Declaraciones del concejal Flores

Durante una conferencia de prensa, el concejal Flores destacó que el tema es sensible y que hay grupos económicos que intentan desprestigiar al Concejo Municipal. “Es un tema delicado, la población en su conjunto está pidiendo el traslado, pero hay grupos que vienen a acusarnos, a insultarnos y a denigrar al Concejo. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde, lo que la mayoría de la población dice”, afirmó.

Flores también reconoció que el traslado de las casas de tolerancia debe ser un proceso consensuado. Sostuvo que el Ejecutivo municipal debió haber iniciado un diálogo previo con las personas involucradas. “Hemos ido a visitar el lugar y lo que observamos es que el Ejecutivo tendría que haber consensuado con las personas. El traslado implica consenso y nosotros estamos exigiendo que el Ejecutivo cumpla con su deber”, agregó. Además, indicó que será el Pleno del Concejo quien defina la situación del proyecto.

Reacción de las trabajadoras sexuales

En medio de las declaraciones del concejal, un grupo de trabajadoras sexuales lo increpó públicamente. Lo acusaron de impulsar el traslado hacia un sector que, según denunciaron, no reúne las condiciones básicas y estaría vinculado a intereses particulares. “No vamos a ir donde él quiere, donde él tiene sus lotes. No vamos a permitir que nos lleven a un lugar sin alcantarillado, sin luz, a un lugar infrahumano. Somos humanas”, expresó una de las representantes del sector.

Las trabajadoras sexuales afirmaron que no están en contra del traslado, pero exigieron que este se realice hacia otro sector que cuente con condiciones adecuadas y que se lleve a cabo una socialización previa. Aseguraron que el proyecto de ley no fue socializado con su población y afirmaron tener documentos del Defensor del Pueblo que respaldan esta denuncia.

Proyectos alternativos y falta de respuesta

Asimismo, señalaron que han presentado proyectos de ley alternativos y múltiples notas, incluso ante instancias nacionales, sin recibir respuesta del Gobierno Municipal. Por su parte, Daniela Mendo, representante de la organización Otra Sex, denunció discriminación por parte de las autoridades municipales. Cuestionó la falta de condiciones laborales tras más de 20 años de permanencia en el sector.

“Hace 20 años somos inquilinas y en todo ese tiempo no nos han dado condiciones de trabajo. Ahora que algunos van a ser dueños, ¿creen que sí lo van a hacer?”, reclamó Mendo, reflejando la frustración del sector ante la situación actual.

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Detalles de la normativa

Flores, quien es el autor de esta normativa considerada “controversial”, explicó algunos de los aspectos que se implementarán para combatir los locales clandestinos. Según el concejal, hay “mafias organizadas” que se esconden en estos lugares y que incluso están involucradas en el tráfico de personas. Aseguró que, gracias a la ley, se cerrarán todos los locales ilícitos y el Ministerio Público intervendrá en estos casos.

Además, se procesará al dueño de la propiedad y al responsable de la actividad económica clandestina. Aquellos locales que cuenten con un permiso, pero que estén infringiendo la norma, perderán su licencia de funcionamiento de manera definitiva.

Compromiso con la ley

“Es necesario poner un alto a esta situación. Estoy dispuesto a recibir críticas y opiniones, pero no retrocederemos. Quien esté en contra de esta norma está a favor de la impunidad. Los tiempos han cambiado y vamos a clausurar todos los karaokes, bares, cantinas y chicherías que operen de manera clandestina. Especialmente, perseguiremos hasta clausurar el último local clandestino en Oruro, donde se reporta la trata y tráfico de personas, así como el trabajo de menores de edad en estos lugares”, expresó Flores.

Artículos relevantes de la ley

De acuerdo con el artículo 11 de la ley, se establece que las personas que fomenten, promuevan o realicen la apertura de lugares de venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas sin la licencia correspondiente serán denunciadas al Ministerio Público. Este artículo busca sancionar a quienes operen fuera de la legalidad.

El artículo 12 señala que los propietarios o poseedores de un inmueble deben denunciar y no permitir la apertura y funcionamiento de actividades clandestinas de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Además, aquellos que tengan inmuebles donde se realicen estas actividades sin licencia enfrentarán multas de 3.000 UFVs en la primera ocasión y 10.000 UFVs en caso de reincidencia.

Críticas a la ley

El concejal Iván Quispe Gutiérrez, presidente de la Comisión de Género Generacional y Familia, fue el primero en observar la ley de clasificación. Ayer, denunció que el artículo 11 de esta norma es una copia de una ley que él había presentado anteriormente sobre la corresponsabilidad de los propietarios de inmuebles donde se desarrollen actividades clandestinas.

“Esta ley fue impugnada por el alcalde y no prosperó. Era una ley que beneficiaba a la población, pero el concejal (Flores) se la copió y la incluyó en su propuesta. Desde mi perspectiva, esto es un ‘caballo de Troya’ que lleva veneno en su interior. Lo único positivo de esta ley es que sancionará las actividades clandestinas, pero todo lo demás es perjudicial”, manifestó Quispe.

Defensa de la propuesta

En respuesta a las críticas, el concejal Flores defendió su postura, afirmando que no tiene motivos para copiar a nadie. “Quispe cambió de opinión. Primero se opuso a esta ley y, al darse cuenta de que esto contribuiría a reducir la inseguridad ciudadana, ahora dice que le copié. No tengo nada que copiarle a él, ya que no conoce nada sobre municipios”, concluyó.

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Detalles de la normativa

Flores, quien es el autor de esta normativa considerada “controversial”, explicó algunos de los aspectos que se implementarán para combatir los locales clandestinos. Según el concejal, hay “mafias organizadas” que se esconden en estos lugares y que incluso están involucradas en el tráfico de personas. Aseguró que, gracias a la ley, se cerrarán todos los locales ilícitos y el Ministerio Público intervendrá en estos casos.

Además, se procesará al dueño de la propiedad y al responsable de la actividad económica clandestina. Aquellos locales que cuenten con un permiso, pero que estén infringiendo la norma, perderán su licencia de funcionamiento de manera definitiva.

Compromiso con la ley

“Es necesario poner un alto a esta situación. Estoy dispuesto a recibir críticas y opiniones, pero no retrocederemos. Quien esté en contra de esta norma está a favor de la impunidad. Los tiempos han cambiado y vamos a clausurar todos los karaokes, bares, cantinas y chicherías que operen de manera clandestina. Especialmente, perseguiremos hasta clausurar el último local clandestino en Oruro, donde se reporta la trata y tráfico de personas, así como el trabajo de menores de edad en estos lugares”, expresó Flores.

Artículos relevantes de la ley

De acuerdo con el artículo 11 de la ley, se establece que las personas que fomenten, promuevan o realicen la apertura de lugares de venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas sin la licencia correspondiente serán denunciadas al Ministerio Público. Este artículo busca sancionar a quienes operen fuera de la legalidad.

El artículo 12 señala que los propietarios o poseedores de un inmueble deben denunciar y no permitir la apertura y funcionamiento de actividades clandestinas de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Además, aquellos que tengan inmuebles donde se realicen estas actividades sin licencia enfrentarán multas de 3.000 UFVs en la primera ocasión y 10.000 UFVs en caso de reincidencia.

Críticas a la ley

El concejal Iván Quispe Gutiérrez, presidente de la Comisión de Género Generacional y Familia, fue el primero en observar la ley de clasificación. Ayer, denunció que el artículo 11 de esta norma es una copia de una ley que él había presentado anteriormente sobre la corresponsabilidad de los propietarios de inmuebles donde se desarrollen actividades clandestinas.

“Esta ley fue impugnada por el alcalde y no prosperó. Era una ley que beneficiaba a la población, pero el concejal (Flores) se la copió y la incluyó en su propuesta. Desde mi perspectiva, esto es un ‘caballo de Troya’ que lleva veneno en su interior. Lo único positivo de esta ley es que sancionará las actividades clandestinas, pero todo lo demás es perjudicial”, manifestó Quispe.

Defensa de la propuesta

En respuesta a las críticas, el concejal Flores defendió su postura, afirmando que no tiene motivos para copiar a nadie. “Quispe cambió de opinión. Primero se opuso a esta ley y, al darse cuenta de que esto contribuiría a reducir la inseguridad ciudadana, ahora dice que le copié. No tengo nada que copiarle a él, ya que no conoce nada sobre municipios”, concluyó.

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