El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, el diputado Manolo Rojas, anunció este miércoles 18 de marzo que la Ley antibloqueos será analizada la próxima semana. Este anuncio llega tras semanas de paralización en el proceso legislativo.

Proceso de socialización concluido

Rojas precisó que el proceso de socialización ya concluyó. En este sentido, se envió el proyecto a todas las brigadas departamentales. Ahora, la comisión espera los informes correspondientes para debatir nuevamente el proyecto antes de enviarlo al pleno de la Cámara Baja, en caso de ser aprobado.

Cambio de nombre y diálogo con organizaciones sociales

El legislador también indicó que se cambiará el nombre del proyecto. Según él, el actual causa malestar, ya que parece drástico y draconiano. Además, se añadieron cuatro formas de comunicación para que las organizaciones sociales dialoguen con el Estado. Esto busca devolver la institucionalidad al Congreso y facilitar la socialización de proyectos como este.

Rechazo por parte de organizaciones sociales

Desde su inicio, la Ley antibloqueos recibió un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones sociales e incluso el vicepresidente Edmand Lara. La Central Obrera Boliviana (COB), una de las más críticas, amenazó con activar medidas de presión. Consideran que los bloqueos son una herramienta fundamental para defender las reivindicaciones del pueblo.

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La norma modifica la Ley 1352 de 2020 y se aplica tanto al Estado central como a las entidades autónomas.

Detalles de la norma

El presidente de la Comisión, Manolo Rojas, del partido PDC, explicó que esta restricción se aplica al binomio presidencial, así como a ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. Además, incluye a los máximos ejecutivos de empresas públicas o mixtas que gestionen recursos fiscales.

Fundamentos de la propuesta

La propuesta fue inicialmente presentada por la legisladora Claudia Bilbao. Rojas argumentó que la extensión del plazo permitirá a la Contraloría General elaborar informes técnicos de responsabilidad.

Asimismo, aseguró que este nuevo periodo garantiza un debido proceso y proporciona herramientas de defensa a aquellos que se enfrenten a investigaciones administrativas.

Próximos pasos en la agenda

El presidente de la Comisión anunció que solicitará que se incluya esta norma en la agenda de la sesión ordinaria programada para hoy, 5 de febrero de 2026, ante la Cámara de Diputados.

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Aunque aún no se ha definido la fecha exacta del viaje a la capital, el presidente de la Comisión, el diputado Manolo Rojas, quien pertenece al Partido Demócrata Cristiano (PDC), aseguró que el objetivo es presentar propuestas concretas.

Rojas declaró: “Vamos a ir a estas instancias, pero no con las manos vacías: llevaremos propuestas claras y empezaremos a hablar de la creación de un verdadero Código Penal”, según lo reportado por la agencia ABI.

Contexto de la reforma

La decisión de comenzar a elaborar un nuevo cuerpo normativo penal fue adoptada en la primera sesión de la Comisión durante la legislatura 2025-2026. El Código Penal que actualmente rige en Bolivia está en vigor desde el 10 de marzo de 1997, lo que resalta la necesidad urgente de modernizar la legislación ante los desafíos judiciales contemporáneos.

El último intento de reemplazar esta normativa ocurrió en 2018, cuando se aprobó el polémico Código del Sistema Penal. Sin embargo, su aplicación fue finalmente detenida debido a una ola de intensas protestas sociales en el país.

Composición de la Comisión

La Comisión de Justicia Plural, que tiene la tarea de impulsar esta reforma, está integrada por los diputados Manolo Rojas, Ricardo Xavier Rada, Omar Antonio Muriel, Yhercina Méndez y Sonia Siñani Callisaya, todos del PDC. También forman parte de la comisión Sindy Karina Donaire Oropeza y Rolando Santos Pacheco, de Alianza Popular, y María Esther Góngora, de APB Súmate.

El Legislativo ahora busca generar el consenso necesario con los órganos del sistema de justicia en Sucre para establecer las bases de un Código Penal que se ajuste a las necesidades actuales del país.

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Detalles de los postulantes

En total, los candidatos habilitados están compuestos por 31 hombres y 8 mujeres. Por otro lado, los inhabilitados están formados por 29 hombres y 8 mujeres, quienes no lograron cumplir con los 18 requisitos establecidos, que incluyen 9 generales y 9 específicos.

Entre los postulantes que han sido inhabilitados se encuentran los magistrados prorrogados José Antonio Revilla y Paul Franco. También están la fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, y la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente.

Lista de habilitados

En contraste, en la lista de habilitados se encuentra el magistrado prorrogado Olvis Egüez, así como los fiscales departamentales William Alave y Roger Mariaca. También están el exministro Jorge Pérez y el exmagistrado Ruddy Flores.

Las listas de los postulantes habilitados e inhabilitados se publicarán el domingo. A partir de la siguiente semana, se abrirá el periodo de impugnaciones, el cual puede ser presentado tanto por los afectados como por terceras personas, según indicó el presidente de la comisión, el senador Roberto Padilla.

Proceso de impugnación

El senador Padilla explicó que, al recibir las impugnaciones, se revisarán los expedientes de los postulantes para verificar nuevamente el cumplimiento de los requisitos. Esta revisión permitirá ratificar o modificar la decisión inicial. Esta etapa se resolverá entre el 25 y el 28 de septiembre.

Fechas importantes

De acuerdo con el cronograma establecido, el 29 de septiembre se llevará a cabo la notificación de las impugnaciones relacionadas con la lista de postulantes habilitados. La fase de evaluación de méritos se realizará del 30 de septiembre al 3 de octubre.

Es importante mencionar que el actual Fiscal General del Estado, Juan Lanchiopa, concluirá su mandato de seis años el próximo 23 de octubre. Por lo tanto, la nueva autoridad debe ser designada a más tardar el 22 de octubre.

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El proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado contempla 13 etapas que se llevarán a cabo en un plazo de 45 días. El proyecto de ley aprobado contiene 41 artículos y 3 disposiciones transitorias, y establece un cronograma detallado para el proceso de selección. Este cronograma deberá ser aprobado por dos tercios de voto en el Legislativo, destacando la importancia de este proceso para garantizar la continuidad institucional y legal en el país.

Consenso y voluntad política en la Asamblea Legislativa Plurinacional

El presidente de la comisión, Froilán Mamani, ha destacado que se logró consenso entre los miembros de la comisión, dejando de lado diferencias partidistas. Esta unanimidad refleja la voluntad política presente en la Asamblea Legislativa Plurinacional para llevar adelante esta importante designación.

Optimismo respecto a los plazos establecidos

El senador Santiago Ticona ha expresado su optimismo respecto a los plazos establecidos para la promulgación de la ley. Según sus declaraciones, se espera que la ley esté promulgada por la cámara de diputados en la primera quincena de agosto. De esta forma, se busca iniciar con prontitud el proceso de selección y designación del nuevo Fiscal General del Estado a partir del 20 de agosto.

Una transición adecuada en la Fiscalía General del Estado

El actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, no podrá repostularse para ocupar nuevamente dicho cargo según lo establecido en las normativas vigentes. Este hecho resalta la importancia y trascendencia del proceso en curso para asegurar una transición adecuada en una institución clave como es la Fiscalía General del Estado.

/ NMC

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“Las preguntas fueron elaboradas por el presidente de la Comisión de Justicia Plural, diputado Andrés Flores del MAS. Nosotros no conocíamos el informe, esta mañana nos enteramos. Había la convocatoria, pero no sabíamos nada de las preguntas, no era una petición de informe oral aprobada por comisión”, dijo el diputado Ronald Huanca de Comunidad Ciudadana (CC).

Lanchipa acudió a la Comisión a responder siete preguntas, todas referidas a la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes”, que mandó a elaborar el Ministerio Público al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. No existió ninguna pregunta sobre el trabajo que realizó la Organización de los Estados Americanos (OEA) al mismo proceso.

En tanto, el diputado de Creemos, Tito Caero, afirmó que las respuestas al cuestionario parecían tan preparadas, motivo por el cual, él decidió realizar una Petición de Informe Escrito (PIE) al Fiscal, porque las respuestas brindadas por Lanchipa no aclararon nada y dejaron más dudas.

En la sesión de la semana pasada les informaron que Lanchipa “acudiría” a brindar un informe sobre este caso, pero no les dijeron que existían preguntas preparadas por la Presidencia de la Comisión, ninguno de los tres parlamentarios de oposición participó de su elaboración, relató Huanca.

Asimismo, explicó que este informe pericial del grupo español no es contundente a la hora de negar o confirmar la existencia de un supuesto fraude electoral, reportó el diario El Deber.

Según el Ministerio Público, este proceso está en etapa de impugnación en este momento y se espera la resolución de la Fiscalía de Distrito de La Paz, porque es la instancia que debe definir, si el caso se cierra.

Ambos legisladores opositores relataron que, el Fiscal General dijo que no se contrató a una empresa del país porque todas consideraron “excesivamente político” el caso y rechazaron el trabajo, lo mismo ocurrió con los ministerios públicos de los países vecinos, por eso se decidió por la contratación de los españoles.

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