El 22 de mayo de 2026, tras el anuncio del Comité Cívico pro Santa Cruz sobre un plazo hasta el domingo para que el Gobierno desbloquee las carreteras, legisladores manifestaron que los puntos de bloqueo están perdiendo fuerza. Por lo tanto, pidieron a la población evitar cualquier escenario de confrontación.

Pacificación a través del diálogo

El senador Víctor Quispe enfatizó que la pacificación en Bolivia se logra mediante el diálogo, y esa debería ser la prioridad hasta el último momento. En este sentido, consideró que un enfrentamiento entre cívicos y bloqueadores podría complicar aún más la situación. Por ello, pidió que no se llegue a esos extremos.

Quispe recalcó que cada vez son más los sectores, especialmente en El Alto, que expresan su cansancio por los bloqueos e incluso comienzan a levantar las piedras de las calles. Sin embargo, aseguró que lo que buscan los movilizados es generar desesperación y orillar a la ciudadanía a actuar con violencia, para luego reclamar si hay heridos o muertos.

Actuación del Gobierno

En este contexto, Quispe destacó que el Gobierno actúa con paciencia y apuesta por el diálogo. Por lo tanto, pidió a la población no caer en provocaciones y evitar enfrentamientos con los bloqueadores.

Colaboración entre ciudadanos y Policía

Por su parte, el diputado Alejandro Reyes consideró que la mayoría de la población democrática prevalecerá. Además, mencionó que los puntos de bloqueo se están debilitando. En este sentido, sugirió que la población y la Policía deberían trabajar juntos para habilitar vías troncales.

Ante este escenario, Reyes afirmó que Santa Cruz y los cívicos liderarán la “lucha democrática” despejando las vías y evitando que grupos irregulares se impongan sobre las instituciones formales. Aseguró que La Paz ha resistido durante tres semanas, pero el cansancio ya se siente, lo cual ha llevado a varios desbloqueos en días recientes.

Peligro de enfrentamientos

Finalmente, el senador Rómulo Villca advirtió que si los cruceños deciden desbloquear, deberán enfrentar a mineros y otros sectores, lo que podría provocar un enfrentamiento que dejaría al país “al borde del colapso”. Por ello, pidió prevenir este escenario y evitar sacar a las fuerzas públicas para contenerlo.

Desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz advirtieron sobre su intención de salir a desbloquear las vías por cuenta propia si el Gobierno no actúa antes del domingo. Desde otros departamentos también se suman organizaciones dispuestas a liberar las vías tras tres semanas de bloqueos.

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Cochamanidis, quien lidera la principal organización cívica del oriente boliviano, expresó que la región tiene altas expectativas sobre la gestión entrante. Sin embargo, también mencionó que existen grandes demandas que deben ser atendidas.

Cambio estructural del modelo de Estado

El dirigente cruceño manifestó que el momento es oportuno para avanzar hacia un cambio estructural del modelo de Estado. “Esperamos que la nueva gestión del Presidente Paz brinde una seguridad jurídica real para atraer inversiones”, afirmó.

Además, Cochamanidis destacó que es necesario que se acaben las trabas a la producción y la exportación. “Es Santa Cruz, y sus regiones productivas, quien tiene el hombro para sacar adelante la economía quebrada”, agregó.

Fiscalización y diálogo

El Comité Cívico reafirmó su posición de fiscalización y su disposición a dialogar. Esto, siempre y cuando el gobierno entrante demuestre un compromiso serio con la autonomía y la transparencia fiscal.

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Según indicó el ejecutivo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, la propuesta solo busca garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina ante la actual crisis de suministro en el país.

Cochamanidis aclaró que la norma tiene un carácter excepcional y una vigencia de 90 días, durante los cuales los privados podrán cubrir únicamente el porcentaje de demanda que YPFB no pueda abastecer. “Si Yacimientos puede cubrir el 90% del suministro, los privados cubrirán el 10%; si puede el 100%, mejor. Pero hemos visto que no está pasando eso”, manifestó.

Rechazo a rumores

El dirigente cívico rechazó las versiones de algunos sectores del transporte que afirman que el proyecto eliminaría la subvención a los carburantes. “Ese tema nunca se tocó. (…) Lo único que se busca es evitar que el país se paralice por falta de combustible (…). No se desconoce el trabajo de YPFB ni de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”, sostuvo.

Detalles de la ley transitoria

El proyecto de “Ley corta, excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situación de emergencia” fue impulsado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y respaldado por legisladores de Creemos. Ya fue aprobado en el Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Afectaciones por falta de combustible

Cochamanidis advirtió que la falta de combustible está afectando gravemente la producción agrícola y el transporte en todo el país. “Cinco días más así no se podrá aguantar. Si no hay combustible, (…) no habrá alimentos, y el hambre no tiene color político”, alertó.

El dirigente pidió a la Asamblea Legislativa tratar el proyecto con urgencia y exhortó a liberar temporalmente los impuestos a la importación de carburantes durante los 3 meses que dure la medida.

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La senadora de Creemos, Centa Rek, describió la situación como una “catástrofe económica”. Además, destacó que el proyecto tiene un carácter temporal, con una vigencia de 3 meses, mientras que el próximo gobierno redefine la política de hidrocarburos.

“No podemos hacer nada si no tenemos combustible. Es una emergencia nacional que debe resolverse de manera inmediata. Esta ley permitirá que el sector privado compre el combustible en dólares para garantizar el abastecimiento, bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”, afirmó Rek.

Apoyo desde el MAS

Desde el Movimiento al Socialismo (MAS), el senador Luis Adolfo Flores comentó que la propuesta no debería generar oposición, ya que responde a una necesidad urgente del país.

“Lamentablemente, el Gobierno no ha dado soluciones hasta el momento y ha culpado a otros sectores por la crisis. Ningún parlamentario debería oponerse a algo que sea racional y que ayude a resolver este problema”, expresó Flores.

Propuesta del Comité Cívico

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, presentó el martes 14 de octubre en La Paz tanto el proyecto de ley como una propuesta de decreto supremo. Estas iniciativas buscan acelerar la distribución de combustibles y reducir la burocracia en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Según Cochamanidis, más de 600 cisternas con cerca de 20 millones de litros de carburantes se encuentran paralizadas en Santa Cruz debido a la falta de gestión estatal.

Estado actual del proyecto

La propuesta ahora se encuentra en tratamiento en el Senado, que está llevando a cabo una sesión para discutir este tema crucial para el país.

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Reck explicó que la propuesta cívica responde a un contexto de crisis provocado por la falta de abastecimiento de carburantes y que, debido a la urgencia, no puede pasar por comisiones legislativas.

“No podemos esperar 20 días, no podemos esperar 10 días. No podemos esperar hasta la toma de posesión del próximo gobierno, porque definitivamente dejaríamos que el país se nos muera. Tiene que ser hoy y vamos a hacer todas las reuniones necesarias para dar viabilidad a este proyecto de ley o decreto supremo”, manifestó la senadora.

Iniciativa para surtidores

Por su parte, Bazán señaló que la iniciativa busca permitir que los surtidores puedan comprar combustible directamente a las cisternas importadoras, sin la intermediación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad que no está cumpliendo con los pagos y mantiene paralizada la distribución.

“No es la solución ideal, pero sí una respuesta inmediata a un problema urgente que no puede esperar más tiempo. (…) Combustible hay, pero está varado. Con esta ley se permitiría un puente para que llegue al consumidor final”, sostuvo.

Expectativas en el Senado

El legislador agregó que el proyecto fue presentado en el Senado porque no había certeza de que la Cámara de Diputados sesione, mientras que la Cámara Alta tiene una sesión convocada para la tarde de este martes. “Esperamos que esta tarde se apruebe el proyecto. Hace falta voluntad política. Si no se puede cosechar ni sembrar por falta de combustible, ¿cómo va a llegar el alimento a las familias bolivianas?”, cuestionó.

Acciones del Comité Cívico

El Comité Cívico Pro Santa Cruz, encabezado por Stello Cochamanidis, presentó el proyecto de ley y una propuesta de decreto supremo para garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país. Las medidas buscan agilizar la importación directa de diésel y gasolina por parte del sector privado y reducir los trámites burocráticos en YPFB.

Posición del Gobierno

El Gobierno, en tanto, aseguró que el suministro está garantizado y que existen 50 millones de litros de diésel destinados al sector agropecuario. Sin embargo, los cívicos insisten en que la distribución sigue estancada y que la situación amenaza con agravar la crisis económica y alimentaria del país.

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Según informes extraoficiales, este grupo habría llegado sin cumplir con los controles migratorios correspondientes. Esto ha generado inquietud entre los pasajeros que lograron captar fotografías de los presuntos extranjeros.

Solicitudes al gobierno

Stelo Cochamanidis, representante del Comité, indicó que las solicitudes de información también fueron enviadas al Ministerio de Gobierno en La Paz. Se busca que el Servicio Nacional de Migración aclare los motivos de este ingreso irregular.

Además, las misivas fueron remitidas al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Fiscal de Distrito y al Fiscal General del Estado (FGE). El objetivo es que estas instancias se sumen a las indagaciones. “Queremos saber cuál es el objeto de esta visita, qué actividades realizarán y cuál será el destino de estas personas”, afirmó Cochamanidis.

Preocupación por elecciones

La preocupación del movimiento cívico se intensifica ante la proximidad de las elecciones nacionales programadas para el 17 de agosto de 2025. En las elecciones de 2019, se registraron arribos similares de extranjeros en fechas cercanas a los comicios, lo que llevó a denuncias de fraude electoral que empañaron ese proceso.

Cochamanidis destacó que estos arribos en vuelos chárter están ocurriendo con frecuencia justo días antes de las elecciones nacionales, lo que añade un nivel de inquietud a la situación actual.

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En su primer discurso, Cochamanidis anunció el regreso a las movilizaciones. Estas acciones se llevarán a cabo en defensa de la libertad, la democracia y la recuperación del millón de habitantes que no fueron contabilizados en el reciente Censo de Población y Vivienda.

Cochamanidis afirmó: “vamos a volver a las calles para recuperar el millón de habitantes”. También destacó que saldrán a las calles “por la libertad, por la democracia, por los presos políticos”.

Críticas al Gobierno

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue mencionado por Cochamanidis como una víctima del Gobierno. En otro punto de su discurso, subrayó que los candidatos presidenciales que busquen apoyo en el departamento deben presentar propuestas concretas.

“No vamos a apoyar a nadie en particular. Nosotros vamos a ver quién tiene propuestas para Santa Cruz”, indicó Cochamanidis, dejando claro que la decisión de apoyo dependerá de las propuestas presentadas.

Finalmente, Cochamanidis expresó que “no es una opción el Movimiento Al Socialismo”. Esta declaración refleja una postura política firme frente al actual contexto electoral en Bolivia.

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Larach calificó la situación de “vergonzosa” y “repulsiva”, instando a las autoridades a actuar conforme a la ley ante la polarización que se ha manifestado en las calles del país.

La disputa ha cruzado los límites partidarios e institucionales, comenzando a evidenciarse en las calles. El conflicto se intensificó el pasado 17 de septiembre, cuando Morales inició una marcha desde Caracallo hacia La Paz, exigiendo al Gobierno que atienda una serie de demandas. Estas demandas incluyen la provisión de dólares y combustibles.

Demandas de Evo Morales

Morales también solicitó la ratificación de un congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lo reafirmara como líder del partido y candidato a las elecciones presidenciales de 2025.

En respuesta, el Presidente Arce enfrentó a Morales con dureza en un mensaje televisado. En este mensaje, lo acusó de intentar acortar su mandato y promover un “golpe de Estado” para imponer su candidatura, desafiando así la prohibición constitucional vigente.

Reacciones de Larach

“Repulsión, eso es lo que causa; eso no queremos los bolivianos hoy en día. Deben actuar conforme a norma, siempre lo hemos dicho”, afirmó Larach. Insistió en que las autoridades deben actuar en concordancia con la ley.

“La norma señala que quien levante las armas para deponer a una autoridad constituida se llama sedición, alzamiento armado. Tiene que ir preso, debe ser investigado”, subrayó.

Investigación necesaria

El líder cívico instó a que la investigación sea llevada a cabo por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno. Sugerió que estos funcionarios podrían estar actuando con temor hacia Morales. “Le tienen miedo o respeto, no sé… Evo Morales debe ser procesado, porque lo dijo clarísimo: estamos buscando la sucesión constitucional”, concluyó.

Polarización en Bolivia

La situación actual refleja una polarización significativa en Bolivia y podría tener repercusiones sociales y políticas importantes si no se aborda adecuadamente por parte de las autoridades competentes.

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“Lo que nosotros vamos a apoyar es que exista un diálogo con el Comité Pro Santa Cruz y el resto de los comités cívicos para analizar la medida y suspenderla, porque no existirían condiciones económicas, de tiempo ni políticas para llevar adelante el revocatorio”, señaló el representante.

Morales aseguró de la existencia de candados constitucionales, que junto a la Ley de Régimen Electoral, impiden que el revocatorio sea una tarea para ejecutar con una mayor celeridad.

Esta sugerencia se suma a la postura de algunos legisladores de oposición, que vieron que el revocatorio podría beneficiar al otro bloque del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales.

La jornada pasada, Arce dijo en una entrevista en Telesur, que se someterá al revocatorio, pero no cederá en el pedido de la amnistía.

CAE EL PEDIDO DE REVOCATORIO CONTRA ARCE

El 25 de enero, un cabildo de Santa Cruz exigió al Gobierno, aprobar en 30 días una ley de amnistía para presos políticos, caso contrario impulsarían un revocatorio para sacar de la presidencia a Luis Arce.

El plazo ya se cumplió y los opositores aún no presentaron la propuesta de ley.

“El revocatorio de mandato es un derecho constitucional y nadie podría oponerse al ejercicio de los derechos ciudadanos, pero hay que tener en cuenta que puede ser un error político garrafal, que el remedio puede ser peor que la enfermedad”, dijo en una pasada jornada, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón.

Las palabras de Alarcón, surgieron en el mismo día en que el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, aseguró que dicha organización no está de acuerdo con el planteamiento del revocatorio del mandato presidencial.

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“Más allá de lo que decida el Presidente (Luis Arce) de venir o no (a Santa Cruz). Nosotros tenemos un mandato del cabildo y nosotros no tenemos la intención de levantar nuestra medida, mientras no se cumpla el mandato del cabildo”, afirmó Larach a través de una conferencia de prensa.

Los cruceños decidieron iniciar con el paro indefinido el 22 de octubre, como medida de presión para que el Censo de Población y Vivienda se realice el 2023 y no el 2024 como estableció el Gobierno a través de Decreto Supremo 4760.

La pasada jornada, Arce convocó a todas las autoridades departamentales y municipales a un Encuentro Plurinacional por el Censo para este viernes en Cochabamba.

En respuesta a la convocatoria, los cívicos cruceños indicaron que Arce primero debe reunirse con ellos, pero anunciaron que analizarán si asistirán o no a la cita.

“Se van a reunir la cabeza de la comisión interinstitucional, van evaluar la posibilidad de asistir. Es una decisión que el Gobernador (Fernando Camacho), el rector (Vicente Cuellar) y el presidente de comité pro-Santa Cruz (Rómulo Calvo) van a tomar, esperemos en horas de la tarde se reúnan para tener una respuesta oficial”, informó Larach.

Por otra parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricio Mendoza, propuso al Gobierno que se determine un estado de excepción, a lo que el vicepresidente del comité cívico calificó como una actitud irregular.

/NVY

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Además, indicó que en la reunión se demostró que solo fueron invitados para seguir dando vueltas sobre lo mismo, cuando Santa Cruz exige respuestas inmediatas que den seguridad de que se va a cumplir con el mandato del cabildo, realizando el censo el próximo año.

El dirigente cívico explicó que los ministros que manejan de manera camuflada el censo 2024, son los mismos que en junio de este año estuvieron mintiendo al pueblo boliviano y garantizando ante la Cámara de Diputados un avance del 96 por ciento para realizar el censo el 16 de noviembre de 2022.

“No necesitamos que no los estén charlando. O es un sí o es un no. Si tienen voluntad (de atender el pedido del cabildo) es sí; si no tienen voluntad que nos digan no, para que no sigamos nosotros perdiendo el tiempo con una charla estéril que no beneficia a ningún ciudadano boliviano”, declaró a la prensa en su domicilio particular donde cumple un arresto domiciliario de 24 horas.

Calvo afirmó que el diálogo siempre está abierto solo que el Gobierno se piensa en el diálogo cuando ya está planteado el conflicto, habiendo tenido 21 días para sentarse a la mesa del diálogo.

El representante cívico señaló que lejos de aquella la voluntad de diálogo, el Gobierno de Luis Arce mandó “hordas” para someter al departamento cruceño y estas éstas se encargan de promocionar el conflicto frente a la protesta pacífica de la gente.

Finalmente manifestó que los cívicos exigen solución para que no se vuelvan a contar las mismas historias que solo prorrogan las necesidades de la gente por recibir más recursos del estado central y que los datos sean incorporados al padrón electoral para respetar la voluntad del pueblo.

/MDCB

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Junto a su abogado, el líder cívico denunció que el fiscal departamental, Roger Mariaca, es el que estuvo detrás de la presunta orden de aprehensión, así manifestó en una entrevista en el programa No Mentiras de la red PAT.

“Son las 23:05 de la noche y han venido a tocar la puerta (de mi casa) cuando uno está descansando”, además, reclamó que la Policía está persiguiendo a personas que “piensan diferente”, en vez de buscar delincuentes.

En declaraciones a otro medio de comunicación, el cívico afirmó que el paro anunciado por la suspensión del Censo será inminente, y esa es una de las principales razones para que quieran detenerlo la jornada precedente.

Aproximadamente a las 23:00 horas del jueves, dos funcionarios de la Policía llegaron al domicilio de los padres del cívico en un vehículo particular y exigieron la presencia del dirigente, sin mostrar ninguna orden de aprehensión ni de allanamiento, según informó la Agencia de Noticias Fides.

El presidente del Comité Cívico se negó a salir y llamó a sus representantes legales para que atiendan el pedido irregular de las fuerzas del orden. Sin embargo, la llegada de la población es lo que evitó que el cívico fuera arrestado extrajudicialmente, los efectivos se fugaron del lugar sin lograr su objetivo ni dar alguna explicación.

“Querían verme, (pero) por desconfianza, porque sabemos que tenemos perseguidores y tenemos gente que se presta a estas cosas –al no tener la seguridad y la tranquilidad– esperé que lleguen mis abogados para salir y que ellos exijan primeramente que haya una orden de aprehensión o una orden de allanamiento de mi domicilio”, relató Calvo en otra aparición en los medios.

El abogado de Calvo, Juan Carlos Camacho, aseguró que su cliente cumple un arresto domiciliario desde hace tiempo, además que enfrenta 13 procesos, sin embargo, aseguró que en ninguno de esos casos se emitió una orden de aprehensión en su contra.

El operativo policial provocó susceptibilidad porque en pocos días se realizará el paro cívico en Santa Cruz, en rechazo a la reprogramación del Censo de Población y Vivienda que fue trasladado para el 2024.

/ LMPT

La entrada El cívico Rómulo Calvo denuncia que intentaron detenerlo sin orden de aprehensión se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El presidente de la entidad supracívica, fue citado a declarar ante la Fiscalía de Santa Cruz a las 13:30 horas del lunes próximo, ya que en su contra existe, según el Gobierno, varias denuncias que en algunos casos sobrepasan una década. La denuncia fue realizada por operadores políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS), según la red Erbol.

Activistas cívicos se comprometieron a acompañar a Calvo, para evitar que sea aprehendido luego de prestar su declaración.

COMUNICADO

El comité a través de un comunicado expresó su total respaldo y rechazó la persecución y amedrentamiento político que “con odio y saña lleva adelante el gobierno del MAS” tras el paro multisectorial de 9 días que logró la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Recuerdan que, en más de 71 años de historia y lucha pacífica del comité, jamás ningún gobierno apresó a un presidente cívico por defender la democracia, las libertades y los derechos del pueblo y por ese motivo las 300 instituciones de 24 sectores que componente el comité se declaran en estado de emergencia.

Instaron al pueblo cruceño que participó del paro, estar alertas ante la arremetida judicial del Gobierno a través de la justicia, a la que consideran “el brazo represor” del MAS que quiere instaurar una dictadura comunista y someter a Bolivia a su proyecto totalitario.

/DEA/

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“En ningún momento se ha emitido algún tipo de orden de aprehensión en contra del dirigente cívico cruceño, siendo que la suscrita fiscal como titular de la investigación ha emitido una citación en blanco, pero esta citación está a coordinación para el señalamiento de la declaración de esta persona”, dijo la fiscal.

Muñoz detalló que la denuncia ingresó el 22 de noviembre, respaldada por el juez de control de garantías; señaló que se definirá con la comisión de fiscales la fecha y hora de citación de la audiencia para que el cívico preste su declaración informativa.

Asimismo, explicó que el caso se investigará en la ciudad de La Paz en cumplimiento del Decreto 138 de 2009, el cual establece a la sede de gobierno como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de Terrorismo, Sedición o Alzamientos Armados contra la Seguridad y Soberanía del Estado.

Calvo fue denunciado por la comisión de los presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo, cinco días después que anunció la suspensión del paro indefinido contra la Ley 1386, medida de presión a la que sumó en apoyo a los gremiales y otros sectores movilizados, según reportó ANF.

En tanto el vicepresidente segundo del comité cruceño Stello Cochamanidis denunció que intentaron aprehender a Calvo en horas de la madrugada de este viernes. La orden de aprehensión habría sido emitida en La Paz y carece de fecha para la ejecución de la misma.

“Él está llevando su vida normalmente, trabajando a pesar de la actitud de amedrentamiento a las personas que entre gallos y medianoche intentaron aprehender al cívico cruceño”, afirmó Cochamanidis.

/RXVCH/

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Durante una conferencia de prensa, el funcionario aseguró que con el retiro de este proyecto, los de la oposición no tienen un propósito para generar movilización que perjudican la reactivación económica.

“Nosotros nos sentimos triunfadores al haber retirado este proyecto normativo, porque estamos evitando que grupos que generan conflicto, (…), ya no tienen razón alguna para generar movilizaciones, para generar un paro que perjudique la economía, la estabilidad y la reactivación económica”, declaró Del Castillo.

De esta manera, el ministro comentó que la derrota no fue para el gobierno sino para el Comité Cívico Pro Santa Cruz que el lunes 11 de octubre realizó una movilización en rechazó a esta ley que no generó “frutos”.

La autoridad de Gobierno recordó que el pasado martes las movilizaciones del “wiphalazo” en el país superaron el número de personas en comparación a las protestas del lunes.

“La derrota ha sido del Comité Cívico Pro Santa Cruz el pasado lunes que convocó a un masivo paro nacional y este no ha rendido frutos. Al día siguiente hemos visto en todo el territorio nacional movilizados más de un millón de personas defendiendo un símbolo patrio”, dijo el ministro de Gobierno.

Asimismo, Del Castillo aseveró que fue otra derrota para el comité al llamar “trapo” a la Wiphala ofendiendo a la población que se identifica con esta bandera.

“La segunda derrota para el comité cívico que catalogó un símbolo patrio (Wiphala) como un trapo, denigrando a las todas las personas que se sienten identificadas y representadas con este símbolo que ha sido constituido de manera pre-colonial en nuestro país”, manifestó.

El Ministro de Gobierno concluyó que no se identifican con el país los grupos que generan protestas y conflictos perjudicando el desarrollo de la nación.

“Perjudicar estos elementos significa no querer a su país, no querer a su patria”, concluyo la autoridad de Gobierno.

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“Estamos presentando una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional a través de la OEA. A tal efecto se van a entregar todas estas pruebas, de más de 14 años de hechos delictuosos cometidos Evo Morales y el MAS, al Secretario General, Luis Almagro”, indicó el jurista Martín Camacho.

Asimismo, llamó a las víctimas de familiares de personas fallecidas, heridas, torturadas, apresadas y perseguidas políticamente a que presten su testimonio. Mencionó entre ellos a Zvonko Matkovic, quien estuvo encarcelado por el caso Rózsa y muchos otros más.

En tanto, el otro abogado del Comité, Jorge Valda señaló que la denuncia contra Morales será por delitos de lesa humanidad, como: Genocidio, deportación, encarcelamiento ilícito, persecución por motivos políticos y desaparición forzada de personas.

Manifestó que si bien se contemplan casos de más de diez años de antigüedad, como el de “Porvenir”, según el Estatuto de Roma, ese tipo de delitos son “imprescriptibles”.

Anunció que para sustentar la denuncia se presentarán videos, fotos y libros.

“No puede quedar en la impunidad el señor Evo Morales”, añadió en contacto con la red Erbol.

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A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el ente cívico afirmó que hasta el momento ya suman más de 20 las exautoridades del Gobierno de transición que enfrentan procesos judiciales por diferentes causas.

En ese marco, el Comité Cívico demandó al Gobierno del Presidente Luis Arce “atender las necesidades del pueblo en salud y economía, en lugar de estar en una franca cacería por revanchismo político” con las órdenes de aprehensión, reportó la red Erbol.

Los cívicos cruceños exigieron que se respete el debido proceso, los derechos y garantías constitucionales de los implicados que enfrentan alguna investigación.

“Condenamos la injusta persecución y detenciones indebidas que lleva adelante el Movimiento Al Socialismo (MAS), utilizando a la Justicia como brazo represor. La Justicia debe actuar con igualdad y legalidad en todos los procesos, tanto contra la oposición como el oficialismo”, señala parte del documento.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, pidió a Arce que se deje “de mentir” respecto a los procesos contra quienes participaron en las movilizaciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo.

Caso FMI

El exviceministro de Tesoro y Crédito Público, Carlos Shlink fue aprendido el 28 de junio tras haber brindado su declaración informativa ante la Fiscalía. Este miércoles 29 de junio se determinó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.

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La entrada El Comité Cívico Pro Santa Cruz denuncia “cacería” contra exfuncionarios del Gobierno de Jeanine Añez se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El abogado cívico Jorge Valda sostuvo que el presidente de la ESM posesionó a su yerno Luis Enrique Loredo como jefe de Comercialización, por lo que incurrió en los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes.

También se le acusa por la contratación del bufete de abogados Alliance, del que es parte el exministro de Justicia Héctor Arce y el exprocurador general del Estado, Pablo Menacho.

La firma no tiene el Registro Público de Abogacía y figura como una asociación sin fines de lucro en la Organización No Gubernamental (ONG) y en los registros del Sistema de Contrataciones Estatales.

La noticia de la renuncia de Choque se dio a conocer horas después de que el Comité Cívico de Puerto Suárez emitiera un pronunciamiento en el que se declara en estado de emergencia y mediante un comunicado exigen al presidente Luis Arce, la destitución del funcionario y la investigación de los hechos irregulares que supuestamente cometió.

“Solicitamos al presidente del Estado Luis Arce y al Ministro de Minería tomar medidas sobre estos actos irregulares dentro de nuestra Empresa Estratégica ESM y la apertura de acciones de acuerdo a las leyes de Control Gubernamental, Ley 004 y la renuncia inmediata del presidente ingeniero Gustavo Choque Velázquez”, señala parte del comunicado.

Asimismo, pidieron la intervención inmediata de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría, reportó el diario Página Siete.

El Comité Cívico de Puerto Suárez demandó también conocer el resultado de las investigaciones al proyecto, que lleva adelante la empresa china Sinosteel.

/RXVCH/

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El presidente del ente cívico cruceño, Rómulo Calvo acusó a “gente que quiere quedar bien con el jefecito” como los responsables de las demandas por homicidio, racismo y sedición.

“Todas esas cosas, todas esas acusaciones, todos esos procesos que constantemente estamos recibiendo como ente cívico, al margen de las llamadas telefónicas, al margen de toda la persecución que tenemos día a día, este pueblo tiene que conocer”, dijo Calvo a El Deber.

Por su parte, el abogado del comité, Jorge Valda, indicó que existe una persecución judicial y explicó que estos procesos contra Calvo ya fueron rechazados en anteriores oportunidades, de manera arbitraria y oficiosa recientemente fueron reaperturados.

“Esto demuestra que de algún modo en este momento ya existe un riesgo evidente para que cualquier fiscal que quiera atreverse a librar mandamiento de aprehensión, tenga algún tipo de justificativo para hacerlo”, observó el jurista.

Calvo aseguró que entre sus acusadores están “puros delincuentes” que quieren quedar bien con su “jefecito”.

Asimismo, el cívico lamentó la falta de independencia de la Justicia que queda evidenciada en estas denuncias.

“No puede ser que las personas que bloquearon los caminos e impidieron el paso de oxígeno nos denuncien por homicidio”, aseguró.

En esta causa en concreto, también se encuentra imputado el alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces.

“Le decimos al Gobierno Nacional que no tenemos miedo, siempre estuvimos y vamos a seguir firmes para demostrar que somos completamente inocentes”, finalizó.

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“La Reunión Nacional de Emergencia, que tenía como eje la defensa de la democracia, convocada por los comités cívicos para autoridades electas de la oposición, fue un fracaso porque no aceptaron esa invitación, y eso muestra que perdieron su fuerza de convocatoria, porque consideramos que ya no quieren ver más división en el país”, señaló.

Asimismo, señaló que el Comité pro Santa Cruz convocó el lunes de esta semana, a un cabildo en defensa de la democracia y en contra de la persecución política, pero fue un fracaso debido a que los cívicos benianos tenían otra actividad ese mismo día y por la apretada agenda de las autoridades electas de la oposición.

Indicó también que no todos comparten la misma ideología de algunos cívicos, ya que lo que buscan tener al pueblo boliviano separado y dividido.

/AAC

La entrada Cívicos de Bolivia perdieron fuerza de convocatoria, según candidato del MAS se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Creo que sería en realidad estéril la reunión cuando no hay la presencia del eje central de Bolivia. Hemos tenido la aceptación de otras alcaldías, de otros departamentos, pero creemos que lo más importante era el eje central, era una convocatoria de unidad”, señaló el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Rómulo Calvo.

Asimismo, informó que en los pasados días se excusaron de participar en el encuentro los alcaldes electos de las ciudades de La Paz, Iván Arias; El Alto, Eva Copa y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quienes presentaron diferentes argumentos para ausentarse de la reunión.

“No le están dando al pueblo boliviano lo que esperan de ellos. No podemos comenzar una gestión timoratos, con miedo a lo que pueda pasar. No va a haber la presencia (de autoridades electas), creo que el pueblo esperaba justamente una respuesta de la clase política y no la están dando”, indicó Calvo.

El Presidente del Comité Cívico sostuvo que sigue abierta la invitación al Gobierno, para encontrar soluciones en la lucha contra la pandemia a causa del Covid-19 y en la reactivación económica, entre los temas de agenda nacional.

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Arias prepara esta jornada su defensa legal ante los procesos impulsados por el Gobierno, porque el martes 23 de marzo debe presentarse a declarar ante el Ministerio Público por el segundo caso al que fue citado.

“Estaremos nuevamente en la Fiscalía y quiero decir claramente que hay una intensión de reírse y de mofarse del voto paceño”, señaló Arias en contacto con la cadena nacional de televisión Unitel.

La denuncia se debe a una supuesta designación irregular de un funcionario, cuando Arias era ministro de Obras Públicas. El exministro considera que esta demanda tiene el objetivo de impedir que asuma el cargo en mayo próximo.

“Hemos escrito de forma interna al Comité Cívico que no podremos estar presentes en la reunión, por motivos de tareas en la transición del Gobierno Municipal de La Paz y asuntos legales en mi defensa”, manifestó Arias en una conferencia de prensa y lo ratificó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Arias aseguró que lamenta todos los procesos emprendidos desde el oficialismo en contra de los líderes opositores.

“Que pena que nuestro presidente que pudo haber marcado la diferencia que pudiera haber vuelto por el cauce de la democracia se haya sumado a esta ola equivocada. El país ha votado por Arce y Choquehuanca, no ha votado por Evo Morales, pero parece que él está gobernando”, dijo el alcalde electo de La Paz.

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La exministra fue al Comité Cívico cruceño para participar de la audiencia, pero fue suspendida por la falta de notificación a una de las partes, según reportó Roca a la red Erbol.

Asimismo, señaló que el Comité Cívico se convirtió en un refugio para los perseguidos políticos.

“He recibido el apoyo de todas las instituciones, y considero que este proceso está dirigido políticamente”, indicó.

Como la audiencia se suspendió, Roca salió del Comité Cívico y afirmó que trabajó para que no muera más gente. También aseguró que los respiradores salvaron vidas y reiteró que no tuvo que ver con la contratación.

Roca fue convocada para una audiencia virtual para este viernes por el caso de respiradores chinos. La Fiscalía pidió la detención preventiva de la exministra, quien antes había negado su participación en el proceso de contratación que se hizo antes de que asuma el cargo.

Por último, la exautoridad pidió al Presidente del Estado, Luis Arce que se reconcilie con Dios y que actué con justicia.

“Pido a Dios que el señor Presidente se reconcilié con él, porque no tenemos la vida comprada y él es el único que puede hacer hasta un milagro con su salud y que actúe con justicia y que no deje presionar ni dirigir por nadie”, finalizó.

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“El Movimiento Al Socialismo ha vuelto a sus viejas prácticas políticas de perseguir y amedrentar a quienes piensen diferente, utilizando sus brazos represores del Ministerio Público y la Policía”, señala parte de un comunicado emitido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Según el documento, en octubre y noviembre de 2019 el país vivió una movilización histórica en “defensa de la democracia” en contra de un supuesto fraude electoral en el Gobierno del expresidente Evo Morales.

De acuerdo a la nota, el Comité no permitirá el atropello de los derechos constitucionales de las personas que fueron parte de las movilizaciones en 2019.

“El Comité Pro Santa Cruz rechaza cualquier intento de persecución y judicialización, contra los ciudadanos que defendieron la democracia y los militares y policías que decidieron no reprimir a su pueblo”, indica parte del comunicado.

Al finalizar el documento la entidad cívica ratificó la denuncia indicando que no existió un “golpe de Estado” en Bolivia, en su lugar el hecho fue calificado como un supuesto “fraude electoral”.

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La mañana del miércoles, Calvo presentó más de 400 actas donde presuntamente se encontraron irregularidades, y solicitó a la justicia que se autorice la realización de una auditoria forense al proceso electoral.

Por otra parte, el abogado del Comité cruceña, Jorge Valda, indicó que en el Amparo se está solicitando la medida cautelar de suspender la posesión de las autoridades electas durante los comicios del 18 de octubre.

El comité cruceñista consideró que hubo fraude en las Elecciones Generales 2020, indicando que la justicia tiene 48 horas para resolver el caso o de lo contrario tomarán medidas de presión.

Por último Calvo, rechazó rotundamente la decisión del Movimiento al Socialismo (MAS) de eliminar los dos tercios en el Senado en la última sesión.

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“Los bolivianos no permitiremos el retorno del dictador pedófilo, estamos listos para volver nuevamente a las calles, por 21 días, por 40 días, por el tiempo que sea necesario hasta desterrar de nuestra nación a todos aquellos que violan la Constitución y a sus cómplices”, manifestó Calvo mediante un video difundido en las redes sociales.

Además, expresó que “el dictador prófugo solo debe volver a Bolivia a pagar por sus delitos y por la infamia de haber abusado de nuestras niñas”.

El líder cívico cruceño, advirtió al vocal Jaimes que la decisión está en sus manos y le pidió que “no se burle del pueblo pues estamos puestos a convocar a un nuevo paro cívico indefinido”.

El juez Jaimes, sería el dirimidor que defina la situación de Morales, para resolver el empate en la audiencia de Amparo Constitucional, interpuesta por MAS, en contra de la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que inhabilitó al exmandatario por no cumplir con el requisito de residencia.

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