Murillo se enfrenta a varios procesos judiciales en La Paz relacionados con la compra irregular de material antidisturbios. En enero de 2023, fue sentenciado a 70 meses de prisión por estos delitos.

Solicitud de reclusión

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, ha declarado que “es evidente que ha solicitado un recinto penitenciario”. Por lo tanto, se solicitará en la audiencia que se lo remita al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Detención en Estados Unidos

Arturo Murillo fue detenido el 24 de mayo de 2021 en Estados Unidos. En ese momento, se le acusó de conspiración para el lavado de dinero y sobornos. Desde su detención, ha enfrentado diversas acusaciones relacionadas con la compra irregular de material antidisturbios.

Casos en apelación

Entre los procesos judiciales que enfrenta, destacan los casos conocidos como gases Brasil y gases Ecuador, los cuales ya tienen sentencias. En el primer caso, se le impuso una pena de 8 años, mientras que en el segundo recibió una condena de 5 años y 4 meses.

Ambas sentencias están actualmente en apelación y aún no han sido ejecutoriadas.

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Solicitud de investigación penal

Urquidi solicita expresamente al Fiscal General “que en cumplimiento de su rol constitucional, inicie de oficio la investigación penal de los graves indicios de la comisión de ilícitos penales que pesan sobre el ciudadano Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del actual Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Esta petición se fundamenta en una investigación periodística que detalla la posible comisión de delitos como el tráfico de influencias y favorecimiento irregular por parte de instituciones estatales.

Reacciones tras la solicitud

Después de más de un mes desde la entrega de la solicitud, Enrique Urquidi expresó que es sorprendente que el Fiscal General solo se limite a activar una alerta migratoria y aún no haya iniciado un proceso penal contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira. La adquisición del predio Adán y Eva está rodeada de anomalías, como un préstamo del Banco Ganadero por 3.055.485 USD al hijo del Presidente Arce.

Detalles del préstamo

Este préstamo fue otorgado cuando Rafael Ernesto Arce Mosqueira tenía 25 años y había cesado funciones como técnico en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) un año y medio antes. Su trayectoria laboral ha sido principalmente en el sector público y en funciones de rango medio, lo que no evidenciaría un patrimonio suficiente para justificar la magnitud de esta operación bancaria.

/KMMN

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Detalles de la investigación

La investigación actualmente se encuentra en su etapa preliminar y se han solicitado informes a diversas entidades financieras, así como a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

La alerta migratoria significa que Rafael Arce no podrá salir del país sin que se active la notificación sobre el proceso que enfrenta. Este caso había sido inicialmente rechazado por la Fiscalía, pero tras la presentación de nuevos indicios por parte del diputado Arce, se decidió reabrir la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito.

Además, la autoridad del Ministerio Público está llevando a cabo otros actos investigativos, que incluyen requerimientos de informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y otras entidades relacionadas.

Declaraciones del fiscal general

“Hoy está en etapa preliminar (la investigación). Los fiscales están trabajando. Se ha realizado, y es importante poder hacer conocer, una alerta migratoria en contra de esta persona dentro de la investigación”, comentó Mariaca en referencia a Rafael Arce.

En el año 2024, el diputado evista había denunciado la adquisición irregular del predio “Adán y Eva”, que Rafael compró por 3,3 millones de dólares a la edad de 25 años.

Cuestionamientos sobre la compra

El legislador reveló que visitó el predio en tres oportunidades y concluyó que Rafael Arce habría cometido un “fraude financiero por no pagar impuestos”. Al respecto, precisó que el costo real de las 2.187 hectáreas adquiridas no es de 3,3 millones de dólares, sino de 5,5 millones.

“Imposible que haya comprado, como hace figurar, con 3,3 millones de dólares. Es decir, han cometido un fraude financiero por no pagar impuestos”, enfatizó el diputado.

Además, mencionó que Rafael solo habría cancelado 696.44 bolivianos de impuestos por un predio valorado en 3,5 millones, cuando el monto real superaría el millón de bolivianos. Con reportes del Banco Ganadero en mano, Arce aseguró que Rafael y su hermana Camila asumieron seis créditos por un total de 63,1 millones de bolivianos.

Nuevas diligencias en el caso

Este lunes, Mariaca precisó que se han abierto diferentes requerimientos fiscales y diligencias relacionadas con este caso. En cuanto al otro hijo del Presidente, Marcelo Arce Mosqueira, explicó que su proceso fue archivado mediante resolución judicial. “(Sobre) la investigación contra el señor Luis Marcelo Arce, a través de una resolución judicial se habría archivado el proceso”, indicó Mariaca.

Sin embargo, en el caso de Rafael Arce, la reapertura fue ordenada a raíz de un memorial presentado por un diputado en La Paz que adjuntó nuevos indicios para la comisión de fiscales.

Próximas acciones del Ministerio Público

La Comisión de Fiscales prevé llevar a cabo nuevas diligencias dentro del proceso contra Rafael E. Arce Mosqueira. El Fiscal explicó que ya prestó declaración informativa el 24 de mayo de 2024 y que tras la reapertura se solicitó a la Unidad De Investigaciones Financieras (UIF) un informe sobre inteligencia financiera.

“Seguramente los fiscales tendrán que realizar otras diligencias”, afirmó Mariaca.

En relación al caso cerrado sobre Luis Marcelo Arce, que se inició en 2015 por supuestos hechos de corrupción vinculados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la compra de llantas, Mariaca recordó: “Nosotros como Ministerio Público respetamos las decisiones judiciales”.

/KMMN

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Anteriormente, el gobernador ya había sido detenido en la cárcel de San Pedro en La Paz por un caso de legitimación de ganancias ilícitas y también en la cárcel de Cantumarca por presuntas irregularidades en la compra de ambulancias.

Según las investigaciones realizadas por la fiscalía, durante 2022, la Gobernación de Potosí inició un proceso para adquirir 24.263 unidades del antígeno nasal para combatir el Covid-19 a la empresa Save SRL Import – Export., por un monto total de Bs. 970.520,00.

La diputada Lissa Claros fue quien denunció el sobreprecio en la compra del antígeno nasal, ya que en otras regiones del país se adquirieron a precios más bajos durante fechas similares, según reportes de Erbol.

El gobernador potosino está imputado por los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias y Conducta Antieconómica.

Dentro del mismo caso también se procesa a Benjo B.A., Huáscar D.A.D., Shiamira M.V., Lourdes S.O., Lisbania T.C.V., Sabino Z., Oscar L. V., Edwin M.M., servidores públicos de la Gobernación, quienes esperan detención domiciliaria por el mismo delito mientras continúan las investigaciones.

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Claros expresó su preocupación este jueves al analizar el informe pericial que supuestamente exime al gobernador Jhonny Mamani de cualquier culpa o delito.

“Con seguridad, el gobernador de Potosí va a quedar impune frente a este bochornoso caso”, afirmó.

La diputada también reveló que los funcionarios de la gobernación han realizado un pago aproximado de 1.5 millones de bolivianos como boleta de garantía para eximir a su gobernador de responsabilidades.

Ante esta situación, Claros exigió que el fiscal general, Fausto Lanchipa Ponce, se pronuncie y aclare las decisiones judiciales, a pesar de las pruebas presentadas durante la investigación.

Además, solicitó que se reconduzca el caso y se programe un juicio oral contradictorio con todos los implicados bajo la supervisión de la fiscal departamental Roxana Choque.

“Estamos hablando más de 20 millones de bolivianos, es la estafa más grande en la historia de Potosí”, refutó Claros.

La Gobernación firmó un contrato por valor de 20.5 millones con Stefals Logistics para adquirir las ambulancias.

Desde el inicio del caso, la Justicia ha ampliado los plazos para investigar a Mamani, funcionarios gubernamentales y otros involucrados.

El pasado 3 octubre dictaron detención domiciliaria para el alcalde de Potosí, pero posteriormente se anunció que se defendería en libertad tras una apelación en diciembre.

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Este sábado, Chávez, indicó que el juicio tendrá lugar en enero de 2024 después de la finalización de las declaraciones preliminares, en un contexto de una “audiencia preparatoria”.

“La noticia es que el lunes (…) Murillo va a declarar por el juicio civil”, informó Chávez en una entrevista con el programa Identidades de ATB Radio.

Asimismo, reveló que la empresa brasileña Cóndor, que fabricó los insumos represivos para Murillo, tenia conocimientos del movimiento monetario que significo una millonaria pérdida para el Estado.

“Se ha logrado establecer que la empresa Cóndor sí conocía el sobreprecio y ha persistido, conociendo el sobreprecio en la venta de los agentes químicos, a requerimiento de Arturo Murillo”, declaró.

Explicó que el propósito principal de la demanda es recuperar los fondos públicos que fueron usurpados por Murillo cuando contactó a la intermediaria estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) a finales de 2019.

El sobreprecio en la operación ordenada por Murillo para la adquisición de un lote de gases lacrimógenos es de más de dos millones de dólares; de los cuales, el Estado logró recuperar más de un millón de dólares, según el procurador del Estado, Wilfredo Chávez.

/WBMC

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La autoridad departamental acudió a la Fiscalía para prestar su declaración informativa por la denuncia en su contra, sin embargo se acogió al derecho de guardar silencio.

“Estamos con la conciencia tranquila, con la declaración en nada porque yo me abstuve a declarar y todo bajo lo que manda la ley y nos han dispuesto tranquila libertad”, afirmó Camacho tras salir de la Fiscalía.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, fue quien denunció este caso en la Fiscalía cruceña, en el que también están implicados el secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel N. y el representante legal de la empresa RM Representaciones, Alessandro A. G.

Según el diputado, la Gobernación firmó un contrato para la compra de un carro bombero el 28 de enero de 2022 y que la entrega estaba prevista para el 27 de junio, sin embargo, no se habría concretado.

“Ni siquiera concluyó el proceso con las ambulancias, que están dentro del plazo, y ya están buscando cómo generar un mensaje lleno de mentiras y, obviamente, van a buscar cómo amedrentar, van a querer meter miedo, ese es el modo que opera el MAS y esto fue el resultado”, cuestionó Camacho.

Asimismo, aseguró que no participó “en nada” y que al contrario una comisión se encargó de llevar a cabo el proceso para adquirir el carro bombero de manera legal.

La autoridad está siendo investigada por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contrato y uso indebido de influencias.

/ABH

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Al respecto el asesor jurídico de la Gobernación, Rodrigo Choque, afirmó que existen indicios de responsabilidad contra el exgobernador y otros dos exfuncionarios debido a que suscribieron el contrato del equipo en 2018 sin tener un proyecto de preinversión y tampoco se contó con el ambiente para su funcionamiento.

“En este momento hay un requerimiento conclusivo de acusación. El gobierno departamental de la paz va a plantear una acusación particular y va a pedir 15 años de cárcel conforme a la normativa y las pruebas que vamos a presentar”, afirmó.

Según la investigación desde 2018 hasta 2021 la adquisición del acelerador lineal sufrió al menos siete contratos modificatorios “por no haber previsto el ambiente, la licencia, el adaptador por el cual va a funcionar”.

Por su parte el gobernador de La Paz, Santos Quispe, manifestó que cuando se pretendió adquirir el equipo no se contaba con los Bs 35 millones que costaba, sin embargo, sospecha que hubo un “capricho” de parte de Patzi para “forzar” su adquisición.

En la acusación de la Fiscalía, el exgobernador paceño firmó en 2018 el contrato para adquirir la unidad pese a tener conocimiento que no contaba con un proyecto de pre inversión. Los delitos por los que es acusado son incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

“Esperemos que a justicia actúe, que esa persona ha hecho tanto daño a nuestro departamento tiene que entrar a la cárcel”, instó Quispe.

En días recientes la exautoridad cuestionó el proceso en su contra y negó que se haya incurrido en irregularidades durante el proceso de adquisición del equipo que actualmente se encuentra funcionando en el Hospital de Clínicas.

/ABH

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Asimismo, explicó que las carreteras que serán interrumpidas son la Diagonal Jaime Mendoza y la Panamericana, las más importantes del departamento potosino.

El dirigente fue quien hizo el anuncio y argumentó que la medida se asumió con los sectores del Norte potosino porque pretenden que Mamani responda por el escándalo en la adquisición irregular de las ambulancias. Además, la dirigencia campesina acusó al gobernador de dividir a su movimiento.

La Gobernación de Potosí adquirió 41 ambulancias a una empresa unipersonal. Los vehículos no llegaron, pero existe un “acta de recepción” y la Asamblea Legislativa del departamento ya inició la pesquisa del caso “ambulancias fantasmas”, según reportó el diario El Deber.

Córdoba pidió a la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí que se pronuncie por este caso y de encontrar irregularidades en su fiscalización se suspenda al gobernador Mamani quien se liberó de culpa y apuntó a los medios de comunicación como detractores suyos por impulsar la investigación del escandaloso caso.

Antecedentes

La Gobernación potosina solicitó, en octubre de 2021, modificar el presupuesto de la región para incorporar 20.5 millones de bolivianos para adquirir las ambulancias en los términos de un proyecto “de fortalecimiento de las redes municipales de salud”.

La idea era dotar una ambulancia a cada municipio potosino. El acta de entrega fue firmada a las 17:00 horas del 31 de diciembre del 2021. No hubo un acto público y los vehículos están en Dubái, a la espera de ser despachados a Chile. Sin embargo, la Gobernación de Potosí decidió anular el proceso de contratación.

El monto del contrato para las 41 ambulancias fue de 20.5 millones de bolivianos y se firmó el 26 de noviembre del 2021 con un plazo de entrega de 40 días.

El tiempo límite venció el 31 de diciembre del 2021. Según esta operación, el costo de cada motorizado ascendió a 500 mil bolivianos, un monto menor al capital inicial que declaró la “importadora” en Fundempresa.

/RXVCH/

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El fiscal de materia asignado al caso “Seguros de YPFB”, Alexis Vilela informó que la compra irregular del seguro fue aproximadamente por siete millones de dólares.

“Se ha realizado la aprehensión de un ciudadano que era funcionario del Ministerio de Hidrocarburos en la gestión 2019-2020, quién habría fungido en calidad de jefe de gabinete del exministro Víctor Hugo Zamora”, señaló Vilela, según Brújula Digital.

El supuesto implicado es acusado por tres delitos: Aprobación de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado; incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, informó el fiscal.

Vilela no identificó al jefe del gabinete del exministro Zamora por temas de investigación y para confirmar realmente su cargo.

Asimismo, la Fiscalía Departamental de La Paz convocó en noviembre de 2020 al exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora por la supuesta compra irregular de un contrato de seguro para YPFB.

“La fiscalía determinó ampliar la investigación y, por procedimiento, corresponde citar a Víctor Hugo Zamora a efectos que se haga presente y asuma su defensa prestando su declaración informativa en calidad de sindicado”, manifestó el fiscal.

OTROS INVOLUCRADOS

El expresidente de YPFB, Herland Soliz, fue imputado formalmente por la presunta compra irregular de ese seguro para la estatal petrolera el 9 de septiembre de 2020.

“Tras agotar los procedimientos para que sea convocado y notificado para que declare, se procede a la imputación por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes”, establece la querella penal contra Soliz.

Luego de las declaraciones del expresidente de YPFB en julio de 2020, involucró en los presuntos actos irregulares a la expresidente Jeanine Añez y al exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, además, de dos gerentes de la empresa.

“La resolución 078/2020, que autorizó la contratación directa de la empresa de seguros Credinform, para dar un servicio de seguros generales a YPFB, se redactó y autorizó en reuniones entre Víctor Hugo Zamora y las gerentes Alenka Ferrufino e Elizabeth García. Con toda seguridad los ingresos al edificio están registrados”, afirmó Soliz.

Según Soliz, las gerentes que elaboraron los contratos para la adquisición de seguros gozaban del respaldo de Añez y por eso no las removieron de sus cargos.

“Haber aceptado el pedido de Añez de no cambiar a las gerentes, significó cierta cesión en la coordinación de las decisiones técnicas que sugerían las gerencias designadas por el Ministro y sólo a raíz de esta investigación, he conocido que las titulares de las gerencias de Contrataciones y Legal, coordinaban de forma personal y directa, con el señor ministro”, afirmó Soliz.

El expresidente de YPFB tiene una orden de aprehensión en su contra por éste caso, asimismo, será convocado a declarar, informó el Fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.

LOS DELITOS

En el caso se investiga los siguientes delitos: Uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes.

El proceso penal sigue en marcha y el expresidente de YPFB, Herland Soliz, es el principal imputado y se encuentra prófugo, según el Ministerio Público.

/RMMP/

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El comandante General de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, explicó que se emitieron las alertas ya que varios de los involucrados, en el caso que se investiga, escaparon del país.

“Son varias alertas migratorias que se han emitido producto del análisis que establece quiénes hubieran participado, hay muchas personas que antes de la apertura del proceso ya habían salido del país”, indicó la autoridad policial, según reporte de radio Compañera en publicación de la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Aguilera explicó que hubo problemas para la aprehensión de personas vinculadas a los mencionados casos, debido a una supuesta retardación de procedimientos por los ministerios de Defensa y de Gobierno durante la gestión 2020.

Argumentó que su institución tomó como referente los informes elaborados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), estableciendo que las operaciones irregulares que se hicieron en el gobierno de Jeanine Añez, fueron materializadas por la institución del orden.

INVESTIGADOS Y APREHENDIDOS

El jueves 27 de mayo, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Douglas Uzquiano informó que son 19 las personas investigadas por las irregularidades en la adquisición de los gases lacrimógenos. No reveló los nombres, para no entorpecer las pesquisas.

Asimismo, hay cuatro involucrados en el delito de legitimación de ganancias ilícitas, de los cuales tres están aprehendidos: El excuñado del exministro Arturo Murillo, Daniel Leonardo Aliss y dos capitanes de la Policía, Daniel Bellot e Ívar Víctor Gómez.

El miércoles 26 de mayo se conoció de la aprehensión del exministro de Gobierno, Arturo Murillo en los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. La exautoridad también está involucrada en el caso de la compra de los gases lacrimógenos, como principal sospechoso.

El caso de irregularidades en la adquisición de las armas no letales, se efectuó con la empresa Bravo Tactital Solutions LLC por 5.6 millones de dólares, de los cuales 3.3 millones fueron entregados a la empresa Cóndor y el restante supuestamente repartido entre el exministro Arturo Murillo; el ex jefe de Gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez y al garante de la empresa Bravos, Philip Lichtenfeld, entre otros implicados.

/DEA/

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En mayo de este año, el Gobierno Nacional, adquirió 500 respiradores por un valor de 4,7 millones de dólares, para la atención de pacientes con Covid-19, de los cuales 170 llegaron al país y de inmediato fueron distribuidos en diferentes departamentos.

Sin embargo, tras la polémica por un presunto sobreprecio de los respiradores, el Gobierno determinó paralizar el proceso de adquisición e iniciar un proceso legal en contra de los posibles responsables; en medio del entuerto legal, también se hizo conocer al Estado que la proveedora no podrá cumplir con la entrega de accesorios adicionales para los equipos.

Debido a la polémica del “caso respiradores”, el exministro de Salud, Marcelo Navajas, junto a el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela y del denominado “testigo clave”, Fernando Humérez, además de otras personas involucradas en el caso, fueron enviadas al penal de San Pedro de La Paz con detención preventiva.

En ese marco, el ministro Coímbra afirmó que el proceso judicial continúa y que incluso se amplió la denuncia en contra de los representantes legales de la empresa española, es decir, los intermediarios.

“Entendemos que en las próximas semanas, máximo en 15 días, van a salir las acusaciones, en contra de todas las personas que han sido denunciadas”, afirmó la autoridad.

La entrada Bolivia pidió la resolución del contrato y devolución de $us 2.2 millones del pago anticipado por respiradores españoles se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Pareja fue involucrado en la polémica compra irregular de los 170 respiradores españoles, debido a que participó en la coordinación con la empresa intermediaria IME Consulting, en el proceso de adquisición y envío de los respiradores españoles.

Asimismo, el Cónsul fue ligado por el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, como una de las personas que negoció la compra de los equipos con la empresa española GTA INNOVA, sin embargo, Pareja justificó que su trabajo fue verificar la existencia de los equipos en Barcelona y enviar el lote de los respiradores a Bolivia.

Por su parte, el abogado del exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovanni Pacheco, Christian Alanez, señaló que el Cónsul es una

“pieza clave” en las indagaciones del caso, según reportó Radio Fides.
“Para la defensa del señor Pacheco es una pieza clave porque tiene que declarar si existió o no sobreprecio, vamos a estar atentos”, expresó Alanez.

/TCSC/

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Según Lanchipa, el embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mohammed Mostajo, ya brindó sus declaraciones dentro el caso, sin embargo los detalles de las personas que declararon, serán puestos a conocimiento la próxima semana, cuando se levante la reserva en las investigaciones del caso.

“La decisión de solicitar la ampliación de la declaratoria de reserva es parte de la estrategia que han diseñado los fiscales y miembros de la comisión, esto a raíz de que hay varias personas que están siendo convocadas y hay elementos sustanciales que están surgiendo en este proceso de investigación”, aseveró Lanchipa de acuerdo a la nota de prensa de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, manifestó que con el fin de tener elementos más sólidos y no perjudicar el trabajo de investigación, se solicitará la ampliación de declaraciones de personas que ya brindaron su respectiva declaración inicialmente.

A solicitud del Ministerio Público el Juez onceavo de Instrucción penal de La Paz, Hugo Huacani, otorgó la reserva de las actuaciones investigativas, con el fin de precautelar el objeto de la investigación y no puedan beneficiarse algunas personas que podrían darse a la fuga o puedan esconder cierta información.

Dentro del “caso respiradores”, el exministro de Salud, Marcelo Navajas y otros funcionarios, fueron enviados al penal de San Pedro, con detención preventiva en mayo, por los delitos de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios públicos, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al estado, entre otros.

/TCSC/

La entrada Personas en España declararon ante el Ministerio Público por el “caso respiradores” se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Tras la denuncia del periodista Junior Arias, del programa “Detrás de la Verdad”, la presunta compra irregular de gases lacrimógenos por parte del Gobierno Nacional; el ministro de Defensa, Luis Fernando López, negó el jueves que exista sobreprecio en la adquisición de armamento no letal.

Según el proceso de licitación de compra de esos agentes químicos del gobierno ecuatoriano, Cóndor y otras tres empresas internacionales ofrecieron precios similares por los gases, que varían entre 12 y 14 dólares por el calibre de 37mm/38mm, de corto y largo alcance, representando así precios más bajos de los que pagó el Gobierno venezolano en 2017.

De acuerdo al ministro López, el Estado boliviano compró cartuchos de 430 gramos de pólvora, mientras que Venezuela adquirió los de 225 gramos de pólvora, señalando que la granada de gas comprada por Bolivia es más grande y de mayor gramaje que la comprada por Venezuela.

Sin embargo, en el contrato de compra-venta firmado por López con la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions no se menciona ese aspecto y solo se da, como característica de los gases, que sean de 37mm/38mm, de largo y corto alcance, iguales a los vendidos a Ecuador y Venezuela.

/TCSC/

La entrada Venezuela y Ecuador compraron los gases lacrimógenos de la empresa Cóndor entre 12 y 16 dólares, Bolivia pagó 37 se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Hacerles conocer que el Ministerio Público ha solicitado ante la autoridad judicial que declare la reserva de las actuaciones. Entonces, a partir de hoy, se ha declarado en reserva todo el proceso de investigación del caso respiradores”, sostuvo Lanchipa ante los medios de comunicación.

El “caso respiradores”, se refiere a la polémica compra de los 170 equipos médicos españoles marca “Respira”, que el Estado boliviano realizó pagando algo más de 27 mil por cada uno de los equipos, siendo el precio en el mercado mundial de 7 a 12 mil dólares.

Debido a la adquisición irregular, los responsables del caso, entre ellos el exministro de Salud, Marcelo Navajas, el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) Geovanni Pacheco, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela y el “testigo clave”, Fernando Humérez, fueron enviados al penal de San Pedro, con detención preventiva.

/TCSC/

La entrada Fiscalía declara en reserva la investigación del “caso respiradores“ se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“No se olvide que en la declaración del señor Navajas, exministro de Salud, dice que la señora Áñez y el señor Arturo Murillo fueron los que recibieron los respiradores y ellos fueron los que entregaron en Santa Cruz y en los otros departamentos, mas no así el exministro Navajas ni AISEM“, dijo Montaño en entrevista con el medio Erbol.

Poco después de la entrega de los respiradores al Estado boliviano, la mandataria, junto a otras autoridades, participó en los actos de entrega de los primeros equipos en Santa Cruz y seguidamente en Oruro.

El asambleísta apuntó que, al ser mencionada por el exministro de Salud, Marcelo Navajas, la comisión gestionará que la mandataria responda los cuestionamientos de la compra, ya sea por escrito o si se presenta a testificar.

Según Montaño, también se citará al vendedor de los equipos, el cónsul que participó en el tema, al presidente de la Aduana, a los exministros Navajas y Aníbal Cruz, personeros de la entidad financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al embajador de Ciencia y Tecnología, Mohamed Mostajo-Radji.

El lunes, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), conformó dos comisiones mixtas; una para investigar el caso respiradores y otra para esclarecer los supuestos actos de corrupción en las empresas del Estado.

/TCSC/

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“Se decía que el exministro Aníbal Cruz no tenía participación, pero yo puedo demostrar con estas resoluciones del mismo Ministerio que lo vinculan porque era iniciado el proceso de adquisición de estos respiradores”, argumentó el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS).

Según Choque, el proceso para adquirir los 170 respiradores se inició el 19 de marzo de 2020, cuando el exministro Cruz, aún ocupaba el cargo al frente de la cartera de Estado e inclusive mostró que la acreditación de la encargada de la compra de los equipos cuenta con su firma.

“Aquí tenemos la Resolución Ministerial 0137, en su artículo único designa a María Iriarte Sánchez, directora general de Asuntos Administrativos, como responsable de contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría, se tiene su firma y el de Fernando Valenzuela, actualmente detenido”, manifestó.

Asimismo, Choque reveló que la Cámara de Diputados, dispuso la formación de una comisión especial que estará encargada de dar seguimiento al “caso respiradores” y de llamar a comparecer a los implicados para que expliquen su participación en el caso.

/TCSC/

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