividad con los intendentes, que se mantiene porque es muy complejo el ejercicio de poder por parte del Gobernador“, subrayó.

Asimismo, sostuvo que el objetivo de la alianza Juntos por el Cambio en las próximas elecciones es “quitarle” las mayorías al oficialismo en ambas Cámaras para así “frenar sus proyectos”, reportó el diario Clarín.

Presunto “golpe electoral”

Expresó que, en los cambios precedentes, el Gobierno argentino sufrió un presunto “golpe electoral”.

”Debe haber habido algún planteo de cambio que no se exteriorizaron en las primeras horas del lunes y eso detonó, determinó la carta“, añadió respecto a la misiva de Cristina Kirchner en medio de la “ola” de renuncias de Ministros que a ella responden.

El exlegislador advirtió que, si el 14 de noviembre se repite el resultado negativo para el oficialismo, ”reactivará la crisis“.

Carta de Cristina Kirchner

La exmandataria se refirió en su misiva a la derrota del 12 de septiembre, recalcando que el “peronismo” sufrió una derrota electoral en los comicios legislativos.

“Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido, pero muteado y leo un graph: “Alberto jaqueado por Cristina”. No, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad”, manifestó Kirchner en su misiva.

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“Por supuesto, teniendo la oportunidad y, creo que es lo más loable que uno puede hacer como ser humano, reencontrarse y reconciliarse, somos bolivianos, somos hermanos y lo que se refiere a mi parte quiero construir, quiero hacer una oposición constructiva”, aseveró Montero en contacto con la red Erbol.

Respecto a la situación, el parlamentario culpó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo por generar una sesión “bochornosa” y faltar el respeto a la Asamblea con acusaciones de “asesinos” a legisladores opositores.

El legislador retrocedió varios metros para no entrar en la agresión pero fue golpeado en el abdomen y reaccionó, según explicó.

Montero relató que, antes de la pelea, intentó hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, que dirigía la Asamblea, para que “ponga orden”, pero se le acercaron diputados del “partido azul” impidiendo su cometido.

Asimismo, denunció que el MAS atribuyendo a un hecho de supuesta discriminación trata de “distorsionar” lo ocurrido. Montero añadió que en el Senado pueden testificar que su accionar siempre fue de unidad.

ANTECEDENTES

En marzo de 2021, Gabriel Colque intentó agredir al asambleísta, Erwin Bazán de la agrupación de Creemos en una sesión de diputados realizada en la Asamblea.

De acuerdo a las denuncias de Creemos, Bazán increpó a una de las diputadas que formaba la presidencia de la Cámara Baja, por tal motivo, dos asambleístas del oficialismo se acercaron para empujarlo y éste solo puso sus manos detrás de su espalda. Tras esta situación Colque comenzó a tratar de agredir a su colega de la oposición.

/JDLF/

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El hecho causó controversia en todo el país, por tal motivo, los implicados pidieron una disculpa pública a través de los medios de comunicación.

Patadas, puñetes y jaloneos fueron el resultado de la disputa entre el senador Henry Montero de la agrupación Creemos y el diputado Antonio Colque del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes participaron del acto de violencia en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las escenas de pugilismo se hicieron virales en las redes sociales.

Mientras que sus colegas trataban de impedir una mayor agresión entre ambas autoridades, varios teléfonos celulares grabaron el enfrentamiento.

La sesión fue convocada para que Del Castillo responda a preguntas sobre la detención de la expresidenta Jeanine Añez.

La reunión entre ambos bandos se inició en un ambiente tenso debido a que hora antes el Ministro de Gobierno se reunió con la bancada del MAS en puertas de la Asamblea y a la vez manifestantes de las víctimas de Senkata realizaron una protesta.

En tanto, los parlamentarios de oposición criticaron al Ministro de Gobierno calificándolo de “carcelero” y “comisario del régimen”. Le recordaron que en el pasado fue parte de manifestaciones donde se enfrentó contra la Policía, que fue denunciado por acoso político por Eva Copa cuando era funcionario del Senado, entre otros.

Del Castillo comenzó su discurso pidiendo justicia por las víctimas de los hechos de noviembre de 2019 y solicitando un minuto de silencio, posteriormente acusó a los opositores de ser cómplices de Añez en el presunto “Golpe de Estado”, corrupción y hasta de narcotráfico.

Esa situación fue desatada en violencia, muy aparte de los dos parlamentarios que iniciaron el “caos” en la sala, dos de sus colegas mujeres también se agredieron.

Luego de los golpes, el senador Montero acusó al ministro Del Castillo de haber organizado un “circo”, reportó la red Erbol.

El opositor pidió “mil disculpas” a la población. Dijo que nada justifica lo ocurrido, pero el cruce de manos se desató después de que lo empujaron.

“Pido disculpas a todos los bolivianos por todo lo ocurrido (…) tampoco me podía quedar con los brazos cruzados”, afirmó.

El Ministerio de Gobierno, mediante nota de prensa señaló que el opositor se “abalanzó” contra el diputado Colque que según lo publicado “es de la tercera edad”. Sin embargo, en la página oficial de la Cámara de Diputados se señala que el diputado Antonio Gabriel Colque nació en 1981, por lo cual tiene 40 años.

Colque, por su parte, calificó el hecho como “pequeña pelea”, pero expresó su rechazo y repudio a lo sucedido. Manifestó que ante humillaciones salió a calmar defendiendo a sus compañeros que se encontraban en la testera.

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Los golpes le ocasionaron heridas en el pómulo,muy cerca de la oreja y contusiones en la espalda y coxis.
Figueroa informó que tras la muerte decocaleros, se trasladó a Sacaba para cubrir la noticia de losagricultores fallecidos y el velorio improvisado en esa ciudad.

“Me acerqué con mi micrófono y cámara, habíaseis personas, pero otra gente a mayor distancia. Me presento y pidopermiso para pasar hasta el velorio. Muy enojados me gritaron: ‘¡Por qué no hasvenido más antes!’. Ante la respuesta me quise retirar, pero recibí un golpe enla cara, una patada, y otros se acercaron por la espalda, megolpearon en el coxis. Me rodearon y quisieron quitarme la cámara ylos golpes no cesaban”, relató.

“En un momento me he asustado tanto que tuve que pedirhasta perdón. Me gritaban que éramos vendidos. Por delante vino unmuchacho con una botella de gasolina en la mano. Me zaféy empecé a correr, por suerte había un trufi (vehículo de transportepúblico) que paró en mi ayuda”, agregó Figueroa.

Ese viernes, variosproductores de coca afines al Movimiento al Socialismo (MAS), lanzaron unartefacto explosivo que estalló entre los periodistasy militares, en el puente Huayllani en Sacaba.

Asimismo, manifestantes querechazan el mandato transitorio de la presidente Jeanine Áñez trataronde ingresar a la ciudad de Cochabamba ejerciendo violencia en contrade policías y militares.

Al menos cuatro reporteros sufrieron heridas como efecto del estallido del artefacto explosivo y otros seis fueron apedreados ese día, a su vez se registraron nueve muertos en las filas de los cocaleros.
La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba informó que contabilizó 12 periodistas heridos y más de 25 agresiones verbales y físicas en puntos de bloqueos desde las elecciones pasadas. El secretario ejecutivo de dicha entidad, David Ovando, denunció, con carácter de urgencia, la vulneración al trabajo de la prensa y alertó que periodistas, camarógrafos y fotógrafos corren el riesgo de perder la vida en la cobertura de conflictos políticos.

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