Comisión investiga la calidad de gasolina en Bolivia

La Comisión Especial de Investigación sobre la mala calidad de la gasolina realizó su primera sesión este martes. Este encuentro marcó el inicio formal de un proceso que busca esclarecer los daños a vehículos en el país.

Directiva elegida por unanimidad

Durante la sesión, se eligió por unanimidad a la directiva de la comisión. El senador Branko Marinkovic asumió la presidencia, mientras que las senadoras Teresa Alarcón, Claudia Mallón y Rosalva Romero ocuparon los cargos de vicepresidenta, primera secretaria y segunda secretaria, respectivamente.

Estructura de investigación aprobada

Con la directiva conformada, la comisión aprobó su estructura de investigación. Esta se enfocará en determinar el origen de la contaminación del combustible, así como en la trazabilidad completa del producto —desde su importación hasta su distribución— y las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Organización del trabajo en tres ejes

Según la Comisión, el trabajo se organizará en tres ejes:

• Técnico: qué ocurrió.
• Administrativo: quién lo permitió.
• Responsabilidad: quién responde.

Además, se convocará a autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Hidrocarburos, especialistas, sectores afectados y actores privados.

Hoja de ruta para la investigación

La hoja de ruta contempla requerimientos de información, inspecciones en plantas y surtidores, peritajes técnicos y comparecencias clave. La comisión tiene un plazo de hasta tres meses para presentar un informe final con resultados, sanciones y propuestas de reforma.

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Solicitud de investigación

La solicitud para formar esta comisión fue presentada el jueves 29 de enero de 2026 en la Cámara de Diputados por la legisladora de Alianza Libre, Sofía Rocha. Ella mencionó que buscará la participación de otros legisladores y fuerzas políticas, además de solicitar la dispensación de trámite para que la comisión pueda conformarse de manera inmediata.

“Estamos enviando un proyecto de resolución camaral para crear una comisión de investigación por el caso maletas. Vamos a pedir que hoy se puedan sumar otros legisladores y fuerzas políticas y se solicitará dispensación de trámite para que la comisión se cree hoy mismo”, afirmó Rocha, según lo citado por Urgente.

Apoyo a la iniciativa

La diputada de la Alianza Popular, Claudia Herbas, mostró su respaldo a esta iniciativa y explicó que la investigación no se limitaría únicamente al caso de las maletas. También se incluirían otros hechos relevantes, como la muerte de Mauricio Aramayo en Tarija.

“Es por eso que estamos pidiendo una comisión mixta de investigación inmediata, no solo para conocer el caso narcomaletas, sino también otros como el caso del amigo del presidente (Mauricio Aramayo quien falleció en Tarija con disparos)”, puntualizó Herbas.

Detenciones relacionadas

Hasta el momento, tres personas han sido detenidas de manera preventiva en relación con este caso, entre ellas se encuentra la exdiputada Laura Rojas. Las investigaciones se centran en el contenido de las maletas, que según algunas versiones, transportaban sustancias controladas, mientras que otras versiones indican que contenían dólares. Sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el contenido ni el paradero de las maletas.

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Entre los convocados se encuentra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien deberá presentarse el jueves 24 de abril por la mañana. También asistirá el ministro de minería, Alejandro Gallardo, el mismo día en la tarde. La comisión tiene como plazo hasta finales de mayo para concluir su investigación y elaborar un informe.

Entrevistas programadas

El martes, estarán presentes representantes del área administrativa. Se ha solicitado la presencia del presidente de Botrading, quien se encuentra en la etapa final del proceso. Es importante destacar que las autoridades no tienen opción de no asistir a la comisión, ya que su presencia es obligatoria.

Investigaciones nacionales e internacionales

La comisión está llevando a cabo investigaciones tanto dentro como fuera del país. El cronograma de declaraciones y entrevistas será compartido con los medios de comunicación para mantener informada a la ciudadanía sobre las actividades programadas.

Plazo para concluir la investigación

La comisión tiene hasta finales de mayo para concluir su trabajo e informar sobre sus hallazgos. Se ha establecido un cronograma y metodología para llevar a cabo las entrevistas necesarias esta semana. Dependiendo de los resultados, se evaluará si es necesario continuar con más entrevistas.

Visitas e inspecciones futuras

La próxima semana se planificarán visitas e inspecciones en los lugares relevantes que surjan a raíz de esta investigación y las entrevistas realizadas.

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Flores señaló que en el marco del trabajo que realiza esta comisión especial, tuvieron este jueves 3 de agosto una entrevista con el canciller Rogelio Mayta, quien les informó que tras una extensa revisión de documentos, solo se tiene una normativa legal para el establecimiento de internados y otros similares por instituciones religiosas desde 1993. Antes de eso no se tenía ninguna ley al respecto.

Ausencia de convenios permitió impunidad en crímenes

“Bolivia no tenía convenio firmado vigente para que abra la Iglesia, todas las iglesias, cualquier persona del exterior, a abrir albergues, internados para educar a los bolivianos. Existía un antecedente de 1851, un documento firmado, 6 artículos observados por lo tanto no se había ratificado, o sea no estaba permitido abrir centros de enseñanza, lo que se tiene vigente es de 1993”, explicó.

Desde su perspectiva, este aparente vacío legal hizo que el Estado no supervise estos centros educativos, albergues e internados, lo que permitió cierta impunidad en crímenes de pederastia en el pasado.

Trabajo exhaustivo para evitar impunidad

El senador aseguró que con el trabajo que realiza la comisión que preside pretenden investigar a fondo para que los casos denunciados de pederastia en internados de la Iglesia no queden en la impunidad.

Corrigiendo errores del pasado

Además, asegura que tomando los antecedentes que les brindó el canciller Mayta, buscarán corregir los errores cometidos en el pasado por el Estado.

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El presidente de esa instancia legislativa, senador Luis Flores, informó que han sostenido diferentes reuniones con exalumnos del colegio Juan XXIII y autoridades.

Objetivo principal: investigar abusos cometidos por el clero

Flores destacó que el objetivo principal de la comisión es investigar los casos de abusos cometidos por el clero y buscar reparar los daños causados.

En este sentido, recordó que Bolivia ratificó convenios internacionales para la defensa del niño, niña y adolescente mediante diferentes leyes.

Conformación de comisión tras revelaciones sobre abusos sexuales

La conformación de esta comisión se dio luego de más dos meses desde que el diario español El País revelara las confesiones del jesuita fallecido Alfonso Pedrajas, alias “Pica”, quien admitió haber abusado sexualmente al menos 85 menores y adolescentes.

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La diputada de CC, Lissa Claros, manifestó que no se puede proceder como la justicia boliviana, que solo actúa sobre algunos, pero deja impunes a otros; en ese sentido, enfatizó en la necesidad de comenzar actos investigativos en Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), ministerios y viceministerios.

“No nos vamos a prestar a los juegos del MAS de pelearse unos contra otros, si ellos tendrían la intención de fiscalizar ya habrían empezado el año pasado, pero lamentablemente no hicieron nada. Ahora resulta que por caprichos políticos sacaron a relucir este hecho cuando ellos ya tenían conocimiento”, declaró la legisladora a LA PATRIA en la Sede de Gobierno.

Respecto a la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, Claros explicó que tras su inasistencia se tuvo que recurrir a una reprogramación; en ese sentido, hizo énfasis en que las autoridades no pueden seguir evadiendo a las comisiones para dar sus informes, porque los legisladores solo están cumpliendo sus funciones.

Según la diputada de CC, es de vital importancia que Molina dé las explicaciones correspondientes al pueblo boliviano, porque nadie sabe los verdaderos beneficios que traerán los convenios del litio recientemente firmados, o si solo representarán un perjuicio para la economía.

/ LMPT

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“Será presentado a la Asamblea, si es aprobado será entregado al Ministerio Público, nosotros fiscalizamos no juzgamos, quien tiene que hacer el acto de juzgamiento y la investigación profunda de las cosas es el Ministerio Público”, informó el Presidente de la Comisión legislativa, Senador Ciro Zabala, mediante la Unidad de Prensa de la Cámara de Senadores.

La Comisión Investigadora formada por tres senadores y seis diputados representantes de las tres bancadas políticas realizó su trabajo en nueve sesiones durante tres meses y medio, de forma presencial y virtual debido a las restricciones laborales por la pandemia a consecuencia del coronavirus.

Los asambleístas realizaron la investigación de cuatro casos: Respiradores I sobre la compra de 170 respiradores españoles; Respiradores II sobre la compra de 324 respiradores chinos; denuncias sobre la atención en la Caja Nacional de Salud y el caso de suministro de oxígeno medicinal.

Sobre el caso del oxígeno medicinal, el senador Zabala informó se habría utilizado como “una cortina de humo para atacar al anterior gobierno y acusarlo de ser propulsor de muertes”, siendo que el problema del oxígeno comenzó el mes de mayo debido al monopolio entregado a la empresa Praxair por el Gobierno Transitorio. 

El diputado Edgar Montaño que realizó el seguimiento minucioso del tema afirmó que “se encontró agio, especulación y monopolio de parte de Praxair dirigido desde el Ministerio de Salud (…)  recaudaba los recursos económicos y no entregaba el oxígeno para salvar vidas, aquí murieron cuatro personas y eso tendrá que investigar la Fiscalía y la Policía”, denunció.

Por su parte el senador, Edwin Rodríguez, adelantó que el informe final de la Comisión recomienda “iniciar el proceso correspondiente a todas las autoridades involucradas en estas 7.000 fojas (de documentos oficiales) y a quienes no asistieron a los llamamientos que hizo la comisión y (…) sea remitido al Ministerio Público por incumplimiento de deberes y otros tipos penales que se ajusten”.

A tiempo de agradecer a todos los funcionarios que colaboraron con la investigación haciendo entrega de documentación y brindando declaraciones, el senador Rodríguez informó que el informe final fue aprobado por unanimidad de los miembros de esa comisión y que la investigación fue realizada cumpliendo todos los protocolos y sin sesgos políticos.

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