Oruro aprueba ley de reubicación de casas de tolerancia

El Concejo Municipal de Oruro aprobó una ley que dispone la reubicación de las casas de tolerancia, actualmente asentadas en el sector del Casco del Minero, en la zona Norte, hacia inmediaciones del Puerto Seco. La norma establece un plazo de dieciocho meses para concretar el traslado, una vez que sea promulgada por el Ejecutivo municipal.

Debate en el Concejo Municipal

La decisión se tomó en sesión del ente deliberante, en medio de observaciones de algunos concejales sobre la falta de planificación previa para el cambio de ubicación. Uno de ellos fue Jesús Cruz, quien señaló que la propuesta carece de un análisis técnico adecuado sobre el uso del suelo en el área de destino.

“Sin planificación no se puede trasladar. En esa zona existen áreas verdes y de equipamiento donde ya se están emplazando unidades educativas, centros de abasto y otros servicios. No se puede repetir la misma historia en unos años”, sostuvo Cruz.

Opiniones encontradas

El concejal indicó que su posición fue contraria a la aprobación de la norma, aunque reconoció que la mayoría del pleno respaldó el proyecto en el marco del procedimiento democrático. Añadió que, desde su perspectiva, el Ejecutivo municipal debe definir una zona específica destinada a este tipo de actividad económica, con condiciones adecuadas.

Demandas vecinales y conflictos urbanos

La reubicación de las casas de tolerancia responde, según lo expuesto, a una demanda de los vecinos del sector del Casco del Minero, quienes desde hace tiempo solicitan el traslado debido al crecimiento urbano de la zona y a los conflictos generados por la coexistencia de distintas actividades.

Cruz explicó que actualmente se registra una superposición entre el funcionamiento de estos locales y otras dinámicas comerciales. “Los domingos hay feria en el sector; en la mañana aún hay personas saliendo de estos locales y desde temprano ya se instalan las comerciantes. Hay un choque de actividades que genera mala imagen, además de problemas de seguridad y accidentes”, afirmó.

Objetivos de la nueva normativa

En ese contexto, la normativa busca trasladar la denominada “zona rosa” hacia un nuevo espacio, más allá del actual sector norte, con el objetivo de reducir los conflictos urbanos y atender las demandas de seguridad ciudadana.

Próximos pasos para la implementación

La implementación de la ley quedará ahora en manos del Ejecutivo municipal, que deberá promulgar la norma y definir las condiciones técnicas y urbanísticas para el traslado dentro del plazo establecido.

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Vecinos logran aprobación del distrito 6 en Oruro

La presión vecinal ejercida desde tempranas horas de este martes en las puertas del Concejo Municipal de Oruro derivó en la aprobación de la ley de creación del distrito 6. La normativa fue sancionada en sesión de la tarde y enviada al Ejecutivo municipal para su promulgación.

Movilización por parte de los vecinos

Durante la mañana, decenas de vecinos de al menos 32 juntas vecinales se concentraron en una movilización e instalaron una vigilia para exigir que el pleno del Concejo trate y apruebe la norma. Esta medida surgió en medio de denuncias de presiones y conflictos previos que habrían impedido el tratamiento oportuno del proyecto.

Declaraciones de la vicepresidenta del Distrito 6

“Lo hemos trabajado con mucho cuidado desde la gestión pasada y ya tendría que haberse aprobado. Nos han observado hasta el último detalle, pero hemos subsanado todo”, afirmó la vicepresidenta del Distrito 6, Liliana Rosales, en medio de la protesta. La dirigente sostuvo que la movilización no buscaba confrontación, sino garantizar que la sesión se desarrolle con normalidad. “No hemos venido a pelear, solo a pedir que se sesione. Todos los informes son viables y lo único que queremos es que se apruebe la ley”, remarcó.

Necesidades expuestas por los movilizados

Entre los argumentos expuestos por los movilizados, se destacó la necesidad de acceder a proyectos estructurales y mejorar la planificación territorial. Según la dirigencia, el sector cuenta con más de 31 mil habitantes, pero solo dispone del centro de salud La Aurora, que es insuficiente para cubrir la demanda.

Proyectos necesarios para el desarrollo local

Asimismo, mencionaron la necesidad de impulsar obras como sistemas de alcantarillado y mejoras en infraestructura educativa. “Queremos proyectos grandes para nuestras unidades educativas y mejores condiciones para nuestros hijos”, señaló Rosales. La representante también aseguró que todas las juntas vecinales involucradas respaldan la creación del nuevo distrito y cuentan con actas notariadas que avalan su incorporación.

Aprobación final del Concejo Municipal

Horas después de la movilización, el presidente del Distrito 6, Óscar Reynaga, confirmó que el Concejo Municipal aprobó la ley durante la sesión desarrollada en la tarde. Tras su sanción, la norma fue enviada a la Alcaldía para su promulgación, paso final para la consolidación legal del nuevo distrito.

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Creación del Distrito 6 en Oruro

El Concejo Municipal de Oruro prevé el tratamiento de un proyecto de ley para la creación del Distrito 6. Esta propuesta ha generado debate en distintos sectores de la ciudad debido a su impacto en la reorganización territorial y administrativa del municipio.

Detalles del proyecto

La concejal Nilda Fernández informó que la Comisión de Asuntos Legales anunció el ingreso de esta iniciativa normativa, que será considerada por el pleno en los próximos días. Según explicó, la propuesta busca formalizar la creación de un nuevo distrito municipal, en medio de un proceso ampliamente discutido por la ciudadanía.

“El proyecto de ley aprueba la creación del Distrito 6 en nuestro municipio de Oruro”, señaló la autoridad, al precisar que su tratamiento está previsto tras su ingreso formal a la agenda legislativa.

Análisis previo al tratamiento

No obstante, la concejal remarcó la necesidad de que el documento sea remitido con la debida anticipación a los legisladores municipales. Esto permitirá un análisis responsable. En ese sentido, solicitó que se cumpla el plazo mínimo de 24 horas para la revisión del proyecto antes de su tratamiento en el pleno.

Controversia y respaldo técnico

Fernández reconoció que la propuesta ha sido controversial, principalmente porque implicaría la reconfiguración de otros distritos existentes. Esto ha generado inquietud en algunos sectores vecinales.

Ante ello, subrayó la importancia de que el proyecto de ley esté respaldado por informes técnicos, legales y de sostenibilidad financiera. Estos deben ser elaborados por el Ejecutivo municipal y adjuntados al documento antes de su tratamiento.

“Es fundamental contar con un informe técnico, un informe legal y también un informe de sostenibilidad financiera, firmados por el alcalde con todas sus dependencias, para garantizar que el proyecto sea viable”, afirmó.

Participación vecinal en el proceso

Uno de los aspectos centrales en el proceso será la socialización de la propuesta con las juntas vecinales, consideradas actores clave para la aprobación de este tipo de iniciativas.

La concejal enfatizó que la participación de los vecinos es indispensable. Durante el tratamiento del proyecto se revisan las actas que acrediten este proceso de socialización.

“Es importante que las juntas vecinales den pie a la creación del Distrito 6. Tenemos que crecer como municipio, especialmente en la atención a la población. Pero debe hacerse de manera ordenada y sin vulnerar los derechos de los vecinos”, sostuvo.

Un tema central en la agenda municipal

El debate en torno a la creación del Distrito 6 se perfila como uno de los temas centrales en la agenda del Concejo Municipal. Esto ocurre en un contexto donde se busca mejorar la gestión territorial, aunque con el desafío de lograr consensos entre autoridades y ciudadanía.

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El Concejo Municipal de Oruro y la condonación de deudas tributarias

El Concejo Municipal de Oruro prevé tratar en la sesión ordinaria de este jueves un proyecto de ley que plantea la condonación de deudas tributarias relacionadas con patentes municipales. Esta medida busca beneficiar a contribuyentes con obligaciones pendientes en este concepto.

Detalles del proyecto de ley

El presidente del Concejo Municipal, Samuel Mendizábal, informó que en la sesión se analizarán varias iniciativas legislativas, entre ellas normas para la declaración de bienes de dominio público. Sin embargo, uno de los temas centrales será la ley municipal de perdonazo tributario.

Beneficios para los contribuyentes

Según explicó Mendizábal, la propuesta permitirá a los contribuyentes con deudas por patentes municipales regularizar su situación pagando únicamente el impuesto correspondiente, sin la carga de multas ni sanciones acumuladas. “Muchos ciudadanos, por falta de conocimiento o por no haber cerrado su patente o padrón, tienen deudas de 10 mil o 15 mil bolivianos. Con esta ley se va a permitir que paguen solo el impuesto y no las sanciones”, señaló.

Contexto y objetivos del proyecto

La autoridad explicó que la norma funcionaría como una especie de “perdonazo” tributario para facilitar la regularización de los registros municipales de actividad económica. Además, Mendizábal indicó que el proyecto surge en el contexto de la ley de patentes municipales aprobada anteriormente por el Concejo, normativa que permite introducir mecanismos de alivio tributario para los contribuyentes.

Actualización necesaria en normativas

Mendizábal sostuvo que el régimen de patentes se encontraba basado en normativas antiguas que requerían actualización. Mencionó que en muchos casos se aplicaban disposiciones que datan de 1997, además de normas municipales de gestiones posteriores que no habían sido adecuadas a la realidad actual.

Consideraciones sobre profesionales independientes

El presidente del ente legislativo municipal también se refirió a cuestionamientos surgidos en torno a la ley de patentes, particularmente desde el sector de profesionales independientes. Al respecto, señaló que la normativa no busca perjudicar a este sector, sino generar condiciones más favorables para el desarrollo de actividades económicas.

Promoción de la formalización económica

Según la explicación de la autoridad, la normativa también busca promover la formalización de actividades económicas y facilitar que pequeños emprendimientos o artesanos puedan acceder a patentes municipales con condiciones más flexibles.

Análisis y aprobación del proyecto

El proyecto será analizado en la sesión ordinaria del Concejo Municipal programada para este jueves. En caso de ser aprobado, el mecanismo de regularización de deudas fiscales permitirá a los contribuyentes regularizar sus obligaciones tributarias municipales bajo un esquema de pago simplificado.

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Las cartas orgánicas de Oruro avanzan en revisión constitucional

Las cartas orgánicas de Oruro ingresaron a una nueva etapa en el proceso de revisión constitucional. Esto ocurrió tras el sorteo realizado en el Tribunal Constitucional Plurinacional para designar a las autoridades encargadas de analizar estos documentos normativos.

Revisión por el Concejo Municipal

El concejal Jesús Cruz explicó que las cartas orgánicas municipales fueron enviadas anteriormente a la ciudad de Sucre durante la gestión legislativa anterior del Concejo Municipal. Sin embargo, en ese momento no se contaba con la aprobación por mayoría absoluta.

Según detalló, el actual Concejo Municipal recibió nuevamente estos documentos y procedió a revisarlos, aprobándolos artículo por artículo. Posteriormente, los envió al Tribunal Constitucional Plurinacional, que debe emitir el control de constitucionalidad previo a su vigencia.

Crisis institucional y avances recientes

No obstante, el proceso quedó paralizado debido a la crisis institucional generada por la prórroga de los magistrados “autoprorrogados”, lo que afectó el funcionamiento normal del tribunal. Cruz recordó que el año pasado se produjo la salida de estos magistrados, lo que permitió retomar algunos procedimientos pendientes dentro del órgano constitucional.

“Ahora podemos decir que, de acuerdo a la información de la doctora Paola Prudencio, presidenta del Tribunal Constitucional, ya se cuenta con el sorteo correspondiente para la división de las cartas orgánicas”, señaló la autoridad municipal.

Designación de magistrados responsables

La presidente del tribunal, Paola Prudencio, quien además es oriunda de Oruro, realiza seguimiento a este proceso. Mediante este, se asignaron magistrados responsables de revisar los proyectos de cartas orgánicas.

De acuerdo con la explicación del concejal, esto significa que ya existen autoridades legalmente designadas y habilitadas para analizar los documentos. Posteriormente, emitirán un informe que será remitido a la presidencia del tribunal, paso necesario para avanzar hacia su aprobación.

Limitaciones en el proceso

Sin embargo, Cruz aclaró que, pese a estos avances, aún no se puede emitir una sentencia constitucional que valide u observe las cartas orgánicas. Esto se debe a que la presidencia del Tribunal Constitucional está a la espera de una resolución de la Cámara de Senadores de Bolivia que le otorgue las atribuciones necesarias para emitir fallos constitucionales.

La situación responde a que todavía existen vacancias de magistrados en cinco departamentos del país, lo que mantiene ciertas limitaciones en el funcionamiento pleno del tribunal. A pesar de ello, el concejal señaló que el proceso de revisión de las cartas orgánicas ya está encaminado. Se informó a la población que los documentos ya cuentan con magistrados designados para realizar el análisis correspondiente dentro del Tribunal Constitucional.

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La normativa fue sancionada en una sesión ordinaria y establece un régimen temporal de control sobre la venta de asientos y graderías. El objetivo es garantizar un acceso equitativo de la población al Carnaval de Oruro, que ha sido declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Prohibición de venta de asientos

Uno de los aspectos más destacados de la ley se encuentra en el artículo 9, que establece la prohibición total de la venta de asientos y graderías en espacios públicos durante el desarrollo del Último Convite y el Anata Andino.

Según el Concejo, los metros lineales que se asignan a los vecinos solo están habilitados para el sábado de peregrinación y el domingo de Carnaval, pero no para estas actividades previas.

Debate en el Concejo Municipal

El presidente del Concejo Municipal, Samuel Mendizábal, explicó que esta disposición fue uno de los temas más debatidos durante la discusión de la norma. Esto se debe a las denuncias recibidas sobre cobros indebidos en estas fechas. “La ley es clara: esos días no se pueden cobrar. Se busca evitar el uso y abuso en la venta de asientos”, afirmó.

La ley municipal tiene como objetivo principal controlar y fiscalizar la comercialización de graderías. Esto incluye evitar la reventa, la intermediación no autorizada y la especulación de precios.

Controles y sanciones

En este contexto, se prohíbe la venta de asientos a precios superiores a los que fijará el Órgano Ejecutivo Municipal, así como cualquier forma de reventa con fines de lucro.

Además, se establece que la Alcaldía deberá reglamentar precios diferenciados según el sector y la ubicación. También se ejecutarán controles a través de las unidades competentes.

En caso de incumplimiento, la norma contempla sanciones progresivas. Estas incluyen multas económicas en UFVs, el decomiso de asientos en casos graves o reincidentes, y la inhabilitación para futuras adjudicaciones de metros lineales. Esto impediría a los infractores acceder a espacios en gestiones posteriores.

Sistema digital de control

Asimismo, se dispone la implementación de un sistema digital obligatorio de registro de adjudicatarios. Esto tiene como fin transparentar la asignación de espacios y facilitar los controles.

Mendizábal informó que la ley fue enviada al Ejecutivo Municipal para su promulgación, que debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas. Si no se cumple, el Concejo Municipal podrá proceder con la promulgación directa, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Reacciones de las juntas vecinales

Desde la contraparte vecinal, el presidente de la Junta Vecinal de la Avenida 6 de Agosto, Adolfo Gutiérrez, cuestionó la aprobación de la ley y la calificó como tardía. Señaló que los concejales debieron regular estos aspectos con anticipación y no a horas de actividades clave del Carnaval.

Gutiérrez defendió los precios de los asientos en su sector, explicando que estos varían según la ubicación y las filas. También mencionó los costos adicionales que deben asumir los vecinos, como limpieza, seguros y contratación de armadores.

El costo real por metro lineal supera los 2.000 bolivianos, considerando las inversiones realizadas con meses de anticipación.

El dirigente también apuntó a una presunta campaña de desprestigio contra el Carnaval de Oruro y pidió que los controles se enfoquen en las empresas y grandes revendedores. “A nosotros nos tienen plenamente identificados. Que la autoridad haga su trabajo y controle donde corresponde”, manifestó.

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La presidente del TCP, Verónica Prudencio, confirmó que se encontraron irregularidades que deben ser corregidas antes de que se pueda continuar con el análisis constitucional del documento.

Prudencio explicó que el órgano constitucional ha recibido en varias ocasiones a concejales orureños que han realizado un seguimiento al estado del proceso.

Observaciones en el proceso

A partir de una revisión del sistema de gestión procesal, se detectaron observaciones que han impedido avanzar con el análisis de fondo.

“La Carta Orgánica ha sido devuelta para que se puedan corregir las observaciones identificadas. Tenemos entendido que actualmente el Concejo Municipal está realizando el trabajo técnico-jurídico correspondiente, conforme a los lineamientos establecidos por el Tribunal”, señaló la autoridad.

Próximos pasos a seguir

Una vez que se concluya con este proceso de corrección, se espera que el documento sea enviado nuevamente al TCP en el menor tiempo posible. Esto permitirá retomar el análisis constitucional.

La presidente del Tribunal recordó que el trámite de la Carta Orgánica de Oruro ha estado estancado desde hace cerca de 10 años. Sin embargo, destacó que desde el inicio de su gestión como magistrada por el departamento de Oruro, se ha impulsado el seguimiento a esta demanda planteada por las autoridades municipales.

Actualización necesaria del documento

Entre las principales observaciones, Prudencio explicó que el documento necesita ser actualizado y contextualizado. Esto es necesario porque fue elaborado hace aproximadamente 10 años y desde entonces se han registrado modificaciones normativas y constitucionales que deben ser incorporadas.

Pese a ello, aclaró que las observaciones detectadas son subsanables. Una vez que se realicen las correcciones, la Carta Orgánica podrá ingresar nuevamente al proceso de análisis para su eventual compatibilización constitucional.

Compromiso del Tribunal

Finalmente, Prudencio reiteró la disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional para continuar con el tratamiento del documento. Esto se llevará a cabo una vez que el municipio cumpla con las observaciones necesarias. El objetivo es concluir un proceso que ha sido esperado por la población orureña.

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El presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, calificó la propuesta como una “barbaridad” y aseguró que se analizará su viabilidad. Medrano expresó que “crear este decreto deja la puerta abierta para que ante cualquier situación irregular queden indefensos los terrenos que aún no han sido inscritos por el municipio”.

Además, recordó que existe una normativa vigente que establece la presentación de documentación para poder regularizar los títulos de propiedad. El edil dejó claro que “el Concejo Municipal no va a permitir ninguna ley que atente contra los predios que son municipales ni tampoco contra los predios particulares. No vamos a favorecer ni el loteamiento ni el avasallamiento”.

Preocupaciones sobre el decreto

Medrano añadió que el legislativo municipal “no está en contra” de que se apruebe la planimetría ni los derechos de propiedad de nadie, pero enfatizó que esto debe estar dentro del marco de la ley. “Un decreto para agilizar se puede prestar para muchas irregularidades. El Concejo Municipal va a poner un candado para asegurarse de que no se atente contra el derecho propietario del municipio y mucho menos de los privados”, concluyó.

Por su parte, la concejal Lola Terrazas criticó al alcalde, llamándolo “charlatán” y acusándolo de demagogia con su discurso contra los avasalladores. Terrazas afirmó que “en toda su gestión” se han producido nuevos avasallamientos a diario.

Críticas a la gestión del alcalde

Terrazas también señaló que no se ha recuperado ni un metro cuadrado y que el alcalde ahora quiere congraciarse con la necesidad de muchas familias que desean tener su derecho propietario, pero sin ninguna garantía para proteger los predios del municipio que han sido tomados por avasalladores.

La concejal mencionó que el trasfondo de la normativa es económico, ya que se debe “pagar para la emisión de un certificado”. “Acá no se necesita más papeles, ni decretos con fines ocultos. Se necesita que el Ejecutivo municipal cumpla con los plazos y haga su trabajo de manera efectiva. Para que un trámite que legalmente tarda 15 días hábiles no tarde en salir 6 meses”, agregó Terrazas.

Demandas de transparencia

En tanto, el concejal José Alberti manifestó que el alcalde debe ser transparente con la información sobre este decreto edil, según fue reportado por El Deber. Alberti advirtió que “antes que lo lance debería socializarlo porque también pueden estar dando título de terrenos que tienen dueños”.

Esto genera una contradicción, ya que si estos terrenos no son municipales, son privados. Finalmente, expresó su preocupación sobre las implicaciones políticas del decreto en un contexto electoral cercano: “La gente va a legalizar algo que mañana o pasado mañana, con otro gobierno municipal o la instancia judicial, pueda desconocer”.

Se intentó presentar una ley anteriormente para regularizar predios particulares; sin embargo, fue observada debido a sus posibles efectos sobre los avasallamientos en terrenos tanto particulares como municipales.

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Quispe ha solicitado una auditoría inmediata al proceso administrativo del Concejo Municipal. Durante su intervención, mostró documentos que respaldan sus acusaciones sobre gastos excesivos y la falta de transparencia en la gestión actual.

Entre los documentos presentados, Quispe mostró facturas que indican que se adquirieron “livings” para la presidencia a un costo de 10.000 bolivianos cada uno, sumando un total de 20.000 bolivianos por ambos. También cuestionó la compra de un sillón ejecutivo con masajeador para el presidente del Concejo Municipal, Samuel Mendizabal, que habría tenido un costo significativo.

Irregularidades en vehículos

Además, el vicepresidente denunció que tres vehículos adquiridos por el Concejo en la gestión anterior perdieron la garantía debido a que no se siguieron los pasos necesarios para su mantenimiento. “Lamentablemente aquí yo debo mencionar que tres de los vehículos no han seguido los pasos correspondientes y, lamentablemente, dos de los vehículos perdieron garantía”, señaló Quispe.

Quispe reiteró su solicitud de que se realice una auditoría inmediata a todo el proceso administrativo del Concejo Municipal desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha. “Estamos pidiendo que se realice una auditoría de manera inmediata a todo el proceso administrativo que se ha ido llevando”, indicó.

Refacciones en la Casa Consistorial

En relación a las refacciones realizadas en la Casa Consistorial, Quispe afirmó que estas no contaron con los procedimientos establecidos ni con la autorización de las instancias competentes. “El edificio del Concejo Municipal está catalogado como patrimonio de los orureños. Lamentablemente, las refacciones o remodelaciones que se han hecho no contaron con los procedimientos establecidos”, afirmó.

El concejal también informó que ha solicitado mediante minuta de comunicación que el caso sea remitido al Ejecutivo Municipal para iniciar el proceso administrativo correspondiente y realizar una auditoría al manejo económico de la intervención. “Recordemos que esta construcción tiene más de 100 años; creo que hay baños de damas los cuales tenían elementos que tienen más de 100 años”, indicó.

Respuesta del presidente

En respuesta a las denuncias sobre presuntos gastos excesivos, el presidente del Concejo Municipal, Samuel Mendizabal, manifestó que el Ente Legislativo cuenta con tres funciones principales: fiscalizar, legislar y deliberar. Reconoció que Quispe tiene derecho a ejercer su labor fiscalizadora, pero explicó que los gastos observados corresponden al área administrativa.

El presidente anunció que en los próximos días se llevará a cabo una reunión interna para presentar un informe detallado sobre los gastos efectuados. También reiteró su compromiso de brindar transparencia respecto al uso de recursos públicos.

El Concejo Municipal aclaró que la compra del sillón masajeador es inexistente, ya que dicho mobiliario no constituye una necesidad funcional ni operativa para las labores institucionales. Respecto al tema de la refacción, Mendizabal rechazó las acusaciones y aclaró que los trabajos realizados corresponden únicamente a labores necesarias para preservar la infraestructura del edificio. “¿Patrimonio hay que cuidar o dejar que se caiga? Hemos hecho mantenimiento, plastificado pisos y arreglos de baños”, respondió.

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Sesión truncada nuevamente

La sesión de este martes se interrumpió justo cuando se iba a realizar la aprobación final de la norma en su etapa de revisión. El presidente del Concejo, Jorge Dulón, se vio en la necesidad de suspender el debate, argumentando que no se podía continuar sin la presencia de la concejal que había participado en la aprobación de artículos anteriores. La semana pasada, la sesión también había sido suspendida por la misma razón: la ausencia de Pinto.

Rechazo a la modificación

El abandono de la concejala Pinto ocurrió después de que el pleno rechazara una propuesta de modificación que ella había presentado. La concejala Yelka Maric denunció este hecho en redes sociales, afirmando: “Una vez más, la votación para dejar sin efecto los parqueos tarifados ha quedado trunca por la concejala Joselinne Pinto Villanueva. Se aprobó la ley municipal en su instancia en detalle y solo queda pendiente para una próxima oportunidad la instancia en revisión.”

Apoyo a la iniciativa de ley

La propuesta de ley fue originalmente presentada por la concejala Roxana Pérez Del Castillo del MAS y cuenta con el respaldo de otros concejales como Pierre Chaín, Yelka Maric y Lourdes Chambilla. A pesar del apoyo mayoritario en el Concejo para avanzar con la ley, la Alcaldía de La Paz se opone a la propuesta, argumentando que la ley no puede aplicarse de manera retroactiva a los convenios ya establecidos con las empresas que operan el sistema tarifado.

Controversia en el procedimiento

El proceso de aprobación ha generado controversia, aunque el resto de los concejales presentes no se manifestaron en contra de la iniciativa de fondo. La situación sigue siendo un tema de discusión en el Concejo Municipal, donde la falta de consenso ha impedido avanzar en la eliminación de los parqueos tarifados.

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Gabriela Garzón, quien representa a UCS, ha manifestado que no están de acuerdo con el fallo judicial, ya que consideran que este vulnera derechos que habían sido establecidos previamente. Garzón argumentó que hubo actos que fueron avalados por la misma bancada de C-A, como la propuesta del 4 de mayo, donde se presentó a Israel Alcocer como presidente y a Silvana Mucarzel como secretaria, mientras aún estaban en funciones como concejales municipales.

A pesar de su desacuerdo, Garzón ha señalado que UCS no se ausentará del proceso. Confirmó su participación en la sesión y afirmó que analizarán internamente a quién brindarán su respaldo, con el objetivo de completar todos los cargos que actualmente están vacantes dentro del Concejo.

Respuesta de Comunidad Autonómica

Desde la bancada de Comunidad Autonómica, el concejal Marcelo Vidaurre ha respondido cuestionando la postura de UCS. Vidaurre indicó que la resolución emitida el 26 de septiembre es completamente legal y que el Tribunal Constitucional ha abordado un tema que, según él, fue postergado durante 4 años debido a “chicanerías” políticas.

Vidaurre también adelantó que, en el marco de un tratamiento orgánico, C-A presentará a su candidato para la directiva. Esta decisión será tomada tras realizar reuniones internas dentro de la bancada.

Exhortación del vocero municipal

El vocero municipal también se ha pronunciado sobre la situación, instando a los concejales a resolver de manera definitiva la conformación de la directiva. Subrayó que llevan 7 meses sin un funcionamiento formal.

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La actividad comenzó con la intervención de la directiva 2025, presidida por el concejal Samuel Mendizábal, acompañado por el vicepresidente Iván Quispe y la concejal secretaria Sara Olivera.

Durante su informe, el presidente del Ente Legislativo destacó que se han aprobado más de 280 leyes, con la meta de llegar a 500 leyes promulgadas que beneficiarán a la población de Oruro.

Entre los logros más relevantes se mencionan la aprobación de leyes como la Ley Alianza Público-Privado, la Ley Municipal de Transporte y la Ley 116 de Reducción de Bolsas Plásticas, entre otras. Además, Mendizábal indicó que se han registrado áreas verdes y de equipamiento en derechos reales para el municipio de Oruro, lo que permitirá proteger y conservar estos espacios para la comunidad.

Informes de las comisiones

Una vez finalizado el informe de la directiva 2025, los concejales de la Comisión de Desarrollo Humano y Política, presidida por Edmée Castillo; de Infraestructura y Obras Públicas, de Julio René Silvestre; de Asuntos Administrativos y Financieros, de Jesús Cruz; de Asuntos Legales, de Nilda Fernández; de Género Generacional y Familia, de Freddy Mamani; de Servicios y Defensa al Consumidor, de Oscar Velásquez; de Desarrollo Económico y Productivo, de José Flores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Nieves Anabe, presentaron su respectivo informe en el marco de su labor de fiscalización.

Controversia en la sesión

Sin embargo, la sesión concluyó en un ambiente tenso tras las críticas del presidente del Control Social, Oscar Delgado, quien reprochó la falta de compromiso de los concejales y cuestionó la aprobación del incremento salarial. Mendizábal respondió a las acusaciones aclarando que el incremento salarial es una normativa nacional que debe ser cumplida.

El Concejo Municipal había rechazado inicialmente el incremento, pero finalmente aprobó la ordenanza para evitar que se congelen las cuentas del municipio. La tensión se hizo evidente cuando Delgado decidió aplazar la gestión de los concejales, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de la administración municipal.

Mendizábal defendió el trabajo realizado por el Concejo Municipal y subrayó que se han cumplido con las normativas y procedimientos establecidos.

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Por su parte, el concejal Jesús Cruz también se opone al incremento salarial. Él señala que ya había presentado un informe en mayo en el que rechazaba esta medida, y considera que, en medio de la crisis económica actual, no es prudente llevar a cabo un aumento.

Detalles del incremento salarial

Según Quispe, el aumento es del 3% para los concejales, el alcalde, los secretarios y directores, lo que representa un incremento de 470 bolivianos. Además, el personal de servicio y apoyo del Ejecutivo Municipal recibirá un aumento del 5% desde la escala 6 hacia adelante.

El concejal Quispe votó en contra de la resolución que aprobaba el incremento salarial en la sesión del Concejo Municipal. Ante la prensa, mostró documentos que respaldan su postura. “El alcalde presenta su Plan Operativo Anual (POA) con su incremento salarial faltando horas para que termine la fecha. Entonces, en el día se tiene que aprobar o se tiene que rechazar”, expresó Quispe.

Él añadió que, más allá de cualquier criterio, es importante ser coherentes con lo que se dice y hace, y que debe haber austeridad en la Alcaldía. Por esta razón, Quispe rechazó el incremento salarial en cualquiera de los ramos.

Rechazo al incremento

El concejal Cruz también ha manifestado su rechazo al aumento salarial. Reitera que ya había presentado un informe en mayo en el que se oponía a esta medida. Cruz afirmó que el incremento ya había sido aplicado a los empleados del Ejecutivo Municipal y que el Concejo Municipal se vio obligado a aprobar la nueva escala salarial para evitar que se congelaran las cuentas del municipio.

“Es increíble que como Concejo Municipal rechazamos, y particularmente sigo rechazando mi incremento salarial, porque en época de crisis, ¿cómo queríamos aumentar? Pero obliga al Ejecutivo Municipal porque ya está cancelando”, cuestionó Cruz.

Presiones de juntas vecinales

El concejal también mencionó que las juntas vecinales han estado presionando para que se apruebe el POA 2026. Sin embargo, este plan incluye la nueva escala salarial, lo que ha creado una situación contradictoria. “Las juntas vecinales nos piden aprobar el POA inmediatamente, con una nueva escala salarial”, indicó.

Cruz cuestionó por qué no se reclamó cuando ya estaban cobrando desde el mes de mayo, y que ha habido un incremento retroactivo desde enero. “Entonces, tiene que ser coherente también las juntas vecinales en querer apuntar”, expresó.

Donación del incremento

Ante esta situación, Cruz anunció que, si se ve obligado a recibir el incremento salarial, lo donará. Argumenta que no es el momento adecuado para aumentos salariales en medio de la crisis. “Si por ley obligan a ese tema, ese incremento salarial yo voy a donar, porque en realidad no estamos para incrementarnos en este momento de crisis”, concluyó.

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Solicitud de renuncia

En la reunión, Alberti expresó su preocupación y concluyó con el pedido de renuncia de la máxima autoridad municipal. “Hay que decirlo, si no se animan lo digo, yo quiero pedir públicamente la renuncia del alcalde Jhonny Fernández, porque ha quebrado la Alcaldía, cometió abuso contra el Concejo, por el daño que ha hecho a la ciudad, el abandono, destrucción y niveles de corrupción”, afirmó Alberti.

Conflictos en el Concejo

El concejal de Comunidad Autonómica C-A también pidió que Fernández presente “su carta de renuncia” y que alguien del Concejo asuma el Ejecutivo hasta que finalice la gestión. La tensión en el Concejo Municipal continúa en aumento.

Alberti sostiene que sigue siendo el presidente en ejercicio del Concejo. El pasado viernes, la concejal de Santa Cruz por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Gabriela Garzón, se declaró presidenta con el apoyo de 6 concejales. Aunque fue reconocida por la Alcaldía, no tomó posesión de las oficinas.

Informe del Comité pro Santa Cruz

Durante la sesión del martes, Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, comentó que ha escuchado sobre la situación institucional y económica del Concejo. Aseguró que presentará un informe al Directorio para que se tomen decisiones al respecto. “Es lamentable la situación de la ciudad”, expresó Cochamanidis, quien espera que “se respete la legalidad” en el Concejo.

Convocatoria a cabildo

El concejal Juan Carlos Medrano solicitó al Comité pro Santa Cruz que convoque a un cabildo para tomar decisiones, ya que la población “no soporta más” al alcalde Fernández. Medrano afirmó que es necesario investigar la gestión de Fernández y que “se convoque a un cabildo, la gente no quiere a Jhonny en la Alcaldía”.

Reacción de la Alcaldía

Desde la Alcaldía Municipal, el vocero Bernardo Montenegro rechazó el pedido de renuncia y calificó la intención de acortar el mandato de Fernández como un “intento de golpe”.

/KMMN

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La sesión, que tenía como objetivo tratar el presupuesto para la gestión 2026, fue suspendida por el presidente interino José Antonio Alberti debido a la controversia que se desató.

Denuncias de golpe legislativo

La bancada de C-A denunció que los concejales de UCS y MAS intentaron dar un golpe al presidente en ejercicio, José Alberti, al buscar elegir una nueva directiva de manera ilegal. En un comunicado emitido desde el Concejo Municipal cruceño, se afirmó: “Las bancadas de UCS y MAS intentaron dar un golpe al Legislativo Municipal, pretendiendo elegir una directiva de forma arbitraria, ilegal y violenta”.

El documento también subrayó que “los concejales municipales que respetamos la democracia” no permitirán “atropellos, ni usurpaciones” que vayan en contra de la voluntad del pueblo de Santa Cruz.

Elección de nueva directiva

Después de la suspensión de la sesión, los concejales de UCS y MAS decidieron elegir a Gabriela Garzón como nueva presidenta y a Miguel Fernández como secretario. Sin embargo, Alberti permaneció en la sala para denunciar la ilegalidad de este acto.

“Se ha visto la democracia del Concejo Municipal. Esta directiva siempre va a trabajar al lado del pueblo”, celebró Garzón mientras levantaba la mano de Fernández en señal de victoria. En ese momento, intentó desplazar a Alberti de su silla. Alberti, por su parte, respondió con un irónico “ya han hecho su show” mientras los concejales afines a Jhony Fernández y los del MAS abandonaban el salón.

Suspensión de credenciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) validó un proceso presentado por UCS contra los exconcejales Silvana Mucarzel e Israel Alcocer. Con la suspensión de sus credenciales, tanto la presidencia del Concejo como la Secretaría quedaron acéfalas. El pedido de UCS busca ocupar esos cargos y retomar el control del Legislativo que ha cuestionado constantemente las acciones del ejecutivo durante el último año.

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El programa oficial establece que el acto comenzará a las 08:00 horas. Durante la ceremonia, los protagonistas serán el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez; el presidente del Concejo Municipal, José Antonio Alberti Uzqueda; y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Antonio Salvador Talamas Paniagua. Ellos serán los encargados de izar las banderas en la plaza principal.

Mientras se eleva el emblema cruceño, los asistentes entonarán el Himno Departamental. Este momento es muy simbólico y marca el inicio formal del mes de septiembre, el cual está dedicado a conmemorar la historia, identidad y tradiciones de Santa Cruz.

Discursos de las autoridades

Después de la ceremonia, se espera que las autoridades presentes emitan discursos protocolares. Esto incluirá mensajes del presidente del Comité pro Santa Cruz y del titular del máximo tribunal de justicia del país. El cierre del evento estará a cargo del presidente del Concejo Municipal, quien dirigirá un mensaje a la ciudadanía.

Ausencias notables

A pesar de que este es el acto inaugural del mes cívico, ni el alcalde ni el gobernador forman parte del programa oficial. Ambas autoridades han decidido desarrollar agendas propias para dar la bienvenida a septiembre, en un contexto político que se caracteriza por distancias institucionales.

Actividades conmemorativas

El evento de este lunes abre una serie de actividades conmemorativas que se extenderán durante todo el mes. Estas actividades estarán enmarcadas en un ambiente festivo que recorrerá los distintos municipios del departamento, celebrando la identidad y cultura de Santa Cruz.

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Inicio de la sesión

La sesión comenzó bajo la conducción de Chambilla. Durante esta, la legisladora se negó a modificar el reglamento para incluir en el orden del día la reconsideración de la directiva mediante dispensación de trámite. Después de dos horas de debate y sin dar paso a la propuesta, la presidenta decidió cerrar la sesión, lo que profundizó el conflicto existente.

Propuesta de reconsideración

Con el objetivo de evitar que la institución continuara paralizada, se propuso aplicar la disposición tercera del Reglamento de Debates del Concejo. Esta establece que “El Concejo Municipal no podrá dispensarse de la observancia del reglamento salvo por disposición expresa votada por 4 quintos del total de sus miembros”.

Finalmente, la mayoría aprobó la incorporación de la moción de reconsideración de la elección de la directiva. Esta moción consiguió inicialmente siete votos y, en una segunda votación, alcanzó ocho.

Elección de la nueva directiva

Con la reconsideración aceptada, se abrió el proceso para elegir a la nueva directiva. Jorge Dulón se autonominó como presidente y Lucio Quispe como secretario. En una votación nominal, la fórmula obtuvo ocho votos a favor, lo que oficializó a Dulón como el nuevo presidente del Concejo Municipal.

Esta elección se realizó a pesar de que un fallo judicial reconocía a Lourdes Chambilla como presidenta. Sin embargo, ese mismo escenario jurídico había mantenido paralizado al Concejo durante cuatro meses.

@ctvbolivia En una tensa sesión del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla fue destituida de la presidencia y reemplazada por Jorge Dulón, concejal de la bancada afín al alcalde Iván Arias. La sesión terminó en incidentes, cuando Chambilla agredió físicamente a Dulón en medio de gritos y empujones. #CTV #ctvbolivia #Consejo #LaPaz #sesion ♬ sonido original – CTV Red Nacional Bolivia

Reclamos sobre la parálisis

El concejal Javier Escalier reclamó abiertamente al alcalde Iván Arias, señalando que el conflicto había mantenido en pausa el trabajo legislativo y afectaba directamente a los paceños. “Durante 4 meses no se aprobaron leyes ni se trataron temas urgentes para la ciudad y, peor aún, miles de ciudadanos no pudieron reanudar sus trámites porque el Concejo estaba bloqueado”, expresó Escalier.

Compromiso de trabajo

Al asumir el cargo, Dulón enfatizó: “La ciudad necesita que trabajemos con urgencia. Hay más de 3.000 trámites que debemos atender y trabajaremos por tiempo y materia, 24/7. Esta Directiva va a fiscalizar a quien corresponda, va a fiscalizar de verdad, eso es lo que quiere la gente”.

Durante la sesión, Lourdes Chambilla protagonizó un incidente contra Dulón, quien anunció que no iniciará acciones legales en su contra.

Consecuencias administrativas

La parálisis del Concejo generó consecuencias administrativas graves, incluido el cierre del Sistema de Trámite Municipal (Sitram). Este sistema reinició operaciones tras la posesión de la nueva directiva, lo que permitirá atender trámites y servicios esenciales que habían sido suspendidos y que afectaban directamente a los ciudadanos.

Días atrás, Javier Escalier acusó al alcalde Iván Arias de impulsar una estrategia para bloquear la fiscalización y cerrar el Sitram.

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Esta acción podría resultar en un gasto innecesario de más de 300.000 bolivianos, dinero que podría haberse utilizado para beneficios en favor de la población, como la entrega de leche a estudiantes orureños, según la denuncia de Cruz.

Recomendaciones del Concejo Municipal

Cruz explicó que en el informe de la comisión que preside se recomendó al pleno del CMO que no se aplique el incremento salarial del 2025. Para este año, el Gobierno ya había acordado un aumento del 10% al salario mínimo y del 5% al haber básico.

“Esto tiene que aprobarse con una resolución del Concejo Municipal para que sea enviado al Viceministerio de Economía. De esta manera, con estas recomendaciones, se podrá aplicar el no incremento del 2025”, señaló Cruz.

Austeridad en salarios

Por otro lado, Cruz afirmó que la recomendación original era aplicar medidas de austeridad en los salarios de los funcionarios que ganan más de 10.000 bolivianos y un incremento del 5% para aquellos que perciben menos. Sin embargo, el documento enviado al Viceministerio habría ignorado esta recomendación y optado por un aumento salarial generalizado.

Según el concejal, de haberse seguido la recomendación, se habrían ahorrado más de 300,000 bolivianos, cantidad que podría haber sido utilizada para compensar la entrega de leche. Más de 120.000 estudiantes ya no recibirán los dos kilos de leche, sino solo uno debido a este aumento.

Impacto en la población

“No hay ese cariño hacia la población, porque en realidad esa plata es de todos los orureños y tiene que volver a los orureños. Por un lado, está el tema del incremento y, por otro, el de la austeridad, mientras muchas familias están sufriendo el alza de los precios. Aquí en la Alcaldía seguimos subiendo cada año”, reprochó Cruz.

Fondos disponibles para proyectos

Además, el concejal informó que el año pasado sobraron 1,4 millones de bolivianos en el Concejo Municipal. Estos fondos podrían ser utilizados para reforzar la inversión en proyectos importantes, como la Circunvalación de Oruro. Cruz pidió a la población que apoye la propuesta de utilizar estos recursos para este fin.

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Detalles de la reunión

Durante el encuentro, que tuvo una duración aproximada de una hora, Alberti presentó a Hassenteufel una tercera solicitud formal. En esta solicitud, se pide que el TSE se pronuncie sobre la validez de las acreditaciones de los concejales de la bancada Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

Después de la reunión, la autoridad mencionó que el TSE se comprometió a entregar una respuesta por escrito dentro del plazo establecido. Alberti también aseguró que el Concejo acatará la decisión que se tome, conforme a la normativa vigente y al reglamento interno.

Posibles escenarios

En este contexto, el concejal explicó que, si se confirma la legitimidad de las credenciales de Andrea Negrete y Denny Guzmán como concejales titulares, solo será necesario iniciar el procedimiento para sustituir a los actuales concejales.

Por otro lado, si la acreditación se suspende mientras se resuelven los recursos pendientes en el TSE y en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), deberán retornar los concejales Silvana Mucarzel e Israel Alcócer. En este caso, Alberti será responsable de gestionar dicho proceso.

Retrasos en el Concejo Municipal

Finalmente, la autoridad recordó que el 17 de julio de 2025 se cumplirán tres semanas desde la última sesión del Concejo Municipal. Este retraso ha generado demoras en el trabajo del Concejo.

Alberti señaló que existen alrededor de 600 correspondencias que aún no han sido revisadas y unas 200 audiencias públicas pendientes. Estas deben ser atendidas y resueltas a la brevedad para poder retomar las actividades del Concejo Municipal.

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Evert Revollo, quien es el presidente de la federación, informó sobre las gestiones legales que se han llevado a cabo. Además, anticipó que si no se recibe una respuesta favorable por parte del Concejo, se recurrirá a instancias superiores en Sucre.

Detalles del recurso presentado

Revollo comentó: “Sabemos también de conocimiento y de parte informativa que el recurso de reconsideración que ha presentado Marcelo Cortez creo que ha tenido alguna deficiencia y no ha sido tomado en cuenta”. Expresó su confianza en que su recurso no enfrente los mismos problemas y espera recibir una respuesta positiva en un plazo de 15 a 30 días.

En caso de que el recurso no tenga efectos en el Concejo Municipal, se ha anunciado que se acudirá hasta Sucre para buscar la anulación de la ley. “Estamos esperando las respuestas. Sabemos que tienen de 15 a 30 días para poder tener respuesta de nuestro recurso”, sostuvo Revollo.

Interés en participar en nuevas leyes

Revollo también manifestó su deseo de participar en la construcción de una nueva ley si se recibe una respuesta favorable. Según él, tras la promulgación de la ley por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), el sector profesional recibió cartas solicitando trabajar en la reglamentación.

No obstante, estas solicitudes fueron rechazadas debido a un consenso entre los 24 colegios profesionales, que indicaron que nadie participará en actividades convocadas por la Alcaldía.

Postura firme del sector profesional

“Si algún colega profesional asiste a cualquier reunión, es a título personal, no es emanado de la Federación, menos de ningún colegio de profesionales”, afirmó Revollo. Reiteró que tanto su sector como el gremial están trabajando por la abrogación o anulación de la ley y no darán validez a decisiones externas hasta que se reconstruya el proceso.

Este rechazo al trabajo conjunto con la Alcaldía refleja una postura firme del sector profesional frente a lo que consideran una normativa perjudicial. La situación actual podría tener repercusiones significativas en las relaciones entre los profesionales y las autoridades municipales si no se logra un acuerdo satisfactorio.

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La renovación de la directiva fue convocada tras la anulación de la elección realizada en abril, cuando Lucio Quispe había sido designado presidente. Esta decisión fue emitida por una Sala Constitucional, lo que obligó a repetir el proceso. En esta nueva sesión, la bancada afín al alcalde Iván Arias intentó postular a Jorge Dulón, aunque su candidatura no logró avanzar por falta de respaldo.

Irregularidades y presiones

Durante el desarrollo del pleno, los concejales que apoyan al alcalde solicitaron un cuarto intermedio, argumentando que existían irregularidades en el procedimiento. Sin embargo, la presidente saliente decidió continuar con la sesión. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la propia Chambilla denunciaron que hubo intentos de presión para que algunos concejales votaran por Dulón.

Resultados de la votación

Después del retiro de los concejales afines al alcalde, se procedió con la votación. Lourdes Chambilla fue ratificada como presidenta, Joselinne Pinto asumió como vicepresidenta y Lucio Quispe fue designado secretario. La nueva directiva fue posesionada de inmediato, con Chambilla a cargo del juramento.

Compromiso con la institucionalidad

En sus primeras declaraciones, la presidenta reafirmó su compromiso con la institucionalidad del Concejo y advirtió sobre posibles intentos de obstaculización desde el Ejecutivo municipal. Señaló que es momento de fortalecer el rol fiscalizador del Legislativo para evitar interferencias externas.

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La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió una resolución en respuesta a una acción de amparo presentada por los concejales Lucía Mamani, Jorge Dulón y Oscar Sogliano, quienes pertenecen al partido del alcalde Iván Arias. Estas autoridades alegaron que durante la sesión del 29 de abril se cometieron irregularidades y se incumplió el reglamento del Concejo.

A raíz de este fallo, quedó anulada la elección de Lucio Quispe como presidente del Concejo, así como la de Josseline Pinto en la vicepresidencia y Lourdes Chambilla en la secretaría.

Defensa de la legitimidad de la sesión

Escalier aseguró que la sesión se llevó a cabo de forma legítima. En ese contexto, señaló que los concejales oficialistas participaron, aprobaron el orden del día y postularon a su propio candidato. A su criterio, no hay fundamentos para desconocer la elección.

“Perdieron y ahora intentan anular todo con apoyo de una justicia que ni siquiera conoce el reglamento. Es indignante”, reclamó.

Judicialización del trabajo del Concejo

El concejal sostuvo que existe una intención del alcalde de “judicializar” el trabajo del Concejo para revertir una derrota política. Escalier también recordó que tras la votación, los concejales oficialistas bloquearon durante semanas la Secretaría del Concejo.

Esta situación paralizó el tratamiento de leyes y frenó las tareas de fiscalización.

Obstáculos en el acceso a la información

Además, acusó al Ejecutivo municipal de obstaculizar el acceso a información clave para ejercer el control. En ese sentido, denunció que los documentos requeridos por los concejales no son entregados.

La autoridad considera que aquella actitud representa un incumplimiento de deberes y perjudica directamente la gestión del propio alcalde.

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El concejal José Flores ha advertido que, tras la promulgación de la ley, los profesionales podrían considerar la posibilidad de plantear su abrogación o incluso cuestionar su constitucionalidad.

Detalles de la sesión ordinaria

En la sesión ordinaria que se llevó a cabo la semana pasada, el pleno del Concejo Municipal discutió dos informes provenientes de la Comisión de Servicios y Defensa al Consumidor. Uno de estos informes fue aprobado por mayoría, mientras que el otro recibió un respaldo en minoría.

Ante la existencia de estos dos informes, se procedió a realizar una votación para determinar si se aprobaría el informe por mayoría o el de minoría. De acuerdo con la Ley Municipal Nº 211, el pleno del Concejo optó por aprobar el primer informe con una mayoría absoluta.

Rechazo de observaciones

Se lograron los 2/3 del total de los miembros del Concejo para rechazar las observaciones que habían sido planteadas por el Órgano Ejecutivo Municipal respecto a la Ley Municipal de Patentes.

Con el rechazo total de las observaciones, que fue respaldado por 2/3 del pleno del Concejo, se devolvió la Ley Municipal de Patentes y sus antecedentes al Ejecutivo Municipal. Este deberá promulgarla en un plazo de 3 días hábiles.

Reacciones del concejal Flores

En relación con el rechazo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo Municipal y la solicitud de aprobación de la ley, el concejal Flores mencionó algunas acciones que los profesionales podrían tomar una vez que la ley sea promulgada.

“Hemos rechazado lo que hemos tenido que rechazar, ahora que el alcalde arregle. Voy a expresarle nuestra molestia porque parece que no hay un asesoramiento correcto y eso es lo que está generando en la población enfrentamiento”, indicó Flores.

Además, el concejal también señaló que “la abrogación va a generar problemas, pero ¿quién generó el problema? El Ejecutivo mandando una ley así y la comisión de defensa al consumidor recomendando su tratamiento”.

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Los seguidores del alcalde de Santa Cruz, Máx Fernández, buscaban impedir que se llevara a cabo la sesión destinada a la renovación de la nueva directiva. En este contexto, UCS ha expulsado a Silvana Murcarzel e Israel Alcócer del partido y exige que sus curules sean ocupados por los concejales suplentes.

Murcarzel denunció una serie de acciones judiciales y actos de hostigamiento que, según ella, fueron orquestados por el alcalde Fernández con el objetivo de evitar la realización de la sesión. Tras el fracaso de los recursos legales, la concejal afirmó que el alcalde recurrió a medidas de presión y violencia.

“Convocó a funcionarios municipales y militantes de UCS para hacer vigilia en el Concejo y evitar nuestro ingreso. Incluso contrató grupos de choque. Nos tiraron basura, sillas, botellas. Nuestra integridad física corrió peligro”, declaró Murcarzel.

También denunció que los gendarmes municipales, bajo instrucciones directas del alcalde, impidieron el acceso de los concejales al edificio.

Agresiones y ataques

“Nos decían que no tenían las llaves para abrir la reja. Estaban adentro, riéndose, burlándose de nosotros. Fue una agresión planificada”, comentó Murcarzel. El concejal suplente Rolando Pacheco calificó el ataque como un acto “delincuencial y criminal”. Su vehículo fue apedreado y los agresores intentaron sacarlos por la fuerza.

“Vinieron a atacarnos a quemarropa, a romper los vidrios, a querer sacarnos del vehículo para golpearnos. Nosotros estábamos cumpliendo nuestra labor legislativa”, declaró Pacheco. Según él, la turba les arrojaba piedras y petardos con la intención de hacerles daño.

Reacción de los concejales

El concejal José Antonio Alberti describió las acciones de los grupos de choque de UCS como “un golpe certero y violento” contra el órgano legislativo local. “Hoy hubo una agresión brutal en el Concejo Municipal. Gente de Fernández no nos ha dejado entrar al edificio. Queríamos sesionar, pero la represión no nos lo permitió”, declaró Alberti desde las afueras del recinto.

Alberti aseguró que hubo concejales heridos durante los incidentes y lanzó un llamado urgente a las autoridades nacionales. “Convocamos y llamamos al ministro de Gobierno, al comando de la Policía y al fiscal departamental para que vengan a resguardar el Concejo Municipal. Jhonny Fernández está cometiendo un acto antidemocrático”, denunció el concejal.

Compromiso de los concejales

Alberti reiteró la voluntad de los concejales de continuar con sus labores institucionales a pesar de la violencia y el bloqueo. “Estamos decididos a sesionar y cumplir con nuestro mandato. No vamos a ceder ante la presión ni ante los atropellos”, afirmó.

El concejal Federico Morón aseguró que la violencia fue ejecutada por órdenes directas de funcionarios cercanos al alcalde Jhonny Fernández y llevada a cabo por grupos de choque. “La Guardia Municipal, que debería resguardarnos, nos negó el ingreso al edificio. Se rieron en nuestra cara; obedecían órdenes directas de Jhonny Fernández”, declaró Morón.

Un atentado a la democracia

Morón detalló que le tiraron una silla a la cabeza a la presidenta Silvana Murcarzel, rompieron parabrisas, vidrios, robaron celulares y golpearon a los concejales Israel Alcócer, Edith Ávalos y Lola Terrazas. El concejal calificó los hechos como un atentado a la institucionalidad democrática. “Nos están robando no solo la dignidad, sino la posibilidad de representar al pueblo”, cuestionó Morón.

Por su parte, el concejal Manuel Saavedra acusó al alcalde de recurrir a la violencia para impedir la elección de una nueva directiva. Denunció una estrategia sistemática para “descabezar al Concejo” y evitar que se ejerza la labor fiscalizadora.

“Jhonny Fernández y su gente vienen con una estrategia para que el Concejo no funcione normalmente”, aseveró Saavedra sobre las acciones del alcalde en relación con las sesiones del Concejo Municipal cruceño.

/KMMN

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Chambilla afirmó que ha cumplido con su deber como presidenta del Concejo. Además, sostuvo que la refrendación por parte del Ejecutivo ya no es de su competencia. “He cumplido mi palabra, pese a que me han dicho de todo. Aquí está promulgado”, expresó tras firmar el documento que oficializa la ley.

Congelamiento de tarifas

Con la promulgación de esta norma, el pasaje en el municipio de La Paz debe mantenerse en Bs 2. Esta decisión anula el acuerdo previamente alcanzado entre el alcalde Arias y el sector transportista, que establecía una tarifa de Bs 2,40.

Apoyo y oposición

El congelamiento de tarifas ha recibido el respaldo de juntas vecinales y sectores ciudadanos que se oponen a un aumento en el costo del transporte. Sin embargo, los transportistas, que se encuentran en vigilia frente a la Alcaldía, han anunciado que no acatarán la medida y se han declarado en estado de emergencia.

Además, los transportistas advirtieron que podrían iniciar acciones legales contra los concejales por esta decisión. Desde la Alcaldía, aún no se ha confirmado si la norma será refrendada o vetada.

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Ayer, Mendizábal realizó una inspección a los ambientes de la antigua Casa de Correos y Telégrafos. Este edificio se encuentra en las calles Presidente Montes entre Adolfo Mier y Junín, cerca de la Plaza 10 de Febrero en la capital orureña.

La inspección tuvo como finalidad evaluar el estado de conservación del edificio y promover una serie de acciones que permitan encaminar de manera responsable y planificada el proceso de recuperación del inmueble.

Reuniones para la restauración

En este sentido, tras constatar la situación actual del edificio patrimonial, la autoridad legislativa anunció que se llevarán a cabo reuniones a nivel departamental y nacional. Estas reuniones buscarán coordinar esfuerzos interinstitucionales dirigidos a la restauración del edificio.

“Desde el Gobierno Central, la Gobernación y la Alcaldía deberíamos unirnos para preservar y cuidar. Estamos viendo el abandono y, como Concejo Municipal, estamos para solicitar, en principio, que estos predios vengan para los orureños”, manifestó Mendizábal.

Prioridad cultural patrimonial

En este contexto, Mendizábal destacó la importancia de emitir una resolución o ley municipal que declare la restauración del edificio de Correos como una prioridad cultural patrimonial para la ciudad de Oruro.

Además, se solicitará a la Unidad Patrimonial de la Secretaría Municipal de Cultura un informe técnico actualizado sobre el estado estructural del edificio. También se realizará una inspección conjunta con la Comisión Legal y la Comisión de Infraestructuras del Concejo Municipal.

Convenios para la restauración

Asimismo, se promoverá y viabilizará la firma de convenios entre el Gobierno Nacional, Municipal, la Gobernación y el Ministerio de Culturas. Esto permitirá la continuación del proyecto de restauración integral del edificio.

Por otro lado, se impulsará un proyecto de ley municipal de protección del patrimonio. Esta normativa propondrá mecanismos permanentes de conservación preventiva de bienes patrimoniales en riesgo dentro del municipio.

Campaña de valorización

Finalmente, se busca fomentar una campaña pública de valorización del patrimonio histórico. Esta campaña informará sobre la importancia del edificio de Correos y promoverá la participación de la ciudadanía en su conservación.

Historia del edificio

El edificio de Correos fue diseñado en el siglo XX por Adán Sánchez, un arquitecto reconocido de la época. Este inmueble fue construido exclusivamente para la institución de Correos, que anteriormente funcionaba en otras edificaciones en la ciudad de Oruro.

El edificio se caracteriza por su estilo ecléctico, que mezcla influencias neoclásicas y francesas, según informó el expresidente del Colegio de Arquitectos, Boris Medina.

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Chambilla explicó su decisión de retirarse, argumentando que en la reunión se intentaba imponer un acuerdo sin la debida representación vecinal. Además, denunció que había sufrido hostilidad en su contra durante el encuentro.

La presidente del Concejo Municipal también mencionó que la ley debe ser promulgada, aunque dejó claro que podría ser abrogada más adelante, dependiendo de un acuerdo que se alcance entre las partes involucradas.

Reacciones de los choferes

Al momento de su salida, Chambilla fue rechiflada por los choferes que estaban realizando una vigilia. Ella denunció que sufrió violencia y que estuvo a punto de ser golpeada. En la reunión, el alcalde Arias pensó que Chambilla había salido al baño, pero se sorprendió al darse cuenta de que había abandonado la reunión.

Los representantes de los choferes criticaron la actitud de Chambilla, considerándola una falta de respeto. Ante esta situación, anunciaron que se mantienen en estado de emergencia.

Conflicto por las tarifas

El conflicto por las tarifas ha generado tensiones entre los choferes y las autoridades locales. Ambas partes buscan llegar a un acuerdo que contemple las necesidades tanto del transporte público como de los ciudadanos que utilizan este servicio.

La molestia de los choferes se ha incrementado luego de que los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) apoyaran la norma de 2016, que establece la tarifa del pasaje en 2 bolivianos. Por otro lado, desde el Ejecutivo se ha determinado, hace semanas, incrementar los pasajes a 2,40 bolivianos.

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Durante la breve reunión, que no duró más de cuatro minutos, Fernández cuestionó la legalidad de la sesión. Además, afirmó que tanto Mucarzel como Israel Alcócer ya no ocupaban sus curules. Esta situación generó una notable tensión en el exterior del edificio, donde se encontraban grupos de vecinos y funcionarios, todos resguardados por la Policía y la Guardia Municipal.

Reacción ante la situación

La sesión no logró avanzar en su orden del día y no se fijó una nueva fecha para retomar el trabajo. Fuera del edificio, grupos de vecinos, jóvenes y funcionarios rodeaban las instalaciones. En medio de esta agitación, oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) ingresaron al hemiciclo por requerimiento de la directiva del Concejo.

Durante la sesión, Miguel Fernández afirmó: “mi persona no va a avalar este tipo de acciones. Aquí hay certificaciones del Tribunal Supremo Electoral que señalan que estas personas ya no deben ocupar curules municipales”. En respuesta, Mucarzel dejó claro que quedará constado en acta el “acoso político constante” que ha recibido por parte de Fernández. Como resultado, y sin avanzar en los temas programados, Mucarzel declaró la sesión suspendida.

Declaraciones de Mucarzel

Mucarzel expresó: “Este acoso me impide ejercer mis funciones con normalidad”. Por su parte, el concejal Manuel Saavedra dejó constancia en acta de que la sesión había sido convocada legalmente y que su presidencia fue reconocida por las bancadas presentes.

Ante la situación, la presidente del Concejo decidió pasar la noche en su oficina junto con su equipo femenino. Esto lo hizo debido al temor de no poder ingresar al edificio el viernes, ya que había grupos que, según ella, fueron movilizados por el alcalde Jhonny Fernández.

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La presidente del Concejo, Lourdes Chambilla, declaró cuarto intermedio ante la oposición del concejal Oscar Sogliano y el paro indefinido anunciado por los choferes del transporte público. La sesión fue reprogramada para el martes 15 de abril de 2025.

Chambilla tenía la intención de promulgar la norma, pero no pudo hacerlo por falta de la firma de Mamani, quien participó en la cita legislativa edil de manera virtual debido al “bloqueo de mil esquinas” que cumple el sector del transporte contra la citada ley.

Posición de los choferes

Los choferes consideran que el incremento es justo, aunque persisten quejas por las falencias en su servicio.

Mamani indicó que envió su sello para registrar la norma y pidió al concejal Pierre Chain, el único presente en la sala, que ayudara con su impresión. Sin embargo, faltaba su firma.

Chain aceptó inicialmente imprimir el sello con el compromiso de Mamani de firmar posteriormente la norma, pero esa idea fue observada por la concejal Roxana Pérez Del Castillo y luego por Chain.

Decisión de suspender la sesión

Ante esta situación, Chambilla decidió suspender la sesión, lo que generó malestar en Sogliano. Los choferes anunciaron que el paro y los bloqueos tienen carácter indefinido hasta que Chambilla renuncie y se anule la norma.

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El Concejo Municipal estableció que el Ejecutivo Municipal deberá presentar un informe ante el Legislativo sobre los gastos generados por estas contingencias cada 10 días hábiles. Esta medida tiene como objetivo asegurar la transparencia en el uso de los recursos que se destinarán para enfrentar los problemas ocasionados por las inundaciones.

Votación y aprobación

La norma fue aprobada con los votos a favor de los concejales Gabriela Garzón, Andrea Negrete, Miguel Fernández, Rosario Callejas, Noemí Rivera y Karina Centellas. Por otro lado, se abstuvieron de votar los concejales José Antonio Alberti, Luis Alberto Vaca, Lola Terrazas y Juan Carlos Medrano. Una vez que el proyecto fue aprobado, se envió al Ejecutivo para su inmediata promulgación.

Impacto de las lluvias

Al presentar su propuesta, el Ejecutivo Municipal argumentó que las lluvias han tenido un impacto significativo, afectando a 6 unidades educativas y 16 centros de salud. Además, han causado estragos en los sistemas de drenaje de los 15 distritos municipales de la ciudad.

Necesidades de financiamiento

Para atender esta emergencia, el alcalde ha calculado que se necesitan 58.000.000 bolivianos, que serán distribuidos en diferentes trabajos necesarios para mitigar los efectos de las inundaciones. Sin embargo, en esta ocasión, solo se aprobaron 20.000.000 bolivianos para hacer frente a la situación.

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Ayer, en la Sesión Ordinaria del CMO, se llevó a cabo la recepción de la interpelación dirigida a Fulguera. Este presentó la documentación solicitada y tuvo que responder a más de 40 preguntas relacionadas con el ámbito de la salud en el municipio. También se abordaron cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en la gestión administrativa.

Entre las preguntas realizadas a la autoridad municipal, se consultó sobre el proceso de contratación de personal de salud. Esto se dio luego de que a principios de este mes, los centros de salud de primer nivel y los 2 hospitales de segundo nivel del municipio de Oruro se declararon en estado de emergencia. La razón fue la falta de dotación de recursos humanos, tras la culminación de contratos el 28 de febrero de 2025.

Desarrollo de la sesión

La recepción de la interpelación inició a las 09:00 horas. Sin embargo, debido a la cantidad de preguntas, la sesión ingresó en cuarto intermedio después del mediodía y se retomó antes de las 14:30 horas, extendiéndose hasta casi las 16:00 horas.

Decisión del Concejo Municipal

Tras concluir el proceso de interpelación y analizar las respuestas proporcionadas, los concejales decidieron, mediante una votación de 2/3, aprobar una moción de censura contra el secretario edil.

Consecuencias de la censura

Según el presidente del CMO, Samuel Mendizábal, de acuerdo con la normativa vigente, esta decisión determina la destitución del interpelado. Esta debe ser ejecutada por la Máxima Autoridad del Ejecutivo Municipal, mediante un proceso administrativo correspondiente.

“El Ejecutivo Municipal tiene que cumplir la norma, viendo que no ha sido aprobado. El Concejo, con las comisiones que corresponden, haremos seguimiento de este tema”, aseveró el presidente del Ente Legislativo.

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Recientemente, el fiscal de materia y otras entidades solicitaron que se retire al CMO de su condición de parte víctima en el caso. Sin embargo, el Concejo ha decidido interponer una apelación para mantener su participación en el proceso judicial. Se han programado nuevas audiencias para los días 24 de abril, 7 de mayo y 15 de mayo de 2025.

Detalles de la audiencia

Marcelo Ariel Fuentes Soto, quien es el director de Asuntos Jurídicos del CMO, explicó que la audiencia relacionada con el “Caso Mochilas” coincidió con otra audiencia del “Caso Concejales”. En esta última, se denunciaron a 10 ediles por haber ocupado cargos como alcaldes, concejales y presidentes salientes.

La representación jurídica del Concejo estuvo presente en esta audiencia, lo cual fue debidamente certificado por el Tribunal de Sentencia N° 2. Durante la audiencia del “Caso Mochilas”, se solicitó el retiro del CMO como parte víctima y adherente a la acusación formal.

En respuesta a esta solicitud, el Concejo interpuso una apelación que fue aceptada, asegurando así su permanencia en el proceso. Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del CMO, se reafirmó el compromiso con la transparencia y la justicia en este caso.

Antecedentes del caso

La investigación penal relacionada con el “Caso Mochilas” se inició tras la entrega de más de 91,000 mochilas chinas a estudiantes durante la gestión de 2016. Estas mochilas debían ser confeccionadas en Oruro, pero se sospecha que fueron compradas directamente en el país asiático. Además, se presume que hubo un sobreprecio en la adquisición de estos productos.

El Ministerio Público ha acusado a 21 personas, que incluyen tanto exfuncionarios como actuales miembros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). El exalcalde Edgar Bazán es el principal sindicado y enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica.

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Montenegro comentó: “Si tuviera un poquito de ética, antes de tener las actitudes que tienen, hubieran renunciado al partido y al curul (…) Uno, cuando tiene principios, renuncia y sigue su camino por donde quiera, pero no podemos esperar eso de alguna gente”. Estas declaraciones reflejan la tensión existente entre los miembros del Concejo Municipal y la Alcaldía.

Denuncia en la Felcv

Este sábado al mediodía, Mucarzel acudió a la Fuerza Especial de Luchas Contra la Violencia (Felcv) para presentar su denuncia. La denuncia se origina a raíz de la violencia que se produjo durante la sesión de rendición de cuentas del Órgano Legislativo Municipal, que tuvo lugar el viernes.

Acoso político y amenazas

Mucarzel se declaró víctima de acoso político, indicando que la acusación no solo se relaciona con la gresca en el Concejo, sino también con incidentes que han ocurrido en su domicilio particular. Aunque no especificó si su denuncia es contra el alcalde Jhonny Fernández y la concejal Gabriela Garzón (UCS), Mucarzel manifestó que hay una intención de “amedrentarla para quitarle mi curul”. Además, aseguró que “sabe quiénes están incitando” esta situación, lo que implicaría al burgomaestre.

Reacción del vocero de la Alcaldía

Mientras tanto, el vocero Montenegro, en declaraciones a los medios, enfatizó que “lo más despreciable es la traición”. También agregó que “no tiene ni pies ni cabeza pretender hacer ver o querer demandar al alcalde por lo que hoy está siendo una respuesta de la población”. Según él, tanto la gente como los militantes del partido se sienten traicionados por personas que carecen de valores.

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Algunos concejales habían afirmado que el alcalde intentó “excusarse” para no rendir su informe final de gestión 2024 ante el pleno. Sin embargo, Wilcarani aclaró que siempre tuvo la intención de cumplir con esta rendición, la cual, según la ley, debe realizarse dentro de los 30 días del mes de enero de cada gestión.

“Es responsabilidad brindar este informe para que también los concejales queden conformes y empiecen el trabajo de fiscalizar. Pero es irresponsable hacer este tipo de aseveraciones cuando nosotros (GAMO) ya teníamos lista la participación para hoy, jueves 30 de enero”, afirmó el alcalde.

Detalles del informe

Acompañado de su gabinete municipal, el alcalde presentó su informe ante el pleno, haciendo énfasis en los trabajos más destacados de cada unidad, dirección y área de las distintas secretarías.

Wilcarani subrayó la importancia del respeto a la institucionalidad, resaltando que Oruro es el municipio más grande del departamento y merece el respeto de todas las autoridades y de la población.

“Digo esto porque hemos recibido un municipio totalmente desordenado. Se está ordenando y, para lo cual, se ha indicado que el próximo alcalde que se elija en las próximas elecciones, sea de color rojo, azul o amarillo, se respete la institucionalidad”, expresó.

Propuestas para el futuro

En este contexto, Wilcarani propuso al pleno del Concejo trabajar en una agenda urbana y aprobar un proyecto de ley que contemple los cuatro pilares que maneja el Ejecutivo: salud, educación, infraestructura vial y alcantarillado.

Además, consideró fundamental que para el próximo periodo de gestión se dé continuidad a los proyectos y a la planificación para los próximos 15 años.

“Ese es el trabajo que se les ha mostrado, pero estoy presto para coordinar con más detalle todos los proyectos que ellos quieran verificar. Simplemente les vamos a pedir respeto, tanto a las empresas constructoras como a la población, y no hacer alusiones personales identificando situaciones que no coinciden con el proyecto”, añadió.

Reacciones del Concejo

Después de la presentación del alcalde, el presidente del CMO, Samuel Mendizábal, destacó que uno de los aspectos más relevantes del informe que merece ser aplaudido es el tema de la recaudación de impuestos, que superó las expectativas de la gestión anterior.

Para 2024, la meta programada de recaudación era de 205.781.681 bolivianos; sin embargo, el importe alcanzado fue de 216.328.425,37 bolivianos.

Por otro lado, Mendizábal consideró que un aspecto negativo de la gestión fue el problema de las inundaciones que afectan a los vecinos de diferentes zonas de la ciudad. Por lo tanto, consideró importante trabajar en las estaciones elevadoras para evitar inconvenientes durante la época de lluvias.

Los concejales se comprometieron a realizar un seguimiento al trabajo de las diferentes secretarías municipales, asegurando que se mantendrán atentos a los avances y desafíos que se presenten.

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Eliana Paco cuestionó la falta de fiscalización y transparencia en la gestión del alcalde Iván Arias. Ella señaló que el trámite del crédito de 70 millones de bolivianos no pasó por las comisiones del Concejo, como lo exige el reglamento.

Paco también criticó que las obras justificadas para el crédito, como la mitigación de riesgos en la Avenida La Paz y la construcción del Hospital San Antonio, ya habían sido incluidas en el plan municipal “De la Tormenta a la Esperanza”.

Defensa del préstamo

Por su parte, el concejal oficialista Jorge Dulon defendió la necesidad del préstamo. Argumentó que las obras son urgentes para prevenir desastres durante la temporada de lluvias.

Sin embargo, Paco y otros críticos insistieron en que el crédito debería tramitarse bajo procedimientos regulares y con una adecuada fiscalización.

Aprobación de ley municipal

Durante la sesión, se aprobó por unanimidad una Ley Municipal que amplía el estado de emergencia y alerta roja debido a la temporada de lluvias. Sin embargo, no se logró el financiamiento necesario para ejecutar las obras previstas en este plan.

Críticas a la administración

Además de las críticas de Paco, el exfuncionario municipal Julio Linares advirtió en declaraciones a Radio FM La Paz que la deuda municipal ya asciende a 1.150 millones de bolivianos, lo que equivale al 70,4% de los ingresos corrientes del municipio.

Linares también criticó la administración de recursos bajo la gestión de Arias. Señaló que en cuatro años se gastaron más de 6.400 millones de bolivianos en mantenimiento y refacción de plazas. Esto se compara con los 8.500 millones invertidos en 10 años por el exalcalde Juan del Granado, quien priorizó la inversión, mantenimiento y creación de nuevas plazas.

Consecuencias del endeudamiento

En este contexto, el exfuncionario municipal destacó que esta política de endeudamiento comprometerá los recursos de futuras gestiones. La situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del municipio en el futuro.

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La sesión, que tuvo como único punto el tratamiento de la Carta Orgánica Municipal, se realizó en presencia de personas que en su momento participaron en la elaboración de esta norma básica del municipio.

Detalles de la sesión

El presidente del Ente Legislativo, Freddy Mamani, informó que, tras un arduo trabajo del pleno del CMO, la ley fue aprobada en grande. Posteriormente, se ingresó en un cuarto intermedio que se extenderá hasta el jueves.

En este sentido, mañana, cuando se levante el cuarto intermedio en una nueva sesión, el pleno del CMO volverá a tratar la aprobación en detalle y revisión de la ley hasta su conclusión.

Reacciones de los involucrados

Por su parte, la vicepresidente de la Asamblea de la Carta Orgánica Municipal, María Angélica Pinedo Morales, expresó su satisfacción tras la aprobación en grande de la ley. Aseguró que se ha realizado el seguimiento correspondiente hasta este momento.

Además, Pinedo garantizó la presencia de los miembros de la Asamblea de la Carta Orgánica en la próxima sesión de mañana, donde se presenciará el tratamiento en detalle de la ley.

Antecedentes importantes

Según recordó Pinedo, la elaboración de la Carta Orgánica ha sido un proceso que data de hace años. Desde 2016, los miembros de la Asamblea de la Carta Orgánica Municipal han sido constantes en su seguimiento para lograr la aprobación de esta ley.

“Seguro luego lo llevarán a Sucre (la ley) y de ahí va a ser otro trabajo que realizar, porque ahora es simplemente la ley del encabezamiento que había estado en malas condiciones y que habían presentado los anteriores concejales”, indicó Pinedo.

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La concejal Nilda Fernández, quien preside la Comisión de Asuntos Legales del CMO, informó que se detectó un retraso en la compra de medicamentos, insumos médicos y equipos para salud. Con el propósito de identificar el “cuello de botella” en estos procesos, se realizó una reunión con la Unidad de Bienes y Servicios.

Durante la reunión, se comunicó que las carpetas para las adquisiciones son recibidas, pero presentan observaciones que no han sido subsanadas por las unidades solicitantes. Este aspecto ha contribuido a la demora en los procesos de compra.

Seguimiento a la situación

Fernández aseguró que se llevará a cabo un seguimiento a esta situación, destacando la importancia de garantizar la compra de medicamentos para los establecimientos de salud de la ciudad. Además, anunció que se programará una nueva reunión con la Secretaría Municipal de Salud Integral y Deportes del GAMO.

El objetivo de esta próxima reunión será abordar la situación de la ejecución presupuestaria en el ámbito de la salud y prevenir el desabastecimiento en los centros de salud en los próximos meses.

Mejoras en los procesos de compra

César Zeballos, presidente del Consejo Municipal de Control Social de Salud Oruro, también informó que se llevará a cabo una próxima reunión con la Unidad de Bienes y Servicios. El propósito de este encuentro es mejorar los procesos relacionados con la compra de medicamentos para los centros de salud.

“Si estamos terminando el año, queremos concluir de manera adecuada para que en el próximo año, la gestión 2025, no enfrentemos este tipo de problemas en la provisión de medicamentos. Debemos encontrar una solución, al menos parcial, y evitar los inconvenientes que tuvimos durante todo el año en la dotación de medicamentos”, aseveró Zeballos.

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Después de lo sucedido el 21 de septiembre, los comerciantes de diversas ferias se manifestaron en el CMO. Ellos expresaron su descontento, ya que hasta ahora no han recibido una solución a la problemática que los afecta. Con la festividad de Todos Santos acercándose, demandan respuestas de las autoridades.

“A la fecha no hay solución, el Concejo y la Alcaldía nos dan largas. Nos encontramos muy afectados porque no hay respuesta. Gracias a esto (ferias de temporada) comemos, vivimos y llevamos el pan a nuestros hogares”, exclamó Mabel Marca Cayoja, una comerciante de la feria navideña.

Problemas con el asentamiento

Mabel también mencionó que, aunque las autoridades no permitieron a los comerciantes de la feria del 21 de septiembre asentarse en la 6 de Agosto, observaron que otro grupo de comerciantes sí se instaló en el lugar para realizar su actividad comercial, algo que en realidad no sucedió.

“En la 6 de Agosto hay doble estacionamiento y están otras comerciantes que dejan basura. La exalcaldesa Rossio Pimentel nos llevó con engaños a la 6 de Agosto, diciendo que debíamos irnos de la calle Bolívar. Ahora nos dan largas, que nos darán soluciones, me están coartando el trabajo”, lamentó Mabel, aunque el traslado de los feriantes realmente ocurrió en otra gestión y no durante la de Pimentel.

Reunión con el Concejo

El presidente de la Comisión de Servicios y Defensa al Consumidor del CMO, el concejal José Antonio Flores Copa, informó que durante la reunión con los feriantes de temporada se discutió la preocupación de los comerciantes. También se tomó en cuenta la postura de los vecinos de la calle Montesinos, quienes se oponen al asentamiento de las ferias de temporada en su sector.

En este contexto, Flores presentó ante el CMO una iniciativa legislativa para evaluar la posibilidad de que los comerciantes de temporada tengan un plazo para estar asentados hasta que se pueda contar con un campo ferial adecuado para sus actividades.

Derechos y economía local

“Mientras buscamos eso, se debe garantizar que no se perjudique la economía de Oruro y que no se generen problemas con los vecinos de la calle Montesinos, además de asegurar el derecho al sustento. Este tema es complejo, y el Concejo lo tratará con mucha delicadeza”, señaló el concejal.

No obstante, el concejal Flores omitió mencionar que, al igual que los vecinos de Montesinos, quienes viven en la avenida 6 de Agosto tampoco están de acuerdo con el asentamiento de los feriantes.

Movilización y huelga de hambre

En horas de la tarde, los comerciantes decidieron entrar en un cuarto intermedio en su movilización y en su huelga de hambre, retirándose del CMO.

/ TCSC /

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Detalles de la aprehensión

El capitán de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Fabio Gonzales, informó que la mujer fue aprehendida el pasado viernes. Esto ocurrió después de que la familia afectada presentara la denuncia en el Concejo Municipal.

Durante la audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo el fin de semana, se decidió que la funcionaria permanecería bajo detención domiciliaria mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

Los cargos en su contra

Según el reporte policial, la funcionaria supuestamente recibió dos pagos de 6.000 bolivianos cada uno, prometiendo asegurar trabajos en áreas como limpieza y otras dependencias del municipio. Sin embargo, tras un año sin cumplir con lo prometido, los afectados decidieron presentar la denuncia.

Pruebas en el caso

A pesar de que la acusada optó por guardar silencio durante el proceso, las autoridades poseen un documento manuscrito en el que ella aparentemente admite haber recibido el dinero a cambio de ofrecer los puestos laborales.

En este escrito, se comprometía a proporcionar a las víctimas un empleo “con buen sueldo” en el Gobierno Municipal a cambio del monto recibido.

Consecuencias legales

La funcionaria enfrenta cargos por el delito de concusión y permanecerá en detención domiciliaria mientras continúan las investigaciones del caso.

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Detalles de la aprehensión

La información fue proporcionada por Luis Alejandro Vázquez, asesor legal de la concejal Lucía Mamani. Según indicó, la aprehensión se realizó por parte de particulares. De acuerdo con el reporte, la funcionaria es una asistente que ofreció puestos en limpieza y mensajería a la madre y a su hija a cambio de un monto económico.

Las afectadas ya habían acudido a denunciar el caso el jueves, pero la funcionaria estaba de vacaciones. Para el viernes, al retornar al trabajo, se produjo la aprehensión, según explicó el abogado. La víctima se dedica a la venta de quesos y su cliente era la servidora pública, lo que habría forjado el contacto entre ambas.

Pruebas del delito

Como prueba del presunto delito, se tiene un documento manuscrito donde supuestamente la funcionaria se compromete a dar trabajo con un buen sueldo a la víctima. La aprehendida fue llevada a instancias policiales para que se desarrollen las actividades investigativas.

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Esta acción se origina debido a un problema interno dentro del Concejo. Durante una sesión reciente, se esperaba que se aprobara el POA 2025; sin embargo, esto no se logró debido a las diferencias existentes entre los concejales.

Reacciones de los padres

La situación ha generado descontento en la ciudadanía, especialmente entre los padres de familia, quienes han decidido iniciar medidas de presión. “Estamos pidiendo y exigiendo que se apruebe el POA 2025. Si el día de hoy no se aprueba, la verdad es que se perjudicará bastante lo que es educación”, expresó una madre que participa en la protesta.

Movilización y bloqueos

Acompañados de pancartas, banderas y otros objetos, los padres de familia mantienen una vigilia en diferentes puntos y accesos al municipio. Principalmente, se han concentrado en la avenida Villazón y la Circunvalación, utilizando piedras y llantas para cortar el paso y evitar la transitabilidad de los vehículos.

Disculpas a la población

Las personas movilizadas han pedido disculpas al resto de la población por la medida extrema que han tomado. Sin embargo, afirman que están cansados de los conflictos entre concejales.

Exigencias a los concejales

“Lo que estamos pidiendo y exigiendo a los concejales es que los 11 concejales se sienten y aprueben este POA 2025; lo demás a nosotros no nos interesa, quién sale, quién entra”, comentó un representante del sector. Según ellos, la medida será indefinida hasta que se logre la aprobación del Plan Operativo Anual.

/APC

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Durante la sesión ordinaria Nº 70, que se llevó a cabo ayer, el pleno del CMO se enfocó en el tratamiento del POA 2025 del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). Para ello, los concejales trabajaron en tiempo y forma antes de que se venciera el plazo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Proceso de Aprobación

El presidente del Concejo, Freddy Mamani, informó que, tras la presentación del proyecto del POA 2025 ante el CMO, la comisión correspondiente se encargó de realizar la revisión del documento. Durante este proceso, se identificaron cerca de 22 observaciones que deben ser corregidas por el Ejecutivo Municipal.

A pesar de estas observaciones, pasadas las 21:30 horas, el pleno del CMO reinstaló la sesión ordinaria para continuar con el tratamiento del POA 2025. Al finalizar la discusión, se aprobó por dispensación de trámite la “Ley Municipal de Aprobación del PIPA, POA y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2025 del GAMO”, la cual cuenta con un presupuesto de 533.020.328 bolivianos.

POA de Años Anteriores

En el año 2022, el POA 2023 del GAMO fue aprobado por el CMO, después de ser devuelto varias veces al Ejecutivo Municipal y de realizarse el tratamiento correspondiente, justo a pocas horas de que se venciera el plazo. El monto asignado en esa ocasión fue de 509.596.564 bolivianos.

En 2023, debido a ciertos detalles en la escala salarial del POA 2024, el documento, junto con el presupuesto para 2024 del GAMO, no fue aprobado por el Ente Legislativo dentro del plazo establecido. Sin embargo, la Alcaldía lo envió al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a pocas horas de que venciera el plazo, aunque sin la ley de aprobación.

Días después, el POA 2024 del GAMO fue finalmente aprobado por el CMO, con un presupuesto de 513.460.267 bolivianos. Posteriormente, el documento fue remitido al Ejecutivo Edil para su firma ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

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Huayta explicó que esta acción se debe a las limitaciones que presentan los presupuestos económicos para los proyectos que se requieren en la actual gestión. “Yo actualmente, hermanos, gano 10.000 bolivianos y me voy a reducir 1.000 bolivianos”, afirmó el alcalde durante su declaración.

Recursos para proyectos

En el marco de la elaboración del POA 2025, el alcalde enfatizó la necesidad de contar con recursos suficientes para cubrir la contraparte en la ejecución de proyectos que beneficien a la población. A pesar de las dificultades económicas que enfrenta el país, Huayta aseguró que seguirá gestionando recursos ante el gobierno nacional durante el tiempo que le queda en su mandato.

Compromiso de los concejales

Por su parte, Miguel Soto, presidente del Concejo Municipal, manifestó que los concejales también están dispuestos a reducir sus salarios. Además, se comprometieron a realizar una evaluación del personal jerárquico, aclarando que los trabajadores que perciben sueldos más bajos no se verán afectados por ninguna medida de austeridad.

Impacto en la comunidad

Con la implementación de estas medidas, se espera lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos municipales. Asimismo, se pretende priorizar aquellos proyectos que tengan un impacto directo en el bienestar de la comunidad, asegurando así que los esfuerzos se dirijan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Sorata.

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La presidente de la Comisión de Asuntos Legales del CMO, Nilda Fernández, ha informado que, tras tomar conocimiento de la hoja de ruta que fue derivada a dicha comisión respecto a la enajenación a título gratuito de dichos predios con destino exclusivo a la construcción y equipamiento del Hospital Oruro-Corea, se convocó a una audiencia al gobernador Johnny Vedia y a la directiva del Ente Legislativo la semana pasada.

Previo a la audiencia, la Comisión de Asuntos Legales del CMO sostuvo una reunión interna con el área legal de la Gobernación, y de la misma manera, la parte técnica y legal del Gobierno Municipal para subsanar algunas observaciones y evitar que la iniciativa legislativa de la ley de autorización de enajenación a título gratuito de dichos predios vuelva nuevamente al Ente Municipal de manera burocrática.

Aprobación de la ley

De manera objetiva y también trabajando en tiempo y materia junto a la Comisión de Asuntos Legales, se ha aprobado este informe del proyecto de ley una vez subsanadas las observaciones y hoy (martes) fue el tratamiento de este proyecto de ley tan importante”, subrayó Fernández.

En ese sentido, la ley fue aprobada en grande, detalle y revisión ayer por el pleno del Concejo y de la misma manera, fue enviada al Gobierno Municipal una minuta de comunicación para que a la brevedad posible lo promulgue y lo envíe a la ciudad de La Paz.

De acuerdo con la ley, se autoriza la enajenación a título gratuito del área de equipamiento a favor de la Gobernación con una superficie de 33.932,89 metros cuadrados.

“Tomando en cuenta que necesitamos como orureños este proyecto que es tan importante para nosotros y que el nivel nacional tampoco se ha hecho macroproyectos en Oruro y la población orureña espera estos proyectos, por eso de manera inmediata aprobamos el proyecto de ley en coordinación con las primeras autoridades del departamento de Oruro”, indicó Fernández.

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La elección de la vicepresidencia estuvo marcada por una división en la bancada del MAS, con tres candidatos compitiendo por el cargo: Javier Escalier, Josseline Pinto y Roxana Pérez Del Castillo. En un giro inesperado, Pérez Del Castillo logró obtener 6 votos a favor, 1 abstención y 4 rechazos, asegurando su elección como vicepresidenta.

Tensiones en el Concejo Municipal

Durante la sesión, Pérez Del Castillo acusó al resto de la bancada del MAS de tener un pacto contra el Gobierno y la población paceña, generando tensiones en el Concejo Municipal. Por su parte, la concejal Eliana Paco respondió acusándola de cometer violencia política y haber pactado con la bancada de Arias.

Rechazo y abandono de concejales del MAS

Tras la elección de Pérez Del Castillo, 4 concejales del MAS expresaron su rechazo y abandonaron la sala, denunciando “transfugio” y argumentando falta de respeto hacia la mayoría que apoyaba a Escalier para la vicepresidencia.

Felicitaciones de Escalier al alcalde Arias

En contraste, Escalier felicitó al alcalde Arias por la elección de Pérez Del Castillo y señaló que ahora el burgomaestre podrá aprobar los créditos que ha solicitado.

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Tras conocerse la solicitud de autorización de viaje del alcalde Wilcarani, el pleno del Concejo Municipal de Oruro, de acuerdo con sus normativas, derivó el documento a la Comisión de Asuntos Legales. Esta comisión recomendó autorizar el viaje del burgomaestre, lo cual fue respaldado por el pleno en la sesión ordinaria.

En consecuencia, los concejales eligieron a Freddy Mamani como alcalde en suplencia temporal para los días 2, 3, 4 y 5 de mayo. Durante este período, el vicepresidente del CMO, Samuel Mendizábal Villca, fungirá como presidente interino del Órgano Legislativo.

Responsabilidad y cumplimiento de normativas

Mamani expresó su compromiso de asumir esta responsabilidad de acuerdo con las normativas establecidas. Según las regulaciones vigentes, en ausencia del alcalde municipal en este tipo de eventos se debe nombrar un alcalde interino. El pleno del Concejo Municipal de Oruro, por mayoría de votos, ha designado a Mamani para cumplir con esta función.

Experiencia previa de Mamani como alcalde suplente

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Freddy Mamani es elegido como alcalde suplente durante su gestión legislativa. En el año 2022, el alcalde Wilcarani solicitó autorización para viajar a Ecuador y participar en la Feria Internacional “Pichincha Libertaria” y en las actividades conmemorativas del bicentenario de la batalla de Pichincha. En esa ocasión, Mamani también fue designado como alcalde suplente.

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El regreso de Llally a la alcaldía se produce en un momento de tensiones en el Concejo Municipal. Sin embargo, cuenta con el respaldo de su familia y amistades. La ciudadanía espera que el alcalde aborde los desafíos actuales que enfrenta la ciudad, incluyendo la crisis en el Concejo Municipal y las expectativas de la comunidad respecto a su gestión tras estos meses tumultuosos.

Mayra Churata cede el puesto de alcaldesa interina a Llally

Mayra Churata, quien ejercía interinamente como alcaldesa, ha cedido el puesto a Llally, destacando que él fue electo para el cargo. La suplencia legal del alcalde había intensificado el conflicto en el Concejo Municipal, llegando incluso a episodios violentos entre los concejales.

Johnny Llally asume nuevamente como Alcalde municipal de Potosí

Al asumir nuevamente su rol, Johnny Llally expresó: “Asumimos a partir de hoy como Alcalde municipal de este municipio de la ciudad de Potosí”. Su retorno genera expectativas en la ciudadanía, quienes esperan que pueda enfrentar los desafíos actuales y trabajar en beneficio de la comunidad.

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Los concejales presentes en la sesión ordinaria del Concejo deliberaron sobre un informe técnico de la Secretaría de Planificación que, según ellos, contenía “falencias” y estaba “fuera del marco normativo”. El concejal Miguel Fernández (UCS) señaló que no es la primera vez que la Secretaría de Planificación envía informes de este tipo, lo que demuestra un “pésimo trabajo” por parte de la secretaria.

Pedido de destitución total

La concejala Rosario Callejas (MAS) fue más allá y pidió que se “barriera” con toda la Secretaría de Planificación, argumentando que constantemente se presentan casos de corrupción y denuncias que están manchando la imagen del municipio. Otros concejales, como José Alberti (Comunidad Autonómica) y Alberto Vaca (Demócratas), coincidieron en que la gestión de Daza ha sido deficiente y que su permanencia en el cargo está afectando la reputación del municipio.

Aprobación unánime de la minuta de comunicación

La minuta de comunicación fue aprobada por unanimidad de los siete concejales presentes, de los once que conforman el Legislativo municipal. Sin embargo, el concejal Alberti advirtió que la decisión de retirar a Daza podría generar una crisis de gabinete, ya que es considerada una de las funcionarias más cercanas al alcalde. A pesar de esto, algunos concejales ven esta situación como una oportunidad para evaluar a los funcionarios y mejorar la gestión administrativa de los recursos.

Críticas a la gestión de los secretarios municipales

Según Alberti, la mayoría de los secretarios municipales tienen un desempeño deficiente y no están respondiendo adecuadamente a las necesidades de la ciudad y de la población. Existe una mala gestión administrativa de los recursos que se refleja en el trabajo diario de cada secretaría.

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El concejal Flores aprovechó la oportunidad para reprochar la ausencia de los concejales que viajaron a Potosí para participar en el 479 aniversario de la ciudad, calificando estos viajes como “insulsos” y costosos para el Ente Legislativo de Oruro. En respuesta, el concejal Quispe acusó a su colega de utilizar el dinero del Concejo para realizar gestiones en otras ciudades para instituciones a las que pertenece, además de ser concejal.

Debate sobre el uso de recursos del Concejo

Quispe propuso anteriormente que se pague por día trabajado y que no se remunere por reuniones fuera de la ciudad, pero su propuesta fue rechazada. Flores aseguró que viajó con sus propios recursos para gestionar proyectos y lamentó la existencia de “viajecitos innecesarios” que, según él, no aportan nada a Oruro. Quispe anunció que presentará un informe sobre los concejales que se reparten los cargos y la cantidad de funcionarios que tiene cada uno, compartiendo esta información con los medios de comunicación.

Acusaciones de reparto de cargos en el Concejo

En medio de la disputa, Quispe le pidió a Flores “dejar de ser pro masista” y dejar de repartirse los cargos en el Concejo. Además, renunció al uso del vehículo asignado como concejal. La tensión entre los concejales continúa mientras se espera que se esclarezcan los gastos y las responsabilidades dentro del Ente Legislativo de Oruro.

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El presidente del CMO destacó la importancia de esta ley para la ciudad de Oruro, ya que cumple con la instrucción emitida por la Sala II del Tribunal Constitucional de trabajar en una normativa de transporte. La ley consta de 84 artículos y ahora se espera que el Ejecutivo Municipal la reglamente en un plazo de 30 días.

Chóferes esperan nivelación de pasajes

Lucio Méndez, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Chóferes San Cristóbal, celebró la aprobación de la normativa, pero recordó que anteriormente se habían realizado observaciones. Los chóferes esperan que esta ley sea un paso hacia la nivelación de tarifas, ya que el alcalde había mencionado previamente que la Ordenanza 098/2013 era transitoria hasta que existiera una Ley del Transporte.

Vecinos piden detalles del contenido

Por otro lado, la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Oruro (Fedjuve) rechazó la aprobación de la normativa, argumentando que no fueron invitados a participar en su revisión. Por esta razón, solicitaron conocer en detalle el contenido de la ley.

El Ejecutivo Municipal debe reglamentar y promulgar la ley

El Concejo Municipal de Oruro derivará la Ley al Ejecutivo Municipal, es decir, al alcalde, quien tendrá un plazo de 30 días para realizar la reglamentación correspondiente y posteriormente promulgarla.

El cumplimiento de una disposición constitucional

Los concejales destacaron que con la aprobación de esta ley se cumple con la disposición de la Sala 2 del Tribunal Constitucional, marcando un hito importante para la ciudad de Oruro en materia de transporte y tránsito urbano.

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Tras una investigación exhaustiva que incluyó la toma de declaraciones y requerimientos de informe, la Fiscalía ha decidido imputar al concejal Chain. Como medida cautelar, se ha solicitado al juez que ordene a Chain presentarse semanalmente en el Ministerio Público para asegurar su presencia en el proceso.

Intento de anulación y audiencia cautelar

Según fuentes cercanas al caso, Chain intentó anular la imputación mediante un incidente legal; sin embargo, se procedió con la audiencia cautelar donde se determinó que el concejal pueda defenderse sin medidas cautelares.

Denuncia detalla violencia psicológica y obstaculización

En la denuncia presentada por Eliana Paco se detallan actos sistemáticos de violencia psicológica por parte de Chain en el Concejo Municipal, incluyendo menosprecio a propuestas y obstaculización en su labor como concejala. Además, se especificaron cinco hechos que involucran presunto amedrentamiento y descalificación hacia Paco.

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La decisión fue propuesta por la concejal Lourdes Chambilla y recibió el respaldo de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) para su aprobación.

Concejo Municipal puede emitir pronunciamiento según Ley Municipal 499

De acuerdo con la Ley Municipal 499, que establece las normativas para casos como estos, el Concejo Municipal tiene la facultad de emitir un pronunciamiento cuando el alcalde restituye a funcionarios censurados. En este caso, se debe denunciar judicialmente al burgomaestre. A pesar de la inicial oposición del alcalde Arias hacia esta ley, fue ratificada por instancias judiciales.

Funcionarios a los que se les retiró la confianza

Los funcionarios a los que se les retiró la confianza son: José Carlos Campero, secretario ejecutivo; José Eduardo Galindo, secretario municipal de Gestión Ambiental; Fausto Antonio Terrazas, subalcalde de Cotahuma; Grover Lazo, subalcalde de Max Paredes; Jimmy Osorio López, subalcalde del Centro.

En febrero de este año, el alcalde Iván Arias había restituido a estos cinco funcionarios a pesar de la censura del Concejo. En ese momento, denunció que los concejales obstaculizaban su gestión en tiempos donde el municipio trabajaba contra los desastres por las lluvias.

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La Ley Autónoma Municipal aprobada establece la declaración de emergencia y alerta roja en La Paz, con instrucciones para tomar medidas necesarias.

Participación Virtual en la Sesión

En la sesión estuvieron presentes todos los concejales, excepto Lourdes Chambilla y Pierce Chaín, quienes participaron de forma virtual.

Apoyo del Gobierno Nacional

El alcalde Iván Arias destacó la importancia de la medida para recibir apoyo en las labores de mitigación por las emergencias y crecida de ríos recientes.

Colaboración de Instituciones

Tras conversar con el Presidente Luis Arce, se confirmó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) proporcionarán maquinaria y más de 3,000 efectivos para colaborar en la situación.

Impacto de las Lluvias

Las intensas lluvias provocaron desbordes en varios ríos, causando daños en vías y viviendas, especialmente en los macrodistritos Sur y Mallasa.

Por las intensas lluvias, se desbordaron los ríos Kellumani, Huayllani, Achumani y el río La Paz, generando inundaciones y afectaciones en servicios básicos.

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En el encuentro participaron el alcalde Adhemar Wilcarani, el presidente del Ente Legislativo, Freddy Mamani, y varios concejales. Se aclararon las competencias de cada órgano, estableciendo que la regulación de tarifas del transporte no corresponde al Concejo Municipal de Oruro, sino al Ente Ejecutivo.

Competencias y Atribuciones

El Concejo es responsable de aprobar la Ley Municipal de Transporte, mientras que al Ejecutivo Edil le corresponde trabajar en la regulación de pasajes.

Declaraciones de los Participantes

El presidente del Concejo, Mamani, destacó la importancia de trabajar de manera coordinada según las competencias establecidas. Por su parte, el alcalde Wilcarani afirmó que seguirán trabajando para subsanar observaciones y remitir el proyecto de ley al Ente Legislativo.

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A dos días de la elección de la nueva directiva del Ente Legislativo en la primera sesión ordinaria realizada el martes, en la cual el concejal Freddy Mamani Nina fue posesionado como presidente del CMO, ayer los entes legislativos eligieron a sus ocho comisiones permanentes.

Comisión de Desarrollo Humano y Política Social

Para el 2024, las comisiones se conforman de la siguiente manera: Comisión de Desarrollo Humano y Política Social, con Sara Olivera Choque como presidenta, Nilda Fernández Calle como secretaria e Iván Quispe Gutiérrez como vocal.

Comisión de Infraestructura y Obras Públicas

En la Comisión de Infraestructura y Obras Públicas, se eligió a René Silvestre Saavedra como presidente, a Óscar Macario Velásquez Mallcu como secretario y a Edmée Castillo Rojas como vocal.

Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros

Dentro de la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros, se eligió a Oscar Velázquez como presidente, a Samuel Mendizábal Villca como secretario y a José Flores Copa como vocal.

Comisión de Asuntos Legales

En la Comisión de Asuntos Legales, Nilda Fernández fue elegida como presidenta, José Flores como secretario y Samuel Mendizábal como vocal.

Comisión de Género, Generacional y Familia

La comisión de Género, Generacional y Familia es presidida por Iván Quispe Gutiérrez. Como secretaria fue nombrada Edmée Castillo y Nilda Fernández es vocal.

Comisión de Servicios y Defensa al Consumidor

Asimismo, en la Comisión de Servicios y Defensa al Consumidor, José Flores fue elegido como presidente, René Silvestre Saavedra como secretario y Sara Olivera como vocal.

Comisión de Desarrollo Económico y Productivo

Mientras que en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, Jesús Cruz fue elegido como presidente, Iván Quispe como secretario y René Silvestre como vocal.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Finalmente, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es presidida por Edmée Castillo. Jesús Cruz ocupa el cargo de secretario y Oscar Velásquez es vocal.

/TCSC

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Pasadas las 10:30 horas de este martes, en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del 2024, programada para elegir a la directiva y conformar y designar la comisión de ética del CMO.

Elección de nueva directiva

Por votación nominal, se eligió al concejal Freddy Mamani Nina como nuevo presidente del CMO. Como vicepresidente fue elegido el concejal Samuel Mendizabal Villca, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Mamani y Mendizabal asumen nuevamente cargos en el Ente Legislativo

Mamani y Mendizabal asumen estos cargos dentro de la directiva del Ente Legislativo por segunda vez, ya que ambos concejales ocuparon las mismas carteras en 2022.

Nombramiento de secretaria y posesión de nueva directiva

Además, se eligió a la concejal Nieves Anabe Romero como secretaria. Posteriormente a su elección, Sara Olivera, expresidenta del Ente Legislativo, posesionó a la nueva directiva 2024.

Elección de Comisión de Ética

Durante la sesión también se eligió a los concejales Oscar Velásquez Mallcu (MAS) y Edmée Castillo Rojas (agrupación ciudadana Sol Oruro) como parte de la Comisión de Ética.

Mamani asume nuevamente como presidente con compromiso de trabajo

Al ser posesionado nuevamente como presidente, Mamani agradeció la confianza de los concejales y aseguró que asumirá el cargo con el compromiso de trabajar en beneficio del municipio.

Prioridades y plan para esta gestión

Al asumir el cargo, el presidente señaló que hay mucho trabajo por hacer, priorizando la aceleración de la aprobación de las áreas verdes y equipamiento junto con las diferentes secretarías y direcciones del Ente Ejecutivo, ya que es una preocupación de los vecinos. “Queremos comprometernos a trabajar para que el municipio siga avanzando. Tenemos muchos temas pendientes como la Carta Orgánica, problemas del Cerro San Pedro y el cumplimiento de las normativas para hacer valer las resoluciones constitucionales provenientes de Sucre. Como directorio del Concejo Municipal elaboraremos un plan para esta gestión”, concluyó.

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Sucede que al remitir la documentación de ambos proyectos al Concejo Municipal, se encontraron con el problema de que ya era tarde, especialmente en el caso de la avenida del Diablo. Además, el Concejo Municipal ya había cerrado su gestión. Esto es similar a lo ocurrido el año pasado con el proyecto del Hospital de Segundo Nivel “Isaías”, que pese a tener financiamiento comprometido por parte de UPRE, no fue considerado y las obras comenzaron recién hace poco tiempo con un considerable retraso.

Lamentaciones del alcalde municipal

Obviamente, el alcalde municipal Adhemar Wilcarani lamentó esta postura por parte de los concejales, incluso dentro de su propio grupo político. Sin embargo, queda esperanza en lo que se decida después de levantar la suspensión.

Reacciones vecinales y organizacionales

Una vez conocido que los concejales habían decidido no tomar conocimiento sobre esta documentación durante la última sesión convocada este miércoles, vecinos del Distrito cuatro acudieron al Concejo Municipal para intentar cambiar esta postura.

Otras organizaciones que apoyan la ejecución de estas dos avenidas, como la Federación Departamental de Choferes y la Asociación de Conjuntos del Folklore Oruro (ACFO), también repudiaron cómo una vez más están a punto truncarse proyectos tan importantes.

Críticas del concejal José Flores

El concejal José Flores fue el más polémico en sus críticas, incluso manifestó a los medios de comunicación que el alcalde municipal no tenía por qué enviar estos proyectos para su consideración en el Concejo Municipal, ya que una decisión del ejecutivo sería suficiente para ejecutarlos.

“Aquí hay algo sospechoso. Seguramente los proyectos están mal elaborados y nos quieren cargar la responsabilidad al Concejo Municipal”, fueron sus declaraciones textuales, lo cual provocó la indignación de los vecinos presentes.

Inversión millonaria en juego

En ambos proyectos se encuentra en juego una inversión de 30 millones de bolivianos, que podrían quedar en nada dependiendo de lo que se resuelva durante la mencionada sesión esta tarde.

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Resaltó que la mayor observación entre las siete preguntas formuladas para esta convocatoria está relacionada con el hecho de que se pretende aprobar previamente el contrato y luego derivarlo para su análisis por parte de una nutricionista. Es por esta razón, además de los argumentos poco convincentes en el resto de las preguntas, que este informe ha sido rechazado y en consecuencia, se citará nuevamente a la secretaria municipal de Desarrollo Humano para su interpelación en otra fecha.

Divergencias entre los concejales

Sin embargo, no todos los concejales estuvieron de acuerdo con esta determinación. Entre ellos se encuentra José Flores de la agrupación Bolivia Somos Todos, quien lamentó que la principal consecuencia será el retraso en la adjudicación de este beneficio para los estudiantes.

Lizeth García confirma apertura de sobres

Por su parte, Lizeth García, secretaria municipal de Desarrollo Humano y citada a esta petición de informe, explicó que toda la documentación está en orden y confirmó que este martes 19 de diciembre tendrá lugar la apertura de sobres para los 13 lotes (entre líquidos y sólidos) que fueron licitados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), a la espera de empresas interesadas en adjudicarse.

Proceso de adjudicación y distribución del alimento complementario

El número de empresas que se presenten y cumplan con lo señalado en el Documento Base de Contrataciones (DBC) seguirá en carrera y, de acuerdo a los plazos establecidos, se estima que hasta el 19 de enero se conocerán las empresas adjudicadas y así tener listo el alimento complementario para su distribución diaria.

Revisión por parte del Concejo Municipal

El Concejo Municipal, según sus competencias, conocerá estos resultados además de la documentación del contrato. Se espera que esta revisión no perjudique el objetivo de iniciar su distribución desde el primer día de clases.

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Durante cinco días consecutivos, el GAMO llevó a cabo las Cumbres Distritales con los diferentes distritos del municipio para generar un espacio de coordinación con las distintas juntas vecinales y cumplir con las necesidades y requerimientos de cada una.

Participación ciudadana en priorización de proyectos

En ese sentido, Claudia Cahuana, directora de Planificación del GAMO, consideró destacable la participación que tuvieron los vecinos ya que permitió al GAMO recabar las demandas, requerimientos y necesidades para priorizar los proyectos previstos para la gestión 2024.

Remisión del POA al Concejo Municipal

Después de las Cumbres Distritales, se estructuró y consolidó el POA 2024, cuyo documento fue remitido al Concejo Municipal de Oruro (CMO) para su correspondiente aprobación.

Una vez el documento está aprobado debe ser presentado dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hasta el 8 de septiembre. “Ahora corresponde que los concejales revisen y aprueben el POA del municipio para el 2024. La aprobación es un requisito y debe ser remitida en los tiempos oportunos al Ministerio de Economía y al Ministerio de Planificación”, afirmó.

Presupuesto estimado para el POA

El presupuesto estimado para el POA es aproximadamente de 508 millones de bolivianos, similar al del año 2023, pero con una disminución del 13% en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y un aumento del 9% en la coparticipación tributaria.

Antecedentes del POA anterior

El año pasado, el POA 2023 de la Alcaldía fue aprobado por el CMO, tras ser devuelto varias veces al Ejecutivo y realizarse el tratamiento correspondiente, a pocas horas de que venza el plazo. El monto asignado fue de 509.596.564,00 bolivianos.

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El presidente de la Comisión de Asuntos Legales del CMO, Freddy Mamani Nina, señaló que son constantes las visitas de dirigentes de diferentes juntas vecinales, particularmente de zonas de área dispersa que denuncian que sus áreas verdes y de equipamiento son avasalladas.

En ese sentido, para evitar dicha situación, Mamani resaltó la importancia de inscribir a derechos reales esas áreas para evitar el avasallamiento, siendo una de las prioridades del ente Legislativo su aprobación.

Según Mamani, el año pasado el Ejecutivo edil envió más de 120 carpetas para la aprobación de las áreas, sin embargo, al identificarse algunas observaciones de fondo, fueron devueltas al GAMO para subsanarlas y continuar con el tratamiento correspondiente en el pleno del Concejo.

“Las observaciones son más técnicas en datos de metros cuadrados, son observaciones de fondo, entonces, en estos últimos nos hemos reunido nuevamente para poder coordinar que no sean observadas, ya hemos encaminado un formato de trabajo que lo haremos de manera coordinada para así dar celeridad a la aprobación”, señaló.

Asimismo, Mamani afirmó que se realizan reuniones técnicas para subsanar las observaciones y trabajar de manera coordinada entre el ente Legislativo y Ejecutivo municipal para lograr la aprobación de las carpetas.

“Esperemos que esta reunión sea fructífera que entiendan los funcionarios que debemos trabajar de manera coordinada entonces a partir de eso en esta semana ya van a ingresar unas diez carpetas, a partir de eso ya vamos hacer un cronograma semanalmente (…) es arduo, pero creo que el compromiso existe y tenemos que seguir trabajando por Oruro”, finalizó.

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La legisladora realizó la denuncia en la Dirección de Trabajo para que esta entidad, inspeccione las subalcaldías por las sospechas de abandono de funciones.

En caso de comprobarse esta falta de compromiso, Guachalla indicó que se realizará protestas y vigilias para pedir la renuncia de las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores, de la organización Súmate.

Esta declaración se dio después de que simpatizantes de la agrupación Súmate y la alianza del alcalde Manfred Reyes Villa, tomaron el Concejo Municipal y vandalizaron la casa de la concejala Flores, según informó Los Tiempos.

“No sé para que ya pagamos a estos funcionarios públicos que no trabajan para la población cochabambina y por eso un trámite está estancado tres o siete meses y a veces ni respuestas tienes. Nos han llegado estas denuncias y vamos a ir a inspeccionar el abandono de sus fuentes de trabajo”, declaró la diputada.

Manifestó que no permitirá que se siga pagando el matonaje a la población a través de la política.

Tanto Daniela Cabrera como Claudia Flores fueron electas el como presidente y secretaria del Concejo Municipal, con cuatro votos del MAS.

/NVY

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El presidente de Control Social, Dulfredo Zuna, manifestó la inquietud de la población frente a la aprobación de saldos de caja y banco, principalmente para la inscripción de proyectos que demandan los vecinos.

“Hasta cuándo vamos a iniciar proyectos nuevos, esa es otra preocupación, se va a aprobar, pero hasta que se licite son 45 días, ni en junio o julio vamos a poder iniciar proyectos”, manifestó Zuna.

Asimismo, se hizo notar la preocupación referida a la aprobación del proyecto de Ley Excepcional para Viabilizar Trámites Administrativos de Urbanizaciones Consolidadas en el municipio de Oruro, la cual fue presentada en agosto ante el Legislativo para su aprobación, pero hasta la fecha fue devuelta en varias oportunidades.

CONCEJO

El presidente de la Comisión Asuntos Legales, concejal Freddy Mamani, sostuvo que junto a los representantes de Control Social se determinó realizar una reunión conjunta para la revisión de carpetas para abordar las carpetas de leyes observadas por el CMO antes de su aprobación respectiva.

“Fuimos claros que si no está elaborada la carpeta correspondiente no se puede aprobar y claro ejemplo es que hoy (martes) va a volver a ingresar y justamente va a ser devuelta porque no han subsanado, es por eso que se está retrasando, esperemos que con el compromiso de la reunión conjunta que tendremos encaminemos esta ley”, señaló Mamani.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros, Jesús Cruz, informó que el saldo de caja y banco que data del 2022 asciende a los 125.124.752 bolivianos, destinados a diferentes partidas en proyectos nuevos y continuidad será aprobado en los próximos días.

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Esas fueron las recomendaciones del concejal José Flores, quien fue claro al señalar que esta vez no cederán por presiones sociales, ya que, si se diera el caso, el proceso puede declararse como viciada de nulidad por imposiciones.

“Una cosa es clara, nosotros no vamos a aprobar nada por presión”, ya que este proceso estaría viciado por vulneración de Decreto Municipal (DM) Nº 229″, dijo al recalcar que el inicio del proceso debió ingresar desde el año pasado, para cumplir con los plazos de revisión por parte de las comisiones.

OBSERVACIÓN

La Comisión Jurídica observó que el procedimiento establecido en el Decreto Supremo que establece los Procesos de Contratación de Bienes, Obras y Servicios, en función a la elaboración del Documento de Valor y Comercialización (DVC), no fue cumplido en su totalidad.

Se observó que en las especificaciones de la convocatoria no figura el término “y/o su similar”, la sola incorporación de esta expresión, le da mayor amplitud a las empresas para presentarse a la convocatoria y plantear productos alternativos en valor nutricional, calidad y propuesta técnica para su adjudicación.

En el caso del producto de la leche, se presume que la convocatoria estaba direccionada porque se basaron en las especificaciones de un solo producto, así también el concejal dijo que omitieron en las especificaciones que el envase debía llevar el logotipo de la Alcaldía, como material exclusivo del alimento complementario.

DECRETO MUNICIPAL Nº229

El concejal Flores, hizo referencia al DM Nº229, en la que norma que el desayuno escolar debe estar en base a un menú y no así la entrega de un paquete complementario.

El desayuno escolar debe contener valor nutricional con productos de la región, pero el paquete del alimento complementario tampoco cumple con esta exigencia de la normativa, según el concejal.

Los funcionarios de la Alcaldía quieren hacer prevalecer que, debido a la ley de emergencia por la pandemia, se está haciendo la entrega del paquete de alimento complementario, pero hasta donde tiene conocimiento el concejal Flores, el Distrito de Oruro, es el único municipio que plantea esta alternativa, puesto que, en todos los municipios, en especial los rurales del departamento, aplican la normativa presentando un desayuno caliente.

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Con el antecedente de que el martes los vecinos de la Urbanización 9 de Junio, se movilizaron en exteriores de la Alcaldía y el Concejo exigiendo la aprobación de sus planos de áreas verdes y equipamiento, existiendo además el anuncio de una nueva movilización, el Concejo trasladó su sesión a otro lugar de manera preventiva, para continuar el trabajo en sala.

“El Concejo Municipal no puede parar, nos conducimos por plazos, tenemos mucha documentación que no puede esperar, perjudicamos a los proyectos, no nos podemos ganar algunos procesos por no cumplir la normativa”, señaló el concejal José Flores.

Asimismo, el edil observó que, en esta semana, el CMO fue cerrado por padres de familia de una unidad educativa, que demandaban mantenimiento e infraestructura a la Alcaldía, quienes además cortaron cables para asegurar el ingreso al Órgano Legislativo, por lo que se decidió asumir las acciones respectivas.

Ante cualquier tipo de inconveniente, el pleno analiza realizar las sesiones de manera virtual para dar continuidad al trabajo y proceder con lo que manda la normativa a nivel del municipio.

LEY

Según Flores, la Ley Excepcional para Promover Trámites Administrativos de Urbanizaciones Consolidadas en el municipio de Oruro, tiene observaciones ya que el término “consolidado” no existe dentro de la normativa municipal y se pueden generar problemas. “Se tiene que actuar con la debida responsabilidad, si el Ejecutivo hace una iniciativa legislativa tiene que estar dentro la norma y tener el sustento legal y tiene que haber esa línea donde nosotros podamos tener una ley general de gestión territorial donde poder apoyarnos para hacer esas leyes excepcionales”, finalizó.

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En enero de este año, el Ente Legislativo abordó la ley de patrimonio tras conocer que se estaba reactivando en La Paz el traspaso de los predios de ex Metabol al Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni para un asentamiento urbanístico.

En ese sentido, con el fin de proteger los predios de ex Metabol y consolidar y concretar proyectos que aporten a la reactivación económica del municipio, el CMO aprobó la Ley Municipal Nº171, que fue promulgada por el alcalde Adhemar Wilcarani el 26 de enero.

“Declaramos a la ex Metabol como nuestro patrimonio industrial, histórico y cultural, lo hicimos al marco de nuestro derecho como municipio en ejercicio de nuestra autonomía, ningún otro municipio, nadie puede venir a pisotear la autonomía orureña”, refirió Flores.

Asimismo, habiéndose declarado como patrimonio, el Concejo sostuvo que no se puede generar otras leyes ya que abría una contradicción si es que quisieran tomar esos predios para otros fines que no sean el que ha sido declarado como patrimonio.

Por otro lado, el concejal observó que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que es dueña de los predios de ex Metabol, también coadyuva en la depredación del cerro San Pedro y a la contaminación de Oruro.

“Aquí se cumple la Constitución, lo que es de Oruro es de Oruro y la ex Metabol es un patrimonio ya con ley y nadie puede venir a destruir leyes que el municipio de Oruro ha promulgado y está en plena vigencia”, finalizó.

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El director Jurídico del Concejo Municipal de Oruro (CMO), Adolfo Garnica, calificó de ilegal, prevaricadora y parcializada la anulación de la imputación a los exconcejales Segundina Ledezma, Denisse Villca, Oswaldo Olivera, José Rojas, Janet Ledezma, Magda Suaznabar, Max Cabrera, David Choque, Alberto Céspedes, Aylin Juaniquina y Mario Rojas, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

“El fondo de la problemática es que estos malos exconcejales han designado a un alcalde como lo es David Choque con una ley municipal, todos sabemos que por su esencia constitucional la ley municipal es para un asunto general no específico, lo cual desde ahí se desemboca un arbitrario e ilegal actuar de estos concejales para la sustitución del alcalde”, aseveró.

Asimismo, Garnica justificó que la forma correcta de designar a un nuevo alcalde debió ser a través de una ordenanza municipal para abordar un asunto especifico, sin embargo, lamentó que el juez “trato de confundir”, señalando que se actuó con todo el rigor de la ley y con toda la legalidad.

APELACIÓN

En ese sentido, el Ente Legislativo como parte querellante anunció que interpondrá el recurso de apelación incidental en contra de la resolución judicial “arbitraria, ilegal, contraria a la Constitución y a las leyes”.

Además, se solicitará la apertura de un proceso penal en contra del juez de Instrucción en lo Penal Nº 5 por prevaricato, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

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En una tarde calurosa, donde el ambiente se encontraba pesado, el secretario de Desarrollo Humano, Richard Montaño, fue respondiendo a cada una de las 19 preguntas, reiterando una y otra vez las mismas respuestas para las diferentes interrogantes. La interpelación se realizó según lo programado, el mayor interés de los concejales radicó en los actuados ante el informe que dejó la anterior funcionaria quien ocupaba el mismo cargo.

Los concejales una y otra vez le reiteraron a Montaño, por qué no se hizo ningún proceso a la exfuncionaria, si no realizó su trabajo como correspondía, heredando un proceso con varias observaciones; el interpelado señaló que no es su tuición emitir ninguna sanción y que este proceso le corresponde al Área Jurídica y que sólo se continuó con los procesos iniciados en octubre del 2022.

El concejal José Flores, aseveró constantemente que la anterior funcionaria incumplió en sus deberes, porque hubo compromisos que quedaron en la nada, ya que se debía iniciar con la distribución del alimento complementario al inicio de clases. Asimismo señaló que al iniciar sus funciones y encontrar procesos pendientes, el actual funcionario estaba en la obligación de demandar a la funcionaria retirada. Montaño, dijo al respecto, basándose en un criterio legal que se debe entregar el complemento alimenticio de forma trimestral. Y que él está cumpliendo con la entrega de su informe ante la Máxima Autoridad del Ejecutivo (MAE). Agregó que al asumir su función desconocía si se realizaron actuados en contra de la exfuncionaria.

La preocupación de la concejal Nilda Fernández, es la garantía que ofrecen el ejecutivo, en el cumplimiento de la Ley 622, Montaño dio una respuesta imprecisa, señalando que se debe actualizar la normativa, porque no está acorde a la realidad.

La concejal Edmée Castillo, fue más directa en sus observaciones, enfocándose en el menú del alimento complementario, observó que en los cuadros estadísticos de degustación, otros alimentos tienen alta puntuación y que estos no se consideraron en la convocatoria.

Montaño, respondió que el menú fue aprobado mediante acta firmada en mutuo acuerdo entre el gobierno municipal y el comité de degustación, que estuvo conformado por, la junta de distrito de Padres de Familia, el gobierno estudiantil, los directores de colegio de los tres niveles.

En cuanto a la demora del proceso, Montaño explicó que, hubo ausencia de funcionarios en el cargo, además de que el área Jurídica de la Alcaldía recomendó no iniciar el proceso de ejecución de recursos del desayuno escolar, porque no es recurrente y que necesariamente debe iniciarse con recursos del Plan Operativo Anual (POA) de 2023, por ese motivo no se realizaron las contrataciones en el 2022.

Así también, Montaño atribuyó en reiteradas oportunidades que el proceso se demoró por las limitaciones debido a la pandemia, ante esta recurrente respuesta, los concejales pusieron como ejemplo a otros municipios, que ya están destruyendo el desayuno escolar de forma diaria, sin poner como pretexto la pandemia, incluso en municipios de provincia como Machacamarca y en el caso de Oruro, no se priorizó esta distribución.

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Se cuenta con el menú que consiste en: leche de 6 kilos, una bolsa de quinua, galletas de agua y dulces; este paquete fue elegido por quienes son parte de la comisión, incluida la Junta de Distrito de los Padres y Madres de Familia, tras una degustación.

Asimismo, ya se cuenta con la convocatoria publicada en la página digital del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) el 13 de febrero; el 28 de ese mes, se realizó el primer actuado, explicando el requerimiento que se tiene, para que las empresas se puedan presentar hasta el 6 de marzo y a las 09:00 horas se realizará la apertura de sobres, este trabajo estará a cargo de una comisión, quienes revisarán las propuestas.

El 3 de abril se remitirá al Concejo todos los actuados, amparados en el marco de la Ley 1178 y el Decreto Supremo 181, en la que se otorga 45 días de plazo para llevar adelante todo este proceso.

En caso de existir una observación, se subsanará de forma inmediata, para la devolución al ente fiscalizador del municipio y una vez aprobado, la empresa ganadora cuenta con nueve días para la entrega del alimento complementario. Montaño, espera que la empresa pueda realizar la entrega antes del plazo establecido.

Todo este proceso inició el 31 de enero, siendo la misma fecha en la que Montaño asumió el cargo, junto al jefe de Educación del Municipio. Montaño recordó que este proceso debía iniciarse tres meses antes. Se cuenta con actas de conformidad y por ese motivo se subió al Sicoes.

PETICION DE INFORME ORAL

Montaño explicó que a una semana de asumir el cargo le llegó una interpelación por parte del Concejo Municipal, la autoridad estaba lista para asistir, pero tras el análisis del gabinete jurídico del ejecutivo, observaron un vacío legal, porque el legislativo aprobó una nueva Ley de Fiscalización.

Montaño aseguró que se presentará a la interpelación hoy para responder las 19 preguntas que hicieron llegar al secretario de Desarrollo Humano.

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El director de Asuntos Jurídicos del CMO, Álvaro Aruquipa, informó que el pasado 14 de noviembre, el Ente Legislativo sentó la denuncia por los sucesos acontecidos precisamente en noviembre de 2019, referidos al reemplazo de Saúl Aguilar por Olivera como burgomaestre.

CASO OLIVERA

Según explicó Aruquipa, en ese entonces el CMO reconoció una renuncia que no existía del entonces alcalde sustituto Aguilar y valida esa renuncia publicada de forma apresurada y designa a otra máxima autoridad municipal.

En aquella ocasión Aguilar había publicado a través de redes sociales una renuncia al cargo de alcalde, aunque poco después se retractó; sin embargo, los entonces concejales tomaron la publicación virtual como un documento legal.

“Este hecho ha sido bastante llamativo porque inclusive en una interpelación constitucional no podía reconocerse esta renuncia como válida, entonces mal pudieron haber actuado estos concejales en su momento, por ello el Concejo Municipal tuvo que tomar esta determinación de acudir y poner en conocimiento al Ministerio Público”, refirió.

En ese sentido una vez puesta la denuncia, la investigación está avanzando y la Dirección de Asuntos Jurídicos del CMO tomó conocimiento que los exconcejales fueron convocados a brindar declaraciones sobre todo lo conocido, de los cuales algunos se están acogiendo al derecho al silencio.

CASO CHOQUE

En lo que refiere al segundo caso correspondiente a la designación de Choque, se sigue el mismo procedimiento ya que al igual que Olivera, la forma de proceder de las anteriores autoridades fue la misma de “desconocer la titularidad de un alcalde y designar a uno sustituto”.

Asimismo, Aruquipa aclaró que ambas designaciones se consideran ilegales porque no cumplieron los procedimientos correspondientes, habiendo un desconocimiento inclusive a la ley de prórroga de mandato.

“Esa ley de prórroga ampara a todas aquellas autoridades que hayan ingresado a la titularidad mediante sustitución, pero acá no se ha respetado este principio legal entonces se hará la investigación a cargo del Organo Judicial”, aseveró.

En una etapa preliminar, los exconcejales fueron denunciados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contraria por emitir ordenanzas y leyes municipales directamente contrarias a la Constitución y a las leyes, sin embargo, el curso de investigación puede ampliarse y dar otro tipo de llamamiento inclusive por la autoridad fiscal, situación que va ir dando curso la propia investigación.

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En Sesión Extraordinaria realizada ayer en la Casa Consistorial de Oruro, los concejales aprobaron la modificación de la Ley Municipal 009 de Fiscalización del GAMO para lograr que la gestión y administración pública municipal, cumplan una función eficaz, eficiente y transparente en los actuados que desempeñe y cumpla el Organo Ejecutivo Municipal.

LEY

El presidente del CMO, Freddy Mamani, manifestó que aprobación de la modificación de la Ley 009 particularmente se tomó en cuenta ante los muchos inconvenientes con funcionarios ediles con los informes orales e interpelaciones realizadas a lo largo de la gestión.

“Por esa razón se aprobó esa ley y haciendo un ajuste en el cual tal vez modificando esa ley vamos a tener más operatividad por parte de los funcionarios que están en el ejecutivo y no solo de ellos, sino también del Concejo”, manifestó Mamani.

Por su parte, el concejal José Flores manifestó que a partir de la modificación de la ley “la fiscalización va a ser más estricta” y aquellos funcionarios que lleguen a ser interpelados y tengan una sanción, van a ser suspendidos de sus funciones, poniendo de ejemplo las interpelaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

“En este caso nosotros también vamos a hacer este tipo de acciones contra aquellos funcionarios que no haya cumplido con la Petición de Informe Oral (PIO) correspondiente y sean interpelados, van a tener que recibir la sanción”, reiteró.

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La reunión pactada debía ser para dialogar respecto al pedido de la Policía para la dotación de cinco nuevos vehículos, que fue rechazada anteriormente por falencias en las carpetas enviadas al Ente Legislativo.

En su intervención, el coronel Gutiérrez señaló que la idea de la Policía es poder conformar un equipo con el Concejo y la Alcaldía para evitar errores en la solicitud de compra de vehículos y se pueda dar curso al requerimiento para el beneficio de la sociedad.

Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, los ediles llevaron la conversación por otro lado y dieron a conocer sus observaciones referidas principalmente al trabajo que realiza la entidad del orden en seguridad ciudadana.

En ese sentido, en el momento en el que el concejal Iván Quispe daba a conocer sus severas apreciaciones ante la deficiencia en seguridad ciudadana, el comandante y la comitiva, acompañada de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, abandonaron la reunión.

Los ediles aseguraron que el abandono del coronel Gutiérrez fue ante los cuestionamientos a la institución del orden; sin embargo el uniformado aseguró que tenía otra reunión y cuando quiso explicar esto, no le cedieron la palabra, por lo que dejó la sala. Aseguró que solicitará otra reunión para tratar los temas que se plantearon, pero que en esta ocasión el encuentro debía ser específicamente para hablar de la adquisición de los motorizados.

VEHÍCULOS

En lo referente a la solicitud de compra de vehículos, Quispe reiteró que el CMO debe velar el buen uso de los recursos y cumpliendo la normativa, devolvieron al Ejecutivo las carpetas, para que sean subsanadas.

“Son varios requisitos que no se estaban cumpliendo y seguramente una vez que se subsanen estos requisitos por la unidad solicitante el Concejo aprobará, el Concejo no está en contra de la adquisición de estos vehículos, lo único que se pide es que el procedimiento esté bien realizado”, aclaró.

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La autoridad originaria de Janacachi Moya Pesque-Pesque del Ayllu Andamarca, Carlos López Villegas, explicó que la medida de presión fue asumida desde las 10:00 horas aproximadamente de ayer, con 45 comunarios contribuyentes de esa población.

Explicó que en 2019 un grupo de personas intentó tramitar una personería jurídica a nombre de la comunidad, sin conocimiento de los habitantes.

Es por ello que presentaron ante el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru) los descargos correspondientes para la anulación de la resolución administrativa departamental 034/2021 que reconocía y otorgaba dicho documento.

Esta anulación se hizo efectiva mediante la Resolución Administrativa Departamental de Oruro Nº 486/2022, y este documento fue puesto en consideración del Concejo Municipal de Challapata en noviembre de este año por parte de las autoridades originarias de Pesque-Pesque, y hace algunos días también lo hizo la Gobernación.

La autoridad originaria explicó que, pese al pedido de los pobladores, el Concejo Municipal no trató en sus sesiones la anulación del informe legal observado.

Los pobladores temen que el informe cuestionado sea nuevamente utilizado en contra de los intereses de la comunidad.

Es por ello que advierten que estarán con esta medida de presión hasta que las autoridades del Concejo de Challapata traten dicho tema y anulen el informe.

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La jornada de ayer, en la Casa Consistorial el pleno del Ente Legislativo llevó a cabo la sesión extraordinaria, en la cual se cumplió la PIO dirigido a jefes de diferentes unidades del GAMO.

La PIO fue solicitada por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, concejal Rene Silvestre, quien tras diversas inspecciones manifestó su inquietud y preocupación ante la preservación de bienes inmuebles y construcciones declaradas como patrimonio en el municipio, particularmente sobre el Colegio Nacional “Simón Bolívar”.

PIO

Durante el informe, los jefes de unidad no llegaron a satisfacer con su explicación y en la presentación de documentos solicitados para la PIO, por lo que el pleno del Ente Deliberante resolvió dar voto de insuficiente a los tres funcionarios y de esta forma proceder a la interpelación correspondiente en las próximas semanas.

“En esta parte tratándose de una situación muy delicada con relación a los patrimonios, el pleno del Concejo ha sugerido que ya se pueda emitir la interpelación particularmente, entonces ya teniendo en cuenta que estamos a fin de gestión seguramente programaremos la interpelación”, manifestó el presidente del CMO, Freddy Mamani.

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El presidente del CMO, Freddy Mamani, informó que en “sesión maratónica” convocada a las 06:00 horas, se abordó el tratamiento el proceso de contratación y licitación pública de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del manzano uno al 17 de la Junta Vecinal Milenium el cual fue aprobado.

PRESIÓN

Sin embargo, Mamani lamentó el actuar de los vecinos de la junta vecinal quienes no permitieron el ingreso y salida de funcionarios y ciudadanía en general del edificio del Ente Legislativo.

“Lamentablemente vemos que dirigentes con la irresponsabilidad que tienen siguen manejando a los vecinos en el cual el Concejo no necesitan ningún tipo de presión, si no más al contrario siempre hemos estado nosotros trabajando respondiendo a la ciudadanía”, aclaró Mamani.

En ese sentido, el presidente del órgano Legislativo señaló en el tratamiento el proceso de contratación y licitación pública de la construcción del sistema de alcantarillado existieron algunas observaciones por lo cual los concejales actuaron de manera responsable.

“Entonces creo que nosotros estamos actuando de manera responsable y por esa situación hoy (ayer) se ha aprobado reitero, lamentó que los vecinos sean manejados por dirigentes irresponsables, porque al final el Concejo Municipal siempre ha estado dando resultados”, finalizó.

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Flores detalló que después de varios meses recién le llegó la documentación y ahora los miembros de esa instancia analizarán el caso para ver cómo proceder, reportó la agencia de noticias ANF.

“La documentación recién me llegó la semana anterior, como le digo hemos estado reclamando las carpetas que hacían falta (del caso Ramos), ya que solo había copias y no estaban los documentos originales, por eso nosotros no podemos ingresar a una revisión total si no existen los documentos originales”, manifestó.

Asimismo, explicó que cuando el casó llegó a la Comisión de Ética se tendría que haber atendido en el lapso de los 21 días, pero como pasó varios meses se tiene que replantear; sin embargo, consideró que hasta entonces su colega “tendría que hacerse a un lado”, ya que no puede ser juez y parte.

“Dentro de lo que es nuestro reglamento (de ética) hay un artículo directo que te obliga, cuando eres tú el que está siendo juzgado y procesado, (…) a excusarte de la comisión para que otra persona venga y así se pueda tomar una decisión, pero solamente en el caso específico de la persona”, señaló.

Al respecto, el analista político Paúl Antonio Coca aclaró que mientras no exista una sentencia ejecutoriada, el concejal no tiene ningún impedimento de formar parte de la Comisión de Ética.

“Obviamente va ser algo muy cuestionable que él quiera juzgar a alguien por faltas a la ética. Otras personas van a cuestionar de que él no es la persona idónea para aconsejar y esto va generar bastante situación, no en estrados judiciales, sino ante la opinión pública, ese es el detalle. Hay ese choque de lo que es ético y moral frente a lo que es obviamente el tema legal que estamos hablando”, declaró.

Denuncia de agresión

En noviembre de 2021, un ampliado regional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto evidenció una trifulca agresiva entre los militantes; y Ramos aparentemente golpeó a una mujer.

De acuerdo con los antecedentes, al salir del encuentro, la mujer increpó al concejal por causar división en el partido oficialista y como respuesta, éste la agredió.

Los testigos observaron la agresión lo empujaron y comenzó una pelea entre los militantes que defendían a la autoridad y quienes cuestionaban su participación.

“¡Fuera Ramos, estás dividiendo a los militantes del MAS!”, gritaban algunos grupos.

La situación quedó registrada en un video, el cual se viralizó en redes sociales, por lo que varias personas exigían que la autoridad “de un paso al costado”; sin embargo, este aseguró ser víctima.

El caso llegó al Ministerio Público y ante la Comisión de Ética del Concejo Municipal, pero la víctima denunció que el caso ante la Fiscalía está por quedar sin efecto.

/JDLF/

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El 16 de julio de 1809, el protomártir Pedro Domingo Murillo propició un levantamiento contra contingentes españoles asentados en La Paz, que se llamó Revolución del 16 de Julio. La fecha fue adoptada como la efeméride departamental de La Paz.

Maldonado señaló que, Eduardo Abaroa fue quién dejó la tea de la libertad encendida en el grito libertario de La Paz cuando en realidad fue Pedro Domingo Murillo.

“Agradecer a nuestros hermanos deportistas que hoy han hecho el encendido de la tea, la tea de la libertad y de la tranquilidad que hoy por hoy tenemos gracias a quien fue héroe Eduardo Abaroa”, manifestó Maldonado.

Eduardo Abaroa es un héroe de Bolivia recordado por liderar a un grupo de bolivianos que hicieron frente al Ejército chileno que invadió el país para apropiarse de Antofagasta en el año 1879.

El concejal pertenece a la agrupación Jallalla de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

Algunos medios digitales como Urgente.bo y Radio Capital Riberalta 88.7 compartieron el fragmento de esta declaración de la autoridad alteña.

Por su parte el equipo de Bolivia Verifica encontró el contenido publicado en Tik Tok por el usuario @elmamanibolivia y afirmó que las declaraciones son verdaderas.

/HNF/

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Los protagonistas de la pelea fueron el presidente del Concejo, Óscar Sandy, que representa al Movimiento Al Socialismo (MAS), y el concejal de República-2025, Antonio Pino, según informó la red de noticias Erbol.

En una grabación del hecho se observó a Sandy levantarse de su silla mientras decía: “No seas insolente” a Pino, quien también dejó su asiento y se acercó al presidente del Concejo. Cara a cara, los concejales se agredieron.

El concejal Antonio Pino manifestó que su reacción fue provocada por el cansancio que siente por el trato que recibe del presidente del Consejo.

“Lamentablemente me parece que la manera de conducir las sesiones rozan en lo absurdo: cortar la palabra, empezar a gritonear, levantar el reglamento y tratar de ‘opa’ a la gente. Ese tipo de cosas tienen un límite”, manifestó.

El concejal Sandy pidió construir soluciones y no politizar los temas dentro del Concejo.

“Existen dos perros: los del hortelano y los vagabundos y el Alcalde le está queriendo dar una solución al problema de los perritos vagabundos”, declaró.

Irónicamente, las agresiones en la sesión ocurrieron el mismo día en que Sucre presentó su plan contra la violencia.

Consultados sobre si resuelven sus problemas mediante la violencia en su vida personal, ambos concejales negaron que su actitud sea la misma en su vida cotidiana.

Sandy afirmó que nunca actúa de esa manera, pero aclaró que como seres humanos son personas con acciones, reacciones, emociones, tristezas, alegrías.

Finalmente, Pino negó arreglar sus problemas por medio de los golpes y quienes lo conocen pueden dar fe de aquello.

/ LMPT

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Afirmó que sus compañeros le prestaban el motorizado para realizar sus actividades. Sin embargo, no identificó al propietario del motorizado, pero afirmó que trabaja en el Concejo Municipal.

“Si bien en ciertas ocasiones se ha visto a mi persona conducir este auto, es porque me prestaban mis compañeros de trabajo del Concejo Municipal y que en ocasiones era para transportarnos a otros lugares, también me prestaban para que pueda realizar las diferentes actividades que tengo dentro del Concejo. Es la única relación que tengo con este vehículo”, aseguró la concejala en entrevista con Infórmate Chaco.

El miércoles, la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Tarija secuestró un vehículo blanco estacionado en predios del Concejo Municipal de ese municipio. Medios locales reportaron que el motorizado estaba reportado como robado en Argentina, aunque la Policía descartó ese aspecto y señaló que se trataba de un vehículo chuto.

A la vez, Sánchez insistió que se puede verificar en los registros pertinentes que no tiene ningún motorizado. Aseguró que la denuncia es malintencionada con el objetivo de perjudicar el trabajo que realiza en el ente legislativo municipal.

“Esta denuncia afectó mi imagen, es intencional para afectar el trabajo que vengo desarrollando en el Concejo Municipal son denuncias infundadas”, añadió la autoridad edil.

Por otra parte, la concejala advirtió con la presentación de acciones legales correspondientes contra quienes realizaron la denuncia y la vincularon con la tenencia de vehículos indocumentados.

Según Diprove, un segundo vehículo tiene registro nacional en el RUAT con las mismas características del motorizado secuestrado. Además, aparece como vehículo reemplacado y tendría deudas por impuestos desde la gestión 2021.

/SVL

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En un inicio los disidentes de la agrupación Jallalla junto con concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) designaron a Víctor Contreras, como nuevo presidente debido a que logró la mayoría de votos frente a los concejales que apoyan a la alcaldesa Eva Copa, sin embargo, la sesión se suspendió por dos horas.

Durante ese tiempo los seguidores de la alcaldesa Eva Copa presionaron en oficinas de los opositores logrando llevar a la sesión al concejal del (MAS) a Daniel Ramos para designarlo como vicepresidente del Concejo Municipal.

Cuando la sesión se reinstaló, dos concejales del MAS decidieron abandonar el lugar y se llamó a una votación nominal. Ya con el quórum y con la presencia de Ramos, se eligió como presidente del Concejo a Rogelio Maldonado, afín a Copa.

Tras ser elegido Maldonado prometió fiscalizar la ejecución de proyectos y señaló que el concejo presidirá desde este jueves.

“Hoy se ha visto una transparencia total con el quórum reglamentario, algunos concejales querían empantanar esta elección tan importante (…) hay un desafío, trabajar por la ciudad de El Alto. El presidente del Concejo Municipal va a trabajar al lado de su población, vamos a hacer sesiones, vamos a fiscalizar para que nuestro ejecutivo municipal ejecute los proyectos”, indicó.

Sin embargo Contreras denuncio que no permitieron a a concejales ingresar a la sesión ycalifico a la directiva de “ilegal” y anunció que presentará un amparo constitucional Consideró que él es el presidente del Concejo alteño.

/ABH

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La autoridad edil culpó a Quispe de faltar a la ética y lealtad política.

“Traición y golpe municipal en La Paz de forma impensada, faltando a la ética y lealtad política; se está gestando en el municipio de La Paz un golpe de Estado municipal en base a la traición, y la compra de conciencia a la cabeza del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Rafael Quispe, que decidió traicionar al alcalde de La Paz”, señaló Arias.

Asimismo, criticó la ingratitud de Quispe, quien en días anteriores anunció que dejaba la política.

“Rafael Quispe es un traidor, dijo que se retiraba de la política democrática para convertirse en un traidor y a su Concejo que ha confiado en él; está queriendo orquestar todo por detrás. Es funcionario municipal, es pagado por la Alcaldía y está traicionando a los paceños”, manifestó el burgomaestre paceño.

De esa manera, el alcalde dio a conocer que Lourdes Chambilla presentó el precedente martes su postulación a la presidencia del Concejo Municipal al igual que el concejal Pierre Chin (MAS).

El concejal Óscar Sogliano exigió respeto al voto democrático que dio victoria a la alianza Por el Bien Común Somos Pueblo.

“Esperemos que todos los concejales de oposición respeten la voluntad popular, respeten la voluntad del soberano que ha elegido a Iván Arias como alcalde y que ha elegido a este Concejo Municipal en su mayoría para estar al mando de legislativo municipal”, expresó la autoridad.

Sogliano indicó que la sesión del Concejo permanece en cuarto intermedio hasta este miércoles y espera que Chambilla reflexione cuando se reanude.

“Este miércoles vamos a volver del cuarto intermedio, esperemos que todo se evalué, no solo nosotros, sino también la concejal Chambilla y Rafael Quispe, que es jefe, presidente de la alianza Por el Bien Común Somos Pueblo, recapacite y entre en razón de lo que la gente ha votado y que se cumpla esa voluntad”, indicó.

La jornada precedente, para el cambio de directiva de Concejo Municipal de La Paz, la alianza PBC-SM, presentó un acta de la reunión de la alianza, quienes figuraban en la lista fueron presidente Lucio Quispe y secretario Óscar Sogliano. Comisiones: Gestión Institucional y Administrativa, Lourdes Chambilla; Desarrollo Económico y Financiero, Yelka Maric; Planificación y Gestión Territorial, Lucía Mamani; Desarrollo Humano y Culturas, Jorge Dulon, datos que informa El Deber.

El documento está firmado por todos los concejales PBC-SM, con excepción de la concejala Chambilla.

“Es una decisión orgánica de la organización política porque representa a los paceños y cualquier decisión unilateral en contrario será considerada transfugio político, establecido en la Ley de Organizaciones Políticas No 1096”, señala el acta que publicaron.

/NVY

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Tras una extensa sesión ordinaria realizada ayer, ambas directoras y jefas de unidades del Ejecutivo edil, fueron censuradas tras brindar un informe respecto a las acciones asumidas para promocionar el Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad 2022.

Posterior a las intervenciones de ambas funcionarias, el pleno del Concejo ingresó en una etapa de evaluación para determinar la otorgación de un voto de confianza o censura.

Por mayoría ambas funcionarias recibieron el voto de censura por los concejales, quienes alegaron respuestas contradictorias y no satisfactorias a sus interrogantes.

PRESIDENTE

Una vez otorgado el voto de censura, el presidente del CMO, Freddy Mamani, informó que conforme a la normativa, mediante la secretaria concejal se emitirá el acta correspondiente con un informe al Ejecutivo Municipal, para que en un plazo establecido, se realice el proceso administrativo.

El concejal José Flores halló muchas contradicciones, hechos de incumplimiento de deberes de una, no adecuada utilización de los recursos, presuntos hechos de usurpación de funciones tras ambas interpelaciones.

“Estos hechos deben ser aclarados por norma y por ley dentro de un proceso administrativo para puntualizar las responsabilidades que tenga, esto ya hace el Ejecutivo, la norma es clara”, dijo Flores.

GAMO

Tras su interpelación, Flores aseguró que la Unidad de Comunicación en cuanto se refiere a la fiscalización del Carnaval de Oruro 2022, cumplió con todas las competencias que atribuyen a esta dependencia, en lo que se refiere a las transmisiones en vivo, así como la realización de conferencias de prensa con el fin de socializar la elaboración de materiales para la promoción de la Obra Maestra.

Asimismo, la directora mencionó las mejoras que se hicieron del afiche oficial del Carnaval de Oruro 2022 el cual fue enviado al alcalde Adhemar Wilcarani mediante una nota oficial, como una alternativa, aparte del afiche enviado por la Secretaría Municipal de Cultura.

Además, Flores observó que el logo del afiche del Carnaval de Oruro 2022 enviado por la Secretaría Municipal de Cultura carecía de elementos de composición de imagen. Finalmente la directora de la unidad, indicó que se cumplió con las necesidades y requerimientos de las diferentes secretarías ediles.

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El presidente del Concejo, Jorge Dulón explicó que según los reportes del COEM, se prevé que en los próximos meses se atraviese por la nueva cepa y nuevamente nos veremos en los incrementos de los casos. Por tanto es pertinente la Ley.

Asimismo, indicó que el proyecto demoró bastante y “queríamos sacarlo en tiempos de Carnaval pero tuvo un retraso en el tratamiento en la comisión correspondiente y no pudo salir en el momento”, explicó el legislador.

NORMATIVA

La norma establece que las personas entre 18 y 65 años deben portar su carnet de vacuna anticovid para ingresar a los vehículos del transporte público o a los mercados.
Además, los dueños o administradores de espacios públicos o privados, donde se desarrollen actividades económicas, deportivas, académicas, comerciales, culturales y sociales deberán solicitar este documento a todos sus dependientes y a las personas que ingresen a esos negocios.

El documento será también un requisito para ingresar a oficinas de la Alcaldía o para realizar un trámite.

/ SVL

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Tras conocerse el informe de evolución del Ejecutivo Edil sobre el Carnaval de Oruro, el cual arrojó que el Municipio erogó un gasto de 5.282.705.42 de bolivianos, pero ingresaron solo 2.856.270.02 de bolivianos, dejando un déficit más de 2.4 millones de bolivianos, el CMO solicitará los informes correspondientes.

“Es una preocupación en la cual como Concejo ya estamos emitiendo los PIE’s (Petición de Informes Escritos) correspondientes a las direcciones que han estado involucradas en la organización del Carnaval de Oruro”, señaló el presidente del Concejo Municipal, Freddy Mamani.

En ese contexto, la autoridad adelantó que se solicitarán los informes correspondientes a la Secretaria Municipal de Cultura, a la dirección Tributaria y de Recaudaciones, a la Unidad de Defensa al Consumidor, entre otras para recabar información fehaciente y asumir las acciones que ameriten.

“Es una preocupación porque es un déficit de dos millones creo que estamos mal, más aún cuando estamos viviendo la pandemia y hacer estos gastos es muy preocupante”, refirió Mamani.

METROS LINEALES

En cuanto a la recaudación por concepto de la venta de metros lineales en la ruta del Carnaval, desde el Concejo anunciaron pedir con mayor prioridad el informe de la secretaría de Economía y Hacienda para conocer el verdadero acuerdo que existe con la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), que percibe el 60% de la venta de graderías.

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El presidente del CMO, Freddy Mamami, informó que una vez que las autoridades electas en los comicios del año pasado tomaron posesión en sus funciones en mayo de 2021, se pasó una minuta de comunicación al alcalde, Adhemar Wilcarani, para que haga estricto cumplimiento de la Ley Municipal Nº 097 para cuidar la salud de la población.

“No sé cuál fue el motivo que no lo ponen en práctica, pero pedimos que haga cumplir esa ley al Alcalde, ya que las leyes se emiten para que se cumplan entonces el Ejecutivo tiene su brazo operativo que es la Guardia Municipal quien pueda poner en funcionamiento esa ley y si no acudir a la Policía porque esa ley está clara”, manifestó Mamami.

En esa línea, desde el Concejo también pidieron que se cumplan las sanciones a quienes incurran en el uso obligatorio del barbijo tal y como señala la ley en su artículo ocho donde disponen que las sanciones serán de tipo administrativo, pecuniario y de prestación de servicio a la comunidad.

SOCIALIZACIÓN

Viendo que existen personas que se resisten a utilizar el barbijo, principalmente en vía pública, el CMO resaltó la importancia de la socialización de la ley por las autoridades y su puesta en práctica.

“No creo que sea difícil aplicarla, es cuestión de socializarla con nuestros sectores social, uno de los más grandes del municipio de Oruro es el transporte y el comercio y creo que socializándolo haremos entender que es importante el barbijo y ponerlo en práctica”, indicó el presidente del Concejo.

LEY

La Ley Municipal Nº 097 tiene por objeto regular el uso obligatorio de barbijos a los estantes y habitantes del municipio de Oruro, como medida de prevención y protección contra el contagio y propagación del covid-19 en resguardo de la vida y la salud.

Su finalidad es evitar el contagio y la propagación masiva del coronavirus en el municipio de Oruro, establecer medidas que sanciones el no uso del barbijo a los estantes y habitantes y proteger la salud de todos los ciudadanos.

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El jueves, tras coordinación con la Secretaria Municipal de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), todos los funcionarios y concejales se sometieron a la toma de muestra de antígeno nasal para detectar posibles casos del virus.

Luego de una jornada de toma de muestra, el presidente del Concejo Municipal de Oruro (CMO), concejal Freddy Mamami, dio a conocer que, del total de 50 pruebas realizadas, seis funcionarios y dos concejales dieron resultado positivo para la enfermedad.

“Precautelando la salud de los funcionarios y de los concejales como de la sociedad quienes ingresan a los predios del Concejo, se realizaron las pruebas de antígeno nasal, de las 50 pruebas que se ha realizado, han resultado seis funcionarios y dos concejales que han dado positivo”, confirmó Mamani.

Ante el resultado, desde el CMO asumieron las acciones que ameritaban para proteger la salud tanto de los funcionarios como de la población en general, por lo que los casos positivos tramitaron la baja médica correspondiente para luego ingresar en aislamiento.

En esa línea, el presidente del CMO, manifestó su sorpresa toda vez que los concejales que salieron positivo a la enfermedad no presentaban síntomas del covid 19, sin embargo, ponderó los buenos resultados de la vacunación contra el virus.

“Los funcionarios que dieron positivo estaba en perfectas condiciones, pero cuando salió el resultado han dado positivo en esa parte quiero ser claro, creo que la vacuna está dando resultados porque todos tienen las vacunas completas, tanto los funcionarios como los concejales, pero ellos están tranquilos, no están graves, por seguridad están aislados”, dijo Mamani.

ACCIONES

Para reducir el número de contagios en medio de la cuarta ola de la pandemia, el presidente del Concejo anticipó que las fumigaciones, así como los rastrillajes de toma de muestras de posibles casos serán constantes.

Luego de la jornada de toma de muestras, los ambientes del CMO fueron fumigados ayer por el personal del Municipio.

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Luego de la elección de la nueva directiva del CMO en la primera sesión ordinaria del martes, en la cual el concejal Freddy Mamani Nina del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue posesionado como presidente para el periodo 2022, ayer las autoridades ediles eligieron a sus ocho comisiones permanentes.

COMISIONES

Para esta gestión, las comisiones están formadas de la siguiente manera: Comisión de Desarrollo Humano y Política Social, presidente Nilda Fernández Calle, secretario Samuel Mendizábal Villca y vocal Oscar Velásquez Mallcu.

La Comisión de Infraestructura y Obras Públicas tiene como presidente a Jesús Cruz Paco, como secretario a José Flores Copa y como vocal a Samuel Mendizábal Villca.

La Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros está integrada por el presidente Oscar Velásquez Mallcu, secretaria Nieves Anabe Romero y vocal Jesús Cruz Paco.

Mientras que, en la Comisión de Asuntos Legales, se nombró como presidente a Nieves Anabe Romero, secretario a Jesús Cruz Paco y vocal a José Antonio Flores Copa.

La Comisión Género Generacional y Familia es presidida por Iván Quispe Gutiérrez como presidente, René Silvestre Saavedra como secretario y Edmee Castillo Rojas como vocal.

En la Comisión de Servicios y Defensa al Consumidor, se nombró presidente al concejal José Flores Copa, secretario a Oscar Velásquez Mallcu y vocal a Nieves Anabe Romero.

En la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, el presidente es Edmee Castillo Rojas, el secretario Iván Quispe Gutiérrez y el vocal René Silvestre Saavedra.

Finalmente, en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se nombró a René Silvestre Saavedra presidente, Nilda Fernández Calle secretaria e Iván Quispe Gutiérrez vocal.

La entrada Eligen a los responsables de las comisiones del Concejo Municipal se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Por un poco más de dos horas, los presidentes de las diferentes comisiones realizaron el informe de la rendición pública de cuentas inicial en el Salón de Honor de la Casa Consistorial de Oruro ante la presencia de la ciudadanía y medios de comunicación.

Antes de iniciar con la actividad por comisiones, el concejal secretario Jesús Cruz aclaró que la misma corresponde al primer semestre de la gestión 2021, pero el informe de las autoridades ediles se ejecuta recién desde que fueron posesionadas en mayo, por lo que se dio un informe de solo dos meses.

COMISIONES

La rendición de cuentas se inició con la Comisión de Desarrollo Humano y Política, para luego dar paso al informe de la Comisión de Infraestructura y Obras Públicas, Asuntos Administrativos y Financieros, Asuntos Legales, Genero Generacional y Familia, Servicios y Defensa al Consumidor, Desarrollo Económico y Productivo, Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Durante su intervención, las comisiones dieron un informe de proyectos e inspecciones realizados en los dos meses y en algunos casos, observaron que las ex autoridades no dejaron documentación correspondiente de enero a abril.

En su informe, la presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, Edmee Castillo, informó que el trabajo realizado fue poco pero sustancial porque se constató hasta la fecha que evidentemente Oruro tiene un sector productivo como el de Socamami al que se le debe dar fortalecimiento.

PRESIDENTA

Una vez concluida la rendición la presidenta del CMO, Nieves Anabe Romero, felicitó a los 11 concejales y a las ocho comisiones por el trabajo ejecutado en la gestión inicial.

“No muy contentos que digamos porque en realidad apenas hemos tenido dos meses para dar informe, muy bueno hubiera sido darlo hasta la fecha, pero se ha demostrado el trabajo que se ha hecho en dos meses nada más, yo creo que al año va a estar más largo el informe”, manifestó Anabe.

Por su parte, el concejal Cruz destacó el trabajo de forma conjunta de los 11 concejales, del oficialismo y la oposición, demostrando unidad en bien del municipio.

“Siempre hemos buscado la unidad de todo el Concejo porque creo que todos los planteamientos de proyectos de ley, que vayan enmarcados al bien de la sociedad van a estar siempre apoyados por el oficialismo y la oposición”, indicó Cruz.

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En días precedentes, Arias resaltó que en estos meses tiene 800 obras en su haber entre concluidas y en ejecución, afirmando que cumple su promesa de trabajar “todos los días mañana, tarde y noche”; sin embargo, respecto a la Ley de Fiscalización, considera que lo que buscan es que “se mantenga estático”.

Durante este tiempo, Arias gobernó sin apoyo del Concejo porque la bancada oficialista quebró su unidad en varios actos de fiscalización y ante leyes importantes que nacieron desde la oposición, como la Ley del Perdonazo Tributario, Ley de Regularización de Construcciones fuera de norma y la Ley de Fiscalización y Auditorías.

Ley de Fiscalización y Auditorías

La Ley de Fiscalización y Auditorías no da lugar a eludir ni dilatar ningún acto de fiscalización a los secretarios del Ejecutivo Municipal, que pueden acabar censurados o destituidos en dos sesiones.

El 1 de diciembre, el Concejo paceño cayó en manos del MAS, ante el abandono de su presidente Jorge Dulon por estar en desacuerdo, por lo cual la Ley fue aprobada.
“Más que fiscalización es una ley de coerción, intentan que el alcalde no dé un paso a la izquierda ni a la derecha, que se mantenga estático y cada rato esté dando informes antes que estar trabajando”, aseveró Arias.

De acuerdo al reporte de la red Erbol, aún no se sabe si la Ley de Fiscalización será devuelta con observaciones o promulgada por Arias, pero si entra en vigencia, la oposición presuntamente tendrá un arma letal para tener en vilo a la débil gestión de la alianza “Por el Bien Común-Somos Pueblo” (PBCSP).

En esta alianza el “voto de oro” está en manos del partido de Rafael Quispe, quien “mueve el péndulo” de la bancada oficialista en calidad de asesor político de su concejal Lourdes Chambilla.

Oposición

De acuerdo al reporte de la red Erbol, cada concejal afín al MAS “se maneja” de forma independiente, lo cual generó polémicas en redes sociales, con denuncias de traición política al “partido azul”, supuestos actos de corrupción por contratar gente que no hizo campaña electoral y no tener compromiso político con ese partido.

Esta es la lucha interna se une para “lanzar” amenazas de juicios al alcalde paceño, quien tiene pendiente las investigaciones sobre el presunto mal manejo económico que él mismo atribuyó al exalcalde Luis Revilla y que la oposición lo maneja con cheque sin fondo para endosarlo cuando se habla de lucha contra la corrupción y transparencia.

/JDLF/

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El reciente lunes se desarrolló una asamblea virtual de las juntas escolares en las que dieron 48 horas al Concejo para que apruebe el contrato, el plazo fenece hoy por lo que esperan su tratamiento en la sesión ordinaria de este jueves.

“Estamos en emergencia los padres de familia, tenemos que garantizar esos productos, desde luego hemos hablado con el concejal Freddy Mamani, de la comisión Jurídica, nos indicó que tiene la predisposición de acelerar este tratamiento, y si es posible van a reducir los 15 días para aprobación de la misma”, aseveró el representante de los padres de familia, Paul Manardy.

MOLESTIA

Están molestos con la demora que hubo en la elaboración y remisión del contrato, en las oficinas de la Alcaldía, los padres conocen que el documento para la contratación llegó al Concejo el 25 de noviembre, 38 días después de la aprobación de la ley municipal que da vía libre a la entrega del paquete escolar 2021.

“Estamos pidiendo de que se identifique a los funcionarios irresponsables que han retrasado el proceso del paquete escolar, y fundamental han retrasado esto del contrato, estamos pidiendo destitución inmediata”, añadió.

CRONOGRAMA

Además, pidieron al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) que les haga llegar un cronograma específico de distribución del paquete escolar a todas las unidades educativas del distrito.

Hace algunas semanas desde el GAMO aseguraron que la entrega del paquete escolar se iba a realizar a partir del 6 de diciembre, un día antes de la finalización del año escolar 2021.

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El dirigente de los trabajadores, durante su discurso en el cabildo de la marcha denominada “por la Patria” que culminó en la pasada jornada en la Plaza San Francisco en la ciudad de La Paz, amenazó con trasladar las movilizaciones a la ciudad de Santa Cruz y nacionalizar todas las fabricas e industrias y las empresas cruceñas.

En ese sentido, Terrazas señaló que estas palabras están “cargadas de odio” y que con estos dichos está yendo contra la propia Constitución que garantiza el derecho a la propiedad privada.

“Queremos decirle al señor Huarachi que no es bienvenido en Santa Cruz por ser divisionista, odiador y racista”, agregó Terrazas, según reportó el portal digital Eju.

Asimismo, agregó que ya se remitió el proyecto de resolución al Concejo y esperan que la directiva convoque a una sesión extraordinaria para su tratamiento.

Las declaraciones del dirigente, generaron malestar en todas las autoridades del departamento, quienes ven como una provocación a los cruceños el discurso del ejecutivo.

Mediante un pronunciamiento, el Comité pro Santa Cruz expresó también su rechazo a las declaraciones de Huarachi.

“Las amenazas de los dirigentes del Movimiento Al Socialismo contra Santa Cruz son inadmisibles, reprochables e inconstitucionales. Solo intentan generar un clima de odio, división y convulsión”, señala el pronunciamiento cívico.

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A raíz de la suspensión de la entrega del desayuno escolar debido a la modalidad de clases que se optó a consecuencia de la pandemia, se planteó pagar un bono de Bs. 300 para todos los estudiantes de primaria y secundaria de El Alto.

Concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) realizaron algunas observaciones a este proyecto, lo que desencadenó molestia en los padres de familia alteños, quienes iniciaron movilizaciones y se declararon en huelga a la espera de la aprobación del pago del bono.

“Me lamenta mucho que concejales del MAS sigan utilizando cualquier excusa para oponerse y causar desestabilización. Yo les llamo a la reflexión a ustedes señores concejales del MAS: no hagan lo que les están haciendo a su Gobierno, desestabilizarlo, porque mostros hemos entrado para trabajar y no para conflictuar a la ciudad de El Alto”, dijo la alcaldesa, Eva Copa.

Posterior a la sesión en el Concejo Municipal de El Alto, se logró aprobar el pago del bono estudiantil para todos los estudiantes de primaria y secundaria, contando con aproximadamente 285.000 estudiantes que se beneficiarán con el monto de Bs. 300.

Las concejalas Wilma Alanoca y Fabiola Furuya, pidieron durante la sesión, que el bono sea de Bs. 360, a lo que la alcaldesa respondió que no existen recursos para pagar ese monto a todos los estudiantes y si ellas podían conseguir ese monto “sería magnífico”, según reporte de Erbol.

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“Lo que ahora sigue es que el Concejo Municipal apruebe de manera inmediata este proyecto de ley, este martes (próximo) hay una sesión y nosotros esperamos que este martes lo aprueben”, indicó el representante de los padres de familia, Paul Manardy.

El reciente miércoles se reunieron con las juntas escolares, emitieron un voto resolutivo conminando a los 11 concejales a aprobar el proyecto de ley municipal para la entrega de la canasta escolar de alimentos, y de esta forma el ejecutivo siga el proceso respectivo para su adquisición.

Proyecto

Cuando se presentó el proyecto de ley, a finales de septiembre, se contemplaba realizar una licitación pública a través del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), pero ahora como restan menos de dos meses para concluir el año escolar 2021, el 7 de diciembre, los padres de familia consideraron que será por invitación directa.

“Sin embargo, el camino a seguir ya sería una invitación directa y es algo a lo que nunca quisimos haber llegado”, añadió.

Para este paquete el Gobierno Municipal de Oruro destinó 32.067.567 bolivianos, ya que tendrá una arroba de arroz, una arroba de azúcar, cuatro litros y medio de aceite, una arroba de fideo, un kilo de leche en polvo, y un kilo de leche con chocolate.

“Ayer (miércoles) tuvimos una reunión con el concejal Freddy Mamani de la comisión legal, él nos dice que tiene predisposición para dar celeridad a esto y es lo que esperamos de los demás concejales porque estamos a destiempo para poder hacer una licitación pública nacional”, finalizó.

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“Este anteproyecto de ley que nos ha remitido el ejecutivo municipal ha pasado a la Comisión de Asuntos Legales para su respectiva revisión y nosotros como pleno del Concejo estamos a la espera del informe, de la misma manera ha pasado a criterio legal a la Dirección Jurídica para hacer la revisión”, indicó la vicepresidente del CMO, Nilda Fernández.

El proyecto de ley para el paquete escolar se remitió a la Comisión Legal el 4 de octubre, desde ese momento tiene 15 días hábiles para despachar el informe con las respectivas observaciones.

Sin embargo, solamente restan menos de dos meses para que culmine el año escolar 2021 y los padres de familia y estudiantes están preocupados que los tiempos no alcancen para su entrega, toda vez que debe seguir un proceso burocrático para su adquisición.

“La Comisión desde el día de su remisión tienen 15 días hábiles para su revisión, los padres de familia han pedido la celeridad en la revisión, estamos a la espera, no sabemos si en esta sesión del día martes nos van a presentar el informe o el día jueves”, añadió.

Paquete

Desde el Gobierno Autónomo Municipal (GAMO) se informó que el paquete escolar tendrá una arroba de arroz, una arroba de azúcar, cuatro litros y medio de aceite, una arroba de fideo, un kilo de leche en polvo, y un kilo de leche con chocolate.

Para ello, se dispondrá de 32.067.567 bolivianos, que beneficiará a 96.299 estudiantes de inicial, primaria y secundaria, de unidades educativas fiscales y de convenio.

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El concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, pidió reconocer como hijos ilustres de la ciudad a los marchistas.

“Lamentablemente, el presidente del Concejo, en contubernio con el Movimiento Al Socialismo (MAS), suspendió la sesión”, por lo cual no se pudo aprobar el homenaje a los marchistas, aseveró Saavedra.

A pesar del traspié, el propio Saavedra izó la bandera del Patujú en los mástiles centrales del Concejo como muestra de respeto a los indígenas que hoy completan su recorrido.

El líder de la agrupación Demócratas, Gary Añez, junto a otros concejales aguardan en inmediaciones del Concejo para ofrecer refrigerio y comida a los marchistas.

“Es una marcha simbólica y los ayudaremos como bancada”, refirió el concejal José Alberti.

Sugirieron al presidente interino, José Quiroz, que suspenda la sesión para poder alistar un recibimiento acorde a la marcha.

El orden del día incluía una interpelación al secretario municipal de salud y seis audiencias públicas. Por determinación de las bancadas mayoritarias, se postergó la sesión para otra fecha.

Para el MAS el comportamiento de los concejales responde a un “show político de la derecha” ya que “ni Unidad Cívica Solidaridad (UCS) ni Comunidad Autonómica (C-A) nunca han querido a los indígenas”, señaló José Quiroz.

“Dejemos que los indígenas hagan su marcha”, sostuvo Quiroz y asegura que como integrante del MAS, llevarán “agua e insumos” a los indígenas.

UCS también se sumó al embanderamiento del edificio e izó la bandera representativa de los pueblos indígenas de tierras bajas en todos los mástiles que rodean el Concejo, reportó el diario El Deber.

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El vocero realizó esta declaración en referencia a las aseveraciones de concejales del MAS, que refirieron que Reyes Villa “ya no es alcalde” tras recibir una sentencia condenatoria por el caso “Sillar Alternativo”.

Rico dijo que Reyes Villa está cumpliendo con su responsabilidad municipal, “en ningún momento descuidó su labor y que ahora algunas personas estén diciendo que estamos sin alcalde, son sólo habladurías”, indicó.

Rico restó importancia a denuncias que insinuaban que funcionarios están participando en la vigilia; “las únicas personas que están acostumbradas a repartir fichas o cobrar multas para la participación en movilizaciones son los del MAS”, dijo.

Asimismo, aseveró que los funcionarios municipales están en todo su derecho de participar de la vigilia, pero fuera de horarios de trabajo, reportó el diario Los Tiempos.

“Conozco entre dos a tres casos de funcionarios que solicitaron algunos días de vacación para permanecer en la vigilia y eso está totalmente permitido”, sostuvo Rico.

Vigilia de los ciudadanos

Ciudadanos apostados en afueras del Concejo Municipal en respaldo al alcalde, rechazan la posible elección de una nueva autoridad municipal y piden respeto al voto emitido en las elecciones subnacionales de abril.

“Deben querer la silla edil, pero le vamos a sacar en burro a esos concejales que no saben dónde están sentados”, manifestó en altavoz una de las mujeres en vigilia.

El sector declarado en emergencia, advierten que no permitirán el cambio del alcalde por lo que se mantienen expectantes al proceder de la justicia y concejales en próximas horas, reportó ANF.

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El proceso comenzó el 2009, hace más de diez años. Lima señaló que hay más de 12 casos en los que la Fiscalía y la Gobernación cochabambina, como parte civil, plantearon juicios penales en contra del actual alcalde cochabambino.

“En todos hubo recursos presentados por la defensa del señor Reyes Villa, en varios ya se dictó sentencia. Y en este caso en concreto estamos con la decisión de Tribunal Supremo de Justicia, existe un auto supremo que confirma la sentencia, se trata de una decisión definitiva”, manifestó.

El caso “Sillar Alternativo” data de 2009, cuando el actual alcalde fue procesado en su calidad de exprefecto de Cochabamba por supuesta conducta antieconómica en la adjudicación de una consultoría para la elaboración del proyecto carretero en esa zona del trópico.

El Ministro de Justicia recalcó que el TSE explicó con claridad lo que debe ocurrir.

 “El Concejo Municipal debe pronunciarse y se debe llevar elecciones, si así lo definen. La mayoría es de Reyes Villa, si van en contra, se generará responsabilidad en contra de ellos”, mencionó.

Complementó que percibe que hay un sentimiento de apoyar al líder político y que este no es un escenario político, sino judicial. Este tema no está en manos del Ejecutivo, sino del Concejo y del TSE. Por el tiempo que se presenta una causal, se debe llamar a elecciones, pero debe definirlo el mismo partido de Reyes Villa.

 “Acá hay un delito de corrupción, que se sentenció con pruebas, que él no pudo rebatir en los juzgados. Por eso tiene calidad de cosa juzgada”, expresó.

Detalló que un juez de ejecución penal enviará el mandamiento de condena, para que se cumpla la pena.

“La defensa presentará acciones constitucionales y la revisión extraordinaria. Ambas son válidas, e irán al Tribunal Constitucional Plurinacional”, aseguró.

Sin embargo, denunció que los abogados de Reyes Villa tomaron una actitud de falta de ética.

“Los amparos constitucionales no se presentaron en Cochabamba, sino en Beni, que no tiene la competencia. En una de ellas logró que se suspenda más de cinco procesos. En otra logró una medida cautelar que impide su detención. Hay un uso arbitrario de los medios de defensa”, añadió.

Aclaró que quien dictó el fallo es la jueza Virginia Diaz, de Tarija, a quien el 2019 Luis Fernando Camacho propuso como posible presidente.

“No hay posibilidad ya de revertir la decisión. Seguramente Reyes Villa intimidará a algún juez de provincia. Ya existe cosa juzgada y lo que se debe hacer es respetar la sentencia”, enfatizó.

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Ayer en la mañana, un grupo de vecinos de la mencionada urbanización, realizaron una protesta pidiendo el ingreso de una línea de minibuses de transporte liviano al sector, toda vez que la única línea que entra a la zona es el micro “Q” celeste, y no abastece las necesidades de los vecinos.

Además, denunciaron que en días pasados, miembros de la línea de micro “se pusieron violentos”, en rechazo al ingreso de otras líneas de transporte y agredieron a los vecinos de la zona.

CONCEJO

Ante la protesta de los vecinos, tras una reunión con la Comisión de Servicios y Defensa al Consumidor, vecinos y el sector transporte, el concejal José Flores, informó que para dar solución al conflicto, se vienen realizando la primera mesa de trabajo para en 48 horas tener una respuesta positiva.

“Esto va a ser un antecedente de cómo vamos a generar la solución a estos problemas dándoles la ley misma municipal a las rutas ya que ellos consensuen entre vecinos, entre usuarios y los que prestan el servicio”, manifestó Flores.

Según refirió la autoridad municipal, existe solicitudes de creación de nuevas rutas de autotransporte, pero no específicas, sin embargo, con esta primera iniciativa junto al sector de los transportistas se prevé generar atención al pedido de los vecinos y acelerar los plazos para que todas las líneas tengan la ley municipal que le ampare como ruta.

TRASPORTE

A su turno, el ejecutivo de los choferes, Ricardo Choque, aseguró que el transporte “va a entrar sí o sí” a prestar su servicio, pero indicó que no se puede adelantar que líneas operarán en la zona.

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La inspección se cumplió la tarde del miércoles por los miembros de la Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal de Oruro (CMO) junto a vecinos de la zona, quienes desde el 2020 van denunciando este hecho sin que nadie les haga caso, en el sector se tiene avanzada una construcción abocada a nichos y repositorios de cuerpos, además ya se cumplieron varios entierros de forma ilegal, según denuncian los habitantes circundantes.

Concejal

Se realizará un informe que será puesto a conocimiento del pleno del Concejo Municipal y luego remitido ante el ejecutivo edil para que proceda según normativa.

La vicepresidente del CMO, Nilda Fernández agregó que el predio tampoco tiene licencia ambiental correspondiente para este tipo de actividad, por lo que se determinó que se paralicen todos los trabajos que continuaron a pesar de las advertencias de las autoridades y los vecinos que se sienten afectados, ya que no saben quiénes fueron enterrados en estos predios o si los cuerpos fallecieron a causa del Covid-19.

Pidieron que las autoridades de la Alcaldía hagan cumplir las normativas correspondientes.

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Los tres concejales contagiados son varones de los cuales uno está en recuperación y dos de ellos se encuentran hospitalizados, uno en terapia intensiva, de acuerdo a la información que proporcionó este viernes a LA PATRIA, el concejal secretario del ente deliberante, Jesús Cruz.

Por razones de respeto no reveló el nombre de las tres autoridades ediles, sin embargo, dijo que se hace un seguimiento a su evolución después de contagiarse con la enfermedad.

Durante la inspección de los 22 centros de salud, se estableció una serie de deficiencias, como la falta oxígeno, servicios básicos, personal médico, laboratorios, transformadores, equipamiento y espacios.

Asimismo señaló que los hospitales de primer y segundo nivel estaban destinados a personas con enfermedades de base, maternidad y pediatría, pero se tuvo que restringir algunos espacios dejando de lado a los pacientes con ese tipo de patologías para que no se contagien de coronavirus.

Cruz también informó que en los Centros de Salud más concurridos no se encontraban los jefes administrativos ni el personal de salud encargados del lugar.

El informe de los centros de salud no se entregó aún al alcalde municipal, Adhemar Wilcarani por el delicado estado de salud de los concejales.

Asimismo, se estableció que las sesiones del Concejo Municipal se efectuarán de manera virtual, para precautelar la vida de cada uno de los miembros del ente deliberante.

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Maric detalló que en días precedentes se abstuvo de aprobar normativas y el informe de la Secretaría de Salud sobre el manejo de la pandemia.

Según la concejal, ante la situación, Arias puso en duda las funciones por las que fue electa, debido a ello Maric presentó su renuncia atemporal para enviar un mensaje.

La pasada jornada, circuló en medios de comunicación y redes sociales la renuncia de la representante municipal ingresada por el Sitram. La veracidad de la nota fue confirmada por Arias. Ante esto, algunos de sus colegas como Roxana Pérez, del Movimiento al Socialismo (MAS), le expresaron su solidaridad.

“El sábado 3 de julio, le he dejado (al alcalde) un sobre con una carta de renuncia atemporal, para que él la haga efectiva tan pronto estime por conveniente. Qué pena y la verdad me duele profundamente que el alcalde Iván Arias no haya entendido ese mensaje y que al contrario haya encontrado una oportunidad para alejarme del Concejo”, señaló Maric.

Explicó que la carta no tiene validez porque la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales establece que una dimisión debe ser presentada ante el Concejo Municipal y el Tribunal Departamental Electoral (TED) de manera personal.

Además, la concejal lamentó que el Alcalde no se comunicó con ella, ni convocó a una reunión para conversar sobre el tema, reportó el diario Página Siete.

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