La reciente información sobre la presunta presencia de mercenarios colombianos en el conflicto sudanés, vinculados a operaciones privadas contratadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU), es mucho más que un incidente aislado. La participación de ex militares colombianos en escenarios bélicos externos no es nueva, pero, en el caso de Sudán, revela la interacción de múltiples dinámicas como la privatización de la guerra, la proyección de poder de potencias globales y regionales, y una aproximación cada vez más fragmentada a la seguridad internacional.

Hoy, Sudán es el escenario de una guerra interna de enorme complejidad, donde las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) se disputan el control político, económico y territorial del país. El conflicto no es únicamente interno, sino que está alimentado por redes de alianzas regionales que convierten al territorio sudanés en un espacio de competencia estratégica. Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado por su apoyo material a las RSF, mientras que hay evidencias de un respaldo egipcio a las SAF. Este alineamiento no responde sólo a afinidades políticas, sino a la ubicación estratégica de Sudán como puerta al Mar Rojo y enlace hacia el Sahel y el Cuerno de África.

En este contexto, la contratación de mercenarios – y otros actores relacionados con el mercenarismo – no es un accidente, sino un componente calculado. La experiencia de exmilitares colombianos en operaciones de contrainsurgencia, adquirida durante décadas de conflicto interno, los ha convertido en un recurso apreciado en el mercado global de la seguridad privada. Su perfil combina disciplina, resistencia física, conocimiento táctico y disposición a asumir riesgos por remuneraciones significativamente mayores a las que obtendrían en labores de seguridad civil. La demanda de este tipo de personal ha crecido en conflictos donde los Estados patrocinadores buscan mantener distancia formal de las operaciones directas, evitando implicaciones legales o diplomáticas.

El caso sudanés se enmarca, además, en la tendencia creciente hacia la externalización de la guerra. Las empresas militares privadas, así como contratistas individuales, operan en un espacio gris entre lo legal y lo clandestino, ejecutando misiones que pueden ir desde la protección de instalaciones estratégicas hasta el combate activo. En escenarios como el sudanés, donde las líneas de frente son volátiles, el valor táctico de tropas con entrenamiento sólido y experiencia en combate irregular puede generar inclinaciones pequeñas, pero decisivas, en el equilibrio de poder.

Para Colombia, esta presencia plantea interrogantes sobre las consecuencias indirectas de “exportar” capital humano militar. La participación de excombatientes en conflictos externos no sólo es un fenómeno económico, sino también geopolítico que implica la inserción de nacionales en acciones que pueden involucrar violaciones de derechos humanos o infringir sanciones internacionales; o incluso, puede convertirlos en víctimas de trata de personas o sumergirlos en dinámicas de explotación laboral. Y aunque estas acciones se desarrollen bajo contratos privados, la nacionalidad de los implicados no pasa desapercibida para los actores estatales y la comunidad internacional.

En Sudán, la participación de mercenarios extranjeros amplifica las dinámicas de internacionalización del conflicto. No es sólo que potencias como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita o Egipto jueguen sus cartas; sino que el despliegue de personal, no sólo colombiano, sino también latinoamericano, africano o europeo en tareas de combate evidencia que las guerras contemporáneas se sostienen con recursos humanos globalizados. Este patrón replica lo ocurrido en Yemen, Afganistán, Iraq o Libia, donde fuerzas locales y combatientes externos coexisten en un mosaico complejo de alianzas y rivalidades.

La importancia de los presuntos mercenarios colombianos en Sudán radica, por tanto, en su rol como multiplicadores de fuerza. En conflictos de baja intensidad pero alta fragmentación, una unidad pequeña y bien entrenada puede aportar ventajas tácticas desproporcionadas. Su conocimiento en guerra irregular, patrullaje y operaciones ofensivas les convierte en piezas útiles para actores que buscan rapidez y eficacia sin el costo político de desplegar tropas regulares.

Geopolíticamente, este fenómeno refleja una paradoja del orden internacional actual. Mientras los foros multilaterales promueven la resolución pacífica de controversias, la guerra se descentraliza hacia redes privadas, muchas veces alimentadas por economías emergentes exportadoras de fuerza militar. En ese esquema, Colombia se posiciona involuntariamente como proveedor de un recurso estratégico — combatientes experimentados a un costo relativamente bajo — que termina siendo instrumentalizado en conflictos donde el país no tiene intereses directos.

El riesgo de este fenómeno es doble. Por un lado, ubica a los exmilitares colombianos en el centro de conflictos con potencial de escalada regional, como el de Sudán, que involucra intereses de Estados Unidos, Europa, el Golfo Pérsico y hasta el África subsahariana. Por otro, alimenta una economía paralela de guerra que opera al margen de los marcos regulatorios internacionales. La pregunta entonces no es quién contrata a estos efectivos, sino qué implicaciones tiene para la proyección internacional de Colombia que sus nacionales participen, de forma sistemática, en guerras externas.

En un mundo donde la frontera entre combatiente y contratista privado se diluye, Sudán se convierte en un espejo incómodo que muestra cómo los conflictos modernos no son únicamente intra o interestatales, sino que también incluyen redes globalizadas donde el capital humano, la tecnología y la geopolítica se entrelazan. Los presuntos mercenarios colombianos no son una anomalía en este esquema, sino un engranaje más de una maquinaria bélica que ya no reconoce fronteras.

Jerónimo Delgado-Caicedo es doctor en Geografía de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica y miembro de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales. Profesor Universidad Externado de Colombia.

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En un comunicado desde la ciudad de Port Sudán (Este), el PMA dijo que un nuevo análisis de seguridad alimentaria en ese país “muestra los niveles más altos de hambre jamás registrados durante la temporada de cosecha (de octubre a febrero), generalmente un período en el que hay más alimentos disponibles”.

Riesgo inminente: hambruna catastrófica

“Si no hay un aumento significativo en la asistencia alimentaria cuando llegue la temporada escasa el próximo mes de mayo, los puntos críticos del conflicto podrían ver surgir una hambruna catastrófica, también conocida como Fase 5 en la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC)”, advirtió.

Pedido urgente: pausa humanitaria y acceso sin restricciones

Asimismo, alertó que el PMA “no puede ampliar el acceso y la entrega regular de ayuda alimentaria a las personas atrapadas por el conflicto” entre el Ejército regular y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en regiones como Jartum, Darfur y Kordofán, estas dos últimas ubicadas al oeste del país.

Incremento alarmante de la inseguridad alimentaria

“Pedimos urgentemente a todas las partes involucradas en el conflicto una pausa humanitaria y acceso sin restricciones para evitar una catástrofe por falta comida durante la próxima temporada escasa”, dijo el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para Sudán, Eddie Rowe.

Más personas necesitan asistencia alimentaria urgente

“Hay vidas que dependen de ello, pero hay demasiadas personas atrapadas en zonas con combates activos a las que solo podemos llegar de forma esporádica, si es que podemos llegar a ellas”, añadió.

Aumento drástico del hambre en Sudán

Según la nota, casi 18 millones de personas en todo Sudán enfrentan hambre aguda, más del doble que en el mismo período del año pasado. Esta cifra supera la proyección inicial de 15 millones hecha en la evaluación de agosto.

Inseguridad alimentaria y dificultad para acceder a ayuda

“Actualmente, cerca de 5 millones de personas se encuentran en niveles de emergencia por inseguridad alimentaria (IPC4), y más del 75% de estas personas están acorraladas en zonas donde el acceso humanitario ha sido intermitente e incluso imposible debido a los combates”, agregó.

También subrayó que solo una de cada cinco personas identificadas por el PMA como aquellas que necesitan asistencia alimentaria con mayor urgencia recibió ayuda en Jartum.

Conflicto en Sudán: miles de muertos y millones de desplazados

“La velocidad a la que ha aumentado el hambre durante el último año es alarmante. Cada vez más personas tienen dificultades para acceder a una comida básica al día y, a menos que las cosas cambien, existe un riesgo muy real de que ni siquiera puedan hacerlo”, concluyó Rowe.

Fuente: EFE

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